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FUNDACIÓN “SEN. MARÍA LAVALLE URBINA” GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

INICIATIVAS DE LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA POLÍTICO ELECTORALi presentadas por el PRI La Ley General Electoral habrá de lograr el establecimiento de las disposiciones aplicables y distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos electorales, procesos electorales y delitos electorales. El proyecto consta de 185 artículos, divididos en 4 Libros: El Libro Primero es el relativo a las disposiciones generales; el Libro Segundo se refiere a los partidos políticos; el Libro Tercero, regula lo concerniente a los organismos y procedimientos electorales; y el Libro Cuarto, se refiere a los delitos electorales. Regula y desarrolla las normas constitucionales relativas a: 

La constitución y registro legal de los partidos políticos;

El financiamiento;

Las coaliciones;

El sistema de fiscalización de los recursos;

La pérdida del registro;

Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos;


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La naturaleza, estructura y competencias de los organismos electorales nacional y de las entidades federativas;

Las reglas generales para los procedimientos electorales federal y locales;

El procedimiento electoral relacionado con las atribuciones de atracción y delegación de facultades del Instituto respecto de los organismos electorales locales;

Los aspectos generales relativos a la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión;

Los mecanismos de coordinación en materia de inteligencia financiera;

Las reglas aplicables para electoral;

La regulación de la propaganda electoral;

Las sanciones aplicables a denuncias frívolas;

Las reglas para garantizar la paridad de géneros; y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales;

El sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, y

Los delitos en materia electoral.

transparentar el

financiamiento


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La Ley de Propaganda Institucional, es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Colma laguna jurídica que estaba pendiente de la reforma constitucional de 2007, recuperando las limitaciones que actualmente están establecidas en la jurisprudencia y criterios del TEPJF, así como en reglamentos de la autoridad electoral. El proyecto consta de 28 artículos, divididos en 6 títulos: El Título Primero es el relativo a las disposiciones generales; el Título Segundo, norma los contenidos que debe tener la Propaganda Institucional; el Título Tercero, establece las reglas para la difusión de la Propaganda Institucional; el Título Cuarto, regula la integración y atribuciones del Comité de Revisión de la Propaganda Institucional; el Título Quinto, establece las reglas para la transparencia y fiscalización; y finalmente, en el Título Sexto, se regulan las infracciones y sanciones. El proyecto plantea regular las normas constitucionales relativas a la propaganda institucional de la siguiente manera:  La propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.  Su contenido deberá respetar el principio de imparcialidad y no podrá estar dirigido a influir en la equidad de la competencia electoral entre partidos políticos, precandidatos y candidatos.


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 No podrá incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.  Deberá incluir la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier contienda electoral”, además de considerar el uso de la Lengua de Señas Mexicana.  La propaganda no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. No se considerará como propaganda, a los informes anuales de labores o de gestión de servidores públicos.  Ratifica la obligación de los entes públicos de suspender la difusión durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada.  Se establecen los criterios que deberán cumplir el gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.  Los gastos de los entes públicos para la difusión de la propaganda que deberán respetar los montos, límites y condiciones de ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos respectivos.  Prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa.


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 Ningún medio de comunicación podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial.  Crea el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de tres años.  Se faculta al Comité para conocer y resolver las quejas que se interpongan por infracciones a la Ley, así como ordenar las medidas cautelares; orientar y asesorar a los entes y servidores públicos respecto del contenido y difusión de la propaganda institucional, entre otras.  Toda la información relacionada con la propaganda institucional tiene carácter público y los particulares tendrán acceso a ella.  Faculta a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en las entidades federativas para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.

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Fuente: Partido Revolucionario Institucional


Iniciativas de Leyes Secundarias en Materia Político Electoral