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Perspectivas

DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Coronel Gil Nº 353 (6300) Santa Rosa (LP) seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar Volumen 6 - Nº 2 – Año 2016 ISSN 2250-4087


Cuerpo editorial de la Revista Dirección Dra. Helga María LELL (Conicet/Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa) Comité Editorial Dr. Juan José GILLI (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata) Dra. Alicia REY (Unniversidad Nacional de Luján y Universidad Nacional de La Matanza) Dra. Olga Luisa SALANUEVA (Universidad Nacional de La Plata) Dra. Nancy CARDINAUX (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata) Dr. José ORLER (Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Buenos Aires) Mg. Hernán ALONSO BAFICO (Universidad Nacional de La Plata) Mg. José PÉREZ CORTI (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba) Mg. Marta PAZ (Universidad Nacional de La Pampa) Mg. Stéphanie DE MOERLOOSE (Universidad Austral y Universidad de Ginebra) Mg. Yamila MAGIORANO (Universidad Nacional de La Pampa) Esp. Tomás CHAHÍN (Universidad de Buenos Aires) CPN Abg. Claudio CASADÍO MARTÍNEZ (Universidad Nacional de La Pampa) Coordinación del proceso editorial Abg. Andrea DIHARCE (Universidad Nacional de La Pampa) Colaboradores del proceso editorial Mg. Edith Esther ALVARELLOS (Universidad Nacional de La Pampa) Mg. Ezequiel STORDEUR (Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino) Mg. Lucía COLOMBATO (Universidad Nacional de La Pampa) Abg. Julieta DUEDRA (Universidad Nacional de La Plata) Abg. Agustín CARLEVARO (Conicet, Universidad Nacional del Nordeste) Abg. Gonzalo ANA DOBRATINICH (Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de José C. Paz) Abg. Yamila JURI (Conicet, Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y Universidad Nacional de Cuyo) Lic. Camila STIMBAUM (Universidad Nacional de La Plata) Lic. José Luis DE PIERO (Conicet, Universidad Nacional de Tucumán) Lic. Melina Denise CORRADO (Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Río Cuarto) Prof. Carolina Lelia SCHEWE (Conicet, Universidad Nacional de Misiones) Prof. Giselle Alejandra LAPALMA (Conicet, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Universidad de Buenos Aires) Prof. Pamela MAPELLI (Universidad Nacional de Córdoba y Griffin High, Georgia) Camila BUSTAMANTE YÁNES (Universidad Nacional de La Pampa) Olivia Candela BANEGAS (Universidad Nacional de La Pampa)


Responsabilidad por contenidos y pautas éticas Los autores de los artículos publicados en esta revista son los responsables exclusivos de sus contenidos, con cuyos juicios no necesariamente se identifican las instituciones editoras. Asimismo, declaran haber cumplido con las normas internacionales en materia de conflicto de intereses y normas éticas para la investigación y publicación de material académico y científico. Evaluadores científicos de los trabajos publicados en este número Los artículos de Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas son evaluados por Evaluadores Externos del Programa Nacional de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Indizada en: Latindex-Directorio vLex (Portal de Información Jurídica) BINPAR (CAICYT/CONICET) Repositorio Digital de Acceso Abierto UNLPam.


Autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas Decano: Cr. Oscar Daniel ALPA Vice decano: Mg. Francisco G. MARULL Secretaria de Ciencia, Técnica, Investigación y Posgrado: Mg. Yamila MAGIORANO Secretario Administrativo: Cr. Daniel Omar MARTÍN Secretaria Académica: Esp. Cecilia BERTOLé Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación con los Graduados: Abog. Rodrigo TORROBA Consejo Directivo (Titulares) Claustro Docentes: Subclaustro de Profesores: Beatriz Isabel LUCERO, Alejandro Marcelo MéDICI, Federico LOPEZ LAVOINE, Cynthia Adriana DINER, Carlos Miguel FARIAS y Claudio CASADÍO MARTÍNEZ Subclaustro de Docentes Auxiliares: Ramiro Adrián RODRIGUEZ y María Fernanda DE LA IGLESIA Claustro de graduados: Silvia Beatriz NAVAL, Javier TORROBA y Rocío SANCHEZ Claustro de estudiantes: Matías Omar BASILE, Conrado CAIONE, Manuel Nacim KHENSOUS y Sebastián Ignacio CLAVERO Claustro no Docente: Lorena Noemí EYHERAMONHO Secretario del Consejo Directivo: Abog. Cristian PARODI


Palabras del Decano A nuestros lectores de Perspectivas…: Como venimos anunciando desde ediciones anteriores, avanzamos en modificaciones, dirigidas a insertarnos cada vez con mayor amplitud en el ámbito académico-científico. Ello es inherente a nuestras responsabilidades como educadores. En el nacimiento de nuestra revista, deseábamos principalmente que nuestros docentes aceptaran el desafío de plasmar por escrito sus ricas experiencias áulicas, sus muchas lecturas; en definitiva sus conocimientos enriquecidos en la tarea cotidiana. Creíamos, y seguimos creyéndolo, que éste es un medio muy propicio para ponernos en debate, someternos a la crítica y mejorar cada día. En resumen, es una forma de ampliar los espacios para transmitir, aportar y nutrirnos de conocimiento desde diferentes perspectivas. Para ello nos propusimos una revista que tuviera dos ediciones anuales y que fuera impresa, para entregarla en forma gratuita a todos nuestros docentes y posibles intercambios con otras instituciones. Sin embargo, desde aquellos orígenes, en el año 2011, sabíamos que teníamos que crecer, en función de objetivos de mayor difusión y de integración a nivel nacional y, ¿por qué no? internacional. Un paso importante ha sido colocar en la página de la Facultad todas nuestras ediciones, que –afortunadamente- han sido ininterrumpidas. Ello nos brinda la posibilidad de llegar una mayor cantidad de lectores. Transcurridos más de cinco años de la primera edición, ya no se trata de incitar sólo a nuestros docentes a publicar, queremos que las páginas de Perspectivas… nos nutran de las realizaciones que provienen desde distintas fuentes que, desde lo académico o desde la investigación científica en las áreas económica y jurídica, nos permitan estar actualizados en los temas que se renuevan cada día con extrema velocidad y los que –como responsables de la educación superior- no debemos desconocer. Con ese propósito, es que desde esta edición se podrán observar algunos cambios. Hemos definido una dirección de la revista, fuera del Comité Editorial, se ha ampliado este Comité, con una diversificación de proveniencias desde diferentes unidades académicas e institutos que –de por sí- ya está dando cuenta de una apertura, que redundará en beneficio de nuestra publicación. También se han sumado colaboradores que contribuyen desde distintas tareas a mejorar la edición de los artículos que, sin excepción, son evaluados externamente. Sabemos fehacientemente, que la multiplicidad de tareas que insume nuestra profesión de docentes/investigadores universitarios hacen difícil abordar nuevas responsabilidades; de allí que valoramos la significación de sus participaciones desinteresadas, que nos son imprescindibles para incrementar las bases en las cuales está indizada “Perspectivas….” A todos, nuestro mayor agradecimiento. En esta edición, se incluyen seis artículos, que son el resultado de producciones desde las áreas económica y jurídica, propias del quehacer de esta Facultad. Hasta el próximo año, con el expreso deseo de sumar amigos en este espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.


Presentación La revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas constituye una publicación académica y científica de carácter semestral de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Comenzó a publicarse en el año 2011 y, desde entonces, ha sido el espacio de difusión de más de cien artículos originales escritos por investigadores, docentes, estudiantes y becarios de esta unidad académica. Los destinatarios son los miembros de la comunidad académica de esta institución, en primer lugar, y, en segundo término, a todo otro lector que pueda estar interesado en los contenidos. La temática de la revista, si bien es amplia, se organiza en torno a las dos disciplinas que se imparten en la Facultad: las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. Asimismo, la aproximación a los contenidos puede realizarse tanto desde una perspectiva científica como pedagógica. Para ello, los artículos se distribuyen a lo largo de tres secciones: una de investigación académica, otra de divulgación académico-científica y otra de reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios críticos de actividades científico-académicas. Además de estas partes, se incluye un apartado con información institucional a cargo de las autoridades de la unidad académica. En línea con lo antedicho, entre sus objetivos se encuentra, precisamente, ser un espacio donde docentes y estudiantes de grado y posgrado, investigadores y becarios de diferentes instituciones puedan publicar su producción científica. Si bien se enfatiza en acoger los avances y resultados de los proyectos de investigación que se desarrollan en el marco de esta Facultad, ello no es una limitación puesto que la invitación a publicar se extiende a miembros de otras casas de altos estudios. La convocatoria para envíos de artículos es permanente y se reciben trabajos en español, inglés y portugués. Cada obra, que debe ser original, tras su recepción, es enviada para su referato por reconocidos evaluadores externos a la UNLPam. Para todos aquellos interesados en ser parte de los próximos números, al final de esta publicación, se pueden encontrar las pautas para los autores. Cabe destacar que este número resulta especial por cuanto es el primero que se realiza completamente bajo las nuevas pautas aprobadas por el Consejo Directivo mediante resolución n° 311/15. Entre las novedades, además de algunos cambios en la presentación de los artículos y en el diseño, se puede ver la nueva integración del Cuerpo Editorial. Cada uno de los miembros de este realiza su esfuerzo cotidiano para mejorar la calidad de esta revista y hacer posible su crecimiento bajo estándares de calidad nacional e internacional.


Índice

Editorial Sección I INVESTIGACIóN CIENTÍFICA ¿La violencia doméstica puede ser un mecanismo de tortura? ¿y ello coadyuvar a reducir el poder penal sobre víctimas? El caso Y. P. de La Pampa. Autor: Alejandro Osio...................15 Cambio de paradigma familiar: “El interés superior del niño y de la niña a tener una familia en base a vínculos afectivos y a su derecho de ser oído”. Autora: Emilia Errecart................. 31 La recomendación general 33 del Comité Cedaw como estándar del acceso a la justicia de mujeres y niñas. Autora: Daniela Zaikoski ........................................................................................... 43 El sistema presidencial argentino: bases para la innovación institucional en el S. XXI Autor: Cristian Adrián Parodi .................................................................................................................... 61 Sección II DIVULGACIóN ACADéMICO-CIENTÍFICA Uso de la gamificación para el logro de una gestión empresarial integrado. Autores: Prosperi Carlos, Gustavo Sabarots y Mauricio Villa ......................................................... 83 Sección III RESEñAS DE LIBROS, CONFERENCIAS, ENTREVISTAS Y COMENTARIOS DE ACTIVIDADES DE CARáCTER CIENTÍFICO-ACADéMICO El realismo pictórico de los modelos económicos. Autora: Agustina Borella ......................... 99 Sección IV INFORMACIóN INSTITUCIONAL Carreras en la Facultad ..............................................................................................................................107 La Facultad en acción ................................................................................................................................109 Pautas de publicación ...............................................................................................................................119 Guidelines for authors ...............................................................................................................................125


Secciรณn I

INVESTIGACIรณN CIENTรFICA


PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas • Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. • Volumen 6 - N0 2 - Año 2016 • ISSN 2250-4087

Osio, A. (2016). “¿La violencia doméstica puede ser un mecanismo de tortura? ¿Y ello coadyuvar a reducir el poder penal sobre víctimas? El caso Y. P. de La Pampa”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 6, N° 2. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, pp. 15-29. DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2016-v6n2a01

¿LA VIOLENCIA DOMÉSTICA PUEDE SER UN MECANISMO DE TORTURA? ¿Y ELLO COADYUVAR A REDUCIR EL PODER PENAL SOBRE VÍCTIMAS? EL CASO Y.P. DE LA PAMPA Al e ja n d ro J avi e r O S I O 1

Resumen En el presente trabajo trataremos someramente de abordar la temática relativa al entendimiento de la violencia doméstica por cuestiones de género como una de las modalidades de la tortura y si ello puede servir para reducir el poder punitivo materializado sobre víctimas de violencia de género diacrónica: a las obligaciones del Estado que se derivan de ese entendimiento adecuado, a la aplicación del derecho con una perspectiva de género en clave de derechos humanos, y, en especial, a la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para evitar que esos tipos de violencia se sucedan, agraven y reproduzcan, máxime cuando ya han sido detectados y abordados por organismos públicos, aún cuando los agresores fuesen particulares. Por último, aplicaremos tales estándares al caso Y. P. ocurrido en La Pampa en el año 2012, en el cual podremos ver que se ha verificado la intervención ineficaz de una multiplicidad de agencias pre-judiciales en relación a las lógicas que aquí trataremos en torno a una eficaz prevención, investigación, sanción, reparación y erradicación de ese tipo de violencia, y luego la materialización del poder penal sobre una mujer víctima de violencia de género diacrónica que actuó por propia mano contra su agresor. Abstract In this paper we will try briefly to address the issue on the understanding of domestic violence by gender as one of the forms of torture and whether it may serve to reduce the punitive power materialized on victims of violence diachronic gender, the State obligations deriving 1

Abogado. Magister en Ciencias Penales. Docente de Derecho Penal I y II en Fac. de Cs. Económicas y Jurídicas. UNLPam. Correo: aleosio22@hotmail.com.

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from the proper understanding of the application of the law with a gender perspective in key human rights and especially the State's obligation to act with due diligence to prevent such violence will happen, fester and play, especially when they have already been identified and addressed by public bodies, even when the aggressors whatsoever individuals. Finally, we apply such standards to the case Y. P. occurred in La Pampa in 2012, in which we can see that there has been ineffective intervention of a multiplicity of pre judicial agencies in relation to the logic here discuss about effective prevention, investigation, punishment, reparation and eradication of such violence, then the realization of the criminal power over a woman victim of gender violence diachronic acted in his own hand against her attacker. La violencia doméstica entendida como tortura Lo primero que debemos decir es que una lectura de la violencia doméstica basada en el género es pasible de ser efectuada desde la lente de la tortura como fenómeno esencial, que, aunque con algunas diferencias, presenta una serie de características fundamentales, que si se corre el velo que invisibiliza una lectura feminista de la temática, es posible verificar sin cortapisas y aventurar conclusiones esencialmente iguales. También debemos decir que una lectura de ese tipo es casi inexistente en los tribunales de nuestro país y no se ha presentado nunca en nuestra provincia en el ámbito de los casos penales judicializados: ni en los que aparecen mujeres como víctimas de violencia doméstica, ni en los que las mujeres son involucradas como imputadas por haber atacado (o haberse defendido, mejor dicho) a sus agresores, ni siquiera en los más palmarios en los que la violencia doméstica, entre otras, es sostenida en el tiempo y es particularmente cruel 2. Seguiremos en este acápite a Rhonda Copelon (1997) y Jules Falquet (s/d) para trazar someramente las similitudes que permitirían considerar a la violencia doméstica como tortura, a través del análisis vivificado en clave de derechos humanos, para lo que será necesario una visión holística de este tipo de violencia, del contexto y de las demás características culturales y relacionales, pues una visión particularizada desde y hacia los individuos no conducirá necesariamente a las mismas conclusiones. En esa línea, es necesario tener en cuenta como base, que, como dice textualmente Copelon:

2 El dato de que la violencia doméstica sostenida en el tiempo nunca ha sido tratada como tortura lo hemos colectado de parte directa de dependientes de la Oficina da Asistencia a la Víctima y el Testigo, de la Fiscalía de Género y de las Defensorías Oficiales, todas dependientes del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa.

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(…) la violencia doméstica contra la mujer es algo sistémico y estructural, un mecanismo de control patriarcal sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina, sobre papeles y expectativas estereotipados según el sexo, y la predominancia económica, social y política del hombre y la dependencia de la mujer (…) (Falquet, s/d: 114)

Continuando con esto, el primer paso hacia el entendimiento de la violencia doméstica como tortura está dado por la deshumanización de la mujer y su trato como una “otra” reducida a una forma de propiedad que debe servir a las necesidades del sujeto dominante varón. Siguiendo los instrumentos internacionales obligatorios en materia de tortura3 , Copelon indica cuatro elementos configurantes de ese tipo de instituto que se presentan tanto en la tortura como en la violencia doméstica contra la compañera: “(1) dolor y sufrimiento físico o mental severos; (2) infringidos en forma intencional; (3) para propósitos específicos; (4) con alguna forma de participación oficial, ya sea activa o pasiva.” (Falquet, s/d: 115) Respecto del primero de ellos, señala la diversidad de modos para generar e imponer dolor físico intenso a las mujeres violentadas, con utilización de instrumentos, obligación de mantener relaciones sexuales, etcétera; todo ello, de manera forzada y violenta, dirigida a la humillación de la mujer, a la reducción a un “otro objeto” a disposición de quien violenta. En ese marco, el aspecto físico y el psicológico se mezclan: en unas ocasiones, los métodos son predominantemente físicos, en otras, se dirigen a quebrar la psiquis de la víctima, a generarle temor; pero ambas metodologías, generan sufrimientos físicos de mayor o menor intensidad y hasta la muerte, y repercuten sustancialmente sobre la psiquis de quien las recibe. La intencionalidad de quien tortura, ya sea en el ámbito público como en el privado, es manifiesta, directa, dirigida y estratégica, es parte de un proceso de dominación (Falquet, s/d: 117). Incluso, esa intencionalidad surge también de la verificación general respecto a que las conductas de quienes maltratan y que en esos momentos aparecen como seres descontrolados y/o embargados por una ira incontenible, exhiben en otros ámbitos un excelente control de sus impulsos, siendo el foco de violencia la mujer maltratada, y muchas veces también sus hijos y hasta mascotas y objetos de pertenencia de la mujer (Falquet, s/d: 119).

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Art. 1º de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984; y arts. 2, 3.a y 3.b de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su decimoquinto periodo ordinario de sesiones, del 9 de diciembre de 1985, en Cartagena de Indias, Colombia.

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Este proceder se dirige siempre a fines específicos: lograr obtener información que se supone oculta; generar temor o terror para obedecer, para inducir dependencia, debilitar y desocializar a la persona violentada y una multiplicidad de propósitos prohibidos como castigar, intimidar, anular la personalidad o disminuir las capacidades con fines de discriminación; así también, mantener un cautiverio pleno o, a veces, una custodia con tanto temor infundido en la víctima, que se genera una apariencia de libertad, para irse o escapar, que en realidad no es tal, puesto que el condicionamiento psicológico es de tal magnitud que, aún cuando parezca que se tiene la libertad externa para egresar del lugar físico de tortura, impide tomar esa decisión de forma autónoma (Falquet, s/d: 128. En este sentido, afirma Copelon (1997: 123), la violencia basada en el género Debe reconocerse como una violación a los derechos humanos internacionales porque viola los derechos humanos de la mujer, como persona, a la integridad, la seguridad y la dignidad, y también porque constituye discriminación contra las mujeres como grupo en cuanto que su propósito es mantener tanto a la mujer individual como a las mujeres como clase en una posición inferior y subordinada…

Por último, en relación a la participación estatal en estos contextos de violencia, volvemos a lo dicho al principio sobre lo cultural como condicionante que diseña políticas públicas, pero también el desempeño de esas agencias, desde y para la reproducción del patriarcado. Así, los Estados de la región, como el nuestro, en los cuales se reproducen lógicas de violencia hacia las mujeres, y que hubiesen ratificado la Convención Interamericana contra la Tortura para prevenir y castigarla, no cumplen con lo que dispone ese tratado en sus artículos 3.a y 3.b, puesto que tales normas los obligan a que, siendo capaz de prevenirla, lo hagan. Los cuatro elementos que hemos resumido hasta aquí, según Copelon, se presentan tanto en la tortura a cargo de agentes públicos o particulares a disposición o con el amparo del Estado, como en la violencia doméstica del varón contra la compañera, también estructuralmente sostenida, en mayor o menor medida, o al menos permitida por el Estado. Para seguir con Jules Falquet, las similitudes entre la tortura y la violencia doméstica no sólo se dan por los tipos de violencia predominantes en una y otra, como las violencias física, psicológica y sexual, sino también por los métodos utilizados, los efectos generados por los distintos tipos de torturadores en las víctimas, y hasta por los diferentes momentos de los torturadores, sino que se verifica también la presencia de ocho dinámicas que condicionan y afectan de manera duradera a las personas violentadas: dinámicas de la disociación, de la autodestrucción, de la desvalorización de sí misma, de la confusión, de las

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relaciones interpersonales, de la culpabilidad, de la tortura sexual y de la dimensión existencial (Falquet, s/d: 151-156). La primera (disociación) consiste en lograr pensar que las agresiones le suceden a la víctima no como sujeto, sino como objeto, para percibirse como ausente, con indiferencia, y, en ocasiones, hasta colocarse psicológicamente por encima de su agresor como para comprenderlo. (Falquet, s/d: 156) La autodestrucción suele conducir al abandono parcial o total de los proyectos de vida, a incapacidades para desarrollarse laboralmente o en otros ámbitos, a deficiencias sexuales, y hasta a conductas auto-destructivas, debidas a la disminución de la personalidad generada (Falquet, s/d: 156)4. La desvalorización de sí misma se debe a la baja autoestima, al des-empoderamiento y a la modificación de la identidad, en relación a la auto-percepción de las mujeres violentadas, pues suele generarse una crisis entre la mujer que sufre la violencia y la que debe continuar con su vida en y hacia el exterior (Falquet, s/d: 158). La confusión se genera debido a que el juicio de realidad que permite, como función del yo, diferenciar entre la realidad externa y los datos internos; suele ser trastocado por el padecimiento de tortura, y la persona violentada incurre en confusiones sobre lo que realmente les ha sucedido y sobre lo que no, incluso asociada a secuelas paranoides (Falquet, s/d: 158-159). La crisis en cuanto a las relaciones personales se centra, fundamentalmente, en que la misma persona que, en hipótesis, debe proteger, brindar amor, contención, acompañar, etcétera, es la misma que actúa violentamente. En el caso del Estado, el mismo que debe aplicar la ley y brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida, es el que actúa en contra de todo ello al torturar; lo mismo sucede en la violencia doméstica, con la diferencia de que, en el primer caso, el torturado, generalmente, nunca más volverá a ver a su verdugo, mientras que en el segundo, debe verlo todos los días por ser su pareja (Falquet, s/d: 159). La culpabilidad a sí misma de la víctima aparece condicionada por el efecto destructivo de la tortura con respecto a la dinámica de la culpa, que aparece generada por el torturador, pero auto percibida como propia por parte de la víctima quien, al sentirse partícipe de los actos, termina considerando que de algún modo ha generado, o al menos provocado, lo que le sucede, pues de comportarse de otra manera, lo hubiera evitado (Falquet, s/d: 160).

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En esto sigue a Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein (1990).

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La tortura sexual se refiere a uno de los métodos más utilizados, y más ultrajantes tanto en el ámbito de la tortura estatal como privada, y que incluso, en la violencia doméstica, por la cercanía del sujeto que acomete sexualmente a la víctima5 , es psicológicamente mucho más dañina para ésta que una violación sexual por desconocidos (Falquet, s/d: 160161). Finalmente, la dimensión existencial es trastocada por la tortura debido a que los contextos de violencia vividos, tanto en su decurso, como a raíz de las secuelas que dejan, modifican las ideas esenciales de esos seres en el mundo, y obstaculizan o dificultan el establecimiento de nuevas relaciones personales, o el fortalecimiento de las desvinculadas en el contexto de violencia. Incluso, en muchos casos, se verifica una tendencia a la repetición de las experiencias de violencia (Falquet, s/d: 161). Por último, Falquet, se centra en considerar a la violencia doméstica como una forma de manifestación de la tortura, debido a la similitud en las estructuras formal y material del acto, el contexto que lo posibilita, el fondo ideológico que contiene y los efectos colectivos que genera, todos los cuales son comunes a ambos conceptos (Falquet, s/d: 161-165). Dicho esto, y teniendo ahora una base concreta para apoyar la afirmación de que la violencia doméstica puede ser conceptualmente entendida bajo la lente de la tortura por ser una manifestación de ese concepto genérico, centraremos lo que sigue en la obligación del Estado, en materia de derechos humanos, para obrar con debida diligencia en la detección, prevención, sanción, y erradicación, de las conductas que afectan tales derechos. Obligación del Estado a la debida diligencia en materia de derechos humanos Podemos decir, a modo de aclaración inicial, que no nos ocuparemos en los aportes de las mujeres que aparecen como víctimas de violencia doméstica en los casos penales judicializados en nuestra provincia, sino en los de aquéllas que, habiendo sido víctimas de esos casos de tortura, aparecen luego involucradas como imputadas por haber acometido contra sus agresores, y que en el decurso del padecimiento de las violencias a las que han sido sometidas, el Estado ha participado sin efectividad desde diferentes áreas. En general, en la resolución de los casos penales en los que aparecen imputadas mujeres que han sido víctima de violencia doméstica en forma reiterada y sostenida en el tiempo, y que con diferentes intensidades y en diferentes circunstancias han accionado contra sus agresores, hemos podido observar en los últimos años que la violencia hacia las mujeres, en vez de ser mitigada, ha sido institucionalmente reforzada y mantenida e invisibilizada

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A este tipo de violencia lo llama la autora, violación conyugal.

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en casos concretos6 , tanto en el discurso como en la disposición de prácticas y abordajes hacia víctimas que aparecen, desde lo formal, como victimarias (imputación de abortos, lesiones u homicidios a mujeres en estado de vulnerabilidad múltiple), cuestión que trataremos de visibilizar en este aporte, en los términos estrictos en que adelantamos en la introducción, sin poder dejar de pensar por un instante que tal circunstancia aún hoy se repite de manera constante en nuestra provincia, con algunas escasísimas excepciones, y muestra de esa consecución contraria a los derechos humanos de mujeres victimizadas que aparecen como victimarias, pero también de la sociedad toda, es el caso resuelto por el máximo tribunal de esta provincia el 26/11/2014 que escogimos como ejemplo para cerrar este trabajo. Como explica claramente Alicia Ruiz (2001: 21)“El derecho es un discurso social y, como tal, dota de sentido a las conductas de los seres humanos y los convierte en sujetos, al tiempo que opera como el gran legitimador del poder”. Es decir que, de la distribución de roles de acuerdo al decir de lo que el derecho significa para cada persona en particular, dependiendo del sector-poder en el que se encuentre situado, dependerá el conjunto de atribuciones, facultades y posibilidades con que cuente la persona llevada al estrado judicial para “la justicia” en un momento y lugar dado. En definitiva, los derechos que “tienen” unos/as y otros/as en términos de realidad surgen de la nominación formal y material de los estrados judiciales al resolver los casos que se les presentan; de allí la importancia de ejemplificar con un caso reciente para tratar de marcar las directrices patriarcales e invisibilizantes que consideramos necesario de-construir en pos de una equiparación que iguale la situación jurídica, pero también cultural, de las mujeres con respecto a los varones. Como afirma Soledad García Muñoz (2004), a quien seguiremos en este acápite, la obligación de debida diligencia estatal debe ser una herramienta fundamental para la acción por los derechos humanos de las mujeres. Con cita del fallo de la CIDH “Velázquez Rodríguez vs Honduras” 7 la autora indica que para determinar la responsabilidad estatal ante una situación lesiva para los derechos humanos, no sólo hay que revisar si fue efectuada directamente por algún órgano del Estado, sino también si ha sido posible por su aquiescencia o sin que el Estado cumpla con su

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En los únicos dos casos enjuiciados en el año 2014, uno en la ciudad de General Pico (L.P.) y otro en la ciudad de Santa Rosa (L.P.), en que aparecían mujeres violentadas durante varios años que finalmente dieron muerte a sus agresores, el primero de ellos terminó con absolución de la imputada por falta de prueba, y el segundo de ellos terminó con la condena a 8 años de prisión de la imputada por homicidio simple. En ninguno de los dos, el caso fue resuelto con inclusión de alguna perspectiva de género que contemplara holísticamente la cuestión. 7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo).

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deber de prevención, que en el caso de la tortura surge de los artículos 3.a y 3.b de la convención interamericana respectiva y específicamente para cuando su modo de comisión es la violencia doméstica; ésta surge del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará, ellos en relación al artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 4.c de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. Sigue diciendo la autora que “La cadena de cumplimiento de la debida diligencia comienza pues por el deber de prevención que tiene el Estado…” (García Muñoz, 2004: 29), ya que en éste reposan las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar las violaciones a los derechos humanos en sus diferentes ámbitos, y la violencia hacia las mujeres, en particular. En esta línea de pensamiento, entonces, los Estados deben bregar porque los particulares no actúen impunemente en menoscabo de los derechos humanos (García Muñoz, 2009: 9) y que las investigaciones se asuman como deber jurídico propio, y no como meras formalidades o tramitaciones burocratizadas de derechos de particulares. Esto es porque los desenlaces lesivos en tales marcos de violencia que reciben intervenciones estatales pueden generarle responsabilidad internacional, ya que no pueden excusarse en que no han intervenido órganos del Estado cuando las agresiones se producen en ámbitos privados, puesto que aquél, además de todo lo dicho anteriormente respecto a lo estructural y contextual cultural, tiene la obligación asumida de hacer todo lo necesario para prevenir violaciones a derechos humanos, incluso las provenientes de particulares y, si suceden, a investigarlas y sancionarlas. Amnistía Internacional ha tomado a la debida diligencia estatal como principio informador del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, como cita textualmente García Muñoz, lo ha definido como “(…) una forma de medir si un Estado ha actuado con el esfuerzo y la voluntad política suficientes para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos [suponiendo pues] un modo de describir el umbral de la acción y el esfuerzo que debe realizar un Estado para cumplir con su deber de proteger a las personas contra el abuso de sus derechos”. (García Muñoz, 2009: 10) En lo respectivo a la prevención de la violencia hacia las mujeres, además de las normas jurídicas internacionales ya citadas, también el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su Recomendación General nº 19 (CEDAW, 1992) ha dicho que: “…los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización…” (García Muñoz, 2009: 10). La Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, se ha expresado en sentido coincidente en su informe de 1996, en el cual sentenció que: “…los Estados

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deben demostrar la debida diligencia tomando medidas activas para proteger, procesar y castigar a los particulares que comenten las agresiones…” (García Muñoz, 2009: 15)8 , para evitar la complicidad en esos casos entre los Estados y los agresores. Por último, la obligación estatal de la debida diligencia surge también de los Principios de Montreal sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres9 en el ámbito internacional. A partir del informe de la Comisión interamericana de Derechos humanos en el caso “María Da Penha”10 en el sistema interamericano, luego repetido en muchos otros casos, la Relatora sobre Derechos de las Mujeres de esa CIDH, en su informe de 2003 sentenció que “… la falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos y prevenir su repetición refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación.” 11 Teniendo en cuenta la extensión de este aporte, ha quedado sentado hasta aquí que, en materia de prevención de afectación de derechos humanos en general, pero también en particular, respecto de las mujeres, los Estados como la Argentina están obligados internacionalmente a obrar con la debida diligencia a fin de que se efectivicen materialmente los estándares mínimos establecidos en los instrumentos internacionales que han sido ratificados, además de los deberes de tutela, garantía y efectividad en materia de derechos humanos que, al ser afectados, incluyen los deberes de investigación, sanción, reparación y posterior erradicación de los actos que producen las violaciones; en lo particular de la temática de género, a accionar contra los patrones culturales que generan y reproducen las desigualdades sobre las cuales se asientan las violaciones, incluso, modificando las políticas públicas, disponiendo normas de derecho interno y cambiando las prácticas establecidas. El caso Y. P. de la provincia de La Pampa Los hechos resueltos en primera instancia mediante sentencia del 11/07/201412 , consistían

8 Con cita del informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Sra. Radhika Coomaraswamy, 06/02/1996. Índice ONU: E/CN.4/1996/53. Pár.33. 9 Adoptados por la reunión de expertas de todo el mundo, celebrada del 7 al 10 de Diciembre de 2012, convocada por el grupo de Mujeres de la Red Internacional DESC. Disponible en www.equakityrights.org/cera/docs/Spanish_Version_Final.doc 10 Informe n° 54/01, Caso 12.051, “Maria de Penha Fernandes vs Brasil, 16/04/2001. 11 Informe sobre la situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: “El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación”. Informe Anual CIDH, 2002, publicado en Marzo de 2003. Capítulo VI, Informes Especiales, pár. 7. Índice OEA OEA/Ser.L/V/II.117. 12 Sentencia nº 45/2014, del día 11/07/2014, dictada por la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa, que resolvió sólo la culpabilidad de Y.P. por el delito de homicidio simple (Art. 79 del C.P.).

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en el homicidio de una persona, causado por Y.P., quien era la pareja del fallecido, ocurrido durante una “pelea” entre ambos. Y. P. habría sufrido durante varios años, de manos del hombre fallecido, una multiplicidad de violencias, en el curso de las cuales solicitó varias veces la intervención de diferentes áreas del Estado, realizó denuncias y emprendió acciones para poder salir del círculo de violencias a las que era sometida sin recibir respuestas efectivas. Su caso podría haber sido merituado desde la lente de la tortura, desde los inicios de los actos de violencia sufridos de parte de cualquiera de los agentes públicos y particulares, profesionales o no; sin embargo, no fue así ni en el decurso de su victimización, ni durante todo el proceso penal que hoy se encuentra resuelto por todos los organismos provinciales y dependerá de la CSJN en definitiva, o a lo sumo de la Corte IDH, si es que no se redefine la situación en el máximo tribunal nacional. Y.P. dio detalles en el juicio oral y público sobre las diferentes violencias que el fallecido ejerció sobre ella durante varios años, incluyendo violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica, todas ellas, de manera creciente desde las primeras veces en que sucedió, hasta que provocara la situación en la que ella debiera portar un cuchillo de manera permanente a fin de poder defenderse, pese a que ya no convivían. Este tipo de relato que se asimila en todo a los recogidos y analizados por Copelon y Falquet en los artículos citados, asimilables a la tortura estatal tradicional, fue conocido, analizado, abordado e incluso merituado por varios profesionales estatales, comenzando por las psicólogas y asistentes sociales que intervinieron al inicio de los pedido de ayuda de Y.P. en el ámbito administrativo, pasando por quienes lo hicieron ya iniciadas las denuncias policiales contra la persona que finalmente falleciera, y terminando por quienes intervinieron en el proceso penal en el cual Y. P. fue llevada como imputada, incluso privada de su libertad en la modalidad domiciliaria por razón de sus hijos. En esas instancias administrativas, sanitarias, policiales y luego judiciales, se advierte que los órganos y dependientes del Estado no investigaron lo que denunciaba Y.P. con la suficiente idoneidad como para efectivizar medidas con la debida diligencia a que está obligado internacionalmente el Estado, y tampoco dispusieron de manera eficaz, lo necesario para prevenir que se siguieran sucediendo hechos de violencia contra Y.P., la cual finalmente debió protegerse de la manera más atroz y directa que pudo alcanzar, ante la falta de respuesta estatal y particular a sus pedidos. El Estado aparece insuficiente en una situación de políticas públicas y de intervención concreta en relación con las obligaciones internacionales a su cargo, omitiendo la consideración holística, sincrónica y diacrónica de la violencia doméstica, y tampoco entendiéndola como mecanismo de tortura conforme a la orientación que se ha explicitado antes, siguiendo a Copelon y Falquet, en un caso que aparecía como paradigmático para ello y

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que terminó con el castigo hacia la víctima, primero por la prisionización anticipada de Y. P. durante el proceso penal y, finalmente, con su condena a 8 años de prisión efectiva por la calificación legal de homicidio simple (Art. 79 del C.P.) 13. Puede verse, tanto en la sentencia del juicio como en la del Tribunal de Impugnación Penal 14 que revisó el caso y confirmó la decisión condenatoria, que el suceso histórico merituado fue considerado sin la visión holística de la cual hablamos al comienzo de este trabajo, sin ubicarse en la óptica en la que Y. P. estaba sufriendo una de las especies de tortura, antes de accionar como finalmente lo hizo; tampoco se analizó el contexto cultural ni las actuaciones de los órganos estatales en la prevención del resultado final del círculo de violencia en el que, sin dudas, Y. P. era la persona sometida, ni si quiera en la apariencia de libertad, como mencionamos, generada por la no convivencia, etcétera. En cambio, se imputó como hecho aislado lo acontecido, y se descartaron tanto la legítima defensa y la emoción violenta con los siguientes argumentos: En principio, los motivos en que se pretende fundar el planteo de legítima defensa, carecen de sustento legal, no dándose en el presente caso ninguno de los requisitos que la norma legal prevé para dar por acreditada la causa de justificación invocada. Dicha norma prevé que exista una agresión ilegítima, es decir que quién se defiende no deba legalmente soportar, que esa agresión le genere un peligro grave, real, actual o inminente para legitimar su reacción de repelerla. No prevé la norma la reacción ante una sospecha de que la agresión se producirá y menos aún si ya ha cesado. Lo que se pretende con esta causal de justificación es suplir la actuación defensiva de los organismos estatales predispuestos que resultaría tardía (acudir en su auxilio) y también al determinar las condiciones de procedencia, evitar la justicia por mano propia o la venganza. La Jurisprudencia ha caracterizado la legítima defensa como un estado de necesidad, de hecho, no provocado por quién se defiende de una situación de peligro real e inminente sobre sus bienes; legitimando dicho accionar su imperiosa necesidad y la imposibilidad de ser suplido por otro menos gravoso o atípico. Teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, según el relato de los testigos presenciales y lo manifestado por la propia imputada con posterioridad a distintos testigos, no existió un accionar ilegítimo inmediato de parte de … que la pusiera en peligro y legitimara su accionar… En ningún momento fue víctima de una agresión ilegítima de peligro inminente, que justificara su actuación inmediata, por el contrario actuó de manera deliberada, desproporcionada y con posterioridad a una

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Pena impuesta el día 19/08/2014 por el mismo Tribunal de Juicio en audiencia separada a la de culpabilidad. Fallo Nº 39/14, del día 09/10/2014, dictado por la Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa, en Legajo 7013/1. 14

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supuesta sustracción ya consumada, sin peligro inminente alguno… Respecto del planteo subsidiario de la Defensa en cuanto a que la encartada habría actuado en estado de emoción violenta, en los términos del art. 81 inc. 1º del C. Penal, y analizados los argumentos en que se sustenta la petición y la prueba agregada en autos, … no ejecutó el hecho en estado de emoción violenta como se pretende, sino que actuó de manera consciente y deliberada en las circunstancias analizadas en párrafos precedentes.

Por último, sentencian los Jueces del caso: “Los argumentos sustentados en las circunstancias relativas a la historia de vida de la imputada, signada por el abandono desde su niñez, el desamparo, abusos, violencia y vulnerabilidad, legalmente no son argumentos válidos a los fines de la aplicación del art. 34 inc. 6º o 81 inc. 1º del C. Penal, como pretende la Defensa.” Por su parte, los jueces del TIP, al confirmar esa decisión, la comparten y aclaran que: (…) no puede ser que se utilice como justificativo de la muerte de una persona, una supuesta violencia de género ejercida contra la nombrada por parte de la víctima, máxime no producida en el momento en que se produce el hecho fatal, sino en días anteriores y por no haber podido recuperar un objeto material (el televisor)… y aún admitiendo tal hipótesis y en el supuesto que las mismas hubiesen existido, nada justifica el accionar de la imputada, de concurrir al domicilio donde se encontraba éste y prácticamente cuando el nombrado se enfrenta con ella, aplicarle una puñalada en el pecho, causándole la muerte. Ninguna duda cabe, que la conducta de la acusada fue abrupta y sorpresiva para la víctima. Ante tal circunstancia, es dable preguntarse, qué situación de peligro existió para… en esa oportunidad, para justificar la agresión hacia… La contestación es muy simple: "ninguna". Todas las situaciones que relata la defensa en relación a lo que supuestamente tuvo que sufrir… por parte de…, si verdaderamente existieron, tenía los medios legales para denunciar al nombrado, pero no se puede justificar que haya tomado la justicia por su propia mano, produciendo la muerte de…, ya que, de seguir dicho criterio, se crearía un caos social, poniendo en peligro la convivencia que toda sociedad organizada debe priorizar.

Finalmente, y sin analizar el recurso de Casación utilizado por la defensa, el caso fue resuelto por el Superior Tribunal de Justicia15 que lo consideró inadmisible, debido a que la pretendida perspectiva de género desde donde se planteó la defensa, para que sea analizada

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Resolución del día 26/11/2014, dictada por la Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

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por el superior, ya había sido un argumento resuelto por los dos tribunales inferiores en sus oportunidades. De esta manera quedó cerrado el caso, al menos en la instancia provincial, sin pronunciamiento judicial en la lógica de lo que hemos trabajado en este aporte, y sin el entendimiento de los institutos penales puestos a disposición para resolver, a saber: el tipo penal de homicidio, la legítima defensa y la emoción violenta, desde lógicas que conlleven la inclusión de una perspectiva de género holística del círculo de la violencia contra las mujeres, en general, y de las diferentes violencias sostenidas en el tiempo sufridas por Y. P., en particular, cosa que hubiera llevado a una conclusión des-incriminatoria, no porque una persona particular pueda matar impunemente a otra por la sustracción de un televisor, como parecen temer los jueces sentenciantes, sino porque, en este caso específico, tenían ante sí a una víctima de una de las modalidades de la tortura, sostenida en el tiempo con diferentes metodologías, que ante la aquiescencia de un Estado que mantiene y reproduce las lógicas patriarcales de manera estructural, aún cuando se lo mostró cada vez que debió actuar con debida diligencia, no lo hizo, debiendo ella defenderse de la manera en que pudo. Queda ahora la vía ante la CSJN y ante la CorteIDH a ver si esto es modificado. Conclusiones A modo de corolario podemos ensayar algunas directrices conclusivas mínimas en relación a lo visto en este trabajo y en el caso relevado. Lo primero que deberíamos decir es que el Estado se encuentra obligado a evitar la violencia contra las mujeres y a disponer de todos los mecanismos necesarios para que esa violación a los derechos humanos no se siga reproduciendo. Lo segundo es que es posible conceptualmente considerar a la violencia doméstica como una modalidad de la tortura, de este modo, puede ser utilizado como herramienta tanto para adecuar las respuestas del Estado, incluso las punitivas, a los casos en que las mujeres aparecen como víctimas, pero como vimos aquí, también puede servir para justificar el accionar de víctimas que terminan en un callejón sin salida, acometen a sus agresores y son penalizadas por ello, al margen de las consideraciones que se vienen haciendo en materia de legítima defensa (sincrónica y diacrónica) en algunos tribunales de nuestro país, que, desde ya, compartimos en pos de reducir el poder punitivo materializado sobre víctimas de violencia de género. Más allá de las críticas o desacuerdos de los que puedan ser pasibles las consideraciones vertidas en relación a la legítima defensa y emoción violenta de manera aislada en un caso

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de violencia de género como el de Y. P., sin dudas, si hubiera sido leído desde la lente de la tortura, tal y como proponemos en el presente aporte, la resolución hubiera sido diametralmente opuesta y el proceso hubiera terminado con la absolución de Y. P., pues ha sido la víctima del caso que llevó varios años de su vida y que terminó trágicamente, con el fallecimiento de una persona. Quedó relevada la ineficacia del Estado en la detección y prevención de la reiteración y agravamiento del círculo de violencia de género que sufría y, al verificarlo, también se reveló la falta de respuesta efectiva para investigarlo, sancionarlo y reparar a su víctima. En vez de ello, la propia víctima de las violencias es finalmente condenada a prisión por un hecho que se analizó primordialmente de manera aislada. En conclusión, puede verse del caso seleccionado, que no es el único, que la visión estructural, contextual, sincrónica y diacrónica y holística de los casos de violencia doméstica, y el análisis dogmático también con esas conglobaciones, parece no estar asentado aún en nuestra provincia para ser materializados en los casos en que aparecen mujeres violentadas durante años, al ser acusadas por causar lesiones o muerte a sus agresores. Esto no significa que siempre deban ser absueltas automáticamente, sino que lo que está faltando es un análisis integral que contenga perspectivas de género y que contemplen cabalmente todos los factores en juego y que no sólo se analicen los casos como un conflicto individual entre dos particulares en igualdad de condiciones, de manera aislada y con categorías dogmáticas fijas y diseñadas sin la contención de parámetros culturales a visibilizar que suponen asimetrías de poder, como por ejemplo, la violencia de género. Incluso, pasa algo similar en relación al derecho de niñas, niños y adolescentes, y a las intervenciones por razones de salud mental, entre otros. Una posible línea de acción en estos casos la ha marcado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Affaire E.M. c. Roumanie”16 el 30/10/2012 en el que se encuadró a la violencia doméstica como tortura en los términos del artículo 3 de la convención respectiva, aseveró la responsabilidad de los Estados aún en casos en que los agresores son particulares, indicó que los Estados deben actuar diligentemente ante hechos de violencia doméstica que conoce y, en particular, evaluar la credibilidad de los relatos y aclarar las circunstancias del caso, debiéndose sopesar todo ello antes de resolver conflictos de este tipo.17

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Caso nº 43994/05 “Affaire E.M. c. Roumanie”, TEDH, 30/10/2012, Strasbourg. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114091#{"itemid":["001-114091"]} 17 Puede verse un comentario de este fallo, en el artículo de Marisol Dorrego (2013).

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Referencias bibliográficas Copelon, R. (1997). Terror íntimo: la violencia doméstica entendida como tortura”, en “Derechos humanos de la Mujer. Perspectivas nacionales e internacionales. Editado por Rebecca J. Cook. Profamilia. Dorrego, M. (2013) “Prohibición de la tortura. Protección contra la violencia doméstica”. INFOJUS “Derechos Humanos”. Año 2 nº 3. Bs.As., págs. 255/261. Falquet, Jules (s/d) “La violencia doméstica como forma de tortura: reflexiones basadas en la violencia como sistema en El Salvador”. Revista del CESLA nº 3. Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, pág. 149/171, disponible en PDF en: http://www.cesla.uw.edu.pl/cesla/index.php?option=com_content&view=article&id=293 %3Arevista-del-cesla-no3&catid=24%3Aczasopisma-on-line&Itemid=41&lang=es García Muñoz, S. (2004) “La obligación de debida diligencia estatal: Una herramienta para la acción por los derechos humanos de las mujeres”. Separata AIAR nº 1. Bs.As.: Sección Argentina de Amnistía Internacional. Ruiz, A. (2000) “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres” en Birgin, Haydée (comp.) El Derecho en el Género y el Género en el Derecho. Buenos Aires: Editorial Biblos. Para Caso Y. P.: - Sentencia nº 45/2014, del día 11/07/2014, dictada en Legajo 7013 por la Audiencia de Juicio de Santa Rosa (L.P.) conformada por los señores Jueces Carlos Alberto Mattei, en carácter de Presidente, Carlos Alberto Besi, y la señora Jueza María Florencia Mazza, que resolvió sólo la culpabilidad de Y.P. por el delito de homicidio simple (Art. 79 del C.P.) y resolución de imposición de pena del día 19/08/2014 del mismo Tribunal. - Fallo Nº 39/14, del día 09/10/2014, dictado por la Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal, de Santa Rosa (L.P.), integrada por los señores Jueces Carlos Flores y Filinto Rebechi, asistidos por la señora Secretaria María Elena Grégoire, en Legajo 7013/1. - Resolución del día 26/11/2014, dictada por la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, conformada por el Dr. Víctor Luis Menéndez, en carácter de Presidente, la Dra. Elena V. Fresco, como Vocal, y la Secretaría a cargo de la Dra. Betina E. Carnovale.

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Errecart, E. (2016). “Cambio de paradigma familiar: ‘El interés superior del niño y de la niña a tener una familia en base a vínculos afectivos y a su derecho de ser oído’”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 6, N° 2. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, pp. 31-41. DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2016-v6n2a02

CAMBIO DE PARADIGMA FAMILIAR: EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DE LA NIÑA A TENER UNA FAMILIA FUNDADA EN BASE A VINCULOS AFECTIVOS Y A SU DERECHO DE SER OIDO La capacidad de amar a los hijos, cuidarlos, protegerlos, respetar sus derechos y favorecer sus opciones de vida, no tiene relación con la identidad ni opciones sexuales de los padres. (Sentencia de primera instancia del Juzgado de Villarrica de 29 de octubre 2003:19). M a r ía E mi l ia E R R E C A R T 1

RESUMEN El presente trabajo ha tenido por objetivo identificar las transformaciones que ha experimentado la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad producto de su adaptación al contexto socio-cultural en el que se desenvuelve. Un factor influyente de este cambio paradigmático, objeto de análisis en el presente artículo, fue el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos concretos, materializado legislativamente a partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicha Convención resulta imperativa para aquellos Estados que la han ratificado, estando obligados en sus sistemas nacionales de promoción y protección a garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser cuidados en un ámbito familiar y comunitario, sin ser objeto de injerencias y discriminación por el modelo familiar que le ha brindado un adecuado acogimiento. PALABRAS CLAVES: Derechos del Niño, Familia, Sistemas de Protección.-

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Abogada. Graduada UNLPam. Correo: mariaemiliaerrecart@gmail.com

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ABSTRACT The present work has aimed to identify the transformations that the family has experienced as a natural and fundamental element of the society, as a result of its adaptation to the socio-cultural context in which it develops. An influential factor of this paradigmatic change, subject under analysis in the present article, was the recognition of children as subjects of concrete rights, legally excercised after the sanction of the Convention on the Rights of the Child. This Convention is imperative for those States that have ratified it and are required to reflect it in their national systems of promotion and protection, to guarantee the right of children and adolescents to be raised in a family and community environment, without being subject of any interference and discrimination by the family model that has given him an adequate care. KEY WORDS: CHILD RIGHTS, FAMILY, PROTECTION SYSTEMS. CAMBIO DE PARADIGMA FAMILIAR La noción de familia tal cual la concebimos hoy en día es producto de un conjunto de transformaciones que ha experimentado la misma en el mundo occidental, constituyendo de este modo una de las manifestaciones más importantes del cambio social contemporáneo. El modelo de familia afianzado en la inmediata posguerra, ampliamente difundido bajo el rótulo de familia nuclear, fue cediendo espacio a una creciente diversidad de formas y estilos de vida familiares, lo que deviene como consecuencia de los cambios ocurridos en la formación y disolución de las familias y en la inserción laboral de las mujeres. (UNNICEF-UDELAR. 2003: 11).

Al lado de la familia nuclear “tradicional”, comenzaron a cobrar relevancia numérica y social, las familias monoparentales y las familias “reconstituidas o ensambladas”. A su vez, dentro de la modalidad de familia monoparental, ha cobrado relevancia en los últimos tiempos aquellas constituidas por las denominadas “madres solteras por elección”, fenómeno asociado a la confianza adquirida por las mujeres en los últimos años para afrontar la crianza de sus hijos en forma individual y no tener que depender de una pareja estable a fin de concretar su proyecto de vida.

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Por otra parte La creciente desinstitucionalización de la familia implicó que los vínculos familiares “de facto” le ganaran terreno a los lazos legales. Estas transformaciones se iniciaron en Europa y Estados Unidos a mediados de la década del sesenta e inicios de los años setenta, extendiéndose a la gran mayoría de los países occidentales en los últimos años del siglo XX (UNNICEF-UDELAR. 2003: 11, 12).

A estas diversas formas de vida familiar mencionadas, cabe agregar aquellas constituidas por personas de igual sexo, denominadas “HOMOPARENTALES”. Estas últimas plantearon un nuevo debate en el seno de la sociedad, en donde confrontaron los ideales religiosos de un sector social “conservador”, quienes pretenden imponer el modelo tradicional de familia como único concebible y los ideales de minorías sexuales, quienes pretenden con todo fundamento hacer valer los derechos que les fueran reconocidos internacionalmente. Pese a estos obstáculos, afortunadamente, el panorama social no fue desalentador, ya que en este último siglo la aceptación de las familias conformadas por personas de igual sexo resultó mayoritaria como consecuencia de la apertura socio-cultural que ha atravesado el mundo contemporáneo.

Cabe destacar que el avance legislativo experimentado en distintos países del mundo, ha tenido un rol fundamental en la aceptación e incorporación social de nuevos modelos de familia, incluidos aquellas compuestas por personas de igual sexo, mediante la sanción de leyes que consagran el matrimonio igualitario. Ejemplo de ello fue nuestro país, Argentina sancionó el 10 de julio del año 2010, la Ley 26.618, denominada Ley de matrimonio civil, que implicó un cambio revolucionario en la legislación nacional, dado que ya no se habla del requisito de ser hombre y mujer a los fines de contraer matrimonio, sino que hace referencia a la palabra “contrayentes” sin hacer alusión al sexo de los mismos, evitando de este modo toda forma de discriminación, adoptando legalmente un modelo amplio de familia. Dicha modificación se extiendo a lo largo de los articulados del Código Civil y Comercial vigente. De este modo se regulan nuevos modelos familiares, que desde el punto de vista de los Derechos del Niño prioriza ante todo – al menos desde el punto de vista legal- el interés superior de los niños y de las niñas a tener una familia en base a vínculos afectivos, dejando a un lado consideraciones biológicas y tradicionales arraigadas culturalmente. Al cambio de paradigma familiar cabe agregar el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos derechos concretos, como consecuencia de la adopción de

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la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto significa que a los niños, niñas y adolescentes les corresponden los mismos derechos, deberes y garantías que a los adultos, más otros derechos especiales2 . Por lo tanto tienen derecho a expresar su opinión y a ser oídos en las elecciones de vida familiar que estén controvertidos sus derechos. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DE LA NIÑA A TENER UNA FAMILIA Una vez descripto el cambio de paradigma familiar, y las motivaciones que llevaron al mismo, se pretende desarrollar en el presente trabajo la vigencia y exigibilidad del Derecho de los niños y las niñas a la protección y contención familiar, considerando los distintos vínculos afectivos posibles basados en la crianza y acompañamiento, y no como era en otras épocas en donde se priorizaba que el niño o la niña estarían mejor protegidos en sus derechos si era criado en el seno de una familia tradicional, constituida por un hombre y una mujer. El derecho a tener una familia del cual gozan los niños y las niñas como Derecho Humano fundamental, ya se encontraba reconocido indirectamente en la Resolución 217 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de Diciembre de 1948, más conocida como “Declaración Universal de los Derechos Humanos, que junto con los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforman la “Carta Internacional de los Derechos Humanos” 3. Sin embargo, es en el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño en donde expresamente retoma uno de los Principios consagrados por la Declaración de 1959, diciendo que: “Convencidos que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. De este principio se infiere claramente la prioridad de “VÍCULOS AFECTIVOS”, por sobre cualquier modelo familiar impuesto, basado en la no discriminación.

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Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional y la Provincial reconocen a los niños todos los derechos dispuestos por: la Convención sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos -ratificados por la República Argentina-, y los consagrados en la Constitución Nacional. 3 La expresión Carta Internacional de los Derechos Humanos es el conjunto de instrumentos internacionales integrado por: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), sus dos Protocolos Facultativos referidos al procedimiento de denuncias individuales y la abolición de la pena de muerte, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

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El derecho a tener una familia que poseen las niñas y niños como sujetos de derechos, tal como se estipula en la Convención sobre los Derechos del Niño marca un hito importante en la historia e implica cambios relevantes en las concepciones sobre la niñez y en las formas como se relaciona y actúa con ella desde los primeros años (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. 2013: 15). La Convención lleva a atender el interés superior del niño, lo cual en su sentido más profundo implica discutir acerca de la familia, de los derechos constitucionales, del respeto a la personalidad, de los derechos a jugar, a la salud, al acceso a la educación, a la protección de la maternidad, así como también de la obligación del niño a respetar la ley (Lucía Belaunzarán.2015:28).

Por otra parte, la CDN resulta obligatoria para los Estados que la han ratificado, y ellos son los principales garantes de los derechos, pero no los únicos: la sociedad y la familia son también responsables también de protegerlos y respetarlos. La CDN a lo largo de todo su articulado reconoce el interés superior de los niños y niñas a vivir en familia sin ser objeto de discriminación por las expresiones de sus padres, creencias religiosas, orientación sexual. Es tal la importancia que le otorga a la institución familiar que constituye una medida de extrema excepción la separación del niño con sus padres, solamente está previsto cuando median situaciones graves como violencia o abuso, caso contrario el Estado debe propiciar las herramientas para que las familias puedan afrontar el cuidado y protección de los niños y niñas, ya que es en la primera infancia de los niños y niñas cuando los padres, madres, cuidadores principales y familias en general hacen parte fundamental del proceso de su reconocimiento como sujetos de derechos. Este reconocimiento implica dejar de concebirlos como pequeños adultos, seres incompletos, a la espera de la acción de los mayores para ser desarrollados y, en consecuencia, “invisibles” por cuanto no existen por sí mismos sino en la medida de las decisiones que toman los adultos por ellos (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.2013:15).

En Argentina, como ejemplo de este criterio -de niños y niñas como objetos de derechos y no como sujetos- fue el régimen del “Patronato” (1919-2005) bajo el cual el Estado dispuso judicialmente de las vidas de niños y niñas que consideraba “en peligro”. La situación de pobreza y los conflictos familiares complejos era sinónimo de riesgo y eso constituía motivo suficiente para ser separados de sus familias, privados de sus derechos y alojados en institutos de menores. Sin embargo con el tiempo, los avances en el reconocimiento de los

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Derechos Humanos provocaron cambios en las ideas predominantes sobre la infancia. Se revisaron los conceptos que justificaban la Doctrina de la Situación Irregular y surgió al fin del Siglo XX un nuevo paradigma: la Protección Integral de los Derechos de la Infancia. Esto es: concebir a la niñez como una sola y al niño o niña como sujeto de derechos que deben ser garantizados por el Estado, a través de políticas públicas. ANALISIS DEL CAMBIO DE PARADIGMA FAMILIAR: FALLO ATALA RIFFO Y NIÑAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Los hechos del presente caso, permiten comprender el cambio de paradigma familiar desarrollado hasta el momento y por el que ha atravesado la sociedad latinoamericana en los últimos años. Si bien, los diferentes Estados americanos han adherido a numerosos instrumentos internacionales de Derechos Humanos que tienen como fin consagrar y priorizar la igualdad de trato y no discriminación, en los hechos, hay Estados que les resulta dificultoso cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales voluntariamente han adherido, un ejemplo de ello fue Estado de Chile, precisamente en el Caso ATALA RIFFO. El mismo planteó un fuerte debate como consecuencia del proceso de tuición iniciado por el padre de tres menores M., V y R, el señor Jaime LóPEZ, contra la señora Karen ATALA RIFFO, madre de las tres niñas, por considerar éste último que la orientación sexual de la madre y la convivencia con una pareja del mismo sexo produciría un daño a las menores si la custodia era entregada a ellas. Los argumentos utilizados por la defensa del Sr. LóPEZ no tuvieron un sustento jurídico válido, sino que utilizaban la discriminación como fundamento para obtener la tuición definitiva de sus hijas, que la Corte Suprema del Estado Chileno, le termina reconociendo, fundado en que el desarrollo físico y emocional de las niñas estaría en serio peligro de continuar bajo el cuidado de su madre, alegando que la señora ATALA no se encontraba capacitada para velar y cuidar de las tres niñas, dado que su nueva opción de vida sexual sumada a una convivencia lésbica con otra mujer, estaban produciendo consecuencias dañinas al desarrollo de estas menores. Además, argumentó que la inducción a darle normalidad dentro del orden jurídico a parejas del mismo sexo conllevaba a desnaturalizar el sentido de pareja humana, hombre mujer, y por lo tanto alteraba el sentido natural de la familia, pues afectaba los valores fundamentales de la familia, como núcleo central de la sociedad, por lo que la opción sexual ejercida por la madre alteraría la convivencia sana, justa y normal a que tendrían derecho las niñas. Por último, el señor LóPEZ arguyó que habría que sumar todas las consecuencias que en el plano biológico implicaría para las menores vivir junto a una

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pareja lésbica, pues en efecto sólo en el plano de enfermedades, éstas por sus prácticas sexuales estarían expuestas en forma permanente al surgimiento de herpes y al sida. (Resolución de la demanda de tuición provisoria por el Juzgado de Menores de Villarrica. 2003. Expediente de anexos a la demanda, tomo V, anexo 10, folios 2559 a 2567).

Estos argumentos no solo resultan nefastos por su alto contenido discriminatorio, sino además reflejan la ignorancia de la defensa del Sr. LóPEZ, a lo que se debe sumar un pensamiento totalmente retrógrado e inconcebible para el siglo en el que vivimos. La Sra. ATALA en su defensa indicó que los alegatos presentados en la demanda de tuición la conmovieron por su agresividad, el prejuicio, la discriminación, el desconocimiento del derecho a la identidad homosexual, por la distorsión en los hechos que exponía y, por último, por su desprecio al superior interés de sus hijas, y aseveró que las alegaciones que se hicieron de su identidad sexual nada tienen que ver con su función y rol como madre, y en consecuencia, debieran quedar fuera de la Litis (Contestación a la demanda de tuición. 2003. Expediente de anexos a la demanda, tomo V, anexo 2, folios 2507, 2513, 2516, 2521 y 2522).

Como consecuencia de esta clara violación a sus derechos fundamentales cometidos por el Estado Chileno a través del dictado de una sentencia de la Corte Suprema, en donde revoca las resoluciones de instancias anteriores en las que se le otorgaba el cuidado de las menores a la Sra. ATALA, -con fundamentos totalmente discriminatorios y carentes de contenido jurídico- motivo por el que la Sra. ATALA procede a denunciar al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al analizar el caso la Comisión tuvo que resolver, entre otros elementos, la responsabilidad internacional del Estado Chileno por el alegado trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la Sra. ATALA debido a su orientación sexual en el proceso judicial que culminó autorizando el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. Para estos efectos, la Corte interamericana analizó, entre otros, los argumentos expuestos por la sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria del Juzgado de Menores de Villarrica. La Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en base al análisis de situación, alegó que “existe un amplio reconocimiento en los Estados americanos en el sentido de que la discriminación con base en la orientación sexual se encuentra prohibida”. Argumentó que “la orientación sexual fue el sustento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile”.

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Los representantes señalaron que los Estados "suscribieron la Convención Americana con una cláusula abierta de no discriminación, por tanto no pueden ahora alegar que su nivel de desarrollo político social no les permite entender que se incluye la orientación sexual dentro de las razones prohibidas para discriminar". Indicaron que dicho “juicio de escrutinio no se realizó a la vida del Sr. LóPEZ, del que nada se sabe, cuestiona o investiga, o de sus habilidades parentales”. Por tanto, consideraron que “ese sólo hecho constituye un tratamiento diferenciado no contemplado en el derecho chileno, y claramente prohibido por el derecho internacional”. Además, alegaron que “la Corte Suprema de Chile creó una categoría de personas que por su sola naturaleza, sin importar su comportamiento, no serían hábiles para cuidar a sus propios hijos, equiparándolos con situaciones de maltrato y descuido”. La Corte Interamericana constata que el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. El Tribunal constata que la Corte Suprema de Justicia tomó se decisión en base a cuatro fundamentos directamente relacionados con la orientación sexual de la señora Atala: I) la presunta discriminación social que habrían sufrido las tres niñas por el ejercicio de la orientación sexual de la señora Atala; II) la alegada confusión de roles que habrían presentado las tres niñas como consecuencia de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo; III) la supuesta prevalencia que la señora Atala le habría dado a su vida personal sobre los intereses de sus tres hijas, y IV) el derecho de las niñas a vivir en el seno de una familia con un padre y una madre. La Corte Interamericana procedió a analizar dichos argumentos desvirtuándolos uno por uno. Respecto del primer argumento basado en la presunta discriminación, la Corte considera que, para justificar una diferencia de trato y la restricción de un derecho, no puede servir de sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social, probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesarias “para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención. Por otro lado, el argumento de que el principio del interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte considera que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un "daño" valido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación

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social es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor de edad. En cuanto a la alegada confusión de roles por convivir con su madre y su pareja, tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. Esto es especialmente relevante en un caso como el presente, teniendo en cuenta que la determinación de un daño debe sustentarse en evidencia técnica y en dictámenes de expertos e investigadores en aras de establecer conclusiones que no resulten en decisiones discriminatorias. En efecto, es el Estado el que tiene la carga de la prueba para mostrar que la decisión judicial objeto del debate se ha basado en la existencia de un daño concreto, específico y real en el desarrollo de las niñas. Los peritos Uprimny y Jernow citaron y aportaron una serie de informes científicos, considerados como representativos y autorizados en las ciencias sociales, para concluir que la convivencia de menores de edad con padres homosexuales no afecta per se su desarrollo emocional y psicológico.4 La Corte Interamericana concluye que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y específico supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. Además, el Tribunal considera que, en el caso concreto, el hecho de vivir con su madre y su pareja no privaba a las niñas del rol paterno, por cuanto el objeto del proceso de tuición no implicaba que el padre hubiera perdido el contacto con ellas. En cuanto al privilegio de intereses. La Corte Suprema indicó en su sentencia que “no es posible desconocer que la madre de las menores de edad, al tomar la decisión de explicitar su condición homosexual, como puede hacerlo libremente toda persona en el ámbito de sus derechos personalísimos en el género sexual, sin merecer por ello reprobación o reproche jurídico alguno, ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que llevaba a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de éstas”. Sin embargo, frente a este descargo la Corte Interamericana consideró necesario recalcar

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Dichos estudios concuerdan en que: i) las aptitudes de madres o padres homosexuales son equivalentes a las de madres o padres heterosexuales; ii) el desarrollo psicológico y el bienestar emocional de los niños o niñas criados por padres gays o madres lesbianas son comparables a los de las niñas o los niños criados por padres heterosexuales; iii) la orientación sexual es irrelevante para la formación de vínculos afectivos de los niños o las niñas con sus padres; iv) la orientación sexual de la madre o el padre no afecta el desarrollo de los niños en materia de género respecto a su sentido de sí mismos como hombres o mujeres, su comportamiento de rol de género y/o su orientación sexual, y v) los niños y las niñas de padres homosexuales no son más afectados por el estigma social que otros niños.

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que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. Por lo que no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. El fundamento basado en el derecho a una familia normal y tradicional. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló que se desconoció “el derecho preferente de las menores de edad a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es propio”. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. En ello es coherente la jurisprudencia internacional. En síntesis, la Corte Interamericana luego de refutar cada una de los argumentos esgrimidos por la CSJ del Estado Chileno, concluye que si bien la sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la protección del interés superior de las niñas M., V. y R., no se probó que la motivación esgrimida en las decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que la CSJ y el Juzgado de Menores de Villarrica no comprobaron en el caso concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de manera negativa el interés superior de las menores de edad y, por el contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para fundamentar la decisión, por lo que dichas decisiones constituyen un trato discriminatorio en contra de la señora Atala. Por tanto, la Corte Interamericana declara que el Estado Chileno vulneró el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo. BIBLOGRAFÍA • CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2012): Caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”. • INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIñO, LA NIñA Y ADOLESCENTES. (2013): Lineamiento sobre Promoción de Capacidades de Cuidado y Crianza en la Familia: 15. En http://iin.oea.org/.

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Consulta 3 de Septiembre 2016.• LUCÍA BELAUNZARáN. (2015): Niñez y derechos humanos: herramientas para un bordaje Integral. 1a Ed . - La Plata: Universidad Nacional de La Plata.• UNNICEF-UDELAR. (2003): Nuevas Formas de Familia, Perspectivas Nacionales e Internacionales. En http://files.unicef.org/uruguay/spanish/libro_familia.pdf. Consulta día 3 de septiembre de 2016.-

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Zaikoski, D. (2016). “La recomendación general 33 del Comité Cedaw como estándar del acceso a la justicia de mujeres y niñas”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 6, N° 2. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, pp. 43-59. DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2016-v6n2a03

LA RECOMENDACIÓN GENERAL 33 DEL COMITÉ CEDAW COMO ESTÁNDAR DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE MUJERES Y NIÑAS D a n i e l a M . J. Z A I K O S K I B I S C AY 1

Resumen El estudio del problema de la igualdad y la no discriminación contra las mujeres es relativamente reciente y corresponde al desarrollo que han tenido los derechos humanos en general y la mayor visibilización de las violencias y discriminaciones contra las mujeres ocurrido en las últimas décadas. Si bien la cuestión de los obstáculos y barreras que afrontan las mujeres para acceder a la justicia ha sido ampliamente estudiado en nuestro país, aún subsisten serias desigualdades y discriminaciones para el ejercicio de los derechos. Es por ello que en este artículo nos proponemos hacer un breve comentario a la Recomendación n° 33 del Comité Cedaw ya que creemos puede contribuir a una mayor visibilización del problema del acceso a la justicia con perspectiva de género en todas las áreas del derecho. Palabras clave: Recomendación General 33 – CEDAW – acceso a la justicia – género Abstract The study of the problem of equality and non-discrimination against women is relatively recent and corresponds to the development of human rights in general and the greater visibility of violence and discrimination against women in recent decades. Although the issue of obstacles and barriers faced by women to access justice has been widely studied in our country, serious inequalities and discrimination still exist for the exercise of rights. It is for this reason that in this article we intend to make a brief comment on Recommenda-

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Abogada (UNLP). Especialista en Derecho Público (UNC) y Magíster en Sociología Jurídica (UNLP). Docente de la Facultad de Cs Económicas y Jurídicas, UNLPam. Correo: danizetabe@gmail.com

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tion 33 of the CEDAW Committee as we believe it can contribute to a greater awareness of the problem of access to justice with a gender perspective in all areas of law. Key words: General Recommendation 33 – CEDAW – Access to justice - gender I). INTRODUCCIÓN En este artículo nos proponemos hacer un breve comentario a la Recomendación n° 33 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw) (en adelante RG 33) ya que creemos puede contribuir a una mayor visibilización del problema del acceso a la justicia con perspectiva de género en todas las áreas del derecho. La aprobación de esta recomendación relativa al acceso a la justicia tiene una significación muy especial en un país como Argentina en el que los derechos humanos, más particularmente los de las mujeres y niñas, sufren avances y retrocesos cíclicos a contramano de los principios interpretativos de no regresividad o progresividad, indivisibilidad e interdependencia y pro persona2 . Si bien la cuestión de los obstáculos y barreras que afrontan las mujeres para acceder a la justicia ha sido ampliamente estudiado en nuestro país, aún subsisten serias desigualdades y discriminaciones para el ejercicio de los derechos. En tal sentido, tanto en el sistema interamericano3 como en el internacional existen varios documentos especialmente dedicados al acceso a la justicia de mujeres y niñas, entre los que recientemente se encuentra la RG 33. Este instrumento principalmente se enfoca en abordar las violencias y las discriminaciones de las mujeres y de las niñas como así también a establecer estándares y mínimos normativos cuyo cumplimiento y aplicación deviene insoslayable por las autoridades estatales y por los operadores jurídicos. En ese sentido, el Comité Cedaw como órgano del tratado se constituye en una pieza fundamental para mantener actualizada la interpretación de los postulados de la convención. 2

La no regresividad se entiende en relación al principio de progresividad y ésta se refiere a los avances paulatinos en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar las condiciones de ejercicio de los derechos humanos. La indivisibilidad se relaciona con la interdependientes y derivan de una noción de integralidad en el goce y ejercicio de los derechos humanos. La indivisibilidad implica que todos los se vinculan a un mismo corpus de principios de la misma jerarquía, mientras que la interdependencia resalta la interrelación de un derecho con otro. El principio pro homine, que Salvioli (2003) prefiere llamar pro persona, es aquel que según Pinto (2004 [1997 ]) como criterio hermenéutico informa todo el derecho de los derechos humanos y que indica que por regla se debe acudir a la norma más amplia o a una interpretación extensiva de la misma. 3 Véase a título de ejemplo: OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68 (20 enero 2007). Acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de violencia en las Américas, 2007.

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II). LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN COMO CUESTIONES POLÍTICAS El estudio del problema de la igualdad y la no discriminación contra las mujeres es relativamente reciente y corresponde al desarrollo que han tenido los derechos humanos en general y la mayor visibilización de las violencias y discriminaciones contra las mujeres ocurrido en las últimas décadas. Heim, Casas Vila y Bodelón (2012:106) señalan que: “En las últimas cuatro décadas, los estudios se han interesado en las instituciones y en las prácticas y políticas de las administraciones públicas, especialmente cuando todavía no se habían aprobado instrumentos legales para regular derechos específicos de las mujeres”. Las autoras señalan que: afrontar el problema de las violencias contra las mujeres desde el punto de vista del rol de las instituciones representa en sí mismo una novedad histórica, resultado de una revolución epistemológica, una revolución en nuestra manera de mirar el mundo y de conocerlo. Se trata de una novedad, porque ha sido recientemente que la literatura científica se ha centrado en comprender cómo las instituciones sociales han contribuido a reforzar o, por el contrario, a deconstruir un orden social marcado por la desigualdad de género (Heim et al, ob.cit. 2012:106).

El nuevo campo de investigaciones que se abre entorno a los derechos de las mujeres desarrolló y, a la vez, es tributario de una serie de conceptualizaciones necesarias para politizar4 la cuestión de los derechos y más concretamente el acceso a la justicia y develar cómo quedan sujetas/sujetadas las mujeres en y por el derecho. El derecho puede contribuir a generar mayores niveles de justicia o al reforzamiento de estereotipos y posiciones subordinadas, es un lugar de luchas a la vez que un instrumento para llevarlas adelante (Smart, 2000:32/33). En ese sentido, según el Comité Económica para América Latina (CEPAL, 2006:153): Es ya un lugar común sostener que el reconocimiento y consagración de los derechos de la mujer –de las mujeres parece más propio decir- constituye una de las reivindicaciones democráticas actuales más importantes. Se trata del reconocimiento y consagración de esos derechos en todos los ámbitos de la vida social; se trata, por tanto, no solo de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, sino de construir una sociedad en la que las relaciones entre ambos géneros, en las diferentes actividades sociales,

4 Celia Amorós (2008) señala que conceptualizar es politizar. A través de esta operación de conceptualizar las violencias y discriminaciones contra las mujeres que hacen las feministas se logra visibilizar y problematizar el carácter estructural y no meramente anecdótico de esos fenómenos.

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políticas, económicas, laborales, agrarias, etc., sean equitativas. Un escenario privilegiado para el análisis e incorporación de esta reivindicación es, no cabe duda, el de la “Constitución Política del Estado”. Sea desde la óptica tradicional del pacto social o desde el enfoque sartoriano de la ingeniería constitucional, parece evidente que la mayor o menor vigencia real de la equidad de género estará también condicionada por la forma cómo se inserte el tema en el texto constitucional” (el resaltado está en el original).

Con esto queremos señalar que la problemática en torno al acceso a la justicia no es de mera gestión de las políticas administrativas, legislativas o judiciales. En la definición, conceptualización y enmarcamiento de la igualdad, no discriminación y violencias de género se juegan las distintas posiciones políticas de los actores sociales. Sin dudas, los conceptos de acceso a la justicia y perspectiva de género remiten a los componentes políticos de las relaciones sociales y las relaciones entre mujeres y varones están marcadas por la dominación/subordinación así como por la resistencia/empoderamiento. III). PERSPECTIVA DE GÉNERO y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES El concepto de perspectiva de género permite entender en qué medida las acciones y/o políticas públicas de los distintos poderes del Estado, en el caso del poder judicial, las políticas que implemente este poder del Estado deben tener en cuenta la situación de las mujeres. La primera referencia de especial relevancia para adoptar la perspectiva de género como corriente principal (mainstreaming5 o transversalización de género) en las políticas públicas lo hizo la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. A través de la perspectiva de género se puede: observar y comprender cómo opera la discriminación, pues aborda todos aquellos aspectos que tiene que ver con la condición social y económica de las mujeres y de los hombres, con el fin de favorecer iguales oportunidades para el acceso equitativo de recursos, servicios y derechos. Advertir y cuestionar el sexismo que está presente en todas las instituciones y actividades sociales, a la vez que propone acciones para enfrentarlo críticamente y erradicarlo. Hacer visibles las experiencias, perspectivas, intereses y oportunidades de las mujeres, con lo cual se pueden mejorar sustancialmente las políticas, programas y proyectos institucionales, así como las acciones 5 Para ampliar sobre mainstreaming, los usos y límites de la interseccionalidad puede verse Bárrere Unzueta (2010). Para profundizar sobre el significado y modelos de transversalización de género puede verse Borries Conca (2012).

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dirigidas a lograr sociedades equitativas, justas y democráticas (Di Liscia, Zandrino y Domínguez, 2009: 66).

Cuando se trata de violencias y discriminaciones contra las mujeres se debe ejercitar la denominada transversalización de género, término desarrollado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas y definido por Balaguer (2006:92) como: “… la transversalidad no es una medida de acción positiva más, sino la medida definitiva para la erradicación de la desigualdad de género, en cuanto que de su aplicación no se espera que la desigualdad disminuya, sino que definitivamente se erradique. En un plazo determinado de tiempo, las medidas de igualación necesariamente han de tener unos efectos de igualdad, y transcurrido un plazo, esa igualación se ha debido producir”. A través de la transversalización de la perspectiva de género como corriente principal de análisis se da cuenta de los impactos diferenciales de leyes, fallos, políticas públicas, etc. en la vida cotidiana de las mujeres. Si bien se ha pregonado la igualdad entre varones y mujeres, lo cierto es que el derecho impacta diferencialmente sobre estas últimas, cuestión que trae aparejado el problema de cómo las mujeres acceden a la justicia, en qué condiciones, bajo qué modalidades, con qué ventajas o dificultades. Existe una amplia bibliografía sobre el acceso a la justicia. Resaltando el carácter político del acceso a la justicia, Birgin y Kohen (2006:15/16) destacan que es: Un derecho humano fundamental en el sistema democrático que tenga por objeto garantizar los derechos de todos por igual. Cuando otros derechos son violados, constituye la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley…el Estado está obligado a proveer a los titulares de los derechos las condiciones necesarias para su ejercicio y a obligar a los particulares con tal provisión.

Por su parte, Botassi (2012) relaciona la amplitud de la problemática del acceso con las políticas públicas (de cualquiera de los poderes del estado y a cualquier nivel) y la rendición de cuentas y expresa que: El derecho humano fundamental de acceso a la justicia constituye el pilar de la paz social en la medida que permite dirimir los conflictos personales sin apelar a la violencia. Al mismo tiempo, en el plano de las relaciones entre el ciudadano y el poder, se erige como sostén del Estado democrático de derecho. A través del juicio administrativo (tradicionalmente llamado contencioso administrativo) resulta posible acudir a los jueces para revisar la conducta de los funcionarios públicos, exigir que rindan cuentas de sus actos y anular sus decisiones ilegales. Desde este ángulo el acceso al

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sistema de prestación jurisdiccional posee un valor agregado que va más allá de la posibilidad de resolver pacíficamente una contienda entre particulares, erigiéndose en un mecanismo de control social contra la corrupción política y en favor del buen gobierno6 (Botassi, 2012, 44/45).

En ese sentido, la idea de acceso a la justicia con perspectiva de género no se reduce al ámbito de lo judicial sino que abarca la posibilidad de control del diseño, implementación, ejecución y monitoreo de diversas políticas públicas. El acceso a la justicia como derecho humano fundamental posibilita la concreción de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y deja atrás la cómoda posición de que unos son operativos y exigibles y los otros no lo son7 . Este principio garantizado primigeniamente en el Preámbulo de la Constitución Argentina y plasmado en numerosos documentos internacionales es útil para advertir cuáles son los principales obstáculos que encuentran las mujeres en función del género y otras condiciones sociales -raza, nacionalidad, estado civil; cuestión que revela la existencia de múltiples y yuxtapuestas discriminaciones. Por ello, tomando en cuenta las diferencias y particularidades que las mujeres tienen como sujetos de derecho y la obligación de debida diligencia8 de los Estados de prevenir, sancionar, erradicar y reparar las violaciones de los derechos humanos a las mujeres se hace imprescindible que se empiecen a revisar y a reformular los conceptos jurídicos y que instrumentos que fijan estándares de acceso a los derechos sean conocidos y aplicados por los operadores. También se necesita que estas nuevas concepciones teóricas sean apropiadas por los órganos del Estado que están obligados legal y convencionalmente a evitar la violencia y la 6

El control social del que habla el autor puede operacionalizarse a través del concepto de rendición de cuentas para las cuales necesariamente se debe acceder a la información que produce o que debe producir el Estado para fundamentar las políticas públicas. Sin información los /as ciudadano/as no pueden controlar al Estado y en consecuencia, el Estado puede actuar arbitrariamente, lo que apareja impunidad, corrupción y falta de buen gobierno. 7 Lamentablemente la posición de los nuevos ministros del Corte Suprema parece ir a contrario sensu de esta posición amplia de la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC. Según el Informe CELS (2016:293): “En la audiencia pública del Senado por sus candidaturas, Rosenkrantz y Rosatti señalaron que los derechos económicos, sociales y culturales, si bien son exigibles en la justicia, no lo son de forma directa, sino luego de que el Poder Ejecutivo o el Legislativo establezcan condiciones para su ejercicio, por ejemplo, a través de leyes, reglamentos o políticas públicas. Para ellos, nada puede hacer el Poder Judicial si los otros poderes no establecen esas condiciones, lo que excluye del control de los jueces a las omisiones por falta de regulación. Sin embargo, no aclararon si existe un núcleo esencial exigible de un modo directo. Los candidatos no asumen un concepto de igualdad fuerte que tome en cuenta los estándares de protección de derechos humanos en materia de igualdad sustancial fijados por los órganos de interpretación y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos”. 8 La debida diligencia proporciona un marco para la acción mientras y al mismo tiempo es un criterio para determinar si el estado ha cumplido sus obligaciones, en este caso las dispuestas por la Convención de Belem do Pará de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias. Puede verse: Carin Benninger (2008): Due diligence and its application to protect women from violence, Ed. Martinus Nijhoff Publishers.

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discriminación contra las mujeres, es decir obligados a coadyuvar a la ampliación democrática de la ciudadanía. IV). LA RECOMENDACIÓN N° 33 DEL COMITÉ CEDAW La RG 33 está dedicada al acceso a la justicia y lo define como: El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la participación en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. A los fines de la presente recomendación general, todas las referencias a la “mujer” debe entenderse que incluyen a las mujeres y las niñas, a menos que se indique específicamente otra cosa (RG 33, parag 1).

El contexto de surgimiento de la recomendación queda evidenciado en el texto del documento cuando se afirma que: En la práctica, el Comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad, incluida una falta de protección jurisdiccional efectiva de los Estados partes en relación con todas las dimensiones del acceso a la justicia. Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación y las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. Todos estos obstáculos constituyen violaciones persistentes de los derechos humanos de las mujeres (RG 33, parag 3)

y se enfoca en que las discriminaciones sobre la base de los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género afectan particularmente a las mujeres y tienen efectos adversos sobre la capacidad

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de éstas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres. La RG 33 establece seis ejes interrelacionados entre sí: la justiciabilidad, la disponibilidad, accesibilidad, la buena calidad, la aplicación de recursos y la rendición de cuentas. (1) La justiciabilidad se refiere al acceso irrestricto de la mujer al sistema judicial u otros donde formular los reclamos en virtud del ejercicio de los derechos consagrados en la Convención. El acceso irrestricto no sólo implica gratuidad, sino que involucra aspectos como atención personalizada en razón de posibles combinaciones entre distintas discriminaciones que pueden sufrir las mujeres. Por ejemplo, puede estar previsto el patrocinio letrado gratuito, pero no contar el sistema judicial con traductores y cometerse una discriminación en razón del idioma que habla la litigante. Para que el acceso sea irrestricto es imprescindible que los servicios jurídicos o de otro tipo (servicios de acceso a la educación, a la salud, a la formación para el empleo, etc.) estén disponibles. (2) La disponibilidad significa que deben existir servicios jurídicos u otros en las distintas zonas del país (rurales y urbanas) que cuenten con mantenimiento y financiación de modo que por ejemplo las barreas geográficas disminuyan y que se eviten situaciones tales como diferentes calidades en los servicios. En las provincias geográficamente extensas y escasamente pobladas suele suceder que los servicios jurídicos o de otro tipo se concentran en las capitales o ciudades cabecera de departamento, con una lógica de distribución de los mismos centrada en la conveniencia del Estado y no de los ciudadanos y las necesidades de la población. (3) La accesibilidad. Este requisito se refiere a que los sistemas de justicia u otros sean seguros, se puedan costear y resulten físicamente accesibles a las mujeres, estén adaptados y apropiados a las necesidades de las mujeres (como por ejemplo, contar con salas de cuidado de niños/as cuando las mujeres deben ir a declarar o denunciar, contar con lactarios en el lugar del trabajo, etc.). La accesibilidad también implica que los servicios tengan en cuenta los factores interseccionales de discriminación que operan en casos de violencia de género. Entre otras sugerencias, la R 33 dispone que se provean servicios de los denominados one-stop centres o ventanillas únicas9 . En ese sentido, dice: Establezcan centros de acceso a la justicia, como “centros de atención integral”, que incluyan una gama de servicios jurídicos y sociales, a fin de reducir el número de pasos que deben realizar las mujeres para obtener acceso a la justicia. Esos centros deben proporcionar asesoramiento jurídico y asistencia, iniciar el procedimiento judicial y coordinar los servicios de apoyo para las mujeres en todas las esferas, como

9 Pueden verse recomendaciones y experiencias de implementar ventanillas únicas en ONU Mujeres http://www.endvawnow.org/es/articles/1094-invertir-en-ventanillas-unicas-para-satisfacer-las-multiples-necesidades-de-las-sobrevivientes.html del 10 de diciembre de 2016.

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la violencia contra la mujer, las cuestiones de familia, la salud, la seguridad social, el empleo, la propiedad y la inmigración. Esos centros deben ser accesibles para todas las mujeres, incluidas las que viven en la pobreza y/o en zonas rurales y remotas (R 33 parag 17 inc f ).

(4) La buena calidad se refiere a aspectos organizacionales y la institucionalidad en términos políticos de los poderes del estado, particularmente el poder judicial que debe prestar sus servicios de administración de justicia ajustándose a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad de modo que provean, de manera oportuna, recursos y soluciones apropiados y efectivos que luego se cumplan y den lugar a una resolución sostenible del conflicto y tengan en cuenta la perspectiva de género. La buena calidad implica la no impunidad es decir el cumplimiento del deber de debida diligencia relacionado con investigar y en su caso sancionar. En ese sentido, en el Informe del Secretario General de la ONU denominado Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer’ (2006) se enuncian una serie de pautas orientadoras dirigidas al sistema de administración de justicia. Allí se señala que: La experiencia que gradualmente se ha ido acumulando sugiere que, cuando se aplican determinados principios, las leyes tienen mayores posibilidades de enfrentar eficazmente la violencia contra la mujer. Dichos principios son los siguientes: Tratar a la violencia contra la mujer como una forma de discriminación por motivos de género, vinculada con otras formas de opresión de las mujeres, y como una violación de los derechos humanos de las mujeres, Expresar claramente que la violencia contra la mujer es inaceptable y que su eliminación es una responsabilidad pública, Monitorear la aplicación de las reformas jurídicas para evaluar en qué grado están funcionando bien en la práctica, Examinar constantemente las normas legislativas y seguir reformándolas a la luz de la nueva información y de los avances de la comprensión, Garantizar que las víctimas/sobrevivientes de la violencia no vuelvan a ser victimizadas por el proceso judicial, Promover el poder de acción de las mujeres y empoderar a las mujeres que sean víctimas/sobrevivientes de la violencia, Promover la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, Tener en cuenta la diferente incidencia de las medidas relativas a las mujeres según la raza, la clase, el origen étnico, la religión, la discapacidad, la cultura, la condición de indígenas o migrantes, la condición jurídica, la edad o la orientación sexual” (ONU, 2006, parag 293).

(5) La aplicación o suministro de recursos es otro de los requisitos mencionados en la R 33 para que los sistemas de justicia u otros ofrezcan a las mujeres una protección viable

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y una reparación10 significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido. Respecto de proveer o suministrar servicios o recursos, en el marco del sistema internacional11 , el documento El progreso de las mujeres en el mundo. En busca de la justicia - 2011-2012 (ONU Mujeres, 2011: 15) señala que: Para lograr que los sistemas judiciales respeten los derechos de las mujeres, ya sea por medio de una reforma legal, asistencia jurídica, ventanillas únicas o capacitación de quienes imparten justicia, se requiere inversión. Cuando reconocen la importancia del fortalecimiento del estado de derecho, los gobiernos invierten fondos considerables en el desarrollo del poder judicial y en derechos humanos. Sin embargo, el financiamiento de iniciativas para la igualdad de género sigue siendo bajo.(ONU, 2011, 15).

La provisión de recursos o servicios en estrecha relación con la calidad debe estar orientada a una comprensión del impacto diferencial de las violencias sobre las mujeres, en un enfoque que sea integral y tome en cuenta a las víctimas, los autores de las violencias, los niños y su entorno social más amplio. Los recursos y servicios deben evitar la victimización secundaria, propender a la autonomía e independencia económica de las mujeres. (6) Por último, el Comité Cedaw introduce un requisito de suma relevancia para el control y el monitoreo cual es la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Consideramos que es importante la rendición de cuentas12 porque se relaciona con el control que los/as ciudadanos/as pueden hacer de la efectividad y resultados de los mecanismos de acceso a la justicia. La rendición de cuentas se relaciona con el derecho de acceso a la información pública, a saber y tener conocimiento sobre los derechos que les asisten a las mujeres y niñas, cuáles o dónde se encuentran los servicios a los que pueden recurrir y qué disponibilidad y accesibilidad tienen estos recursos.

10 En el ámbito regional la obligación de reparar está prevista en la Convención de Belem do Pará. Según la Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence A Practitioners’ Guide (2016:73/74) de la Comisión Internacional de Juristas, la reparación a que tienen derecho las víctimas consiste en cinco aspectos: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 11 En el sistema americano también se ha hecho notar el problema del financiamiento y bajo presupuesto a las políticas de acceso a la justicia para mujeres. Así el documento Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas de la Organización de Estados Americanos (2007) ha señalado que: “El deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a una disponibilidad formal, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas” (OEA, 2007, pág. viii) destacando que “…existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Si bien la Comisión reconoce los esfuerzos de los Estados por adoptar un marco jurídico y político que permita abordar la violencia contra las mujeres, aún persiste una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva” (ídem, ob.cit. pág. viii) y que “…un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas” (ídem, pág. 3). 12 Para revisión de cuentas puede verse e informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Los derechos reproductivos son derechos humanos, a cargo de Alda Facio.

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Finalmente, la rendición de cuentas se relaciona con la creencia de la efectividad de los mecanismos de justicia y en ese sentido, es fundamental revertir la desconfianza de las mujeres en los servicios, en los operadores. La Organización de Estados Americanos ha corroborado “…la baja utilización del sistema de justicia por parte de las víctimas de violencia contra las mujeres y su persistente desconfianza en que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos sufridos” (OEA, 2007, parag. 172) y la Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence A Practitioners’ Guide (2016:73/74) de la Comisión Internacional de Juristas menciona en varias oportunidades el problema de la falta de confianza y credibilidad de las mujeres en la policía y otros operadores así como la sensación de aquellas de ser estigmatizadas, victimizadas, discriminadas o su miedo a no ser creíbles en las instancias judiciales. En el parag 28 de la RG 33 se dice que: Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los supervivientes.

Esta mención implica repensar las políticas de reclutamiento y capacitación de los efectores legales (abogados, estudiantes, la mayor representatividad de las mujeres en el sistema de justicia y la diversidad, la policía y otras fuerzas d seguridad entre otros actores)13. Por otra parte, puede decirse sin temor a dudas que, en términos políticos es fundamental poner de relieve que la desigualdad de género se intersecta con otras formas de discriminación obstaculizando o directamente impidiendo el acceso a la justicia. V). LA INTERSECCIONALIDAD14 EN LA RECOMENDACIÓN N° 33 La discriminación ha sido definida como “… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (CEDAW, art. 1).

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Ver parágrafos 26 a 35 de la RG 33. Para una progresión en la incorporación de la noción de interseccionalidad en el derecho y las políticas de igualdad, puede verse Bárrere Unzueta (2010).

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Este es un concepto que tuvo su origen en la consideración de un solo factor de discriminación (single approach) o, en su caso, en considerar más de un factor de discriminación pero de forma separada. A partir de un artículo de Crenshaw15 , el concepto de interseccionalidad empezó a ser discutido y problematizado tanto en los ámbitos académicos como de los movimientos sociales de derechos humanos. Puede sostenerse que el complejo fenómeno de las barreras al acceso a la justicia basadas en discriminaciones múltiples, superpuestas o combinadas se explica utilizando el concepto de interseccionalidad. El Comité de la CEDAW ha destacado la necesidad de que los Estados partes reconozcan y respondan a las identidades interseccionales de las mujeres mediante acciones específicas para eliminar cualquier tipo de discriminación basada en estas identidades, incluso mediante la adopción y aplicación de políticas y programas apropiados. La noción de interseccionalidad fue abordada por el Comité en la Recomendación 28 del año 2010, allí sostuvo que: La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados partes en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. También deben aprobar y poner en práctica políticas y programas para eliminar estas situaciones y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación general Nº 25 (Recomendación 28 del Comité Cedaw, parag. 18).

Este concepto permite hacer una reflexión más amplia y un cuestionamiento a la forma en que se interpretan y se organizan los instrumentos de protección contra la discriminación en el sistema de protección de los derechos humanos. Según la Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence A Practitioners’ Guide (2016: 24/25) ha señalado que la interseccionalidad16 es un término desarrollado por el discurso 15

Kimberlé Crenshaw (1991): Mapping de margins: Intersectionality, identities politics and violence against women of colors. Stanford Law Rewiew, pp. 16 Traducción de la autora.

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de los derechos humanos para expresar el hecho de que las personas están sujetas a una variedad de tratos desigualitarios que involucran varias aspectos de su identidad. Estas formas de desigualdad que concurren y se combinan en situaciones de discriminaciones requieren de políticas adecuadas que tomen en cuenta: la pertenencia étnica/raza; pertenencia a un grupo indígena, el estatus socio-económico, las barreras lingüísticas, la religión o creencias, el origen nacional, el estado civil, la procedencia urbana o rural, y la barrera geográfica, la salud, la discapacidad, la propiedad, el ser lesbiana, bisexual, transgénero o intersex, la situación de trata y de conflicto armado, el analfabetismo, si la mujer está buscando asilo, es desplazada o migrante, jefa de familia, tiene sida, está privada de su libertad, en situación de prostitución o estigmatizada por luchar por los derechos de otras personas incluso si está embarazada, entre otros aspectos que pueden concurrir interseccionalmente a la discriminación. Según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM, 2014) se denomina ‘discriminación interseccional’ a aquella situación en la que varios motivos de discriminación confluyen simultáneamente dando lugar a una discriminación específica, que no puede ser entendida si los distintos factores de discriminación no hubieran operado de manera concurrente. Como ya se expuso, el Comité Cedaw utiliza la categoría de interseccionalidad para explicar las diversas y yuxtapuestas discriminaciones que sufren las mujeres y la RG33 diagnostica los principales problemas de acceso presentes en los distintos sistemas jurídicos, cuasi jurídicos, de resolución alternativa de conflictos y los sistemas de justicia no oficiales. VI). EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL DERECHO SEGÚN LA R33 En la RG 33 el Comité sugiere enmiendas y modificaciones legales o de otro tipo en áreas como el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho penal y los derechos administrativo, social y laboral así como también ofrece pautas para orientadas a promover nuevas elucidaciones de las violencias y discriminaciones para el cambio cultural. Para el área del derecho constitucional la RG 33 recomienda que los Estados parte proporcionen protección constitucional explícita para la igualdad sustantiva y la no discriminación en las esferas pública y privada y en todos los ámbitos del derecho, incorporen plenamente el derecho internacional de los derechos humanos en sus marcos constitucionales y creen las estructuras necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de acceso a la justicia. Para el derecho civil, la RG 33 recomienda que se eliminen todos los obstáculos basados

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en el género que impiden el acceso a los procedimientos del derecho civil, como por ejemplo, que las mujeres necesiten permiso de las autoridades judiciales o administrativas o de miembros de la familia antes de iniciar acciones judiciales, obstáculos al acceso a la propiedad o para la igualdad contractual incluso aquellos impedimentos relacionados con el estado civil. Cabe aclarar que el derecho positivo de nuestro país no contiene discriminaciones de iure respecto del reconocimiento y ejercicio de estos derechos, sin embargo algunas prácticas sociales y judiciales suelen no reconocerlos plenamente17 . En cuanto al derecho de familia, la RG 33 sugiere la adopción de la igualdad de los cónyuges en el derecho positivo, que consideren la creación de mecanismos de derecho de familia que tengan perspectiva de género cuando se trata del divorcio, la restitución de bienes, la herencia, la custodia de los hijos y que aseguren la compatibilización de distintos sistemas jurídicos oficiales y no oficiales garantizando que los tribunales estatales revisen las decisiones de la justicia no formal. Con mayor detalle el parágrafo 51 la RG 33 dedica una serie de recomendaciones relativas al derecho penal, entre las que se encuentra el cumplimiento de la debida diligencia, que las normas se ajusten a los intereses de las víctimas, que se tomen medidas eficaces para la protección de las mujeres, que se tomen medidas que alienten a las mujeres a reclamar sus derechos, que los Estados revisen las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, garanticen un juicio justo a las mujeres y que mejoren las respuestas del sistema penal a la violencia en el hogar, que cese la discriminación de las mujeres por la tipificación de conductas que solo ellas pueden cometer, como por ejemplo la cuestión del aborto, entre otras, recomendaciones efectuadas. En cuanto a los derechos administrativo, social y laboral la RG 33 señala que debe garantizarse a las mujeres la disponibilidad y el acceso a mecanismos y recursos judiciales y cuasi judiciales y que las leyes administrativas, sociales y laborales deben considerar especialmente los servicios de salud, el derecho a la seguridad social, las relaciones laborales y la igualdad de remuneración, la igualdad de oportunidades de ser contratada y ascendida, la igualdad de remuneración para funcionarios públicos, el acceso a la vivienda y zonificación de las tierras, el acceso a donaciones, subsidios y becas, a la representación política y la gobernanza de los recursos de la Internet, así como considerar situaciones de migración y asilo. La RG 33 también se ocupa de los procesos alternativos de solución de controversias y expresa que muchas jurisdicciones han adoptado sistemas obligatorios u optativos para

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Al respecto es conocido que la igualdad contractual en el ámbito laboral no existe plenamente para las mujeres, quienes ocupen puestos más bajos y ganan menos salarios por iguales trabajos. Ello a su vez, implica que el acceso a la propiedad no sea igualitario.

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la mediación, la conciliación, el arbitraje u otros. Señala que aunque esos procesos pueden ser más flexibles y evitar demoras o costos, también pueden producir nuevas formas de discriminación, sobre todo pueden proveer de impunidad a los perpetradores debido a que quienes operan estos procedimientos alternativos pueden actuar en base a valores patriarcales. Es por ello que el Comité Cedaw recomienda que las mujeres sean informadas sobre estas alternativas, se les garantice que estos métodos no sean restrictivos de sus derechos y que la violencia doméstica no sea susceptible de estar incluida en estos procedimientos. La Rg 33 alienta a crear y sostener oficinas de derechos humanos y defensorías populares mientras que sugiere que se compatibilicen los sistemas de justicia oficial y no oficial. VII). PALABRAS FINALES Si bien la problemática de las violencias y discriminaciones contra las mujeres y las niñas es una preocupación constante de legisladores, expertos, cientistas y de la sociedad civil, existen causas profundas de desigualdad estructural que explican la subsistencia de tales discriminaciones y violencias. éstas se manifiestan en la persistencia de diversas barreras para el acceso efectivo a la justicia, situación que se agravad ante las recurrentes violaciones a las obligaciones de debida diligencia a cargo de los Estados. Por ello, es convocante la RG 33 que dispone que los Estados deben contar con: “Un conjunto de recursos humanos sumamente calificados, en combinación con recursos técnicos y financieros adecuados, es esencial para garantizar la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuentas de los sistemas de justicia y suministro de recursos para las víctimas” (parág. 38). El análisis del derecho y de las prácticas socio-jurídicas bajo el prisma de una metodología basada en los distintos componentes del derecho teniendo en cuenta los estándares mínimos de acceso a la justicia que dispone la RG 33 puede servir de guía para el diseño, implementación y medición del impacto de diversas políticas judiciales u otras para la promoción y facilitación del acceso a la justicia de mujeres y niñas. La idea de interseccionalidad puede coadyuvar a comprender la incidencia de las barreras de acceso en distintas políticas públicas así como contribuir a la búsqueda de mejores explicaciones cuando se trata de entender el fenómeno de las violencias contra las mujeres y el modo deficitario de abordaje, tratamiento e intervención que la violación de su derechos humanos tienen en el sistema jurídico. La RG 33 invita a reflexionar sobre los múltiples factores de discriminación que pueden converger e impactar en una situación determinada, conlleva el ejercicio de pensar si las

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distintas formas de explotación e injusticia estén tematizadas y son objeto de problematización, en su caso cómo se razona y argumenta en favor de mayores niveles de igualdad y no discriminación para las niñas y mujeres, en definitiva: cómo ayudan el derecho y los operadores a visibilizar las causas y los efectos de las lógicas, los discursos y las prácticas discriminatorias en el acceso a la justicia. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Amorós, C. ‘Conceptualizar es politizar’ en Laurenzo, Patricia et al (2008): Género, violencia y derecho. Editores del Puerto, Buenos Aires, pp. 3-11. Balaguer, M. L. (2005): Mujer y Constitución. La construcción jurídica del género. Ediciones Cátedra: Madrid. Bárrere Unzueta, M de los A. (2010). La interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las políticas públicas, en R.V.A.P. núm 87-88/2010, pp.225-252. Benninger, C. (2008): Due diligence and its application to protect women from violence, Ed. Martinus Nijhoff Publishers. Birgin, H. & Kohen, B. (comp.) (2006). Acceso a la Justicia como garantía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires: Biblos. Botassi, C. A. (2009): El acceso a la justicia en el proceso administrativo bonaerense. En Revista Derecho y Ciencias Sociales Instituto de Cultura Jurídica N° 6 La Plata ISSN 18530982 pp 43-56. CELS (2016) Informe Derechos Humanos en la Argentina, disponible en http://www.cels.org.ar/especiales/informe -anual-2016/wpcontent/uploads/sites/8/2016/06/IA2016-09-acceso-a-la-justicia.pdf CEPAL (2006) Unidad Mujer y Desarrollo, Corte Nacional Electoral, área de Educación Ciudadana, Reunión de Santa Cruz de la Sierra, 21, 22 y 23 de febrero de 200: Seminario Internacional: “Reformas Constitucionales y Equidad de Género”. El Enfoque de Género en el Derecho Constitucional Comparado en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/25599/lcl2489e.pdf CLADEM (2014). Discriminación múltiple, interseccionalidad e igualdad multidimensional en el marco de los derechos humanos. Avances conceptuales y su impacto en el ‘advocacy’ y el litigio. CLADEM, Boletín del Programa de Formación Nº2, Año 2 - Diciembre 2014. Comisión Internacional de Juristas (2016): Women’s Access to Justice for Gender-Based Violence A Practitioners’ Guide en https://www.icj.org/womens-access-to-justice-for-gender-based-violence-icj-practitioners-guide-n-12-launched/ Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Colour. En Stanford Law Review, n.º 43, 6, pp. 1241-1299.

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Parodi, C. A. (2016). “El sistema presidencial argentino: bases para la innovación institucional en el S. XXI”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 6, N° 2. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, pp. 61-82. DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2016-v6n2a04

EL SISTEMA PRESIDENCIAL ARGENTINO: BASES PARA LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL EN EL SIGLO XXI Cr i s ti an Ad r iá n PA R O D I 1

Resumen En el presente trabajo, se abordará el debate entre el sistema parlamentario y el presidencial en el diseño institucional de la Argentina, las características generales de cada uno de ellos y las ventajas y desventajas que presenta el presidencialismo, según las opiniones de distintos especialistas. Se mencionarán los anhelos y objetivos de la convención constituyente de 1994 y los resultados prácticos obtenidos en la reforma constitucional, haciendo hincapié en la figura del Jefe de Gabinete y los poderes legislativos otorgados al Poder Ejecutivo. Luego de evaluar el diseño institucional argentino, y las distintas opiniones y variantes que propone la doctrina, se hará una breve conclusión al respecto. Abstract In the present work, we will see the debate between the parliamentary and presidential system in the institutional design of Argentina, the general characteristics of each one of them and the advantages and disadvantages presented by presidentialism, according to the opinions of different specialists. We will mention the yearnings and objectives of the 1994 constitutional convention and the practical results obtained in the constitutional reform, with emphasis on the figure of the Chief of Cabinet and the legislative powers granted to the Executive Branch. After evaluating the Argentine institutional design, and the different opinions and variants proposed by the doctrine, we will make a brief conclusion on this.

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Abogado, graduado UNLPam. Correo: gatoparodi@gmail.com

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Palabras Claves Presidencialismo – Parlamentarismo – Poder Ejecutivo – Poder Legislativo – Democracia. 1. Introducción A más de veinte años de la reforma constitucional de 1994, el desarrollo de la vida institucional del país ha dejado en evidencia las virtudes y desaciertos de las modificaciones introducidas a la Constitución Histórica de 1853/60. La reforma, fruto del acuerdo de los dos partidos mayoritarios – Partido Justicialista y Unión Cívica Radical – en el denominado “Pacto de Olivos”, surgió de dos necesidades coyunturales: la del, por entonces, Presidente Carlos S. Menem urgido por mantenerse en el Poder Ejecutivo mediante la incorporación de la reelección inmediata, hasta entonces vedada por la Constitución de 1853, y la de Raúl R. Alfonsín que expresaba la conveniencia de llegar a un acuerdo en condiciones mas ventajosas para el partido centenario e incorporar algunas de las propuestas elaboradas por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, con la finalidad de atenuar el presidencialismo. El acuerdo se plasmó en el Núcleo de Coincidencias Básicas, aprobado por Ley N° 24309. Entre las virtudes, se podrían citar, la incorporación de nuevos derechos y garantías, el otorgamiento de rango constitucional a instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y la incorporación de nuevos mecanismos de control. Entre las deficiencias destaca que la reforma, cuyo fin expresaba la idea de atenuar el presidencialismo mediante la incorporación de instrumentos provenientes del sistema parlamentario como es el Jefe de Gabinete, en verdad, terminó alimentando al hiperpresidencialismo. Conspiraron para la deformación del Poder Ejecutivo la inclusión del veto parcial, la posibilidad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, las fallas en el diseño del Jefe de Gabinete y la citada reelección directa e inmediata. Más allá de la consolidación de la democracia operada en más de treinta años de gobiernos constitucionales -sin interrupciones autoritarias- hoy en día, como entonces, se plantea la necesidad de revalorizar al Poder Legislativo, como espacio de debate y formulación de políticas públicas, y del Poder Judicial, pensado originalmente como poder contramayoritario, para someterlo a pautas democráticas, sin que ello afecte la idoneidad e independencia con la que debe operar. En este artículo, se pretenden identificar la ideas-fuerza en pugna en la Reforma del 1994, y que, siguen encendiendo el debate doctrinario respecto de la “ingeniería institucional” adecuada para asegurar la estabilidad, la legitimidad y la calidad del sistema democrático. En ese sentido, y lejos de llegar a una definición que zanje la cuestión, Presidencialistas y Parlamentaristas continúan en disputa.

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2. Presidencialismo y Parlamentarismo: características generales Como características generales de los regímenes presidencialistas se pueden enumerar que el jefe del ejecutivo es electo popularmente; los mandatos del jefe del ejecutivo y la asamblea (Poder Legislativo) no están sujeto a la confianza mutua, y que el jefe del ejecutivo define la composición del gobierno y lo dirige, y posee alguna facultad legislativa otorgada constitucionalmente. (J. Carey, 2006). Bajo el presidencialismo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son elegidos separadamente, por un mandato fijo y el Presidente tiene poderes sustanciales sobre la rama ejecutiva – ministerios- y el proceso legislativo (veto y promulgación de leyes). Se recuerda que el nacimiento del constitucionalismo en Estados Unidos, y con él, el del presidencialismo, no estuvo exento de polémicas. Es célebre la disputa entre Alexander Hamilton, dispuesto a otorgarle un papel protagónico al Poder Ejecutivo, y James Madison quién consideraba que un Ejecutivo poderoso podría llegar a desestabilizar el delicado balance que se pretendía lograr entre las distintas ramas de gobierno (Gargarella, 2000). A pesar de ello, se dejaron en manos del Poder Ejecutivo tareas de primera importancia, como es la designación de los funcionarios más importantes del gobierno, el control de la política exterior de la Nación, la Jefatura de las Fuerzas Armadas, y algunos poderes judiciales excepcionales como el de revisar ciertas penas. En cuanto a las funciones legislativas, se le otorgó el poder de veto que representaba una garantía contra la aprobación de “leyes impropias”. El modelo del constitucionalismo norteamericano fue crucial para la tradición constitucional latinoamericana, no solo en la ingeniería institucional -salvo en breves períodos parlamentarios, todos la países latinoamericanos siguieron los lineamientos del presidencialismo -, sino también en concebir a la Constitución como una herramienta valiosa en la lucha contra los graves problemas sociales que afectaban a la incipiente Nación (Gargarella, 2014). Sin embargo, el hiper – presidencialismo latinoamericano, a diferencia de su modelo, otorgó una mayor fortaleza al Ejecutivo y le delegó al presidente capacidades que le eran negadas en el caso norteamericano. Basta citar, por ejemplo, a Simón Bolivar que, preocupado por asegurar la independencia venezolana, proponía la concentración de la autoridad política en un Poder Ejecutivo dotado de facultades militares y políticas extraordinarias, políticamente irresponsable, y con capacidad para elegir a su sucesor. Otro ejemplo de modelo hiper-presidencialista fue diseñado por Juan Egaña, quién elaboró la Constitución chilena de 1823, y a su entender al Ejecutivo le correspondía el control “de toda la administración, sin interferencia de la legislatura, que sólo debe dictar algunas pocas leyes permanentes y generales y que sólo va a reunirse luego de largos intervalos y durante un muy corto tiempo”. (Gargarella, 2014, 31)

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Por su parte, en el Parlamentarismo el Ejecutivo es elegido por la asamblea y permanece en el cargo sujeto a la confianza legislativa. Es decir, que bajo este régimen el único electo por el voto popular es la asamblea, y la supervivencia del ejecutivo está sujeta al apoyo de una mayoría parlamentaria. El Ejecutivo, dentro de este sistema, también puede disolver la asamblea y llamar a nuevas elecciones antes de la finalización de su preestablecido período constitucional, cuestión que en el presidencialismo está vedada. Esto se debe a que en el parlamentarismo los poderes, se dice, están “fusionados”, en tanto en el Presidencialismo están “separados” (Carey, 2006). Estas características generales que se mencionan, refieren a tipos ideales o modelos puros, sin embargo, en la práctica rara vez se está en presencia de una realidad institucional que refleje en su totalidad estas tipologías. Muchos regímenes constitucionales combinan elementos de ambos tipos ideales, por ejemplo, con presidentes electos popularmente y con poderes significativos, y un primer ministro o un gabinete sujetos a la confianza de la asamblea. Desde un punto de vista geográfico, se podría decir que las democracias parlamentarias puras se concentran en los países prósperos y políticamente estables de Europa Occidental, en tanto, los sistemas presidencialistas e híbridos son comunes en las nuevas democracias, y son los que han experimentado mayor inestabilidad política y constitucional. Por esta razón, luego de medio siglo de quiebres autoritarios en América Latina, y restituida la democracia, la academia se preguntó si el diseño constitucional presidencialista contribuía a los quiebres de los gobiernos democráticos. Sobre este punto específico, buena parte de la doctrina enumeró las desventajas que hacen del presidencialismo un sistema inestable o más inestable que el parlamentario y abogó por la instalación de este sistema en las Cartas Magnas latinoamericanas. 3. Ventajas y desventajas del Presidencialismo Como aspectos positivos del Presidencialismo, se argumenta que un Presidente fuerte a) otorga coherencia a la política nacional, y evita que ésta sea demasiado cambiante como podría suceder con un régimen en el que la legislatura tuviera más poder de decisión; b) favorece la celeridad en la toma de decisiones cruciales en momentos que se tornan necesarias y garantiza la independencia de los grupos de presión; c) las decisiones públicas ganan en solidez y previsibilidad, mejorando la eficiencia de la administración; d) fortalece la democracia representativa y la soberanía democrática y e) por último, este sistema favorecería las tradiciones culturales de la comunidad, que, en general, han vivido mucho tiempo bajo el poder de caudillos locales.

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Por su parte, Gargarella (2000) señala una serie de argumentos críticos hacia el Presidencialismo. En tal sentido objeta que: a) favorece la personalización del poder y la concentración de tareas hace que todas las expectativas se reúnan en una sola persona. Esto agrava las fragilidades del sistema institucional, pues ante la presencia de un problema serio, todo el sistema político tiende a entrar en crisis; b) como consecuencia de la falta de válvulas de escapes, cada crisis política que estalla tiende a convertirse en una amenaza para el mismo sistema. Es un mecanismo más rígido e inestable que el Parlamentariso; c) la existencia de un presidente fuerte divide la “soberanía popular” en “dos cabezas”, una representada por el Congreso y otra por el Presidente y abre la posibilidad de fuertes tensiones entre poderes, de difícil resolución; d) desalienta a la cooperación e incentiva la confrontación entre partidos, creando una “dinámica de suma cero”, en el que el ganador se queda con la presidencia y concentra todo el poder político y económico. Ello hace que el perdedor solo encuentre incentivos para obstaculizar al ganador y de ese modo ganar las próximas elecciones, pues en caso de unírsele en búsqueda de obtener beneficios podría correr riesgos de ser “absorbido” o “desaparecer”; e) e hecho de que todas las expectativas (y todo el poder) esté concentrado en el Presidente, facilita la tarea de los lobbies, quiénes concentran toda su atención en el Ejecutivo a efectos de torcer su voluntad; f ) que solo una persona tome todas las decisiones debilita el debate público. Esto favorece la despolitización de las campañas políticas y “borra” las diferencias ideológicas evitando la adopción de posiciones polémicas o que generen divisiones. Como se ve, una de las principales críticas que recaen sobre el Presidencialismo es que parece ser un sistema más inestable que el Parlamentario. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas del Presidencialismo que le otorgan esta inestabilidad? Juan Linz (1994) argumentó dos razones fundamentales por las que el presidencialismo es más proclive al quiebre democrático: primero, porque carece de una válvula de seguridad del parlamentarismo, el voto de confianza, que permite en un momento de crisis remover a un gobierno de su cargo, sin necesidad de un quiebre institucional; y, segundo, porque el presidencialismo crea incentivos y condiciones que fomentan las crisis de relación entre el ejecutivo y el legislativo. Entre otros aspectos, se señala que las elecciones presidenciales fomentan la presentación de políticos outsiders que tienden a hacer campañas electorales contra el propio sistema y que los legisladores están menos dispuestos a apoyar al ejecutivo que en el parlamentarismo, porque su falta de apoyo no pone en riesgo la supervivencia del gobierno.

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Gargarella, cita como ejemplo, una estadística publicada por Fred Riggs en 1987, en la que se observa en que: en casi todos los 33 países del Tercer Mundo que adoptaron constituciones presidencialistas (ninguno del Primero o del Segundo, salvo el caso excepcional de Estados Unidos), se produjeron quiebres institucionales. Contando desde 1945 – señala Riggs– 30 países del Tercer Mundo (21 de Latinoamérica, 7 de áfrica, 2 de Asia) afirmaron sistemas presidencialistas y todos sufrieron golpes de Estado. Sin embargo, dos terceras partes de los países del Tercer Mundo que adoptaron Constituciones parlamentaristas consiguieron mantenerse estables. En efecto de los 43 países del Tercer Mundo con sistema parlamentario, 29 se mantuvieron estables y el resto sufrieron golpes de Estado. (Gargarella, 2000, 62/63)

Por su parte, D. Nohlen (1991) disiente de esta comparación a la que ha llamado “espejismo estadístico”, y argumenta que este análisis no considera el derrumbe de los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios en el período entre las dos Guerras Mundiales y, por otro lado, afirma que hay ejemplos de países latinoamericanos con estabilidad democrática bajo formas presidenciales, que desmienten la mentada “debilidad” institucional. También critica la suposición de que si los países latinoamericanos en vez de adoptar el sistema presidencialista, hubieran adoptado el parlamentario, no habrían sufrido el desplome de sus democracias. Frente a este argumento opone dos limitaciones. La primera limitación consiste en que esta teoría no sirve en sí para establecer una relación causal entre sistema político y desarrollo político (es más, resultaría a todas luces inverificable). La segunda limitación, en caso de resultar válida la tesis anterior, resultaría de preguntarse que hubiera pasado con las democracias europeas si en los años treinta hubieran regido formas presidencialistas. Finalmente, agrega, una pregunta de orden histórico, en el sentido de si la crisis que se vivía en estas latitudes en los años sesenta, con un marcado grado de antagonismo ideológico, estancamiento económico y desigualdad social hubiese sido posible de controlar con otro tipo de institucionalidad política. En última instancia cabría preguntarse si un sistema político (democrático) puede ser estable por sí mismo, independientemente de la situación política, social y económica en que se desarrolla. O dicho de otra forma ¿puede ser estable un sistema político que se desarrolla en un medio con un alto porcentaje de pobreza, altos niveles de desigualdad y violencia y fuertes antagonismos ideológicos? Otra crítica que este autor dirige contra la comparación entre presidencialismo y parlamentarismo, es que el nivel de la confrontación frecuentemente se realiza sobre “tipos ideales”. Para Nohlen, esta discusión resulta fútil porque cada “tipo ideal” ha debido amoldarse

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a los condicionamientos políticos y sociales de una comunidad dada, y por lo tanto, no se verifica la existencia de un “tipo ideal”. De hecho, cada sistema político tiene especificidades propias, producto de amoldar el modelo abstracto a la realidad empírica en que se desarrolla. Dirá que “el éxito de una forma de gobierno reside en las adaptaciones que éste ha podido realizar dentro de los marcos del tipo ideal, pero en dirección a los requerimientos políticos y sociales” (Nohlen, 1991, 45). Agrega, también, que cuando se compara el presidencialismo con el parlamentarismo en América Latina, se está confrontado algo que existió y existe -el presidencialismo – con algo que nunca existió – el parlamentarismo-. Sin duda, esto deja un salvo muy favorable al parlamentarismo. Aunque, por otra parte, que a pesar de los intentos, nunca haya podido consolidarse un sistema parlamentario en la región, deja un saldo favorable al presidencialismo. Una realidad innegable, que hasta cierto punto convalida la tesis de Nohlen, son los numerosos países que han adoptado regímenes “híbridos”, por lo general incorporando institutos del presidencialismo en sistemas parlamentaristas, pues el camino inverso, esto es, el tránsito de sistemas presidenciales a parlamentarios solo ocurrió en dos oportunidades (Francia en 1958 e Israel en 1992). Carey (2006), caracteriza a estos sistemas como aquellos que tienen un poder ejecutivo electo en forma directa y con poderes considerables, pero que también tienen un gabinete y/o un primer ministro sujeto a la confianza de la legislatura. A pesar de que en América Latina hubo cortas y frustrantes experiencias parlamentaristas -Brasil, fue ejemplo de ello-; en la década del 90, algunos países de esta región, como es el caso de Perú (1993), Argentina (1994) y Venezuela (1999), dieron algunos pasos en el sentido de incorporar la designación del Jefe de Gabinete o Primer Ministro. Ahora bien, los regímenes híbridos nacidos en los años 90 en América Latina tienen ciertas notas comunes, como son: a) los presidentes nombran y remueven a su Jefe de Gabinete o Primer Ministro, reduciendo o prácticamente ignorando la confianza de los legislativos; y b) se le otorgan a los presidentes amplias facultades legislativas – incluyendo el veto parcial y la posibilidad de dictar decretos con fuerza de ley-. A continuación, pasaremos a analizar estos institutos. 4. El Jefe de Gabinete Como se decía al comienzo, la reforma constitucional de 1994 incorporó en el sistema una figura novedosa para nuestro régimen: el Jefe de Gabinete (Art. 100/101 CN). Su consagración en la Carta Magna no estuvo exenta de arduos debates entre los constituyentes. Así, en el seno de la Convención hubo dos posturas bien diferenciadas. Un primer grupo defendía la idea de que su incorporación serviría para descentralizar las funciones del Poder

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Ejecutivo; atenuaría el presidencialismo; aumentaría la eficacia ejecutiva e incrementaría la estabilidad del sistema político. Y, un segundo grupo que se oponía a su incorporación, expresaba que en realidad se trataba de una figura muy alejada al Primer Ministro del sistema parlamentario; que carecía de eficacia para atenuar el presidencialismo; que podría aportar nada o muy poco a la institucionalidad y que en verdad, como estaba planteado y finalmente resultó aprobado – sólo permitiría al presidente designar a un “ministro predilecto” (Zarini 2001; 393). El curso de la historia le daría la razón a quienes eran escépticos respecto del verdadero alcance de esta figura y muchos son los aspectos que confabularon para su fracaso: a) el hecho de que su designación no esté a cargo de la legislatura, sino que dependa exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, conspira para que se constituya en un factor que tienda a garantizar la armonía entre ambos poderes y un gobierno compartido en época de crisis que asegure la estabilidad del sistema; b) el procedimiento de remoción, tal como se expresó en la Constitución, y el requisito de obtener mayoría absoluta de votos de la totalidad de los miembros de cada Cámara, hace prácticamente imposible que pueda ser removido por voluntad legislativa. Y en el caso de que se reúnan los votos necesarios para su apartamiento del cago, nada obsta a que el Ejecutivo vuelva a nombrarlo, lo que acrecentaría aún más la crisis institucional. c) otro aspecto no menos relevante es que las atribuciones que la Constitución pone en cabeza del Jefe de Gabinete, imprecisas en su mayoría, tienen como característica común su dependencia de la voluntad presidencial. Así, por ejemplo, ejerce la administración general del país” pero el Presidente es el “responsable político de la administración general del país”. El Jefe de Gabinete “ejerce las funciones y atribuciones que le delegue el Presidente”; “envía al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo”. Es decir, todas funciones subalternas del Ejecutivo, por lo que se podría pensar es que solo sirve para aliviar sus funciones administrativas, en tanto las funciones de gobierno siguen concentradas en aquel. d) la moción de censura, constituye una manifestación de desaprobación de la gestión del Jefe de Gabinete, o indirectamente, del Presidente. Sin embargo, el hecho de que una o ambas Cámaras emitan una moción de censura no tiene por qué tener efectos sobre la gestión de gobierno del Ejecutivo, por lo tanto, sus consecuencias inmediatas podrían tener un bajo impacto político. f ) también podría decirse que, de todos los Ministros que integran el Gabinete, es el más débil o quien más presiones debe soportar, por un lado, la del propio Presidente, y por otro, la del Poder Legislativo para comparecer ante sus Cámaras.

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Todas estas cuestiones, ya avizoradas por los constituyentes críticos a su incorporación en las condiciones redactadas en el Núcleo de Coincidencias Básicas, marcaron la debilidad institucional de una autoridad que podría haber aportado mucho a la atenuación del presidencialismo y a mitigar sus recurrentes crisis políticas. 5. Los Poderes legislativos del Presidente 5.1. Tipologías. Respecto de este tema, se distinguen tres tipos comunes de poder presidencial sobre la legislación: el poder de agenda, el decreto y el veto (Carey, 2006:136). El decreto es el poder que tiene el presidente de dictar una legislación por sí sin intervención de la legislatura. Esta facultad constitucional varía de acuerdo a sí el decreto es efectivo como política inmediatamente o no; y si se convierte en ley permanente aún sin la acción legislativa o requiere de una ratificación o convalidación posterior. Cómo se puede observar, según este modelo, hay cuatro variantes, cuyas diferencias fundamentales radican en si un decreto puede concretarse como ley permanente y sin ninguna acción legislativa, en cuyo caso, para que pierda efectividad o pueda ser modificado se requiere de una acción legislativa posterior; o si por el contrario, requiere de la intervención legislativa necesariamente para que pueda entrar en vigencia. Pocas legislaciones otorgan a los presidentes estas facultades, y las que lo hacen, lo limitan en cuanto a los temas sobre los que pueden legislar por sí o en cuanto a la duración de su vigencia en caso de que requieran la ratificación de la legislatura. Respecto del sistema argentino establecido por la Constitución Nacional de 1853/60, en su artículo 83 inciso 2° -actual 99 inciso 2°-, otorgaba facultades al Poder Ejecutivo, respecto de la emisión de instrucción y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. La doctrina nacional, de este artículo, ha derivado dos tipos de decretos que puede emitir el presidente, sin intervención legislativa y con un rango inferior a la ley, estos son: decretos reglamentarios y reglamentos autónomos. Por este inciso el Poder Ejecutivo ejerce su atribución reglamentaria, dictando decretos precisos, analíticos y aclaratorios, que si bien se subordinan a la ley, la completan, regulando detalles indispensables para asegurar, no sólo su cumplimiento sino también los fines que se propuso el legislador (Zarini, 2001: 363).

Estos decretos emanan de competencias propias del Ejecutivo y tienen una función reglamentaria que hacen a la aplicación de las leyes, y en tanto no contradigan su espíritu, no implican de por sí entenderlos como una atribución legislativa con carácter de ley.

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5.2. Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La reforma constitucional de 1994, en el inciso 3°, del artículo 99, consagró la prohibición de delegación legislativa del Congreso en favor del Poder Ejecutivo (artículo 99, inciso 3), limitando al Presidente, como fundamento esencial de las garantías de los derechos individuales y de la forma republicana de gobierno. Sin embargo, y a continuación de establecer la nulidad absoluta e insanable de toda disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo, otorgó a la misma autoridad la facultad de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (DNU), estableciendo una importante excepción a aquel principio general. La norma en cuestión, fija que esta atribución legislativa del Poder Ejecutivo debe cumplimentar una serie de condiciones para su validez: se deben presentar “circunstancias excepcionales” que tornen imposible seguir los trámites constitucionales ordinarios para la sanción de las leyes; no deben tener por objeto materias de índole penal, tributaria, electoral, ni el régimen de los partidos políticos; deben ser decididos en acuerdo general de ministros refrendados juntamente con el jefe de gabinete de ministros; deben ser sometidos a la Comisión Bicameral Permanente y las Cámaras los deben considerar inmediatamente conforme a la reglamentación ulterior que dicte el Congreso. Con justeza, la doctrina expresa que la constitucionalización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), tiene consecuencias profundamente negativas para el régimen republicano por las siguientes razones: a) otorga al Poder Ejecutivo una herramienta “legislativa” que lo coloca por encima del resto de los actores institucionales, sobre todo, por sobre el legislativo alterando, definitivamente, el balance y la separación de poderes; b) desvaloriza el rol del Congreso y dificulta su visualización como “arena” de toma de decisiones; c) por reducir la importancia y la capacidad decisoria del Legislativo, desincentiva la construcción de acuerdos y consenso parlamentarios; d) contribuyen a incentivar la incertidumbre sobre las previsibilidad de la toma de decisiones públicas, pues una vez dictado un DNU, basta otro DNU para cambiarlo (o una ley) y/o inclusive, basta un Decreto para modificar una ley sancionada por el Congreso. e) Finalmente, esta herramienta legislativa afecta tanto las relaciones ejecutivo-legislativo y oficialismo-oposición, como sobre la relación Nación–Provincias. (Bavastro, 1999: 30/33), otorgando nuevamente preeminencia al Presidente por sobre los Gobernadores de provincia. 5.3. Reglamentos Delegados. Otra importante incorporación que realizó la Convención Constituyente de 1994 se plasmó en el artículo 76. Siguiendo la misma técnica del artículo

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99 inc. 3, inmediatamente después de prohibir la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, la exceptuó en materias determinadas de administración o de emergencia pública, también estableciendo una serie de presupuestos para su ejercicio: limitación en el tiempo, bases de delegación establecidas por el Congreso y una cláusula de validez de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de estos decretos. Cabe también de este tipo de Decretos, las mismas objeciones formuladas a los DNU, y, si bien la norma no lo establece, su interpretación debe ser restrictiva y además deben ser sometidos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Los DNU y los Reglamentos Delegados “suscitan serias dudas y fundados temores, porque importan excepciones a principios doctrinarios y constitucionales de significativa transcendencia para la efectiva vigencia de los derechos individuales, del Estado de Derecho y del funcionamiento de la forma republicana de gobierno” (Zarini, 1999: 315).

5.4. Crítica al sistema. Según las tipologías descriptas en el punto 5.1, en el sistema constitucional argentino los decretos emitidas por el PEN en virtud de sus facultades legisferantes entran en vigencia inmediata y están sometidos a un control posterior por parte del Congreso, razón por la cual su vigencia puede considerarse provisoria. La cuestión de que los decretos del Ejecutivo entren en vigencia inmediata, genera que su anulación acarree costos económicos y políticos considerables. Esto hace difícil su anulación, por más de que las mayorías parlamentarias no apoyen la medida originalmente (Carey, 2006, 140). El uso de la autoridad del decreto es central en los conflictos que se suscitan entre legislaturas y ejecutivos, y han generado crisis constitucionales en varios países, así la doctrina relata distintos casos suscitados en Perú, Brasil y Rusia. Como se observa, la inclusión de los DNU y los Decretos Delegados, al par de recoger una experiencia creciente en el sistema político argentino -los debates de la Convención Constituyente así lo reflejan - y aceptado por una abundante jurisprudencia, lejos estuvo de limitar y encauzar su utilización por parte de los distintos presidentes que estuvieron en funciones desde su sanción. De más está señalar que el Congreso tardó más de dos décadas en reglamentar los Decretos de Necesidad y Urgencia, los Reglamentos Delegados y los vetos parciales, mediante la sanción de la ley 26122 (de julio de 2006), aunque hay que reconocer que más allá de esta demora, eliminó expresamente la posibilidad de aprobación ficta ante el silencio del Congreso, cuestión que, hasta ese momento resultaba “dudosa”. 5.5. Los poderes de agenda. El poder de agenda implica la facultad de hacer propuestas de políticas públicas que tienen un estatus procedimental privilegiado ante la legislatura:

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porque deben ser consideradas en un período de tiempo acotado y/o existen limitaciones a las enmiendas que pueden ser introducidas (Carey; 2006, 140). En los regímenes presidenciales es muy común que los ejecutivos cuenten con facultades de iniciativa legislativa e inclusive ejercen una gran influencia sobre sus resultados, es así, que generalmente los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo tienen un trámite preferencial respecto de los proyectos iniciados por los propios integrantes de los cuerpos legislativos. El poder de determinar la agenda de los órganos deliberativos, se diferencia en cuanto la utilización de los decretos implica la implementación de políticas sin debate previo, en tanto, el poder de agenda otorga la posibilidad de su debate. Otro aspecto fundamental, es que mientras el Decreto puede originar graves conflictos de poderes, el poder de agenda puede mitigar las desavenencias. 5.6 El poder de veto. El poder de veto con el que cuentan los presidentes se considera un poder reactivo en el sentido de que le permite retrasar iniciativas legislativas. Respecto de esta facultad caben dos aspectos a considerar. Por un lado, analizar cuantas voluntades debe reunir el poder legislativo ante la existencia de un veto para insistir con la aprobación de la ley. Respecto de este punto, los sistemas van desde una mayoría simple hasta la necesidad de obtener una mayoría de 2/3 de los miembros de cada Cámara. Y otro aspecto a considerar es la posibilidad de que el veto sea total o parcial, en el sentido de si “retrasa” toda la legislación o solo una parte de ella. En Argentina, hasta la reforma constitucional de 1994, solo estaba contemplado el veto total. Lo que implicaba que recaído el veto presidencial, el proyecto sancionado retornara al Congreso y se abriera nuevamente el debate legislativo para tratar de conseguir las mayorías estipuladas en la Constitución, a efectos de insistir con su sanción. Obtenidas las mayorías, el presidente estaba obligado a su promulgación por el todo, no obtenidas las mayorías el proyecto no podía convertirse en ley. La introducción del veto parcial permite que una ley sancionada por el Congreso, pueda ser vetada por el presidente en forma parcial y ser promulgada en la parte no vetada, por supuesto, que bajo las pautas de la autonomía normativa y la no alteración del espíritu ni la unidad de sentido del proyecto sancionado por el Congreso, aplicándose el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia (Artículo 80 CN). La doctrina señala que el veto parcial, a diferencia del total, desincentiva el debate y la necesaria actitud de colaboración entre poderes dado que permite a los presidentes alterar unilateralmente las políticas aprobadas por la legislatura antes de su implementación (Carey, 2006; 143). Este es otro aspecto que incrementó el presidencialismo y debilitó el sistema de acuerdos que requiere un funcionamiento institucional colaborativo entre poderes,

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disminuyendo asimismo “el poder de debate” y deliberación propio de las legislaturas. 6. Calendario electoral, reelección y doble vuelta Como es sabido, la reforma constitucional introdujo la elección presidencial directa – hasta entonces era indirecta a través de la conformación de colegios electorales -; redujo el mandato presidencial de seis a cuatro años, con posibilidad de reelección inmediata e incorporó una (eventual) doble vuelta. Estos tres factores en conjunto han tenido un impacto poco favorable en el diseño institucional. El sistema de elección directa, si bien puede decirse, representa en mejor medida la voluntad de las mayorías, desde el punto de vista del federalismo significó que los candidatos concentraran sus esfuerzos de campaña en los distritos con mayor cantidad de habitantes, por caso, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, (sin acento) Córdoba y Mendoza, relegando al resto de los distritos. En tanto, las juntas electorales otorgaban mayor peso electoral y poderes de negociación en la conformación de la mayoría a los representantes de los distritos menos poblados, a la vez, que daba más (con acento) posibilidades a la consolidación de verdaderas coaliciones de partidos. La introducción de la reelección inmediata, por cierto, no exenta de polémicas, y el porcentaje para una segunda doble vuelta -menor al 50%-, incrementaron la proliferación de candidatos presidenciales -recordemos que en 2003 hubo 18 candidatos que aspiraron a la presidencia- y la fragmentación del voto en primera vuelta. Este sistema, a su vez, reduce la necesidad de grandes coaliciones de partidos, dado que con un porcentaje de votos moderado un candidato puede llegar a competir en una segunda vuelta electoral, incrementando la imprevisibilidad y ofreciendo un contexto favorable a candidatos independientes. Esto también repercute desfavorablemente en la consideración de los partidos políticos como instituciones fundamentales de la República y, quizás sea uno de los factores que conlleve a la fragmentación de éstos, y a la multiplicación de partidos tan común en estos tiempos. Carey, señala que: Los casos más llamativos, donde candidatos outsiders transformaron sus sorprendentes desempeños alcanzados en la primera vuelta en victorias en la segunda, incluyen a Fernando Collor en Brasil (1989), Jorge Serrano en Guatemala y Alberto Fujimori en Perú (1990). Cada uno de ellos compitió contra el sistema de partidos tradicional de su país, sobrevivió en primera vuelta con menos de un tercio de los votos y obtuvo la presidencia en la segunda vuelta. Además, a pesar de sus “mandatos” de segunda vuelta, cada uno de estos presidentes se encontró rápidamente envuelto

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en conflictos entre poderes que culminaron en las caídas prematuras de las presidencias de Collor y Serrano y en la disolución del congreso en Perú. (Carey, 2006, 134,135)

Estas tres experiencias, quizás hablen por sí solas de los graves interrogantes que abre la reciente elección presidencial, si Mauricio Macri - candidato no perteneciente a partidos tradicionales, con una mayoría electoral exigua - no es capaz de conformar una verdadera coalición de partidos que aseguren la estabilidad del gobierno. Todo esto podría verse seriamente incrementado en caso de que las elecciones legislativas de 2017 no le aseguren un resultado favorable y se eleven las confrontaciones entre un poder legislativo en su mayoría opositor y un Poder Ejecutivo debilitado. Sin dudas, que un calendario electoral asincrónico entre poder legislativo y ejecutivo favorece las posibilidades de gobiernos divididos, además de colocar al Poder Ejecutivo bajo escrutinio cada dos años. Este sistema, si bien parece favorecer la legitimidad del gobierno, lo hace seriamente inestable, pues un mínimo “tropiezo” en la suerte electoral, en un sistema que genera incentivos para la denegación de colaboración entre poderes, puede significar el quiebre de gobierno que, como ya vimos, carece de una válvula de escape idónea. . 7. Las crisis de gobierno y la solución parlamentaria Un aspecto muy interesante aunque no exento de polémicas, es el que aporta el autor al afirmar que: En todas estas confrontaciones entre poderes, salvo en dos casos, fue la legislatura la que sobrevivió y la que, con mucha frecuencia, eligió a quien ocuparía la presidencia vacante, de una manera similar a como se realizan los cambios en los sistemas parlamentarios tras la caída de los gobiernos (Carey, 2006, 153)

Así ejemplifica que, salvo en Perú en 1992 y Venezuela en 1999 -en los que fue disuelto el legislativo – en las crisis institucionales que se suscitaron en la región el sobreviviente fue siempre el Congreso (Brasil 1992, Guatemala 1993, Ecuador 1997, Paraguay 1999, Ecuador 2000, Perú 2000, Argentina 2001– en dos oportunidades-). A estos casos debemos agregar Honduras 2009, Paraguay 2012 y Brasil 2016. Y da algunos argumentos que explican estas soluciones alternativas que adoptó la práctica política en sistemas presidencialistas o hiperpresidencialistas de América Latina. Así, por ejemplo, en primer lugar, argumenta que las legislaturas han probado ser más estables que los presidentes. En otras palabras, en sistemas donde la mayoría de los poderes se concentran en el Ejecutivo, al par que le otorgan una notoria preponderancia sobre el resto,

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lo vuelven más vulnerable. En segundo lugar, la sustitución legislativa del presidente no responde a previsiones constitucionales, como puede suceder con el voto de censura del sistema parlamentario. Es más, caído el Ejecutivo, los propios Poderes Legislativos han designado a su sucesor, tal como sucede en el parlamentarismo, sin normas constitucionales que lo autorizaran. Es decir que, según esta visión, en épocas de crisis institucionales y enfrentamiento entre poderes, las soluciones que han adoptado los países presidencialistas latinoamericanos lo acercan mucho al parlamentarismo, ya sea mediante la remoción del presidente (juicio político mediante) y la designación de un sustituto por el Congreso. Sin embargo, Nohlen no está de acuerdo con esta interpretación, pues, estos procesos de dimisiones presidenciales, a su entender, no indican una parlamentarización de los presidencialismos sino “más bien un aumento de poder de fuerzas extraparlamentarias, de fuerzas no institucionalizadas que limitan el poder de los órganos institucionalizados y representativos del presidente, del parlamento y de los partidos políticos” (Nohlen , 2005, 19). Lo señalado pone en cuestión la necesidad de estabilizar el sistema, para que a las crisis políticas, económicas y sociales, no le sigan las rupturas del gobierno. Argentina hizo su primer intento incorporando al Jefe de Gabinete, aunque sin mayores resultados, dado las graves falencias en su diseño. Frente a este interrogante la doctrina ha ensayado distintas respuestas, que van desde retornar al viejo sistema de la Constitución 1853/60, adoptar el sistema parlamentario o un sistema híbrido (semiparlamentario), entre otras opciones. Por supuesto, en el fondo de todo el debate subyacen las concepciones democráticas que le sirven de fundamento. A continuación, se hará un breve repaso sobre estas cuestiones. 8. Parlamentarismo y Presidencialismo: ¿el debate continúa? En resumidas cuentas, el diseño institucional argentino ha favorecido la conformación de un sistema hiperpresidencialista que reúne en el Poder Ejecutivo amplios poderes de gobierno y legislación y que, si bien, le otorgan una primacía por sobre los restantes poderes (fundamentalmente sobre el legislativo), en épocas de crisis enfatizan sus debilidades y lo vuelven propenso a su quiebre. Frente a esta cuestión, la doctrina ofrece distintas soluciones. Así, Jorge Vanossi descree que el sistema político argentino pueda adoptar el parlamentarismo. En este sentido, entiende al Poder Ejecutivo como un reflejo de los valores, aspiraciones y metas de la sociedad, y a ésta, la considera proclive al caudillismo y al paternalismo y poco afecta a la vida republicana. Opina que en nuestro país no fracasó el presidencialismo, sino que lo que en

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verdad fracasó fue el sistema de partidos, por su poca eficacia, tanto en el gobierno como en la oposición y la declinación de los otros poderes (legislativo y judicial). Destaca la fuerte tradición presidencialista de nuestra historia institucional, pero, a su vez, pregona que el Ejecutivo debe tener “todo el poder” a través de la Constitución, haciendo un fuerte hincapié en el control, y resalta que: a todo acrecentamiento de los poderes, debe corresponder un mejoramiento de los instrumentos de control, un vigorizamiento de las garantías y una acentuación de las responsabilidades. (Vanossi, 2011, 14)

Agrega, para confirmar su posición que, si bien un exceso de poder en el Ejecutivo hace peligrar las libertades, uno débil, sea por la instalación de un sistema parlamentario o semiparlamentario, o un vaciamiento de sus facultades, significaría la consagración del status quo. En definitiva, se pronuncia en favor de un Ejecutivo fuerte para hacer frente a los contrapoderes, pero bajo un estricto control de los demás poderes del Estado y dentro de los límites establecidos en la Constitución. Entiende que la discusión entre parlamentarismo y presidencialismo, en cierta medida, carece de interés actual, en tanto, lo más importante es asegurar que el sistema compatibilice tres valores en juego: democracia, eficacia y justicia. Para finalizar, concluye que antes de avanzar en una reforma constitucional, hay que empezar modificando las prácticas, las actitudes y los comportamientos que impliquen otorgar una mayor transferencia de poder hacia los órganos de control. En definitiva, en opinión de Vanossi, y tal como titula su obra, el debate entre presidencialismo y parlamentarismo es en verdad un circunloquio para distraer la atención. Como critica general a esta posición, podemos decir que estamos de acuerdo en que para mejorar el funcionamiento de las instituciones debemos modificar las prácticas políticas, y en especial, de los partidos políticos. Sin embargo, debemos resaltar que la propia arquitectura institucional organizada en la Constitución de 1994 genera incentivos que estimulan la hipertrofia del sistema, y por lo tanto, de no modificarse éstos, difícilmente las prácticas corrijan los defectos del diseño. Por su parte, la autora Alejandra Rodriguez Galán, en Presidencialismo y Parlamentarismo: un debate pendiente, aporta un par de argumentos “prácticos” para desestimar la idea de un sistema parlamentario nacional, fundamentalmente a partir de las dificultades de compatibilizar el parlamentarismo – un régimen propio de países unitarios- con la participación de las provincias argentinas en el régimen federal. Es su opinión que: En nuestra República, representativa y federal, la fuerza de los hechos y el condicionamiento de la geografía nos fuerzan al presidencialismo, pero para que sea compatible

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con el respeto a las garantías individuales, deberían restablecerse las limitaciones originales al poder del presidente. Volver a instaurar la división de poderes y revitalizar las bases del federalismo, no es sino respetar los recordados “moeurs” de Montesquieu. Bajo estas condiciones: división de poderes y forma de estado federal, es dable afirmar que los derechos fundamentales y las garantías individuales se ven fortalecidos. (Rodriguez Galán, 2009, 14)

Para esta autora, no se trata de insistir en las posibilidades de un sistema mixto o híbrido sino de aceptar y afianzar el modelo clásico, propio de nuestro medio, con los aportes de la reforma de 1994 en su recta interpretación, y con un fuerte apego a las instituciones republicanas y sus controles. Agrega “debe revitalizarse y redimensionarse al Congreso como ámbito del debate y diseño de políticas públicas y de proyectos institucionales, y a tales fines rescatar y dinamizar las funciones de control propias de un Congreso republicano”. Sin embargo, ante esta postura vuelven los mismos interrogantes: ¿en un sistema de suma cero, que estimula la confrontación de poderes y genera pocos incentivos para la cooperación entre legislativo y ejecutivo, es posible redimensionar al Congreso sin afectar la “estabilidad” del ejecutivo, y más, en situaciones donde quien dirige el ejecutivo tiene una minoría parlamentaria en una o ambas Cámaras? Y otra pregunta anterior aún ¿En un sistema hiperpresidencialista que “ahoga” a los otros poderes, en verdad es posible redimensionar al Congreso? O peor ¿En un país de crisis cíclicas, de emergencias renovadas cada año, al borde del infarto en cada Superclásico; es posible redimensionar al Congreso? Bajo estas condiciones, la revitalización y redimensionamiento del Congreso parece más un anhelo, que una posibilidad cierta. Saliendo ya de las posturas que abonan a un presidencialismo limitado, controlado, o apegado a las instituciones, la realidad política contemporánea avanza hacia la conformación de sistemas híbridos. Ya hemos analizado la inclusión de elementos del parlamentarismo en los presidencialismos latinoamericanos: reelección, voto de confianza, acuerdo de asambleas para designación de ministros, etc; que paradójicamente, incrementaron el hiperpresidencialismo. Y, casi por efecto espejo, paulatinamente en sistemas parlamentarios europeos se han producido “mutaciones presidencialistas” en las figuras de sus primeros ministros. Son ejemplo de ello Blair y Berlusconi, quienes lograron concentrar una enorme cantidad de poder y las recientes crisis parlamentarias que azotaron a Europa. Lucas Arrimada Antón, tomando nota de estos fenómenos, y citando a Ackerman, nos dice que de este modo los parlamentos se transforman en “sirvientes del Ejecutivo” a través de procesos de delegación legislativa, deviniendo el Ejecutivo en un autor cuasisuficiente para el ejercicio del poder.

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Para finalizar, y en el otro extremo del ovillo, están quienes defienden la idea de la adopción de un sistema parlamentario, como consecuencia de una idea base que es la consolidación de un modelo de democracia participativa y deliberativa, opuesta a una democracia delegativa (débil) que encuentra en el presidencialismo su principal exponente. Mario Bunge, recientemente, ha calificado al presidencialismo como el “cáncer de la democracia que tiende a la metástasis en toda la sociedad”. A su entender, el Presidencialismo disminuye la democracia, favorece la corrupción y da un mal ejemplo que se multiplica en los dirigentes de todas las organizaciones, es poco menos que una autocracia con elecciones. El dramatismo que le imprime Bunge a su texto es exagerado, pero sí nos queremos quedar con él y su fe en los procesos colectivos (no confundir con colectivistas) y en el poder democratizador del debate y la transparencia, en el intercambio de opiniones y en la participación ciudadana como artífice de su propio destino; y confiar nada o casi nada, en los liderazgos redentores. Volviendo a Arrimada Antón, y poniendo en lenguaje jurídico lo expresado por Bunge, el presidencialismo es el reflejo de un constitucionalismo, que hace más de dos siglos desarrolló: un sistema institucional y una idea de división de poderes claramente elitistas, con gran desconfianza al debate público, a la participación ciudadana y a las decisiones mayoritarias, limitando a sus representantes en el poder legislativo (dividiendo soberanías) con institutos contramayoritarios (como el veto presidencial) e instituciones contramayoritarias (como el poder judicial o un juicio por jurados escabinado aristocrático ) y por último, con (frecuentemente) un poder ejecutivo que (si bien "reducido" en comparación a su antecesor monarca absoluto) cuenta con facultades que lo hacen temible (que históricamente fueran ampliadas o ampliables por voluntad cesarista o "necesidad" ante las "crisis") y pasible de ser considerado un pseudo monarca constitucional (cuando no un tirano o dictador constitucional). (Arrimada Antón, 2003, 2)

Frente a este modelo, se propone adoptar una organización que promueva a la democracia deliberativa, que favorezca la participación ciudadana, la interacción del diálogo, la discusión, la deliberación y la producción de consensos. -Siendo el régimen parlamentario la opción más cercana a este modo de concebir la democracia. Pero aquí no termina la historia, como ya lo expresamos, no son pocos los autores que consideran superado este debate entre presidencialismo y parlamentarismo, por caso, nombramos a Vanossi y Rodriguez Galán. Nuevamente, hemos dejado para lo último la opinión de D. Nohlen (2005), para quién también en cierta medida el debate está cerrado

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en favor del presidencialismo, en razón de “la cultura política, la tradición, la experiencia histórica y la estructura política latinoamericanas” (pág. 9); y entiende más conveniente buscar adecuaciones dentro del modelo presidencial, que flexibilicen las relaciones entre presidente y parlamento y mejoren la gobernabilidad. Entre los numerosos reparos que pone este autor a una eventual migración del sistema (esto es, pasar del presidencialismo al parlamentarismo), merece la atención la existencia de partidos políticos poco estructurados, el poco prestigio de los parlamentos, un sistema de gobierno con arraigo casi nulo en la cultura política y los riesgos incalculables que implicaría pasar de un sistema a otro. El menú que se ofrece -como opción a la deformación hiperpresidencialista, pero en el marco de este sistema- es variado y comprende un modelo presidencial fuerte o reforzado (propuesto por Vanossi), uno puro o equilibrado (Rodriguez Galán), uno atenuado y por último, un sistema presidencial parlamentarizado. Finalmente, corresponde aclarar, que ante una eventual modificación sistémica, no alcanza solo con evaluar la distribución de competencias “teóricas” entre legislativo y ejecutivo, pues cada sistema debe ser evaluado en el contexto en el que se desarrolla, esto es, deben incorporarse al análisis factores tales como la experiencia histórica, el Estado, su tamaño, estructura y capacidad de implementación de resultados, en el modelo de democracia, en la forma de participación política, en la sociedad civil, en la cultura política en general y las prácticas políticas, en particular, entre otros tantos aspectos. 9. Conclusiones A lo largo de estas páginas se vio como las pretensiones de morigerar el presidencialismo argentino en la Convención Constituyente de 1994 se vieron frustradas por errores de diseño en la figura del Jefe de Gabinete, importada del sistema parlamentario, pero con facultades limitadas y desvinculado del poder legislativo, quién no participa de su designación y que para su remoción requiere de la construcción de amplios consensos mayoritarios, en la práctica inalcanzables. El problema central es que el Jefe de Gabinete no fue pensado para épocas de normalidad institucional, sino como “fusible” para que a la quiebra económica, social o política no siguiera la quiebra del gobierno. La falta de acuerdo parlamentario para su designación hizo de él una figura de poca relevancia y como “fusible” nació desconectado del sistema. Hoy, no ocupa otro lugar más que de Ministro con algunas funciones de relevancia y su continuidad o baja en el cargo no tiene más repercusión que la de cualquiera de sus colegas. El sistema, tal como sucedía antes de la Reforma del 1994, continúa sin válvula de escape, ni red de contención.

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Otras de las reformas, tales como la reelección presidencial -también importada del parlamentarismo-y el otorgamiento de funciones legisferantes al poder ejecutivo, contribuyeron a la consolidación de un sistema hiperpresidencialista, con la consiguiente exacerbación de las desventajas señaladas por la doctrina al presidencialismo, entre las que destacan, la personalización del poder y el debilitamiento del debate público. En última instancia, y la crítica más acertada a esta deformación, es que termina impactando en la República como “maquinaria” de pesos y contrapesos, en la que están en juego la libertad y los derechos de los ciudadanos. Frente a esta realidad, la doctrina postula diferentes soluciones, que van desde la migración del sistema a un régimen parlamentario, la conformación de un sistema híbrido - parlamentarismo presidencial - pasando por todas las variantes del presidencialismo -fuerte, moderado, atenuado y parlamentarizado-. Como se mencionó, en el telón de fondo de todas estas discusiones, subyace una concepción filosófica de la democracia. Lo desacuerdos son amplios, para algunos ni siquiera puede hablarse de la vigencia de un debate entre presidencialismo y parlamentarismo, otros abogan por una modificación sustancial del sistema y hacen hincapié en el modelo presidencial como poco menos que una autocracia con elecciones periódicas. Lo cierto es que el presidencialismo constituye una realidad que se extiende de norte a sur del continente americano, que con sus marchas y contramarchas, con sus virtudes y sus defectos se ha impuesto por la fuerza de la historia y se sostiene en las prácticas políticas cotidianas. Juegan a su favor los mínimos y frustrados intentos por la instalación de sistemas parlamentarios estables, conspiran en su contra los recurrentes quiebres institucionales y la permanente insistencia de sus presidentes por concentrar la mayor cantidad de poder posible. Lo cierto, es que como sistema organizado por las primeras constituciones americanas, el presidencialismo nació para consolidar los incipientes Estados – Nación, y garantizar la independencia y la soberanía de sus pueblos, concentrando facultades de gobierno en el Ejecutivo. Hoy en día, superada largamente la amenaza externa, la misión de nuestra Carta Magna es diametralmente distinta, e implica la consolidación de un sistema político estable, que conlleve al apuntalamiento de un Estado moderno, de una democracia participativa, que favorezca la concreción de verdaderas políticas de estado que contribuyan a superar los más acuciantes problemas de su pueblo y que siente las bases para una Argentina del siglo XXI. El sistema presidencial, con estos objetivos, tiene poco para ofrecernos, y el modelo parlamentario constituye un gran interrogante, en una nación con factores extrapoder poderosos y una visión ciertamente negativa respecto de las coaliciones de partidos - única fuente de políticas sostenibles en el tiempo-.

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Avanzar progresiva y paulatinamente hacia un sistema híbrido constituye una opción válida, en el sentido de que permitiría, por un lado, estabilizar el sistema y favorecer la colaboración entre partidos (sin la necesidad de armar coaliciones o alianzas de gobierno), y por otro lado, sentar las bases de políticas duraderas; sin necesidad de suplantar al presidencialismo -tan caro a nuestros afectos y tan arraigado en nuestra cultura política. 10. Bibliografía Arrimada Antón, L. M. (2003) “Sin Frenos ni Contrapesos: Mucho más allá del presidencialismo y parlamentarismo: democracia deliberativa y división de poderes en el siglo XXI”, Ensayo. En http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/81/sin-frenos-ni-contrapesos-mucho-mas-alla-del-presidencialismo-y-parlamentarismo.pdf (9/8/2016) Bavastro, R., Competidor, P., & Presidente, D. E. L. (1999). Las Implicancias De La Reforma Constitucional de 1994. Carey, J. M. (2006), “Presidencialismo versus Parlamentarismo” en revista “Postdata”, 11, Abril / 2006, ISSN 1515-209X.Originalmente publicado en Claude Ménard y Mary Shirley (eds.), Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, Springer-Kluwer Academic Publishers, 2005. García Jaramillo, L., Arrimada, L., Gargarella, R., Lafont, C., Martí, J. L., Mejía Quintana, O., … Rodríguez, M. L. (2011). La democracia deliberativa a debate (2011, Prim). Medellín, Colombia. Gargarella, R. (2014). “El Constitucionalismo Contemporáneo” en Katz (Eds.), “La sala de Máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810 – 2010)”. Buenos Aires. Katz Editores. Gargarella, R. (2014). “El primer derecho constitucional latinoamericano (1810-1850)” en Katz (Eds.), “La sala de Máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810 – 2010)”. Buenos Aires. Katz Editores. Gargarella, R. (2000). “Capítulo II: Desventajas del Presidencialismo” en Capital Intelectual (Eds.), “Crítica de la Constitución”. Buenos Aires. Nohlen, D. (1991) Presidencialismo versus parlamentarismo en América Latina. (Notas sobre el debate actual desde una perspectiva comparada), Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 43-54 Nohlen, D. (1998). Presidencialismo versus parlamentarismo: Dos enfoques contrapuestos. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 99(1). Nohlen, D. (2005). El presidencialismo comparado. Revista Instituto de Altos Estudios Europeos.

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Quiroga, H. (2008). Los vaivenes de la democracia argentina. Artículo publicado en la Revista “Cadernos de Estudos Latino – Americanos”, Nº6, SET/DEZ 2008. Rodriguez Galán, A. (2009). Presidencialismo y Parlamentarismo: un enfoque sistémico, 1–19. Ponencia en Congreso Argentino de Derecho Constitucional. XIX Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 2009 Camino hacia el Bicentenario. Vanossi, J. R. (2011). ¿Presidencialismo o Parlamentarismo? Un circunloquio para distraer la atención. Comunicación del académico Jorge Reinaldo Vanossi en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 13 de abril de 2011. Artículos periodísticos Artículo publicado por el periódico digital Infobae, el 21 de julio de 2009. En http://www.infobae.com/2009/07/21/461581-para-mario-bunge-el-presidencialismo-esel-cancer-la-democracia/ (agosto de 2016)

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Sección II

DIVULGACIóN ACADéMICO-CIENTÍFICA


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Prósperi, C.; Sabarots, G. y Villa, M. (2016). “Uso de la gamificación para el logro de una gestión empresarial integrado”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 6, N° 2. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, pp. 83-97. DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2016-v6n2a05

USO DE LA GAMIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE UNA GESTIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA Car l os A . P R O S P E R I 1 , Gu st avo J. S A B A R OT S 2 & M a u r i ci o G . V I L L A 3

Resumen El cambio de milenio puso a la gestión empresarial ante desafíos tan trascendentes como inéditos. La explosión tecnológica, las corrientes neo-pensadoras y la híper competencia han propuesto caminos inexplorados para formar y compartir el conocimiento dentro de la empresa en pos de lograr su adaptación al nuevo tiempo. Uno de esos caminos es el de acercar el juego a la empresa, práctica conceptualizada mediante el término anglosajón de “gamificación”. Este buzzword integra el grupo de tecnologías emergentes sobre el que recae la mayor expectación de la comunidad internacional, aun cuando sus contribuciones al éxito apenas comienzan a florecer. El objetivo de este artículo es mostrar cómo la gamificación puede contribuir a mejorar el Management, a lograr cambios conductuales positivos y a potenciar los beneficios económicos, siempre que su puesta en práctica responda a un método que atienda los aspectos pedagógicos, motivacionales y tecnológicos que están implicados. Palabras clave Gamificación, juego, juego serio, método, Management. Abstract The new millennium faced business management to new challenges as important as unpublished. The technological explosion, the neo-thinkers currents and the hyper competition have proposed unexplored ways to form and share the knowledge within the company in 1

Contador Público Nacional. Maestrando de la Maestría en Gestión Empresaria UNLPam caprosperi@gmail.com. Lic. en Administración. Maestrando de la Maestría en Gestión Empresaria UNLPam gjsabarots@grupoemepa.com.ar. 3 Contador Público Nacional. Maestrando de la Maestría en Gestión Empresaria UNLPam mauricio@estudiovilla.com.ar 2

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order to achieve its adaptation to the new time. One of these ways is to bring the game closer to the company, the practice conceptualized by anglicism "gamification". This buzzword integrates the group of emerging technologies on which the greater expectation of the international community falls, even when their contributions to success are just flourishing. The aim of this paper is to show how gamification can contribute to improve management, to achieve positive behavioral changes and to enhance economic results, provided that its implementation responds to a method that attends the pedagogical, motivational and technological aspects implied. Keywords Gamification, game, serious game, method, management. Problema Las disrupciones acaecidas durante las tres últimas décadas del siglo XX reconfiguraron al mundo en una forma nunca antes vista, y se constituyeron en el preámbulo del orden mundial del que somos testigos en la actualidad. Lejos de salir indemne de aquel proceso, la gestión empresarial ha sido una de las técnicas que mayor cantidad de trasmutaciones ha sufrido en su tránsito hacia el cambio de siglo. La irrupción de las nuevas tecnologías a partir de 1970, la aparición de copiosa literatura referente al Management producida desde 1980 y el surgimiento, a mediados de la década del 90, del paradigma de la híper competencia como la nueva cuna mecedora en la que descansan los mercados del Mundo, han traído al hombre de negocios, al profesional de las disciplinas administrativas y al trabajador de la empresa inigualables desafíos de aprendizaje, adaptación y ejecución para asegurar la supervivencia de las organizaciones que son objeto de sus esfuerzos. Este nuevo contexto ha propiciado el surgimiento de corrientes divergentes en el seno de la gestión empresarial, particularmente en lo referente a las prácticas de formación de conocimientos dentro de las organizaciones, circunstancia que a su vez tiene implicancias a nivel de sus recursos humanos en aspectos tales como la confianza, la integración, el compromiso y la generación de resultados. Una de esas corrientes es la concerniente a la gamificación, buzzword que pretende significar “el uso de elementos de diseño del juego en contextos no lúdicos” (Deterding et al., 2011). Sin embargo, los abordajes aparecidos hasta la fecha alrededor del tópico resultan parciales en relación a la amplitud de los desafíos que nos propone el Management, circunscribiéndose fundamentalmente a los aspectos motivacionales y tecnológicos que trae aparejada su puesta en práctica con fines mercadotécnicos.

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El Informe “Ciclo Hiperbólico de Tecnologías Emergentes” del año 2012 (Figura 1) ubica a la gamificación en la fase denominada “Pico de Expectativas Sobredimensionadas”, previendo su ingreso a la “Meseta de Productividad” dentro de los próximos cinco a diez años.

Figura 1 La Gamificación, hoy (Gartner, 2012)

Consecuentemente, las investigaciones en la materia cobran importancia dada la necesidad de aproximar respuestas a las crecientes expectativas e interrogantes del público en general (Figuras 2 y 3), las que a su vez posibilitarán estimar las características que de la gamificación en su futura fase de estabilización de rendimientos.

Figura 2 Gamificación, interés en el tiempo (Gartner, 2013)

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Figura 3 Gamificación, interés en el tiempo (Gartner, 2013)

Exploraciones anteriores indican que la gamificación es generadora de engagement a nivel intraorganizacional (Reeves & Leighton Read, 2009) y un medio para construir lealtad en la gestión de sus relaciones externas (Zichermann & Linder, 2010). A su vez, afirman que el uso del juego en ámbitos no tradicionales propicia condiciones de aprendizaje y rendimiento acelerado pico (Dignan, 2011) y se constituye en un eficiente vehículo para estimular cambios conductuales (Hunter, 2011). Las indagaciones disponibles hasta la fecha muestran divergencias alrededor de las herramientas comprendidas por la gamificación, destacándose algunas que integran las simulaciones (Becker & Parker, 2011) y los juegos serios (Antonopoulos, 2011) a su paraguas de contención. Publicaciones recientes afirman que la gamificación favorece el abandono de jerarquías verticalistas para reemplazarlas por redes transdisciplinarias de fuerte integración y coordinación (Hugos, 2012), constituyéndose a su vez, en un medio para reclutar, capacitar y retener a talentos de excelencia (Zichermann & Linder, 2013). Claro que también hay quienes se muestran escépticos o absolutamente en desacuerdo con la gamificación. En cualquiera de los casos, los cuestionamientos adoptan (o pretenden adoptar) un carácter eminentemente filosófico: desde considerarla como otra potencial patología del solucionismo digital (Morozov, 2013) hasta afirmar que es basura mercadotécnica (Bogost, 2011). A los efectos del desarrollo del presente artículo, se concebirán sistémicamente las implicancias psicológicas (aprendizaje y motivación) y tecnológicas de aplicar la gamificación en el ámbito del Management empresario, con la certeza de que haciéndolo podrá otorgársele

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un apropiado cobijo a los avances logrados en investigaciones anteriores y, al mismo tiempo, superar la contingencia fragmentaria que denuncian los críticos de la práctica. Al final del día, el objetivo será el de aproximar respuestas al siguiente interrogante: ¿cómo la gamificación puede perfeccionar las técnicas de gestión empresarial en pos del logro de una mayor proactividad y adaptabilidad que permita a las organizaciones superar los desafíos que les impone el Mundo actual? Solución Con un criterio tradicional, el perfeccionamiento de una técnica puede desarrollarse mediante procesos frontales de capacitación. En este marco, el aprendizaje es eminentemente memorístico, no conectado con la acción y de baja adaptación al sujeto, factores que lo convierten en un método menos apropiado para entender o resolver problemas vinculados con la vida personal, social u ocupacional de los individuos. Una mirada menos ortodoxa nos acerca al aprendizaje experiencial, un proceso dinámico, participativo e interactivo donde las percepciones, conocimientos y modelos mentales del sujeto intervienen y son plausibles de cuestionamientos durante el proceso de construcción de nuevos conocimientos, a través de la reconstruyendo su aprendizaje, desarrollándose a su vez en ambientes o laboratorios controlados. Aunque con omisiones o fallos metodológicos que justifican el escaso nivel de éxito, la gamificación es utilizada dentro de las organizaciones como una herramienta aislada de los métodos de capacitación de recursos humanos (lecciones, juegos de rol, casos, instrucción asistida por computadora y simulaciones). En este sentido, la intención es dotar a aquellos métodos de divertimento que permitan amenizarlos para elevar la satisfacción de los participantes en los procesos de instrucción. Las hasta hoy insatisfactorias consecuencias en la ejecución de la gamificación, tienen punto de partida en una errónea definición del concepto y en la concentración de la atención exclusivamente en el contexto y no en los fines que con ella debieran perseguirse, dejando en segundo plano el poder transformador de la práctica a niveles de aprendizaje, motivación y orientación a resultados. Este trascendente condicionamiento inicial no hace otra cosa que poner en jaque al resto de las instancias vinculadas a su ejecución, fragmentando su potencial de experiencia transversal, desintegrando las herramientas con las que puede ser puesta en práctica y echando por tierra cualquier posibilidad de abordarla con una necesaria concepción sistémica. Debido a que los aspectos detallados precedentemente son los que impiden responder al interrogante planteado en el apartado anterior, su superación será uno de los objetivos de este artículo. Para lograrlo, se propone probar el valor de verdad de la siguiente hipótesis:

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utilizándola como método de capacitación experiencial – adaptativo, la gamificación posibilita la elevación de los estándares organizacionales de confianza interna, integración y compromiso, redundando todo ello en una obtención paulatina de mejores resultados a lo largo del tiempo. El camino a transitar en la prueba de la solución planteada requiere, en primer lugar, definir un modo ordenado para implementar la gamificación. Haciéndolo, se dotará a la práctica de suficiente carácter y entidad para contraponerla ante otras alternativas de capacitación que, paradójicamente, vienen haciendo uso parcial de ella. En segundo lugar, la tarea obliga a acercar la pedagogía al ámbito de la empresa, puesto que en la proposición enunciada anteriormente asume un papel trascendente el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este marco, también cobran marcada importancia los abordajes alrededor de la tecnología, tanto como soporte de la experiencia como medio para conferir adaptabilidad al método. En tercer término, se pondrá especial atención sobre los aspectos motivacionales, críticos para el éxito en la puesta en práctica de la gamificación. En cuarto lugar, y efectuando un análisis sistémico de los puntos detallados anteriormente, se evaluará la efectiva contribución del método a la mejora de los resultados empresariales. Finalmente, se presentará una nueva definición de gamificación que contemple los resultados de la solución propuesta. Defensa Los métodos tradicionales de capacitación son insuficientes para dar una satisfactoria respuesta a las necesidades de know-how de las organizaciones y sus integrantes, al igual que para generar cambios conductuales positivos. La instrucción 1 a 1 o de carácter frontal es fomentadora de pasividad en el proceso de construcción de conocimientos, impacta negativamente en la motivación y presenta una baja conexión con la acción en el campo real. Este tipo particular de capacitación mejora levemente el estándar de proactividad del individuo cuando se la emparenta con tecnologías de la información y las comunicaciones (E-Learning), pero aun así no logra superar los déficit motivacionales y de retroalimentación que cualquier proceso de aprendizaje debiera exigir. Por el contrario, los métodos experienciales permiten superar las debilidades antes enunciadas, pero bajo su actual forma de utilización tampoco brindan respuestas satisfactorias a las necesidades de las empresas y sus trabajadores. Esto último se debe a que suelen perseguir exclusivamente fines naíf o competitivos, atentando así contra las

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necesidades de colaboración y cooperación que existen dentro de las organizaciones. Como se abordará más adelante, la gamificación podrá constituirse en una opción superadora siempre que su implementación responda a un método, a un modo ordenado de ejecución. Una experiencia puede ser gamificada adicionándole crédito y carácter de logro o sustituyéndola total o parcialmente por un juego. El crédito de logro hace referencia a las formas particulares que adopta la retroalimentación (v. gr. puntos, insignias, clasificaciones, etc.), mientras que el carácter de logro se vincula con la razón de triunfo o éxito en el marco de la experiencia gamificada (v. gr. ganar, cooperar, esforzarse, etc.). Ambas variables también están presentes en el resto de los estadios de la gamificación, los cuales se mencionan a continuación en orden de complejidad creciente: Juego de rol: interpretación de papeles; Juego de mesa: soporte físico (v. gr. Tablero) y reglas y recorridos preestablecidos; Videojuego: soporte tecnológico (v. gr. Hardware y Software) y reglas preestablecidas; Simulador: soporte tecnológico (v. gr. Hardware y Software), modelo computarizado de la realidad y reglas mayormente aleatorias; Realidad aumentada: soporte tecnológico (v. gr. Display y Headset), virtualización de la realidad y reglas aleatorias. Observará el lector que la influencia de la tecnología es determinante en los niveles de soporte, potencia y adaptabilidad, provocando todo ello una mayor complejidad en la planificación, gestión y ejecución de la gamificación. Una metodológica implementación de la gamificación aprovecha los beneficios del ELearning 1 a 1 y del método experiencial de aprendizaje, a la vez que permite superar las dificultades de las que éstos son víctimas (Figura 4).

Figura 4 Gamificación versus otros métodos.

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Claro que el método sería estéril si no contemplara las dinámicas de logro; esto es, las necesidades e inquietudes que la experiencia gamificada puede motivar o satisfacer en las personas que participen de ella. A saber: Relación: ser con los otros, aceptación social, compartir el logro. Competencia: ejercitar habilidades y mejorar. Autonomía: tomar decisiones. Consecuentemente, los perfiles de los jugadores quedan distinguidos por las propensiones a ganar, a cumplir, a ser y/o a aprender. En la Figura 5 se resume el posicionamiento de los métodos tradicional, experiencial y de gamificación en torno a la internalización de conocimientos, la proactividad, la motivación y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Figura 5 Visión sistémica de los distintos métodos.

Lo anteriormente descrito son las consideraciones neurálgicas y centrales del método de la gamificación, las cuales deben estar precedidas y sucedidas de instancias de evaluación que favorezcan a su éxito inicial y progresivo. La gamificación debe adoptar la forma de un método cíclico, iterativo e incremental cuya primera instancia de análisis se corresponde con un estudio de factibilidad. En este sentido, una actividad debiera gamificarse cuando los sujetos vinculados a ella evidencien déficit motivacionales, de aprendizaje y/o de atractivo hacia la tarea. Seguidamente, resulta necesario establecer los objetivos que se perseguirán mediante su puesta en práctica, los cuales podrán ir desde amenizar una tarea hasta fomentar aprendizajes o cambios conductuales con uno o más fines de negocio.

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Como se ha dicho anteriormente, la etapa medular del método está conformada por la identificación y el análisis de las motivaciones y objetivos de los usuarios, así como de los fines de las actividades a potenciar mediante la gamificación, y cuyo corolario debiera ser la determinación del modo o la plataforma con los cuales gamificar la experiencia. La última instancia del ciclo metodológico implica realizar un análisis de los resultados y las lecciones aprendidas que sirvan de realimentación a la primera etapa de la experiencia ya gamificada o a otras nuevas. Concebida sistémica y metodológicamente, la gamificación posibilita modificar positivamente las bases conductuales y mejorar las habilidades cognitivas de los participantes. La multiplicidad de variables que involucra la constituyen en un sistema de naturaleza compleja, de acciones interdependientes, donde el resultado estará condicionado por el componente más débil. Dicho esto, surge a las claras, que el sentido de la gamificación no descansa exclusivamente en los ambientes en los que se la ejecuta, sino que también lo hace en los fines últimos que se pretenden alcanzar mediante su implementación: gamificar es hacer uso del juego con fines serios, no exclusivos a la diversión o el entretenimiento. La definición propuesta no confina la práctica a una serie de contextos particulares. Por el contrario, resulta más abarcadora por su consideración del concepto de juego en su máxima amplitud, prescindiendo de la pretensión de establecer una diferencia entre los fines serios y la diversión y el entretenimiento. En el terreno del Management, los fines serios adoptan la forma de metas que se proponen facilitar el aprendizaje y modificar el comportamiento de las personas para incrementar el compromiso, fomentar la competitividad e incentivar la colaboración y la participación; todo con el objetivo de mejorar los resultados a lo largo del tiempo. La sociedad moderna destina más de mil millones de horas por día a jugar algún tipo de videojuego, lo cual implica aceptar que buena parte de la humanidad encuentra poderosos y atractivos estímulos en hacerlo. Si a esa consideración se le adiciona la del tiempo insumido en otros tipos de actividades lúdicas, la significancia del rol del juego en la vida del ser humano se exalta aun más. En aquel sentido, la gamificación ha tenido la intención de aprovechar esa predisposición cuasi natural de los seres humanos en otros contextos, adicionandole fines más complejos. Su carácter de disciplina emergente justifica la necesidad de establecer y validar un método que propenda a mejorar iterativamente el estándar de éxito en su ejecución. Esto favorecerá también a que su aterrizaje en la futura fase de estabilización de rendimientos responda a acciones planificadas que lleven a reducir el nivel de incertidumbre lógico que

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se asocia a una práctica de reciente aparición. Trazando una analogía con una política de producto, claramente la etapa introductoria de un nuevo lanzamiento resulta crítica para la sobrevida y el éxito futuro, aspecto que presenta estrecha vinculación con la adopción que el mercado haga de ese producto. En este plano, los potenciales beneficios y la capacidad de hacer uso de él se convierten en factores claves para conquistar al consumidor. La sobre expectativa de la que goza la gamificación da cobertura al primero de aquellos factores, pero la inexistencia de un método pone en jaque las posibilidades de hacer un uso exitoso de ella. Las organizaciones tienen motivaciones intrínsecas y extrínsecas para formar y compartir conocimientos en su seno, para establecer programas de enseñanza y aprendizaje que le posibiliten capitalizar las oportunidades que les propone el entorno cada vez más competitivo, y para preparar y estimular a sus recursos humanos en el aprovechamiento de las que se generen en el plano interno. No sólo eso, también se encuentran ante la necesidad de acercarse a la pedagogía para superar el déficit formativo que suelen tener los colaboradores que se incorporan a ellas, para lo cual deberán explorar métodos distintos a aquellos a los que se han venido aplicando y que no han ofrecido resultados satisfactorios en las etapas formativas previas. La tecnología nos acerca poderosas herramientas para redescubrir nuevas formas en el marco de los viejos métodos y se convierte también en un factor disruptivo que estimula la innovación en una variedad de ámbitos, entre ellos el de la enseñanza, la motivación y el juego. Los dispositivos móviles, la híper conectividad, las redes sociales y la nube trastocaron el perfil del Mundo conocido para convertirlo en un globo en el que la natividad digital es cosa de todos los días. En su variante de soporte, sin embargo, los neo gurús de la gamificación han mostrado una incomprensible segregación que, a decir por los resultados, ha contribuido a generar restrictivas consideraciones alrededor del tema. Así es como los juegos de mesa, los videojuegos y los simuladores parecen no ser alternativas para dar soporte a la gamificación, cuando en realidad lo son (enteramente). Y lo son porque hay hechos fácticos que así lo demuestran, como el simulador de mesa de origen mexicano “Emprendiendo™” o los simuladores informáticos desarrollados por la empresa francesa “StratX Simulations™”, los cuales son utilizados persiguiendo fines internos y externos en empresas e instituciones educativas de diferentes latitudes. Sus aristas de herramienta potenciadora de experiencias hacen que la tecnología asuma un papel trascendental en el marco de las prácticas gamificadas. En este sentido, probablemente su máxima contribución al éxito sea la de posibilitar inmediatez en los ciclos de feedback que colaboran con el sostenimiento del estado de expectación en y entre los participantes.

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Es esa misma potencia y economía de cálculo de la tecnología la que posibilita dotar de adaptabilidad al aprendizaje y/o a la motivación, siendo éste un estadio más difícil de alcanzar en un contexto de estricta interacción humana. La noción de adaptabilidad implica ajustar contenido, forma y/o ciclo a las posibilidades del sujeto, estimulando así su participación activa en el proceso. Lo que hace algunos años podía ser una utopía hoy es una realidad, y basta un caso para confirmarlo: “Knewton™”. La segregación practicada por los especialistas de la gamificación no es un hecho circunstancial, una pretensión aislada. Es otra réplica del vicio reduccionista en el ámbito de la administración empresaria. El Management como disciplina ha tenido fallos metodológicos que justifican su confinamiento al terreno de la técnica, siendo el más concreto el concerniente a la pretensión de hallar soluciones a problemas sistémicos mediante una catarata de herramientas de alcance extremadamente focalizado. Es esa una de las poderosas razones que explica por qué no llegan las soluciones cuando se ha logrado captar una porción de la realidad: porque esa misma realidad creció, se complejizó y produjo nuevas situaciones problemáticas a las que las tardías soluciones ya no pueden dar respuesta satisfactoria. La gamificación puede y debe ser una experiencia que sintetice, que se construya partiendo de la comprensión de que el marco en el que se desarrolle será parte de otro más amplio que lo contiene, y que en tal contexto resultará determinante generar alineación y sinergia entre los objetivos de ambos. Es por ello que el enfoque sistémico propende, como ningún otro, a la integración de la pedagogía, la motivación, la tecnología y el juego con el fin de ofrecer soluciones más integradas a los problemas de gestión presentes en los sistemas organizacionales. Además de aquella planteada en este artículo, otras voces disonantes están comenzado a aparecer para reorientar el sentido de la gamificación hacia sus fines, afirmando que “es el uso de la mecánica, la estética y el pensamiento del juego para involucrar a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012). Respecto a por qué la humanidad destina una buena parte de su tiempo a jugar, vale decir que ello se debe a que hacerlo es sentirse inmerso en una experiencia de flujo (o flow, por su denominación en inglés), siendo esa “la manera en que la gente describe su estado mental cuando la conciencia está ordenada armoniosamente; gente que desea dedicarse a lo que hace por lo que le satisface en sí. Al repasar algunas de las actividades que de forma consistente producen flujo (como […] los juegos […]) es más fácil entender qué hace feliz a la gente” (Csikszentmihalyi, 2012). Así las cosas, la gamificación potencia la predisposición conductual o psicológica natural del ser humano (Figura 6) para alcanzar uno o más objetivos, fin para el cual también podría hacer uso de motivadores extrínsecos.

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Figura 6 Gamificación y Teoría de Autodeterminación (Adaptado de Ryan & Deci, 2000).

En el contexto organizacional, la introducción del juego llega hasta el epicentro de su núcleo cultural propendiendo a internalizar la idea de que “el trabajo no es lo opuesto al juego; lo opuesto es el aburrimiento. El juego fluye de manera natural con el trabajo, mientras que el aburrimiento asfixia el desempeño” (Burt, 2013). La necesidad de proponer un método para llevar adelante su implementación se justifica en que “[…] la gamificación está impulsada actualmente por la novedad y la moda. […] Las empresas tienen que plantearse cómo aplicar la gamificación del mejor modo posible a sus modelos de negocio” (BBVA Innovation Edge, 2012). Una parte esencial del método propuesto es la de acercar la pedagogía al ámbito de la empresa, puesto que “estamos pensando en la organización como un proyecto educativo, que se permite evaluar sus propias necesidades y cubrirlas mediante nuevos criterios para la selección de personal, la capacitación y otras formas de inversión en el capital humano” (Etkin, 2005). Permitirse evaluar nuevos modos va a contramano del microscópico y anti integracionista juicio que realizan los eruditos de la gamificación alrededor de las tecnologías que pueden soportarla. El presente artículo se ubica en sus antípodas por suscribir al hecho de que “[…] el uso de juegos serios se considera una forma de gamificación porque […] son un subconjunto específico del meta concepto de gamificación” (Kapp, 2012) y porque “[…] las simulaciones se convierten en juegos cuando aplicamos objetivos a las posibles actividades de la simulación” (Aranda & Sánchez-Navarro, 2009). En sus sentidos de incorporación y entendimiento, la práctica debe comprender todo aquello que le es dable canalizar, estimular o transformar. A este respecto, la “gamificación es un enfoque serio para acelerar la curva de experiencia del aprendizaje, la enseñanza

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de temas complejos, y el pensamiento sistémico” (Kapp, 2012). Esta tesis constituye un enorme aporte para aceptar que la pedagogía, la motivación y el juego se integran a la gamificación y que su abordaje debe realizarse necesariamente mediante una concepción holística y teleológica. Conclusión Es de suma importancia que la ejecución de la gamificación dentro de las organizaciones empresariales responda a un método comprensivo de las implicancias pedagógicas, motivacionales y tecnológicas que su puesta en práctica trae aparejadas, al efecto de capitalizar su alto poder transformador y minimizar las posibilidades de que se convierta en un simple y circunstancial divertimento. A lo largo de estas páginas se ofrecieron aproximaciones a cómo y a través de qué medios es posible gamificar una experiencia. Haciéndolo, se consiguió estructurar un método para la gamificación y compararlo con otros que, teniendo también fines de capacitación, gozan de mayores grados de utilización en la actualidad. Todo aquello posibilitó probar que la gamificación es el estadio evolutivo de siguiente grado al aprendizaje electrónico y al método del caso, nutriéndose de lo mejor de ellos y posibilitando la superación de las dificultades de las que éstos son objeto. Aprender, motivar y atraer haciendo son piedras angulares en la gamificación y variables que le otorgan el necesario carácter experiencial al método propuesto. La implícita y trascendente consideración del sujeto como elemento central al que pretende darse atención a través del método, se vio fortalecida por el adicionamiento de la tecnología como variable de análisis, puesto que en su economía y potencia de cálculo descansan las mejores posibilidades para alcanzar la adaptabilidad instructiva y/o motivacional. Así las cosas, se pusieron en evidencia las implicancias experienciales e interactivas de la gamificación, concluyéndose que ellas están signadas por la integración (trabajo en equipo) y la tecnología (habitual y fuerte apoyo en elementos de soporte) respectivamente. Por medio del establecimiento de las dinámicas de logro, la gamificación estimula la motivación intrínseca de las personas y, al hacerlo, la direcciona en la satisfacción de necesidades que son también resultados esperados en la tesis del presente artículo. Así es como confianza y compromiso podrán ser efectos de las necesidades de autonomía, integración producto de las inquietudes de relación, y orientación a los resultados consecuencia del deseo de competencia. Resulta claro que debe evitarse la implantación de la gamificación como una simple

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respuesta al impulso de la moda o la sobre expectación de la que ella goza, ya que hacerlo implicaría introducir el juego con incertidumbre de fines. En tal contexto, se elevarían considerablemente las posibilidades de producir un desorden motivacional (riesgo de caer en la sobre-justificación) y/o cultural (peligro interpretativo de que se ludifica la responsabilidad) de efectos negativos, duraderos y de difícil corrección a largo plazo. A este respecto, las propuestas metodológicas contenidas en el presente paper ayudan a dejar a un lado tan riesgoso camino. Como se ha visto a lo largo de estas páginas, el futuro de la gamificación es sumamente prometedor. Es de esperar que sus fronteras se expandan hacia nuevos ámbitos y que sus medios se nutran de nuevas herramientas tecnológicas de última generación. En cualquiera de los casos, las acciones a ejecutar en el terreno de lo real deberán estar precedidas de nuevas investigaciones científicas que las atiendan, puesto que de otro modo las posibilidades de fracasar o de llegar a resultados no esperados se verán incrementadas. Una de las investigaciones que se sugiere realizar alrededor de la materia implica indagar sobre las efectivas posibilidades de hacer uso de la gamificación con fines de reclutamiento de recursos humanos, puesto que se presume que, junto con hacer más atractivo el proceso, podría mejorar las ecuaciones de costo - beneficio que presentan los actuales métodos de búsqueda y selección de personal. Otra de las exploraciones que se proponen llevar adelante invita a establecer la factibilidad y los beneficios esperados de complementar la gamificación con las tecnologías emergentes de “Big Data”, realidad aumentada y “Wearable Technology”. Finalmente, se recomienda considerar la realización de una investigación cuantitativa que persiga el fin de probar en qué medida la utilización de juegos de mesa en procesos de capacitación contribuye a lograr mejoras en el aprendizaje y la motivación. A modo de cierre, es posible afirmar que la empresa debe permitirse el juego…siempre que no sea el del azar el afán que la lleve a jugar. Referencias Antonopoulos, N. et al. (2011). Serious Games and Edutainment Applications. Springer. Aranda, D. y J. Sánchez-Navarro, eds. (2009). Aprovecha el tiempo y juega. Editorial UOC. BBVA Innovation Edge (2012). “Gamificación: El negocio de la diversión”. Centro de Innovación BBVA, Septiembre, p. 19. Becker, K. y J.R. Parker (2011). The Guide to Computer Simulations and Games. John Wiley & Sons. Bogost, I. (2011). “Gamification Is Bullshit”. The Atlantic, [Electronic Journal], August, 9;

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http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/08/gamification-is-bullshit/243338/ Burt, G. (2013). “¿Tiene su empresa sentido del humor?”. WOBI Magazine, Junio - Julio, Vol. 18, p. 94. Csikszentmihalyi, M. (2012). Fluir: Una psicología de la felicidad. Editorial Kairós. Deterding, S. et al. (2011). “Gamification: Toward a Definition”. CHI 2011 Workshop Gamification: Using Game Design Elements in Non-Game Contexts, May 7-12, Vancouver, BC, Canada; http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-KhaledNacke-Dixon.pdf Dignan, A. (2011). Game Frame: Using Games as a Strategy for Success. Free Press. Etkin, J. (2005). Gestión de la complejidad en las organizaciones: La estrategia frente a lo imprevisto y lo inesperado. Ed. Granica. Hugos, M. (2012). Enterprise Games: Using Game Mechanics to Build a Better Business. O'Reilly Media, Inc. Hunter, R. (2011). The Gamification Handbook: Everything You Need to Know About Gamification. Emereo Pty Limited. Kapp, K. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. John Wiley & Sons. Morozov, E. (2013). To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism. PublicAffairs. Reeves, B. y J. Leighton Read (2009). Total Engagement: Using Games and Virtual Worlds to Change the Way People Work and Businesses Compete. Harvard Business Press. Ryan, R. y E. Deci (2000). “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being”. American Psychologist, January, Vol. 55 N° 1, p. 72. Zichermann, G. y J. Linder (2010). Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through Rewards, Challenges, and Contests. Wiley. _____ (2013). The Gamification Revolution: How Leaders Leverage Game Mechanics to Crush the Competition. McGraw Hill Professional.

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Sección III

RESEñAS DE LIBROS, CONFERENCIAS, ENTREVISTAS Y COMENTARIOS DE ACTIVIDADES DE CARáCTER CIENTÍFICO-ACADéMICO


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Borella, A. (2016). “El realismo pictórico de los modelos económicos”. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 6, N° 2. Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, pp. 99-105. DOI http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2016-v6n2a06

EL REALISMO PICTÓRICO DE LOS MODELOS ECONÓMICOS Ag us ti n a B O R E L L A 1

Reseña Essays on the nature and state of modern economics, Tony Lawson: U.K y U.S.A.: Routledge, 2015, 261 pp., ISBN: 978-1-138-85101-6 (hbk), ISBN: 978-1-138-85102-3 (pbk), ISBN: 978-1-315-72441-6 (ebk) En su reciente obra Tony Lawson nos invita a recorrer una vez más un análisis detallado de los problemas de la economía como ciencia, y en particular del modelar matemático. Intenta responder a preguntas como ¿qué hacen los economistas académicos modernos?, ¿qué es actualmente la economía mainstream?, ¿qué es la economía neoclásica y qué la heterodoxa?, ¿cómo se relacionan las preocupaciones de los economistas modernos con aquellas que tradicionalmente consideraba la disciplina? y ¿cómo llegó la economía a su estado actual? El texto se encuadra en la preocupación que acompañó gran parte de su vida, al menos después de graduarse en matemática en Queen Mary University of London, su formación en economía en su estadía en la London School of Economics (LSE) y su llegada y permanencia en la Universidad de Cambridge, recorrido en el que se fue gestando el profundo interés por ofrecer un Realismo Crítico para la economía que permita transformar el mundo social (Lawson, 1997; 2003). Su desencanto con la manera de hacer economía en LSE, esto es, a su criterio, hacer matemática para economistas, pero no discutir o debatir sobre problemas reales del mundo social (Dunn, 2009, pp. 482-483) y su desilusión con los filósofos de la academia, que los encuentra preocupados por parecer inteligentes, más que tratando de resolver problemas sobre cómo es el mundo (Hirsch- DesRoches, 2009, p. 119) lo llevan a desarrollar el Realismo Crítico, fundándolo en su Ontología Social. 1 Lic. en filosofía y Dra. en Filosofía (UBA). Docente de Metodología de la Investigación en posgrados y de Introducción al Pensamiento Científico en CBC- UBA. Correo: agustinamborella@hotmail.com

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El libro consta de once capítulos, que fueron trabajados en artículos escritos a lo largo de más de una década y nuevos. En ellos trata desde la noción de economía moderna, la heterodoxia, la idea de economía neoclásica, la crisis de la economía contemporánea, hasta los modelos matemáticos, la ideología en la academia de la economía, el análisis de equilibrio, la teoría de la reflexividad, la ontología y el pluralismo. Buena parte de estas cuestiones pueden advertirse en sus libros y artículos anteriores. En este texto Lawson retoma sus inquietudes iniciales, y brinda en cierto modo una mirada retrospectiva sobre el desarrollo de estos temas, recogiendo las diversas críticas que ha recibido en estos años y profundizando en ellas. Puede reconocerse en esta obra una segunda oportunidad, después de Fullbrook (2009), en la que el autor vuelve de modo sistemático sobre críticas y responde detalladamente. En el primer capítulo analiza detenidamente los mitos y falacias continuos que entiende atraviesan la economía moderna, y que a su criterio son responsables del carácter dominante e influyente del proyecto mainstream. Presenta veinte mitos comunes a los que responde cuidadosamente agrupándolos bajo tres criterios: 1) la naturaleza y los problemas de la economía moderna, 2) cuestiones teóricas o filosóficas y 3) propuestas para transformar constructivamente la disciplina. Introduce en este capítulo la comparación de la obra de 1849 de Gustav Courbet, “Los picapedreros”, (cuya imagen aparece en la tapa del libro), y su realismo pictórico con el realismo de los modelos en economía. Así como advierte en la obra cierta incongruencia entre el empuñar un martillo relativamente liviano en relación a la tarea, picar piedras y rocas para hacer un camino en la montaña, entiende que el uso de métodos de modelar matemático es al menos incongruente para tratar fenómenos económicos. También señala Lawson que la contextura de los hombres que realizarán el trabajo pareciera no ser la adecuada a la actividad. En el caso del cuadro de Courbet, Lawson concede que conforme al momento histórico del artista, quizás no disponían de mejores herramientas para cumplir el objetivo, pero esta justificación no la extiende a los métodos para hacer economía. En el segundo capítulo examina el problema de la economía moderna y propone una solución. El problema es esencialmente metodológico. El fracaso de la disciplina y el estado desafortunado en que se encuentra se debe a la utilización de métodos formales matemáticos que no se ajustan a cómo es el reino social (Lawson, 2001, p. 156). Se plantea aquí la prioridad de la ontología respecto de la metodología. El estado “poco saludable” de la economía se debe a que el método supone un compromiso, a su entender con el Realismo Empírico, esto es, con una concepción del mundo social como un sistema cerrado, contrario a la Ontología Social, propia del Realismo Crítico. Aunque no los explicita en esta oportunidad, vuelve sobre los presupuestos filosóficos que él entiende subyacen al proyecto

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mainstream e introduce la noción de “relaciones funcionales”. Profundiza la relevancia de la noción de mecanismos para mejorar la economía como ciencia y retoma su propuesta del método de explicación por contrastes. El tercer capítulo profundiza en la naturaleza de la economía heterodoxa. A partir de la creación de diversas instituciones y congresos que nuclean la economía heterodoxa, Lawson intenta responder a la pregunta acerca de qué tipo de cosa es tal economía. Asume que la respuesta comprende distinguir la mainstream contra la que se opone. 21 Si bien caracteriza a esta última con el individualismo, el supuesto de racionalidad y la confianza en los métodos matemáticos deductivistas, introduce algunas aclaraciones y matices en la discusión sobre esta noción siguiendo a Colander (2000) y Colander, Holt and Rosser (2004). Destaca que la esencia de la oposición heterodoxa es en naturaleza ontológica.32 En el compromiso metafísico que entiende Lawson vincula a la heterodoxia con la ontología social, que presupone que el mundo social es un sistema abierto, entre otras características, se basa, también la crítica al aislamiento propio del modelar matemático. En el capítulo 4 Lawson trata la cuestión acerca de qué es la “escuela” neoclásica. Parte de la idea de que quizás este término acuñado por Veblen podría no caracterizar a una única escuela de pensamiento, sino más bien referir a un espectro de teorías y posiciones políticas. Asume que existe una variedad de interpretación significativa del término “economía neoclásica”. Entre los rasgos que podrían constituir a esta escuela señala: el individualismo metodológico, la racionalidad, el equilibrio y el instrumentalismo. (Lawson, 2015, p. 94) Vuelve aquí sobre la relación entre los métodos inadecuados a la ontología social y caracteriza al neoclasicismo con los supuestos filosóficos que habitualmente le atribuye a la mainstream: el deductivismo y el realismo empírico. En la práctica de los economistas modernos llama neoclásicos a aquellos que suponen la ontología social pero continúan aceptando un uso significativo de los modelos matemáticos. En el capítulo cinco analiza la naturaleza de la crisis económica actual y el curso de la economía académica. Destaca que el énfasis en el modelado matemático es el problema de la economía moderna, puesto que tales métodos son una herramienta, y como tal, permite tratar un conjunto limitado de fenómenos. Sumado a esto, la naturaleza y las características propias de la realidad social, conforme a la ontología social vuelven a los modelos 21

Sobre la noción de mainstream y qué se entiende por ortodoxia y heterodoxia en economía, puede verse nuestro “La Nueva Mainstream más pluralista: entre la ortodoxia y la heterodoxia”. XVI Congreso Nacional AFRA de Filosofía, AFRAUNTREF, Universidad Nacional del Litoral, (2015). Disponible en http://www.fhuc.unl.edu.ar/media/investigacion/publicaciones/FILOSOFIA/AFRA_XVI%20CONGRESO.pdf 2 Sobre la discusión ontológica subyacente a la discusión sobre el realismo de los modelos, puede verse nuestro trabajo “Modelar o no modelar: ésa no es la cuestión principal. ¿Hay algo intermedio?”, ponencia presentada en las XVIII Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Octubre de 2012. Sin publicar.

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matemáticos casi completamente inadecuados para comprender algo de ese ámbito (Lawson, 2009a). A la economía mainstream le atribuye otra vez un compromiso con la ontología propia del realismo empírico que considera al mundo social como un sistema cerrado de átomos aislados. Una metodología con estos presupuestos ontológicos se funda inevitablemente en supuestos irrealistas. En el capítulo seis se refiere a la economía contemporánea y la crisis. Atribuye el fracaso fundamental de la economía moderna a que no está bien preparada para iluminar mucho de lo que pasa en economía en cualquier momento. (Lawson, 1997; 2003) Esto se debe al énfasis en el modelar matemático per se y al compromiso de este método con una ontología que asume que el mundo social es un sistema cerrado. El autor hace un llamado a reemplazar el dogmatismo metodológico por un pluralismo. En el capítulo siete plantea la relación entre el modelado matemático y la ideología en la academia de economía en su explicación del fracaso de la disciplina moderna. Entiende que la creencia en que la única economía apropiada es la matemática es una forma predominante de ideología; una ideología de naturaleza metodológica. Señala que la centralidad de la matemática en toda ciencia ha sido tomada como un “artículo de fe”. La ideología dominante en la academia de la economía, estoy sosteniendo, es precisamente la creencia extraordinariamente extendida y duradera de que el modelado matemático es de algún modo neutral al nivel o la forma, pero un método esencial para la ciencia, sustentando cualquier economía correcta o seria. (Lawson, 2015, p. 160) 43

En el capítulo ocho Lawson analiza el caso del análisis de equilibrio como expresión de las tensiones en la economía moderna. Muestra los diversos sentidos en los que puede entenderse la noción de equilibrio. Destaca el exceso de concepciones de equilibrio en competencia, y la polarización de orientaciones divididas entre la mainstream y la heterodoxia. Presenta a Hayek como paso de la noción de equilibrio a la de orden. Si bien asume que la economía moderna está formada por el proyecto mainstream y las economías heterodoxas alternativas, señala que ambos se distinguen no sólo por sus métodos sino también por sus compromisos ontológicos. El capítulo nueve consiste en un comentario crítico a la teoría de reflexividad de Soros. La noción de reflexividad asume el intercambio bidireccional: desde la realidad a nuestro entendimiento de ella, y de cada ser humano hacia la realidad. Lawson retoma la crítica al modelar matemático, conforme a los supuestos ontológicos que asume. Advierte cierta inclinación en la propuesta de Soros a “modelar la incertidumbre”. En ese caso, Lawson

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La traducción de las citas de este texto es mía.

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reconoce detrás de la propuesta de la teoría de reflexividad una crítica insuficiente a la matemática. Si la modelización matemática económica conserva algún interés, no tiene nada que ver con proveer comprensión (insight) del mundo real. Básicamente, las formulaciones son construidas para permitir a ciertos tipos de resultados considerados deseables que emerjan. (Lawson, 2015, p. 196) 54 En el capítulo diez sobre Ontología, economía moderna y pluralismo, Lawson retoma la crítica recibida de ser insuficientemente pluralista, respondiendo a Davis (2006), Garnett (2006) y van Bouwel (2005). Presenta distintos significados e inflexiones de la palabra “pluralismo”. Pero conforme a las respuestas que ofrece, la idea de insuficientemente pluralista que aborda es aquella que excluye, o muestra poco respeto o tolerancia de un compromiso con las visiones de determinados otros en la conversación académica (Lawson, 2015, p. 207). Frente al reclamo que hace Davis de profundizar en la mainstream, más que oponerse a ella, reafirma su crítica a un dogmatismo metodológico, en el caso de la economía moderna sobre los métodos formales matemáticos y defiende un pluralismo metodológico. En su respuesta a Garnett, que señala el interés de Lawson por reemplazar el paradigma mainstream por el suyo, muestra que si bien la heterodoxia se define por su oposición a la ortodoxia, enfatiza que los proyectos heterodoxos son consistentes con la ontología social. Vuelve sobre la crítica de van Bouwel, que había analizado en otra oportunidad (Lawson, 2009b), en la que éste entiende que Lawson es pluralista en el sentido en que provee una alternativa a la mainstream, pero no en la apertura a la conversación o diálogo.65 Lawson comprende a la heterodoxia como divisiones de un proyecto total. En el capítulo once ofrece una explicación evolutiva sobre la fortuna cambiante del proyecto de matematizar la economía. Describe nuevamente al proyecto mainstream moderno como en estado de desorden, confuso y enfermo. Reitera la crítica a la idea de que la matemática vuelve al conocimiento correcto, confiable, comprehensivo o científico. Recorre el camino hacia la matematización de la economía en Francia, deteniéndose especialmente en Walras. Explicita el cambio del desinterés y la hostilidad inicial hacia una economía matemática por una reinterpretación de la matemática. Pasa del énfasis en una

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Sobre su crítica al abuso de la matemática puede verse Lawson, T. (2009ª). Sobre la matemática en economía puede verse también: Benegas Lynch, A. (h), (2016), “Las matemáticas y la economía”, disponible en http://www.elcato.org/las-matematicas-y-la-economia 65 En cuanto a la crítica de van Bouwel entendemos que, contrariamente a lo que señala este autor, Lawson es pluralista en relación a su apertura a la crítica y al dialogo racional (Ver Lawson, 2009b), pero no ha ofrecido hasta el momento, una teoría económica alternativa para sistemas abiertos.

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matemática como un intento de aplicar el modelo de la física al énfasis de la matemática por su propio bien. Lawson entiende que la prominencia del proyecto de matematizar la economía se parece al modelo evolutivo, esto es a la metáfora de la selección natural. Este libro tiene un enfoque analítico y crítico de la economía como disciplina. Destaca la idea de que la transformación del mundo social es posible desarrollando una economía como ciencia que salga del estado confuso, de desorden y poco saludable en el que, a criterio de Lawson, ha entrado a causa de haber asumido y utilizado métodos que suponen un compromiso ontológico con una concepción del mundo como sistema cerrado. La lectura de este texto es recomendada para los interesados en la filosofía de la economía, la epistemología de la economía y aquellos que tengan la intención de modificar el mundo social considerando la reflexión sobre la implementación de políticas económicas vinculada al desarrollo de la economía como disciplina. Referencias Colander, D. (2000). The death of neoclassical economics. Journal of the History of Economic Thought, vol. 22, nº2, 129-143. Colander, D., Holt, R. P. & Ross, J. B. Jr. (2004). The changing face of mainstream economics. Review of Political Economy, vol. 16, nº4, 485-500. Davis, J. (2006). The nature of heterodox economics. Post Autistic Economics Review, Issue 40, December 1, 23-30. Dunn, S. (2009). Cambridge Economics, Heterodoxy and Ontology: An Interview with Tony Lawson. Review of Political Economy, 21:3, 481-496. Fullbrook, E. (2009). (Ed.) Ontology and Economics: Tony Lawson and His Critics. London: Routledge, 359 pp. Garnett, R. (2006). Paradigm and pluralism in heterodox economic. Review of Political Economy, 18 (4), 521-546. Hirsch-DesRoches, (2009). Cambridge Social Ontology: an interview with Tony Lawson. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, vol. 2, Issue 1, 100-122. Lawson, T. (1997). Economics and Reality. London: Routledge. Lawson, T. (2001). Two responses to the failings of modern economics: the instrumentalist and the realist. Review of Population and Social Policy, nº1, 155-181. Lawson, T. (2003). Reorienting Economics. London and New York: Routledge. Lawson, T. (2009a). On the nature and roles of formalism in economics. Response to Hodgson. En Fullbrook (ed.), Ontology and Economics: Tony Lawson and his Critics (pp. 209257). London and New York: Routledge.

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Lawson, T. (2009b). Heterodox economics and pluralism. Reply to Davis. En Fullbrook (ed.), Ontology and Economics: Tony Lawson and his Critics, (pp. 93-129). London and New York: Routledge. van Bouwel, J. (2005). Towards a framework for Pluralism in Economics. Post Autistic Economics Review, Issue 30, March 21, art. 3.

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Secciรณn IV

INFORMACIรณN INSTITUCIONAL


Carreras en la Facultad

De grado La Facultad ofrece tres carreras de grado – Abogacía, Contador Público Nacional y Licenciado en Administración con orientación en Emprendedurismo, todas ellas con Planes de Estudio con 5 años de duración. De pregrado En ambas áreas –ciencias económicas y jurídicas- también existen ofertas de carreras cortas. Ellas son Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo y Procurador; ambas con un Planes de Estudios estructurados en tres años. Postítulo Hasta el año 2014, se dictó la carrera Escribanía en la Facultad, a término para dos cohortes. De acuerdo a los requerimientos de la comunidad, esta carrera se volverá a implementar. NUEVA CARRERA DE GRADO Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo: A partir del 2016 comenzó dictarse esta nueva carrera. Su creación permite atender la demanda y expectativa vocacional de muchos estudiantes especialmente interesados en las cuestiones vinculadas a la gestión de organizaciones, y por otro, contribuirá, a través de la formación de profesionales capacitados y comprometidos, al mejoramiento de la realidad socioeconómica regional y nacional. En particular, la orientación al emprendedurismo se constituirá en un importante aporte, desde el campo académico, a la formación de emprendedores y, a través de ellos, a la creación de nuevas unidades económicas y puestos de trabajo. En el ámbito local, regional y aun nacional, la actividad empresarial, desarrollada principalmente por pequeñas y medianas empresas, enfrenta grandes desafíos, lo que se traduce en una significativa mortalidad de empresas y, en muchas, dificultades para lograr la creación sustentable de las mismas. Se pretende con esta carrera contribuir, a la generación de conocimientos y capacidades que, puestos en acción a través de sus profesionales, coadyuven a enfrentar los desafíos citados.

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Posgrados en la Facultad En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas se dictan tres carreras de posgrados, cuyas actividades se desarrollarán según sus respectivos cronogramas que se encuentran disponibles en la página Web de la Facultad. Maestría en Gestión Empresaria Esta carrera de posgrado tiene una duración de 2 años de cursada más la realización de la tesis de graduación y se dicta los días viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Especialización en Derechos Humanos Esta carrera tiene una duración de un año y medio, más el trabajo final de graduación. Salvo excepciones en seminarios optativos, se dicta los días viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 9 a 12 horas. Especialización en Administración y Control Público Esta carrera tiene una duración de dos años, más el trabajo final de graduación y se dicta los días viernes de 17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas.

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La Facultad en acción EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2016 CHARLA SOBRE SEXUALIDAD Y ABORTO – La Jornada tuvo una importante asistencia Con un aula colmada se realizó la jornada “Sexualidad y Aborto. Una mirada Multidisciplinar desde los Derechos Humanos” en la que disertaron los docentes Marién Cazenave y Alejandro Osio, la psicóloga Lucía Cinquepalmi, el médico Fernando Giayetto y la abogada Carina Santos Bono. Un auditorio sobre todo estudiantil siguió con interés la charla y la exposición de los disertantes, quienes abordaron desde distintas miradas y disciplinas la temática de la sexualidad y el aborto trabajados desde la cuestión de género y los derechos humanos. La jornada tuvo como objetivo dar elementos para el debate y la reflexión sobre estos temas. La charla, abierta al público en general, fue organizada por la Facultad a través de la Comisión de Genero del Observatorio de Derechos Humanos y con la participación del Centro de Estudiantes. INDICE DE PRECIOS DE LA FACULTAD - Capacitaron al equipo de trabajo El equipo de trabajo de la Facultad que releva los datos para elaborar el Índice de Precios al Consumidor pampeano asistió a una jornada de capacitación a cargo de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia. La propuesta fue capacitar a los encuestadores, al supervisor y al coordinador en aspectos como la salida a campo y el registro de datos. El proyecto apunta a que La Pampa cuente con un índice de precios propio, con una metodología apropiada, cuyo contenido sea consensuado con cámaras empresariales y sindicatos y que involucre a la Provincia como una totalidad. La información recabada será dada a conocer una vez que la Facultad realice las encuestas y procese la información. CONVENIO CON MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA - Capacitan a personal de registros civiles La Facultad firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa para capacitar al personal de la Dirección del Registro Civil y de los registros civiles de la Provincia. Este curso quiere sensibilizar a quienes trabajan en la Dirección General y en los registros civiles sobre la importancia de brindar una atención de calidad a los ciudadanos que se acercan personalmente a esas oficinas, de forma que se comprenda la necesidad de profesionalizar a los agentes que brindan ese servicio. ACTO DE COLACION DE GRADO - Recibieron sus diplomas 21 egresados El viernes 29 de julio 21 egresados de la Facultad recibieron sus diplomas en el acto de

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Colación de Grado y Posgrado que se realizó en el Aula Magna. Por Abogacía se graduaron Anavelia Marisa Alvarez; Soledad Itatí Alvarez; Mayra Alexandra Blanco; Diego Camargo; Maximiliano Jesús Corroinca; María Belén Ferrari; Gabriela Miriam Forte; Leandro Emilio Lobato Espinal; Noelia Soledad Martínez; y Luciano Sebastián Pellejero. De la carrera de Contador Público Nacional lo hicieron Karen Abascal; Ludmila Inés Armando; Carolina Rosela Canepele Domenech; Hernán Delsol; Noelia Luz Fons; Juan Manuel Lamelo; Yesica Yanina Elizabet Lucero; y Clarisa Tirenni. Y como Procuradores Diego Camargo; Gabriela Miriam Forte; y Noelia Soledad Martínez. I CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES EN LA UNLPam - Se presentaron tres libros Durante los días 4 y 5 de agosto se desarrolló en las instalaciones de la Facultad el I Congreso Internacional "Instituciones e interdisciplina. Alcances jurídicos, económicos y epistemológicos. Con más de cincuenta especialistas, durante dos días se debatieron en distintas comisiones sobre diferentes aspectos que hacen a las instituciones. Pudieron participar en calidad asistentes al Congreso todas las personas interesadas ya que sus paneles fueron abiertos al público. En el marco de estas actividades el día jueves se presentaron tres libros, el de "Perspectivas de la Psicología Organizacional" de Ana Verónica González y Gerardo de la Fuente Aza (UNLaR), otro sobre “El derecho humano a los patrimonios culturales. Avances, frenos y retos de su consolidación desde La Pampa” de Lucía Colombato (UNLPam) y por último el de Jorge Luis Ferrari (UNLPam) sobre "Historia del peronismo en La Pampa. 1945-1956". En el último caso, la presentación estuvo a cargo del ex gobernador de la provincia, Rubén Hugo Marín. NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL - Presentación de libro El lunes 8 de agosto se presentó el libro "Obligaciones y Responsabilidad en el Nuevo Código Civil y Comercial", autoría de los docentes de la Facultad Jesús los Arcos Vidaurreta y Norma Martínez. La presentación se realizó en el Salón Azul y estuvo presente el doctor Luis Cuervo, profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad, quien disertó sobre "La previsibilidad contractual". NUEVA CARRERA DE POSGRADO - Aprueban Especialización en Trabajo Forense El Consejo Directivo y posteriormente el Consejo Superior mediante la Resolución

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341/2016 aprobó la creación de la carrera de posgrado “Especialización en Trabajo Forense”, para dar respuesta a la necesidad manifestada por el Consejo de Asistentes Sociales. La carrera está destinada a asistentes sociales y abogados, aunque el Consejo Académico de la Especialización puede aceptar el ingreso de aspirantes con título universitario expedido en otras carreras de Ciencias Humanas y Sociales. El trabajo social forense se focaliza en la interrelación entre el sistema jurídico y el sistema de servicios sociales, encontrando sentido toda vez que una dimensión legal se encuentra afectada o en litigio, no solo en el campo de la justicia, sino en todos aquellos que comprenden al sujeto: salud, educación, bienestar, delito, etc. La Directora de la carrera es la docente Mg. Daniela Zaikoski Biscay. EMPRENDEDURISMO EN LA FACULTAD - La Legislatura distinguió taller La Cámara de Diputados de la Provincia declaró de interés legislativo el Taller de Emprendedurismo que por tercer año se dicta en la Facultad. La diputada provincial Alicia Ré hizo entrega de la Resolución 79/16 a la docente Alejandra Galán en la que se distinguió esa materia, y acompañada por el decano Oscar Alpa se inauguró la tercera cohorte del taller a partir del jueves 11/8. La Legislatura consideró que el taller es de interés legislativo ya que, además de brindar conocimientos técnicos, desarrollar las capacidades cognitivas y creativas de los estudiantes y elevar su grado de habilidad para hacerlos más competitivos en el mundo globalizado al cual se enfrentarán, está en consonancia con las políticas del Poder Ejecutivo que buscan generar emprendedores y no empleados en nuestra Provincia. COMPETENCIA NACIONAL DE DDHH - Destacado desempeño del equipo de la Facultad El equipo de la Facultad que participó de la XI Competencia Nacional de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata logró un destacado desempeño entre las tres casas de estudio que participaron del evento que se desarrolló entre el 23 y el 26 de agosto. Los representantes fueron Guillermina Falcone y Eduardo Vicente Godoy que intervinieron en el rol de Estado y obtuvieron el mayor puntaje en la redacción del memorial con 9.6 puntos sobre 10, realizando una excelente participación. La competencia, inspirada en el Sistema Interamericano de Protección de los DDHH, consiste en la simulación de un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que las delegaciones universitarias que participan asumen los roles de representantes de un Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos o de las presuntas víctimas.

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FACULTAD CAPACITÓ A MUJERES EN NEGOCIOS Concurso Madre Emprendedora en La Pampa El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Oscar Alpa, la lic. Valeria Santella, el coordinador de la Licenciatura en Administración, Pablo Marek, y la lic. Romina Avila fundadora de la organización lanzaron el 2 de septiembre la capacitación del Programa de Desarrollo Emprendedor para Madres y el Premio Nacional Madre Emprendedora, concurso de proyectos de negocios para mujeres emprendedoras de todo el país. El programa de capacitación, tuvo una duración 6 semanas, estuvo destinado a mujeres en el rol de madres que tienen una idea de negocio o necesitan escalar el existente; buscan solucionar un problema que se transforme en un proyecto con impacto social, económico y ambiental, o quieren emprender un nuevo negocio. Los módulos se realizaron desde el 15 de septiembre y se extendieron hasta el 28 de octubre. TRABAJO CON LA COOPERATIVA TEXTIL DE ANGUIL - Comenzó a funcionar la Incubadora de Economía Social La Incubadora de Economía Social de la Facultad realizó el viernes 26 de agosto la primera visita a la Cooperativa Textil de Anguil "Entrelazando Sueños". El equipo de trabajo, encabezado por el director de la Incubadora, contador público Marcelo Gallo, acompañado por sus colegas Alejandro Otero y Lorena Segovia, la recientemente graduada Elida Aznárez y la estudiante Ana Herlein, tomó contacto con las asociadas de la entidad solidaria con el objetivo de hacer entrevistas y desarrollar una evaluación del estado actual de la gestión de la cooperativa. La tarea llevará varios meses para luego continuar con otras organizaciones de la Economía Social. "LA NOCHE DE LAS CORBATAS" - Presentaron libro en el Salón Azul El viernes 2 se presentó en el Salón Azul el libro "La Noche de las Corbatas", de los investigadores Pablo Waisberg y Felipe Celesia. La actividad se desarrolló en el marco del festival PAM! de literatura y periodismo. La Noche de las Corbatas recuerda el caso de once secuestros ocurridos en Mar del Plata en julio de 1977. Entre las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura militar estuvieron seis abogados que ejercían la profesión en esa ciudad. PROGRAMA DE CONCURSOS REGULARES AL CONSEJO SUPERIOR PARA SU APROBACION El Consejo Directivo de la Facultad elevó al Consejo Superior de la UNLPam para su aprobación, los concursos regulares para quince cargos de Profesores para distintas materias y

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carreras que tenían a cargo un profesor interino. El Programa de Concursos Regulares de Profesores y Docentes Auxiliares del Consejo Directivo tiene como fin la regularización total de los cargos docentes, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes Universitarios. En los fundamentos de la resolución, la Facultad consideró que "es necesario cumplir con el objetivo estratégico de la UNLPam de contar en cada Unidad Académica con al menos el 70% de sus docentes regularizados por concursos públicos de antecedentes y oposición". CHARLA SOBRE TRATA DE PERSONAS Y DDHH - Disertó el fiscal Colombo en el Salón Azul El jueves 6 se realizó la Charla “Prostitución y Trata de Personas. Una mirada desde los Derechos Humanos. Estado actual en la Argentina”, organizada por la Facultad y el Centro de Estudiantes de Económicas y Jurídicas. La actividad fue pública, abierta a la comunidad y tuvo como objetivos, por un lado, poner en conocimiento de aquella la situación de la trata y explotación sexual de personas existente en nuestro país, sus principales causas, formas de prevenirla y análisis estadístico; y, por otro lado, concientizar sobre la grave violación de los derechos humanos que implica esta situación. Disertaron en la charla el abogado Marcelo Colombo, especialista en Derecho Penal y fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Procuración de la Nación; el abogado y diputado provincial Abel Sabarots, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; y la licenciada Mónica Molina, periodista, docente de la carrera de Comunicación Social de la UNLPam e integrante de Red PAR. JORNADA DE CIENCIA Y TECNICA 2016 - La Facultad presentó cinco proyectos Se llevó a cabo el 14 de octubre en General Pico la 20º Jornada de Ciencia y Técnica 2016 de la UNLPam. Por la Facultad participarán cinco proyectos que presentaron poster y expusieron sobre su desarrollo. La finalidad de esta actividad es brindar un espacio para el intercambio y la comunicación a los investigadores de la UNLPam entre sí y con el resto de la comunidad. Por ese motivo, se decretó asueto académico para esa fecha. CINCO EXPOSITORES EN EL SALON AZUL - Jornadas Contables El jueves 27 de octubre se desarrollaron las Jornadas Contables 2016 "Profesor Carlos

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Hugo Sierra" que sirven para exponer y debatir temas de interés y actualización de temáticas relacionadas con el área contable. En esta oportunidad se presentaron cinco trabajos. La actividad que reúne a docentes del área contable de las carreras de Contador Público Nacional, Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo y Licenciatura en Administración con Orientación en el Emprendedurismo, se hizo en el Salón Azul. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO AGUIRRE - Se realizó Congreso de Derecho Penal y Criminología Crítica El viernes 28 de octubre en el Aula Magna de la UNLPam se desarrolló el Congreso de Derecho Penal y Criminología Crítica en reconocimiento al profesor Eduardo Luis Aguirre. La jornada fue un homenaje a la trayectoria del docente, quien recientemente presentó su renuncia como docente regular de esta Facultad, a efectos de acogerse al beneficio del retiro. Durante el acto se reprodujo un video con un saludo del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. SOBRE MONOTRIBUTO Y MONOTRIBUTO SOCIAL – Se ofreció una charla informativa Se realizó el 9 de noviembre una charla sobre nociones básicas del Monotributo y Monotributo Social a cargo del CPN Daniel Martín, integrante de la Cátedra de Impuestos. Estuvo orientada a alumnos de la Facultad y a público en general, con carácter libre y gratuita. Se analizaron entre otros los siguientes temas los beneficios de optar por el régimen (obra social, jubilación), los requisitos e inscripción, importes a abonar, y los casos especiales. EXPERIENCIA EXITOSA - Importante participación en el Congreso Nacional de Derecho Comisiones con un importante marco de participantes de docentes, alumnos y graduados, ponencias que abordaron todos los aspectos de la materia y dos charlas magistrales fue lo que se vivió entre el jueves 10 y viernes 11 de noviembre en el I Congreso Nacional de Derecho que se realizó en la sede de la Facultad. Luego comenzaron a desarrollarse las distintas comisiones, en las que se observó el trabajo académico de investigación y reflexión sobre la materia que desarrollan los miembros de la Facultad. También hubo contribuciones de especialistas en la disciplina jurídica de otras universidades del país que fueron parte de esta primera experiencia en la UNLPam Destacadas fueron las exposiciones en el cierre de la jornada del jueves del doctor Alfredo Pérez Galimberti, docente y especialista en Derecho Penal, y el viernes la de

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Hugo Alvarez Sáez, del CONICET, titulada “Hacia la acción conjunta de saberes jurídicos y no jurídicos en la sociedad del conocimiento”. REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ABOGACIA - Disertó el doctor Böhmer sobre Enseñanza de Derecho El doctor en la Ciencia del Derecho, Martín Böhmer, disertó el lunes 28 de noviembre en el Salón Azul en el Taller sobre "Enseñanza de Derecho y Reforma del Plan de Estudios de la carrera de Abogacía". En el encuentro se abordaron y debatieron temas vinculados a la reforma del Plan de Estudios de la Carrera de Abogacía. CIERRE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE EMPRENDEDURISMO - Fontenla disertó en el Salón Azul El viernes en el Salón Azul se realizó la Jornada de Cierre Académico de las Actividades Extracurriculares de Emprendedurismo y Economía Social que se llevaron adelante durante el año en la Facultad. La actividad fue coorganizada con la Subsecretaría de Cooperativas del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de La Pampa y tuvo como expositor central al lic. Eduardo Fontenla, integrante del directorio del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y ex docente de la Facultad. De esta manera se hizo el cierre a la cursada de los talleres de Cooperativismo y Emprendedurismo, los Programas Amartya Sen y Madres Emprendedoras y la Incubadora de Economía Social y Solidaria. Durante la jornada se realizó la exposición de las experiencias de los participantes de las distintas actividades y se entregaron los certificados a los cursantes de todos los programas que lleva adelante la Facultad. CURSO EXTRACURRICULAR DE COOPERATIVISMO -Clase Pública en la Plaza San Martín Se realizó en la Plaza San Martín, sobre la calle Gil, una Clase Pública como cierre del Curso Extracurricular de Cooperativismo de la Facultad. Allí los docentes Marcelo Gallo y Oscar Alpa y los alumnos de la clase mostraron a la comunidad la actividad académica sobre economía social que se desarrolló durante el año. Los bancos se colocaron sobre la vereda frente a la UNLPam en un círculo a las 10 horas, y luego se trataron temas referidos a la historia y principios del cooperativismo, tipos de cooperativas, administración interna de las mismas y su rol en la sociedad. CHARLA ABIERTA DEL DOCTOR ADRIAN RAVIER - Coyuntura económica en 2017 El miércoles 23 noviembre el docente Dr. Adrián Ravier disertó sobre "Coyuntura Económica Global y Argentina. Escenario 2017".

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La charla fue abierta al público y entre otros temas se abordaron las causas de la crisis subprime americana de 2008, la política monetaria y fiscal para salir de la crisis, el escenario de liquidez global entre 2009-2016, ¿qué tan sólida es la recuperación americana?, ¿subirá la tasa de interés de corto plazo la Reserva Federal?, ¿habrá cambio de ciclo?, ¿se sostendrá la baja en la inflación? y ¿se recuperará la actividad económica? CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD - Capacitación sobre derechos de la niñez En el marco del PEU "Conocer los derechos de la niñez", se realizó la primera capacitación a los empleados de la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa. Este proyecto de extensión universitaria tiene por finalidad capacitar a los servicios locales en materia de derechos de la niñez. La clase tuvo como responsables a las profesoras Cecilia Bertolé y Lucía Colombato y contó con la participación de graduados y alumnos de la Facultad. ACTO DE COLACION DE LA FACULTAD - Recibieron su diploma 41 graduados Se realizó el viernes 25 de noviembre el acto de colación con la entrega de diplomas a 41 nuevos graduados de las distintas carreras que se cursan en la Facultad. En esta oportunidad el evento académico se desarrolló en el Auditorio del Campo de Enseñanza de la UNLPam, sobre la ruta nacional 35. Recibieron sus diplomas los egresados en la carrera de Abogacía, Mercedes Bonetto, Guadalupe Bustos, Daniela Claudina Campasso, Agustina Natalí Ciordia, Eliana Marcela Corbalán, Nadia Mariel Dolce, Pamela Juliana Fernández, Eliana Mariel Ferrero, Alberto Santiago Giuliano, Romina Andrea Ligaluppi, Yanina Noel López, Analuz Lorda, Raúl Joaquín Marrón, Ivana Paola Martínez, Cecilia Beatriz Olivieri, Daiana Lis Orden, Sandra Elisabeth Ponce, Ana Carla Van-Schaik, María Laura Vaquero y Mariana Elisabet Zabala. De Contador Público Nacional recibieron su diploma Elida Elisabet Aznarez, Dariana Barbero, Nicolás Daniel Benini, Marisol Borrego, Yanina Paola Cabral, Marcos Guillermo Calvo, Romina Soledad Clemente, Paola Ayelén Larregui, Diana María Lehr, Evangelina Soledad Minetti, Anyelen Ponzi, Vanesa Ayelén Primo, Yesica Paola Reinhardt, María Florencia Santos y Jorge Martin Ubieta. Los egresados de Procuración fueron Silvana Paola Bottasso, Daniela Claudina Campasso, Alejandra Andrea García, Yanina Noel López, María Natalia López, María Carolina Orueta y Eduardo Francisco Vicente Godoy. En tanto Cristian Daniel Hernández obtuvo su diploma de Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo. En las instancias finales del acto, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, Christian Kathrein, entregó la medalla a Mariángeles Marcos Capponi

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por haber obtenido el mejor promedio del año 2015 en la carrera de Contador Público Nacional. REALIZADO POR LA FACULTAD -Presentaron el informe final del Monitoreo a la Justicia pampeana El viernes 25 de noviembre se presentó en un acto en el Salón Azul el informe final del “Plan de Monitoreo para las Circunscripciones de Santa Rosa, General Pico y General Acha”. Los disertantes resaltaron que el trabajo ofrece una pauta sobre las falencias y fortalezas del sistema judicial actual en La Pampa y con los resultados se podrán hacer desde el Poder Judicial modificaciones y correcciones en la aplicación del actual Código Procesal Penal. DOCENTES DESTACADOS DE LA FACULTAD - Primera profesora admitida en el CONICET La docente y abogada Helga María Lell fue seleccionada para el ingreso a la Carrera del Investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Por primera vez, una profesora de la Facultad es admitida en el organismo científico para incorporarse como asistente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Lell estaba anteriormente como becaria y fue aceptada por su frondosa formación y sus tareas de investigación. Lell es docente de las materias Derecho Político, Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho de la carrera de Abogacía, y a su vez dicta Metodología de la Investigación en los posgrados de la Facultad. Es Especialista en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Humanas de la UNLPam y Doctora en Derecho de la Universidad Austral.

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Pautas DE PUBLICACIóN EN LA REVISTA La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, a través de la revista PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas, brinda un espacio para la publicación de producciones, con un espacio para los asuntos institucionales en general. Para ello se hace una diferenciación en secciones que son las siguientes: investigación científica; divulgación académico-científica; reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios de actividades de carácter científico-académico y novedades institucionales. A los efectos de una mayor aclaración respecto de los contenidos de cada sección, se incluye una breve descripción: Investigación científica: destinada a artículos que presentan resultados parciales o finales de una investigación. Quedan incluidos en esta sección aquellos artículos que den cuenta de los avances o resultados de la realización de tesis de posgrado. Para ser publicados en esta sección es necesaria la evaluación positiva de (2) dos evaluadores externos. Divulgación académico-científica: serán incluidos aquí los artículos de divulgación científica que den a conocer diferentes cuestiones referidas al diseño de una investigación (temática que aborda, hipótesis establecidas, metodologías, etc.) o bien los que informen acerca de resultados parciales o finales de alguna actividad de extensión. Asimismo, pueden ser incluidos en esta sección los trabajos de contenido académico, fruto del trabajo en el aula de los docentes o que sean de interés para la actividad áulica. Estos artículos, para ser publicados deberán contar con el referato de un (1) especialista en la temática correspondiente. Reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios de actividades de carácter científico-académico: en esta sección se incluirán reseñas de libros, transcripción de conferencias, entrevistas y otro tipo de trabajos que efectúen comentarios críticos sobre actividades institucionales de carácter científico o académico que se lleven a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (UNLPam) o en otras instituciones, tales como síntesis evaluativa de conferencias, cursos científicos, talleres de divulgación, etc. En los casos de comentarios críticos, resulta fundamental que el artículo no sea meramente descriptivo sino que incluya una valoración por parte del autor. Estos trabajos, para su inclusión en la revista, deberán ser aprobados por, al menos, dos de los miembros del Comité Editorial.

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PAUTAS DE PUBLIC ACIÓN EN L A RE VISTA - P ágs. 119/123

Información institucional: esta sección está destinada a la información que las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa deseen comunicar a la comunidad de lectores.

GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS 1. Trabajos originales e inéditos Los artículos que se presenten deberán ser originales, inéditos y no haber sido ni ser sometidos simultáneamente para su evaluación en otra publicación. Todos los artículos deberán ser redactados de manera clara, coherente y dinámica. Se deberán respetar las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua en que se escriba. 2. Pautas para la presentación Los artículos que se presenten para su eventual publicación en la revista en las secciones “Investigación científica” y “Divulgación académico-científica” deberán tener, a título indicativo, una extensión de entre 10 (como mínimo) y 20 páginas (como máximo). Los trabajos de la sección “Reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios de actividades de carácter científico-académico” tendrán la extensión que resulte necesaria; por ello, no tendrán un mínimo aunque no deberán superar las 15 páginas, estimativamente. La extensión incluye cuadros, gráficos, notas y referencias bibliográficas. El interlineado será de 1,5 líneas, la fuente, Times New Roman y el tamaño para el cuerpo del trabajo, 12. La sangría de la oración inicial de cada párrafo será de 1,5. Las notas al pie se harán en Times New Roman, tamaño 10. El interlineado será simple y no se dejará sangría en la oración inicial de los párrafos. Las citas se realizarán conforme a las normas APA. En caso de citas textuales extensas, conforme a las normas APA, el tamaño será de un punto menos que el resto del texto, es decir, en 11. Las páginas serán A4 y con márgenes 2,5. Se recibirán artículos en español, inglés y portugués. 3. Partes constitutivas de los artículos Los trabajos que se presenten deberán contemplar los siguientes puntos: a) el título, en mayúsculas sostenidas. Se debe tener en cuenta que este deberá ser claro, descriptivo del tema trabajado en el artículo y conciso; b) a continuación, se deben incluir los nombres del/de los autor/es. Para ello se indicará

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primero el nombre completo del autor y luego el apellido sin mayúsculas ni versalitas sostenidas. Tras el apellido se realizará una llamada con una nota al pie que indicará el o los título/s académico/s, pertenencia institucional académica y dirección de correo electrónico de contacto. En caso que sea necesario, en la misma nota al pie se mencionarán las instituciones que han financiado o colaborado con la investigación que da lugar al artículo; c) luego, se incluirá un resumen del trabajo que no deberá exceder las 200 palabras, hasta cinco palabras clave y el resumen y las palabras clave en otro idioma. Si el artículo ha sido redactado en español, el resumen y las palabras clave serán elaborados en inglés. En cambio, si el artículo ha sido escrito en inglés o portugués, el resumen y las palabras clave deberán ser presentados en español; d) al final del trabajo, se debe incluir el listado de las referencias bibliográficas, ordenadas alfabéticamente. Este listado contendrá solo los textos citados directa o indirectamente en el cuerpo del artículo. 4. Estilo de las citas Dentro del cuerpo principal, las citas textuales de hasta tres renglones se entrecomillarán y, a continuación, entre paréntesis se indicarán los siguientes datos “apellido del autor, año: páginas”. Las de mayor extensión no se entrecomillarán, sino que se colocarán en párrafo aparte, con fuente de tamaño un punto inferior que el resto del cuerpo (es decir, en tamaño 11), con una sangría izquierda de 0,5 cm. Al final se incluirán los datos de procedencia (autor, año: páginas). Si la cita no es textual sino indirecta o referenciada, al finalizar la idea se indicarán entre paréntesis el apellido y el año de edición de la obra (por ejemplo: Gómez, 2005). 5. Ordenamiento bibliográfico El ordenamiento bibliográfico se realizará mediante la exposición de un listado que contendrá solo las obras referenciadas directa o indirectamente y que se encontrará organizado alfabéticamente. El orden de los datos para la citación es el siguiente: -Libro: Apellido e inicial del nombre de autor/es; a continuación, entre paréntesis, el año de publicación; luego un punto y el título del libro en cursiva con las primeras letras en mayúscula (punto y seguido). Lugar de edición (seguido por dos puntos): el nombre de la editorial. Si el libro ha sido traducido, se deben incluir los datos del traductor luego del título del libro. Si la edición va más allá de la primera, luego del nombre del traductor corresponde el número de edición.

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-Artículo en libro con editor (o compilador): Apellido e inicial de autor/es, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo en estilo normal y entre comillas; a continuación: “en”, nombre de compilador/es o editor/es o coordinador/es, luego, entre paréntesis el rol abreviado (“comp.”, “eds.”, “coords.”), el título del libro en cursiva con las primeras letras en mayúscula (punto y seguido). Lugar de edición (seguido por dos puntos): el nombre de la editorial. Si la edición va más allá de la primera, corresponde incluir el número de edición. -Artículo en revistas científicas: Autor/es (dos puntos). Título del trabajo en normal y entre comillas. Título de la obra publicada en cursiva, número, volumen, fecha de publicación entre paréntesis, dos puntos y por último el número de páginas entre las cuales se extiende el artículo. -Texto consultado en Internet: Apellido y nombre de autor/es, año de edición, título del artículo (o libro), en: (citar página consultada y fecha de consulta). -Entrevistas personales: Apellido y nombre del entrevistado; lugar de entrevista. Ej. Gutiérrez, Pedro. Calzar S.A. Santa Rosa, La Pampa. Comunicación personal, fecha. Cualquier caso de duda será resuelto conforme a las normas APA (American Psychology Association), 6° edición. 6. Tablas, gráficos e ilustraciones En caso de incluir tablas, gráficos e ilustraciones, cada uno de estos elementos deberá estar enumerado correlativamente a lo largo del trabajo, con su correspondiente encabezamiento y título. Asimismo, deberán indicarse las referencias al pie con tamaño de fuente 11. Deberán estar elaboradas en escala de grises. 7. Envío de artículos Los trabajos se enviarán en formato .doc, .docx u .odt a la dirección de correo electrónico de la revista: seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar (o la que la Secretaría de Investigación y Posgrado indique). La Secretaría acusará recibo de su recepción al/los autores y lo remitirá al Director/a de la Revista para constatar el cumplimiento de los requisitos formales, superada esta instancia se lo enviará a evaluación externa, vía correo electrónico 8. Evaluadores Los evaluadores serán seleccionados del Banco de Datos del Programa de Incentivos del

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Ministerio de Educación de la Nación, teniendo en cuenta la temática de su contenido. 9. Otras informaciones El o los dictámenes (según corresponda) de los trabajos evaluados será/n comunicados a los autores. Estos serán responsables del contenido de sus contribuciones y de la exactitud de las citas y referencias bibliográficas. El Cuerpo Editorial se reservará el derecho de hacer las modificaciones necesarias para mantener el estilo de la revista. Previo a la publicación del artículo, el autor o los autores deberán suscribir un documento que ceda los derechos de reproducción del artículo y en el que asegure haber cumplido con las exigencias éticas de citación y autorización para la publicación del texto.

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Guidelines FOR AUTHORS The Faculty of Economic and Legal Sciences, through the academic journal PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas”, provides a space for the publication of productions, with a section for general institutional issues. This is why a differentiation is made in sections, which are: scientific research, scientific-academic dissemination, book reviews, conferences, interviews, and comments related to scientific-academic activities and institutional developments. In order to clarify the content of each section, a brief description is included: Scientific research: for articles presenting partial or final results of an investigation. Articles that account of the progress or results of the completion of postgraduate thesis are included in this section. To be published in this section, the positive evaluation of two (2) external evaluators is necessary. Scientific-academic dissemination: the articles of divulgation will be included here to raise awareness of different issues related to the design of a research paper (Thematic approach, established hypotheses, methodologies, etc.) or those who report about partial or annual results of any extension activity. Additionally, works of academic content may be included in this section, fruit of the work in the classroom of teachers, or which are of interest for the classroom activity. These articles must have the reference of one (1) specialist in the subject area in order to be published. Books reviews, conferences, interviews and comments regarding scientific-academic activities: this section will include book reviews, conference transcripts, interviews, and other types of work that make critical comments about institutional activities, either scientific or academic, which are held in the Faculty of Economic and Legal Sciences (UNLPam) or in other institutions, such as an evaluative synthesis of conferences, scientific courses, promotional workshops, etc. In the case of critical comments, it is essential that the article is not merely descriptive but that it includes an assessment by the author. These works must be approved by at least two of the members of the Editorial Committee for its inclusion in the journal. Institutional information: This section is intended for information that the authorities of the Faculty of Economic and Legal Sciences of the National University of La Pampa wish to communicate to the community of readers.

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Guidelines for the presentation of articles 1. Original and unpublished works The articles submitted must be original, unpublished and have not been or be submitted simultaneously for evaluation in another publication. All articles should be written in a clear, coherent and dynamic manner. Orthographic and grammatical conventions of the chosen language must be respected. 2. Guidelines for presentation The articles submitted for eventual publication in the journal in sections "Scientific Research" and "Scientific-academic Disclosure" shall have, an indicative title, an extension of between 10 (minimum) and 20 pages (maximum). The works Section of "Books reviews, conferences, interviews and comments regarding scientific-academic activities� will have the necessary extension; Therefore, they will not have a minimum but not more than 15 pages, roughly. The extension Includes tables, graphics, notes and bibliographical references. The line spacing will be 1.5 lines, the font, Times New Roman, and the size for the body of the work, 12. The indentation of the opening sentence of each paragraph will be 1.5. The footnotes will be made in Times New Roman, size 10. The line spacing will be single and there will be no indentation in the opening sentence of paragraphs. Citation will be made according to the APA standards. In case of extensive textual citations, according to APA standards, the size will be one point less than the rest of the text, size 11. The pages will be size A4 and with margins 2,5. We will receive articles in Spanish, English and Portuguese. 3. Constituent parts of articles Published papers should contemplate the following aspects: A) the title, in sustained capital letters. It must be noted that this should be clear, descriptive of the topic discussed in the article and concise; B) Then, the names of the author(s) should be included. For this purpose, the full name of the author must be included first, and then the last name without uppercase or small capitals.

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After the last name, a reference mark will be made with a footnote that will indicate the academic title(s), academic institutional affiliation and e-mail address. If necessary, the institutions which funded or collaborated with the research project that gave rise to the article will be mentioned in the same footnote; C) then, a summary of the work will be included, which shall not exceed 200 words, with five key words and the abstract and key words in another language. If the article has been written in Spanish, the abstract and key words will be written in English. Nevertheless, if the article has been written in English or Portuguese, the abstract and key words should be written in Spanish; D) at the end of the paper, the list of bibliographic references must be added, ordered alphabetically. This list will only contain the texts cited directly or indirectly in the body of the article. 4. Citation Style Within the main body, textual quotes of up to three lines will be written in quotation marks, and then the following data will be indicated in parenthesis "surname of the author, year: pages ". Extended quotes will not be written in quotation marks, but will be placed in a separate paragraph, with font size one point lower than the rest of the body (ie, in size 11), with a left indentation of 0.5 cm. The data of origin will be included at the end (author, year: pages). If the quote is not textual but indirect or indexed, the surname and the year of publication of the work will be indicated when finalizing the idea, in parenthesis (for example: Gómez, 2005). 5. Bibliographic ordering The bibliographic order will be made through the presentation of a list that will contain only works indexed directly or indirectly and that will be organized alphabetically. The order of the data for the citation is the following one: -Book: Last name and initial of the author's name; then, in parentheses, the year of publication; then a dot and the title of the book in italics with the first letters in capital (dot followed). Place of edition (followed by colon): the name of the publisher. If the book has been translated, the translator's data must be included after the book title. If the edition goes beyond the first, after the name of the translator corresponds the edition number.

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-Article in book with editor (or compiler): Last name and author's initial, year of publication in parentheses, title of the work in normal style and in quotation marks; after that: "en", compiler name/es or publisher/s or coordinator/s, then in parentheses the abbreviated role ("compi.", "ed.", "coord."), the title of the book in italics with the first letters in capital (dot followed). Place of edition (followed by colon): the name of the publisher. If the edition goes beyond the first, it is necessary to include the edition number. -Article in scientific journals: Author/s (colon). Title of the work in normal style and between quotation marks. Title of the work published in italics, number, volume, publication date in parentheses, colon and finally the number of pages through which the article is extended. -Text accessed on the Internet: Last name and author's name, year of publication, title of the article (or book), in: (quote page consulted and date of consultation). - Personal Interviews: Last name and name of the interviewee; place of interview. E.g. GutiĂŠrrez, Pedro. Calzar S.A. Santa Rosa, La Pampa. Personal communication, date. In case of doubt, APA conventions (American Psychology Association), 6th edition, will be applied. 6. Tables, graphics and illustrations If tables, graphics and illustrations are included, each of these elements must be listed correlatively throughout the work, with its corresponding heading and title. Reference should also be made to the foot with font size 11. They must be produced in grayscale. 7. Shipping of items Papers will be sent in .doc, .docx or .odt format to the email address of the journal: seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar (or to the email address indicated by the Research and Postgraduate Secretariat). The Secretariat will acknowledge receipt to the authors and forward it to the Director of the Journal to verify compliance with the formal requirements, once this instance is over, it will be sent to external evaluation via email. 8. Evaluators The evaluators will be selected from the Data Bank Incentive Program of the Ministry of Education, taking into account the theme of its content.

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9. Other information The opinion(s) (as appropriate) of the evaluated papers will be communicated to the authors. They will be responsible for the content of their contributions and the accuracy of citations and bibliographic references. The Editorial Board reserves the right to make the modifications necessary to maintain the style of the journal. Prior to publication of the article, the author or authors must subscribe a document that transfers the rights of reproduction of the article and in which it assures to have fulfilled the ethical exigencies of citation and authorization for the publication of the text.

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Se terminaron de imprimir 300 ejemplares en la imprenta de la Universidad Nacional de la Pampa, dependiente de la Secretaria de Cultura y Extensiรณn Universitaria. Santa Rosa, La Pampa, Abril 2017 DG/MC

Revista Perspectivas v6 nº2 2016  

Revista académica de la Facultad de Cs Económicas y Jurídicas de la UNLPam

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