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HERRAMIENTA PARA LA PROBLEMATIZACION DE NUESTRAS

PRIMERAS PRACTICAS


Pensar nuestras prácticas docentes El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornadas limitadas; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Artículo N° 14 bis, Constitución de la Nación Argentina

Hecha la ley, hecha la trampa. El mismo sistema que consagra los derechos mencionados arriba, impone para la subsistencia de cualquier persona la necesidad de trabajar. “Nadie es libre de elegir no trabajar, excepto los propietarios” (Centro de Estudios para el Cambio Social, 2004). Frente a estas condiciones estructurales los trabajadores protagonizaron, a lo largo de la historia, diferentes luchas en pos de conquistar las demandas sectoriales que el Estado venía omitiendo.

Contexto nacional: sobre la situación laboral de los trabajadores En los últimos 30 años la situación laboral de los trabajadores asalariados ha cambiado mucho en Argentina debido a un fuerte deterioro en sus condiciones laborales. En 2008 casi el 60% de los ocupados estaban empleados en modalidades precarias, lo cual incluye pero excede el empleo no registrado, que abarca a un 35% de los asalariados y todavía supera largamente los mínimos históricos. En paralelo, persiste la precarización laboral como política de Estado: el 12% de los empleados públicos son pasantes, becarios, o similares; muchos más son repetidamente ‘contratados’ en lugar de incorporados a la planta permanente (Centro de Estudios para el Cambio Social, 2004). Haciendo un análisis de este mismo año, Julián Gindin dirá que la expansión de los sistemas educativos públicos crea un segmento de trabajadores de la educación en permanente aumento, aunque hay una revitalización dentro del sindicalismo docente que da fuerza a otros sectores (Gindin, 2008). Para el 2010 dentro del territorio nacional cerca de 15 millones de personas trabajan activamente. De ellos, más del 75% son trabajadores asalariados; mientras el restante trabaja por cuenta propia. El salario es menor a la mitad de la canasta familiar.

Datos del primer cuatrimestre del 2004 (procesamientos especiales de la Base Usuaria de EPH). Principales características de la precarización laboral en el Gran La Plata. Período 2003-2004. María J. Suárez - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP

Breve reseña de la lucha docente En Argentina los docentes han sido parte fundamental de las luchas contra el neoliberalismo y uno de los actores más movilizados y más proclive a las huelgas y las medidas de fuerza (Gindin, 2008). La lucha de los trabajadores de la educación es de larga data. Ya en 1925 y 1926 los salarios de los docentes bonaerenses fueron pagados con un considerable retraso, lo que generó la primera medida de fuerza: la suspensión de las actividades escolares. Durante los siguientes años, estos conflictos se fueron nacionalizando hasta la llegada del primer gobierno de Juan Domingo Perón cuando los docentes adquirieron ciertas garantías, que luego fueron omitidas por los posteriores gobiernos de turno. Fue en 1957 cuando comenzó a discutirse la posibilidad de tener como trabajadores de la educación un cuerpo orgánico que establezca los derechos y los deberes del sector. En el mismo año se impone por decreto-ley de la dictadura militar el Estatuto del Docente, que reflejó una concepción del educador positivista. En 1976 el gobierno de facto deroga el estatuto y suprime todos los derechos docentes. Con la vuelta de la democracia, en el año 1987 se presenta, por un lado, un proyecto de estatuto en la legislatura redactado por Alejandro Araméndiz -médico y gobernador de la Provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical-, y por el otro, la primer propuesta formal por parte del gremio docente SUTEBA. Finalmente, para 1990 se aprueba la propuesta del Dr. Araméndiz pero con la modificación de 19 artículos, lo que se considera como una conquista por parte del gremio.

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Frente a la conflictividad laboral docente, los gobiernos del periodo de 1957-2003 parecen haber oscilado entre ‘dejar hacer’ y desconocer, reprimir o dificultar la acción de los sindicatos (Gindin, 2008).

Conceptualizar la precarización La precarización laboral se manifiesta a través de aspectos económicos con la eliminación de la estabilidad del empleo, también en aspectos jurídicos, es decir tipo de contratación que legalizan formas precarias de inserción laboral o el no cumplimiento de las leyes (Tissera, 1999) y aspectos estructurales del lugar concreto de trabajo.

 Dirección de General de Cultura y Educación como aquel organismo encargado de recibir los fondos transferidos de nación para el pago de tutores.  El Inspector de Adultos, como el encargado de determinar la sede administrativa.  El Coordinador administrativo regional de Plan Fines como el encargado de realizar las tareas administrativas.  La Secretaría de Asuntos Docentes para realizar las convocatorias ante la solicitud formal de Inspector de Enseñanza correspondiente.  La Jefatura de Región como el ente encargado de la selección en conjunto con el Inspector de Enseñanza correspondiente a la región.

Abordar la precarización Plan Provincial de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) No podemos concebir una educación de calidad sin trabajadores en condiciones dignas de trabajo Ser docente es un trabajo, no un mero acto de voluntarismo, es por esto que debemos poner de manifiesto sintéticamente qué información es relevante conocer del Plan Provincial de Finalización de Estudios para luego introducirnos en su problematización. El Plan FinEs es definido por el gobierno nacional como una iniciativa que a través de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación de la Nación promueve la finalización de los estudios secundarios de “todos aquellos que por distintos motivos no pudieron hacerlo dentro de los tiempos formales de educación” (En línea: www.fines2.com.ar). Las sedes pueden estar ubicadas en edificios escolares y en todo tipo de instituciones no formales tales como clubes, organizaciones sociales y políticas, sociedades de fomento, Centros de Integración Comunitaria (CIC), radios comunitarias, bibliotecas populares, comedores, asociaciones civiles, iglesias, escuelas, etc. Desde su lanzamiento en el año 2008 el Plan Provincial de Finalización de Estudios promovía sus objetivos de implementación bajo la tutela de la resolución 3536/09 aprobada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. A partir del 20 de octubre de 2010, se prolonga la permanencia del plan por cinco años más, bajo la resolución nº 3520 de la provincia de Buenos Aires, la cual establece los destinatarios formales, los responsables normativos, las leyes, organismos estatales y convenios que serán considerados en la implementación normativa. La resolución también facilita los responsables estatales que deberán garantizar el funcionamiento del plan, tales como:  Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, como “modalidad específica para llevar

adelante políticas de inclusión y terminalidad de los niveles obligatorios con destino a personas mayores de 18 años”.

Estructura del sistema de educación provincial. Dirección General de Cultura y Educación.

Además, plantea los documentos que deberán garantizar el funcionamiento del plan:  La ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la ley de Educación Provincial Nº 13.688, ambas destinadas a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas que aseguren la terminalidad de estudios.  El Anexo Único que forma parte de la resolución define la propuesta pedagógica y algunas de las condiciones bajo las cuales serán dadas, por ejemplo la carga horaria de cuatro horas reloj y la capacidad máxima de alumnos/as por curso que dispone de 12 a 20 personas.  En ninguno de los documentos se establece quienes serán los responsables de garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos necesarios para la práctica docente.

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Es importante mencionar que este proyecto está basado en una idea de acción conjunta interministerial, donde los organismos estatales de nivel nacional proveen el financiamiento, principalmente el salario docente, y los de carácter provincial se encargan de la implementación, desarrollo y coordinación de la propuesta. Al momento de anotarse al plan es requisito llenar la planilla de datos personales, certificado de compromiso, presentación del proyecto pedagógico y acordar con los ítems que plantea el Documento para el Docente. Aquí se exige entre otras cosas:  Inc. 4: Los profesores estarán obligados a concurrir a las reuniones y/o actos que la Inspección convoque.  Inc. 5: […] Se sugiere la confección de la bibliografía por parte del profesor, la orientación para la concurrencia a bibliotecas populares y/o el armado de una pequeña biblioteca áulica, entre otras acciones. Son apoyos muy valiosos para las clases con adultos las películas y videos. También se cuenta con un Portal pedagógico donde encontrarán bibliografía y orientaciones programáticas.  Inc. 7: Todos los profesores tienen a su cargo la tarea de seguimiento del alumno, esta implica interiorizarse cuando un alumno comienza a inasistir y ofrecerle alguna actividad compensatoria, averiguar causales [...]  Inc. 9: Los docentes se obligan a ingresar periódicamente a su cuenta de correo electrónico, dado que dicho medio constituye la vía de comunicación por la cual se notificarán principalmente las fechas y horarios de los actos públicos, citaciones, etc. Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por dicho medio tecnológico […].

Contratación:  La forma de contratación es a través de la firma de una planilla de “toma de posesión” que abarca el primer cuatrimestre, quedando a criterio de las autoridades municipales, su extensión al segundo cuatrimestre.  No existen suplencias ni licencias. Se han cerrado sedes, fusionándolas con otras.

Desempeño pedagógico:  Las tareas docentes incluyen además del dictado de la clase, tareas pertinentes al cargo de preceptor; confección de la planilla de asistencia de estudiantes, temario y planilla de notas, con su consecuente entrega en secretaria de inspección.  No hay acompañamiento estatal de las figuras responsables mencionadas anteriormente.

Infraestructura y recursos:  No hay ningún compromiso estatal que garantice buenas condiciones materiales de trabajo.  Los recursos pedagógicos se resumen en un aporte presentado a través de la página oficial de carácter gráfico y multimedial, bajo la apelación a la voluntad docente.

Con lo cual comenzamos a problematizar el tema preguntándonos: ¿Se convocó alguna vez a estas Inspecciones?¿Siendo el Portal el único recurso que se ofrece para acompañar el trabajo docente, resulta productivo/suficiente? Si bien el seguimiento al alumna/o es una exigencia necesaria en la labor docente; esta no se condice con aquel compromiso virtual que plantea el organismo estatal ¿Están ambas exigencias al mismo nivel de “compromiso”? ¿Las sugerencias que se plantean en este “certificado de compromiso” son posibles a la hora de llevarlas a la práctica? En el relato de varios docentes recabados a lo largo de la siguiente investigación que denuncia la precarización laboral dentro del Plan FinEs encontramos que estas exigencias no estaban puestas en el mismo escalón que los derechos.

Salario:  No se tiene conocimiento del valor de la hora cátedra, ya que el plan NO está reglamentado por el estatuto docente.  La paga se efectúa al finalizar el cuatrimestre sin fecha definida, no se entrega recibo de sueldo, volviéndose imposible la sindicalización.

Mapa de las sedes del Programa FinEs II en La Plata

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Estado y educadores: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago Desde el año 2008, los trabajadores docentes del Programa FinEs II de La Plata se encuentran en una situación de precarización laboral en la integralidad del proceso educativo que se desarrolla en dicha modalidad. La iniciativa -impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio Nacional de Educación- si bien prevé terminar con el número de personas de la ciudad que no tiene terminada la escuela secundaria, tiene su fecha de vencimiento. La propuesta inicial del FinEs estuvo destinada a los trabajadores del Programa Argentina Trabaja. Las estadísticas marcaban un índice de 78.000 trabajadores de ambos sexos que no habían finalizado la primaria y 88.800 que no había finalizado la secundaria. Luego, se extendió a todos aquellos mayores de 18 años que por algún motivo no habían podido hacer el secundario o finalizarlo (En línea: http://www.abc.gov.ar/). A partir de ese momento, la Dirección de Adultos, dependiente de la Dirección de Cultura y Educación de La Plata, tomó a su cargo la gestión del plan en la ciudad aunque su financiamiento continuó proviniendo del Gobierno Nacional, por ser el impulsor. Cuando fue implementado el programa, el gremio docente SUTEBA La Plata –cuya conducción era la Lista Celeste (alineada con el Gobierno Nacional) estuvo de acuerdo e inclusive impulsó y acompañó la inauguración de dos sedes en el barrio El Retiro de la ciudad. Desde la conducción del gremio se incentivó desde un principio la promoción del Plan FinEs como una posibilidad segura de terminalidad de los estudios para muchas personas, aunque sin cuestionarse formas ni la situación laboral de quienes lo llevarían a la práctica. El Plan FinEs aún no ha formado parte de las discusiones paritarias de manera decisiva. En este sentido, los docentes trabajadores del Plan FinEs no son reconocidos por el sindicato docente en La Plata. Luego de la conducción por varios años por parte de la Lista Celeste, SUTEBA renovó la conducción y hoy la Lista Multicolor (compuesta por agrupaciones de izquierda) conduce el gremio en la ciudad de La Plata, entre otras seccionales. El posicionamiento hacia los FinEs se modificó: no se reconoce –en el sentido de inclusión- a los trabajadores de los FinEs en tanto docentes, aunque se constata y se repudia la situación de precarización laboral que atraviesan.

Somos docentes pero no estamos en la ley En la mayoría de los casos, quienes dan clases en las diferentes sedes del Programa FinEs son estudiantes de profesorados, futuros docentes. Sin embargo, para el Estado y para los ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Nación son figuras docentes. Esto habilita la posibilidad -a partir de la existente demanda y necesidad- de que quienes son reconocidos como docentes por el Estado estén regidos por la misma ley que el resto del claustro. Actualmente, es una de las exigencias de muchos de los trabajadores docentes del Programa FinEs ser reconocidos como docentes regidos por el estatuto que les compete. La propuesta es desmenuzar algunas de las leyes que están vigentes y reglamentadas pero que no reconocen a este sector de la docencia (modalidad Programa FinEs).

¿Estatuto para quiénes? El Estatuto del docente (Ley Nº 10.579) es un documento -con fuerza de ley- sancionado en Argentina en los ’90. El primer artículo de esta ley nos da pauta de a quiénes está dirigido y, por ende, a quiénes reconoce como docentes: “[…] personal que se

desempeña en todos los niveles, modalidades y especialidades de la Enseñanza y Organismos de Apoyo […]” (Ley N° 10.579, artículo N° 1, Estatuto del Docente). Dentro de las diversas modalidades está incluido el Programa FinEs. ¿Por qué la importancia de estar regidos bajo el estatuto? Porque establece, no sólo las obligaciones del docente sino también los derechos. Obligaciones que, sin ir más lejos, pueden ser cumplidas en función de derechos contemplados. En este sentido, en la ley se estipula que, una vez cumplidas las condiciones para poder ejercer las obligaciones, el docente gozaría de los derechos convenidos en el estatuto: la estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino; una remuneración justa, acorde con la responsabilidad y la jerarquía de las tareas que realiza; el ascenso, la permuta y el traslado de acuerdo con las condiciones establecidas en el estatuto; el progresivo acrecentamiento de horascátedra, hasta el máximo compatible; el conocimiento de las nóminas de aspirantes, de sus antecedentes, y del listado por orden de mérito, en casos de concursos contrataciones, ascensos, acrecentamiento de horas-cátedra y traslados; la defensa de sus derechos mediante las acciones y recursos que este estatuto y demás normas legales establezcan; el ejercicio de su actividad en las condiciones pedagógicas adecuadas; la libre agremiación para la defensa de sus intereses profesionales]; la percepción de la indemnización que, por enfermedad profesional y/o accidente sufrido en el o por el acto de servicio, establezcan las leyes que rijan la materia, sin perjuicio de otros beneficios y derechos que legalmente le puedan corresponder; el goce de una jubilación justa (Ley N° 10.579, artículo N° 7, Estatuto del Docente). Luego de un proceso de investigación, se constata que ninguno de los ítems mencionados en este artículo se contempla en el Programa FinEs. 5


El trabajo asignado es de un cuatrimestre sin posibilidades de saber la continuación en el cargo. Respecto de la remuneración percibida, esta no se ajusta a la paga estipulada de la hora docente y no es conocido su valor previamente. Actualmente la paga ronda en $400 al mes por tres horas cátedra (una vez por semana). A esto se le suma el hecho de que la paga salarial nunca es en tiempo y forma, ya que presentan retrasos de hasta 12 meses y nunca se entrega un recibo de sueldo en donde estén indicados los descuentos por aportes jubilatorios y obra social. El cobro es vía ticketera abierta y mediante la presentación en ventanilla bancaria del DNI. El Programa FinEs no reconoce antigüedad y los cargos no son obtenidos mediante el legítimo sistema de concurso docente. No hay ascenso o traslado posible. La defensa de los derechos del docente se debe realizar a partir del Estatuto del Docente, sin embargo, en el marco del Programa FinEs, este documento –aprobado legítimamente en paritarias del gremio docente a nivel nacional- deja de tener validez porque en la práctica no lo se respeta y se lo relega, utilizando cada docente su propio método de defensa de sus derechos. Por último, en uno de los incisos se menciona la existencia de una indemnización por enfermedad. Percibimos, a partir de las entrevistas realizadas, que esta indemnización – ante la falta por enfermedad- es inexistente y que, a partir de una cantidad determinada de faltas, se reemplaza al docente automáticamente. Las sedes del Plan FinEs están ubicadas en casas particulares, espacios partidarios (en muchos casos afines al gobierno nacional), espacios de organizaciones sociales, capillas, entre otros lugares. Esto no permite que los FinEs estén registrados en la Dirección General de Escuelas y Cultura, como lo estipula el artículo N° 9 del estatuto. Sin embargo, para que pueda realizarse ese registro sin problemas, cada sede está registrada en un CENS (Centro de Estudios de Nivel Secundario) que a su vez está registrado en la Dirección mencionada arriba. Esto implica una precariedad más ya que, desde la base, se reconoce que no funciona en un establecimiento educativo, pero pretende funcionar tal y como una escuela. Una de las respuestas a este cuestionamiento por parte del director de la Dirección de Adultos, Eduardo Almeyda, fue: “[…] en cuanto a lo edilicio, la educación de adultos siempre va a estar en el borde. Nosotros no buscamos tener edificios propios porque eso nos ata […]”. La propuesta de articulación entre organizaciones sociales, sociedades de fomento y la pata educativa del Estado está fundamentada en el hecho de articular e interactuar con otras instituciones territoriales no formales. Sin embargo, estos espacios no cuentan con las condiciones que cualquier edificio educativo debiera tener para que allí se puedan desarrollar correctamente las labores docentes. La propuesta es por demás interesante siempre y cuando, desde el Estado (que es quien eleva la propuesta), se brinden los recursos necesarios para poder llevar adelante la modalidad. El Estatuto del Docente también establece la clasificación de los establecimientos de enseñanza. En el Plan FinEs no quedan del todo claro los criterios de selección de espacios como sedes y –en la mayoría de los casos- no se dan las condiciones necesarias que el Estado debiera garantizar.

En el artículo N° 14 del citado capítulo se menciona que la nominación de los cargos del escalafón docente no significa necesariamente su creación pero sí la posibilidad de instituirlos si se creyera necesario. De todas formas, se desconocen los criterios de institucionalización de nuevos cargos frente a las contingencias de un plan precario como lo es el FinEs. Un capítulo de la ley es dedicado al tema de la estabilidad docente. El derecho a la estabilidad laboral docente es imprescindible de ser cumplido y lo que actualmente ocurre en el FinEs es un proceso de flexibilización docente mediante el cual se simplifica la contratación laboral. […] El personal docente titular tendrá derecho a la estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino, mientras se observe una conducta que no afecte la función y la ética docente y conserve su eficiencia profesional y la capacidad psico-física necesaria para su desempeño, salvo en los casos establecidos en el presente estatuto. (Ley N° 10.579, artículo N° 17, Estatuto del Docente)

El capítulo VIII estipula y regula las remuneraciones en función de los ítems que le asignan el aumento al docente. El salario docente debería estar integrado por: a) La asignación mensual por el cargo u horas-cátedra que desempeñe. b) La bonificación por antigüedad. c) La bonificación por desempeño en medios desfavorables. d) La bonificación por función diferenciada. e) La bonificación por función especializada. f) La bonificación por prolongación de jornada habitual. (Ley N° 10.579, artículo N° 31, Estatuto del docente)

El capítulo XXV expone el tema de los contratos. Este sería el terreno correspondiente al FinEs, aunque sus modos de contratación dan a pensar lo contrario. Según el artículo N° 167 del presente capítulo, el contrato deberá especificar: a) Los servicios a prestar. b) La duración, que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años. c) La retribución y su forma de pago. d) Los supuestos en que se producirá la conclusión dentro del contrato antes del plazo estipulado. (Ley N° 10.579, artículo N° 167, Estatuto del Docente)

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Sumado al hecho de que al ingresar a trabajar como docente en alguna sede del FinEs no hay un contrato de por medio, aunque se aclara que es un trabajo con un principio y un fin (dando a entender, además, que es un trabajo por contrato), no se cumple lo estipulado por el estatuto en este punto. Dentro del mismo artículo se afirma que “ En ningún caso se podrá asignar trabajos distintos a los que motivaron la contratación ” (Ley N° 10.579, artículo N° 167, Estatuto del Docente). Este estatuto deja claro qué se entiende por trabajo por contratación del personal docente, asegurando que se realizará en función de programas especiales y de misiones especiales (entendiéndose éstas por trabajos con una duración limitada). Con respecto a la formación docente, el capítulo XXVI delega la responsabilidad de estimular y facilitar la superación cultural, técnico profesional y la capacitación del personal y aspirante en todos los niveles y modalidades mediante a la Dirección Provincial de Cultura y Educación (pese a que el programa es impulsado por el Gobierno Nacional). a) Funcionamiento de institutos o centros para la actualización y capacitación docente. b) Asignación de becas en el país y en el extranjero. c) Organización de congresos, seminarios, cursos, cursillos, conferencias, exposiciones, jornadas, etcétera. d) Instalación de bibliotecas. e) Publicaciones. f) Concesión de licencias para realizar estudios que perfeccionen la labor específica. g) La organización de cursos de capacitación docente en los establecimientos, para los docentes en actividad. (Ley N° 10.579, artículo N° 171, Estatuto del Docente)

Este compromiso asumido –y legislado- por la Dirección Provincial de Cultura y Educación no se ve reflejado en el Programa FinEs en tanto que no existe acompañamiento pedagógico en todas sus posibles formas. El acompañamiento que más sobresale es el virtual –vía internet- que se contradice con los fundamentos básicos del programa que se erigen sobre los principios de la educación popular.

Leyes de educación nacional y provincial: bien, gracias Teniendo en cuenta que las resoluciones normativas vigentes referentes al Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) apoyan su validez en la Ley de Educación Nacional de Argentina N° 26.206 y, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, en la Ley Provincial de Educación N° 13.688, partamos de la base de lo establecido en artículo N° 14 de la Constitución Nacional -retomado en la Ley de Educación Nacional-:

La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan. (Ley N° 26.206, artículo N° 1, Ley de Educación Nacional)

En este sentido, es interesante vincularlo directamente con el artículo 2 de la citada ley que estipula que: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. En ambos artículos, la institución del Estado debería de garantizar la educación para todos y todas los/as habitantes del país. Educación entendida de manera integral, abarcando condiciones edilicias, acompañamiento y recursos pedagógicos, remuneración digna y justa, estabilidad laboral. El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. (Ley N° 26.206, artículo N° 2, Ley de Educación Nacional)

Pensar la educación desde el espacio del proceso educativo en donde se ubican los y las docentes tiene que ver también con revisar analíticamente la normativa vigente en materia de educación, no sólo en materia de ‘derechos laborales’, entendiendo que entre éstos y las leyes educativas tienen que haber cierta connivencia. El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley (Ley N° 26.206, artículo N° 9, Ley de Educación Nacional).

Dar por hecho el financiamiento por parte del Estado del sistema educativo nacional en el cual se incluye el Plan FinEs- es no tener en cuenta la problemática integral de la educación. Es decir, que el Estado garantice el financiamiento del sistema educativo implica tener en cuenta: el salario, las condiciones edilicias de los ámbitos laborales y el acompañamiento pedagógico y la formación por parte de los responsables estatales pertinentes. 7


Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. (Ley N° 26.206, artículo Nº 11, inciso e), Ley de Educación Nacional).

Algunos interrogantes que quedan en el tintero tienen que ver con la cuestión de hasta qué punto se toma como una cuestión integral la educación o qué concepción de integralidad se percibe en los ámbitos educativos. Otros de los cuestionamientos tienen que ver con el rol que le cabe al docente en esa integralidad; para ello, es necesario reflexionar acerca de esa ‘integralidad’ del trabajo docente, también, cuál es la formación y acompañamiento pedagógico para que el docente pueda, además de enseñar lo incluido en el programa curricular, articularlo con las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria, pensando que a lo largo de la historia de la educación las escuelas no suelen (hasta el día de hoy) intervenir en las realidades de los destinatarios de la educación. A partir de la intencionalidad visible en la normativa del Programa FinEs de la apuesta del proyecto hacia un anclaje territorial de la educación allí, debería brindarse una previa capacitación para que quienes jamás trabajaron en la docencia desde un anclaje netamente territorial, no caigan en superficialidades o bajas en la calidad educativa por prejuicios presentes en la sociedad. En lo que respecta a la Ley Provincial de Educación Nº 13.688 y siendo esta ley la que regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender específicamente en la Provincia de Buenos Aires, cabe destacar -en la misma línea que la Ley de Educación Nacional-: La Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa. (Ley N° 13.688, artículo N° 5, Ley Provincial de Educación) La presente ley suma como responsable de las acciones educativas –además del Estado Nacional- al Estado Provincial, a través de la Dirección General de Cultura y Educación. En este sentido, en cuanto al financiamiento la responsabilidad está adjudicada en esta ley a la Provincia (los entes estatales correspondientes).

Las responsabilidades en cuanto al financiamiento del sistema educativo en la Provincia se especifican en el Artículo Nº 57 de la ley: La Dirección General de Cultura y Educación implementa la Organización, Administración y Ejecución de la Política Educativa garantizando la utilización eficiente y transparente de los recursos presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y didácticos como modo de asegurar el efectivo cumplimiento de lo establecido en esta Ley, conforme a lo estipulado en las Constituciones Nacional y Provincial (Ley N° 13.688, artículo N° 57, Ley Provincial de Educación).

Quien quiera oír que oiga Es en las condiciones edilicias, el pobre acompañamiento pedagógico y el salario, lo que dificulta un buen proceso educativo en el plan perjudicando a las personas que acuden a él para poder terminar sus estudios secundarios. Sobre la cuestión del salario vinculado a lo pragmático, son muchos los y las estudiantes que ven al FinEs como la primer experiencia laboral, basado en la docencia, de donde pueden obtener un pago por ello y afrontar las respectivas situaciones económicas. En la misma línea, también es una opción viable para aquellos que estudian un profesorado, donde el plan les sirve como práctica y experiencia. Sobre lo salarial normativo, el artículo número de dos de la Ley Nacional de Empleo (N° 24.013) establece promover la creación del empleo productivo a través de las distintas acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de programas y medidas específicas de fomento del empleo, incorporar la formación profesional como componente básico de las políticas y programas del empleo, establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen del salario mínimo, vital y móvil, como así también promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando prácticas evasoras.

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Estos objetivos no son cumplidos en su totalidad. Si bien es cierto que el plan es un programa que genera “puestos de trabajo”, los y las docentes no cuentan con materiales ni cursos de capacitación, tampoco con un salario mínimo, no saben cuánto van a cobrar ni cuándo. “Los pagos se llevan a cabo en muy malas condiciones: atrasos, no saber cuánto nos corresponde cobrar, pensar que cobraste bien cuando te pudieron haber pagado mal si no comparas con otro compañero, no contar con recibo de sueldo”, Oscar Toledo. Por otro lado no se paga por mes, sino que es al final, sin tener en cuenta la antigüedad y el puntaje, como sí sucede con los docentes de secundario. Tampoco se abona un aguinaldo por tratarse de un trabajo cuatrimestral. Además, al no regirse por el estatuto docente, no se puede pedir licencia, enfermarse, vacaciones ni ningún privilegio. Sobre las relaciones laborales es cuestión de suerte. Teniendo en cuenta que son los coordinadores los que deberían encargarse de que todo esté en condiciones, “podes tener coordinadores que le ponen todo para que funcione bien la sede u otros que se borran con montones de problemas; como falta de luz, que el lugar no esté abierto, que falten pizarrones”; Oscar Toledo, docente actual del plan. Esta situación no es la excepción a la regla. Una sede seleccionada se vio afectada por el temporal del 2 de abril, por lo que se trasladó a la casa del coordinador, en donde el docente debía utilizar afiches y marcadores para llevar adelante la clase debido a la falta de pizarrón. Resultando importante teniendo en cuenta que varios de los docentes del FinEs son personas entre los 18 y los 25 años de edad los siguientes artículos de la Ley de Empleo. Artículo 51. - El contrato de práctica laboral para jóvenes es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con formación previa, en busca de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos. Artículo 53. - Serán requisitos para celebrar estos contratos, los siguientes: a) Que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilite para esa práctica laboral mediante certificación reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; b) Que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación. Artículo 54. - En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato, que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo, el que deberá ser validado por la autoridad administrativa de aplicación. (Ley N° 24.013, Ley de Empleo)

Sobre el artículo 51 Claudia Fernández, Coordinadora Administrativa del FinEs, argumentó que “la selección docente se hace por propuesta pedagógica, los docentes presentan un trabajo que es evaluado y se hace una lista de orden del mérito que dura dos años y después se hacen las elecciones docentes”, donde no se tiene en cuenta la experiencia pre-

En cuanto al artículo 53, la mayoría de los docentes del plan son alumnos universitarios aún no recibidos, por lo cual no tienen ningún certificado reconocido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que los acredite para dar clases. El artículo 54, que habla de la entrega de un certificado que avale el aprendizaje del docente, tampoco es otorgado, ya que se los contrata como suplentes por cuatrimestre y cuando acaba ese periodo sólo dejan de acudir a dar clases. A lo que los salarios y su forma de pago se refiere, se puede hacer mención al Régimen General de Sanciones por infracciones laborales Anexo II, en el cual se establecen los siguientes artículos: Artículo 2°— Infracciones leves Son infracciones leves: a) El pago de las remuneraciones fuera del plazo legal, cuando el atraso fuere de hasta cuatro (4) días hábiles si el período de pago fuera mensual, y de hasta dos (2) días hábiles si el período fuera menor. Artículo 3º — Infracciones graves Son infracciones graves: c) La violación de las normas relativas en cuanto a monto, lugar, tiempo y modo, del pago de las remuneraciones, así como la falta de entrega de copia firmada por el empleador de los recibos correspondientes, salvo lo dispuesto en el artículo 2º, inciso a). (Ley N° 24.013. Ley de Empleo)

Los salarios de los docentes son liquidados con atrasos mayores al tiempo que indica el inciso A del artículo 2. Además del monto que se les paga y la falta de las copias de los recibos correspondientes del inciso C artículo 3. Sobre esto Eduardo Almeyda, de la Dirección de Adultos, rectificó que los docentes cobran cinco meses atrasados. Por su parte, Amelia García de SUTEBA, manifestó que “el salario tampoco está bajo el convenio general. Al ser un contrato no gozan de estos beneficios”. Claudia Fernández, de la Dirección de Secundarias de La Plata, expresó que “son

cuestiones que exceden a la dirección y que responde en definitiva al momento del Fines vinculado a lo financiero, no lo manejamos nosotros, si hay algún retraso obedece a cuestiones que maneja la Direcciones de Finanzas de la Provincia ”. Todas las voces oficiales se encargan de justificar el retraso en el pago del sueldo del docente del Plan Fines, evidenciando su carácter de hecho.

La precarización se materializa también en las circunstancias y contextos en los que son llevadas a cabo las actividades.

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Artículo 1º: Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo el territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. (Ley N° 24.013, Ley de Empleo)

En la mayoría de los casos los docentes del plan fines han dado clases en lugares no propicios por cuestiones de higiene, además de no contar con estufas para el frío o ventiladores. A lo que se suma no contar con siquiera pizarrones o fibrones, totalmente necesarios para llevar una clase adelante. Nuevamente, Eduardo Almeyda en carácter de fuente sostiene que en cuanto a lo edilicio, la educación de adultos siempre va a estar al borde, ya que no buscan tener edificios propios. En este sentido, Florencia Gelso, docente del barrio Malvinas, contó que “en Malvinas tenemos problemas en el comedor con respecto a la limpieza”, dejando en claro la situación que atraviesan varias de las sedes del plan. La sede Juan Domingo Perón está muy deteriorada, no tiene ventanas, ni puertas, tampoco pizarrón. (Fuente reservada). “Trabajé un año en barrio aeropuerto. No teníamos calefacción, no contábamos con materiales, el pizarrón era uno de juguete. El espacio de trabajo, era un comedor y un lugar de reuniones sociales y políticas por lo que más de una vez dar clases era bastante complejo”, comentó Alina Aguirre sobre el estado de la sede en donde le tocó dar clases a ella. Las FUENTES OFICIALES SABEN Y RECONOCEN que los docentes no pueden desarrollar su actividad en la forma que corresponde y se merecen. Al respecto, José Eduardo Almeyda, Director de la Dirección de Educación de Adultos, ente que se encarga de llevar adelante los planes del FinEs, aseguró comentó que “los que más se podrían quejar son los docentes. Porque es una situación precarizada de trabajo; los sueldos se cobran a destiempo, no hay aportes jubilatorios. Los docentes provinciales están acostumbrados a ser provisionales y recién después estar efectivos, tener aportes jubilatorios, tener obra social. Igualmente los gremios no se quejan. Porque es tan grande la cantidad de docentes que están trabajando y que nadie los obligó, que podríamos decir que están de acuerdo”. Almeyda también reconoció que los docentes del plan no reciben ningún tipo de acompañamiento pedagógico durante el dictado de clases y que “lamentablemente, en todo lo que sea educación secundaria de adultos no hubo formación nunca. Nosotros en este momento estamos justamente trabajando en un post-título”.

Y agregó: “Para los profesores de secundaria no hubo formación. De hecho, nunca fueron preparados. Nosotros estamos pidiendo que ya haya un post-título para la educación secundaria. No es para nada lo mismo trabajar con un adolescente que con un adulto. Esto tiene que existir”.

Hacia una cultura del trabajo docente El sistema educativo ha de ser flexible, articulado, equitativo, abierto, prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades nacionales y la diversidad regional” Ley Federal de Educación (Ley24.195/93) Artículo 9°Un sistema educativo flexible es necesario para el funcionamiento de un mercado laboral flexible, “para una modernidad líquida, para individuos capacitados para la competencia del mercado y no para sujetos de derechos” (Requena, 201). La liquidez, se sumergió por la sociedad toda, entró a las empresas, pero también a las aulas (y a las no tan aulas donde se dictan clases). La falta de un estatuto contribuyó a la precariedad de parte del sistema educativo, marcó un carácter transitorio y volátil del empleo. Las responsabilidades se volvieron flotantes, y la inestabilidad laboral parece ser el único elemento sólido de este sistema. La investigación del FinES se volvió un mar de preguntas que no intenta ignorar la precariedad en otros ámbitos del sistema educativo, ni en otros empleos de la Ciudad de La Plata, sino que tiene como objetivo visualizar la situación actual del programa, como un intento de salir a flote. Debido a la necesidad de que cada vez más personas puedan acceder a finalizar sus estudios primarios y secundarios, en pos de una mejora social. Como dijo Bauman: “La cultura laboral de la flexibilidad arruina la previsión de futuro”. En este sentido es necesario elaborar propuestas que mejoren la calidad del sistema educativo y los vínculos entre educadores y educandos en pos de un futuro más digno. A pesar de la situación vulnerable de los docentes, hay mucho por hacer. Las victorias sindicales a lo largo de la historia fueron producto del convencimiento de estos actores sociales y del calor de sus reivindicaciones hechas lucha. No se puede permitir el ahogo presupuestario, ni que se hundan los derechos, por eso hay que, al igual que un salvavidas, recolectar pruebas que puedan servir en caso de que sea necesario un juicio laboral, apelar a la reincorporación de los docentes despedidos, guardar los comprobantes de cobro, generar lazos de solidaridad entre los compañeros de trabajo para- en caso de conflictospoder apelar a ellos como prueba testimonial, no mandar telegramas hasta haberse contactado con un abogado, contactarse con la Coordinadora de Precarizados del FinEs, y en lo posible, darle un caudal organizativo en gremios y sindicatos. 10


Referencias bibliográficas  Gindin, Julián. Pensar las prácticas sindicales. Editorial Herramienta, Buenos

Enseñar con el ejemplo La educación es, potencialmente, un instrumento contra la alienación. El aula puede dejar de ser una simple sala para transformarse en un espacio de lucha por la emancipación. Las tizas pueden trazar nuevas formas de mundo o pueden replicar el actual modelo educativo de sumisión. Pero, ¿cómo llegar a esta comunión, a este proceso de reflexión? La educación popular, lejos de la idea vanalizadora de ser un espacio fundado en la falta de materiales o condiciones dignas de trabajo, sienta sus bases en otra propuesta pedagógica distinta, la pedagogía del ejemplo. “ Encarna la con-

cepción de formación en tanto proceso dialectico de traducción, reconstrucción y creación de conocimiento en una sociedad de clases” (Korol, 2006). Este proceso colectivo de

Aires, 2011.  Tissera, Silvana. Precariedad laboral y desocupación: hacia condiciones de desprotección social en el Gran Buenos Aires. Serie Estudios Metodológicos N° 2. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1999.  Página oficial del Programa FinEs II. En línea: http://www.fines2.com.ar/.  Página oficial de la Dirección General de Cultura y Educación. En línea: http://www.abc.gov.ar/  María Emilia Cruz Requena. Continuidades y discontinuidades en la Educa-

ción de Jóvenes y Adultos. El Plan FinEs 2 desde una perspectiva histórica, 2013.  En línea:www.observacionesfilosoficas.net. Zygmunt Bauman (Modernidad Líquida y Fragilidad Humana. AV Rocca - 2008).

 Resolución N° 3520. Dirección General de Cultura y Educación. La Plata. 20

de Octubre de 2010. Ley de Educación Nacional N° 26.206, 2006. Ley Provincial de Educación N° 13.688, 2007. Ley de Educación Superior N° 24.521. Ley Nacional de Empleo N° 24.013, 1991. Estatuto del Docente Ley N° 10.579, 1991. Korol, Claudia. Pedagogía de la resistencia. Cuadernos de educación popular. Madres de Plaza de Mayo, América Libre. 2006.  Material para la formación de trabajadores y trabajadoras docentes, Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO), Frente Popular Darío Santillán (FPDS), 2008.      

lectura y critica del contexto social de educadores y educandos tiene como intención transformarlo, por lo tanto no existen fuera de la lucha popular, como suele acunarse en las calles ante conflictos gremiales “Docente luchando también enseña”…

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Esta cartilla fue realizada con el propósito de problematizar las prácticas docentes en el Programa de Finalización de Estudios Secundarios (FinEs) de la ciudad de La Plata. En el marco de la cátedra de Periodismo de Investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de UNLP. Galogero, Gastón Dagnino Contini, Alida Ercoli, Paula Mailen Haure, Lara Pol, Tania 30 de septiembre de 2013

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Cartilla FINES