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Juicio histórico a las fumigaciones

UMBRALES - CRÓNICAS DE LA UTOPÍA - 23

Monsanto en Córdoba Modelo productivo, extractivismo y depredación


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La condena a las fumigaciones abre nuevos surcos A partir del juicio, la gesta de barrio Ituzaingó Anexo encuentra impulso para afianzar las reivindicaciones sostenidas durante años. Además de tratarse del primer debate oral y público, se inaugura un camino de perspectivas alentadoras.


Y Por Francisco Panero*

a nada será igual. A partir de este juicio –el primero en su tipo en toda la región continental– quienes fumiguen cerca de áreas pobladas sabrán que pueden recibir sanciones penales. La condena a los tres acusados de contaminar con agroquímicos a la población de barrio Ituzaingó Anexo, sienta el precedente para que la historia que escriben otros pueblos transite un camino ya trazado. La jurisprudencia judicial, las prácticas de cultivo, la resistencia de los hombres y mujeres de a pie que habitan en zonas rurales y la atención que presten las autoridades de aquí en más reconocerán, inexorablemente, el terreno que comenzaron a caminar las Madres y todos los luchadores de esta causa. En un contexto general, la noticia es buena, aunque las Madres en particular se sientan defraudadas. Acaso ellas no encuentren consuelo, pero a la corta o a la larga se las reconocerá como las pioneras de una gesta que comienza a fructificar en otros lugares de Córdoba y el país donde ya se está haciendo justicia. El desarrollo de este juicio fue arduo, estricto y ceñido a las pruebas que arrojó el debate. La palabra del Presidente del Tribunal Lorenzo Rodríguez al cerrar el debate sintetizó la manera en que el fallo se dio luego de agotadoras audiencias y de un tratamiento respetuoso a todas las partes. “El fallo se basará en las pruebas” resumió el camarista, tras nueve horas de alegatos. El titular del tribunal (completado por Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno) era consciente de que, en una causa con intereses encontrados, es imposible conformar a todos. Por eso hubo decepción tanto en los condenados –el productor Francisco Parra y el aviador Edgardo Pancello– como en las madres e integrantes de la comunidad del barrio y del

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colectivo que apoyó el proceso, que esperaban penas de prisión efectiva. Pero la lectura más reposada, puesta más allá del aquí-y-ahora puede ofrecer otras perspectivas. En esta línea, se inscriben algunos dirigentes integrantes del colectivo que saben que la lucha es larga y que cada mojón es importante en este tipo de gestas. En esa idea de balance parece situarse Medardo Ávila Vázquez, médico a cargo de Salud municipal durante la época de los hechos y querellante en esta causa. Sentido y repercusiones Fueron dos meses de juicio, con más de treinta audiencias, dos inspecciones al barrio y el desfile de decenas de testigos, entre vecinos, damnificados, médicos, peritos y otros profesionales vinculados a la actividad agrícola, agroquímica y aérea. Tras este debate oral y público, seguido de cerca por numerosos actores sociales, quedaron plasmadas nuevas verdades que comienzan a moldear una nueva realidad. Por empezar, el impacto social se vislumbra en la toma de conciencia y que ahora la gente “sabe” que los agroquímicos no son sustancias inocuas, porque son venenos diseñados para matar organismos vivos. Son productos que traen consecuencias en el ambiente y también en las personas, especialmente en los niños. A nivel Judicial, también se aprecian cambios, con nuevos criterios y directivas para autoridades, fiscales y fiscal general. El Ministerio de Agricultura provincial ha mostrado a partir de este juicio un fuerte interés en fiscalizar y aclarar cuáles son las pautas que deben seguirse para ceñirse estrechamente a la ley 9164 y su decreto reglamentario. Después del juicio, ya hay un protocolo que se ocupa de las prácticas. Por el lado de la producción, se ha ganado mucho en la conciencia de que esa actividad es


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posible, siempre y cuando se respete también la salud humana, los recursos naturales y el ambiente. La justicia por-venir Tras la sentencia, el fallo de los jueces fue recurrido por los defensores de los dos condenados. La Casación cuestiona ante el Tribunal Superior de Justicia la existencia del hecho, la participación de Parra y Pancello y la tipicidad de los delitos. Por beneficio de la duda, Jorge Gabrielli, el otro productor, recibió la absolución. Mientras tanto, la problemática necesita el cumplimiento de otros hechos, algunos que están germinando y otros que se necesitan para que los avances sean efectivos. El año próximo irá a juicio la “causa madre”, la que inició la investigación juzgada a mediados de este año y en la cual también están involucrados Parra y Pancello. El proceso oral también dejó saldos para investigar, como otras fumigaciones presuntamente ilegales en Los Cedros, con los mismos imputados. De ser hallados culpables, los tres años de prisión en suspenso se acumularían con la

“Los cordobeses nos enfrentamos con 17 ordenanzas municipales que conviven con la Ley Provincial 9.164”

nueva condena y tendrán que ir a la cárcel. Ya hay causas abiertas en Alta Gracia, Río Tercero y otros puntos del interior provincial. Y hay otra, por fumigaciones en Colonia Tirolesa, cuya instrucción a cargo de Eve Flores ya concluyó y será juzgada en 2013 por la Cámara 6ª del Crimen. En otros lugares del país el panorama es el mismo, reflejo de la lucha de otras comunidades y colectivos. Pero lo más significativo de lo que falta, para darle mejor marco al incipiente movimiento judicial, sería la sanción de una ley nacional de agroquímicos, que aún no existe y hay varios proyectos en el Congreso de la Nación. Actualmente, por citar el caso de esta provincia, los cordobeses nos enfrentamos con 17 ordenanzas muni-

cipales que conviven con la Ley Provincial 9.164. En esas jurisdicciones se impone la normativa local o la provincial, según si se legisló “por encima” de la otra, es decir, si las exigencias de una son superiores a la otra. Estas dificultades de aplicación, quedarían definitivamente zanjadas con la existencia de la ley nacional. De esta forma, el ejemplo de Ituzaingó Anexo marca también lo que significa una gesta que, siendo exitosa, puede ofrecer pautas al legislador para la redacción de una ley. También en eso las Madres y quienes apoyan la causa pueden sentirse satisfechos: era escasa la legislación y nula la judicialización cuando comenzaron a pelear. Además de llevar al banquillo de los acusados a los primeros condenados, en ese proceso se sancionó una ley provincial y una ordenanza municipal. Ahora, con el ejemplo de las Madres que se multiplica por todo el país, son numerosos los proyectos en el Congreso de la Nación para legislar la fumigación con agroquímicos. Una lucha que revaloriza su sentido. n *Periodista. Trabaja en La Voz del Interior.


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Las razones de las fumigaciones Por Dario Ávila *

E

l pasado día 03 de setiembre, la Excma. Cámara en lo Criminal 1ª, Presidida por el Dr. Lorenzo Rodríguez e integrada por los Vocales, Dra. Susana Cordi Moreno y Dr. Mario Capdevila, dio a conocer los fundamentos por los que resolvieron condenar –en la denominada causa Barrio Ituzaingó Anexo– al productor Francisco Parra y al Empresario Aero-Aplicador Edgardo Pancello y absolver al productor Jorge Gabrielli. En la pieza jurídica, que consta de más de 600 carillas, dieron fundada respuesta a tres cuestiones fundamentales para la atribución de responsabilidad respecto a dos de los imputados y la sanción que les corresponde aplicar. Respecto al régimen legal, por unanimidad concluyeron que las disposiciones contenidas en la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 resultan de plena aplicación al caso destacando que “cuando el Estado criminaliza conductas como las que se encuentran tipificadas en la Ley 24.051, es porque la prevención y las sanciones contenidas en los plexos administrativos (leyes fitosanitarias provinciales, ordenanzas municipales, resoluciones, etc.), como en los presentes obrados, han fracasado”. También precisaron que las conductas tipificadas en la ley 24.051 son de peligro lo que implica la innecesariedad de acreditar en cada caso que las fumigaciones afectan a la salud “sino que posiblemente la afecte”. Sin perjuicio de ello, dan por plenamente acreditada la forma en que estos productos afectan a la salud de la población al mencionar: “deben también considerarse, en cuanto a la agresión en el cuerpo humano y el ambiente que provocan las pulverizaciones con agroquímicos agropecuarios, las declaraciones de todos los especialistas, científicos, profesionales en la materia que han depuesto en el debate (..) Si bien en este proceso no se investiga la relación entre las fumigaciones con agroquímicos y las malformaciones y abortos producidos en barrio Ituzaingo Anexo, no puedo dejar de mencionar la relación que existe entre el glifosato y esas patologías (..)”. Realizaron además una caracterización alarmante respecto del actual productor agropecuario: “Entre otros agentes, y entrando en el debate que nos concierne, están los autores de una invasión que arrasa

También precisaron que las conductas tipificadas en la ley 24.051 son de peligro lo que implica la innecesariedad de acreditar en cada caso que las fumigaciones afectan a la salud “sino que posiblemente la afecte”. Ningún fiscal podrá omitir cumplir con sus obligaciones o mantenerse indiferente frente a estos hechos, ahora, deberá investigarlos, procurar las pruebas, acusar a sus responsables, etc. El fallo Ituzaingó ha sentado “jurisprudencia”. con todos los campos, para ganar más y más zonas, ampliando las fronteras agrícolas, sin tener límites de ningún tipo y en aras, especialmente, del desarrollo del cultivo de soja transgénica (en relación a la fecha del hecho correspondiente al año 2008, diecisiete millones cien mil hectáreas de soja, cosecha 2007/08, 3% mayor al año anterior), que como un gran alud, oscuro y pesado, va penetrando sin control ni prevención alguna la llanura territorial, acabando no solo con los bosques que son pulmones de oxígeno, imprescindible para la vida (280.000 has. deforestadas por año en las provincias de Chaco, Salta, Formosa, Santa Fe y Córdoba), sino que además se invade la periferia de zonas pobladas, como en la presente causa. Hasta a la vera de las rutas nacionales o provinciales, zonas prohibidas para cultivos, es dable observar soja sembrada. Sistemáticamente se va deteriorando la tierra con el “bombardeo” continuo de productos químicos que la penetran y debilitan. Se arrojan, especialmente en la zona centro y algunas provincias del norte argentino, según –entre otros– los informes técnicos científicos de la causa, 200 millones de litros del químico glifosato en cultivos de soja transgénica inmune a este producto” (Del voto del Dr. Lorenzo Rodriguez - Presidente del Tribunal). Similar actitud asumió el Dr. Capdevila al mencionar “Los hechos que constituyeron el soporte del debate se inscriben en los planteos y problemáticas que acompañan los presentes tiempos de rápidos desarrollos

industriales, de progresos en las investigaciones científicas y la imperiosa necesidad de adquirir los frutos económicos de una manera vertiginosa, sin advertir las consecuencias que muchas veces pueden acarrear”. Por su parte, la Dra. Cordi Moreno, avanza en las consideraciones hacia el modelo, al manifestar: “Si la obtención de mayores réditos, so pretexto de paliar el hambre en el mundo triunfa sobre el respeto a la vida y seguimos destruyendo la naturaleza, los humanos desapareceremos de la faz de la tierra. El planeta seguramente se recompondrá y otros seres, quizás menos racionales pero más decentes lo poblarán”. El fallo recaído en la denominada causa Ituzaingó Anexo posee la virtud de haber recogido en detalle lo acontecido en el juicio y fija las bases jurídicas del delito de las fumigaciones cuando éstas ponen en riesgo la salud pública de la población. Desnuda las consecuencias sanitarias (afectación a la salud) y ambientales (contaminación) que produce el actual modelo de producción basado en la utilización creciente de agrotóxicos, pone al descubierto la inacción estatal, la que se ha mostrado ineficiente a la hora de controlar y fiscalizar la actividad, e interpela a los poderes públicos del estado (Nacional - Provincial - Municipal) a los fines de que adopten las previsiones necesarias para evitar tener otro barrio Ituzaingó Anexo. Hasta tanto esto no proceda, y las legislaciones vigentes en la materia no sean revisadas y/o modificadas, cualquier vecino que se sienta afectado por un hecho de fumigación, podrá sortear la pasividad de las actuaciones administrativas (policiales y/o municipales), y directamente acudir ante la justicia penal en defensa de sus derechos, he aquí lo fundamental del fallo. Ningún fiscal podrá omitir cumplir con sus obligaciones o mantenerse indiferente frente a estos hechos, ahora, deberá investigarlos, procurar las pruebas, acusar a sus responsables, etc. El fallo Ituzaingó ha sentado “jurisprudencia” en este sentido e indudablemente, se ha transformado en una herramienta de defensa encomiable de los pueblos en lucha contra las fumigaciones y a favor de la vida. n *Ex - Sub Director de Asuntos Legales – Secretaría de Salud - Municipalidad de Córdoba. Abogado denunciante en la causa. Asesor Legal Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados.


Dossier

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Las recomendaciones desde la Fiscalía

Contaminación dolosa por agroquímicos En la lectura de los alegatos, el fiscal instructor, Carlos Matheu destacó la necesidad de prohibir fumigaciones aéreas, crear una ley nacional de agroquímicos, y modificar el manual de procedimientos del Senasa. La apertura de laboratorios públicos y fiscalización del cumplimiento de la ley también fueron los aspectos sobresalientes. Por Ximena Cabral*

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n su presentación como Fiscal instructor, Carlos Matheu, marcó la relevancia de cumplir con “el primer proceso en Argentina por contaminación dolosa con el uso de agroquímicos para la salud humana y los márgenes de seguridad a adoptar para evitar daños en la salud”. Aclaró que si bien la actividad de fumigación es lícita por el Senasa, puede transformarse en delictiva por violar leyes de agroquímicos, ordenanzas municipales y principio precautorio. También enumeró los requisitos para la contaminación dolosa, donde según la ley 24.051 está claramente incluído el tema agroquímicos porque son sustancias que cuando se esparcen por tierra, agua o ambiente se convierten en residuos peligrosos. Como antecedente, el fiscal situó el fallo de un Tribunal en la Plata donde el petróleo al derramarse sobre el rio se transformó de sustancia a residuo peligroso. En su argumentación, se refirió a la deriva y la dispersión remarcando que la temperatura y humedad alta favorece la deriva del agroquímico y citó

el estudio de derivas de la UNC que dio por resultado que la deriva llegó hasta 700 metros hacia adentro. Los agroquímicos en sangre Dentro de la extensa presentación de los alegatos, el Fiscal Matheu destacó la información que biólogos, investigadores y epidemiólogos fueron prestando en la causa. Con respecto al Glifosato, remarcó la disertación del reconocido investigador del Conicet Andrés Carrasco quien afirmó que “es un veneno porque mata organismos vivos”. A modo de ejemplo citó al Tribunal de Encarnación en Paraguay con el caso del niño Silvino Taravela quien se dirigió a hacer las compras y, accidentalmente, un productor en un campo cercano lo roció con Round Up. Al día siguiente falleció. “El Tribunal lo halló homicidio culposo por el glifosato que había absorbido su cuerpo” relató. Con respecto a la presencia de otros agroquímicos como Cloropirifos y 2-4 D destacó que “están considerado clase


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2 con afecciones sistema nervioso central, depresión y cáncer de piel, especialmente con peligrosidad alta en los niños”. También se refirió al convenio de Estocolmo celebrado en el 2010 en Ginebra y suscripto por 127 países donde se recomendó la eliminación total del Endosulfán del planeta por su peligrosidad para la salud humana. Sin embargo, Argentina resolvió, a través del Senasa, la prohibición total recién el 1 de julio 2013. Estudios y críticas “El centro más prestigioso de lucha contra el cáncer establece que cada 100 mil habitantes se espera un caso de leucemia, y en Ituzaingó, donde hay 5 mil habitantes aparecieron 14” aclaró el fiscal, en medio de su alegato haciendo referencia al estudio del 2005. El otro estudio referenciado fue el que se le encomendó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde si bien había contaminantes previos, los determinantes fueron los residuos clorados de Endosulfán. Observó que de los 109 casos de cáncer, 40 eran de las zonas mas próximas a los campos (unas cuatro manzanas con cuarenta casos por eso lo llamaron el manchón epidemiológico). Matheu aclaró que el estudio de la cátedra Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC llegó a una conclusión similar donde el factor preponderante de la contaminación fue la utilización de endosulfán por vía aérea. “En los estudios de biomarcadores del 2005 se descartó la presencia de metales pesados tales como cromo, plomo y arsénicos por su insignificancia como marcador de riesgo” recordó. También se refirió a que en el estudio del 2010 de 144 niños, el 80 % presentaba órganos clorados en sangre, 11 de los cuales tenían endosulfán. Mínimo tres

plaguicidas en sangre y en algunos 5 a 7 plaguicidas. Cuando se hizo el otro estudio comparativo, en los otros barrios se encontraba 1 o como máximo 3 plaguicidas en sangre. Finalmente, criticó a la Comisión Nacional de Agroquímicos porque “fue creada justamente en el marco de este juicio y no tuvo en cuenta importantes informes realizados anteriormente”. Puntualizó que al investigador Carrasco “ni siquiera lo invitaron a dar su opinión cuando fue Jefe de Embriología molecular del Conicet”. Incluso, y después de tres años, la Comisión aún no se ha expedido de lo que pasó en barrio ituzaingó. Con respecto a la relación entre agroquímicos y salud, destacó al informe presentado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados donde, especialistas de todo el país, mostraron el crecimiento en los últimos años de abortos y malformaciones de recién nacidos; el aumento de cánceres y problemas de afecciones al sistema nervioso central vinculado a poblaciones próximas a campos fumigados. A su vez, el relevamiento sanitario realizado por la Unidad Primaria de la Salud (Upas) donde advirtieron que sobre 272 defunciones, 82 personas murieron por cánceres contrarrestó al testimonio de la Directora del Registro Nacional de Tumores que se basó sólo en los informes de los nosocomios públicos o privados “pero no censó casa por casa como lo realizaron los médicos de la Upas” aclaró. Además, el fiscal subrayó como en las partidas de defunción, en general, se coloca insuficiencia cardiorespiratoria dificultando un registro certero. n *Periodista. Cronista de Hoy Dia Córdoba. Juicio a la fumigación.com

Recomendaciones desde la Fiscalía

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a Fiscalía solicitó, en base del principio precautorio, realizar algunas recomendaciones a organismos del Estado como el Ministerio de Salud Pública de la Nación para que propicie una reforma para que se sancione una Ley Nacional de Agroquímicos. Dentro de las recomendaciones al Senasa, se solicitó reclasificar los productor toxicológicos existentes (dejar solo las categorías 3 y 4 en circulación), adelantar la fecha de prohibición del Endosulfán y modificar el manual de procedimiento para el registro de productos fitosanitario para que su toxicidad sea determinada por un laboratorio público y no por informes de laboratorios privados. Las recomendaciones al Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, por su parte, fueron centralizadas en cambiar ley de agroquímicos provincial para que se prohíba la fumigación aérea con cualquier clase de producto toxicológico y que se prohíba la fumigación a menos de 1000 metros de escuela, cursos de agua o poblado. También pidieron la realización de una campaña de concientización entre productores y aplicadores sobre el riesgo de aplicación y enfermedades por el efecto de deriva. Consultado por Umbrales el Fiscal aclaró que las recomendaciones no fueron aceptadas por una cuestión de “superposición e invasión a sus funciones. Cuestión que consideramos erradas porque fueron elevadas después de un arduo debate público con especialistas, a modo de sugerencias”.


Dossier

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Entrevista a Lorenzo Rodríguez, presidente de la Cámara 1º del Crimen que juzgó la causa Ituzaingó

“Los productores rurales sabían lo que hacían” El magistrado aborda detalles del juicio que conmocionó a la provincia y entiende que la condena, al sentar jurisprudencia, abrirá procesos similares en otros puntos del país.

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Por Guillermo Posada*

on 41 años en la Justicia, esta causa nos sacó de contexto. Estamos acostumbrados a juzgar un homicidio, un robo… Pero acá tuvimos que ponernos a estudiar el tema desde cero porque no habían antecedentes”, arranca el juez Lorenzo Rodríguez, presidente de la Cámara 1ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba, que debió ponerle el pecho a esa brasa caliente que fue la causa de bº Ituzaingó. El ‘Guri’, como se lo conoce en Tribunales, no muestra ese tupé típico del magistrado de difícil acceso. Tiene un gesto cordial al recibir a Umbrales en su despacho, pero parece un hombre aún agitado por los dos meses debates que finalizaron con la condena de un productor y un aviador (o aeroaplicador, en la jerga agroquímica), y la absolución de otro productor. Sin embargo, Rodríguez conoce de causas que despiertan pasiones y presiones del poder: en los ’90 formó parte del equipo que instruyó la causa del Banco Social y fue personal de confianza del juez Eduardo Ba-

rrios, que sentó en el banquillo a Jaime Pompas y su banda. Aquí, en la causa de bº Ituzaingó, la Justicia abordó por primera vez, a fondo, dos delitos de carácter ambiental, que podrían multiplicar las denuncias en todo el país de las comunidades afectadas por las pulverizaciones con agroquímicos. En tribunales no ignoran que los anuncios estelares, en Washington por la Presidente Cristina Fernández y en Córdoba por José Manuel de la Sota sobre la instalación de una planta de Monsanto en la provincia, constituyeron un mensaje del poder justo en medio del proceso judicial. “De la instrucción surge que se venía fumigando de forma continua, pero el tribunal evaluó el hecho concreto”, dice el juez. Ese hecho se repitió según los sumarios administrativos que aun existen en la Secretaria de Agricultura “sin que tengan una conclusión. Imagínese cómo puede el Estado prevenir en estas condiciones”, agrega. –¿Cuál debe ser el rol de la justicia en estos casos ante la indefensión de las poblaciones? –Esta mal que lo diga yo


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pero es el rol que cumplimos en este tribunal. La sentencia está en Casación y después sigue la Corte, pero yo hablo por lo mío. Estoy consciente de lo que hice, de mi decisión, arribamos a una certeza y por eso condenados. –Con respecto a la normativa, ¿es la adecuada? –La ley provincial es muy buena. Pero se debe llegar a una normativa nacional más específica. Esta marea negra de la soja deja de lado las cuestiones de vida por razones económicas. Estos réditos son necesarios pero pienso que hay que buscar un equilibrio en esta ecuación, porque la devastación de los bosques debe que tener límites y tiene que actuar la justicia. En ese sentido, sería importante una ley nacional con presupuestos mínimos, como la ley de bosques, que no den lugar a los artilugios. Por ejemplo, la ley actual habla de residuos peligrosos y no de sustancias lo que da pie a las chicanas jurídicas. –Los argumentos fluctúan entre la mala aplicación de los agroquímicos, por desconocimiento o falta de conciencia. En el juicio ¿quedó claro que

estos productores sabían lo que hacían? –Por supuesto. No hay ninguna duda y sabían las implicancias. Es más, cuando se juzga el hecho del 2004, está acreditado que, días antes de producirse el delito, los productores tuvieron reuniones en la municipalidad donde las autoridades les pidieron que no fumiguen más cerca del barrio. Incluso les buscaron alternativas y hablaron con una universidad de Israel para conseguir agroquímicos de carácter orgánicos, para no causar daño. En medio de esas tratativas, el 11 de febrero pulverizaron con Endosulfán y Glifosato. Entre la documental que se conoció en el juicio, hay un estudio de órganos clorados del 2005, sobre 29 niños del barrio, de los cuales 26 tenían agroquímicos en la sangre. Algunos hasta 7 químicos distintos. Por eso creo que Ituzaingó es la cabeza del alfiler de un problema mucho más grave que va a seguir saliendo a la luz en Córdoba o en otros lugares del país. Ahora, por ejemplo, hubo protestas con tractores en Mar del Plata por una reglamentación municipal que limita las pulve-

rizaciones cerca de poblados. –¿El cruce de jurisdicciones dificulta el cumplimiento de limitaciones para la aplicación de agroquímicos? –Hay una ley nacional y dos provinciales. Este caso motivó que la municipalidad Córdoba prohíba y declara en emergencia sanitaria al barrio en 2003, ante los movimientos de los vecinos por los hechos que ocurrían. A raíz de eso se dictaron las normas: una declarando en emergencia la zona y otra prohibiendo pulverizar en una distancia no inferior a los 1500 metros, con Endosulfán, y hasta 500 metros con Glifosato. Lo importante de esta causa es que probamos en la sentencia que los condenados invadieron con soja los campos aledaños a Ituzaingó y pulverizados hasta el límite de la calle del barrio. Esto sienta jurisprudencia, porque nunca se habían juzgado situaciones con estas características. Y es una modalidad de aplicación de agroquímicos que se repite en todo el país. n * Periodista. Secretario de Prensa Cispren. Colaborador de revista 23 y Sur.


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El aguante desde afuera El Juicio por fumigaciones se extendió fuera de Tribunales. Con la organización de “la carpa del aguante”, marchas por justicia y dentro de la campaña contra los agrotóxicos, decenas de organizaciones sociales y colectivos le dieron cuerpo a la movilización. Informarse, formarse y compartir experiencias fueron nodales para comprender qué implica vivir fumigados.

E Por: Florencia Reartes y Diana Nicodemus*

l Primer Juicio por Fumigaciones con Agrotóxicos no sólo ocurrió puertas adentro de la Cámara Primera del Crimen sino también en las afueras de Tribunales II, en La Plaza San Martín, desde Colón y Cañada hasta La Plaza de la Intendencia. A lo largo de las cuatro semanas que duraron las sesiones del juicio, numerosas organizaciones expresaron su apoyo a Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo con la participación u organización de charlas, debates, intervenciones artísticas, pinturas y recitales. La consigna, siempre la misma: oponerse a las fumigaciones y la utilización desmedida de agrotóxicos. La esquina de Frutuoso Rivera y Artigas –una de las esquinas de Tribunales– se convirtió durante varios días en la ubicación de la “Carpa del Aguante” donde vecinos de barrio Ituzaingó Anexo e integrantes de diferentes colectivos y organizaciones se reunieron para participar de charlas, es-


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En movimiento

cuchar las audiencias transmitidas desde adentro, para presenciar diversas intervenciones artísticas o simplemente para compartir. Fue desde la Carpa del Aguante donde se realizaron, en varias ocasiones, ollas orgánicas como otra forma de unirse a favor de la salud y la alimentación soberana, y de apoyar la lucha. Arte y lucha No solo los alrededores de Tribunales II fueron sede del apoyo a las Madres. La plaza San Martín fue escenario de representaciones artísticas en contra de las fumigaciones con agrotóxicos. A plena luz del día, un grupo de jóvenes intervenía la plaza e interpretaba la problemática no sólo ambiental, sino también social que implican las fumigaciones con agrotóxicos. También se realizó en la Legislatura de la Provincia de Córdoba un diálogo abierto con actores relacionados a la problemática de agroquímicos: Roberto Birri, legislador provincial del Partido Socialista y Presidente del Bloque del Frente

Cívico, el doctor Medardo Ávila Vásquez, testigo y querellante en la causa, Sofía Gatica, impulsora de Madres de Ituzaingó, Marcos Tomasoni y el Intendente de Oliva, Oscar Tamis. En el mismo marco, Córdoba fue sede del 2° Encuentro de Pueblos Fumigados. El evento reunió en la Ciudad Universitaria a organizaciones ambientales y sociales. El objetivo principal: aunar acciones contra el sistema de fumigaciones con agrotóxicos. Se realizaron jornadas de debates relacionados a la situación ambiental de localidades que sufren fumigaciones aéreas y terrestres. Representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y el norte argentino buscaron coordinar estrategias legales y sociales frente a la agroindustria, en general y los agrotóxicos, en particular. Los temas tratados fueron conformar una mesa coordinadora nacional, establecer pautas en la legislación nacional relacionada a agroquímicos, reclasificación de agrotóxicos y posturas en relación a la salud y la educación y su conexión con la problemática ambiental.

El 17 de septiembre 8 mil personas se congregaron en la tradicional esquina de Colón y Cañada. Vecinos de Malvinas Argentinas, las Madres de Ituzaingó Anexo y la Asamblea Córdoba Despierta encabezaron aquella marcha. Acción Directa, organizaciones dentro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Partido Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Intransigente, Biblioteca Popular Bella Vista, Agrupación María Saleme, Coordinadora por la Soberanía Alimenticia, Frente Popular Dario Santillán, Centro de estudiantes de Nutrición “La Oruga” y Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades acompañaron. Al mismo tiempo, vecinos organizados de Córdoba, de Anisacate y de Montecristo también estuvieron presentes. Al finalizar la movilización, los manifestantes se reunieron en la Plaza de la Intendencia para presenciar un espectáculo musical al aire libre en el que participaron cantautores de Villa Ciudad Parque, Inti Huayra y Raly Barrionuevo. Aquella fue una demostración masiva del apoyo no únicamente a los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo sino a la problemática de las fumigaciones en general. Si bien los centros de las ciudades se encuentran alejados de las zonas de siembra, por ende de la zona de fumigación, no están exentos de las consecuencias de esta. La contaminación en los alimentos y el agua se expande por los diferentes mercados y llega a todos sin hacer distinción, constituyendo una problemática de todos. Testimonio vivo de aquella histórica marcha en el marco de un histórico juicio. n *Periodistas. Cronistas de redaccion351.com y de Juicioalafumigación.com


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Entrevista a María Godoy, madre de barrio Ituzaingó

Luchadoras por la vida La denuncia de las madres sobre el creciente número de cánceres y malformaciones en el barrio fue una primera señal de alerta. La creación de un registro propio y la divulgación de los resultados de casos llevaron a que la problemática trascienda el marco local. Este año, el fallo de culpabilidad sobre un productor sojero y un aeroaplicador marcó un antes y un después en la lucha por la vida. Umbrales dialogó con María Godoy sobre el alcance de la sentencia.

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l bondi se adentraba en el barrio, las casitas humildes, las corridas de los niños y la mano en alto de un vecino al pasar, nos daban un abrazo cálido. Golpeamos la puerta y la voz inconfundible no se hizo esperar “¡Llegaste justo! ¿Me acompañas al mercadito? Es que recién llego y no hice tiempo de ir”. Claro, María acababa de bajar del segundo bondi que debe tomar todos los días para ir o regresar del trabajo. La compra fue modesta, pero reconfortante. Desandando el camino hasta su casa, tomó aire y con la voz desgastada pero con las fuerzas y la claridad intactas comenzó a recordar y responder nuestras preguntas. –¿Cuáles son los balances que realizan sobre el proceso y resultado del juicio? –Nosotras hace 12 años que venimos denunciando el tema de las fumigaciones y sobre todo lo que han causado: las enfermedades, las malformaciones, las muertes. Con el juicio creíamos que dadas todas las pruebas y los testimonios de

que los sojeros habían estado fumigando cuando estaba prohibido hacerlo, iban a ser condenados. Pero en realidad las condenas no fueron efectivas y todavía están en la Cámara de Casación. Igual esto sienta un precedente muy importante, el hecho de que, por primera vez, fumigar sobre las poblaciones haya sido declarado delito. Esto va a ayudar a que la gente se anime a denunciar, porque al parecer es lo único que podemos hacer, ya que en las distintas localidades donde hay ordenanzas que prohíben la fumigación lo están haciendo igual. Caso concreto es Toledo, que hace muy poquito aprobaron una ordenanza que restringe las fumigaciones, y los sojeros han ido a hablar con el intendente para pedirle que los dejen fumigar y de hecho lo hacen. Evidentemente lo único que les interesa es la plata, la ganancia. –¿Puede avanzar la postura de que los crímenes por uso de agrotóxicos son crímenes de lesa humanidad y lesa naturaleza?

Por: José Fernández * y Alfredo Alberione**

–En el juicio estuvo presente Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, pero en ningún momento dijo algo sobre ese tema, nunca dijo que fumigar sobre las personas y que nos enfermen o nos maten, es una violación a los Derechos Humanos. Esto hay que remarcarlo. Se nota bien que él está con éste modelo agroexportador extractivo, no planteó ante la prensa ni ante nadie que se estén violando Derechos Humanos, por eso menos que menos trabajará para que estos delitos sean declarados de Lesa Humanidad. –¿Habrá alguna posibilidad de que se apruebe un marco regulatorio a nivel nacional para la actividad agrotóxica? –No nos olvidemos que está el tema de tire y afloje entre el gobierno y la oposición y, dentro de esta situación, podría salir algo al respecto. No creemos que sea como nosotras queremos: que se deje de fumigar con avión en toda la Argentina y, además, extender la franja de protección. Esto lo venimos denunciando desde el año 2003, cuando estuvimos en Buenos Aires y recién había asumido Kirchner, que planteábamos una zona de protección de 4000 metros. Estuvimos en Derechos Humanos de la Nación y unos asesores nos dijeron que era una barbaridad, que los sojeros iban a pelear, porque 4000 metros de resguardo era una locura. Nosotras les respondimos que era problema de ellos y no nuestro. Resistir al semillero –En relación al viaje que hicieron por Europa luego que terminó el juicio. ¿Qué visión tienen de la lucha que llevan las Madres desde hace más de 12 años? –El viaje lo pudimos hacer gracias a una fundación que se llama El Futuro de la Agricultura y uno de sus proyectos “Resguardar Nuestras Semi-


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llas”. Un ejemplo de la resistencia que se lleva adelante en Europa, la pudimos observar en España donde varias organizaciones se han juntado para pedir que en el etiquetado de los productos se especifique que son transgénicos. Estas organizaciones han escrito un libro sobre lo que produce la Política Agropecuaria Común (PAC) no sólo en Europa sino también en Latinoamérica. Ellos analizan lo que significa social y económicamente, para las poblaciones, el cultivo de transgénicos que, no por casualidad, coincide con lo que se plantea en nuestro barrio, que han enfermado y matado a muchísimas personas, que dejaron sin trabajo a mucha gente, que han deforestado y expulsado campesinos de sus tierras. Lo mismo sucede en África. –En el Parlamento Europeo ¿Cuál fue la intervención de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo?

Ellos analizan lo que significa social y económicamente, para las poblaciones, el cultivo de transgénicos que, no por casualidad, coincide con lo que se plantea en nuestro barrio, que han enfermado y matado a muchísimas personas, que dejaron sin trabajo a mucha gente, que han deforestado y expulsado campesinos de sus tierras. Lo mismo sucede en África. –En el Parlamento, dimos nuestro testimonio de lo que pasa en Barrio Ituzaingó Anexo no solamente sobre la cuestión de la salud, sino también lo que sucedió en el juicio. Toda la gente estaba muy impresionada por lo que estamos pasando en el barrio y en todos los lugares donde se fumiga, además empiezan a tomar conciencia de que les puede llegar a ellos si siguen con la producción de

Batalla de madres

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tros de los grandes desafíos planteados por las madres de Ituzaingó es dar a conocer la dramática situación sanitaria que se vive en el barrio y su relación con la aplicación de los agroquímicos. No fueron pocos los esfuerzos en este sentido y la conformación de espacios, como el “Paren de Fumigar”, fue una acción concreta para dar mayor articulación a la resistencia contra un modelo transgénico que avanza de forma imponente sobre el territorio nacional. En estos años no ha existido escenarios chicos para dar esta disputa y, tanto en el barrio, municipio y distintos puntos de país donde han sido llamadas las madres para transmitir su experiencia de lucha, ellas han estado presentes. Inclusive a nivel internacional donde en cada foro o tribuna denunciaron el silencioso genocidio de un modelo alimentario que hambrea a escala mundial a millones de personas y benéfica a unos pocos grupos económicos. Internacionalmente, Sofía Gatica (foto), Madre de barrio Ituzaingó, fue distinguida con el Premio Ambiental Goldman 2012, también conocido como premio Nobel Verde. Actualmente, son un referente en cuanto a las luchas contra las fumigaciones y los transgénicos.

transgénicos. –¿Qué opinan del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel De La Sota que en medio del juicio realizó el anuncio de la instalación de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentina? – Desde que empezamos con esto, hemos sufrido las medidas de los gobiernos que administran el Estado. El primer caso fue cuando, para darnos agua potable corriente de la red, nos hicieron firmar una nota donde nos comprometíamos a no entablar ninguna demanda legal. Cuando Cristina Fernández de Kirchner, por medio de un decreto, manda a la Ministra de Salud de la Nación para que arme una comisión que investigue lo que está pasando en Barrio Ituzaingó Anexo también, por medio de otro decreto, crea la comisión que iba a investigar sobre el glifosato, con gente del CONICET. Pero, cuando dan las conclusiones de los resultados, no dicen si hace daño o no, eso es lo más terrible. En el caso del juicio se vio también que mientras estábamos enjuiciando a los sojeros, con bombos y platillos, Cristina anuncia desde New York que iba a instalar Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba. Además, el ministro Oscar González (hoy es Jefe de Gobierno de De la Sota) nunca nos atendió cuando era Ministro de Salud de la provincia. Encima, cuando anuncia lo de Monsanto, dice con cara de inocente: “es un semillero, la gente que se oponía o que se opone es porque no está informada”. Precisamente nos oponemos porque estamos informados. –¿Qué información tienen de que en el Congreso Argentino se está trabajando una ley de semillas? –Por algo se está queriendo instalar Monsanto en Córdoba. Lo que nos están queriendo imponer es el patentamiento de nuestras semillas. Es decir,


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dejarnos sin el derecho a guardar semillas (de lo que sea) para plantar en la cosecha próxima. No lo vamos a poder hacer porque las modifican genéticamente para que sólo florezcan una vez y sus frutos no den semillas aptas para plantar. Más aún, si llegan a aprobar un patentamiento de semillas, quienes siembran soja, por ejemplo, van a tener que pagarle una renta a Monsanto, independientemente de que ellos siembren con semillas que no provea esta multinacional. Ya hay un caso claro en Canadá que se puede ver en el documental “David contra Monsanto”. No es casualidad que casi al mismo tiempo que se anuncia la instalación de una planta gigantesca de Monsanto, se empiece a hablar de la ley de semillas.

Pañuelos y barbijos

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os pañuelos en las cabezas calvas de las mujeres o los barbijos sobre el rostro de los niños fueron una primera señal de alerta para las Madres de barrio Ituzaingó Anexo. También recuerdan cómo en voz baja se comentaba que las mujeres perdían sus embarazos o daban a luz niños y niñas con malformaciones congénitas –como la ausencia de maxilar o sin diafragma–. Corría el 2001 y poco se sabía sobre la soja transgénica que años antes, en 1996, el entonces Secretario de Agricultura Felipe Solá, había autorizado. En aquel momento, el gobierno se preocupó en difundir efusivamente las “bondades” de la oleaginosa y ocultar los impactos en la salud y el ambiente que causa este tipo de producción. Conocer cuántos eran los enfermos fue prioridad para estas madres. La forma para comenzar a trabajar surgió espontáneamente, juntándose, trabajar unidas y entre todas hacer hasta lo imposible para lograr que las escuchen.

En una de esas juntadas, fue que desplegaron un mapa donde comenzaron a marcar los casos de enfermedades que conocían. En la medida que conversaba con más vecinos y vecinas, surgían nuevos casos. Fue así que decidieron llevar adelante una encuesta que arrojó números alarmantes. Casi 300 habitantes de los 5 mil estaban enfermos (cáncer, leucemia, púrpura). El mapa de las enfermedades del barrio mostraba una radiografía precisa y evidente, el número de personas enfermas por cuadras aumentaba en relación directamente proporcional a la cercanía de los campos de soja que rodean el barrio. Para el año 2009, una nueva encuesta sanitaria, a cargo de las Unidad Primaria de Atención de la Salud (UPAS) 28, dejó a más de una persona con la boca abierta: El 33% de las personas fallecidas en el barrio era por cáncer, cuando la tasa más alta de muerte en el resto de la ciudad y provincia es por problemas cardíacos.

Es la segunda Colonización que viene por América y los gobiernos no responden porque por más “progresistas” que sean han dejado entrar la soja transgénica a sus países. Lo importante es que hay gente resistiendo. Yo creo que vienen ambas cosas de la mano. Por todas estas cuestiones, la reflexión es que tenemos que estar todos juntos, con nuestras diferencias, pero juntos. Es muy serio lo que nos está pasando y si no nos defendemos van a seguir avanzando. Es la segunda Colonización que viene por América y los gobiernos no responden porque por más “progresistas” que sean han dejado entrar la soja transgénica a sus países. Lo importante es que hay gente resistiendo. n * Periodista de Indymedia Córdoba y FM Zumba la Turba. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). **Periodista de FM Zumba la Turba y de la RNMA.


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Contratistas, pooles y soja transgénica La implementación de la soja transgénica en los 90 reconvirtió el mapa productivo. El rediseño del territorio, las migraciones, y los cambios en la producción de alimentos son parte de estas intervenciones. Investigadores de la Universidad de Rio Cuarto dialogaron con Umbrales sobre los paquetes tecnológicos “baratos” aplicados al uso de la tierra.

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Por Carina Ambrogi*

mediados de los ´90 se produjo en la Argentina un evento en el ámbito de la agricultura que modificó el mapa productivo de toda la pampa. Por primera vez, se produce la liberación de la soja RR, más conocida como soja transgénica, que tiene la particularidad de resistir a un tipo de herbicida, al que las otras malezas son casi todas susceptibles. Esta característica, que parece una cuestión netamente técnica para la siembra, produjo en el país cambios radicales no sólo en los sistemas de producción, sino también en los más diversos ámbitos directa e indirectamente


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vinculados a esta actividad. El Servicio de Conservación y Ordenamiento de tierras (CeSyOT) es una estructura conformada por 25 investigadores de diversas disciplinas de las facultades de Agronomía y Veterinaria y de la facultad de Economía, de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que ha estudiado, entre otros, los cambios que se produjeron a partir de la aparición de la soja RR. El Dr. José Manuel Cisneros, integrante del grupo, explicó a Umbrales que esta aparición generó un paquete tecnológico de muy alta eficiencia: la soja con siembra directa y uso de glifosato, evento que posteriormente se trasladó también al maíz. “Es un cambio que vino a simplificar de manera muy extrema el sistema de producción de un campo. La rentabilidad se volvió segura porque era un paquete tecnológico muy barato que requería una sola herramienta (una sembradora espacial), un solo herbicida y un sólo genotipo. Es un paquete muy simple, muy fácil de usar que se generalizó en 10 años en todos los campos, modificando el mapa productivo pasando de ser la soja un cultivo marginal a abarcar en la actualidad (junto con el maíz), casi el 80% de la siembra total de la Argentina, siendo el 99,9% de la soja sembrada de variedad transgénica.” Este paquete tecnológico que se impuso de manera exitosa coincidió con buenos precios agrícolas internacionales, lo que en conjunto generó para esta actividad una altísima rentabilidad de muy bajo riesgo, comenzando a posicionarse como uno de los destinos de los inversionistas del país y el mundo. Es así que se produce la aparición de la figura del “contratista”, que viene a suplir lo que anteriormente era el propietario-productor, es decir el dueño de la tierra que la trabajaba. Ahora no es el propietario el

que la trabaja sino que hay una multiplicidad de formas, desde el pequeño contratista, que tiene un campo de 200 hectáreas que le quedó chico y sale a trabajar otras hectáreas hasta los mega emprendimientos financieros, que siembran miles y miles de hectáreas denominados pooles de siembra. Estos últimos son formas de organización, conformados en general, por una gerencia técnica integrada por ingenieros agrónomos, contadores públicos, y estudios de abogados, que gerencian el emprendimiento productivo en base a la acumulación de capitales de todo tipo de empresarios, que diversifican su cartera de inversiones, apostando a esta actividad. El divorcio entre rentabilidad y sustentabilidad Hoy en la Argentina se estima que entre el 50 y el 70% de la superficie agrícola está siendo explotada por contratistas, lo que implica que las decisiones de lo que se hace en ese total del territorio está en manos de inversores que piensan y actúan en función de maximizar la rentabilidad mediante la producción a gran escala, y minimizar los riesgos por la siembra en distintas zonas del país. La rentabilidad del negocio agrícola ha sido de tal nivel, que estos grupos se han consolidado en el tiempo, obteniendo altísimas ganancias. Hoy el cultivo genera una doble renta: al propietario de la tierra que recibe un alquiler y al que invierte. “Las implicancias de esto es que la percepción del uso de la tierra que se tiene a partir del inquilino es de muy corto plazo. Es el plazo del ciclo por el que se va a alquilar el campo, en general el alquiler es por un año, a quintales fijos de soja. Esa racionalidad de corto plazo también se traslada al propietario de la tierra, lo que va en contra de una perspectiva de


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“La solución es volver a sistemas más diversificados, con más presencia del dueño de la tierra, que debe recuperar la pertenencia a su terruño para cuidarlo, tomar los ejemplos de la cultura andina donde la tierra no es solo un medio de producción sino que hay una cosmovisión, que es la razón de ser de esos habitantes.

conservación a largo plazo del recurso, ya que se piensa solo en la rentabilidad de ese ciclo y se pierde de vista un concepto muy fuerte que es la rotación de los cultivos”, explicó Cisneros. La rotación es lo que le permite devolver al suelo la parte extractiva que le quitan algunos cultivos. El planteo de la rotación implica que si bien se pierden opciones de renta rápida de corto plazo, en el largo plazo se mantiene la capacidad productiva del suelo, porque la rotación implica que hay ciclos de desgaste y ciclos de recuperación de suelo, para que la productividad se mantenga estable. En la racionalidad de corto plazo se tiene en cuenta solo el ciclo extractivo y se pierde de vista el necesario ciclo de recuperación de condiciones de productividad, por eso muchos suelos de la región pampeana se ven gravemente afectados, como se evidenció con la última sequía o con la actual abundancia de agua. Un estudio desarrollado por el grupo de la UNRC a partir de la sequía que ha ocurrido en buena parte del territorio nacional en la campaña 2011 – 2012, que generó un significativo impacto en el rendimiento potencial de los cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras, evidenció como los suelos que habían sido manejados con criterio de sustentabilidad, –muchos de ellos con el uso por ejemplo de sistemas de conservación del suelo cómo las terrazas–, soportaron el período de stress, mientras que los campos que no lo hicieron en general los arrendados, no pudieron cosechar. Frente a esta situación, el grupo desarrolló una serie de recomendaciones para los productores y los contratistas, así como también para los gobiernos provinciales y nacionales, vinculadas con las legislaciones en cuanto a la tierra, el plan agroalimentario y la di-

versificación de la producción (agroforestería, sistema agrosilvopastoriles, producción de carnes). La no atención a estas recomendaciones lleva a que los sistemas estén cada vez más simplificados, y la homogeneidad en los sistemas naturales hace que se vuelvan más frágiles que los que tienen diversidad. Los sistemas especializados agrícolas, sobre todo si se consolida el modelo de soja como monocultivo, tienden a ser más vulnerables. Es alarmante saber que las decisiones de aproximadamente el 70% del territorio agrícola esté hoy en manos de quienes tienen una cosmovisión cortoplacista y netamente mercantilista de la tierra, ya que eso implica por un lado que la tierra se vuelve cada vez mas inerte e infértil para seguir produciendo. Esto afecta no sólo a los campos individuales sino a las condiciones ambientales de toda la región. Por otro lado, el abandono de los campos en manos de contratistas genera un alejamiento que es difícil de retomar cuando éstos ya no vean en el campo un negocio de altísima rentabilidad. Llegado ese caso, cuando quieran retornar les será ajeno el manejo y comercialización de su propio campo, que cambia día a día, a lo que se sumará el hecho de recibir una tierra casi improductiva.

“La solución es volver a sistemas más diversificados, con más presencia del dueño de la tierra, que debe recuperar la pertenencia a su terruño para cuidarlo, tomar los ejemplos de la cultura andina donde la tierra no es solo un medio de producción sino que hay una cosmovisión, que es la razón de ser de esos habitantes. Es necesario incorporar ese sentimiento en los dueños de los campo. Es un panorama difícil de reconstruir, pero es necesario”, finalizó Cisneros. n *Periodista. Editora de Infopork.com


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La Ciencia en tela de juicio Por Fernando Barri*

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l juicio por fumigaciones ilegales en Ituzaingo Anexo no solo puso sobre la mesa de debate las consecuencias negativas del modelo de agronegocios, sino que además dejó en evidencia la falta de compromiso por parte de los organismos de Ciencia y Técnica (CyT) . Toda evidencia que muestre de manera crítica las consecuencias del monocultivo de soja transgénica de Monsanto es ocultada o ninguneada, tanto por los grupos monopólicos que impulsan los agronegocios, como por los gobiernos de turno en el marco de una casi nula participación u opinión de los organismos de CyT. Es por eso que la sojización del país se convirtió en un tema tabú, y cualquier evidencia que indique que ello tiene efectos perjudiciales es atacado con virulencia incluso por el propio Estado Nacional. Ello fue lo que le ocurrió al Dr. Andrés Carrasco, que, aunque cumplió con todos los estándares académicos al publicar sus resultados de malformación de embriones de anfibios expuestos a glifosato, fue desautorizado por el propio Ministro de Ciencia y Técnica del país (que por otro lado, llegó hasta el extremo de decir que el glifosato es igual de nocivo que agua con sal para evitar que se siguiera debatiendo el tema...). Sin embargo, en los últimos años, ha sido creciente el número de publicaciones científicas nacionales e internacionales que demuestran los efectos nocivos de los agroquímicos utilizados en el “paquete biotecnológico” de los agronegocios. Todos estos trabajos tienen altísimos estándares de calidad científica y ponen

en evidencia que ya no se debe discutir si estos productos son tóxicos o no, sino más bien cuánto daño pueden provocar en el ser humano y el medio ambiente. ¿Por qué las crecientes evidencias científicas no logran revertir las lógicas de producción implantadas en épocas del neoliberalismo y sostenidas hasta nuestro días? Para encontrar una rápida respuesta, basta con mencionar que la prohibición del uso de glifosato haría tambalear los millones de dólares de ganancia por exportaciones de soja. Los organismos públicos deben promover que se profundicen las investigaciones para determinar con certeza el grado de contaminación al que estamos expuesto por el uso excesivo de agroquímicos (millones de litros anuales) y, sin embargo, no sólo no lo hacen sino que menosprecian los intentos de grupos independientes para avanzar en tal sentido. Ésto se explica porque, actualmente, existe una dependencia muy grande del ámbito científico-académico respecto de los grupos monopólicos vinculados a los agronegocios, lo que hace que en general la postura de los investigadores sobre estos temas no sea imparcial. Lo paradójico del caso es que, cuando se cuestiona un estudio que demuestra alguna de las consecuencias negativas que producen los plaguicidas o los organismos genéticamente modificados (como en el caso del reciente estudio de colegas franceses que observó ocurrencia de cáncer en ratas alimentadas con estos productos), estas críticas suelen no apoyarse en argumentos científicos, o en el mejor de los casos cuestionan los métodos de estudio, cuando en realidad lo que debería hacer cualquier investi-

gador serio es repetir el experimento o mejorarlo para detectar si obtiene o no los mismos resultados. Todo lo anterior evidencia que la actual política de CyT del país está estructurada para darle sostén a los agronegocios, por lo tanto, se intentan anular todas aquellas investigaciones que vayan en contra de esa política. Pero a pesar de ello, a las autoridades de los organismos de CyT se les está haciendo cada vez más difícil tratar de tapar el sol con las manos.... Por su parte, los investigadores debemos hacernos una fuerte autocrítica respecto de nuestro rol en tal sentido. ¿Cómo es posible que aportemos tan poco para abordar problemáticas tan acuciantes para la sociedad?, ¿cómo es posible que nos dejemos llevar tan fácilmente por las lógicas que nos dictan organismos expertos (que premian el desarrollo de la biotecnología y penalizan a quienes ponen en duda los beneficios)? En este sentido creo que, a diferencia del Conicet cuya vinculación con los agronegocios ya es obscena, las Universidades Nacionales deberían intentar avanzar en dar las respuestas que nuestra sociedad necesita respecto de las consecuencias negativas que generan los agronegocios. Solo así nuestro pueblo podrá decidir, sin intermediarios ni intereses foráneos, a qué modelo de desarrollo aspira, ponderando no solo los factores económicos sino también los sociales, sanitarios, ambientales y culturales. n * Dr. Fernando Barri, Profesor de la Cátedra de Problemática Ambiental de la UNC e investigador del CONICET.

La actual política de CyT del país está estructurada para darle sostén a los agronegocios, por lo tanto, se intentan anular todas aquellas investigaciones que vayan en contra de esa política.


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Pueblos Fumigados en Argentina

La catástrofe sanitaria El último informe de la Red de Medicos de Pueblos Fumigados advierte sobre el crecimiento del monocultivo y los agroquímicos como alerta para la salud y la vida de los pobladores. El aumento de malformaciones y muertes por cáncer en los poblados aledaños a los campos fumigados muestran el rostro de la catástrofe.

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Por Medardo Ávila Vázquez*

n los últimos diez años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 60%, avanzando sobre regiones destinadas a otras producciones, sobre territorios con agricultura familiar y, masivamente, sobre bosques. La tonelada de soja que cotizaba a 160 u$s en 2001, en julio de 2012 valía 600 u$s, el rendimiento promedio es de 3 a 4 tn/ha, los costos de producción son de 200-250 u$s/ha: la rentabilidad es descomunal. De un total de 300.000 productores rurales existentes en todo el país, 80.000 se dedican a esta agricultura transgénica y química; de ellos solo 20.000 concentran el 70% de la producción y son básicamente pooles de siembra que producen mediante el arrendamiento de campos o intrusando territorios de pueblos originarios o de campesinos ancestrales. Esta agricultura imperante se sostiene sobre el monocultivo agroindustrial utilizando un


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paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación de agrotóxicos. En ese marco, como consecuencia de la inviabilidad natural del monocultivo, para poder sostener la producción se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos, en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas. Es preciso reconocer que los “productos” que utilizan son todos venenos: los herbicidas como glifosato, 2.4D o atrazina, están destinados a matar plantas, y los orientados a matar insectos más utilizados son endosulfán, clorpirifós, dimetoato, etc., todos tienen efectos deletéreos sobre la salud humana. La utilización de estos agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde el año 1990: en ese momento se usaban 30 millones de litros/kg de venenos. En la campaña 2011/2012 se aplicaron más de 370 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato por año, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año. En Santiago del Estero, Salta y Chaco se usa hasta 20 litros/ha. de Round Up. Para cultivar 100 ha. de soja transgénica hoy necesitan 14 jornadas (días) de trabajo de 1 (un solo) operario. De esos días, un día sembrará, otro día cosechará las 100 ha. Y los otros 12 días aplicará venenos sobre el mismo predio. Ésa es la actividad “productiva” que despliega el sistema de agricultura tóxica. El gobierno estimula este tipo de producción, haciendo oídos sordos al reclamo de los pueblos fumigados de restringir inmediatamente las fumigaciones en zonas pobladas, prohibir los criminales aviones fumigadores y poner en discusión el sistema de producción agraria en la Argentina.


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Malformaciones y aumento de cáncer Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas. De la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios. Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentaron notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y pueblos originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes. Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndrome de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con mayor frecuencia en estas áreas. Los pueblos fumigados también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%. La mortalidad por cáncer aumentó claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son ma-

sivamente aplicados en la zona. La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda los pobres del campo, los peones, sus mujeres y niños son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud. Además, desde el norte de Córdoba y Santa Fe, la mayor parte de los nuevos emprendimientos de agricultura tóxica son concretados por S.A. y pooles de siembra que utilizan la vía aérea de fumigación de manera casi generalizada y las dosis de venenos son mucho más alta por las condiciones climáticas y biológicas de la región. Las consecuencias las sufren principalmente los pueblos originarios y los campesinos. Las evidencias científicas Las manifestaciones clínicas que los médicos de pueblos fumigados observamos en nuestros pacientes encuentran su causalidad biológica en los resultados de investigaciones científicas en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato. Así, por caso, investigaciones de nuestros científicos demuestran de qué manera el glifosato actúa en el desarrollo embrionario produciendo malformaciones (Carrasco 2010), y cómo este veneno genera daño a las moléculas de ADN del núcleo celular,

Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc.

promoviendo líneas celulares mutantes que ocasionarán cáncer si no logran ser eliminadas por el individuo (Alassia 2011, Simoniello 2010). También, numerosas publicaciones científicas en todo el mundo demuestran cómo la exposición a agrotóxicos aumenta notablemente las tasas de malformaciones, abortos, cáncer y trastornos hormonales en las personas sometidas a fumigaciones reiteradas. Incluso las Revisiones Sistemáticas de la Medicina Basada en la Evidencia sostienen la necesidad de disminuir esta exposición por contarse con evidencias suficientemente fuertes y consistentes para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana (Sanborn 2005 y 2007). (Ver en Informe 1º Encuentro: www.reduas.fcm.unc. edu.ar) Negocio, ciencia y salud A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Desde el sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura tóxica, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes… Nos recuerdan a Phillips Morris, cuando afirmaba que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón. Ensayos controlados de toxicidad no son éticamente realizables en humanos, pero los datos epidemiológicos terminaron sepultando la coartada de las multinacionales del cigarrillo; como también demuestran hoy las toxicidad de los productos de Monsanto, Dow, Syngenta, Bayer o Novartis.


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No se aplica el Principio Precautorio de la Ley de Ambiente, no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas. Se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal” o que se puede tomar un vaso lleno de Round Up sin peligro, como lo hizo el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. (ver: http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/el-glifosato-no-es-agua-con-sal/) Predomina el negocio sobre el derecho a la salud, el oro sobre la conciencia y se aferran a las mentiras que impuso Monsanto cuando impulsó la producción transgénica. Incluso en los pueblos fumigados vemos cómo familias de productores muy afectadas por los químicos niegan esta relación, alucinados por la millonaria diferencia que alcanzan al final de la temporada. Casi 2500 millones de u$s se gastan en agrotóxicos en Argentina; las empresas transnacionales proveen las semillas y los venenos, compran la producción, controlan nuestro comercio exterior y además especulan financieramente con el precio de los alimentos (éstos son los que se quedan con la mayor parte de la renta). Y como si fuera poco, enferman a nuestra población rural y destruyen su ambiente con la complicidad de los gobiernos provinciales y nacional. El juicio de Bº Ituzaingó La perseverante lucha de las madres de Ituzaingó, con el apoyo de la comunidad cordobesa, sus jóvenes, los médicos, los periodistas en general, logró que se reconocieran violaciones a derechos esenciales con respecto a poblaciones fumigadas. Se aplicó por primera vez la Ley de Residuos Peligrosos que reconoce como delito contaminar el ambiente con residuos de una actividad productiva y la res-

ponsabilidad de los empresarios sojeros. Después del juicio que sustanció la 1º Cámara del Crimen de Córdoba, hoy los pueblos fumigados pueden exigir a los fiscales y a los comisarios que frenen una fumigación que contamina un barrio o una escuela. Esta situación era inconcebible hace dos meses. ¿Efectos colaterales? Algunos llegan a esbozar como excusa que las enfermedades y daños ambientales son los costos que pagamos, por nuestro “deber” de alimentar a una humanidad hambrienta. Sin embargo, la FAO/ONU reconoce que desde el año 1986 se produce suficiente alimentos como para proveer a toda la población demostrando que el problema no es de producción sino de distribución. También ONU y FAO anunciaron el año pasado que llegamos a 7.000 millones de habitantes en la tierra, que 1000 millones pasan hambre y que 1.300 millones son obesos (comen de más y son un problema de salud pública). Pero lo más llamativo es que también se anunció que el mercado del alimentos genera 1.500 millones de tn de comida que no es consumida y se tira a la basura… y que podría alimentar a 2.300 millones de personas más. Es decir, este mercado puede tirar casi un tercio de su producción y sigue generando grandes ganancias. Para ese mercado producen nuestros campos de soja y maíz tóxicos, para esos negocios contaminamos a la población y fumigamos las escuelas rurales llenas de niños. n * Médico pediatra y neonatólogo. Coordinador de la red de Médicos de Pueblos fumigados y querellante en el Juicio de B° Ituzaingó. Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos Fumigados www.reduas.fcm.unc.edu.ar /

La Red de Médicos de Pueblos Fumigados

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esde hace más de 10 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. Ante esta situación, algunos miembros de equipos de salud de los pueblos fumigados se reunieron en la Facultad de Cs. Médicas de Córdoba (2010) y de Rosario (2011) y formaron esta Red para estudiar y recopilar datos sobre el impacto que la actual forma de producción agroindustrial ocasiona en nuestras comunidades; para difundir la información científica –que las empresas como Monsanto y los gobiernos nacionales y provinciales ocultan– sobre la toxicidad de glifosato, 2.4D, atrazina, endosulfán, clorpirifós, etc., y también para acompañar al movimiento de las comunidades damnificadas en sus reclamos por derechos a la salud y a un ambiente sano. Reclamamos: n Prohibición de las fumigaciones aéreas, tal como se ha hecho en la Unión Europea (Directiva 128/09). n Restricción del área de fumigaciones terrestres, alejándolas de las zonas pobladas. n Reclasificación de los agrotóxicos utilizados en nuestro país, considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en los seres humanos. n Aplicación del Principio Precautorio establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º. n Creación de una dependencia de Salud y Ambiente encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, en reemplazo del actual ente regulador (SENASA) en el que sólo participan el área de agricultura del estado, los productores representada en la Mesa de Enlace y las Cámaras productoras de plaguicidas, prevaleciendo así las necesidades productivas y comerciales por sobre la salud de nuestras comunidades.


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Bajo el imperio verde Patricia Sorribas* Ileana Ibáñez**

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yngenta, una de las mayores empresas agroquímicas del mundo, muestra el mapa de una ficticia “República Unida de la Soja”. En esa república imaginada, se traza un territorio cubierto enteramente por el cultivo de la soja transgénica, el cual abarca amplias zonas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y el área de Santa Cruz, en Bolivia. “La soja no conoce fronteras”, dice el spot. Esto es conocido para las comunidades agrícolas de la región donde la modalidad de los pooles de siembra ha significado: disminución del número de trabajadores rurales; aumento de las migraciones a la ciudad de antiguos campesinos; expropiación de tierra de comunidades campesinas e indígenas; desmontes masivos de los bosques autóctonos en detrimento de la protección ambiental y la calidad de vida de las poblaciones; e incremento en el uso y la fabricación de semillas, de fertilizantes y de herbicidas a

partir de la soja transgénica. En efecto, se ha beneficiado a las empresas de agroquímicos –principalmente Monsanto, además de Dow Agrosciences y Syngent– a pesar de que cada vez son más las denuncias por el impacto ambiental y sanitario que están afectando el presente y el futuro de nuestras poblaciones. Un informe estatal advierte que: “La soja transgénica es ambientalmente más perjudicial que otros cultivos porque además de los efectos directos derivados de los métodos de producción (principalmente del copioso uso de herbicidas y la contaminación genética) requiere proyectos de infraestructura y transporte masivo (hidrovías, autopistas, ferrovías y puertos) que impactan sobre los ecosistemas y facilitan la apertura de enormes extensiones de territorios a prácticas económicas degradantes y actividades extractivistas” (Informe, Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable, 2008). Sin embargo, a pesar de este diagnóstico, en nuestro país se sigue sosteniendo que la salida

de la crisis económica y social del año 2001 es mérito del sector agrario y del modelo agroexportador basado en el monocultivo de soja. Volviendo la mirada sobre los países del sur que van conformando esa gran nación de la soja, podemos mencionar algunos datos alarmantes sobre la avanzada de la deforestación que implica la actividad. Es decir, cuanto mayor superficie vaya adquiriendo, más agudos serán los problemas sociales y de salud asociados a los modelos económicos subyacentes. Según la organización Guyra (http://www.guyra.org.py) uno de los resultados principales del monitoreo del Gran Chaco, lo constituye la posibilidad de comparación del patrón de comportamiento interanual de la deforestación en esta región, completándose dos ciclos de un año cada uno (2.010 y 2.011) detectándose una clara tendencia de aumento entre un año y llegando a picos de deforestación máximos de hasta 1.400 hectáreas por día en promedio. Según el orden del porcentaje

Madre Tierra Una noche, vagando, bajé por el talud de un hondo valle, húmedo y silencioso. Su aire estancado exhalaba un vaho de podredumbre y una frialdad que me hacían sentir enfermo y débil. Los árboles, numerosos a cada lado, se cerraban como una banda espectral de trasgos, Y las ramas contra el cielo menguante tomaban formas que me daban aterradoras. Sin saber por qué, seguí avanzando. Parecía buscar alguna cosa perdida como la alegría o la esperanza, pero pese a todos mis esfuerzos no pude encontrar más que los fantasmas de la desesperación.

Los taludes se estrechaban cada vez más. Pronto, privado de la luna y las estrellas, me vi encerrado en una grieta rocosa tan vieja y honda que la piedra respiraba cosas primitivas y desconocidas. Mis manos, explorando, intentaban rastrear los rasgos del rostro de aquel valle, hasta que en el musgo parecieron encontrar un perfil espantoso. Ninguna forma que mis ojos esforzados puediesen captar era reconocible. Pues lo que tocaba hablaba de un tiempo remoto para el paso efímero del hombre. Los líquenes colgantes, húmedos y canosos, me impedían leer la antigua historia.


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relativo deforestado en los países, Paraguay seguido por Argentina y por último Bolivia, manteniéndose este orden en todo el periodo. En forma general, en el territorio del Gran Chaco Americano se detectó en los años 2010 y 2011 un total de 560.684 hectáreas deforestadas, arrojando un promedio de 768 hectáreas por día en los años mencionados. Cuestiones que afectan también a los ciclos de agua al ser los árboles, esponjas que absorben y redistribuyen el agua de lluvia. Depredación y colonialidad Este diagrama neo-colonial posiciona a Argentina como proveedor de energías naturales y sociales como parte del modelo productivo de depredación y expropiación de bienes comunes. El avance de la frontera sojera no da descanso a quienes defienden su lugar ante las consecuencias del avance sojero: el desmonte, la desviación de canales de riego que dejan a las pequeñas poblaciones sin este recurso, los efectos en la salud

ocasionados por la fumigación con agrotóxicos; a las que se une el reclamo económico político, social y ético por la soberanía alimentaría. La inminencia de la destrucción de los modos productivos de las comunidades, el dolor por enfermedad y muerte de vecinos/as afectados por las fumigaciones; la proyección de un futuro devastado de sus escenarios naturales produce un sentir/se en cuerpo, una potencialidad propositiva y de lucha. Sin embargo, a pesar de la contundencia de los informes, a pesar de la lucha sostenida de los movimientos, la política productiva sojera –pero también las políticas extractivas de agua, petróleo, energía– es parte del “modelo” productivo. Promovido a partir de significantes que condensan diversas fantasías sociales como “progreso” y “desarrollo” activan expectativas cuyo co-relato fantasmático es el “atraso”; repitiendo como las técnicas y tecnologías empleados para la “modernización” –en tanto materialización de las prácticas depredatorias–

Un agua oculta, goteando quedamente, me susurraba cosas que no habría debido saber. ...mortal, efímero y osado, guarda para ti lo que cuento, piensa a veces en lo que ha sido, y en las escenas que han visto estas piedras desmoronadas. En conciencias ya viejas antes que tus débiles ancestros apareciesen, y en criaturas que todavía respiran aunque no parezcan vivos a los humanos. Yo soy la voz de la Madre Tierra, de la que nacen todos los horrores...

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937)

corresponden a la larga historia de sometimiento de los pueblos colonizados. “La soja no conoce fronteras”, dice el spot. Este aviso muestra, explícita y obscenamente, la Nación del imperio del oro verde, la depredación que toma los múltiples colores de América latina y los homogeneíza en un plano y extenso verde. Mientras sumerge a sus poblaciones bajo la línea de la pobreza, el imperio crece y depreda. n

* Doctora en Psicologia. Observatorio de Conflicto Laboral y Socioambiental de Cordoba y Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social (CIECSConicet). Equipo de Psicología Política de la Facultad de Psicología (UNC) y Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCC) ** Doctoranda en Estudios Sociales en America Latina. Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto SocialCentro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS-Conicet) Universidad Nacional de Córdoba (UNC)


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La educación para publicitar el uso de transgénicos en el Gran Córdoba

Cosecharás tu siembra

La eventual instalación de la planta de Monsanto y el juicio por contaminación en barrio Ituzaingó Anexo fueron los fantasmas que recorrieron la jornada “Aula AAPReSiD en Monte Cristo”, aunque llamativamente –a lo largo del encuentro– ambos hechos no fueron mencionados por los productores.

R Por: Daniel Díaz Romero*

uralistas agrupados en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPReSiD) y esponsoreados por las gigantes multinacionales The Dow Chemical Company y Syngenta Company, decidieron salir de los silos y derribar “el mito” de los transgénicos. Entre los anfitriones de un encuentro estuvo un destacado vecino de Monte Cristo, autodefinido como orgulloso miembro de la AAPReSiD, el Secretario de Agricultura de la provincia, Juan Cruz Molina Hafford. En la zona, que se proyecta como la de máximo conflicto en materia socio-ambiental para el año 2013, representantes de los agronegocios reunieron en un campo a más de 240 estudiantes secundarios de la región: escuelas públicas y colegios privados de Malvinas Argentinas, Capilla de los Remedios, Monte Cristo y Piquillín fueron convocados por la ONG ruralista. Los “invitados especiales” fueron agasajados por sus anfitriones de AAPReSiD quienes, a lo largo de una intensa jornada, hablaron a los jóvenes sobre las bondades de sus principios básicos de funcionamiento: sustentabilidad económica, ecológica y social. También, se refirieron a la

“protección de cultivos” incomodados por el término agrotóxicos. Primera estación: Agroquímicos Los jóvenes fueron transitando por seis Estaciones de Campo temáticas. En la estación de “Agroquímicos”, ingenieros agrónomos de la asociación afirmaron que estos productos son beneficiosos si se utilizan de forma correcta y manipulados por profesionales, aunque admitieron que “no existe un agroquímico inocuo para la salud humana. Todos son tóxicos, porque se trata de venenos”, indicaron. Casi al borde de la resignación, deslizaron que “por ahora, para la humanidad es lo mejor que hay: con el tiempo, habrá productos menos tóxicos que deberemos adoptar rápidamente porque deseamos cuidar el ambiente. Que quede claro –enfatizaron los ruralistas– que los agroquímicos son una herramienta más que nos ayuda cuando es usada correctamente”. Los “coles” Previo a la convocatoria, desde la AAPReSiD hicieron


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Ilustración Luis Yong

un trabajo de preproducción para el encuentro: un video al que bautizaron con el simpático título de “Los coles”. Para ello, visitaron cada escuela, entrevistando a los estudiantes que luego invitarían. Durante la intensa jornada del encuentro, organizaron talleres sobre la importancia del cuidado del suelo, el rol de la siembra directa y el uso de sembradoras y pulverizadores de las fumigadoras terrestres. Respecto de su preocupación por el medio ambiente, los ruralistas explicaron que “cada silobolsa tiene una capacidad equivalente a la carga de seis camio-

nes, pero a estos costales los reciclan. Llamamos a la empresa que recicla y viene a buscarlo enseguida, de ese modo atendemos el cuidado del ambiente”. En el encuentro de la AAPReSiD, los jóvenes transitaron por seis talleres, uno de ellos trató sobre biotecnología y seguridad en el que los organizadores resaltaron el papel de la ingeniería genética porque “utilizamos la modificación genética para sumar características deseables en los alimentos”, alegando que los organismos genéticamente modificados (OMG) son inofensivos.

“En Argentina hay mucha información equivocada sobre el tema. Las semillas transgénicas no atentan contra la biodiversidad y la variedad no es rentable”, dispararon los miembros de AAPReSiD. “Quédense tranquilos” Promediando el día, en uno de los talleres, una docente que acompañaba a sus alumnos interpeló: –“¿Por qué si se modifican las semillas para usar menos herbicidas y fungicidas creció exponencialmente la venta de agroquímicos?


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La respuesta fue inmediata: “porque hubo un aumento de la producción”; entonces, intervino en la disertación un vecino de Monte Cristo, orgulloso miembro de AAPReSiD pero además, Secretario de Agricultura de la provincia: Juan Cruz Molina Hafford quien tomó la palabra para decir “quédense tranquilos que hay una legislación que protege al ambiente. No vamos a dejar que se instale ninguna empresa que dañe el medioambiente”, dijo en clara alusión a Monsanto, Molina Hafford. El funcionario explicó que “el uso de semillas transgénicas redujo el consumo energético; si ustedes están preocupados por el ambiente, esto es muy importante, porque disminuye el uso de derivados del petróleo”. Cuando una de las docentes cuestionó el razonamiento del Secretario, basada en que el funcionario tomaba solo dos variables (aumento de producción-disminución de consumo de energía) y, por lo tanto, simplificaba el problema obviando otros parámetros

de mayor peso –como la salud– el incipiente debate se vio interrumpido por los organizadores, alegando que se había terminado el tiempo. Glifosato y aspirinas A su turno, Sandra, una médica del Área de Toxicología del Hospital de Niños –invitada por los ruralistas– explicó a los estudiantes que los agroquímicos son “una herramienta que, solo si está mal usada, produce daños. Como la aspirina, si la tomás todos los días, en tres meses seguro tenés una trombosis”, ejemplificó la facultativa, alegando que recibía más consultas por intoxicaciones con venenos para hormigas. Los miembros de AAPReSiD aseguran que probaron productos orgánicos para controlar las plagas en sus campos y “en general, funcionan bien, pero solo en modelos a pequeña escala”. –“Entonces, no es un problema de malezas resistentes y plagas, sino de políticas de concentración de tierras”, se

escuchó desde algún rincón del campo, pero la apretada programación de la jornada dispuso que de inmediato los jóvenes se reunieran para ver un nuevo video donde se resaltaba que la siembra directa era la respuesta responsable de producción de alimentos para terminar con el hambre mundial. Luego del almuerzo, hubo juegos con premios, sorteos, y concurso de baile –con DJ incluido– para los estudiantes. Finalizada la jornada, los secundarios y sus profesores se retiraban del campo con un comentario que se repetía… estaban conformes de haber recibido información importante: … “las cosas no son como se las presenta a veces”…, mascullaban mientras guardaban nuevos obsequios de la ONG ruralista: lapiceras verdes de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba y coquetas gorras de The Dow Chemical y de la Syngenta Company. n *Periodista y docente especializado en periodismo ambiental.


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Fumigaciones y efectos de deriva

Incontrolables Por Marcos Tommasoni*

C

uando los “defensores” de los agronegocios buscan convencer de que las fumigaciones no son un problema ambiental sino de producción esbozan una serie de principios tan infundados como perversos. Algunos de ellos aseveran que “el glifosato es inocuo”, “la DL50 del glifosato es menos tóxica que la de la sal de mesa”, “el potus es mas tóxico que los agroquímicos”, “no hay que prohibir nada, sino aplicar bien”, entre otros. El último de estos conceptos forma parte de lo que se determina técnica y oficialmente las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Las BPA son una serie de recomendaciones impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus siglas en inglés) para la producción agrícola, que tienen entre sus objetivos mejorar la rentabilidad, la calidad de la producción y disminuir el impacto ambiental de la actividad. Sin embargo, a las BPA se les pasa un buen detalle: los vecinos de las fumigaciones. Las BPA no dicen nada de cuál es la distancia mínima entre una fumigación y una vivienda para garantizar el impacto cero en la salud de la población, ni tampoco consideran que destruyan los ecosistemas donde se aplican. No asumen el impacto de los transgénicos, de los monocultivos, ni se hacen cargo de las monoculturas, ni de los grupos de poder económico que fomentan. Las derivas a las poblaciones Aun analizando solo las recomendaciones técnicas, las BPA y a partir de ellas, todos los técnicos rentados para los agronegocios, tanto desde las instituciones públicas como desde las privadas, solo contemplan una posibilidad de que los venenos escapen del campo. Ésa es la deriva que puede sucederse al momento de la pulverización. Pero las investigaciones demuestran que hay, al menos, tres instancias en que estos venenos puedan “derivar” del campo a las poblaciones. La primera de ellas se llama Deriva Primaria, y sucede por acción del viento, mientras está aplicando la máquina. Ésta es la deriva que reconocen las BPA, dando instrucciones para minimizarlas. Cuando se va la máquina se puede producir una Deriva Secundaria (incluso luego de 24 horas después de que se fumigó), por evaporación de los venenos, que luego se mueven con facilidad por acción de factores climáticos, como brisas y vientos, las altas temperaturas, las bajas humedades ambientes y la reversión térmica. Una Deriva Terciaria puede desplazar a los agrotóxicos a kilómetros de donde fueron arrojados, a través del movimiento de las capas altas de la atmosfera y en el polvillo del campo, debido a que un porcentaje de los venenos puede subir en fase gaseosa a cientos de metros de altura, o quedar adherido al polvillo de la tierra. Varios principios hoy demuestran la movilidad a

grandes distancias de los agrotóxicos. Por ejemplo hoy sabemos que la gota más pequeña que puede arrojarse en una fumigación (1) puede llegar más allá de los 4.000 metros desde donde se arrojó, con un viento mínimo. La vasta cantidad de estudios que hoy llevan relevados dan cuenta de que las moléculas de agroquímicos viajan muchos kilómetros por aire, se infiltran en las napas de aguas, viajan por ríos, se descargan con las lluvias, van en el polvillo ambiente, entre tantas formas de llegar a nuestras vidas. No hay fumigación controlable porque, básicamente, no se puede controlar el clima. Varios son los factores climáticos (previos, durante y posterior a la aplicación, como el viento, la radiación solar, la temperatura y la humedad ambiente, y la reversión térmica) que causan que los agroquímicos lleguen hasta el aire que respiramos. n PEREZ, Horacio, para la empresa Syngenta, reconoce que una gota de 5 micrométros de diámetro puede llegar a los 4.827 metros con un viento mínimo de 4,8 km/h. Este valor puede ser aún mayor, ya que el cálculo solo contempla velocidad de viento, pero no otros factores climáticos como temperatura y humedad ambiente, y reversión térmica, que pueden aumentar considerablemente la deriva. (1)

Cuanto más lejos, mejor El derecho a vivir en un ambiente sano, apto y equilibrado es eje de la legislación ambiental argentina, a partir del artículo 41 de la Constitución Nacional, y la pregunta es cómo garantizamos este derecho con los agrotóxicos. Para que nuestros hijos no respiren agrotóxicos es necesario alejar las fumigaciones terrestres más allá de los 4000 metros de nuestras comunidades para que, aun sin poder controlarlas totalmente, podamos tener menos probabilidades de que las derivas primarias y secundarias puedan alcanzarnos. También, en base al reconocimiento de que las fumigaciones aéreas arrojan gotas mucho más pequeñas y concentradas que las terrestres (lo que facilita la evaporación y dispersión en fase gaseosa de los venenos a distancias impensadas), afirmamos que las aplicaciones aéreas deben prohibirse en todo el territorio nacional. Es un derecho respirar aire limpio de venenos, pero hasta tanto exista una normativa nacional y provincial que cuide nuestra salud, deberemos ser las comunidades las que asumamos soluciones a partir de ordenanzas, que sin ser lo ideal, avancen hacia un horizonte de justicia ambiental y salubridad para todos/as los/as habitantes. *Ingeniero Químico Colectivo Paren de Fumigar Córdoba.

No hay fumigación controlable porque, básicamente, no se puede controlar el clima.


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Los dueños de Monsanto Los nombres detrás de la multinacional Monsanto muestran las relaciones de clanes y transnacionales que promueven el desarrollo de los cultivos transgénicos en Argentina. En esa investigación, desde Umbrales reconstruimos los principales grupos y los grandes negocios que sostienen la marca.

M Por Lázaro Llorens*

ucho se ha hablado en estos últimos tiempos de Monsanto. Sobre todo en Córdoba, luego de que la empresa líder en semillas genéticamente modificadas anunciara la radicación de una planta para procesar la semilla de maíz transgénico “Intacta” en la localidad Malvinas Argentinas. Sin embargo, poco se ha dicho de quiénes son los dueños de esta multinacional, de origen norteamericano; un dato fundamental para entender porqué Monsanto cuenta tanto con el respaldo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como del gobernador José Manuel de la Sota, que dicen tener proyectos políticos, en apariencias, antagónicos. Las grandes corporaciones ligadas a la familia Rockefeller, cuya fundación –Fundación Rockefeller– desde hace décadas es pionera en el desarrollo de los cultivos transgénicos, están detrás de Monsanto; empresa que en el 2011 tuvo ingresos por 12 mil millones de dólares. Según los últimos datos bursátiles, entre los principales accionistas de esta polémica compa-

ñía norteamericana, que también tiene como socio al magnate Bill Gates, se encuentran: n Vanguard Group. Una corporación norteamericana que gestiona aproximadamente 1,7 billones dólares. Tiene el 5% de las acciones de Monsanto. Es una de las 147 multinacionales que mantienen una hegemonía sobre la economía global, según un estudio científico del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (Suiza) titulado “La Red de Control Corporativo Global”. Vanguard Group, a su vez, tiene como accionistas a las principales empresas del emporio Rockefeller como Exxon y Chevron, la petroleras histórica del clan; el banco JP Morgan Chase controlado por David Rockefeller; Apple, una empresa que surgió gracias a los apoyos financieros de Laurence Rockefeller; y las empresa General Electric; WalMart; Goldman Sachs (accionista del Grupo Clarín); y Microsoft Corp. de Bill Gates. n FMR LLC. Esta compañía es el segundo fondo de inversión más influyente de EE.UU. Figura en el puesto número tres en la investigación “La Red de Control Corporativo Global”. En Monsanto tiene el 3,4% de


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las acciones. Al igual de lo que sucede en Vanguard Group, esta compañía tiene a su vez como principales accionistas a las compañías célebres del Grupo Rockefeller como Chevron, JP Morgan Chase, General Electric, Apple entre otras. También figuran como accionistas Microsoft y la controvertida minera Barrick Gold. n Blackrock Fund Advisors. Otro poderoso fondo de inversión norteamericano. Maneja una cartera de 3 billones de dólares, equivalente al PBI de Alemania. En Monsanto tiene el 2,7% de las acciones. Al igual que las anteriores, la poderosa Blackrock es una compañía del Grupo Rockefeller con diversas carteras de negocios. Entre sus veinte principales accionistas figuran Exxon Móvil, Apple, Chevron, General Electric, y el JP Morgan Chase. Es decir, todas las grandes compañías ligadas al Grupo Rockefeller. También figuran entre los accionistas Microsoft y Coca Cola. n Price Rowe Associates. Otra compañía del clan Rockefeller y una de las más grandes empresas de inversión del mundo. Su fundador fue Thomas Barry, luego director ejecutivo de

Rockefeller & Co. En Monsanto, Price Rowe Associates tiene el 2,5% de las acciones. Al igual que en Vanguard Group, FMR LL, Blackrock, esta compañía tiene como accionistas principales a Apple, JP Morgan Chase, Exxon Mobil, Chevron, General Electric. También aparece como accionista Microsoft de Bill Gates. n Davis Selected Advisers. Influyente fondo de gestión de activos estadounidenses. En Monsanto tiene el 2,1% del total del paquete accionario. Es una compañía con estrechos lazos con el Grupo Rockefeller. Entre sus accionistas figuran, el JP Morgan Chase, Goldman Sachs, y otras empresas del grupo como Hewlett Packard Co, CVS/Caremark Corp., y American Express. n Jennison Associates LLC. Banco de inversión propietario del Morgan Stanley. En Monsanto tiene el 2% de las acciones. Entre sus principales accionistas figuran: Apple, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Halliburton y otras empresas de los Rockefeller. También aparecen como accionistas la cerealera Bunge y Facebook. n Moore Capital Manage-

ment LP. Importante compañía de fondos de inversión abocada a inversiones especulativas y que actualmente gestiona fondos de cobertura por 15 mil millones de dólares. En Monsanto posee el 1,9% de las acciones. Esta compañía está acusada de ser, junto a Goldman Sachs, una de las boicoteadoras de la deuda externa griega. Entre los principales accionistas de Moore Capital Management LP figuran Apple, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Halliburton, todas firmas del Grupo Rockefeller. “Revolución Verde” La relación entre Monsanto y el Grupo Rockefeller también salta a la luz si uno analiza quiénes son los cinco principales accionistas del banco JP Morgan Chase, la principal joya del emporio Rockefeller, que tiene activos por 1,3 billones de dólares. En él figuran: Vanguard Group con el 4,2% de las acciones; Blackrock con el 2,7%; Price Associates con el 2,3%; y FMR LLC con el 2,3%. Es decir, las mismas compañías que detentan el control de Monsanto, una empresa que en Argentina instaló su primera planta de


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semillas en 1978, durante la dictadura, cuando el ministro de economía era José Alfredo Martínez de Hoz, representante en Argentina del JP Morgan Chase. A lo anterior se le añade el polémico proyecto que llevan adelante, en Noruega, Monsanto, Bill Gates y la Fundación Rockefeller. Se trata de la “La Cámara Semillera Global Svalbard” ubicada en una montaña en la isla de Svalbard y que consiste en un búnker con puertas dobles, a prueba de explosiones, con sensores de movimiento y paredes de hormigón reforzado con acero de un metro, donde se almacenarán hasta tres millones de variedades diferentes de semillas de todo el mundo, con el propósito, según sus controvertidos mentores, de “que la diversidad de cultivos pueda ser conservada para el futuro”. Esta “Cámara de las Semillas” es coherente con los fuertes intereses que manifiesta desde hace 70 años la Fundación Rockefeller en lo que respecta al desarrollo de la biotecnología en la agricultura, un sector donde lleva invertido más de 100 millones de dólares. Comenzó en los 40, de la mano del doctor y premio Nobel Norman Borlaug, más conocido como el “genetista de la Fundación Rockefeller”. Borlaug fue el mentor e impulsor del cuestionado proyecto “Revolución Verde” que implicó la implementación de nuevos métodos de cultivo en los países en desarrollo, como México, India y Asia. Su supuesto propósito era aumentar el rendimiento de los cultivos para paliar el hambre de los habitantes de estos países, sin embargo, sufrió el embate de cientos de organizaciones ambientalistas, porque en realidad éste implicó “un uso masivo de fertilizantes, herbicidas e insecticidas que dañaban el medio ambiente”. Acusaciones similares a las que hoy se le endilgan a Monsanto. Este proyecto duró hasta 1970. Tras él, la Fundación Rockefeller y Borlaug fundaron el “Servicio Internacional para la

Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas” (ISAAA), una organización abocada a promocionar el uso de semillas transgénicas patentadas en los países en desarrollo, cuyos patrocinadores son Monsanto, Dow Agro Sciences, Cargill, Bayer, y el gobierno de los Estado Unidos. Su director hasta el año pasado fue Clive James, colaborador de confianza del doctor Borlaug en el proyecto “Revolución Verde”. Al respecto, en su último informe anual el ISAAA de Rockefeller, señala que en el 2011 “la adopción global de los cultivos transgénicos o genéticamente modificados continúa creciendo con tasas sin precedentes”. En lo que respecta a nuestro país, el ISAAA sostiene que “Argentina continúa siendo uno de los principales productores de cultivos transgénicos, luego de EEUU y Brasil, con 23,7 millones de hectáreas en 2011, con un aumento del 3,5% con respecto al 2010”. De esas 23,7 millones de hectáreas, 125 mil las sembró “El Tejar”, uno de los mayores pooles de siembra de Argentina que tiene como principal accionista al Grupo Rockefeller. Otros “Big Business” El negocio de los cultivos transgénicos, donde básicamente se enajenan los nutrientes del suelo y se contamina el medio ambiente, como pasó en el barrio Ituzaingó, no son los únicos controvertidos y grandes negocios que tiene el Grupo Rockefeller por estas latitudes. Por el contario, las principales empresas de Rockefeller que detentan el control de Monsanto son a su vez los principales accionistas de las grandes mineras multinacionales que operan en nuestro país, y de las empresas que actualmente, sin autorización del gobierno argentino, están extrayendo el petróleo de Malvinas. Concretamente, Blackrock Group, propietaria del 2,7% de

las acciones de Monsanto, detenta a su vez el 2,7% de las acciones de Barrick Gold (Pascua Lama – Cerro Veladero); el 3,1 % de AngloGold Ashanti (“Cerro Vanguardia”) y el 7% de Goldcorp (Bajo de la Lumbrera y Cerro Negro). En Malvinas, Blackrock posee el 6,1 % de las acciones de la petrolera Rockhopper Exploration; el 0,7% de Desiré Petroleum; y el 8% de Falkland Oil and Gas. Por su parte, FMR LLC, otra compañía del grupo Rockefeller, propietaria del 3,4% de las acciones de Monsanto tiene el 3,4% de las acciones de Barrick Gold, el 13,7% de AngloGold Ashanti y el 10,3% en Goldcorp. En Malvinas, por su parte, tiene el 3,7% de acciones de la compañía Falkland Oil and Gas. Esta embrollada ligazón de intereses sojeros, mineros y petroleros explica por qué en junio pasado, en New York, ante el Consejo de las Américas, una organización creada por David Rockefeller para fomentar las ideas neoliberales en los países latinoamericanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó abiertamente el proyecto de Monsanto de Córdoba. “Aquí tengo –y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa– el prospecto de Monsanto. Vieron que cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión, si no no te hacen prospecto. Es una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico, que se llama “Intacta”” destacó la mandataria ante el aplauso de los máximos representantes de las firmas Barrick Gold, Chevron, Exxon Mobil, J.P.Morgan, Microsoft, Wal-Mart y la propia Monsanto. Todas firmas del Grupo Rockefeller, que hoy en sus manos tienen los principales recursos naturales de Argentina. n *Periodista. Colaborador de Revista 23, Sur y El Avispero.


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La voracidad del capital

Modelo “for export” La radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas evidencia los mecanismos detrás de un modelo primario extractivista. Los territorios y poblados de los países periféricos se convierten en laboratorios vivientes para la voracidad de ciertos “clanes”. Mientras tanto, un Estado fuertemente interventor asegura la apertura de marcos legales para el negocio y el fluir del dinero verde. Por Ximena Cabral*

Q

ue el grupo Rockefeller, Bill Gates y otros magnates estén detrás de las empresas mineras, petroleras y la biotecnología agrícola muestra una recomposición y transformación del modelo de dominio colonial. Grupos económicos buscan ciertos enclaves territoriales desde donde extraer las riquezas para mantener el irracional sistema de producción en base al consumo y las promesas de una supuesta mejora en la calidad de vida.

Cantidades exorbitantes de madera, carbón, agua, combustibles fósiles (petróleo y gas) son extraídos como materias primas interviniendo en los propios ecosistemas de cada región. Esta lógica extractivista constituye una acción depredatoria sobre los bienes naturales comunes y es parte de un “modelo de desarrollo” sostenido a partir de políticas estatales que lo promueven. Políticas que, claro está, se trasvisten en corte de cintas y parafernalia de obras para el desarrollo local cuando, en realidad, son parte de la letra de los acuerdos con el


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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de la estrategia de la Integración para una Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), para la circulación de las mercancías en los corredores del desarrollo. O también como sucede en nuestro país, a partir de legislaciones como la ley de semillas y/o las modificaciones en el código civil y comercial, avanzan en los derechos del territorio y permiten un nuevo trazado del mapa. En ese mapa, Monsanto desembarca en Malvinas Argentinas. Poblado pobre, aledaño a la capital, cubierto de tierra seca y trabajo precario. Las formas de la colonia La ocupación territorial y el saqueo de los bienes naturales considerados meros “recursos” son las características del desarrollo imperial que responde a un nuevo ordenamiento colonial. En esta lógica extractiva y expropiatoria no sólo se coloniza el territorio sino lo más propio ancestral de su memoria: las semillas. Desde el área institucional de Monsanto, Pablo Vaquero, se refirió a Intacta como “Más tecnología en soja, cosa que no pasaba en los útlimos 17 años, con lo cual es un cambio muy importante”. Calificando como círculo virtuoso la rotación de soja con maíz, es parte del nuevo lanzamiento de Intacta; que además introduce el patentamiento de las semillas. La soja Intacta RR2 Pro se publicita sin eufemismos: Más tecnología para más rentabilidad. Con la ecuación pornográfica tras la que buscan “hacer más eficiente la producción de soja en el futuro”, se utiliza la propia tierra, el agua y a las comunidades próximas a las implantaciones como ratas de laboratorio. El Vicepresidente de la Compañía expresó en el diario El Tribuno de Salta, en la

Mala hierba E

l modelo de los “agronegocios”, como se conoce esta actividad donde se busca en el menor tiempo mayor productividad, tuvo su gran salto de la mano de Monsanto. Cuando Felipe Solá autorizó la siembra de soja transgénica hace 16 años abriendo campos y tierras argentinas al monocultivo de soja donde la trasnacional fue colona. Profundizando esta línea política, desde el Estado nacional y provincial se promueve el desarrollo e instalación de las empresas trasnacionales semilleras. El PEA 20-20 (Plan Estratégico Agroalimentario) que contempla el aumento de la producción transgénica en volumen (58%) y superficie de cultivo (27%) lógicamente tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país extractivo-exportador basado en la agricultura industrial, pooles de siembra, monocultivos, desmonte y despoblamiento rural. Pero Monsanto fue de las pioneras en el país cuando en 1978, iniciado el Terrorismo de Estado, inauguró la planta de condicionamiento de semillas híbridas de girasol en la ciudad de Pergamino. Si bien se instaló en 1956 como productora de plásticos; la intervención genética para la superproducción fue su norte y en 1980 comienza a formular y envasar agroquímicos donde Round UP será la vedette en el mercado de los últimos 30 años. Desde el inicio, la multinacional contó con políticas favorables del Estado-nación y en los años ´90 se vio beneficiada con la implementación de la siembra directa motivando el crecimiento exponencial del Round UP, por ello inaugurará una nueva planta modelo: María Eugenia en Rojas, y en 1998 una planta en Zárate para la producción de glifosato. También, amplía su expansión asociándose a Carghill como un jointventure a nivel mundial para comercializar a partir de la biotecnología en el mercado de la nutrición animal y el procesamiento de granos. Dos años después, también se asocia a la industria farmacéutica fusionándose con Pharmacia&Upjohn hasta el 2002. En los últimos años, Monsanto se especializa en la producción de biotecnología con la inauguración de la Planta de Mar del Plata (2000) y la remodelación de la Planta de Pergamino, para la producción y acondicionamiento de semillas de girasol y la promesa de un nuevo salto tecnológico desde la instalación en Malvinas Argentinas; poblado que está en alerta y movilización desde los primeros anuncios.

La soja Intacta RR2 Pro se publicita sin eufemismos: Más tecnología para más rentabilidad. Con la ecuación pornográfica tras la que buscan “hacer más eficiente la producción de soja en el futuro”, se utiliza la propia tierra, el agua y a las comunidades próximas a las implantaciones como ratas de laboratorio.

segunda semana de noviembre de 2012, que: “hoy el 96% de las hectáreas de soja tiene, de alguna manera, un acuerdo con Monsanto para participar de este sistema, en el cual el productor elige la tecnología y sabe que cada vez que la use tiene que pagar (…) además, desde el gobierno nos dijeron que si esto realmente se termina consolidando como un sistema privado que funciona, lo van a refrendar”. Bajo las argucias de una ley de semillas para “proteger el germoplasma de la soja y el trigo”, al patentarse la “supuesta protección” queda a merced de un privado; de los grupos corporativos que, además, explotan minería, petróleo y la


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biodiversidad regional. Esto interviene en el sector de los proveedores de las semillas y en paralelo significa una pérdida en la autonomía de los productores. Antes, cada productor generaba las semillas para la próxima cosecha y podía elegir la rotación de los suelos. Con este control el productor, campesino o arrendatario queda frente a un mercado desregulado y controlado bajo el poder voraz de los tentáculos de un mismo pulpo. Non santo: científicos por publicistas El discurso de “lo sustentable” oculta las consecuencias de los negocios de la biotecnología aplicada a los alimentos. Bajo diversos eufemismos, la retórica del mundo verde, e imágenes de campo, progreso y trabajo, se esconden las máquinas, las formas cruentas de una producción que causa enfermedad y muerte. La empresa Monsanto fue denunciada por “publicidad engañosa” en diferentes lugares del mundo como Nueva York, Francia y la India. También fue acusada por ocultar información (en 1996 en Nueva York y en el 2007 en Francia) llevándolos a retirar la etiqueta de biodegradables de sus productos (especialmente el Round Up). En las últimas semanas, un Tribunal Brasileño condenó a la empresa por mentir, de modo que la multinacional deberá pagar al Estado brasileño 250.000 dólares de indemnización y difundir información sobre los efectos negativos de los herbicidas que se usan para producir soja con modificaciones genéticas. Ahora, con el eslogan de “cuidado” y protección de semillas buscan abrir nuevos horizontes, donde los publicitas son las figuras estelares del negocio. Lanzan campañas como la de “alimentos, salud y esperanza”, donde la producción masiva de semillas

La transgenia E

n el último año, el Ministerio de Agricultura de la Nación aprobó la introducción en el país de diez nuevas semillas transgénicas. El investigador del Conicet y docente de la UBA Andrés Carrasco advirtió que cinco de los nuevos organismos que se usarán en el país son resistentes al glufosinato de amonio, un producto “más tóxico que el glifosato”. Según indicó públicamente, la nueva soja Intacta RR2 desarrollada por Monsanto –resistente al glifosato y a determinados insectos– fue la de mayor difusión aunque la lista incluye nueve semillas más de soja y maíz y cada una de ellas es resistente a distintos tipos de agroquímicos. “Lo más significativo es que de las diez nuevas semillas del último año –y de eso no se habla– cinco de ellas incorporaron el glufosinato de amonio. Es decir que son semillas resistentes al glifosato y a este nuevo herbicida”, explicó el investigador en relación al producto cuyo nombre comercial más difundido es “Liberty” de la empresa Bayer. Según se establece en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación, las cinco semillas de soja y maíz aprobadas entre 2011 y 2012 resistentes al glufosinato de amonio fueron desarrolladas por las empresas Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Monsanto. En 1996 experimentos de laboratorio realizados en mamíferos demostraron que este agroquímico puede provocar malformaciones congénitas. Carrasco, como director del Laboratorio de Embriología Molecular expresó que las investigaciones realizadas y publicadas hace más de una década en ratones ya indicaban que el glufosinato produce muertes celulares en el tejido nervioso. En el territorio europeo no están permitidos los cultivos transgénicos con resistencia a ningún tipo de herbicida, por lo que hasta ahora tanto el glifosato como el glufosinato se aplican para otros fines. Pese a ello, hace un año, Bayer debió sacar este producto del mercado en Alemania por disposición de las autoridades. Actualmente, Argentina cuenta con 23 millones y medio de hectáreas sembradas con transgénico que aumentarán en los próximos años, trayendo aparejado un uso creciente de agroquímicos. Desde que el glifosato comenzó a extenderse hasta hoy, el gobierno nacional aprobó 27 Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para la producción agrícola, diez de los cuales fueron autorizados en el último año, sin considerar las incidencias en los ecosistemas y salud de las poblaciones.

Con el eslogan de “cuidado” y protección de semillas buscan abrir nuevos horizontes, donde los publicitas son las figuras estelares del negocio.

se disfraza de campañas para combatir el hambre. Sin embargo, el discurso se presenta tripartito entre las campañas para la opinión pública, las entrevistas en las secciones rurales y los acuerdos con el Estado. Bien recordó Vaquero en la entrevista en El Tribuno, Intacta es más producción para más rentabilidad. Cuestiones que nada tienen que ver con la distribución ni ningún “efecto derrame”. Esta producción persigue fines de cotización de mercado: uso industrializado de engorde o desarrollo del biodisel más que suspicaces campañas desde “el granero del mundo”. n


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La producción sojera no tiene límites

Nada los detiene. Ni los niños La escuela Héctor Valdivieso, un centro educativo lasallano de Malvinas Argentinas, se opone a la instalación de Monsanto y lucha contra todos los poderes, para preservar la salud y el medio ambiente de la comunidad. El miedo hace que los padres y los chicos no quieran hablar de lo que significa la soja en la vida de las familias.

“D Por: Beatriz Molinari* y Silvana Zanelli**

e noche fumigan mi casa”. “A veces no podemos respirar”.”Es como una llovizna”. “No podemos salir al patio”. Éstas son algunas de las frases que los maestros de la escuela lasallana Héctor Valdivieso, recogían en su práctica de salir a escuchar a la comunidad. “La escuela siempre tomó lo social como proyecto y por eso hace mucho que venimos trabajando con el tema de la soja y las fumigaciones, antes de enterarnos de la instalación de Monsanto. A principios de año salimos al barrio para conocer cuáles eran las preocupaciones, el sentir y el pensar de la gente. Pero, a pesar de ser castigados por el modelo agrosojero, las familias de los chicos que se enfermaron nos dijeron que no nos metiéramos”, explica Claudia Godoy, directora de la primaria, convencida docente de formación popular. El “no te metas” “No se metan” es una frase que muestra la preocupación. La realidad comunitaria es que están rodeados de campos de soja, que ya han muerto dos chicos de

leucemia, que los adultos sienten tanto dolor que no quieren seguir escarbando en el tema, ni luchar, aunque todos saben que no se cumple con la ordenanza de respeto de metros para fumigar los campos, que de noche salen los “mosquitos” y desparraman herbicidas a troche y moche, que ahora instalarán una fábrica de semillas, la tan mentada Monsanto, y que el intendente no quiere acceder a hacer una consulta popular o al menos una audiencia pública. Cabe aclarar que de tres escuelas primarias, dos secundarias y un jardín de infantes, el único establecimiento que trabaja con toda la comunidad el tema, se involucra y se opone a la instalación de Monsanto es esta escuela privada-gratuita y laica, que forma parte de la orden religiosa lasallana. Las demás instituciones escolares están de acuerdo absolutamente, inclusive la escuela provincial La Candelaria, ubicada al lado del terreno donde se instalará la fábrica Monsanto. Con la excusa de que aportará trabajo al pueblo, los directivos y maestros de las demás escuelas, incluida La Candelaria, ‘pegadita’ al predio de Monsanto, justifican que se instale esta fábrica a cualquier precio.


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“El intendente nunca se imaginó la dimensión social que tomaría el tema, la organización. Subestimó al pueblo. Los juicios de Ituzaingó visibilizaron el problema”, dice el maestro Luis, que luchará hasta el final, convencido de que la democracia participativa es el verdadero cuco de la representativa, porque si hoy el intendente hace la consulta popular no la gana. El eje de trabajo de la asamblea es la consulta popular, como un derecho en democracia, no sólo a elegir autoridades sino también, a participar en las políticas públicas. Sufrir por la soja “El tema de la instalación de Monsanto le dio nombre al padecimiento de la gente por las fumigaciones. A poco de hablar de Monsanto, aparecen las narraciones sobre las fumigaciones. Sucede que las enfermedades causadas por esta nociva práctica de rociar con veneno, son vividas por la gente que las llora como cuestiones personales, y recién hoy se dan cuenta de qué significa para toda la comunidad”, dice Luis Gutiérrez, maestro de cuarto y asambleís-

“Es tan fuerte la necesidad de trabajo, que la gente duda de qué lado ponerse, además se lo anunció como una simple planta industrial seleccionadora de semillas, una fábrica inocua. Fue la asamblea la que informó con la verdad y que, además, no es un trabajo para la gente de Malvinas, porque la tarea requiere de mano de obra calificada”. ta, quien explica la tensión que se genera a nivel de la población: “Es tan fuerte la necesidad de trabajo, que la gente duda de qué lado ponerse, además se lo anunció como una simple planta industrial seleccionadora de semillas, una fábrica inocua. Fue la asamblea la que informó con la verdad y que, además, no es un trabajo

para la gente de Malvinas, porque la tarea requiere de mano de obra calificada, como mínimo estudiantes universitarios del último año. Ahí es que empiezan a darse cuenta de que vale más la salud que la fábrica y surge la oposición a la instalación de la planta”. La presión del municipio y la provincia la ejercen por el lado de lo asistencial, por eso la gente tiene miedo de que la vean en las manifestaciones. “Después van a hacer un trámite y le echan en cara su oposición a la planta. La municipalidad lleva adelante una política clientelista. A los empleados del municipio que estuvieron en las asambleas, también se los persigue”, cuenta Anabela Martínez, mentora del Proyecto Piedra Libre (teatro comunitario), espacio al que desde ya el intendente le sacó el personal de limpieza, y agrega: “El intendente reniega del debate, y la gente se ve obligada a apoyar la decisión que va en contra de su vida, por las acciones de apriete tipo patrón que el ejerce. Fueron apretados los empleados del PAICOR y los participantes del Centro Vecinal. Ganó


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Escuelas fumigadas

E (el intendente) por el 70% de los votos, pero no es razón suficiente para que haga lo que él cree, sin escuchar”. No a la muerte “Hemos tomado una posición: Estamos en contra de que se instale Monsanto y no por capricho, sino porque esa posición política responde al proyecto pastoral de la escuela. Sería incoherente si estuviéramos a favor de una fábrica multinacional, símbolo del capitalismo, que representa muerte. En un proyecto de educación popular sería incoherente aplaudir la llegada de Monsanto”, explica sin pelos en la lengua, Claudia Godoy, la directora que ya envió cartas a su pares lasallanos y a la comunidad de Malvinas Argentinas, comunicando desde la escuela esta posición y reiterando el apoyo incondicional a la asamblea de vecinos autoconvocados ‘Lucha por la vida’ y al centro vecinal. La escuela Héctor Valdivieso se abre para las asambleas, los maestros trabajan en la currícula el tema Monsanto y por supuesto, no dejan de tener dis-

cusiones con algunas familias que mandan a sus hijos a la escuela y están a favor de que llegue la fábrica. “Tenemos que charlar mucho, a veces nos cuesta entender, pero como educadores populares tenemos que darle tiempo a los procesos de toma de conciencia. Nuestra tarea es formar, informar, educar y concientizar”, dice Claudia con total humildad y Ester Quispe, egresada y secretaria de la escuela, asambleísta y mamá de dos alumnos toma la palabra: “Luchamos contra todos los poderes. Y sabemos las consecuencias que tiene. Por ejemplo, las pasantías para el servicio de limpieza se han retirado. Hay presión directa sobre las becas escolares (les dicen que se las sacarán si siguen participando de las asambleas). Les pedimos a la madres que no tengan miedo y se informen, es la única manera de que sus hijos superen a las generaciones anteriores que eran manipuladas por el poder político”. n * Periodista, trabaja en La Voz del Interior. ** Periodista, trabaja en Editorial Propuesta.

n Argentina las escuelas rurales están bañadas de lluvia tóxica, los maestros rurales y los alumnos son testigos y víctimas del “boom sojero”. En Córdoba se estima que son 400 los establecimientos escolares apostados en el corredor sojero que atraviesa la provincia siguiendo la ruta 9. Un millar de docentes y unos diez mil estudiantes luchan contra la desaprensión de los productores agrícolas que fumigan sus campos con herbicidas de alta toxicidad. “Cada vez son más los maestros rurales que manifiestan problemas de salud derivados de la exposición a los herbicidas, tenemos muchos casos de cáncer, como así también muchas personas con agrotóxicos en sangre. Las escuelas están cercadas de campos de soja y las fumigaciones se realizan directamente sobre los edificios”, dice Gerardo Mesquida, integrante del grupo Docentes Rurales Fumigados y agrega: “Después de cada paso de las avionetas, muchos chicos aparecen con sus rostros hinchados y sarpullidos en la piel. Cada vez usan productos más tóxicos, como el endosulfán, o el glifosato en concentraciones muy elevadas”. La legislación vigente sólo prohíbe el uso de agroquímicos de alta toxicidad, pero la exposición prolongada a productos de baja toxicidad tiene un impacto crónico a largo plazo.


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Colectivo Paren de Fumigar Córdoba

Organización y movilización

E

n el año 2008 los pueblos tomamos la campaña Paren de Fumigar que venía desarrollando Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo junto al Grupo de Reflexión Rural (GRR) en Buenos Aires y el Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT) de Santa Fe. Nos conformamos como una organización provincial integrada por vecinos y organizaciones de territorios fumigados, profesionales y técnicos, áreas de investigación y extensión universitarias, solidarizados con la lucha por la ciudadanía y la justicia ambiental. Desde nuestros inicios hemos desarrollado toda la ba-

tería de fundamentos, tanto técnicos como políticos, para afirmar lo que el fallo del Juicio de Ituzaingó: que toda fumigación envenena y es delito. Es el deterioro de nuestra salud el que garantiza las riquezas de las empresas y los gobiernos que negocian con las ventas de agroquímicos, granos y tierras. En el mismo sentido, existe en cada pueblo un esquema de poderes (intendentes, funcionarios, instituciones y empresas) que cumplen su tarea cotidiana de defensores de los venenos. Instituciones del Estado (como el INTA y SENASA), algunos actores de las universidades públicas (en especial las rela-

cionadas al agro) y concejos deliberantes e intendentes, son los principales responsables de que a los vecinos de cada localidad se los envenene sistemáticamente cada año, en nombre del progreso, en nombre de una ley provincial tan falente como incontrolada, en nombre de un “campo” que pierde biodiversidad junto a la mano de obra, con la “excelencia” de la siembra directa, los transgénicos, y los agroquímicos. En el colectivo Paren de Fumigar Córdoba aprendimos que la única alternativa para el cumplimiento de nuestros derechos es la organización y la movilización. Ambas son también las principales responsables de


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los resultados del fallo del juicio de Ituzaingó; tanto por la lucha previa de las Madres como por la entrega con la que trabajó el Colectivo Paren de Fumigar Córdoba y una infinidad de organizaciones del país y del extranjero que se sumaron. Desde el Juicio de Barrio Ituzaingó, la lucha de los pueblos fumigados tiene un hito contundente. Antes, el debate requería mucha lucha porque las empresas y los funcionarios del Estado subestimaban la discusión, dilataban las medidas, se amparaban en las falencias de la ley 9164, hablaban de una supuesta biblioteca científica que demostraba la inocuidad de los venenos, y apelaban a una falsa inconstitucionalidad de legislaciones. Al día siguiente al fallo del Juicio, ya en ningún lugar se animaron a esgrimir esas mentiras, e incluso algunos municipios como Toledo, Las Bajadas, y Alta Gracia dictaminaron ordenanzas basadas en lo que el fallo implicaba. Luego del juicio, una parte del debate está zanjado por la Justicia, y refuerza nuestra lu-

cha: quien contamine por fumigación, va preso. Siempre van a quedar pendientes: falta la remediación de Ituzaingó ya que se demostró la presencia de agroquímicos en el barrio, falta el resarcimiento a las víctimas, qué va a pasar con el 80% de los niños de Ituzaingó que tienen hasta seis agroquímicos en sangre, y con el 50% de los del hospital infantil, con hasta tres plaguicidas en sangre. El juicio fue un paso y un avance gigante en justicia ambiental. También nos permitió catalizar nuestra lucha, visibilizarla aún más. Por esos días, pudimos mostrar nuestra realidad a todo el país, incluso a Latinoamérica al realizar un Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados. Porque lo que se vive en Ituzaingó, se vive en cada uno de los pueblos y barrios de las provincias que producen transgénicos en base a plaguicidas. Lo que sigue será siempre la lucha, la organización y la movilización, porque en ningún pueblo de Argentina se fumigue, se dejen de produ-

cir transgénicos y para que se vaya Monsanto de América Latina. Luchar para evitar que leyes –como la flamante ley de semillas que entró a la Cámara de Diputados digitadas por los agronegocios y la especulación de gobiernos– atenten contra nuestra libertad de elegir qué producir y consumir, para recuperar las prácticas ancestrales y sociales de intercambiar semillas libres de toda patente respetando los ciclos de nuestro entorno biodiverso, para continuar evitando el envenenamiento sistemático, la entrega de la tierra al capital, los desmontes y los desalojos. Seguiremos trabajando por la soberanía alimentaria de producir y comer alimentos sin venenos, por sanear el ambiente, por resarcir los dolores de las víctimas de este modelo de producción agropecuaria a contramano de la vida. n Coordinación del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba parendefumigar@gmail.com http://parendefumigar.blogspot. com.ar/


Prueba Cispren