Temas y Debates Nro. 13

Por una u otra razón –por efecto del ahogo del debate público bajo regímenes autoritarios, y en virtud del fortalecimiento del consenso en torno de la cuestión una vez restablecida la democracia- durante décadas no hubo en Argentina un verdadero debate, un genuino intercambio de argumentos sobre las modalidades apropiadas de selección y el grado deseable de apertura del ingreso a la universidad. A partir de mediados de los años ’90, sin embargo, comenzó a tornarse evidente la presencia de sentidos encontrados en torno de la interpretación de los principios elementales que rigen la vida en común, al punto que el terreno de las políticas educativas se constituyó en campo de batalla a la vez que en puesta en escena de la exhibición de las convicciones profundas de los actores. Con todo, los acalorados debates que se produjeron con frecuencia creciente siguieron remitiendo a una matriz de cultura política específica en la cual incluso quienes expresaban posiciones favorables a la restricción del acceso lo hacían siguiendo un formato de argumentación característico y, más sustantivamente, recurriendo a una serie de argumentos en torno de lo que se supone que son los derechos, la democracia, la equidad o la igualdad de oportunidades –valores que, presumiblemente, todos compartirían o, cuanto menos, todos consideran necesario esgrimir para legitimar sus discursos, aún en un contexto tan poco receptivo para las consideraciones igualitarias como el que caracterizó a la década del ‘90. Dicho de otro modo: ni siquiera los adversarios del ingreso irrestricto más sensibles a los males asociados con la cantidad se atrevieron a cuestionar abiertamente la justicia del principio igualitario en nombre de un principio alternativo sino que, en cambio, tendieron a desplazar el debate hacia otras cuestiones diferentes de la justicia, tales como la eficacia y la eficiencia.

Los conflictos producidos en torno del examen de ingreso a Medicina en la UNLP – que, desde su introducción en 1992, cada año es noticia en los principales diarios nacionales debido a que es reprobado por más de la mitad de los aspirantes- son paradigmáticos en ese sentido. En el año 2005, la polémica habitual derivó en conflicto institucional cuando el Consejo Superior de la universidad anuló el carácter eliminatorio del examen, medida que fue rechazada con un recurso de amparo presentado ante la Justicia Federal por las autoridades de la facultad involucrada. La iniciativa aprobada por el Consejo Superior –presentada por un delegado estudiantil- denunciaba al sistema vigente por “discriminatorio” y obligaba a la