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ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL Se advierte la vulneración por parte de la Ley Veintiocho mil cuatrocientos cincuentisiete de dos derechos constitucionalmente reconocidos: el derecho a la libertad y el derecho al debido proceso.

EXP. Nº 180-05 (RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE) Puente Piedra, ocho de septiembre del año dos mil cinco.- AUTOS Y VISTOS: Puesto a Despacho en la fecha para resolver; y, CONSIDERANDO: Primero.- El artículo cincuentiuno de la Constitución Política establece la prevalencia de la Constitución sobre toda otra norma legal, así, el artículo ciento treintiocho del mismo texto constitucional señala que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben preferir la primera. Asimismo, el Código Procesal Constitucional en el artículo VI de su Título Preliminar señala que cuando exista incompatibilidad de una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Por su parte el artículo catorce de la Ley Orgánica del Poder Judicial referente a la supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución indica que cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera, debiendo además elevarlas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas, en todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Segundo.- En este sentido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia del treinta de junio de mil novecientos noventisiete recaída en el Expediente Novecientos ocho – noventiséis – AA /TC ha señalado que “(...) la facultad de inaplicar una norma por ser incompatible con la Constitución, que, como competencia se reconoce a los jueces y magistrados del Poder Judicial ... no puede realizarse en forma abstracta, sino como resultado prima facie, de la exigencia de su observancia en la dilucidación en una situación concreta de hechos controvertibles (...)”. Así, el control difuso de constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez a quien nuestra Carta Magna ha habilitado para preservar el principio de supremacía constitucional y en general el principio de jerarquía de las normas de acuerdo a lo estipulado en el artículo cincuentiuno de nuestra Constitución Política. Este control es un poder-deber consubstancial a la función jurisdiccional a efectos de garantizar el proceso sea constitucional, es decir, que se conduzca procesalmente y ser resuelta en cuanto al fondo conforme a normas de indubitable constitucionalidad, pues no puede reputarse como debido proceso aquel tramitado aplicando normas procesales 266

El proceso de filiacion extramatrimonial  

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