Dudosa funcionalidad
Aun cuando las autoridades la presumen como la mejor Ciudad Judicial del país, en sus primeras semanas de funcionamiento el inmueble de Zapopan ya es chatarra tecnológica. A las innumerables fallas arquitectónicas que brotan por doquier, se suman las interrogantes sobre las atribuciones de Celso Rodríguez González, quien como presidente del Supremo Tribunal de Justicia recibió la obra a espaldas del Poder Judicial. Ante esa “irregularidad monumental” –como la califica Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura–, el tribunal prepara una auditoría para saber cuánto se invirtió en esa obra.
Proceso Esperanza Romero Díaz Pese a que entró en operación el pasado 17 de septiembre, la Ciudad Judicial estatal de Zapopan presenta fallas visibles en muros, pisos, plafones, instalaciones hidrosanitarias y en su sistema de iluminación. Peor aún, los proveedores y contratistas se niegan repararlas. Las garantías ya expiraron, alegan, pues el inmueble fue entregado hace un año al Poder Judicial.El sistema de aire acondicionado –en el cual se invirtieron 65 millones de pesos– tampoco funciona. El proveedor exige 800 mil pesos más para echarlo a andar. El sistema de voz y datos, adquirido hace dos años en mil 789 pesos y aún sin estrenar ya es chatarra tecnológica. La razón: el proveedor todavía no libera las licencias, y ahora exige alrededor de medio millón de pesos más para otorgar las claves para terminar su configuración.Los magistrados desconocen por qué el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Celso Rodríguez González, recibió las instalaciones –33 juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Partido Judicial (zona metropolitana)– el 31 de octubre de 2012 cuando aún no estaban concluidas; de ahí que los contratistas digan que las garantías ya caducaron.Iniciada en febrero de 2007 con un presupuesto estimado en 325 millones de pesos, cinco años y medio después la inversión se triplicó y el proyecto dista mucho de padecerse al original, que incluía dos edificios espejo con 80 juzgados. Tan mal diseñado está, que sus impulsores no incluyeron salas para juicios orales ni espacios para los empleados del Consejo de la Judicatura que hoy laboran en un inmueble arrendado que le cuesta al erario estatal 150 mil pesos mensuales. Para Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, fue una “trampa” que González Rodríguez haya recibido la Ciudad Judicial sin la supervisión de los expertos. Y advierte: “Una vez recibida la obra, cualquier gasto que origine corre por cuenta de la institución. Con ese acto se estaba cancelando la posibilidad de hacer exigibles las garantías”. Según Partida Caballero, el expresidente
del STJ incurrió “en una irregularidad monumental” al recibir la Ciudad Judicial a título personal con dos de sus más cercanos secretarios y falsear las actas. A últimas fechas, dice, se han recibido documentos en los cuales se desmiente a Celso, quien insiste en que sólo deben hacerse efectivas fianzas y pólizas.Eso, según Partida, es falso. “Cuando él recibe lo hace con el afán de terminar la responsabilidad de las empresas y asumirla él en forma personal para que, si se vencían las garantías, ya no se pudiera hacer nada contra estas empresas”. Y así ocurrió, asegura el consejero.
en horarios escalonados. La mayoría se muestran contentos.“Yo me vengo a las 8 de la mañana del Palacio de Justicia (en el centro de la ciudad) y llego a las 9. Hoy estamos mejor”, afirma una trabajadora; el hacinamiento quedó atrás. Y agrega: “Da gusto venir porque todo está nuevo, amplio y bonito”.Cuando se le pregunta sobre las auditorías en marcha y sobre los presuntos actos de corrupción –mil 100 millones pesos que, se calcula, costará el proyecto–, así como de los retrasos en la entrega y las fallas de planeación y ejecución de la obra, responde que ella no está enterada de eso.
–¿Lo hizo porque no tiene riesgo de una responsabilidad penal, al gozar de fuero? –se le pregunta.
En Zapopan, un metro cuadrado en una casa habitación de lujo se cotiza en alrededor de 9 mil pesos; en la Ciudad Judicial se pagaron 14 mil 800 pesos por metro cuadrado. Lo peor: apenas entró en uso el inmueble, comenzaron a brotar las fallas. Los gastos de mantenimiento son excesivos. Cuenta con 212 baños y una enorme superficie de vidrios, por lo cual fueron contratados 40 trabajadores para darles mantenimiento.
–Efectivamente. Hay orígenes y el administrador de este eje del mal en la Ciudad Judicial es Celso Rodríguez junto con Emilio González –el exmandatario panista–, Refugio Martínez (Aragón, quien fue su secretario de Acuerdos), y Miguel Ángel García Aragón (director de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del STJ). Fueron ellos quienes recibieron la obra a título personal. Al hacerlo, engañaron a los magistrados, al pleno del STJ y a los medios de comunicación. Para reparar los desperfectos, estima Partida, se requieren alrededor de 5 millones de pesos y 215 millones más para concluir el tercer piso, donde se instalarán las salas para juicios orales. Ello sin contar el problema del estacionamiento, mal diseñado y con espacios muy reducidos, que se dará en concesión a particulares, lo que será un buen negocio, toda vez que diariamente acuden al inmueble 10 mil personas, la mayoría en automóviles.De acuerdo con el proyecto, se construirá un ciclopuerto para 100 bicicletas, en tanto los servicios de fotocopiado, cafetería y servicios complementarios también serán concesionados una vez que se firme el comodato con el Ejecutivo.El consejero se queja por la falta de información sobre la obra. “No nos han entregado contratos ni copias de los cheques que se giraron. Simplemente nos hablan de pagos de facturas pero no hay cifras sustentadas con documentos”. “El robo del siglo” Los empleados de la Ciudad Judicial son recogidos en autobuses especiales en diversos puntos de Guadalajara y
El arquitecto Javier González Bahusen, contratado por el Consejo de la Judicatura para recibir el inmueble –él estuvo en el proceso de construcción como supervisor–, comenta a la reportera que no avaló todo lo que hizo la empresa Cinco Contemporánea, cuyos dueños cobraron 14.5 millones de pesos por trabajos de supervisión y control de calidad de los materiales durante la primera etapa.En algunos casos, admite, los materiales utilizados no fueron los adecuados; la humedad de las jardineras de la explanada provoca filtraciones al sótano, y el mármol del piso del patio central presenta cuarteaduras. Salvo algunas excepciones, el supervisor cataloga como “detalles o problemas mínimos” los desperfectos detectados apenas comenzó a funcionar el inmueble. Y con respecto al alto precio del metro cuadrado, “se fracturaron mucho lo contratos (de los constructores). Se complicaron los trabajos –dice– y eso encareció la obra”. Durante la visita de Proceso Jalisco al edificio, una abogada se torció el tobillo cuando el tacón de su zapato se clavó en una losa quebrada. Fernando Antonio Castellanos, director de Servicios Generales, asegura que se están haciendo las reparaciones necesa-
11 rias para dar funcionalidad al inmueble, como la nivelación de los fluxómetros y del piso para evitar la fractura del mármol, el arreglo de llaves y goteras. Las fallas se multiplican. Los cuatro elevadores carecen de iluminación, lo cual es riesgoso, en particular para quienes entran a laborar a las seis de la mañana; uno de ellos de plano no sirve. Hoy, precisa el administrador, todas las reparaciones corren por cuenta de la Judicatura. En cuanto a las puertas de emergencia del auditorio, no cumplen con las normas de protección civil, por lo que deberán ser reemplazadas. Y de los 212 baños, ninguno tiene tapa. Todo indica que se las robaron. Pese a esas fallas y carencias, María del Rosario Martín del Campo, juez 8 de lo Familiar, asegura que los litigantes y visitantes elogian la nueva sede de los juzgados y la consideran como la mejor Ciudad Judicial del país “por funcional y lujosa”. Jueces y empleados, insiste, no tienen problemas. “Estamos a gusto”, pese a que en el área de baños de ese juzgado ella misma muestra a la reportera la humedad en el techo, provocada por una fuga en el segundo piso. El plafón ya se venció y existe el riesgo de un corto circuito, ya que la gotera se localiza justo donde está una lámpara. Guillermo Siordia, juez 5 mercantil –“amante y estudioso de la arquitectura”, como él se define–, está satisfecho con el cambio de sede. Su oficina es muy agradable y da a las jardineras. Su baño privado cuenta con una lujosa regadera y vestidor, lo que ha provocado críticas de sus compañeros. “Si hacen la ciclovía –por Periférico–, dejo mi coche y me vengo en bicicleta y aquí me arreglo”, comenta, orgulloso. No obstante, admite, por el precio pagado por metro cuadrado en la Ciudad Judicial todo indica “que algo anda mal”. Todos los juzgados tienen las mismas dimensiones. Los abogados cuentan con un pequeño salón con sillas donde suelen revisar documentos; es factible que en ese espacio se monte en forma una sala para los juicios orales, caso de que no haya recursos suficientes para concluir el tercer piso. Los excesos de Celso En 2012, cuando aún era presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González recibió el edificio de la Ciudad Judicial de manos de Sergio Carmona Ruvalcaba, entonces titular de Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur). Lo hizo sin el respaldo del pleno del STJ; tampoco fue asistido por peritos que avalaran las condiciones arquitectónicas de la obra que se estaba validando. Proceso Jalisco tiene copia del acta de asignación, entrega y recepción física de la Ciudad Judicial firmada por Rodríguez González. El documento también fue firmado por Refugio Martínez Aragón y Miguel Ángel García Aragón. El proceso se inició el 2 de febrero de 2012 y concluyó el 31 de octubre siguiente. En el primer recorrido por las instalaciones, realizado el 2 de febrero del año pasado, estuvieron ocho funcionarios, entre ellos, el propio Rodríguez González, Carmona Ruvalcaba y Luz María Castro Palomino, directora de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría General de Gobierno. Entonces sólo estaban terminados 13 juzgados.Un segundo recorrido se realizó el 31 de octubre siguiente. Al final, Rodríguez González recibió los expedientes ejecutivos de las obras –el proyecto sólo costó 21 millones de pesos–, los manuales y otros documentos “que permiten tener toda la información de su funcionamiento y del equipamiento”, así como las licencias, permisos y demás escritos que acrediten
gestiones ante autoridades estatales y municipales y que obren en los archivos de la Sedeur. De acuerdo con el acta, el Ejecutivo asignó el edificio al Poder Judicial a través del pleno del STJ “por conducto de su presidente Celso Rodríguez, quien lo acepta en las condiciones en que se encuentra en la fecha del acta final –31 de octubre de 2012– y sin perjuicio de que se le restituyan de inmediato las erogaciones o gastos derivados de reparaciones que presenta el inmueble y con independencia de que la Sedeur o la instancia que le corresponda “haga valer en tiempo y forma” las garantías para subsanar la obra civil, vicios ocultos y defectos en las instalaciones eléctricas y construcción del inmueble, así como en los materiales utilizados.Por el Ejecutivo firmaron José Ricardo Serrano Leyzaola, titular de la Secretaría de Administración; Carmona Ruvalcaba, por la Sedur; José Miguel Mendoza Lara, director de Logística, y Raúl Crescencio Navarro Venegas, director general de Obras Públicas, todos ellos funcionarios de la administración panista de González Márquez. Rodríguez González y sus acompañantes externaron que “al no tener los conocimientos técnicos, de ingeniería, cálculo y arquitectura, la revisión se dirigió a la observación lógica del estado en que se encuentran las instalaciones eléctricas, sanitarias, de iluminación y los acabados, reservándose los derechos por vicios ocultos”. Quedaron pendientes las pruebas técnicas de los sistemas de abastecimiento de agua y drenaje, consigna el acta. Y aun cuando los funcionarios observaron “bastantes detalles en todas las áreas”, entre ellos focos fundidos, falta de rejillas, losas mal colocadas, fluxómetros mal regulados, sensores eléctricos desajustados, lo mismo que tapas, contactos y tableros, los consideraron “pequeños”. No obstante, en octubre de 2012 “el Poder Ejecutivo del estado, a través de sus representantes, entrega la posesión física y jurídica del inmueble” que ahora está bajo la lupa de los tres poderes que ordenaron auditorías para conocer si vale lo que costó y deslindar responsabilidades. Se han detectado irregularidades en la adjudicación de contratos, como las asignaciones directas cuando la ley obligaba a licitar, subcontrataciones y se presume una compra a sobreprecio. Para Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del STJ, la construcción de la Ciudad Judicial es “el robo del siglo”. Al menos así lo dijo a finales de agosto, cuando se inauguró el edificio. Días después, el 2 de septiembre, Rodríguez González escribió en su columna de El Informador que el STJ avaló el proyecto y que “es más útil para la sociedad edificar con acciones reales y propias que desinformar imprudentemente con declaraciones estridentes y complacientes”.En respuesta, en su sesión extraordinaria del 2 de septiembre, el STJ acordó por mayoría –17 votos– hacer una auditoría a la obra, e instruyó al presidente del tribunal hacer lo conducente (Proceso Jalisco 463). A su vez, Vega Pámanes dijo que el pleno nunca tuvo conocimiento de la entregarecepción: “Hoy que vemos que ya es oficial. Lo único que tenemos que hacer es retomar un elefante blanco en mal estado”. Y esto ocurrió el día de la última inauguración, que se aceptó para evitar más gastos por pago de rentas, aunque admite que se etiquetarán recursos cercanos a los 220 millones de pesos para concluir el proyecto. Entrevistado en su oficina, Vega Pámanes insiste: no es lo mismo un peritaje físico como el del año pasado que una auditoría; ahora se hará un peritaje técnico para saber realmente cuánto costó el edificio.