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Ministerio PĂşblico

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Marianne Cruz visita de nuevo la Procuraduría

Consejo Editorial Ángel Castillo Tejada Rodolfo Espiñeira Ceballos Octavio Líster Henríquez Roxanna Reyes Acosta Pedro Féliz Montes De Oca Marisol Tobal Williams Gladys Checo de Almonte Henry Garrido Julieta Tejada Fernando Quiroz Germán Santiago

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Fiscales propugnan por Ministerio Público más comprometido con la sociedad

Editor Germán Santiago

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La Procuraduría desde una perspectiva internacional

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UASD reconoce al procurador

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DPCA se anota otro tanto en lucha contra la corrupción

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Procuraduría de San Juan al servicio de la sociedad

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Procuraduría: pionera en estándares de calidad

Dr. Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República

Coordinador Fernando Quiroz Redacción Elvis Paredes Silvio Cabrera Luisa Matos Noemí Herrera Thania Hidalgo Corrección Fior D’aliza Mejía Cuidado María Mercedes Disla Distribución: Angela Contreras Fotografía Juan Carlos Reyes Víctor Acosta De León Firmas: Francisco García Rosa Jesús Fernando Vélez Amiris Garib Holguín Dannisa Cruz Taveras José Fernando Rivera Amézquita Ana Andrea Lara Benito Angel Nieves Iván Díaz Glenny Sosa Diseño y Diagramación Lisandro K. Ferreira Hernández Ricardo H. Sosa Diplán Silis, S. A. Tel.: 809 685-0578 Cel. 809-994-6214 Impresión Editora Corripio C. Por A.

Ministerio Público Es una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.

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Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Autor) y 20-00 de Propiedad Industrial (en lo que se refiere a registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de República Dominicana. Ministerio Público


rjimenez@procuraduria.gov.do

La modernización del Ministerio Público La modernización del Ministerio Público y de todo el sistema jurídico dominicano comenzó con las reformas constitucionales y políticas del año 1994. A partir de entonces, en materia jurídica y de administración de justicia, tenemos que hablar de un antes y un después. Antes, desde la misma fundación de la República, cuando la flamante nación asumió los códigos napoleónicos y, sobre todo, a partir de la primera reforma constitucional de 1854, hablar de Ministerio Público era hacerlo de un órgano en el que su figura de representación por excelencia centralizaba prácticamente todas las funciones del Poder Judicial, mediante imposiciones emanadas del Poder Ejecutivo. En lo fundamental, sin importar su dependencia, ambos pilares: Ministerio Público-Poder Judicial, se ceñían a las disposiciones del Ejecutivo, sólo guardando las apariencias. Con honrosos períodos gubernamentales, la institucionalidad judicial dominicana fue, durante ese dilatado proceso de 150 años, un instrumento de la intolerancia y el desatino. Nueva época, el despegue.-Entonces vino el después con su despegue, cuando producto de una crisis política se introducen profundas reformas a la Constitución, que dieron lugar a la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y, por vía de consecuencia, a una nueva Suprema Corte de Justicia que a su vez le dio potestad para elegir a todos los miembros inferiores de la Judicatura. Cual lo consideran algunos de nuestros juristas más connotados, las reformas constitucionales de 1994 fueron la plataforma para el fortalecimiento orgánico del Poder Judicial que se inició en el 1997. Los cambios operados trajeron consigo la inamovilidad de los jueces, la autonomía presupuestaria, la administrativa y los márgenes de independencia externa del Poder Judicial. Hacia un nuevo espectro jurídico.-De esa manera, nuestro país se ha visto abocado a un proceso acelerado de reforma del sistema de administración de justicia a través de la adopción de nuevas legislaciones impregnadas de los más valiosos postulados del debido proceso, entre las cuales se pueden citar: la No. 72-02 sobre Lavado de Activos, la No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la No.137-03 sobre Tráfico Ilegal de Migrantes y Trata de Personas, la No. 136-03 que crea el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la No.76-02 sobre Código Procesal Penal, la No. 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público, y naturalmente, la Ley No. 7803 sobre Estatuto del Ministerio Público. Todas esas leyes de corte modernista y puntuales se unen a la Ley 485 del 14 de noviembre de 1964, cuando se suprime por última vez la Secretaría de Estado de Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de la República. Ese marco jurídico apoyado en la Constitución de la República y convenios internacionales, le da facultades al Ministerio Público, como representante de la sociedad, para ejercer la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés público y social, así como la vigilancia y cumplimiento de las normas del debido

proceso; garantizando los derechos humanos, las libertades públicas, la protección de las víctimas y los testigos, y en sentido general, la seguridad ciudadana y jurídica. Iniciativas como los modelos de gestión penitenciaria y de fiscalía, así como Justicia XXI, se inscriben dentro de ese proceso renovador. Internacionalización y posicionamiento.-Debido a las transformaciones a que ha estado sometida en la última década, en especial a partir de 1998, la Procuraduría General de la República es hoy una de las instituciones públicas mejor posicionadas de la sociedad dominicana, y ello tiene mucho que ver también con la política de internacionalización que hemos venido desarrollando desde la segunda mitad del recién pasado cuatrienio. Gracias a esa política, el trabajo de la Procuraduría ha traspasado las fronteras que lo separan de otras naciones, y muestra de ello es que amparado en esta confianza, la República Dominicana, en los últimos años, ha sido escenario de importantes cónclaves internacionales para analizar los temas del sistema de justicia y la lucha contra el crimen y la delincuencia transnacional. En ese contexto ha jugado un papel preponderante la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), cuyos últimos encuentros han tenido lugar en Chile, Venezuela, España, Estados Unidos y República Dominicana, en donde se acaba de celebrar la XVI Asamblea General de la AIAMP. En lo adelante, a partir del nuevo cuatrienio que se inicia con nuevos bríos, la Procuraduría General de la República deberá seguir ampliando su política de servicio a la sociedad, con nuevos programas y más calidad, a los fines de consolidar su posicionamiento como una de las instituciones dominicanas más transparente y confiable del sector público.

Doctor Radhamés Jiménez Peña Procurador General de la República Ministerio Público

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Con redoblado esfuerzo y compromiso La confirmación en su cargo del magistrado Radhamés Jiménez Peña es noticia que satisface y fortalece a la familia de la Procuraduría General de la República (PGR). Al Ministerio Público. En los días precedentes, el magistrado había recibido una serie de reconocimientos, el más reciente de las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que llenaron de alegría y también de una sana aprensión a quienes le acompañan y comparten el éxito de su gestión, con la cual se ha tecnificado y consolidado la política anti criminalidad del Estado de cara al Plan de Seguridad Democrática, y de paso ha transformado a la PGR en una institución de servicios ampliamente conectada con la sociedad. Se destacan por igual, su política internacional, la labor formativa de la Escuela Nacional del Ministerio Público, los programas de niños, niñas y adolescentes; de prevención y lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, así como los modelos de gestión penitenciaria y de fiscalía. Y ni hablar del programa Justicia XXI, contemplado dentro de la modalidad de última generación, casi virtual, por su automatización, rapidez, continuidad y acceso a los servicios judiciales de quienes más los requieren. De esa manera, con visión, cuidado y elegancia, el magistrado Jiménez Peña ha logrado colocar a la institución rectora del Ministerio Público en un sitial de transparencia y liderazgo jamás antes visto en el seno de la sociedad dominicana y allende los mares. Cual lo tituló la prestigiosa revista Gaceta Judicial en una entrevista de primera plana aparecida en su edición número 260 correspondiente al pasado mes de julio, la del magistrado Jiménez Peña ha sido “una gestión exitosa, sin pasarela”. En esa publicación, bajo el cuidado del señor José Luis Taveras, que puede leerse también en el sitio en Internet www. gacetajudicial.com.do, se destacan las acciones y logros de esa gestión de dos años, la que ahora recibe el espaldarazo esperado del Presidente de la República, lo que más que un premio es un reconocimiento y una reafirmación de confianza que estamos seguros, el magistrado Jiménez Peña recibe con su natural humildad, entusiasmo y espíritu de reiterado compromiso para seguir apuntalando a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público hacia renovados niveles de liderazgo, transparencia y modernización en los planos local e internacional, con iniciativas como el nuevo modelo de atención al ciudadano de más reciente inauguración, y en el seno de instituciones ami-

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Ministerio Público

gas y representativas como la Reunión de Ministros de Justicia o Ministeros Públicos de las Américas (REMJA), la Red de Capacitación de Ministerios Públicos de Iberoamérica (RECAMPI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), cuyos pormenores, declaraciones y conclusiones de su última asamblea, celebrada precisamente en el país en el mes de julio pasado, se destacan parcialmente en esta edición. Hay un hecho notable que ante los ojos de nadie puede pasar desapercibido: el Estado dominicano ha sido el gran beneficiado con los aires de modernización que ha vivido la sociedad dominicana en la última década y, sobre todo, con la llegada del siglo XXI. Y entre las instituciones que mayor grado de crecimiento modernista han recibido, se destaca la Procuraduría General de la República, gracias a gestiones como las que hoy encabeza el magistrado Jiménez Peña. Justo es reconocerlo. Una gestión que, confirmada ahora, deberá continuar con mayor compromiso y redoblado esfuerzo.


Departamento de Tesorería

“Una caja de cristal” al servicio de la política de transparencia de la Procuraduría Desde el 2 de enero del año 2005, la Procuraduría General de la República creó el Departamento de Tesorería con la finalidad de fortalecer los registros y controles de los ingresos y egresos, antes de la aprobación de la ley de Tesorería Nacional.

Amiris Garib Holguín Directora Departamento de Tesorería

amirisgarib@procuraduria.gov.do

A nuestra llegada a la Procuraduría General de la República el 16 de Agosto del año 2004, con el inicio del gobierno constitucional dirigido por el doctor Leonel Fernández Reyna, ya se había promulgado la Ley 74-03 que crea el Estatuto del Ministerio Público y la Ley 194-04 que otorga la autonomía presupuestaria y administrativa a la Procuraduría General de la República. Esto produjo un cambio radical en la aplicación de los recursos presupuestarios de la institución y creó la necesidad de instaurar nuevas normas y procedimientos que nos permitieran ejecutar con transparencia y eficacia los recursos que recibimos. En este sentido, procedimos a crear la estructura organizacional y física del Departamento de Tesorería, inicialmente ubicado en las instalaciones del viejo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, y trasladado luego al nuevo edificio que compartimos con la Suprema Corte de Justicia. Una vez instalados vimos que las condiciones no estaban creadas estructuralmente, y nos propusimos acondicionar un espacio libre que encontramos en el atrio del edificio y que era asequible a una de las puertas laterales. La Procuraduría General de la República es hoy una de las instituciones del sector público de más alto índice de transparencia, y con ello ha contribui-

do la forma pulcra y decente con que se maneja su máximo incumbente, el doctor Radhamés Jiménez Peña, y las operaciones correctas y coherentes que se llevan a cabo desde sus dependencias financieras y administrativas, proceso con el cual contribuimos desde el Departamento de Tesorería, que desde su fachada, los movimientos y la conducta de su personal, es lo que más se parece a una casita de cristal. Como aquí es donde se entregan los cheques por servicios prestados y otros conceptos, somos nosotros los que tenemos mayor calidad para hablar de la Procuraduría como una institución cumplidora y responsable, que honra financieramente todos sus compromisos. Debido a que de alguna manera proyectamos uno de los rostros más delicados del organismo rector del Ministerio Público, nos esforzamos por ser una dependencia eficiente, con procesos transparentes, con el objetivo de lograr las metas programadas con los recursos disponibles, observando en todo momento las políticas, normas y procedimientos establecidos por la institución. Este departamento bajo la supervisión de la licenciada Gladys Checo de Almonte, asistente del Procurador General en el área financiera y administrativa, está compuesto por un personal dirigido por la autora de este artículo, y un equipo de jóvenes profesionales altamente comprometidos con la institución. Me complace Ministerio Público

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el hecho de que nunca han observado la hora de salida, la cual está determinada con la culminación de las labores asignadas y eso es importante porque habla del alto grado de responsabilidad. Aquí contamos con tres contadores, cuya función es la de registrar y controlar todos los ingresos de la Procuraduría General de la República; ocho cajeros con una supervisora, siete de ellos responsables de los cobros relacionados a Certificaciones de Antecedentes Judiciales, Legalizaciones de Firmas de Notarios, Incorporaciones de Asociaciones sin Fines de Lucro, Exequátur, etc., así como con tres digitadores de cheques, un auxiliar administrativo, un mensajero interno y un equipo de seguridad. Contamos con un sistema operativo automatizado desde la requisición de servicios hasta la entrega del cheque. Tenemos un enlace con los servicios que presta la Procuraduría General de la República al ciudadano a nivel nacional. El monitoreo de todo el proceso de cobros de los servicios que la Procuraduría ofrece, que son muchos, corre a cargo de la encargada del departamento. En mi caso, como encargada, el trabajo me satisface mucho, en el sentido de que puedo dar constancia de la transparencia con que se realiza.

La directora del Departamento de Tesorería, Amiris Garib Holguín, junto al personal de esa dependencia, José Genao Gil, Luis Ortíz, Esther Noemí García, Elín de la Paz, Wendy Montilla, Luisa Yanyll García, Luis Eduardo Lora Reynoso y Dalma Jiménez.

Este departamento tiene tres años y medio de creado, los frutos que hemos cosechado han sido de satisfacción tanto para la institución como para mí.

Funciones generales del Departamento de Tesorería: • • • • • •

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Participar en la elaboración del presupuesto de ingresos de fondos de la institución. Formular las proyecciones de desembolso de fondos mensuales de acuerdo a los requerimientos de recursos prioritarios y actividades de la Procuraduría General. Emitir las facturas de los servicios y llevar registro de las ventas de formularios. Gestionar y realizar los depósitos de ingresos de las instituciones y elaborar un reporte diario de los depósitos bancarios. Registrar los ingresos de fondos en el sistema computarizado. Efectuar los desembolsos de fondos para el pago de suministro y servicios a la institución, atendiendo los compromisos y pagos de la Procuraduría. Ministerio Público

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Entregar los cheques de pagos de cargas fijas, suplidores, militares, viáticos, docencias, cajas chicas, fondos en avances y otros. Registrar el movimiento diario de ingresos y egreso, así como mantener el balance de las cuentas de ingresos y desembolsos. Mantener control de las cuentas bancarias y efectuar las transferencias de fondos autorizadas de las cuentas bancarias. Velar por el cumplimiento de las normas y controles establecidos en la recepción y desembolso de fondos. Constatar el uso de bóveda y mantener bajo custodia los documentos y valores. Preparar y presentar reportes sobre el movimiento de ingresos y desembolsos de fondos. Realizar otras labores relacionadas a sus funciones que les sean asignadas.


Tras su triunfo en Miss Universo

Marianne Cruz visita de nuevo la Procuraduría Procurador la recibe y la felicita El éxito de la beldad dominicana Marianne Cruz en Miss Universo 2008, celebrado recientemente en Vietnam, en donde obtuvo el puesto de segunda finalista (tercer lugar), debe ser considerado como la continuación de los logros importantes alcanzados por la República Dominicana en playas extranjeras.

Fue en ese mismo escenario, celebrado para la ocasión en Panamá, que la dominicana Amelia Vega obtuvo el máximo galardón en el año 2003, y dos años después le tocó a Renata Soné alcanzar el tercer lugar, con los que en los últimos cinco años son tres los importantes galardones que en Miss Universo, el más alto celebrado en su género, logra la República Dominicana.

En el caso de Marianne Cruz no logró el máximo galardón, pero según la crítica fue la más destacada en cuanto a conjugar belleza y elegancia con la exhibición de traje típico y simbólico del béisbol, así como en desenvolvimiento intelectual, colocando a la República Dominicana en una alta posición en el país asiático.

Luego de su éxito en Miss Universo, Marianne Cruz visitó el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, y fue recibida por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, en su despacho, donde compartió con el personal del Ministerio Público, en especial con sus compañeros de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer, que dirige la magistrada Roxanna Reyes.

Tras felicitar a la reina, Jiménez Peña le hizo saber el orgullo que sentía como dominicano del éxito obtenido por ella en Miss Universo. Dijo, además, que para la Procuraduría era de doble motivación tenerla entre sus colaboradores, junto a figuras como Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa en la campaña “Pégale a la Pared”.

Marianne Cruz acompañada de los magistrados Roxanna Reyes y Radhamés Jiménez Peña.

Cruz desarrolla diversas actividades de bien social en el país, entre ellas su participación en la campaña “Pégale a la Pared”, que desarrolló la Procuraduría General de la República en contra de la violencia de género que perjudica mayormente a la mujer, junto a naciones hermanas como Puerto Rico y Panamá.

Oriunda de la provincia Hermanas Mirabal, Marianne ha sido una gran aliada de la campaña emprendida por la República Dominicana a través de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer.

La beldad manifiesta que la labor que realiza en la campaña pretende conseguir que el hombre tome conciencia, reconozca su problema y aprenda a valorar a la mujer y/o pareja.

Mientras que la magistrada Roxanna Reyes califica de invaluable la labor que realiza la hoy segunda finalista de Mis Universo, ya que de una manera desinteresada dedica, dentro de su apretada agenda de trabajo, largas horas en procura de ayudar a buscar soluciones en los casos de las mujeres maltratadas.

Señala que Marianne Cruz, con su labor de portavoz del proyecto, ha logrado abrir muchas puertas para el beneficio de esta causa, ya que, señala la magistrada Reyes, el problema de la violencia no es sólo en República Dominicana, sino que va más allá, porque ha logrado traspasar fronteras.

Cruz participa de manera activa en charlas y disertaciones a nivel nacional, donde se plantean soluciones al problema de la violencia de género e insta a que la ley se aplique en forma justa y que cada cual conozca sus derechos y forma de acceder a la ayuda existente. Ministerio Público

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El presidente Leonel Fernández encabeza la mesa de honor, acompañado de Jorge Chocair, secretario general de la AIAMP; Jorge Subero Isa, presidente de la SCJ; Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Reino de España; Rubén Candia Amarilla, fiscal general de Paraguay; Rafael Guillermo Guzmán Fermín, jefe de la Policía, y el procurador Radhamés Jiménez Peña, en el podium.

Armonía e Integración Reinan en

XVI Asamblea de LA Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

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a unificación de propósitos y la integración, propias de las nuevas políticas de cooperación entre las naciones, fueron los signos reinantes en el marco de los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se desarrolló en República Dominicana durante los días 9, 10 y 11 del pasado mes de julio.

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En el evento, inaugurado por el Presidente dominicano, Ministerio Público

Leonel Fernández Reyna, participaron los fiscales generales de 19 países latinoamericanos, España y Portugal, quienes discutieron los más puntuales temas relacionados con los ministerios públicos y los sistemas de justicia de los países representados. Entre esos temas están los derechos humanos y las libertades públicas, seguridad ciudadana y jurídica, víctimas y testigos, así como la cohesión social y lucha contra el crimen transnacional.


de España, Cándido Conde Pumpido, quien estuvo acompañado del procurador dominicano, doctor Radhamés Jiménez, anfitrión del encuentro.

En el acta de conclusiones, que consta de 29 puntos aprobados, los fiscales generales resaltaron el apoyo financiero de Eurosocial, en los proyectos de víctimas, testigos y cohesión social.

Pormenores y declaraciones

Desde el viernes 4 de julio comenzaron a llegar al país los fiscales generales de Iberoamérica, cuando hicieron su arribo por el Aeropuerto Internacional de las Américas, los representantes de España y Argentina, Cándido CondePumpido y Luis González, respectivamente. Los restantes titulares de los ministerios públicos de Iberoamérica y Portugal lo hiceron en los días sucesivos hasta el martes 8, víspera del evento, cuyo tema central fue “Víctimas, Testigos y Cohesión Social”. Al final aprobaron un acta de conclusión en la que consideraron que toda influencia e injerencia indebida sobre la función del Ministerio Público, perjudica seriamente la acción de la institución y de los funcionarios que tienen el ejercicio de la acción penal. Igualmente, destacaron que la autonomía, objetividad y actuación conforme a derecho en la persecución penal es esencial para los ministerios públicos de la región.

Reglas de Brasilia

El acta recoge también, tras ser aprobada por los ministerios públicos reunidos, las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas vulnerables, resultado de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en febrero del corriente año en Brasil.

Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para

ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Durante la clausura de XVI Asamblea de la AIAMP, que se desarrolló durante tres días corridos en Punta Cana, al Este de República Dominicana, los fiscales generales se comprometieron a promocionar la aplicación de esas reglas en la práctica en sus respectivos países.

Acordaron, asimismo, que la XVII asamblea del año 2009 sea celebrada en Guatemala.

Otro de los puntos que aprobaron fue felicitar al fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, por los acontecimientos del pasado 2 de julio de 2008 en ese país, que culminaron con la liberación de la señora Ingrid Betancourt y otras 14 personas secuestradas durante años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El evento fue encabezado por el presidente de la AIAMP y fiscal general

Además de Cándido Conde Pumpido como Presidente de la AIAMP y Radhamés Jiménez Peña como anfitrión, en el cónclave que tuvo lugar en el Hotel Paradisus Palma Real de Punta Cana, participaron el representante de Paraguay, Rubén Candia Amarilla, quien ostentó la vicepresidencia; de Colombia, Mario Iguarán; la fiscal nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega; la fiscal general del Estado del Reino de España, Rosa Ana Morán; el fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall´Anesse, y el fiscal general de El Salvador, Félix Garrid Safie. Participaron también, los fiscales generales de Argentina, Luis González; de Bolivia, Jaime Soliz; de Brasil, Antonio Fernando Barros; de Chile, Sabas Cháhuan Sarrás; de Cuba, Osiris Martínez Ecuador y Washington Pesantes Muños; de Guatemala, Juan Luis Florido Solis; de Honduras, Leonidas Rosa Bautista; de Nicaragua, Julio Centeno; de Panamá, Eduardo Guevara; de Perú, Pablo Sánchez; de Uruguay, Rafael Ubiría Alzugaray, y de México, Víctor Corzo. Ministerio Público

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dente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, así como a legisladores y embajadores acreditados ante el gobierno dominicano.

El acto inaugural fue transmitido por la planta televisora Red Nacional de Noticias (RNN), Canal 27, y cubierto por periodistas nacionales y agencias internacionales de noticias. Contó igualmente con la presencia de periodistas de los países miembros que acudieron a cubrir las incidencias del evento.

Vista en primera fila de los fiscales generales de Iberoamérica en el acto inagural.

Informe

Acto de inauguración

En la XVI Asamblea de la AIAMP se presentaron los informes de rendición de cuentas del período de la gestión 2007-2008, que incluye las conclusiones relativas al estudio sobre contribución de las fiscalías a la cohesión social, y las conclusiones de las comisiones de víctimas y testigos.

El evento se inició en la mañana del miércoles nueve de julio con un majestuoso acto de inauguración, donde el presidente Leonel Fernández abogó por la solidez e independencia del Ministerio Público, a los fines de que se traduzca en un sistema de justicia más eficiente y con mayor capacidad para dar respuestas satisfactorias a los distintos conflictos sociales.

Por igual, se rindió un informe de las actividades del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos en el referido período y los objetivos para el próximo año.

Como parte del programa de la asamblea, también se realizó el I Seminario Iberoamericano de Ministerio Público y Experiencias en Persecución Penal Estratégica ante el nuevo Modelo Procesal. En esta actividad, el procurador Radhamés Jiménez Peña abordó el tema: “Experiencias en Persecución Penal Estratégica en la República Dominicana y la implementación del Programa de Seguridad Democrática”.

La AIAMP es una entidad sin fines de lucro, que integran los ministerios públicos de Iberoamérica. Desde su fundación en la República Federativa de Brasil en 1954, ha logrado el apoyo para la instauración de un modelo acusatorio en el proceso penal, y hacer frente con carácter prioritario a la delincuencia organizada, entre otros.

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El presidente Fernández argumentó que el cónclave resulta una cooperación internacional de primer orden, ya que el crimen organizado es bastante voluble y adaptable a las nuevas formas y tecnologías.

Conde Pumpido: Asamblea contribuye con reforzamiento de sistema de administración de justicia

El fiscal general de España, Cándido Conde Pumpido, resaltó en sus palabras que la reunión de fiscales contribuye a reforzar todo el sistema de administración de justicia de este ámbito geográfico.

Expresó que ese es un camino dirigido sinceramente a tratar de mejorar el bienestar de los ciudadanos iberoamericanos. Agradeció al presidente Leonel Fernández por haber presidido el acto de inauguración y por el apoyo que, dijo, le ha brindado desde el Gobierno a su organización.

El discurso del mandatario aparece íntegro en las páginas centrales de Escritorio Jurídico de esta misma edición

En el evento, como era de rigor, también hablaron el presidente y vicepresidente de la AIAMP, Cándido Conde Pumpido, y Rubén Candia Amarilla, respectivamente, así como el procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez. Los discursos del Presidente de la República y de los jefes de ministerios públicos de España y República Dominicana, se publican en las páginas centrales de Escritorio Jurídico de esta misma edición de Ministerio Público. El cónclave reunió además, al presi-

Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Reino de España.


“En mi doble condición de presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscal General del Estado de España es un honor dirigirme a todos ustedes en la inauguración de esta XVI Asamblea que, con la luminosa alegría que nos transmite el paisaje y el carácter del pueblo dominicano, vamos a celebrar en este incomparable marco que constituye Punta Cana”, dijo el magistrado español en el acto de inauguración.

Declaraciones de Subero Isa

Justo el primer día de inauguración, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, quien ocupó un asiento en la mesa de honor, sostuvo que en un mundo de tantas complicaciones y donde los delitos no son exclusivos de ninguna nación, es de vital importancia que las autoridades de cada país participen en reuniones de ese tipo.

Señaló que el cónclave adquiere mayor importancia al contar con la presencia del fiscal general de España, Cándido Conde-Pumpido, quien acumula una gran experiencia en cuanto a la persecución del crimen organizado. Subero Isa habló a los medios de comunicación previó al acto inaugural de la asamblea.

Avances contra la criminalidad

Sabas Chahuán, fiscal nacional de Chile, entrega un presente al presidente de la República, Leonel Fernández. Observan, el procurador Radhamés Jiménez Peña; Rubén Candia Amarilla, fiscal general del Paraguay, y Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Reino de España.

Además de su discurso de inauguración en la asamblea y su participación activa en las discusiones, el procurador general de la República Dominicana aprovechó el Primer Seminario Internacional “Ministerio Público y Experiencias en Persecución Penal Estratégica ante el nuevo Modelo Procesal”, que tuvo lugar durante el transcurso del evento, para presentar los avances en materia de persecución del delito y lucha contra la violencia y la criminalidad como parte del Plan de Seguridad Democrática que realiza el Gobierno dominicano. Expuso ante fiscales generales iberoamericanos, que el éxito del país en la persecución del delito, está fundamentado en la implementación del Plan de Seguridad Democrática, que permitió una mayor integración de la comunidad, principal afectada, en los trabajos preventivos que realizan las autoridades policiales y fiscales.

Sostuvo que la violencia es un fenómeno multicasual, por lo que debe combatirse de manera integral.

Jorge Subero Isa, presidente de la SCJ.

Subrayó que con la implementación del Plan de Seguridad Democrática se ha logrado disminuir la ocurrencia de delitos, mejorar la percepción de seguridad, así como la calidad de vida de los ciudadanos en sectores interve-

nidos en los programas como Barrio Seguro, Banco para mi Barrio, Becas para mi Barrio, Techo para mi Barrio, Apoyo a Víctimas, Ubicación de Empleos, entre otros.

Radhamés Jiménez Peña resaltó que tal y como se había programado se logró recuperar espacios sociales y públicos en las comunidades. “Podemos decir, sin lugar a dudas, que el Plan de Seguridad Democrática es nuestro paradigma en materia de persecución penal estratégica”, precisó.

Destacó que felizmente la implementación de políticas como el Plan de Seguridad Democrática han tenido un impacto positivo en la percepción de la criminalidad en la población, pues el 58.8% de los dominicanos entiende que los programas llevados a cabo han sido efectivos.

Manifestó que el Estado elaboró un documento base, que contiene los lineamientos generales de la política criminal, en el cual se trazan los ejes de dirección política y estratégica que sirven de orientación a las acciones dirigidas a la prevención, investigación y persecución del delito, distinguiendo tres niveles mínimos de prevención.

Citó tres modalidades u orientaciones básicas de la política criminal, tales Ministerio Público

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Panorámica de la foto oficial del evento. Al centro, el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, junto a los fiscales generales de Iberoamérica.

como orientación al potencial infractor, a las víctimas y a la prevención comunitaria.

Resaltó que con la implementación de estas estrategias se logró fortalecer las áreas prioritarias para la tarea de prevención y persecución del delito y ajustar el sistema a las nuevas exigencias del modelo, fortaleciendo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Policía Nacional y el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Jiménez Peña dijo que la persecución penal estratégica se desvincula de la tradicional práctica reactiva y burocrática orientada a la resolución “caso por caso” de los procesos penales para reforzar la capacidad proactiva del Ministerio Público en el combate del delito.

Dijo además, que gracias a la implementación de los nuevos procesos de actuación, “se ha podido desarrollar una mayor capacidad de respuesta no jurisdiccional y mejorar la gestión de las respuestas jurisdiccionales, al incorporar nuevas prácticas, y al abandonar aquellas que apreciamos disfuncionales, transformando al Ministerio Público en una institución ágil, flexible, innovadora y comprometida con la excelencia en el servicio que brindamos a la sociedad”. Empero, manifestó que el cambio de enfrentamiento tradicional del delito

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a un nuevo concepto de persecución penal, ha sido una tarea ardua que ha implicado desarraigar y desmontar toda una cultura de represión con raíces históricas profundas.

Al término de su ponencia estimó que aunque se ha avanzado mucho, todavía los resultados son insuficientes frente a la necesidad latente de mayor capacidad de respuesta para la solución de los conflictos que presentan “nuestras sociedades, no obstante, nos sentimos más comprometidos e identificados que nunca con la labor de persecución y, sobre todo, de prevención del delito en todos los ámbitos”.

Sobre integración y cooperación contra la delincuencia El procurador general de la República destacó que la integración y cooperación de los ministerios públicos iberoamericanos ha permitido resultados positivos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Afirmó que la República Dominicana está interesada en que este mecanismo de cooperación judicial internacional continúe fortaleciéndose y eficientizando sus procesos de trabajo, de manera que los objetivos delineados por los gobiernos puedan concretizarse.

Destacó además, que tras discusiones sobre el tema en el marco de las reuniones de los Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Améri-

cas (REMJA) se ha venido ejecutando un Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que los países han elaborado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con relación al tema de la cooperación hemisférica contra el delito de trata de personas, Jiménez Peña indicó que los países de la región han avanzado significativamente en la discusión de estrategias y políticas a los fines de erradicar este mal.

Fiscal General de Venezuela pide unión para enfrentar problema carcelario

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que la reunión de ministerios públicos de Iberoamérica sirvió para unir esfuerzos orientados a elaborar políticas comunes para enfrentar con éxito problemas que aquejan a todos los países del hemisferio como el carcelario y el sistema policial. “A nivel mundial se vive una gravísima crisis penitenciaria, en el mundo hay más de diez millones de personas privadas de libertad, y en Latinoamérica la población penal es aproximadamente de un millón de presos”, dijo la magistrada Ortega Díaz en su exposición durante la asamblea. Ortega Díaz planteó la necesidad de


una iniciativa humanitaria que pudiera surgir del seno de este evento, considerando que uno de sus objetivos es proveer el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los problemas fundamentales concernientes a la institución.

Dijo que otra necesidad urgente es plantearse un análisis profundo de los policías en los países iberoamericanos, cuya conducta, en cuanto al respeto de los derechos humanos, es frecuentemente cuestionada. “Pues los cuerpos policiales son señalados de practicar ejecuciones a personas que presuntamente han incurrido en hechos punibles, aun antes de ser demostrada la culpabilidad de los mismos. También, se les imputa el practicar torturas y allanamientos sin orden judicial”, agregó.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dirigiéndose a la asamblea en su calidad de presidenta del Instituto Ibeoroamericano de Ministerios Públicos. Detrás el embajador de Venezuela, Francisco Belisario Landís.

Circulación de libro

El procurador Radhamés Jiménez Peña hace entrega del primer ejemplar del libro “Ministerio Público, Política de Persecución Penal y Sistema de Justicia” al presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, en el marco del acto inaugural de la XVI Asamblea de la AIAMP.

En la asamblea se puso en circulación el libro “Ministerio Público, Políticas de Persecución Penal y Sistema de Justicia’, del cual el magistrado Jiménez le entregó un ejemplar al Presidente Fernández. De igual forma, circuló la sexta edición de la revista Ministerio Público.

El libro recoge unas diez conferencias magistrales de fiscales generales, jueces, juristas y expertos de América Latina y España, dictadas en República Dominicana entre enero y noviembre

del año 2007.

Se trata de un volumen de 250 páginas, en un tamaño de 6x9 pulgadas, con un diseño moderno y puntual en colores de portada en verde y amarillo. Es una obra que por adición, comparten los magistrados Cándido Conde Pumpido, Francisco Dall’Anese Ruiz y Mario Iguarán, fiscales generales del Reino de España, de Costa Rica y de Colombia, respectivamente.

También, Isaías Rodríguez, ex presidente de la República Bolivariana de

Venezuela, a la que sirvió además como fiscal general; Baltasar Garzón Real, juez de la Real Audiencia Española; María Dolores Fernós, ex procuradora general de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y Alberto Binder, reconocido especialista argentino de Derecho Procesal Penal. Todas estas ponencias, dictadas en el auditorio de la Procuraduría, se efectuaron en actividades individuales teniendo como anfitrión al máximo representante del Ministerio Público en República Dominicana, Radhamés Ministerio Público

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Jiménez Peña, quien participa en la obra con sendas conferencias.

El prólogo es de Ramón Emilio Núñez, director de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), y la presentación es del propio Radhamés Jiménez Peña, quien en su calidad de procurador general de la República auspició la presencia en tierra dominicana de los citados magistrados como conferencistas.

En sus palabras, Núñez destaca la riqueza de contenido del libro, enfatizando que “Las reflexiones expuestas en cada una de las conferencias que lo integran, constituyen un insumo fundamental en el camino de la institucionalidad que transita actualmente el Ministerio Público dominicano, y estamos seguros de que podrán ser aprovechadas por los demás países de Iberoamérica”. En tanto que el magistrado Jiménez

Peña expresa en su presentación que “Nuestra pretensión es que el fomento del intercambio de nuevas visiones sobre los principales desafíos que enfrenta el Ministerio Público en la actualidad, se mantenga vigente e intensifique sobre la base del conocimiento y la práctica acumuladas de actores y figuras relevantes de toda Iberoamérica, de modo que pueda ser aprovechada en beneficio de su consolidación en República Dominicana”.

Equipo de trabajo En todas las actividades humanas existen los héroes anónimos, y la organización y éxito de la recién concluida XVI Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) no fue una excepción.

Una comisión integrada dos meses antes se encargó de la preparación del evento, tanto en su parte temática como organizativa. La misma estuvo dirigida por el director nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira, la procuradora general adjunta, Gisela Cueto, y la asistente administrativa y financiera del Procurador General, Gladys Checo de Almonte. La comisión estuvo integrada además, por Julieta Tejada, Danissa Cruz, Rossanna Dalmasí, y el Coronel José de Jesús Peña, todos responsables de áreas. Esta comisión se encargó de ultimar todos los

detalles del evento y formar el equipo de trabajo multidiciplinario. Ese equipo, en el que trabajaron funcionarios y empleados, bajo la coordinación de la Unidad de Protocolo de la Dirección de Comunicaciones, fue el responsable, a través de una bien llevada coordenada, del cuidado del evento que se desarrolló durante los días 9,10 y 11 de julio en el Hotel Paradisus Palma Real de Punta Cana, provincia La Altagracia. La planificación y el trabajo en equipo se combinaron para garantizar sus satisfactorios resultados. Largas jornadas con la ejecución de tareas en el tiempo previsto, cuidado y seguimiento, unido a un sistema de seguridad y orden, jugaron un papel preponderante en el desarrollo de la Asamblea a la que asistieron fiscales generales de 19 países de América, además de España y Portugal.

Gladys Checo, asistente administrativa y financiera del procurador general de la República, sostuvo que ese equipo, compuesto mayormente por damas de los diferentes departamentos, trabajó detrás de las cámaras y cada uno (as) de ellos (as) fue puntual en el éxito.

El equipo estuvo formado por Sandra Santana, encargada de Compras; Flor Pérez, coordinadora de Protocolo; Claudia Severino, coordinadora de Comunicación y Eventos; Yulisa Pérez, encargada de Capacitación y José Alberto Caminero, Investigador Judicial.

También, Shantal Espinal, Brumayra Cáceres, Ana Bautista, Massiel Vásquez, Alvin O’neil Pimentel, Edwin Marte, Katherine Durán y Sabriela Patricia Pérez, todos y todas con responsabilidades respectivas en la Procuraduría General de la República.

Parte del equipo que trabajó en la organización de la Asamblea de la AIAMP, integrado por Sandra Santana, Mashiel Vásquez, Claudia Severino, Richard Rivera, Ana Bautista, José Luis Santana y Alvin O’neil.

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Ministerio Público


En seminario sobre Persecución Penal de la AIAMP

Fiscales propugnan por Ministerio Público más comprometido con la sociedad Hablan sobre eficiencia y organización Acuerdo entre Chile y RD Fiscales y procuradores generales iberoamericanos que participaron en el Primer Seminario sobre Persecución Penal, coincidieron en que uno de los grandes desafíos que enfrenta el Ministerio Público es mostrar mayor eficiencia y organización en sus acciones a los fines de atender los reclamos de la sociedad.

Asimismo, plantearon la necesidad de que los representantes del Ministerio Público encaren la persecución del delito con una mirada estratégica, asumiendo una posición proactiva con suficiente informaciones sobre los hechos y cómo operan los criminales. La actividad concluyó con la firma de un acuerdo interinstitucional entre la República Dominicana y Chile para intercambio de información.

Durante la actividad, encabezada por el magistrado Radhamés Jiménez Peña y el fiscal general de España y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Cándido Conde-Pumpido, se estableció que el fortalecimiento del Ministerio Público se traduce en una justicia más eficiente.

En los debates se hizo referencia a que la persecución penal estratégica es un método que abandona la lógica del caso por caso para entender los fenómenos en su complejidad y dar res-

Sabas Chahuan, fiscal nacional de Chile, y el procurador Radhamés Jiménez, firman el convenio de intercambio de información. Observan, el señor Jorge Chocair y Danissa Cruz, secretario general de la AIAMP y asistente del procurador, respectivamente.

puestas a los principales problemas que enfrenta el Ministerio Público. Entienden que las respuestas a los problemas de criminalidad deben incluir la desarticulación de las bandas criminales y una condena en los tribunales.

El objetivo final de los fiscales debe ser, sacar de circulación a las personas que operan alrededor de los grandes delitos que afectan a la sociedad.

Las palabras centrales durante la celebración del Primer Seminario sobre

Persecución Penal Estratégica ante el Nuevo Modelo Procesal estuvieron a cargo del magistrado Jiménez Peña, quien planteó la necesidad de sustituir el sistema reactivo imperante, por uno proactivo de persecución penal.

Dejó claro, además, que el paradigma de fiscales aislados de las necesidades sociales debe quedar fuera de la visión del Ministerio Público, por lo que entiende que es necesario dar paso a ideas novedosas que incrementen la eficiencia. Jiménez Peña explicó que Ministerio Público

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de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Mientras que entre los participantes internacionales figuraron los fiscales generales Luis González, de Argentina; Jaime Soliz, de Bolivia; Antonio Fernando Barros, Silva de Souza y Edson Olivera, de Brasil; Nayivy Acero Amaya, de Colombia; Osiris Martínez, Cuba; Washington Pesantez, Ecuador; Leonidas Rosa, Honduras; Víctor Corzo Cabañas, México; Eduardo Guevara y Luis Gómez, de Panamá.

Firma del acuerdo

Vista de la plenaria de fiscales generales en el primer día de trabajo de la asamblea.

bajo este sistema los representantes del Ministerio Público se convierten en verdaderos colaboradores en la solución de los problemas que afectan a la comunidad.

En tanto que Conde-Pumpido dijo que la planificación es determinante para que las acciones encaminadas por los representantes del Ministerio Público sean exitosas. “Hemos de partir que nuestra función como fiscales, sin perjuicio de otras muchas relevantes tareas, se centra esencialmente en el ejercicio de la acción penal para la persecución del delito. Esta actividad debe ser dirigida con el mayor grado de planificación posible en la búsqueda de la mayor eficacia”, precisó.

Manifestó, además, que la planificación “no va a resultar jamás inocua, y por ello, es nuestra responsabilidad realizarla con esmero”.

sentencias condenatorias, salidas alternativas, acciones preventivas, entre otras.

En el seminario, organizado por la Procuraduría General de la República Dominicana y la AIAMP, participaron además, los procuradores generales adjuntos, Rodolfo Espiñeira, Frank Soto, Idelfonso Reyes, el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Cedano; el director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Octavio Líster; los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, José Manuel Hernández Peguero y Perfecto Acosta, entre otros. Como moderador del seminario estuvo Ramón Emilio Núñez, director

Al término del seminario, el procurador general Jiménez Peña y el fiscal general de Chile, Chahuán Sarrás, firmaron dos acuerdos de cooperación interinstitucional para intercambio de información. Este tiene por objeto establecer las bases para el fortalecimiento de la cooperación entre ambas instituciones y con sus organismos subordinados, para el logro del mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Como objetivos específicos del convenio se establece el intercambio de información sobre las áreas técnicas especializadas y temas relevantes relacionados con la labor de ambas instituciones, definidas por ellas previamente, tales como estadísticas, publicaciones especializadas, legislación, doctrina, entre otros.

Además, el desarrollo de actividades de capacitación y formación de fiscales, profesionales de ciencias forenses, funcionarios y personal administrativo en general, según corresponda a cada institución.

Expositores

Los expositores en el seminario fueron Francisco Dall´Anese, fiscal general de Costa Rica; Félix Garrid Safie, fiscal general de El Salvador; Sabas Chahuan Sarrás, fiscal nacional de Chile, y el procurador Jiménez Peña.

Cada uno de los expositores narró y resaltó los avances de sus respectivas naciones en la persecución penal, haciendo énfasis en el funcionamiento del Ministerio Público, porcentajes de

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Ministerio Público

Jorge Chocair, secretario general de la AIAMP, en su exposición. Escuchan, Cándido Conde Pumpido y Rubén Candia Amarilla, presidente y vice presidente de la AIAMP, respectivamente, y el procurador Radhamés Jiménez Peña, anfitrión.


La Procuraduría desde una perspectiva internacional Los Estados en vías de desarrollo enfrentamos nuevos retos de cara a una justicia moderna. La entrada de este siglo exige cambios que van dejando atrás los métodos retrógrados y obsoletos para la consecución de una administración judicial efectiva, puesto que diariamente los estamentos encargados de dicha administración nos enfrentamos a delitos nuevos, cuya matriz, ciertas veces, son desconocidas por no originarse en el territorio nuestro sino en otra demarcación geográfica o viceversa, pero cuyas consecuencias afectan directamente los intereses nuestros, tales son los casos de: narcotráfico, lavado de activo, corrupción, terrorismo, delitos cibernéticos, tráfico y trata de personas, etc. Lo anterior se traduce, en que se hace menester aunar esfuerzos mancomunados entre los Estados para la lucha efectiva de estos crímenes, siendo la forma más viable y efectiva la asistencia judicial mutua. Sin embargo, las relaciones del día a día serán eficaces en la medida en que estrechamos nuestros lazos cara a cara con los países con los que de una manera u otra nos relacionamos. Conscientes de esta realidad, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, al momento de asumir el compromiso que significa llevar las riendas del Ministerio Público, vislumbró la necesidad de conocer las realidades de otros países en cuanto al Ministerio Público se refiere. Así las cosas, el jefe del Ministerio Público de la República Dominicana asistió los días 27, 28 y 29 de septiembre del 2006, a la XVI Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, celebrada en Islas Canarias, España, logrando exitosamente la introducción del tema

DANISSA CRUZ Fiscal Adjunta, Asistente del Procurador General de la República para Asuntos Internacionales dcruz@procuraduria.gov.do

Fiscales generales junto al señor Francois Falleti, al centro, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales.

penitenciario que no había sido previsto en la agenda del evento. Cumpliendo con el acuerdo de cooperación entre el Estado dominicano y el Gobierno de los Estados Unidos, y en ejecución del contrato entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y DPK Consulting, se realizó un viaje de observación a la Fiscalía General del Poder Judicial de Costa Rica en fecha del 17 al 21 de octubre del presente año, alcanzando esta Procuraduría General de la República la generación de vínculos de cooperación e intercambio técnico, producto de un acuerdo entre el Procurador General de la República Dominicana y el Fiscal General de Costa Rica que fue firmado en enero de 2007. En su calidad de Presidente de la Sexta Reunión de Ministros de Justicias o de Procuradores Generales de las Américas (REMJA VI), el doctor Radhamés Jiménez Peña participó en la XIV Asamblea General Ordinaria de la Aso-

ciación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) desarrollada en la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 6 y 7 de noviembre del año 2006, donde tuvo una importante participación, rindiendo cuentas de la pasada REMJA y las tareas pendientes, como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones de la VI REMJA, de cada uno de los países miembros y de la Presidencia que ostentaba. Aprovechó la oportunidad para ofrecer sendas becas de capacitación en el Programa de Formación Extraordinaria (PEF) de la Escuela Nacional del Ministerio Público, cuya duración es de dos meses y medio, moción acogida con beneplácito por los Ministros, Procuradores Generales y Fiscales Generales presentes. Asimismo, concurrió al Primer Encuentro Iberoamericano de Ministerios Públicos y Policías que tuvo lugar en Santiago de Chile, los días 7 y 8 de noviembre pasado. Ministerio Público

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ciedad democrática” impartida por don Cándido Conde Pumpido Tourón, fiscal general del Reino de España, dictada el 4 de enero de 2007 en el auditorio de la PGR. En el marco de esta visita se firmó un protocolo de intención de colaboración entre la Fiscalía General de España y la Procuraduría General de la República Dominicana. Además, Conde Pumpido fue declarado Profesor Honorario de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

El procurador Radhamés Jiménez saluda al señor Michael Mukasey, procurador general de los Estados Unidos, en el marco de la VII Reunión de Ministros de Justicia de las Américas (REMJA VII) en EE.UU. Observa, José Dantes Díaz, representante alterno ante la OEA,

En el marco de este evento, el doctor Jiménez Peña, en ese entonces Presidente de la VI Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA VI), sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA, y su secretario general, doctor José Miguel Insulza, donde conversaron sobre los trabajos pendientes de la Presidencia, haciendo énfasis en las temáticas preeminentes para la República Dominicana, tales como: las ciencias forenses, la materia penitenciaria y la institucionalización de los procesos de las REMJA’s. Asimismo, sostuvo un encuentro con la señora Verónica Baraona, vice-ministra de justicia de Chile, a los fines de dar seguimiento al convenio de cooperación vigente entre la Procuraduría General de la República Dominicana y el Ministerio de Justicia de Chile, en materias forenses y penitenciarias. En fecha del 15 al 18 de noviembre de 2006, el magistrado Procurador General de la República fue invitado por la USAID a la 12ava Conferencia Internacional Anti-Corrupción (IACC) “Hacia un mundo más justo ¿Por qué la corrupción sigue bloqueando el camino?, celebrada en Guatemala. La misma se convirtió en el escenario idóneo para establecer vinculaciones con los líderes de la lucha contra la corrupción a nivel mundial, así como para aprender estrategias importantes y necesarias para combatir la corrupción. Durante los días 20 al 25 de noviem-

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Ministerio Público

bre de 2006, el doctor Jiménez Peña y otros altos funcionarios del Gobierno dominicano y el Congreso Nacional, fueron invitados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), para participar en un foro de concertación multilateral en la lucha contra las drogas ilegales, el terrorismo y el crimen internacional, como parte de la asistencia técnica brindada por ese organismo a la República Dominicana. También participó en una reunión de alto nivel en la ONUDD, con sede en Viena, Austria, a los fines de promover la ratificación de los instrumentos internacionales existentes sobre los temas de trabajo de esta organización, principalmente los relativos a la lucha contra el terrorismo, lo cual permitió un análisis pormenorizado y constructivo de las respuestas internacionales al terrorismo y la delincuencia, y de sus implicaciones para la República Dominicana, así como una oportunidad para exponer las diversas perspectivas sobre las convenciones internacionales a ser ratificadas, sopesar la importancia de su pronta ratificación, y detectar los elementos que pudieren ser contradictorios con la legislación interna y susceptibles de reserva por parte del Congreso Nacional. En los inicios del año 2007 la Procuraduría General de la República tuvo una participación bastante activa en cuanto a eventos internacionales se refiere, por ejemplo la Conferencia Magistral “El papel del Ministerio Público en la Administración de Justicia en una so-

Asimismo, la firma de acuerdo y conferencia magistral del fiscal general de Costa Rica, doctor Francisco Dall’Anese Ruiz, en fecha 18 de enero de 2007, con los auspicios de la Procuraduría General de la República y la USAID. El 23 de febrero del 2007 la doctora María Dolores Fernós, Procuradora de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con la presencia de nuestra primera dama de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, dictó, en el auditorio de la Procuraduría General de la República, la Conferencia Magistral: Necesidad de una Política Integral Respecto a la Violencia de Género. Por otro lado, la Conferencia Magistral “El Papel de la Justicia en la Sociedad” pronunciada por don Baltasar Garzón Real, juez del 5to Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, el viernes 2 de marzo de 2007, en el auditorio de la PGR. En esta ocasión fue declarado Profesor Honorario de la ENMP, además de cumplir con una agenda oficial que contó con la visita al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Presidente del Senado. En el mes de julio del año 2007, específicamente los días 22 y 23, el doctor Radhamés Jiménez Peña dictó la conferencia Ministerio Público y Políticas de Persecución Penal, en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la Reunión de la Red de Capacitación de Ministerios Públicos de Iberoamérica (RECAMPI). No podemos dejar de mencionar la celebración del Primer Taller en Materia de Prevención y Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento, celebrado en el hotel Santo Domingo desde el 17 al 20 de septiembre del pasado año, con los auspicios de la PGR y la ONUDD. Este evento contó con la participación de 13 especialistas de Europa y América, incluyendo personalidades como Mario Iguarán, fiscal general de


Colombia; Francisco Dall’Anese, fiscal general de Costa Rica; Javier Zaragoza, jefe de la Audiencia Nacional, entre otros. Dentro del marco del citado taller, el doctor Mario Iguarán ofreció una conferencia magistral titulada “El Sistema Acusatorio: La Experiencia Colombiana”, en el auditorio de la Procuraduría General de la República. Y, no menos importante, la participación del procurador general de la República en la XV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) celebrada en octubre de 2007 en Madrid, organizada por la Fiscalía General del Estado del Reino de España. En este encuentro fue escogida por unanimidad de los 19 Fiscales Generales presentes, la República Dominicana como sede de la XVI de la AIAMP). Asimismo, la celebración del curso sobre “ El sistema de Justicia Penal Internacional” impartido por don Baltasar Garzón Real, los días 2 y 3 de noviembre de 2007 en la sede de la Escuela Nacional del Ministerio Público. El 28 de febrero de 2008, el ex fiscal general de Venezuela, doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, pronunció la conferencia magistral “Las Garantías Procesales desde la Óptica Constitucional Venezolana”. A finales del mes de abril de 2008, el Magistrado Procurador realizó un recorrido por los Estados de Filadelfia, New York y New Jersey, a los fines de conocer el sistema penitenciario, los laboratorios forenses y sostener encuentros con los funcionarios judiciales y policiales. En ese sentido, se trasladaron hasta el Curran Front Hold Correctional Facility, del Condado de Filadelfia, y el Complejo Penitenciario Rikers Island de Manhattan, New York. Por otro lado, la VII REMJA se realizó los días 28, 29 y 30 de abril del año en curso, donde el doctor Jiménez Peña entregó su mandato, como Presidente de ese foro, haciendo una rendición de cuentas del trabajo realizado durante el periodo 2006-2008. Sobre los temas liderados por República Dominicana, es importante resaltar los resultados alcanzados. Por ejemplo, acogiendo el Mandato de la X Recomendación de la VI REMJA, la Procuraduría General de la República y la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, convocaron a una reunión técnica de

composición abierta con el objeto de elaborar un proyecto de documento integral sobre el proceso de la REMJA, que comprenda entre otros temas, su organización y funcionamiento, mecanismos de trabajo, relaciones entre los diversos grupos de trabajo y REMJACEJA, entre otros temas. Es importante resaltar que ni la REMJA ni sus grupos de trabajo habían establecido mecanismos claramente identificados sobre cómo armonizar el trabajo entre ellos ni cómo brindar un efectivo seguimiento al cumplimiento de las decisiones acordadas en el marco de sus respectivas reuniones, entre otros aspectos relativos a los procesos de trabajo. República Dominicana presidió esa reunión técnica celebrada en Washington los días 28, 29 y 30 de abril de este año, y luego de un arduo trabajo de lobby entre los 19 Estados presentes, logramos consensuar un documento llamado “Documento de Washington”, que fue presentado por los 34 Ministros de Justicia, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas participantes en la VII versión de la REMJA.

La VII REMJA se llevó a cabo en las fechas y el lugar anteriormente indicados, contó como anfitrión con el señor Michael B. Mukasey, procurador general de los Estados Unidos de América, el señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la participación de los demás 33 Ministros de Justicia o Procuradores Generales o Fiscales Generales de las Américas restantes. A partir de la fecha y hasta el 2010, la presidencia de la REMJA será ejercida por el señor Mukasey, quien a

la vez la entregará a su homologo de Brasil durante la celebración de la VIII reunión ministerial. Del 24 al 30 de mayo del año en curso, el Procurador General de la República realizó un recorrido por la República Popular de China, sosteniendo un encuentro con el vice-fiscal supremo de esa nación, Jiang Jianchu, además de un recorrido por un centro penitenciario de Beijing. Durante este encuentro el doctor Jiménez Peña y el señor Jianchu intercambiaron impresiones sobre el combate a la corrupción administrativa y la efectividad de esa lucha en la sociedad china. Asimismo, el Magistrado Procurador y su delegación, sostuvieron un encuentro con el vice-fiscal supremo de Shangai, señor Chen Xu, además de visitar el centro penitenciario de alta seguridad de Quingpu. Durante los días 9,10 y 11 de julio de 2008, la Procuraduría General de la República fue anfitriona de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada en Punta Cana, Higüey. Durante el desarrollo de la agenda de trabajo de la XVI Asamblea de la AIAMP, prolíferos fueron los resultados, como la aprobación de los documentos “Guías de Santiago para la Protección de Víctimas y Testigos” y las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” que son una fiel muestra del compromiso vertido en este foro por los Fiscales Generales y sus representantes. Además, esta actividad puso de manifiesto el liderazgo regional que goza el doctor Radhamés Jiménez Peña, lo que ha permitido que la Procuraduría General de la República haya alcanzado efectivas y expeditas asistencias penales mutuas y la cooperación técnica en diversos sectores. En conclusión, las estrategias de internacionalización de las actividades de esta Procuraduría General de la República han dado sus frutos, y muestra de ello son las soluciones a un sin número de casos de asistencia jurídica internacional, los diversos acuerdos de colaboración entre las Fiscalías y Ministerios de Justicia de América e Iberoamérica y las activas participaciones del Procurador General de la República en los foros internacionales. Ministerio Público

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Asistida por autoridades federales de los EE.UU.

Procuraduría logra desarticular red mafiosa de hermanos Benítez Unidad Antilavado de Activos con la colaboración de la Policía Nacional, dirige la operación Silvio Cabrera cabreraje55@hotmil.com

La Procuraduría General de la República logró desarticular la red mafiosa más grande, jamás conocida en el país. Se trata del caso de los cuatro hermanos cubanos-norteamericanos Oscar, Carlos, Luis y José Benítez, a quienes se les acusa de defraudar con unos 110 millones de dólares al Programa Federal de Seguros de Salud de los Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés de MEDICARE) para invertirlos en diversas propiedades en territorio dominicano.

A la Unidad Antilavado de Activos que encabeza el procurador adjunto, Germán Daniel Miranda Villalona, le ha tocado dirigir toda la operación, asistido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, bajo la responsabilidad del coronel Alejandro Dipré Sierra.

Las autoridades del Ministerio Público, encabezadas por Miranda Villalona, han dispuesto la incautación de diversas propiedades millonarias en la zona del Este y el Distrito Nacional, entre ellos, complejos de hoteles y cabañas, 12 apartamentos en el Malecón Center, una compañía de alquiler de helicópteros, residencias, fincas ganaderas, vehículos de lujo y lanchas.

La actuación de la Procuraduría General de la República en este caso está amparada en su propio reglamento, en el Es-

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Ministerio Público

Germán Daniel Miranda Villalona, director Unidad Antilavado.

tatuto del Ministerio Público, en lo que disponen la Ley 7202 de Lavado de Activos y los convenios internacionales sobre Intercambio de Pruebas con el Exterior.


Inicio de los operativos Los operativos de decomiso se iniciaron en la zona turística de Bávaro, provincia La Altagracia, el 17 del pasado mes de julio, donde se incautaron bienes valorados en decenas de millones de dólares y títulos de propiedades pertenecientes a los imputados de lavado de dinero.

Ese día se ocupó un parque acuático, un rent car, dos catamaranes, dos cabañas, dos villas, 22 botes, armas y dinero en efectivo, durantes operativos realizados en Higüey, Punta Cana y Bávaro.

Posteriormente, las incautaciones de naves marítimas ascendieron a 40 ,entre botes, yates y los catamarones, además de un hotel en construcción valorado en más de RD$500 millones. También 21 animales, como iguanas, tortugas, palomas y conejos, los cuales se encuentran en el Parque Zoológico Nacional.

Orden judicial

La autorización judicial para allanar e incautar los bienes fue emitida por el juez coordinador interino del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, a solicitud del Ministerio Público que a la vez se hacía eco de una notificación judicial de las autoridades norteamericanas, como una solicitud de cooperación internacional por Hank Bond Walther, abogado litigante del Departamento de Justicia estadounidense. En su notificación, el abogado norteamericano comunicó a las autoridades dominicanas que Estados Unidos ha sido informado de que los hermanos Benítez han transferido activos a territorio dominicano, donde han comprado bienes muebles e inmuebles.

Además, informa que según una revisión de la información proporcionada por las autoridades dominicanas y otras fuentes, los Benítez controlan grandes tenencias de bienes raíces en República Dominicana, que incluyen complejo de condominios y un parque acuático que aún se encuentra en proceso de construcción.

Otros involucrados El magistrado Miranda Villalona informó que en la red mafiosa de los hermanos cubanos-norteamericanos, están involucrados venezolanos, nicaragüenses y mexicanos.

Precisó que como parte de las pesquisas fueron incautados otros cuatro camiones en Higüey, con lo que suman 16 los vehículos confiscados, mientras que dos carros Audi 2007 están en proceso de ocupación.

Villalona sostuvo que están evaluando la posibilidad de realizar un segundo operativo, tanto en Santo Domingo como en Higüey, para ocupar otras propiedades. Agregó que solicitaron a la Dirección de Catastro Nacional la

realización de un levantamiento para determinar el valor total de los bienes incautados, que estimó sobrepasan los mil millones de pesos.

Precisó que poseen cajas de documentos y evidencias, los cuales están en proceso de revisión “y que podrían dar al traste con nuevos implicados”.

Orden de captura

La Procuraduría General de la República dictó orden de captura nacional e internacional contra los cuatro cubanos perseguidos por la justicia de Estados Unidos.

Así lo hizo saber el procurador adjunto Miranda Villalona, quien dijo que se sospecha que los hermanos Benítez lograron salir del país, razón por la Ministerio Público

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que se dictó orden de captura internacional.

Extradición

La Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República advirtió que contempla recomendar la extradición hacia los Estados Unidos de ocho presuntos socios dominicanos de los hermanos Benítez. Miranda Villalona dijo que se estudia también la posibilidad de abrirle un proceso criminal en la República Dominicana por lavado de activos.

“Si siguen comprometidos con todas las evidencias que podamos evaluar con respecto a ellos, sea quien sea va a ser llamado, diríamos, a ser sometido en República Dominicana, si es necesario, o en su defecto recomendaremos su extradición hacia Estados Unidos, entonces en avión tendrán que llevarse unos cuantos más”, dijo.

Reiteró que la lista actual de los dominicanos supuestamente asociados a los hermanos cubanos la integran ocho personas, que alegadamente han conspirado con los extranjeros para esconder la astronómica inversión que se está descubriendo. “Los tenemos contactados y localizados, lo único que estamos procedien-

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Ministerio Público

do es a tener el momento adecuado para ver qué decisión vamos a tomar en términos judicial, jurídicamente hablando”, dijo.

Cuentas

Las cuentas bancarias de los hermanos Oscar, Carlos, Luis y José Benítez, así como las de sus ocho presuntos socios dominicanos fueron bloqueadas, mientras que se inscribieron hipotecas judiciales a favor del Estado dominicano en contra de los multimillonarios bienes inmuebles diseminados en la zona turística de Higüey y el Distrito Nacional.

La congelación de las cuentas o productos bancarios fue emitida por la jueza coordinadora de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosalba Garib Holguín, a petición de la Unidad Antilavado de Activos.

“Están congeladas las cuentas, tanto de las personas de ellos (los hermanos Benítez y sus supuestos socios), como de las personas morales (las empresas)”, dijo el procurador adjunto y encargado de la Unidad Antilavado, Germán Miranda Villalona. Expuso que las compañías eran los vehículos utilizados por los implicados

en un fraude de US$110 millones en contra del Medicare de Estados Unidos para hacer negocios inmobiliarios e inversiones.

El programa gubernamental Medicare defraudado por los hermanos cubanos en Estados Unidos atiende a personas de 65 años o más de edad, algunas menores de 65 años con incapacidades, y a personas con condiciones renales en etapa terminal (fallo permanente que requiere diálisis o transplante del riñón).

El fraude fue dirigido por los hermanos Benítez desde el Estado de La Florida, donde un gran jurado del Distrito Meridional los acusó formalmente por el papel que desempeñaron en un plan para defraudar al gobierno de los Estados Unidos por US$110 millones, al presentar reclamaciones falsas y fraudulentas al Medicare.

Específicamente, fueron acusados, cada uno, de reclamaciones falsas al Medicare y pagar comisiones ilegales por atención médica, en violación a la sección 371 del título 18 del código de EE.UU. y confabulación para cometer fraude de atención médica, en violación a la sección 1349 del título 18 de la normativa.


Justicia Penal Internacional

Jesús Fernández Vélez

Procurador General ante la Corte de Apelación de San Cristóbal jfernandez@procuraduria.gov.do El complejo y difuso fenómeno de la globalización involucra a todos los estamentos del orden mundial, pues este proceso no solo tiene que ver con la economía sino que va mucho más lejos, como al medio ambiente, por el preocupante calentamiento del planeta, hasta la internacionalización, inclusive, de enfermedades a través de la expansión de vectores patógenos. El proceso global implica asimismo, a la justicia y al derecho. De ahí que exista la justicia penal internacional, entendida como justicia universal para aplicarse a casos y situaciones específicas repugnantes en los ámbitos mundiales. Aún cuando el concepto de jurisdicción universal antecede con bastante tiempo al de globalización, pues desde el año 1872 se conoce la justicia universal, fortalecida con la creación en la época de la Cruz Roja Internacional, en la Confederación Helvética de Suiza, es en la era global que esta jurisdicción adquiere su fisonomía y desarrollo. En diferentes épocas el mundo ha contemplado con horror la ocurrencia de innúmeros crímenes de guerra y de lesa humanidad, genocidios y espantosas torturas. Para enfrentar esos latrocinios ha sido configurado el sistema de justicia penal internacional, cuyo antecedente más conocido es el Tribunal de Nuremberg, constituido para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis en los campos de concentración y exterminios, derivados del Tratado de Versalles, que pone fin a la segunda guerra mundial. Con el avance de la sociedad global ya no es posible la impunidad para grandes matanzas, como muchas ocurridas en diferentes épocas y zonas del planeta. En respuesta a numerosos genocidios se aprobó, en el mes de julio de 1998, la Corte Penal Internacional (CPI), conocida como Estatuto de Roma en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. En ese mismo año la República Dominicana se adhirió a ésta. Los Estados Unidos de América no aceptan su jurisdicción y autoridad, que fue ratificada por unos setenta países para entrar en pleno vigor en el año 2002. Este estatuto tampoco ha sido firmado por Rusia, China, India, Israel, Chile, Cuba e Irak. Su existencia es vital para juzgar a autores de actos de barbarie, de los llamados crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra que hace algunos años eran vistos casi como cuestiones normales. En la época actual el mundo no

soportaría grandes asesinatos que se han sucedido en diferentes países y regiones del planeta. Por citar algunos casos, tenemos masacres que han repercutido en la conciencia colectiva, como la matanza de Armenios en 1915 y su expulsión a territorios sirios; la de 1975 en la antigua colonia portuguesa de Timor Oriental, al Sur del Archipiélago Malayo en Asia, así como los genocidios del Tíbet de 1959 y de Yugoslavia de 1991-1995. De igual manera, en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Servia, Camboya, El Líbano y Sabra y Shatila. También en Afganistán, Angola, Ruanda y Uganda. La Corte Penal Internacional o Estado de Roma juzga crímenes cometidos por individuos o personas físicas, diferente a la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, cuya existencia se remota a varias décadas para ventilar exclusivamente conflictos entre Estados, como una jurisdicción de los Estados agrupados en las Naciones Unidas. El arresto en 1998, extradición y procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet, bajo los cargos de genocidio y crímenes internacionales, y la investigación y posteriores juicios a la Junta Militar Argentina por parte del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, han dado proyecciones e impulsos a la jurisdicción penal internacional. En ese contexto, a inicios del mes de noviembre de 2007, el juez Garzón impartió a fiscales, en la sede de la Escuela Nacional del Ministerio Público en el Distrito Nacional, el seminario “Sistema de Justicia Penal Internacional”, invitado por segunda ocasión en ese año por el procurador general de la República Dominicana, doctor Radhamés Jiménez Peña. Con ámbito hemisférico, no a escala mundial, existen algunas jurisdicciones penales tales como el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, con sede en Luxemburgo, y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Para la efectividad de la justicia penal, diversos Estados del mundo se han comprometido por el mecanismo de la cooperación judicial internacional. La Corte Penal Internacional, que en la Asamblea de Estados tiene su máximo organismo, se fundamenta para su funcionamiento en los principios de no retroactividad, no aplicación general, la persecución de crímenes universales y en una jurisdicción penal no diplomática. También, no es una jurisdicción de Estados, es de responsabilidad y culpabilidad individual, de no obediencia debida, de igualdad ante la ley, e imprescriptibilidad y legalidad de sus actuaciones. Ministerio Público

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UASD reconoce al procurador por Carrera del Ministerio Público y a Rector lo define como hombre probo y funcionario ejemplar

El rector de la UASD, Franklin García Fermín, entrega el reconocimiento al procurador Radhamés Jiménez Peña. Figuran en los extremos, el vice rector docente, Iván Grullón, y el ex rector de esa academia, Roberto Santana.

“Esta es la universidad del pueblo, de los humildes. Es la madre de las universidades y de los profesionales del país”, expresó el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, en sus palabras de agradecimiento por el reconocimiento que le otorgó la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que recibió de sus autoridades encabezadas por el rector magnífico, doctor Franklin García Fermín.

El Consejo Universitario, mediante la resolución 2008-079, aprobó la petición formulada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para reconocer los méritos y actitudes de amplia colaboración del doctor Jiménez Peña a favor de la universidad del Estado, quien en tal virtud recibió un pergamino de reconocimiento, un rótulo de escritorio con su nombre y el logo de la UASD, así como un libro que reseña la historia de la alta casa de estudios. La distinción tuvo lugar en un concurrido acto celebrado en el auditorio

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Ministerio Público

Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, y estuvo apoyada en los grandes aportes que, según expresó García Fermín, “ha hecho Jiménez Peña al desarrollo de la carrera del Ministerio Público y por su colaboración entusiasta y decidida con los proyectos de la academia estatal”.

El homenajeado confesó que de no haber existido la UASD, no habría podido obtener el título de Doctor en Derecho que logró en el año 1985 tras ingresar a sus aulas en 1979, pues sus limitaciones económicas, como las de la inmensa mayoría de las familias campesinas, no le permitían asistir a una

HOMBRE PROBO Y FUNCIONARIO EJEMPLAR

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Franklin García Fermín, dijo que el Consejo Universitario valoró en Jiménez Peña, para otorgarle el diploma de reconocimiento, sus méritos como hombre probo y funcionario ejemplar. “Al otorgar este tributo al brillante jurista y político, nuestra academia ha tomado en cuenta los aportes que ha hecho al ordenamiento jurídico y al desarrollo social del país, y su espíritu de superación digno de ser imitado por la juventud estudiosa de la República Dominicana”, agregó. “El reconomiento al procurador Radhamés Jiménez Peña fue hecho por su trabajo de impulsar el más vigoroso proceso de institucionalización y modernización del Ministerio Público, por la implantación del Nuevo Modelo Penitenciario que ha merecido elogio internacional y por convertir a la Procuraduría en la más transparente de las oficinas estatales”, dijo García Fermín.


sus aportes al desarrollo de la los proyectos de la academia universidad privada que para la época eran pocas y distantes.

Sus palabras de 15 minutos de agradecimiento tuvieron múltiples motivaciones y menciones, recordando por un lado, sus orígenes campesinos allá en la Sabana de los Jiménez entre La Vega y Moca, sus años de estudiantes en la UASD, su experiencia política como militante y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y su paso por la administración pública. Dedicó el reconocimiento al profesor Juan Bosch, a quien consideró la más extraordinaria figura dominicana del siglo XX, y al Presidente Leonel Fernández, a quien denominó su referente, orientador profesional, amigo y hermano. Resaltó que el reconocimiento le hace reafirmar su compromiso de seguir luchando por los mejores intereses de la nación, e igualmente señaló que la distinción le corresponde, también, a todos los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República que han trabajado para situarla en la institución pública más transparente del país.

Al acto asistieron César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Alejandro Moscoso Segarra, comisionado de Apoyo a la Reforma y Moder-

Luz Selene Plata, gobernadora de la provincia Duarte, entrega una placa de reconocimiento al procurador Radhamés Jiménez Peña.

nización de la Justicia, y los ex rectores de la UASD, Roberto Santana Sánchez y Roberto Reyna Tejada; los dos últimos integraron la mesa de honor junto a los vicerrectores Iván Grullón y Maritza Camacho; los decanos de Ciencias Jurídicas y Políticas, Santo Inocencio Mercedes, y de Humanidades, Rafael Morla, entre otros funcionarios y académicos uasdianos.

Asistieron al acto, procuradores generales adjuntos, procuradores de cortes, fiscales y personal administrativo de la Procuraduría. Asimismo, profesores y estudiantes de la UASD.

Procuradores generales adjuntos, fiscales y otras personalidades presentes en el Aula Magna de la UASD durante el reconocimiento al procurador Radhamés Jiménez Peña.

OTRO RECONOCIMIENTO También, la Gobernación de la provincia Duarte entregó otro reconocimiento al procurador general de la República durante un acto en el que también fueron distinguidos los representantes de diversos organismos del Estado, por la labor que han desarrollado al frente de sus respectivas instituciones. Luz Selene Plata, gobernadora provincial, al entregar el reconocimiento, destacó las acciones del magistrado Radhamés Jiménez para llevar dignidad a las personas privadas de libertad, en especial, citó el caso de San Francisco de Macorís, donde fue inaugurado el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, el más grande dentro del Nuevo Modelo Penitenciario. A la actividad, celebrada en un hotel de San Francisco de Macorís, asistieron diversas personalidades de la capital y de la provincia Duarte.

Ministerio Público

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XVI Asamblea General Ordinaria

Asociación Iberoamericana

de Ministerios Públicos Discurso del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna Punta Cana, República Dominicana, 9 de julio 2008.

A nombre del Gobierno de la República Dominicana, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, agradeciéndoles su comparecencia a este importante evento. Para nosotros, la celebración de esta XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en suelo dominicano, tiene un inmenso valor, sobre todo, por la oportunidad que nos brinda de consolidar las relaciones a nivel regional y fortalecer mucho más los lazos de cooperación en materia de persecución y prevención del crimen y el delito en sus diversas manifestaciones. Todos los aquí presentes reconocemos la importancia de estos foros para la discusión de los principales problemas que enfrentan nuestros países, los cuales tienen mucho más en común que diferencias a conciliar, por lo que la cooperación regional resulta de primer orden, al ser el crimen organizado tan voluble y adaptable a las nuevas formas y tecnologías, convirtiéndose en necesidad vital el estar a la altura de las características actuales de los fenómenos delictivos.

Como país entiendo que hemos venido dando los pasos necesarios para ganar legitimidad en el espacio iberoamericano, y de manera principal para consolidar la figura del Ministerio Público, reenfocando la misión de la institución y dando cabida a nuevas formas y métodos de persecución y prevención del delito.

A consecuencia de la reforma procesal penal nos hemos

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Ministerio Público

El presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, dirige su discurso en el acto inaugural de la XVI Asamblea de la AIAMP.

visto en la necesidad de tener que adaptar todo el sistema de justicia penal a las nuevas exigencias procesales y demandas constantes de una sociedad más democrática y actualizada, siendo el Ministerio Público la parte dinamizadora de ese proceso y teniendo ahora mayores responsabilidades en las tareas de investigación y persecución de los crímenes, por lo que un Ministerio Público fortalecido se traduce en un sistema de justicia más eficiente y con mayor capacidad de dar respuestas oportunas a los diferentes conflictos sociales, siendo éste uno de los principales desafíos de los Ministerios Públicos actuales, propiciando un


El presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, junto a Jorge Subero Isa, presidente de la SCJ, y Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Reino de España, atentos a unos de los discursos de inauguración de la XVI Asamblea de la AIAMP.

enfoque integral en la aproximación a dichos conflictos.

Por demás, ese proceso de democratización de la justicia implica llevar a cabo progresos significativos en cuanto al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual requiere serios compromisos y esfuerzos cuya complejidad supera los mecanismos para mejorar el acceso a la justicia, no menos importante, por lo que para consolidar la democracia y nuestros sistemas judiciales, debemos afianzar las instituciones públicas de manera tal que su norte sea el respeto a las leyes y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es mi deseo que esta oportunidad sirva para concretar propuestas que fortalezcan el posicionamiento de liderazgo de la región en el ámbito internacional, a la vez de consolidar los sistemas de persecución y prevención de los delitos, articulando esfuerzos que permitan respuestas más eficientes y adecuadas. Puedo aseverar que el gobierno dominicano se encuentra sumamente comprometido con estos procesos de institucionalización y, sobre todo, con la instalación de la Carrera del Ministerio Público en la República Dominicana. En ese sentido, el Reglamento de la Carrera, aprobado en fecha 5 de enero de 2006, constituye uno de los pasos

de mayor nivel y trascendencia en la puesta en vigencia del Estatuto del Ministerio Público, el cual crea un marco normativo que garantiza la transparencia y legitimidad del proceso de ingreso a la Carrera, y establece los criterios institucionales para su implementación. De esta forma, nadie puede ingresar al Ministerio Público sino luego de haber participado en un concurso público de oposición convocado por la Escuela Nacional del Ministerio Público, y haber pasado satisfactoriamente las evaluaciones de lugar. Del mismo modo, el ingreso a la Carrera exige que los aspirantes al primer escalafón aprueben los programas de formación diseñados por la escuela a tales fines.

Precisamente, una de nuestras metas es consolidar la Carrera del Ministerio Público a través de su reconocimiento constitucional. En efecto, la reforma constitucional se presenta como el escenario idóneo para encauzar el proceso de definición institucional del Ministerio Público y para asegurar la sostenibilidad del proceso que actualmente experimenta, además de brindar la oportunidad de constitucionalizar los principios rectores de legalidad, objetividad y unidad de actuación. En ese orden de ideas, quiero destacar el papel estelar que ha jugado la Escue-

la Nacional del Ministerio Público, institución que tiene a su cargo fortalecer el grado de conocimientos jurídicos de los miembros del Ministerio Público y de los aspirantes a miembros, por ser pieza fundamental del proceso de consolidación de la institución, asegurando profesionales altamente capacitados y comprometidos con su rol en la sociedad.

Finalmente, quiero felicitar al Señor Procurador General de República, Dr. Radhamés Jiménez Peña, por haber asumido fielmente el compromiso del gobierno dominicano con este proceso, y por la iniciativa de provocar una inserción cada vez más creciente del Ministerio Público dominicano en los espacios de cooperación regional.

No quiero dejar pasar la oportunidad para reafirmar ante esta XVI Asamblea General Ordinaria el compromiso de seguir aportando nuestro mejor empeño para mantener vigentes estos foros tan importantes para la promoción del diálogo y la cooperación regional, en cuanto a la formulación de políticas en materia de justicia penal, los cuales hacen posible la instrumentación de mecanismos para mejorar sustancialmente los procesos de investigación criminal, con énfasis en la prevención y persecución eficaz de los delitos que afectan nuestras sociedades. Muchas gracias.-

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XVI Asamblea General Ordinaria

Asociación Iberoamericana

de Ministerios Públicos Discurso del Fiscal General del Estado de España, don Cándido Conde-Pumpido, en el acto inaugural Punta Cana, República Dominicana, 9 de julio de 2008 Honorable señor Presidente de la República Dominicana Señor Procurador General de la República Dominicana Señor Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Señores Fiscales Generales de las Naciones de Iberoamérica Señor Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Señores Fiscales Jefes de Delegación Señor Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos Señores representantes de la OEA, de la Secretaría de Estado Iberoamericana, de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Queridos compañeros y amigos,

En mi doble condición de Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscal General del Estado de España, es un honor dirigirme a todos ustedes en la inauguración de esta XVI Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que, con la luminosa alegría que nos transmite el paisaje y el carácter del pueblo dominicano, vamos a celebrar en este incomparable marco que constituye Punta Cana.

En primer lugar me gustaría agradecer al Presidente de la República, honorable señor Leonel Fernández, no sólo la deferencia de presidir este acto de inauguración sino el apoyo que, me consta, se ha brindado desde la Presidencia de la República a la organización de este evento, sin el cual las jornadas de trabajo que comenzamos no serían posibles. Su presencia, señor Presidente representa el decidido apoyo que, desde sus altas funciones de Presidente de la República que nos acoge, presta a la administración de justicia y en concreto a la Procuraduría General de la República como servicio público esencial para la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el incremento de la cohesión social. La modernización y el progreso, que en estos últimos años ha experimentado la sociedad dominicana, son deudoras en gran parte de la elaboración de unas correctas directrices de política criminal orientadas desde el ejecutivo, y para cuyo desarrollo el Ministerio Público es la pieza fundamental.

Por supuesto, somos conscientes que su presencia en este acto y toda la organización de este evento no habrían sido posibles sin la entusiasta voluntad del procurador general, mi amigo Radhamés Jiménez Peña, gran defensor de

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Don Cándido Conde Pumpido en su calidad de presidente de la AIAMP, habla en la inauguración del evento.

esta asociación, quien asumió el año pasado en Madrid el compromiso de organizar la que será la primera reunión después de nuestra refundación en el 2007. Quería, por ello, expresarle al Procurador General de la República Dominicana mi agradecimiento por todo el esfuerzo realizado, tanto por él mismo como por todo su equipo, para lograr que todos estemos aquí presentes. Buena idea del éxito de la convocatoria es la presencia de 17 Fiscales Generales y la representación de todos los Ministerios Públicos que actualmente integramos la AIAMP. La entusiasta acogida de la reunión por los Fiscales Generales me indica que el camino iniciado en Madrid para impulsar el trabajo de todos los Ministerios Públicos Iberoamericanos unidos en esta asociación es un compromiso duradero


y sostenido por todos, convencidos de que nuestra interrelación no sólo es enriquecedora para las Fiscalías mismas, sino que contribuye a reforzar todo el sistema de administración de justicia de este ámbito geográfico en un camino dirigido sinceramente a tratar de mejorar el bienestar de los ciudadanos iberoamericanos.

Quiero por ello agradecer a todos ustedes no sólo su presencia sino todo el apoyo brindado a la Presidencia en la ejecución del plan bianual que durante estos escasos 9 meses hemos comenzado. No voy a entrar a analizar el trabajo realizado desde la última asamblea porque ello será objeto de mi exposición posterior, pero sí permítanme, sin caer en autocomplacencia, confesar que me siento orgulloso del rumbo que hemos tomado en nuestra asociación, que ha comenzado su nueva andadura con fuerzas e ilusión renovadas.

Decía en Madrid al presentar el plan de trabajo bianual, que la asociación, una vez constituida su nueva organización y con nueva normativa, debía centrarse en el trabajo dirigido al fortalecimiento no de la asociación misma, sino de las funciones que cada uno como Fiscales desarrollamos en nuestros países, en la idea de ejecutar nuestras responsabilidades como servicios públicos de utilidad para las sociedades a las que servimos. En este sentido, los documentos que hoy se van a presentar son la concreción de este esfuerzo que –insisto- se ha llevado a cabo en sólo 9 meses y que pretenden que entre todos, asumamos concretos compromisos de actuación muy ligados con nuestras responsabilidades en el ejercicio de la acción pública y defensa de los derechos fundamentales ante los órganos judiciales.

Recordando nuestra última asamblea, me gustaría dejar expreso mi sentimiento de pena ante la ausencia de doña Flora Adelaida Bolívar Arteaga, tristemente fallecida el pasado 14 de marzo, tras haber compartido con nosotros con su enorme entusiasmo la

reunión de Madrid. Como ya expresé en su momento, aprovecho públicamente para en nombre de toda la asociación reiterar mi pésame al Ministerio Público de Perú, hoy representado por la nueva fiscal general, doña Gladis Echaiz Ramos, a quien aprovecho para dar mi más calurosa enhorabuena y bienvenida a la asociación.

Igualmente, hoy contamos con nuevas representaciones de Fiscalías Generales, y no querría desaprovechar este momento solemne de inicio de la actividad para felicitar y dar también la bienvenida a la nueva Fiscal General de Venezuela, doña Luisa Ortega Díaz, y al nuevo fiscal general de Ecuador, don Washington Pesantez Muñoz, al igual que a aquellos otros Fiscales Generales que no pudieron estar presentes en Madrid y que, me alegra comprobar, han podido asumir personalmente su asistencia en esta ocasión: la fiscal general de Panamá, doña Ana Matilde Gómez Ruiloba; el fiscal general de Nicaragua, don Julio César Centeno.

Por supuesto, una bienvenida y agradecimiento especial debo dirigir al nuevo fiscal nacional de Chile, don Sabas Chahúan Sarrás, quien ha asumido con entusiasta voluntad el compromiso de sostenimiento de la sede de la Secretaría General Permanente de la Asociación, un elemento vital en nuestra organización que, conocida nuestra falta de autonomía económica, supone una función esencialmente relevante que todos sabemos conlleva un coste económico y funcional que debemos agradecer encarecidamente a la Fiscalía chilena y su máximo representante. Como todos ustedes saben, la Fiscalía Nacional de Chile ha nombrado como secretario permanente a don Jorge Chocair Lahsen, director de la unidad especializada de cooperación internacional y extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile, a quien públicamente reitero mi felicitación y agradezco el esfuerzo realizado en la asunción de esta función, su entusiasta disposición para la ejecución del plan bianual y toda la colaboración prestada en las comunicaciones de la presidencia con los miembros, la organización de las

comisiones de trabajo y la misma estructuración de esta asamblea.

No quiero dejar de saludar también, la presencia en esta asamblea de otras organizaciones que trabajan en los temas de la administración de justicia en el mismo ámbito geográfico. En primer lugar, debemos agradecer a la Conferencia de Ministros de Justicia, representada por su Secretario General, no sólo su asistencia sino su disposición a la colaboración económica con la asamblea. También es de destacar la presencia de la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial, la magnífica relación que venimos manteniendo los dos últimos años entre la Cumbre y la Asociación, que quedará plasmada en la asunción conjunta de un documento como las Reglas de Brasilia; es un ejemplo de la enorme potencialidad que supone el trabajo conjunto de jueces y fiscales en este ámbito; la suma de esfuerzos no puede sino contribuir a ir forjando, con pequeños logros, una comunidad jurídica iberoamericana verdaderamente integrada.

Por último me queda expresar la gratitud de la asociación a la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuyos fondos subvencionan parte de nuestra asamblea y con la que nos proponemos incrementar nuestra colaboración y, por supuesto también, a Eurosocial-Justicia, ya que gracias a su programa hemos podido constituir las comisiones de trabajo y el estudio sobre cohesión social. Para finalizar, quiero agradecerles a todos los Fiscales Generales y las delegaciones que les acompañan su presencia en esta asamblea, y la colaboración prestada a la Presidencia durante este periodo. Espero que las sesiones de trabajo que tenemos por delante sean verdaderamente fructíferas, y confío que al final de esta asamblea nuestra asociación sea no sólo más fuerte internamente, sino más útil de cara a la generación del fortalecimiento del estado de derecho en la comunidad iberoamericana para la que estamos trabajando. Muchas gracias.-

Ministerio Público

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XVI Asamblea General Ordinaria

Asociación Iberoamericana

de Ministerios Públicos Palabras del Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña Punta Cana, República Dominicana, 9 de julio de 2008 Dr. Leonel Fernández Reyna Honorable Señor Presidente de la República Dominicana Don Cándido Conde-Pumpido Fiscal General del Estado de España y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Dr. Rubén Candia Amarilla Fiscal General del Estado de la República de Paraguay y Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Don Sábas Chauán Sarras Fiscal Nacional de Chile Don Jorge Chocair Lahsen Director de la UCIEX y Secretario General Permanente de la AIAMP Señoras y señores

Que el país haya sido tomado como sede para la celebración de esta XVI Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, es un alto honor que nos alienta a continuar con el trabajo arduo que hemos venido realizando dentro del proceso de profesionalización e institucionalización del Ministerio Público. Precisamente, una de las prioridades del Dr. Leonel Fernández Reyna, Excelentísimo Señor Presidente de la República, quien nos honra con su presencia en este evento, ha sido la de apoyar firmemente los cambios que se han venido dando dentro de la institución. Es, pues, para todos nosotros, y en especial para mí como Procurador General de la República, motivo de gran regocijo el que nos encontremos reunidos hoy aquí en la inauguración de este evento de tanta trascendencia para el mundo jurídico iberoamericano, el cual entiendo se encuentra más sintonizado que nunca en la consecución del fortalecimiento de la institucionalidad y el estado de derecho.

En ese sentido, es de nuestro interés poder sentar bases sólidas para concretar los objetivos trazados en el plan estratégico para la ejecución de las metas de la Asociación en el período 2006-2010. Como todos sabemos, el tema de protección a víctimas y testigos ha sido considerado un eje prioritario de nuestro

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El procurador Radhamés Jiménez Peña en sus palabras de bienvenida a los participantes en la XVI Asamblea de la AIAMP.

trabajo, cuyo enfoque fue ya definido en el seminario celebrado en Madrid en octubre de 2007, con la responsabilidad de elaborar unos estándares mínimos de actuación de los Ministerios Públicos iberoamericanos con relación a las víctimas y testigos en el proceso penal.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que este importante esfuerzo conjunto ha puesto de manifiesto el gran compromiso que hemos asumido con la redefinición de la función social del Ministerio Público en sociedades democráticas como las nuestras, como es la de proteger y defender los intereses


de las víctimas y testigos, principales afectados por el hecho punible.

Otro de nuestros compromisos ha de ser el de fortalecer los lazos de cooperación internacional en materia jurídica, bajo el entendido de que sólo a través de mecanismos de cooperación ágiles y eficientes, podremos combatir el flagelo del crimen organizado, el cual no respeta fronteras. Debo señalar que para el Ministerio Público dominicano ha sido una prioridad el fortalecimiento de los mecanismos de asistencia a víctimas y testigos, para lo cual la conformación de equipos de investigación con instituciones u organizaciones internacionales, en determinados casos, es una necesidad importante. De ahí, que una de nuestras metas debe ser desarrollar instrumentos homogéneos que faciliten la cooperación judicial iberoamericana.

Por otro lado, la cooperación interinstitucional con otras asociaciones o entidades en materia de administración de justicia, también es vital para la adecuación de nuestros sistemas jurídicos. Las sociedades de hoy día son sociedades mucho más abiertas y globalizadas, con capacidad plena para exigir su derecho a encontrar respuestas oportunas ante los conflictos que se presentan, por lo que debemos estar a la altura de tales exigencias.

Como bien señalara el doctor Cándido Conde Pumpido, cuando tuvimos el honor de tenerlo presente en el país para la conferencia magistral “Un Ministerio Fiscal para una sociedad democrática”, el ordenamiento jurídico es un instrumento de regulación social que está vivo, en la medida en que debe acomodarse a la realidad de la sociedad a la que sirve. Todos nosotros, máximos representantes de los intereses de la sociedad, debemos tener muy en cuenta que nuestra razón de ser no es más que la de servir y defender la sociedad, la cual es cada vez más vulnerable y sensible al crimen y al delito.

Asimismo, no quiero dejar pasar por alto el tema de persecución penal estratégica. Como ustedes saben, hemos organizado un seminario paralelo so-

Fiscales generales en sesión de trabajo.

bre experiencias en persecución penal estratégica, al considerarlo un tema trascendental por ser el mecanismo más idóneo de prevención y persecución del delito del que puede auxiliarse el Ministerio Público, bajo el entendido de que la persecución penal debe contar con estrategias adecuadas que permitan, además de capturar y someter al infractor a la acción de la justicia de manera eficiente, reivindicar tanto a los sujetos involucrados como a la comunidad afectada. Asimismo, la persecución penal inteligente, al involucrar a la comunidad en la solución de los conflictos, incrementa los ánimos de cohesión social, como grado de consenso de los ciudadanos en cuanto a la percepción de pertenencia a una situación y proyecto común, lo cual, a su vez, se revierte en una sociedad más segura y democrática, objetivos que forman parte intrínseca de nuestra misión institucional.

Por último, conscientes de la importancia que reviste el intercambio de experiencias sobre el funcionamiento de los Sistemas de Justicia de Iberoamérica que permitan la solidificación del estado de derecho de nuestros pueblos, la Procuraduría General de la

República, desde nuestra gestión, ha servido de escenario para canalizarlo.

Es por esto que hemos aprovechado la ocasión que nos brinda tan ilustre escenario para presentarles formalmente el libro titulado “Ministerio Público, Políticas de Persecución Penal y Sistema de Justicia”, que recopila las experiencias desde cada una de sus competencias de personalidades como los magistrados Baltasar Garzón, Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional del Reino de España; María Dolores Fernós, ex-procuradora de la Mujer del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Alberto Binder, Experto Internacional; Isaías Rodríguez, Ex Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela; y por más, se encuentran aquí presentes algunos a los que ya considero mis amigos: don Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado del Reino de España; Francisco Dall’Anese, Fiscal General de Costa Rica; y Mario Iguarán, Fiscal General de Colombia. Sin más, les reitero nuevamente el enorme placer de tenerlos aquí, dándoles la más cordial de las bienvenidas y augurando desde ya lo fructífero de este encuentro. Muchas gracias.-

Ministerio Público

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Consideraciones Generales

AHORA CUANDO EL CASO BANINTER HA CONCLUIDO

Francisco García Rosa

Procurador Adjunto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y Fiscal Especial contra Fraudes Bancarios frankiegarciar@yahoo.es

En fecha 29 del mes de enero del año 2008, a propósito de otro caso que cursó en los tribunales de la República, dijimos lo siguiente: “No es dable el que los casos que cursan en los tribunales de la República, sobre todo si se trata de corrupción en el Estado, sean objeto de debate en los medios de comunicación. La ley veda a jueces y fiscales tal acción, incluso los profesionales de la toga y el birrete deben ser muy moderados en ese sentido.” “El autor de estas cuartillas formó parte del equipo de representantes del Ministerio Público que participó en el llamado caso Víctor Céspedes y nunca quisimos hacer comentarios públicos a ninguna de las resoluciones y sentencias dictadas en ocasión de ese caso, las cuales fueron más de siete.”. Igualmente dijimos: “Cuando no estuvimos de acuerdo con el contenido o con lo dispuesto por esas decisiones de los órganos jurisdiccionales hacíamos lo que teníamos que hacer en derecho, impugnarlas por la vía del recurso que correspondía para cada caso, fuere éste ordinario o extraordinario, de reformación o de retractación.” “Ahora, cuando se trata de un caso concluido, que adquirió el carácter de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, cualquier ciudadano, sin importar su profesión u oficio ni la función que ocupe dentro o fuera del Estado, forme o no forme parte del sistema de justicia, está en libertad de hacer los comentarios que desee en torno a ese importante documento, pues en contraste con otra decisión dictada por esa misma Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de ese mismo caso, dicha sentencia está cargada

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Ministerio Público

Los abogados José Lorenzo Fermín, Francisco Álvarez Valdez y Francisco Javier Benzán en un momento de consulta durante el juicio del caso Baninter.

de muchas dolencias, incongruencias y achaques.” (Caso Víctor Céspedes, perdiendo se gana, periódico Clave Digital, reporte extra). Lo expresado en aquella ocasión, hace algo más de seis meses, sigue siendo válido, por eso, una vez más, lo asumimos en toda su extensión, y ello refrenda la justeza de las presentes consideraciones generales, las cuales no se hicieron antes por razones de prudencia y además porque siempre es posible “obrar con razón, con ventajas, pero sin sobrepasarse”. Ciertamente, el denominado y archifamoso caso Baninter, no sólo ha pasado a ser el más importante, trascendente

y escandaloso de todos los casos que han cursado y que cursan actualmente en el sistema de justicia, sino que, sin la más mínima de las dudas, ha pasado a ser el más importante, trascendente y escandaloso de todos los procesos judiciales dominicanos de todos los tiempos y, probablemente, de los casos más importantes y emblemáticos de América Latina y el mundo. La importancia y trascendencia del caso Baninter no está dada por las condiciones intelectuales, académicas y profesionales de los defensores técnicos de los imputados, tampoco deviene por la inmensa cantidad de actuaciones procesales, por el enorme legajo de piezas y documentos ni por el cuasi inmane-


jable número de evidencias documentales, testimoniales y periciales, jamás utilizadas en algún otro proceso penal, ni siquiera debe su trascendencia e importancia el caso Baninter al origen social y económico de los procesados, quienes, según se sabe, forman parte de una oligarquía bancaria y financiera para los cuales siempre se pensó no estaban diseñados ni creados los órganos jurisdiccionales del Estado, ni sus cárceles. Además de aquellas razones, las cuales no hay que desdeñar, la importancia y trascendencia del caso Baninter tiene su origen, en lo fundamental, por la dimensión y el impacto económico, social, institucional y político que intrínsicamente el mismo entraña, pues antes, durante y después que el Banco Intercontinental, S. A., colapsara de manera total, agravando y profundizando la crisis ya existente, todo el cuerpo social dominicano resultó afectado profundamente, ya que se trataba de un banco que se exhibió durante varios años de un tamaño tres veces menor al que operaba paralelamente y en forma clandestina. El agravio y los perjuicios causados al Banco Central de la República Dominicana, a la Superintendencia de Bancos, al Baninter mismo y a cualquier otra institución pública o privada, por más millonarios que hayan sido, como en efecto lo fueron, siempre serán ínfimos si se comparan con el daño social e institucional creados y que, como una bola de nieve, en el transcurrir del tiempo aumenta, sin que podamos determinar hasta cuándo tal daño se proyectará. La razón es sencilla: ya nadie discute el hecho de que, en términos relativos, el de Baninter ha sido el fraude bancario más grande del mundo. Se está conteste en que es inconcebible un fraude tan grande en una economía tan pequeña. Los fraudes bancarios asiáticos, americanos y europeos, algunos de ellos habrán sido más grande que el fraude de Baninter si se hacen comparaciones absolutas, es decir, presentando sólo las cifras, los números y las cantidades que los banqueros han distraídos y sustraídos a los ahorristas y a las sociedades en que han ocurrido. Se impone hacer la comparación tomando en cuenta esas cifras, pero a partir del tamaño de cada economía. Si así se hace, la conclusión es única: ¡EL FRAUDE DE BA-

Los fiscales especiales contra fraude bancario Francisco García Rosa y Germán Daniel Miranda Villalona, quienes actuaron en el caso Baninter en representación del Ministerio Público.

NINTER ES Y HA SIDO EL MÁS GRANDE DE TODOS LOS FRAUDES BANCARIOS DEL PLANETA! El presente y el futuro de la República Dominicana han quedado hipotecados y no se sabe cuando ese gravamen seguirá flagelando las generaciones del porvenir, pues se trata de una tragedia y catástrofe nacional de carácter económico que todos estamos pagando, por la conducta delictiva de un puñado de ejecutivos y asesores bancarios. Frente a unos hechos tan graves que implicaron una grosera violación, no sólo de la ley orgánica del Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos, sino también del Código Penal y de la ley que prescribe y sanciona el lavado de capitales, todas las instituciones naciona-

les se ponían a prueba, sobre todo, los actores del sistema de justicia penal, a fin de que se definiera si los mismos estaban en condiciones de investigar, perseguir y sancionar a los autores del más infame crimen económico y social jamás ocurrido, y que si volviere a ocurrir algo similar, entonces tendrían razones aquellos quienes han sostenido, lo cual de entrada se rechaza, que la República Dominicana es un Estado inviable y fallido. Sólo con una drástica sanción el sistema de justicia no sólo se ponía positivamente a prueba, sino que manda una señal clara de que “la justicia es igual para todos” y de que hechos como ese no puede repetirse incluyendo, claro está, las faltas que les son atribuibles e imputables a las autoridades Monetarias y Financieras de la ocasión, cuyas Ministerio Público

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responsabilidades tampoco podemos desdeñar, pues todos los estamentos e instancias del sistema, Ministerio Público, Judicatura, Autoridades Monetarias y Financieras, se pueden poner a prueba, y la sociedad vigila para que nadie pueda flaquear. El Estado dominicano, a través de unos de sus órganos, el acusador, adoptó la posición correcta y conforme al mandato de la ley y las exigencias del cuerpo social, razón por la cual el caso Baninter fue asumido directamente por la más alta instancia del Ministerio Público, encarnada en la Procuraduría General de la República, la cual a través de unos de sus organismos especializados, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, presentó, oportunamente y con la rigurosidad necesaria, la acusación social y estatal con un carácter penal enteramente público, conjuntamente con el Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos, amén de la acción privada a cargo del Baninter en liquidación. A través de otro de sus órganos, el jurisdiccional, el Estado dio pronta y correcta respuesta, condenando a los encartados, tanto en primera instancia como en apelación. Al momento en que la Procuraduría General de la República, a través de la DPCA, asume directamente el caso Baninter, designa tres procuradores adjunto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscritos a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, como Fiscales Especiales contra Fraudes Bancarios y al director de esa instancia como coordinador general de dichos fiscales, siempre bajo el predicamento de que un caso de ese tipo, por su trascendencia, debía ser llevado y manejado por una representación del Ministerio Público de mayor jerarquía, colegiada, especializada y dedicada a tiempo completo. La Procuraduría General de la República y su Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa han venido actuando con mucha transparencia, equidad y objetividad, con estricto apego a la normatividad sustantiva y adjetiva, sin atropello de ningún tipo y con apego al debido proceso, lo mismo debe decirse de todos los tribunales, tanto los de la fase intermedia como los de la fase de juicio, tampoco nadie niega que han sido útiles el desvelo y la vigilia mantenidas por la ciudadanía a

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lo largo de todo el proceso. En definitiva, fue en fecha 9 del mes de febrero del año 2006, cuando el Ministerio Público presentó y depositó formalmente en la Secretaría del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, su requerimiento conclusivo contenido en su acta de acusación de esa misma fecha en contra de los imputados Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio Báez Cocco, Vivian Altagracia Lubrano de Castillo, Luís Rafael Álvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa, sindicándoles haber incurrido en los crímenes de ocultación, adulteración, abuso de confianza y lavado de activos, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicanos y en violación de los artículos 80, literales “d” y “e” de la Ley No. 183-02 (Monetaria y Financiera), 408 del Código Penal dominicano y 3, literales “a”, “b” y “c”, de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos. No sólo es memorable aquel día en que el Estado, a través del Ministerio Público, presentó acusación, sino también aquel día 13 del mes de octubre del año 2006, cuando el tribunal aperturó los debates y la Procuraduría General de la República leyó su acusación y pronunció su discurso de apertura, momento en el cual el país fue impactado con la más grande conmoción judicial jamás vista; los medios de comunicación transmitieron en vivo aquella audiencia para enterarse con mayores detalles y en forma más entendible cómo la sociedad, sus instituciones y todo un pueblo habían sido estafados y defraudados con más de 55 mil millones de pesos, que superaba por mucho a los fraudes de Chile y España en los años 80, a los de México en el 94, a los de Uruguay en el 99 y a los de Ecuador en el 2002. La sociedad dominicana quedó sorprendida cuando el órgano acusador presentó ante el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el desarrollo del contenido de la acusación a modo de discurso de apertura, explicando cómo los imputados Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos Antonio Báez Cocco, Vivian Altagracia Lubrano de Castillo, Luís Rafael Álvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa, montaron y estructuraron todo un sistema de registro automático que permitía al Baninter realizar transacciones fue-

ra de los libros oficiales, mediante la transferencia automática de depósitos del banco oficial (Baninter) a los libros del otro banco (no oficial), denominado Interbanco, ocultando al cierre del día el monto del sobregiro que origina dichas operaciones. Ese sistema de registro automático irregular operaba desde 1989 hasta el primer trimestre del año 2003, o sea, durante 13 años, aunque fue considerablemente ampliado a partir del año 1998. En aquel discurso de apertura, el Ministerio Público le narró al tribunal de juicio la forma en que en el Baninter se incrementaron los activos improductivos, a través de las múltiples fusiones realizadas y la colocación de recursos a empresas vinculadas y/o relacionadas, así como se invertían recursos millonarios y fuera de lo normal para el desarrollo y penetración de la marca Baninter, permitiéndole crear en todo el territorio nacional más de 100 sucursales, la más amplia y poderosa maquinaria de captación de depósitos incentivada por intereses de hasta un 36%. Se explicó qué era la llamada Cuenta de Resultados, por qué se convirtió en la cuenta zafacón y cómo fueron registrados en esa cuenta los registros históricos de los sobregiros, todo dentro del ya mencionado sistema operativo que manejaba un banco virtual. Se insistió, en aquel memorable discurso de apertura, que en el Baninter había una práctica contable muy mala y fraudulenta con la que se distorsionaron los activos, se transferían los depósitos no registrados oficialmente, se asentaban los gastos realizados durante varios años en el renglón de otros activos, y aumenta de forma ficticia la cartera de préstamos. Esa muy mala práctica contable le sirvió a los directivos de Baninter para preparar años tras años estados financieros adulterados y falsos, por eso se le explicó a los árbitros de la contestación de primer grado como, por ejemplo, en su balance oficial de activos al 31 de diciembre del año 2002 hacen constar que el Baninter tenía un total de activos por algo más de 26 mil millones, sin embargo, los ejecutivos y directivos del Baninter hacen constar tres meses después (31 de marzo 2003), en un nuevo balance, que los activos eran más de 82 mil millones, así como informaran la existencia de pasivos oficiales por 23 mil millones y los reales en 77 mil millones.


Ello quiere decir que la información dada por los principales ejecutivos y directivos del Baninter a las autoridades monetarias y financieras, a los auditores externos y al público general, no eran ciertas, que el banco que ellos manejaban no era de 26 mil millones sino de 82 mil, es decir, que se trataba de un banco algo más de tres veces mayor. Tuvieron que ajustar la cuenta de activos en libro a través del componente otros activos, donde se registraron gastos acumulados por largos años, así como castigos de préstamos y sobregiros, se distorsionó el valor registrado de la cartera y la partida de otros activos. La Junta Monetaria había resolutado el 24 del mes de marzo del año 2003, su no objeción al convenio de fusión por absorción del Grupo Progreso y Baninter, sujetando esa no objeción a los resultados del proceso de debida diligencia (due diligence), con la asistencia del Banco Central y Superintendencia de Bancos, con ello se procuraba preservar la institución dotándola de confianza y recursos frescos. El tribunal sentenciador entendió las explicaciones oralizadas del Ministerio Público del por qué la promesa de compra hecha por el Banco Progreso al Baninter, con la no objeción de la Junta Monetaria, se disolvió. Las razones principales del fracaso de ese proceso de negociación fueron evidentes: 1) un banco paralelo u oculto (Interbanco); 2) la existencia de transacciones no contabilizadas; 3) activos defectuosos no revelados por más de 55 mil pesos; 4) sobregiros e inversiones a favor de empresas vinculadas; 5) gastos no declarados, ni registrados; 6) activos reales no suficientes para cubrir pasivos; 7) diferencias entre los montos de los activos y pasivos declarados con los montos y los activos y pasivos no declarados; 8) situación compleja de insolvencia, entre otras. Las razones por la que fue disuelta la promesa de compra fueron las mismas razones por la que la administración monetaria y financiera se vio compelida a intervenir y lo hizo por resolución del 7 del mes de abril del año 2003, amén de que también se evidenció un proceso de dolarización de depósitos que consistía en la captación de pesos de manos de los clientes para comprar dólares y abrir certificados en dólares. Eso se hacía a través de Alta Financial que operaba como un banco de cam-

bio, por eso el manejo de esas operaciones se hacía fuera de libros. Esa Alta Financial era una cuenta tan fraudulenta como lo fue consultoría externa (inversiones empresariales) que al final terminaron dándole el nombre de cuenta de resultados. Un dato muy importante que fue llevado al ánimo de los juzgadores de primer grado que, como todo lo narrado, fue ventajosamente probado, fue el hecho de que Baninter insinuaba años tras años supuestas utilidades y no era así. Años tras años Baninter lo que tenía era pérdidas, acumulándose pérdidas históricas por más de 48 mil millones, las cuales se financiaban con los depósitos del público, que al final tales pérdidas, por más que se ocultaban, debieron de estallar, como en efecto estallaron con una escandalosa crisis. La Procuraduría General de la República explicó, y cuando le tocó probar lo probó, que el proceso fraudulento en Baninter abarcaba varios años, pero que los mayores niveles de ese fraude tuvo lugar en el primer trimestre del año 2003. Se le hizo saber a los jueces, con pruebas a borbotones en las manos, bien recopiladas, acreditadas e incorporadas, que entre enero y marzo de ese año, las operaciones fraudulentas fueron cuantitativas y cualitativamente superiores a las de los últimos 20 años; se insistió que la pregunta que habría que hacerse no era ¿qué fue lo que ocurrió en ese primer trimestre del año 2003?, sino ¿qué fue lo que no ocurrió?

el costo de las altas tasas de interés pagadas por los depósitos captados acumulara una exorbitante suma, superior a los 28 mil millones, representando cerca del 60% de los pasivos. El fenómeno de los gastos generales también era descomunal: más de 6 mil millones, incluyendo los gastos de publicidad que acumularan más de 3 mil millones. El país se le recordó a los jueces, es testigo de excepción de la maquinaria publicitaria montada por el Baninter a nivel nacional y por todos los medios para promover la marca Baninter y para promover actividades artísticas, deportivas y sociales impropias de una entidad de intermediación financiera y a un elevado costo. En el período señalado, trimestre enero-marzo 2003, hubo una enorme eliminación de sobregiros, adelantos, cartas de créditos, préstamos especiales y confidenciales. Se explicó -con sobrada razón- que no era que se borraban o tachaban, sino que se eliminaban con artificios contables a todas luces fraudulentos. Las personas físicas y morales favorecidas con créditos que aumentaban la llamada Cuenta de Resultados eran fundamentalmente vinculadas y/o relacionadas, y la suma de esos créditos fraudulentos fue también friolera: más de 16 mil millones. No sólo los juzgadores, sino el país quedaron boquiabiertos cuando el órgano acusador exponía los nombres de las empresas favorecidas y las cantidades de dinero regalados en perjuicio del Baninter y sus depositantes bajo el artificio de créditos que después fueron eliminados a través de memorandos y notas de débitos.

No es válido, y debe siempre ser rechazado con toda vehemencia, la tesis absurda por demás, de que la crisis del Baninter, su iliquidez, insolvencia y su colapso se produjo como una consecuencia del conflicto existente entre el primer ejecutivo de la nación de entonces y el presidente del Baninter, a propósito de la querella presentada por esa institución bancaria contra un coronel del Ejército, encargado de la avanzada militar del presidente de la República; un querellamiento que fue presentado en el mes de septiembre del año 2002 y retirada en el mes de diciembre de ese año, por razones muy particulares.

A Bankinvest Puesto de Bolsa, por ejemplo, se le habían otorgado créditos por 3,884 millones y de un plumazo le fueron eliminados. La forma en que se le otorgó esa cantidad en préstamos fue irregular y fraudulenta, pero la forma en que le fueron eliminados dichos créditos fue más irregular y fraudulenta aún. A Bearpark y/o Listín Diario, se le otorgaron créditos que ascendieron a 1,991 millones y esa cantidad fue eliminada de la misma forma ya explicada y cómo se hizo con el Grupo Intercontinental a quien se le eliminaron 1, 340 millones de pesos.

El Ministerio Público se empleó a fondo para explicar y hacer entender a los juzgadores que la tasa de interés pagada por el Baninter era muy alta, a veces hasta un 36%, como ya se dijo; por eso

Se le detallaron, con nombres y sumas, a los juzgadores de primera instancia más de 68 casos de eliminaciones fraudulentas y de todas, las pruebas fueron aportadas, con lo cual quedó Ministerio Público

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de que los tipos penales no le fueron acogidos, dos de los imputados habían sido descargados. En la Corte de Apelación el debate fue eminentemente jurídico y técnico, ya los hechos que habían sido probados en primer grado nunca habían sido cuestionados ni puestos en dudas en apelación. Allí habría de establecerse si los hechos narrados y probados por la acusación, y la mayoría de ellos admitidos por los imputados, se correspondían o no con los tipos penales que aparecen en la Ley Monetaria y Financiera, que son la ocultación y la adulteración, así como los tipos penales referidos al abuso de confianza y lo que aparecen descritos en la ley de lavados de activos. La tesis del Ministerio Público, finalmente, fue acogida. Después de un mes de debates y discusiones en la Corte de Apelación, ésta evacuó una decisión muy justa y atinada, acogiendo plenamente el predicamento y la posición del Ministerio Público respecto de los tipos penales, condenando a dos de los cuatro imputados por violación a la Ley Monetaria y Financiera, por violación a la Ley de Lavados de Activos y por violación al Código Penal (art. 408); a uno por violación a la Ley Monetaria y Financiera, y por violación al Código Penal (art. 408); y al otro por violación a la Ley de Lavados de Activos.

La composición fotográfica recoge distintos momentos del juicio que se le siguió a los condenados por el fraude del Banco Intercontinental (Baninter).

demostrado cómo en tan solo tres meses los imputados, en especial Ramón Buenaventura Báez Figueroa y Marcos Antonio Báez Cocco, dispusieron de 16 mil millones de pesos, enviando esa suma de dinero al zafacón, que no era otra cosa que la Cuenta de Resultados, artificio y engendro contable creado sólo para el fraude. Esas eliminaciones de sobregiros y préstamos fraudulentos a favor de vinculados no sólo se hizo en moneda nacional, sino también en dólares. En fechas 12 y 21 de marzo, siempre dentro del referido trimestre, a través de Alta Financial y la cuenta Consultoría Externa se hicieron operaciones de ese tipo por más de 172 millones de dólares. Al final del discurso de apertura y antes de entrar en los detalles del caso, la Procuraduría General de la República resumió el asunto y dijo al tribunal: “Honorables magistrados, distinguidos jueces, le hemos avanzado en forma expedita lo que será muy fácil detallar y probar con creces cuando sea menester”. ¡Así fue y así ocurrió! Concluido el juicio en primer grado se emitió una sentencia condenatoria que acogió todo el contenido y el alcance de los hechos narrados por el Ministerio Público en su acusación. Sin embargo, se produjo un gran distanciamiento entre la acusación y la sentencia evacuadas, no sobre los hechos, los cuales fueron totalmente probados según lo refiere la misma sentencia, sino al momento en que el tribunal subsumió esos hechos en la normativa legal aplicable. Fue, precisamente, en ese esfuerzo intelectivo donde el tribunal de primer grado desechó la calificación jurídica que, de manera provisional, le había otorgado a los hechos el Ministerio Público. Era evidente que frente a una decisión como esa, el Ministerio Público optara por impugnarla vía apelación, pues, amén

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Las demás partes que informan el proceso de manera apresurada optaron por recurrir en casación la resolución de la Corte de Apelación y apoderaron de su recurso a la honorable Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Los actores civiles (Banco Central, Superintendencia de Bancos y el Baninter en liquidación), cuestionaron, a través de diversos medios y motivos, la decisión del tribunal de segundo grado, lo mismo hicieron los imputados. El Ministerio Público fue cauto, no cuestionó ni impugnó la decisión de la Corte de Apelación, muy por el contrario, salió en su defensa, produciendo un extenso escrito mediante el cual le impetraba a la Corte de Casación la necesidad de que esa sentencia sea confirmada en todas sus partes. En efecto, en fecha 8 del mes de julio del año en curso, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, dictó la resolución No. 2085-2008, contentiva de un decreto de inadmisibilidad, sobre todos los recursos de casación interpuestos por todas las partes que habían recurrido, con lo cual quedó confirmada en todas sus partes la sentencia No. 052-TS-2008, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha 17 del mes de abril de este año, razón por la cual es válido decir que, hoy por hoy, el caso Baninter, como proceso judicial, ha quedado totalmente juzgado, fallado y cerrado, quedando pendiente sólo la ejecución de la sentencia declaratoria de culpabilidad y condena, no quedando nada pendiente por estatuir y cualquier supuesto recurso devendría en inadmisible por irrecibible. ¡Para bien de todos, en el caso Baninter todo se ha consumado!.

---------------------------------------------(*) El autor es magistrado del Ministerio Público, actualmente ocupa las funciones de Primer Procurador Adjunto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y Fiscal Especial Contra Fraudes Bancarios, adscrito a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) de la Procuraduría General de la República.

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DPCA se anota otro tanto en lucha contra la corrupción La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) se anotó un tanto a su favor en la lucha contra la distracción de los fondos del Estado, al lograr que la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, Karen Mejía Pérez, dictara apertura a juicio en contra del ex jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), general (r) Virgilio Sierra Pérez, y dos coroneles retirados implicados en la distracción de cuatro turbinas, una de las cuales fue vendida a la Fuerza Aérea de Colombia.

El expediente acusatorio indica que en la FAD, además de comercializar de manera ilegal tres turbinas de aeronaves militares, se registraron “distracciones” de otras piezas, incluso de tres aviones incautados al narcotráfico y que fueron desmantelados para esos fines.

La jueza admitió en su totalidad los cargos que contra el citado grupo presentó la DPCA.

El expediente indica que esas personas compraron de buena fe, por lo que solo fueron citadas como testigos.

El expediente precisa que esos hechos ocurrieron entre el 2002 y el 2004 durante la gestión de Sierra de Pérez en la FAD.

El expediente precisa que de las tres turbinas que fueron distraídas, una fue vendida a un costo de 70 millones de dólares a Ricardo Rojas en Colombia para la Fuerza Aérea Colombiana, y otras dos a Tom Lotterman en Miami, quien aún retiene las máquinas.

Los enviados a juicio de fondo, además de Sierra Pérez, son Luis Benito Peralta Vásquez y Eldito Méndez Casanova, acusados de vender dos turbinas de avión a la Fuerza Aérea colombiana, por un monto de 75 mil dólares.

Los cargos aceptados contra ellos son prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y estafa, en perjuicio del Estado dominicano, sustracción de fondos públicos y complicidad en

El procurador general adjunto Octavio Líster, director de la DPCA.

violación a los artículos 166, 167, 171 y 171 del Código Penal y el 102 de la Constitución.

Dicho expediente indica que además fueron vendidos dos generadores de aviones A37B de la FAD, los cuales “fueron a parar a un alegado museo en Nueva York.

Procuradores generales de cortes y fiscales en el acto de apertura del sistema de denuncias de casos de corrupción de la DPCA. Se destacan, el fiscal de La Vega, José Ramón Santos Sirí; Leonel Sosa Taveras, procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Moreidy Gómez, de las Matas de Farfán, y Pedro Mateo Ibert, de San Juan de la Maguana.

H0toniel Bonilla, representante del Ministerio Público en el juicio de las turbinas de la FAD y de otros casos especiales de la DPCA.

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NNA realiza jornada de fortalecimiento en atención integral para adolescentes

Patxi López, jefe del Servicio de Justicia Juvenil del País Vasco de España, habla en la inauguración del taller, acompañado del procurador Radhamés Jiménez; Kirsys Fernández, presidenta del CONANI; Marisol Tobal, coordinadora nacional de NNA, y el general Cresencio Jácquez, director de la Policía NNA.

Elvis Paredes Director de Comunicaciones de la ENAP elvis524@hotmail.com

La Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal desarrolló una jornada de intercambio de experiencia, elaboración de propuestas y revisión de los avances en torno a los programas que debe ejecutar esa dependencia del Ministerio Público Especializado de Niños, Niñas y Adolescentes.

La actividad organizada por la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia que dirige la procuradora general adjunta Marisol Tobal, se llevó a cabo durante cinco días del pasado mes de julio en los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público, a los fines de dar cumplimiento a los compromisos y las exigencias establecidas en el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Fundamentales de los NNA en la República Dominicana, según lo destacó en su discurso de cierre el máximo

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representante del Ministerio Público, Radhamés Jiménez Peña.

El magistrado afirmó que la Procuraduría General de la República que dirige desde agosto del 2006 se siente orgullosa de cumplir con el compromiso impostergable de trabajar incansablemente por la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Sostuvo que el intercambio de experiencias, la elaboración de propuestas y la revisión de los avances en torno a los programas que tiene que ejecutar la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal es parte esencial de su fortalecimiento.

Saludó la presencia nueva vez en el país, del señor Patxi López, jefe del Servicio de Justicia Juvenil del País Vasco de España, quien suscribió un acuerdo de cooperación con República Dominicana para intervenir en los programas de atención a los adolescentes.

Agradeció, además, la presencia de

las consultoras costarricenses, Ada luz Mora y Kattia Gómgora, por los esfuerzos conjuntos y la colaboración que han realizado en el proceso de fortalecimiento de las instituciones que forman parte del Sistema de Justicia Juvenil.

“Es propicia la ocasión para expresar nuestro agradecimiento por su alto espíritu de cooperación al país, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y al Ministerio de Justicia de Costa Rica, ya que estos organismos internacionales han sido aliados estratégicos en todo el proceso de capacitación del Ministerio Público especializado de niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo han contribuido al fortalecimiento de la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal”, significó el procurador general de la República.

También resaltó el papel desempeñado por el Consejo Nacional para la


Niñez y la Adolescencia (CONANI), en la persona de su presidenta ejecutiva, licenciada Kirsys Fernández de Valenzuela, por su cooperación, así como el esfuerzo histórico y memorable que ha realizado en todo el proceso de fortalecimiento del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

presentacion del Poder Judicial, y Ada Luz Mora, del Comisionado de Justicia, entre otras personalidades.

La jornada fue dirigida a los ministerios públicos que laboran en los Centros de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de Najayo en San Cristóbal, Santiago, San Francisco de Macorís, del Instituto Preparatorio de Niñas de Santo Domingo, del Centro de Evaluación y Referimiento del Menor (CERMENOR) y el Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio Álvarez de La Vega.

Marisol Tobal

De su lado, la magistrada Marisol Tobal, encargada de la Coordinación Nacional de NNA y Familia, hizo un recuento del proceso de aplicación de la Ley 136-06 (Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes) que crea el Ministerio Público Especializado para ese importante sector de la sociedad.

Explicó que la Coordinación Nacional de NNA es el órgano de la Procuraduría General de la República encargado de programar y ejecutar todas las acciones del Ministerio Público en materia de niñez y adolescencia a nivel nacional. Sostuvo que esa dependencia ejerce una función de rehabilitación en la conducta del adolescente en conflicto con la ley penal.

Indicó que la creación de la referida dependencia se realizó con un criterio institucional y de seguimiento a políticas públicas de prevención, protección integral y cuidado de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

Marisol Tobal

Asimismo, agradeció la colaboración permanente que ha tenido la Escuela Nacional del Ministerio Público en la persona de su director general, licenciado Ramón Núñez.

En el acto de clausura participaron además del magistrado Jiménez Peña, Tad Palac, representante de UNICEF en el país; Milagros Pichardo en re-

De igual modo, los Jueces de Control de Ejecución de la Pena de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, los magistrados Francisco Pérez Lora, del Distrito Nacional, Rosa A. Rodríguez Nina, Vinicio Abreu y María Eunice Espinal, de la Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia Santo Domingo, así como representantes del Ministerio Público Especializado de NNA.

En representación de UNICEF participó la doctora Dorina López; por CONANI, el doctor Ángel Luís Álvarez; la Consultora en materia Especializada de NNA, Jaiser Bera, y el licenciado Eddy Skinner Ozuna Martínez.

Parte de los magistrados y otras personalidades a quienes estuvo dirigido el taller.

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En San Juan se trabaja con un Ministerio Público saneado y actualizado

Ciencia y compromiso se unen para combatir el crimen y servir a la sociedad El magistrado Mateo Ibert destaca formación de los fiscales a través de la ENMP

El procurador fiscal Pedro Antonio Mateo Ibert, y sus fiscales adjuntos, Francis Bidó Matos, Salín Valdez Montero, Celestino Geraldino de la Rosa, Luis Diney Ramírez y José Bello Orozco.

El procurador fiscal del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, Pedro Antonio Mateo Ibert, consideró que el Ministerio Público en esa jurisdicción es un órgano completamente saneado y activo, tras haberlo recibido en estado aberrante y calamitoso de manos de las pasadas autoridades.

Expresó que al iniciar su gestión, tuvo que proceder a rescatar los cuerpos de delito que estaban en manos de particulares, incluyendo miembros del Ministerio Público anterior, “a los cuales tuvimos que emplazar para que devolvieran esos instrumentos y documentaciones.”

Otra de sus acciones fue cortar la costumbre que tenían los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que en contubernio con fiscales de la gestión anterior, “se quedaban con el dinero que era incautado en los allanamientos a los narcotraficantes y distribuidores de drogas y sustancias controladas, pasando este dinero a partir de la gestión que encabezamos, a ser parte del expediente como cuerpo de delito productor de la venta ilegal de estupefacientes,

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para luego ser incautado y llevado donde lo establece la ley que rige la materia.

Aseguró que el éxito en el manejo de los casos penales ha sido de un 95 por ciento, destacando el dominio que han tenido los fiscales adjuntos en la aplicación del Código Procesal Penal, preparando en forma más efectiva las acusaciones, pero respetando siempre el debido proceso.

“Ello tiene que ver, sin lugar a dudas, con la preparación académica que han recibido de la Escuela del Ministerio Público, conocimientos que han venido reforzando a través de nuestras propias actividades formativas y que hemos instruido para que se trabaje de manera técnica y científica, vale decir, sin improvisación, recurriendo a estrategias de compromiso y metodología de investigación”, expuso.

A su juicio, los fiscales de ese distrito judicial trabajan de manera coordinada y organizada, consciente de que la mejor ciencia es la investigación y la mejor planificación es el seguimiento.


Lucha contra el crimen “Hemos sido duro en el combate a la criminalidad, al solicitar penas para sancionar los hechos punibles cometidos por los ciudadanos enjuiciados por infringir las normas legales establecidas en la sociedad, sobre todo en los casos de droga, robo calificado, homicidios, violaciones sexuales y de violencia contra la mujer, así como el abuso contra los menores de 18 años; pero siempre respetando los derechos inalienables de cada ciudadano como ser humano”, expresa el procurador fiscal de San Juan.

El magistrado Mateo Ibert expone que para nadie es un secreto que hasta el año 2004, “aquí en el Distrito Judicial de San Juan no se combatía el narcotráfico, pues siempre se le daba un manejo político, lo que convertía en cómplices al Ministerio Público y agentes antinarcóticos, los primeros por darle un manejo politiquero, y los segundos por aprovecharse de esa situación para hacer su agosto en cualquier época del año, al dejar de perseguir a los distribuidores y narcotraficantes de drogas prohibidas”. Expresa que aunque los nuevos esquemas indican que la criminalidad no se combate metiendo mucha gente presa, el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Distrito Judicial de San Juan logró en estos cuatro años, combatir con firmeza el narcotráfico y el crimen organizado, al punto que ha tenido que solicitar el envío de reclusos preventivos a otras cárceles, por el cúmulo de personas detenidas por violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Agrega que en un momento en que los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en San Juan de la Maguana no estaban haciendo el trabajo de combate al narcotráfico y distribución de estupefacientes, la Fiscalía haciendo uso de sectores externos, se auxilió de miembros del Ejército Nacional para poder desmantelar los puntos de drogas, específicamente el que tanto dolores de cabeza ocasionaba a la barriada del matadero, ubicado en la calle 12 de Julio, detrás del matadero municipal, lo que provocó un

escándalo a nivel nacional, y un gran revuelo en la sociedad sanjuanera, llevándose de paro a los integrantes de la DNCD que en ese momento prestaban servicio en esta comunidad.

Sentencias que hablan del trabajo

El procurador fiscal de San Juan enumera cerca de 50 sentencias condenatorias, que según señala hablan del gran trabajo desarrollado por el Ministerio Público en esa demarcación, en función de lo que disponen las leyes, en especial la 76-02 (Código Procesal Penal).

Entre ellas están:

1.- Yonaisi Alcántara Pérez, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

2.- José Alberto Guzmán (a) Buloya, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario.

3.- José Antonio González Morillo, condenado a cinco años de reclusión mayor por violación sexual.

4.- Jesús Bautista Rodríguez, condenado a cinco años de reclusión menor por golpes y heridas que produjeron lesiones permanentes. 5.- Tomás Valdez Méndez (a) Betico, condenado a 30 años de reclusión mayor por asesinato en masa, al quemar encerradas con candado en la comunidad de Jínova, a dos mujeres y un hombre por celos.

6.- Anatalio Vargas, condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 250 mil pesos por el delito de trata de personas. Inicialmente fue condenado a 10 años, pero la Cámara de la Corte de Apelación le rebajó la condena a solo dos años. 7.- Yeison Montero Montero, condenado a 30 años de reclusión mayor por asesinato.

8.- Isidro de la Rosa Jiménez, condenado a 10 años de reclusión mayor por violación sexual. 9.- Guillermo Soto Jiménez (a) Memito, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

10.- Geraldo Aquino Luciano, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

11.- Guillermo Martínez Lebrón (a) Negro, condenado a cinco años de reclusión mayor por robo con violencia.

12.- Inoel Pérez Aquino (a) Fofito, condenado a cinco años de reclusión mayor por robo con violencia.

13.- Juan Suero Suero (a) Holguín, condenado a cinco años de reclusión mayor por robo en casa habitada, de noche y con fractura (robo calificado). 14.- José Alberto Lara Veras, condenado a cinco años de reclusión mayor por robo con violencia.

15.- José Luis de los Santos Castro, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

16.- Junior Alexis Cohen Veras (a) Manao, condenado a 10 años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

17.- Kelvin de la Rosa Corcino y Yudí de la Rosa, condenados a 10 años de reclusión mayor cada uno, por homicidio voluntario.

18.- Leudis Berigüete Encarnación, condenado a cinco años de reclusión mayor por violación sexual.

19.- Erody Lebrón Vicente, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario. 20.- Angel Matos Montilla (a) Mimí, condenado a 10 años de reclusión mayor por violación sexual a una menor.

21.- Nelson Jiménez Mesa, condenado a ocho años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

22.- Francisco D’ Oleo Montero (a) Lucas, condenado a cinco años de reclusión menor por haber ocasionado golpes y heridas que causaron la muerte.

23.- Miguel Angel García, condenado a cuatro años y siete meses de reclusión mayor por sustracción de una menor. 24.- Franklyn Michel (a) El Africano, condenado a cinco años de reclusión mayor por robo con violencia.

25.- José Damián Matos López, condeMinisterio Público

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RELACIÓN ENTRE FISCALIA y SOCIEDAD El magistrado Pedro Antonio Mateo Ibert señala que con el objetivo de prevenir la delincuencia, “realizamos reuniones con los propietarios de discotecas, bares y colmadones del municipio de San Juan de la Maguana, para así impedir la entrada de menores de 18 años a estos negocios de expendio de bebidas alcohólicas, y los exhortamos a impedir la entrada de personas armadas a los mismos para prevenir hechos de sangre”.

De igual forma agrega que se llevaron a cabo reuniones con los directores de colegios privados y liceos público de la zona, con los cuales coordinó la prohibición de los llamados lanzamientos de promociones estudiantiles en discotecas y bares, ya que la mayoría de los alumnos son menores de 18 años, cosa que según dijo, logró con el apoyo de la población de San Juan de la Maguana.

“No nos hemos limitado a combatir el delito sino también a la prevención, y para ello, durante el año 2007 específicamente, realizamos reuniones con todas las Juntas de Vecinos de los diferentes barrios de San Juan de la Maguana, en aras de coordinar acciones conjuntas con los líderes comunitarios, para entre todos, Policía, Ministerio Público y comunidad, garantizar mayor seguridad a la ciudadanía”, apunta

Destaca que siempre ha contado con la colaboración de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con los medios de comunicación

nado a cinco años de reclusión mayor por homicidio voluntario.

26.- Nelson Alexander, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario. 27.- David Poche Consuegra y Humberto Lagares, condenados a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

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Ministerio Público

y los sectores organizados de la sociedad sanjuanera.

Medios y reconocimientos

“Desde el inicio de nuestra gestión en agosto del año 2004, nos propusimos mantener una buena relación con todos los medios de comunicación, con los periodistas y comunicadores en general, sabiendo el papel importante que desempeñan en nuestra sociedad, y por qué no decirlo, en todas las sociedades del mundo”, expresa Mateo Ibert.

Sostuvo que esas relaciones armoniosas se han mantenido sin tener que poner una mordaza a la libertad de prensa, logrando, como funcionario, que la población esté informada de todas las acciones desarrolladas por el Ministerio Público durante estos cuatro años.

Tributo a la mujer

Mateo Ibert señala que en honor a la gran labor que desarrolla la mujer de San Juan de la Maguana, en el mes de marzo de este mismo año 2008, reconoció a 25 damas destacadas de ese distrito judicial, entre las que citó, funcionarias gubernamentales, dirigentes campesinas y comunitarias, empresarias y regidoras, quienes han hecho grandes aportes a la sociedad.

A comunicadores

“En el mes de abril del este año 2008, la Fiscalía reconoció el trabajo loable y destacado de tres grandes periodistas de San Juan de la Maguana, pilares de los medios de comunicación

en nuestra sociedad: Rubén Zabala Moreta, Cassandro Fortuna Sánchez y José Alcántara, este último síndico del municipio de Juan Herrera.

Aspectos educativos

Mateo Ibert recuerda que con el objetivo de que los fiscales adjuntos y fiscalizadores del Distrito Judicial de San Juan tuvieran una mejor preparación para sostener las pretensiones penales en los tribunales, en los casos de acción pública, y de acción pública a instancia privada, la Procuraduría Fiscal organizó varios cursos y talleres de preparación del Ministerio Público, entre ellos, uno sobre las “Medidas de Coerción en el Proceso Penal, y otro sobre “Teoría del Delito y Oratorio Forense.

“También realizamos un taller sobre cómo preparar las acusaciones en el proceso penal (acusatorio y adversarial), para que todos los fiscales puedan definir la teoría del caso, partiendo de teorías fáctica, jurídica y probatoria, que puedan analizar sus casos con profundidad para que el delito imputado al justiciable se ajuste (se subsuma) al tipo penal (artículo) adecuado”, puntualiza el procurador fiscal de San Juan. Entre los casos importantes que todavía se conocen en la Fiscalía del Distrito Judicial de San Juan, se encuentran el caso seguido al ex – banquero Leonel Almonte Vásquez, cuya próxima audiencia se conocerá el 11 de agosto del año 2008 en el Tribunal Colegiado.

28.- Darío Berigüete, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

31.- Ramón D’Oleo, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario.

30.- Dominga Morillo, condenada a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

33.- Carlos Suero Mejía, condenado a 20 años de reclusión por homicidio voluntario (reincidente).

29.- Carlito Morillo, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

32.- Milciades Ferreras, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario.


El procurador fiscal, Pedro Antonio Mateo Ibert, junto al personal administrativo, Gilberto Mateo, Nancy Herrera, Mariano Valenzuela, Narayana Báez, Vicente Rodríguez Sánchez, Elizabeth Acosta, Laura Pérez Paniagua y Ramona Mateo Bugue.

34.- Manuel Paniagua, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

35.- Milanés Sánchez y Carlos Cuello, condenado a 20 años de reclusión mayor, el primero, y el segundo a 15 años de reclusión mayor, ambos por homicidio voluntario.

36.- Domingo Bueno Contreras, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario (mató a su esposa).

42.- Wilpido Montero, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

45.- Papo Fredili y Blanco Beyson, condenados a 10 años de reclusión mayor cada uno por violación sexual a una menor.

44.- Esterlin Ramírez, condenado a 15 años de reclusión mayor por homicidio voluntario.

47.- Alexander Molina, condenado a cinco años de prisión por tráfico y distribución de drogas.

43.- Freddy Galván, condenado a 10 años de reclusión mayor por homicidio voluntario.

46.- Juan Burgos y Víctor Javier, condenados a cinco años de reclusión mayor cada uno por robo calificado.

37.- Eliezer Valdez y Miguel Castillo, condenados, el primero a 30 años de reclusión mayor, y el segundo a 20 años, por asesinato y homicidio. 38.- Carlos Sánchez, condenado a dos años de prisión por sustracción de una menor de 18 años.

39.- Mártirez de los Santos y Nancy Amador, condenados, el primero a cinco años de prisión y la segunda a tres años, ambos por maltrato a una menor. 40.- Pablo Martínez y Zaida Martínez, condenados a 10 años de prisión cada uno por tráfico y distribución de drogas.

41.- Francisco de los Santos, condenado a tres años de prisión y una multa de tres salarios mínimos por agresión sexual a una menor.

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Comisión de fiscales laborales en Rhode Island, E.U. Una comisión de fiscales laborales realizó una visita con carácter oficial a la ciudad de Providence, Rhode Island, con la finalidad de familiarizarse con las instituciones municipales y judiciales de ese Estado y realizar un estudio comparativo de ambos sistemas, que tienen la responsabilidad de administrar justicia dentro del sistema anglosajón.

La recepción de los miembros de esta delegación conformada por las fiscalizadoras laborales Julisa Glorivy Hernández y Luisa María Ramírez estuvo a cargo del alcalde de la ciudad de Providence, David N. Cicilline. Luego, los abogados dominicanos participaron en una sesión de reuniones con funcionarios del Ministerio Público de Providence y el Consejal León Tejada, donde se discutieron las áreas del derecho en las cuales tienen jurisdicción los fiscales, las diferencias procesales de ambos sistemas, así como el avance obtenido en el Código Procesal Penal. Posteriormente, las integrantes de la comisión sostuvieron un encuentro con la representante señora Grace

Las fiscales laborales Luisa María Ramírez y Julisa Glorivy Hernández junto al señor David N. Cicilline, alcalde de Providence, tras recibir un reconomiento.

Díaz, donde se resaltó la labor de los funcionarios del Ministerio Público como órgano defensor de la sociedad y la importancia de la mujer en el desarrollo de la nación. Al final de la

visita, las fiscalizadoras fueron reconocidas por el trabajo realizado para desarrollar y fortalecer los lazos entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

ca, doctor Radhamés Jiménez Peña, y la magistrada Gisela Cueto, mostraron gran empeño para lograr esta extradición para que el caso pueda ser ventilado por la justicia dominicana.

nen desde el 4 de mayo de 1981.

Autoridades españolas entregan dominicano pedido en extradición por la Procuraduría La Procuraduría General de la República logró que las autoridades judiciales de España extraditaran al dominicano Alexander Pérez Morillo, imputado por haber dado muerte a Jhonny Mateo Valdez.

Alexander Pérez (Alex Quirique), quien escapó hacia España, está acusado de violar los artículos 295 y 305 del Código Penal dominicano.

El hecho se produjo en el colmado Baret, ubicado en la calle Simón Bolívar esquina calle 7, Barrio Nuevo, de los Frailes II en Santo Domingo Este, en fecha 26 de enero del año 2006. El procurador general de la Repúbli-

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Ministerio Público

En ese sentido, el 1 de noviembre del pasado año 2007, solicitaron la extradición al Reino de España de Alexander Pérez, siendo ejecutada el pasado 5 de junio, fecha en que fue entregado a las autoridades dominicanas.

La labor de extradición de Pérez Morillo fue ejecutada por las autoridades de la INTERPOL en República Dominicana y el Reino de España mediante un Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal que mantie-

Este caso es considerado como un nuevo logro dentro de las acciones puestas en marcha por el procurador Radhamés Jiménez Peña en materia de extradición. El primero fue el de Gabino Molina Flores (Wascar), entregado en extradición por el Reino de España en marzo del pasado año.

Gabino Molina Flores huyó a la nación española luego de matar de un tiro en la cabeza al cabo de la Marina de Guerra, Julio Antonio Vargas de Jesús; herir a su novia Betania Ramírez Bautista, y a un menor de 12 años. Estos hechos se registraron el 2 de enero del año 2005.


Lo laboral mantiene en estado lo penal El Artículo 711 del Código de Trabajo establece que “en los casos de infracciones conexas a litigios en curso ante los tribunales de trabajo, la acción pública queda sobreseída hasta que dichos tribunales, es decir, los de la jurisdicción de trabajo, decidan definitivamente”. Todos conocemos la máxima en derecho de que lo penal mantiene en estado lo civil, situación ésta que resulta a la inversa cuando hay un litigio que se está conociendo al mismo tiempo por un tribunal de trabajo y, por otra parte, conociéndose también por ante la jurisdicción penal, en donde lo que hay que postergar es el conocimiento del proceso penal. El Artículo 711 del Código de Trabajo establece que “en los casos de infracciones conexas a litigios en curso ante los tribunales de trabajo, la acción pública queda sobreseída hasta que dichos tribunales, es decir, los de la jurisdicción de trabajo, decidan definitivamente”. Me llama la atención la mala interpretación -si se quiere- al respecto en cuanto a la regla; y en alusión a lo que establece este artículo (711 del Código de Trabajo), abogados solicitan muchas veces el sobreseimiento de la acción penal, ya sea ante un tribunal ordinario o de un juzgado de paz, en ocasión del conocimiento de una infracción penal laboral so pretexto de tener un litigio conociéndose concomitantemente en el tribunal de trabajo. Si bien es cierto esta regla: “Lo laboral mantiene en estado lo penal”, la misma solo resulta cuando se dan las situaciones siguientes: 1º. Que se refiera a una infracción penal laboral prevista y sancionada por el Código de Trabajo; veamos el siguiente ejemplo a modo de ilustración: “Si a un trabajador se le conoce un proceso ante la jurisdicción penal por éste haberle ocasionado golpes y heridas a su empleador, en este caso bajo ninguna circunstancia el trabajador puede pretender que el tribunal penal sobresea

José Fernando Rivera Amézquita Procurador Fiscal Penal Laboral del D.N. joserivera172@hotmail.com jose_rivera@set.gov.do

el proceso que se le sigue, por el hecho de haber entablado una demanda por la jurisdicción de trabajo por despido injustificado, ya que esta infracción penal que cometió en contra de su empleador y por la cual está siendo enjuiciado por la jurisdicción penal, no es una infracción de las previstas por el Código de Trabajo”. 2º. Que haya conexidad, es decir, entre la infracción penal laboral que se le sigue por ante la jurisdicción penal y el litigio que se esté ventilando ante la jurisdicción de trabajo. Es el caso de una infracción penal laboral que se está conociendo por ante el juzgado de paz en ocasión a la violación de una disposición legal del Código de Trabajo, por la cual la Secretaría de Estado de Trabajo, por medio de un inspector, levanta un acta de infracción a un empleador por el hecho de no pagarle las vacaciones a sus trabajadores; si uno de estos trabajadores al mismo tiempo presenta una dimisión por ante la jurisdicción de trabajo por el hecho de que el empleador no le paga sus vacaciones, en este caso el principio “Lo laboral mantiene en estado lo penal” cobra toda su vigencia, ya que la decisión a tomar por el juez de lo penal que va a conocer la infracción penal laboral va a depender necesariamente de la decisión que toma el juez de la jurisdicción laboral, es decir, que si el juez de trabajo declara inadmisible la demanda del trabajador, bajo el entendido de que el trabajador no tenía la razón en la demanda presentada, mal haría el juez de lo penal evacuar una decisión contraria a la tomada en la jurisdicción de trabajo. Por el contrario, si ese mismo trabajador es despedido por su empleador y éste, es decir el trabajador, responde con una demanda por ante el tribunal de trabajo por despido injustificado, ante esta situación que se presenta nada le impide al juez de lo penal seguir el conocimiento de la infracción penal laboral por el no pago de las vacaciones ante su jurisdicción, ya que no existe ninguna conexidad entre la decisión a tomar en el aspecto penal y el litigio que se está conociendo en la jurisdicción laboral, en lo que respecta a lo justificado o no del despido del trabajador. En suma, si tomamos en consideración los dos supuestos en que procede aplicar la regla de “Lo laboral mantiene en estado lo penal”, la máxima solo podrá aplicarse como señalo en los casos siguientes: 1.- Que se refiera a una infracción penal contenida y sancionada por el Código de Trabajo. 2.- Que exista un vínculo o conexidad entre la infracción penal y un proceso en curso por ante el tribunal de trabajo, recalcando que esa infracción penal a la cual nos referimos, tiene que ser de las infracciones previstas por la legislación laboral. Ministerio Público

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Internos CCR SFM reciben visita de Sergio Vargas y Obispo De Jesús Moya Los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, recibieron la visita del obispo Jesús María de Jesús Moya, el empresario Héctor Risek y el cantante Sergio Vargas, quienes acompañaron al procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, para llevar un mensaje de esperanza e incentivarlos con el objetivo de que continúen en su proceso de regeneración. El magistrado Jiménez Peña dijo que con la instauración del nuevo modelo penitenciario están evitando que los internos salgan peor que como ingresaron a la cárcel y con el odio a la sociedad que le caracterizaba.

Sostuvo que se les está ofreciendo una segunda oportunidad a las personas privadas de libertad para que se reivindiquen y salgan a las calles, después de cumplir sus condenas, a ofertar un trabajo honesto que aporte al desarrollo de la sociedad.

Sergio Vargas

“Me alegra mucho esta iniciativa de la Procuraduría porque por primera vez veo, como en otros países, que se trata a los presos como gente”, dijo Sergio

El procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa; Sergio Vargas, el periodista Jaime Tomás Frías, el empresario Héctor Risek, el procurador Radhamés Jiménez y el obispo Jesús María de Jesús Moya.

Vargas previo a cantar una canción a los internos que compuso a su padre que padecía de cáncer.

“Después del día nublado volverá a salir el sol”, cantó Vargas acompañado de una guitarra.

Planes de estudios

Monseñor Moya y el empresario del cacao, Héctor Risek, quienes son presidente y tesorero del Patronato Penitenciario de San Francisco de Macorís, respectivamente, anunciaron que la

Universidad Católica Nordestana alfabetizará a todos los internos que no sepan leer ni escribir.

El obispo de San Francisco de Macorís resaltó que los programas del nuevo modelo penitenciario son rigurosos y un compromiso para que los internos crezcan y se fortalezcan.

Mientras que Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria, quien estuvo presente en el encuentro, dijo que los trabajos del nuevo modelo penitenciario se realizan para garantizar seguridad, paz y tranquilidad a las familias y a toda la sociedad dominicana. Los internos del centro penitenciario, quienes recibían la visita de sus familiares, aplaudieron entusiasmados por los mensajes y exhortaciones.

Sergio Vargas tras su actuación, se despide de los internos del CCR Vistal al Valle de San Francisco de Macorís.

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Ministerio Público

El centro Vista al Valle fue inaugurado el 17 de junio pasado, construido con una inversión de RD$90 millones, con fondos de la Procuraduría General de la República, es el más grande de los 10 centros del nuevo modelo, con capacidad para 1,000 internos.


Ramón Arístides Madera Arias

Nuevo Procurador General Adjunto Sirve de enlace con los organismos de seguridad del Estado, entre ellos la Policía, el DNI, la DNCD y otros, recibe las denuncias que llegan a la Procuraduría y rinde los informes y dictámenes de lugar para los fines correspondientes. Ramón Arístides Madera Arias es el nuevo procurador general adjunto, designado el pasado 16 de junio, promovido desde la titularidad de la Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento Judicial de Montecristi. Se graduó con honores de Doctor en Derecho en el año 1985, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado diplomados en Derechos Ciudadanos, Modificación Constitucional, Derecho Ambiental, Normativa Procesal Penal y Legislación Inmobiliaria. Además, participó en el Programa Extraordinario de Formación (PEF) impartido por la Escuela Nacional del Ministerio Público en la Universidad APEC, obteniendo las más altas calificaciones en ambas actividades formativas dirigidas a los miembros del Ministerio Público. Durante su trayectoria profesional ha ocupado todos los cargos judiciales, desde alguacil hasta juez presidente de la Corte de Apelación. En el año 1983 fue designado alguacil ordinario de la Sexta Cámara Penal del Distrito Nacional; en 1985 fue nombrado juez de paz en Montecristi; en el 1987 juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Montecristi; y en 1989 pasó al cargo de juez de la Corte de Apelación de Montecristi, en la cual permaneció nueve años, llegando a ocupar la presidencia de dicho tribunal durante tres años, y en los tres años siguientes se dedicó al ejercicio de la abogacía. Ingresó al Ministerio Público en el año 2001 como abogado ayudante del Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales con asiento en Montecristi; luego el 24 de agosto de 2004, fue designado mediante el decreto número 941-04, como Procurador General de dicha

Ramón Aristides Madera Arias.

institución para el Departamento Judicial de Montecristi.

Es catedrático de varias universidades incluyendo la Central del Este (UCE) con asiento en Montecristi.

Ha participado en decenas de cursos extracurriculares de todas las ramas de las ciencias jurídicas, entre los cuales debemos destacar su participación durante cuatro años en un “Curso sobre Carrera Judicial” impartido en el Instituto Superior de Agricultura (ISA) en la ciudad de Santiago de los Caballeros (1992 al 1996), en el cual par-

ticiparon todos los jueces penales del país, patrocinado por el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ); también merece especial mención su participación en el curso “Panorama de Técnicas de Investigación Criminal”, auspiciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dentro del Panorama Internacional para el Adiestramiento en la Investigación Criminal (ICITAP), entre otros. Ministerio Público

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Nuevo Modelo Penitenciario

a la luz de los VTPs

Ibelca Villanueva considera que con Patronato Nacional proyecto ha tomado renovados impulsos Elvis Paredes Director de Comunicaciones de la ENAP elvis524@hotmail.com

Los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, conocidos popularmente como VTPs, han probado que sí es posible garantizar la seguridad de los internos, a la vez que se trabaja en su rehabilitación con el fin de devolverlos a la sociedad y a sus familias en condiciones de aportar positivamente a su desarrollo.

Así se expresa Ibelca Villanueva, coordinadora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como ente que ejecuta la aplicación del renovado sistema que pone en primer lugar la dignidad de aquellas personas, que por la razón que fuere tienen que pagar una condena judicial. A juicio de Ibelca Villanueva, el cuerpo de jóvenes ha demostrado que tiene la suficiente formación profesional y entrenamiento para enfrentar cualquier intento de provocación que se produzca en un centro de corrección y rehabilitación, sin que se pongan en peligro sus vidas ni las de los internos.

¿Qué es la Oficina Nacional de Coordinación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria? Con un orgullo que trasluce a través de sus ojos y en la forma

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Ministerio Público

de hablar, Villanueva explica que esta estructura fue creada mediante resolución 0078, emitida por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, para coordinar todos los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) que están bajo la seguridad de los VTPs.

Actualmente en el país, los CCRs existentes están ubicados en Puerto Plata, Santiago, Elías Piña, Najayo en San Cristóbal, Dajabón, Mao, Monte Plata, Haras Nacionales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Próximamente, serán incorporados el de San Pedro de Macorís, Higüey, Salcedo y Moca.

La nueva oficina está integrada por una coordinadora nacional, sub-coordinación en las áreas de tratamiento y en la de seguridad, con dependencia directa del Procurador General de la República.

¿Quiénes son los VTPs y cómo se forman?

Para Ibelca Villanueva, el proceso de selección y evaluación de los aspirantes a VTPs que realiza la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) es primordial para que el producto que sale de ahí sea de calidad.

Significó que los requisitos que se exigen a los jóvenes entre 19 a 30 años para poder ingresar al proceso de evaluación van desde el peso, estatura, nacionalidad y no haber per-


tenecido a ningún cuerpo armado del país, hasta la condición imprescindible de haber aprobado la secundaria.

Argumentó que estos requisitos se unen a otros no menos importantes, tales como, certificado de No Antecedentes Judiciales, recomendaciones de iglesias, organización comunitaria, así como de un club deportivo y cultural.

Sin embargo, precisó, que no basta con cumplir con estos requisitos, ya que luego deben someterse a las pruebas de formación académica, física y entrenamiento en manejo de conflictos, armas de fuego y acciones contramotines.

Afirmó que luego, los jóvenes deben permanecer durante cinco meses internos en la sede docente del Castillo del Cerro, San Cristóbal, tiempo en el cual reciben una mesada o contribución mensual de tres mil pesos, y realizan su pasantía en los CCRs existentes en las distintas regiones del país; finalmente son juramentados como VTPs con un sueldo mínimo de RD$l1,500.00.

Relación del nuevo Modelo de Gestión y el Patronato Nacional Penitenciario

Ibelca Villanueva asegura que el apoyo incondicional que ha brindado el Patronato Nacional Penitenciario ha sido vital para el mantenimiento y la

Ibelca Villanueva.

consolidación del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Sostuvo que la cooperación y solidaridad expresada por monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, el sector empresarial y personalidades del mundo de la comunicación, en la ejecución del renovado sistema, han sido incalculables desde el punto de vista económico y moral. Manifestó que este apoyo es importantísimo para el mantenimiento y consolidación a corto, mediano y largo plazos de la Oficina Nacional de Coordinación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

En ese sentido, presentó como ejemplo la rehabilitación del complejo penitenciario de Rafey-Masculino y Rafey-Femenino en Santiago, lo cual no habría sido posible sin el apoyo decidido del Patronato Nacional Penitenciario.

Casas del Redentor y el nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria

En relación con la función que realizan las Casas del Redentor, coordinadas por fray Arístides Jiménez Richardson, indicó que son el escalón superior donde se le ofrece el apoyo necesario que necesita el interno luego de cumplir su condena.

Explica Ibelca Villanueva que el proceso de rehabilitación del interno está fundamentado en un régimen progresivo de observación, tratamiento y prueba, que se completa con el apoyo, orientación y reinserción social que ofrecen las Casas del Redentor instaladas en Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Baní y Elías Piña.

Centro docente de la ENAP, antiguo Castillo del Cerro en San Cristóbal.

“Esa asistencia pospenitenciaria es importantísima en el seguimiento del privado de libertad cuando ya sale, cuando ya está en libertad, y ese es el trabajo de las Casas del Redentor”, indicó la coordinadora nacional de la oficina del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Ministerio Público

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ANA ANDREA LARA Directora Control de Alquileres Casas y Desahucios laraanandrea@hotmail.com

Por una nueva legislación en materia de alquileres

En la República Dominicana es más que necesario actualizar la legislación en materia de alquileres, pues es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre la problemática de los alquileres de viviendas y los alquileres de los inmuebles destinados para el uso del comercio, en consecuencia, la pieza puede estudiarse a través de un congreso, donde participen todos los sectores que inciden en el negocio de los alquileres, obviamente con una importante representación de las instituciones del Estado, reguladoras de esta actividad de la vida nacional.

inmueble destinado a viviendas de alquiler por las siguientes razones:

Las propuestas que se presenten en ese congreso deben ser recogidas de forma ordenada y entregarlas a una comisión de juristas, designada por el Presidente de la República para elaborar un anteproyecto de ley o código de alquileres de viviendas y locales comerciales. Este razonamiento lo hacemos partiendo de nuestra experiencia como Directora de Control de Alquileres de Casas y Desahucios.

De las causas enunciadas en las letras a) y b), se observan las limitaciones a las que están expuestos los propietarios para recuperar sus inmuebles alquilados, por lo que aún siendo la inversión inmobiliaria motora del progreso del país, se ve afectada por una legislación obsoleta en materia de alquileres, en consecuencia, tal situación gravita sensiblemente en el déficit habitacional de la República Dominicana, de ahí que la legislación emergente deberá contemplar todas las causas posibles para solicitar un inmueble, obviamente siempre con una regulación de equilibrio para inquilinos y propietarios.

El Decreto 4807, que data de la Tiranía Trujillista, es el instrumento legal vigente, el cual consideramos debe modificarse por diversas razones que detallaremos a continuación: Primero: La institución reguladora de los alquileres deberá llamarse Tribunal Superior de Alquileres de Viviendas y Locales Comerciales o Industria Fabril de Segundo Grado, que nazca al amparo de una ley, que además contemple las disposiciones que la actualicen. Segundo: La o el juez del Tribunal Superior de Alquileres debe ser nombrado por la Suprema Corte de Justicia, al igual que los tres jueces miembros que integren el Segundo Grado o Grado de Apelación. En los Distritos Judiciales o Provincias existirá un Tribunal Superior de Alquileres de Primer Grado, y en los Departamentos Judiciales se designará el Tribunal Superior de Alquileres de Segundo Grado. Tercero: Las sentencias dictadas en segundo grado por el Tribunal Superior de Alquileres debe tener carácter definitivo y no recurrible ante la Suprema Corte de Justicia, excepto cuando se trate de alegatos por violación a disposiciones constitucionales, como ocurre en los casos del Tribunal Superior Administrativo, según la Ley 1494.

Causas o motivos que permiten iniciar un procedimiento En la actualidad, el procedimiento solo permite solicitar el

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a. Para ocuparlo personalmente el propietario o su cónyuge, o por parientes de uno de ellos, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado inclusive. b. Cuando el inmueble vaya a ser objeto de reparación, reedificación o nueva construcción.

Situación social y obligación del Estado De conformidad con la Constitución de la República, el Estado tiene una obligación social frente a los ciudadanos de protegerlos y dotarlos de viviendas, pero ante la difícil situación concurrente de no poder, por asuntos económicos, cumplir con dicha obligación, entonces la legislación de alquileres se hace más flexible para beneficio de los inquilinos, aunque esto no significa que se debe abusar de tal protección. Los inquilinos con frecuencia se ven atacados por los constantes aumentos de precios de los alquileres y esa situación debe ser regulada. Por ejemplo, solamente después de tres años de la relación contractual Inquilino-Propietario es que procedería la solicitud de aumento de alquiler. Otra situación abusiva en que se ven envueltos los inquilinos es la excesiva cantidad de depósitos, que deben entregar para alquilar una vivienda o local comercial. A diario se presentan casos conflictivos entre las partes y problemas frecuentes que entendemos pueden ser resueltos sin demora con la aprobación de una nueva legislación.


Comisionado de Justicia y Procuraduría instalan biblioteca en CCR San Francisco de Macorís

visto además, como un centro de segunda oportunidad, para que los internos en ellos puedan rehabilitarse”, expresó. Las palabras de bienvenida al acto fueron pronunciadas por el director provisional del centro, Agustín Reyes.

Alejandro Moscoso, comisionado de Justicia, y el procurador Radhamés Jiménez cortan la cinta para dejar inaugurada la biblioteca. Observan, el director de la ENAP, Roberto Santana, y el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa.

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), en coordinación con la Procuraduría General de la República, dejó instalada una biblioteca en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís.

El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, tras agradecer la iniciativa del CARMJ, dijo que con los programas educativos impartidos dentro del nuevo modelo penitenciario, buscan formar hombres de ejemplo para la República Dominicana.

“Dona Libertad” El comisionado de Justicia, licenciado Alejandro Moscoso Segarra, dijo que este aporte forma parte del plan de acción que dispuso el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, para el mejoramiento de los centros donde se implanta el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

“Aunque los recintos penitenciarios son lugares de castigo, ésto debe ser

La actividad estuvo encabezada además del procurador Jiménez Peña, Segarra y Reyes, por el procurador de la Corte de Apelación y el fiscal de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa y Juan Rosario Santos, respectivamente; el director de Prisiones, general José Ignacio Sandoval Cabrera; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), Roberto Santana; el director del Centro Universitario Regional del Nordeste (CURNE), Rafael Álvarez Castillo, y por Eugenio y Luis Vargas, miembros del Patronato Provincial Vista al Valle de San Francisco de Macorís.

Esta es la cuarta biblioteca que se instala en un centro penitenciario, las demás funcionan en los centros de corrección y rehabilitación femenino de Najayo y de Monte Plata, así como en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Exhortó a los internos a estudiar, sin importar la edad ni su pasado, “porque hay muchos testimonios de que se puede”.

Dijo que el propósito de convertir los recintos penitenciarios en centros de corrección y rehabilitación es una tarea difícil, pero que cada día dirigen sus acciones al fortalecimiento de este proyecto, que procura sacar del mundo oscuro hacia la luz del conocimiento y del trabajo a las personas privadas de libertad.

Biblioteca instalada por el CARMJ en el CCR Vista al Valle de San Francisco de Macorís.

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ENMP CLAUSURA DÉCIMA PROMOCIÓN DEL PEF

Integrantes de la décima promoción del PEF.

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) clausuró la décima sesión del Programa Extraordinario de Formación (PEF), en un acto encabezado por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña. El PEF, concebido como uno de los requisitos fundamentales a satisfacer por los miembros del Ministerio Público en funciones para

acceder a la Carrera Fiscal, procura contribuir al desarrollo de habilidades y competencias de los integrantes del Ministerio Público, así como aportar las herramientas prácticas ajustadas a las principales necesidades del ejercicio de la función que realizan. En esta versión del PEF participaron 38 miembros del Ministerio Público de la República Dominicana, seleccionados en consideración de los resultados de sus evaluaciones generales, criterios de proporcionalidad territorial, méritos acumulados, equidad de género y la combinación de diferentes rangos jerárquicos en la institución. Participaron además, tres miembros del Ministerio Público de Paraguay y tres de Panamá, en el marco de las relaciones de cooperación que mantienen la ENMP y la Procuraduría General de la República a través de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI). La implementación del PEF está avalada como una Especialidad en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad APEC (UNAPEC), en virtud de convenio de cooperación suscrito el 3 de febrero de 2006. En la actividad de clausura, del pasado 30 junio, se anunció el inicio de la décimo primera versión del PEF.

CONVERSATORIO DE LA ENMP CON FISCALES PERUANOS

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), en coordinación con la Escuela Doctor Gonzalo Ortíz de Zevallos Roedel de Perú, realizó el conversatorio “Sistema de Investigación Antidrogas en la República Dominicana”.

Esta actividad se realizó en el marco de las relaciones de cooperación sostenida por ambas escuelas que trabajan en la formación de los miembros de Ministerios Públicos de sus respectivos países. Actualmente, Perú está inmerso en el proceso de implementación de un nuevo Código Procesal Penal y, aprovechando la experiencia dominicana en lo relativo a las políticas y los procedimientos en materia de drogas y lavado de activos, así como los avances que se han obtenido con relación a la implementación del Código Procesal Penal, la entidad de capacitación de los fiscales peruanos solicitó la colaboración de la ENMP de República Dominicana a fin de propiciar un espacio de intercambio de experiencias con diferentes operadores que trabajan estas áreas. En el conversatorio participaron los generales Ramón Francisco Rodríguez

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El director de la ENMP, Ramón Núñez, encabeza el conversatorio junto a los fiscales peruanos.

Sánchez y Francisco Rodríguez Pascual, directores de Antinarcóticos de la Policía Nacional y de la Academia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, respectivamente; José Agustín de la Cruz y Julio César Gómez, coordinadores de las unidades antidrogas de las fiscalías del Distrito Nacional y Santiago, respectivamente; Pelagio Alcántara, coordinador de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República; los fiscales peruanos Isabel Galván Calle, adjunta suprema; Idalia Orendo Velásquez, ti-

tular de la Fiscalía Provincial Corporativa del Distrito Judicial de Tacna; Juan Bautista Mendoza Abarca, titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito Judicial de Puno; Iván Quispe Mansilla, titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito Judicial de Lima, y Carlos Bedoya Casablanca, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito Judicial de La Libertad.


DEBATE SOBRE REFORMA PROCESAL PENAL EN AMÉRICA LATINA

La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) en el marco de las actividades de su Programa Extraordinario de Formación (PEF) organizó una mesa de mebate sobre “Ministerio Público y Reforma Procesal Penal en América Latina: Panamá, Paraguay y República Dominicana”. En la actividad, realizada el pasado mes de mayo, participaron los fiscales Jorge Vega Bogantes (Panamá) y Roberto Velásquez Vezzetti (Paraguay) en el Panel “Panorama General del Ministerio Público”, y los fiscales Adrian Castillo Estribi (Panamá) y Stella Mary Cano (Paraguay) en el Panel “Situación Actual de la Reforma Procesal

Fiscales latinoamericanos quienes participaron en el debate. Al centro se observa a Ramón Emilio Núñez, director de la ENMP.

Penal”. El director de la ENMP, Ramón Emilio Núñez, asumió la representación dominicana en ambos paneles. Los panelistas de Panamá y Paraguay cursan actualmente la décima sesión

del PEF, por invitación de la ENMP y la Procuraduría General de la República, canalizada a través de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI).

ESCUELAS UNIDAS CONTRA LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

Con la finalidad de fortalecer, de manera sostenible, la aplicación de la ley contra el trabajo infantil y sus peores formas en la República Dominicana, las escuelas de la Judicatura y del Ministerio Público desarrollan un programa de capacitación de formadores dirigido al cuerpo docente de ambas entidades. El proyecto se ejecuta con los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su Progama Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).

El acto de apertura de esta jornada fue realizado el pasado mes de junio y contó con la asistencia de la señora Kirsys Fernández, presidenta del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI); el sub-secretario de Trabajo, doctor Daniel Rondón, y el representante residente del Sistema de Naciones Unidas, señor Tad Palac, entre otras personalidades.

De igual forma, estuvieron presentes los anfitriones, señores Luis Henry Molina, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Martha Rodríguez Wagner, encargada académica de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y Elías Dinzey, coordinador Nacional de la OIT-IPEC en República Dominicana. Durante cinco días, 40 magistrados docentes de todo el país participaron con la especialista internacional Karla

La iniciativa que dejará capacidad instalada en ambas escuelas judiciales, es una respuesta contundente a la preocupación del país ante esta situación que atenta contra el buen desarrollo de los niños.

Luis Henry Molina.

Cuevas y la magistrada Eugenia Salazar de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de Costa Rica, acompañados además, por un equipo nacional de consultores locales, integrado por el juez Rafael Frett Mejía y el fiscal Jonathan Baró.

El apoyo de la OIT responde a la segunda fase del programa de duración determinada para la eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI) en la República Dominicana, con las fases sub-regionales de prevención y eliminación del referido programa en Honduras, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, y el proyecto subregional para la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Esta acción conjunta enmarcada en las agendas sectoriales definidas en los planes nacionales contra el trabajo infantil y sus peores formas, representa un avance del país en el desafío de hacer cada vez más efectiva y eficiente la aplicación, por los actores judiciales, de los mecanismos de la normativa nacional e internacional relativos a proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación económica, garantizando el cumplimiento con la edad mínima de admisión al empleo, la protección laboral de los adolescentes y la eliminación de todas las manifestaciones de explotación sexual comercial, la trata, el reclutamiento y utilización de NNA para actividades ilícitas.

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Benito Ángel Nieves Fiscal Adjunto de San Pedro de Macorís bnievesp@hotmail.com

Es frecuente escuchar algunos abogados de los que postulan en los estrados de los tribunales penales, invocar el principio de la indivisibilidad del Ministerio Público cuando se encuentran ante la situación de que el representante del Ministerio Público en una instancia cambia de posición con respecto a la posición que tuvo el miembro de esa institución en otra instancia, es decir, cuando dictaminan de manera distinta frente al mismo caso, queriendo significar así que se viola el principio de la indivisibilidad. ¿Es acertada la actitud de esos abogados? La respuesta es negativa. Veamos en seguida por qué: en primer lugar, resulta que conforme al sistema anterior, cuando regía el Código de Procedimiento Criminal, existían tres niveles de jerarquía con plazos distintos, para que el Ministerio Público ejerciera el derecho a recurrir las sentencias, y era posible incluso que el Procurador General de la Corte de Apelación recurriera en apelación una sentencia de primera instancia, al igual que podía hacerlo el Procurador General de la República, aún cuando en primera instancia el Ministerio Público hubiera dictaminado conforme a como fallara el juez, y lo que es más todavía, era posible que el Procurador Fiscal recurriera una sentencia en la que el fallo favoreciera el dictamen del abogado ayudante de ese Procurador Fiscal; en segundo lugar, era posible en el anterior sistema del Código de Procedimiento Criminal, que el Procurador Fiscal recurriera en apelación y luego, en la corte, el Ministerio Público dictaminara contrario al propósito del fiscal; y en tercer lugar, la posibilidad de recurrir estaba reservada a los titulares del Ministerio Público en los distintos niveles de jerarquía, lo cual indica que lo que sí ha regido es el

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Indivisibilidad del Ministerio Público principio de jerarquía a lo interno de la institución. Ahora bien, a partir de la implementación del Código Procesal Penal y con la promulgación del Estatuto del Ministerio Público ( Ley 78-03), el rol de la institución del Ministerio Público como representante de la sociedad, como acusador público y como parte en el proceso penal público, ha quedado definida con mayor claridad y precisión, además de que se han incorporado nuevos conceptos que redimensionan la función de ese importante órgano del sistema de justicia, a tal punto que sus representantes pueden ser recusados o pueden ellos mismos inhibirse en determinados casos, al igual que como ocurre con los jueces. Además, en su nuevo rol, los representantes del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, si cometen errores o faltas graves, pueden incurrir en responsabilidad tanto penal como civilmente y también disciplinaria. De modo que, siendo así las cosas, el principio de la indivisibilidad del Ministerio Público debe ser visto y analizado de manera integral y armónica con el conjunto de principios y facultades que regulan sus actuaciones. Tanto es así que el Art. 9 del estatuto, sobre la indivisibilidad, expresa que “Cada oficial del Ministerio Público deberá cumplir su cometido en forma coordinada, de manera que uno cualquiera de sus miembros pueda continuarlas y ejecutarlas con la virtualidad de surtir los mismos efectos”. Nótese que expresa: “... continuarlas y ejecutarlas con la virtualidad de surtir los mismos efectos”, no dice en modo alguno que ante la eventualidad de que un representante de la institución deba sustituir a otro en el curso de un proceso, éste esté compelido de manera imperiosa

por mandato de la ley, por ejemplo, a tener la misma posición que su antecesor para solucionar el conflicto. Sin embargo, en consonancia con el Art. 9 del estatuto está el Art. 89 del Código Procesal Penal, el cual expresa, entre otras cosas, que: “El funcionario encargado de la investigación actúa ante toda jurisdicción competente y continúa haciéndolo durante el juicio, sosteniendo la acusación y los recursos cuando corresponda”, lo cual es una solución encaminada a lograr una mejor eficiencia y eficacia de la actuación del Ministerio Público, toda vez que resulta más adecuado a los fines de su misión, que aquel que conoce el proceso desde la fase de investigación, sea quien lo conozca en las diferentes instancias a donde vaya el proceso. Siguiendo con el principio de la indivisibilidad y la distorsión que se le ha dado, conviene insistir en que cada representante del Ministerio Público es independiente en el ejercicio de sus funciones; que lo que se les impone de manera imperiosa es el principio de jerarquía, y que según el Art. 10 del estatuto que los rige, “... los representantes del Ministerio Público dirigirán las investigaciones, ejercerán la acción penal pública, y sostendrán la pretensión penal en el juicio con el grado de independencia y autonomía que esta ley establece...”; mientras que los Artículos 20, 47, 54 y 60, de dicho estatuto regulan las facultades otorgadas al Procurador General de la República, a los Procuradores Generales de Cortes de Apelación y a los Procuradores Fiscales para impartir, como titulares y superiores jerárquicos del Ministerio Público, las instrucciones generales y específicas que deberán observar los representantes de ese órgano en el cumplimiento de sus funciones.


Visión de conjunto de la cooperativa de empleados de la PGR Hacia el año 1998 se da inicio a la idea gestora de un movimiento cooperativo en esta Procuraduría General de la República, con la intención humana de satisfacer algunas de las necesidades básicas de los empleados, y de esa forma colaborar con la institución, ya que en algunos casos los empleados no disponen de los recursos económicos para satisfacer esas necesidades. Constituida el 17 de septiembre de 1999 por los socios reunidos en asamblea ordinaria, la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Empleados de la Procuraduría General de la República, INC. (COOPROGRAL) es una entidad sin fines de lucro, que funciona ante el amparo de la Ley No. 127, del 27 de enero del año 1964 y su reglamento, y de conformidad con sus estatutos orgánicos, obteniendo su personería jurídica mediante el decreto No. 501-02, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 2 de julio de 2002. Nuestra misión es contribuir con el desarrollo socio económico y cultural de los empleados de la Procuraduría General de la República mediante acciones conjuntas, y ser una entidad de servicios en beneficio de sus miembros. La dirección, administración y control de COOPROGRAL está a cargo de: a. La Asamblea General, la cual es el organismo superior. b. El Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la Asamblea General, y con representación social. c. El Consejo de Vigilancia, como supervisor de todas las actividades de la sociedad. d. Comité de Crédito, el cual es el árbitro de todas las solicitudes de préstamo.

A través de los años se ha evidenciado un significativo crecimiento tanto en su matrícula de asociados como en los servicios y facilidades que ofrece. En la actualidad cuenta con más de mil socios, y entre los servicios y beneficios que ofrece están: A. Ahorros y préstamos B. Oftalmología C. Farmacia D. Papelería y librería E. Electrodomésticos

Gary García

Administrador General COOPROGRAL hgary@procuraduria.gov.do

F. Financiamiento de computadoras G. Floristería H. Distribución de excedentes, entre otros.

Todos los servicios que se ofrecen, excepto los préstamos, están libres de pago de intereses, o sea, que los socios adquieren los servicios al costo y con facilidades de pago. Los préstamos se ofrecen a una tasa de interés nominal mensual de 1% sobre saldo insoluto, estando en proyecto la reducción de la misma a un 1%, equivalente a un 12% anual. Al cierre de cada año fiscal se determinan los excedentes del periodo, los cuales son distribuidos entre los socios, de acuerdo a los movimientos que realicen en aportaciones y préstamos. En la actualidad la cooperativa se prepara para la asamblea general ordinaria de socios, ya que los estados financieros están depositados en el IDECOOP y tan solo se espera su aprobación y autorización para la realización de la misma.

Proyectos: •

Adquisición del sistema de información financiera que elevará la calidad de los servicios a todos los socios de COOPROGRAL.

Ampliación de la gama de suplidores de servicios, tales como: Radiocentro, Ferretería Americana, cadena de supermercados, entre muchos otros.

Programa de educación a nivel nacional para todos los socios a fin de que conozcan más acerca del cooperativismo y hacer mejor uso de todas las herramientas que están en sus manos.

Firmas de acuerdos con diversas empresas comerciales en cada provincia para que todos los socios (as) del interior del país no tengan que desplazarse a Santo Domingo, sino que puedan adquirir sus servicios en sus propias localidades.

Confección de libretas para que cada socio pueda llevar control de sus ahorros, aportes, préstamos y servicios. Ministerio Público

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EN MESA REDONDA DE LA FINJUS

Destacan avance de Nuevo Modelo Penitenciario

Jiménez Peña anuncia transformación de La Victoria y Najayo-Hombres Avanzan trabajos de CCRs Higüey y SPM

El procurador Radhamés Jiménez habla de los avances del sistema penitenciario dominicano, compartiendo la mesa de honor con Huchi Lora, miembro del Patronato Penitenciario; Servio Tulio Castaños y Marino Ginebra , vicepresidente y presidente del Consejo de Directores de la FINJUS, respectivamente.

Los avances del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria fueron destacados en el marco de una mesa redonda organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), durante la cual el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dijo que entre los próximos pasos de conversión en CCRs figuran los recintos de La Victoria, Najayo-Hombres, Higüey y San Pedro de Macorís. El máximo representante del Ministerio Público dijo que tanto NajayoHombres como La Victoria ocuparán dos grandes centros completamente nuevos, mientras que aseguró que en lo que resta de este año serán terminados los trabajos de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCRs) de Higüey y San Pedro de Macorís.

Aseguró que esas nuevas infraestructuras unidas al trabajo de regeneración del interno constituyen la base fundamental en que descansa el Nuevo Sistema Penitenciario dominicano que se implementa en todo el país, “que nos coloca de cara a las exigen-

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cias del Derecho Internacional y los requerimientos en materia de derechos humanos”.

Destacó que las bases del sistema progresivo se sustentan en el tratamiento penitenciario que reciben todas las personas que ingresan a los CCRs, con la aplicación de la primera fase de observación para examinar su situación jurídica y evaluar su nivel académico, entorno familiar, laboral y comunitario, así como estudios psicológico y de salud.

“Los resultados del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria del país se pueden sintetizar diciendo, que de un total de 36 prisiones ya hemos transformado 10 CCRs, con tasa cero de analfabetismo luego de seis meses de ingreso de la persona privada de libertad, eliminando el hacinamiento, los maltratos, las mafias y privilegios”, enfatizó Jiménez Peña.

Las nuevas bases del sistema penitenciario dominicano La ponencia del magistrado Jiménez

Peña formó parte de la mesa redonda sobre transparencia y gobernabilidad que coordina la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), encabezada por el presidente de su Consejo de Directores, Marino Ginebra Hurtado; su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán y el coordinador de proyectos, Luis Quezada.

La actividad fue realizada en el auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)

La exposición del procurador Jiménez Peña fue comentada por Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria; Laura Hernández, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública y el periodista Huchi Lora, miembro del Patronato Nacional Penitenciario.

Servio Tulio Castaños

El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, recordó que en agosto de 2006 cuando se realizó el censo nacional peni-


Dijo que los centros del nuevo modelo se construyen con fondos ahorrados por la Procuraduría, y que las obras se adjudican por concurso público. Abogó porque el gobierno asigne más fondos a este esfuerzo, pues consideró que se está ante una de las principales realizaciones del gobierno del presidente Leonel Fernández.

Laura Hernández

De su lado, Laura Hernández, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, felicitó al procurador Jiménez Peña por su “encomiable labor por mejorar el sistema penitenciario”. Parte de los procuradores adjuntos, funcionarios y empleados de la Procuraduría, quienes asistieron a la mesa redonda organizada por la FINJUS.

tenciario, se concluyó que la realidad del sistema penitenciario era una de las sombras más aguda dentro de la sociedad.

Sin embargo, agregó, que con la aplicación del nuevo modelo penitenciario se inició un proceso de esperanza en el respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad y con la mejoría de las condiciones materiales.

Roberto Santana

Roberto Santana resaltó el proceso iniciado en la República Dominicana, tras señalar que el tema penitenciario

es un problema sin resolver en todas las naciones del mundo.

Dijo que con los trabajos de regeneración de las personas privadas de libertad, en el país se procuran proteger la seguridad ciudadana al evitar la reincidencia.

Huchi Lora

Huchi Lora destacó el proceso de instalar naves industriales en los centros penitenciarios para que los internos puedan laborar a cambio de una remuneración.

Dijo que faltan muchos retos por delante porque sólo una quinta parte de la población penitenciaria está dentro del modelo.

Otras personalidades presentes En el encuentro participaron además, el director de Prisiones, general José Ignacio Sandoval; el embajador dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ávila Ceballos, y el abogado Carlos Salcedo.

Por la Procuraduría asistió la directora del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, Maricela Vargas, así como la subdirectora administrativa de Prisiones, Milagros Ricardo.

Comunicado La Procuraduría General de la República informa a todos sus usuarios que a partir del pasado miércoles 13 de agosto de 2008, los servicios prestados en el Centro de Atención al Ciudadano (legalización de firmas, antecedentes judiciales y depósito de retiro de fichas), adscrito a la Secretaría General, se estarán ofreciendo exclusivamente en su nuevo local ubicado en la Av. Máximo Gómez no. 21, casi esquina Av. Bolívar. Anteriormente estos servicios se ofrecían en la sede del Instituto Postal Dominicano, ubicado en el Centro de Los Héroes (La Feria). Para mayor información comunicarse al Centro de Contacto Gubernamental (*462).

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En San Cristóbal

Ministerio Público mantiene postura firme contra delincuencia

Procuraduría de la Corte de Apelación no desmaya en procura de decisiones judiciales que satisfagan los intereses de la sociedad y contribuyan con la seguridad ciudadana Tania Hidalgo Encarnación

taniahidalgo56@hotmail.com

El Ministerio Público en San Cristóbal, encabezado por la Procuraduría de la Corte de Apelación, se ha visto obligado a emplearse a fondo a los fines de una administración de justicia diligente y cumplida que satisfaga los derechos de las víctimas y los intereses de la sociedad, y a la vez contribuya con la seguridad ciudadana.

A la cabeza del Ministerio Público en esa jurisdicción se destaca el magistrado Jesús Fernández Vélez, quien señala que ha tenido que mantenerse vigilante para evitar que reconocidos violadores de la ley penal y delincuentes puedan utilizar a esa jurisdicción para lograr sentencias complacientes.

“Nuestra actitud ha sido firme, y por igual la de los fiscales en contra de conatos, señales, escándalos o actitudes judiciales y policiales que puedan dañar la imagen de la justicia, que significa actuar a espalda de la sociedad”, afirma Fernández Vélez, quien ocupa la titularidad de la Corte de Apelación de San Cristóbal por segunda ocasión.

Una clave: la coherencia

Sostuvo que los fiscales en la zona trabajan en armonía y con coherencia, contribuyendo a que la sociedad sancristobalense, junto a sus autoridades, hayan levantado un muro de contención para evitar que la delincuencia siga creciendo y los infractores puedan encontrar refugios y beneficios sospechosos. Dijo que como parte de los esfuerzos,

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El magistrado Jesús Fernández Vélez junto a tres de sus procuradores adjuntos, William Lara, Rigoberto Santana y Paulino Zapata.

fue realizado recientemente el primer encuentro regional del Ministerio Público, en el que participaron los representantes de los distritos judiciales de Azua, Ocoa, Peravia, Villa Altagracia y San Cristóbal.

En la actividad se abordaron varias vertientes, entre ellas, la necesidad de que los miembros de ese sector trabajen de manera coordinada, a fin de lograr expedientes bien sustentados, a través de los cuales se puedan lograr sentencias condenatorias.

Participaron más de 70 miembros del Ministerio Público, entre procuradores adjuntos de la Corte, fiscales, fiscales adjuntos y fiscalizadores.

El departamento judicial de San Cristóbal está compuesto por los distritos

judiciales de San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Azua y Villa Altagracia.

“Como se puede ver, estamos atentos y vigilantes para enfrentar cualquier acto reñido con la moral o de indisciplina”, precisó Fernández Vélez’.

Quejas de los fiscales

Durante el encuentro regional los fiscales de San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Azua y Villa Altagracia, Robert Lugo, Víctor Cordero, Nerys Soto, Rafael Brito Peña y Francisco Mejía, respectivamente, se quejaron de la falta de cooperación y tecnicismo de la Policía Nacional como auxiliar de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, lo que, en ocasiones, dificulta las pesquisas de los casos.


Casos Entre los casos más connotados, en los cuales la Corte de Apelación se ha mantenido firme en su posición para que no se les otorgue la libertad a los sentenciados, figuran el de Rolando Florián Féliz, condenado por narcotráfico, y el de Juan Manuel Moliné, sentenciado a 20 años por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar.

Otro que exige beneficio, a lo que se opone el Ministerio Público, es el mayor general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, recluido en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, quien solicita que la justicia le permita terminar su condena de 30 años por el asesinato del periodista Orlando Martínez, en su propia casa.

En el caso de Florián Féliz y Moliné Rodríguez, ambos alegan que han cumplido más de la mitad de la pena, por lo que reúnen las condiciones para ser favorecidos con una libertad condicional bajo fianza.

Sin embargo, el magistrado Fernández Vélez sostiene que el daño ocasionado a la sociedad de los tres condenados aún se mantiene latente en los ciudadanos. En el caso de Florián Féliz, una juez

interina dispuso su libertad, pero el representante del Ministerio Público fue enfático en señalar que no ejecutaría tal disposición, toda vez que no fue leída en el tribunal debidamente constituido.

Asimismo está el caso del boricua Marcos Irrizary, quien guarda prisión tras ser encontrado culpable de tráfico de drogas desde Puerto Rico, donde fue condenada también su entonces esposa, la presentadora de televisión Laura Hernández. Ésta regresó a su nación tras cumplir su condena.

Recintos carcelarios

El departamento judicial de San Cristóbal es el más grande del país, ya que tiene bajo su responsabilidad dar seguimiento a las órdenes y disposiciones relativas a los internos de las penitenciarías de Najayo-Hombres y el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres del referido municipio, donde también son recluidos los sentenciados en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Comprende además, la cárcel de hombres y CCR de Mujeres de Baní, así como la cárcel del 15 de Azua y el recinto penitenciario 9 de Marzo, también de Azua.

De acuerdo al magistrado Fernández

Vélez, garantizar el traslado diariamente de los presos de siete centros penitenciarios es una labor titánica. En San Cristóbal actualmente existe una sola Cámara Penal de Apelación, la cual conoce diariamente hasta 40 casos. Aunque el Congreso Nacional aprobó la instalación de una Segunda Sala Penal de esa Corte, aún la misma no ha sido puesta en funcionamiento por la Suprema Corte de Justicia.

Estructura

La Procuraduría de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en su sede principal, está integrada por tres procuradores adjuntos, cinco secretarias, dos mensajeros externos y dos asistentes administrativos y otro personal de apoyo.

De acuerdo al magistrado Fernández Vélez es necesario incrementar a cinco el número de procuradores adjuntos, a fin de evitar el inmenso cúmulo de trabajo. Abogó porque la Procuraduría General de la República ejecute cuanto antes los proyectos del Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía en San Cristóbal, Ocoa y Villa Altagracia.

Para lograr una mayor efectividad del trabajo, los procuradores adjuntos están asignados a la Cámara Penal y al Tribunal de Ejecución de la Pena.

Fiscalía de San Cristóbal

El fiscal de San Cristóbal, Robert Lugo, estimó que semanalmente recibe un promedio de 80 querellas, el 60% correspondiente a violencia intrafamiliar, a las cuales se les da respuesta de manera satisfactoria.

Sostuvo que un 20% son relativas a riñas, golpes y heridas, mientras que la parte restante son de tráfico y consumo de drogas, robos y homicidios.

Jesús Fernández Velez en un encuentro regional con fiscales, fiscalizadores y personal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

Para lograr una mayor efectividad del trabajo de la fiscalía, fueron constituido varios departamentos, entre ellos, el de Delitos Monetarios, Violencia contra la Mujer y Agresiones Sexuales, Drogas, así como la Unidad de Litigación Inicial y Litigación de Fondo. Ministerio Público

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Inauguran oficinas del Ministerio Público en Santiago

Inician trabajos de construcción oficina contra violencia intrafamiliar Las autoridades del Ministerio Público dieron apertura en Santiago a las remodeladas oficinas del Tribunal de Tránsito e iniciaron los trabajos para la construcción de una unidad contra la violencia intrafamiliar.

El acto fue encabezado por el procurador general de la República, la procuradora de la Corte de Apelación y el fiscal de Santiago, Radhamés Jiménez Peña, Vielka Calderón, y Raúl Martínez, respectivamente.

El magistrado Jiménez Peña dijo que esos trabajos forman parte del proceso de adecentamiento a que están siendo sometidas las diferentes dependencias de la institución.

“Estamos ante un nuevo Ministerio Público en República Dominicana, interesado en ofrecer un servicio eficiente a los ciudadanos”, expresó.

Manifestó que los proyectos puestos en marcha por el Ministerio Público buscan hacer que esta institución sea cada día más fuerte y transparente, con capacidad de ofrecerle un excelente servicio a los usuarios.

El máximo representante del Minis-

Judith Núñéz Germosén, coordinadora nacional de unidades contra violencia de género.

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Ministerio Público

terio Público resaltó que luego de la puesta en funcionamiento de las citadas oficinas y los trabajos de concienciación que ha emprendido el Ministerio Público, se ha logrado disminuir considerablemente los niveles de feminicidios en el país. En el caso del Tribunal de Tránsito, las oficinas fueron debidamente equipadas y cuentan con una moderna sala de espera.

Al acto de inicio de los trabajos de la Unidad de Atención a las Victimas (violencia de género e intrafamiliar), asistieron la directora de la Unidad de Atención Integral contra la Violencia de Género, Intrafamiliar y Abuso Sexual, Luisa Liranzo; la subsecretaria de la Mujer, Fior Daliza Cruz Almánzar; Susy Pola, del Núcleo de Apoyo a la Mujer; la vicesíndica de Santiago, Petruska Muñoz, y la encargada de la Oficina Provincial de la Mujer, Nidia Bisonó.

Recientemente, la Procuraduría Gene-

Raúl Martínez, fiscal de Santiago.

ral de la República realizó un sorteo público para la construcción de la unidad contra la violencia intrafamiliar basada en el género, que será levantada con un monto de RD$6.4 millones aproximadamente. Esos trabajos estarán a cargo del ingeniero Martín de Jesús, quien resultó ganador del concurso.


Procuraduría se convierte en primera institución del Estado en establecer estándares de calidad en la prestación de servicios

El procurador Radhamés Jiménez corta la cinta que deja inaugurada la oficina, junto a Yokasta Guzmán y Marcos Villamán, del PARMPE; Gladys Sánchez y Flor Pérez de la Procuraduría, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la FINJUS.

La Procuraduría General de la República se convirtió en una de las primeras instituciones de la administración pública dominicana en establecer estándares de calidad respecto a la prestación de servicios, tras dejar inaugurado el Centro de Atención al Usuario, para la legalización de firmas y certificaciones generales de documentos.

En esta nueva dependencia de la Secretaría General de la Procuraduría, se ofrecerán además los servicios de certificaciones de exequátur, incorporación de ONG, antecedentes judiciales, impedimentos de salida y control de alquileres y desahucios.

El acto de inaguración fue encabezado por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el primer sustituto del procurador, Angel Castillo Tejada; el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Juan Amado Cedano Santana; el enlance entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, Lauriano Guerrero, y la secretaria general de la Procuraduría, Gladys Sánchez.

Asistieron además, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán; el director del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (PARMPE), Marcos Villamán; el director de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Luis Paulino, y el ex procurador general, Juan Demóstenes Cotes Morales.

El Centro de Atención al Usuario funciona en la avenida Máximo Gómez, número 21, casi esquina Bolívar. Los servicios son ofrecidos en horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Las nuevas oficinas forman parte del Nuevo Modelo de Gestión de Servicios, implementado en la Procuraduría General de la República, con el auspicio del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (PRO-REFORMA), que se ejecuta a través de la Secretaría de Estado de Economía y Planificación –SEEPyD- con recursos del gobierno dominicano y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Procuraduría se comprometió ante la sociedad a dar cumplimiento a los estándares de calidad, a través de la primera Carta de Compromiso Ciudadano que suscribe la administración pública dominicana, la cual contiene información detallada sobre los servicios que se ofrecen, su costo y tiempo de respuesta. Además, establece los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la administración pública, las vías de acceso a la información, y mecanismos para recibir quejas y sugerencias.

El Nuevo Modelo de Gestión tiene como objetivo principal ofrecer servicios más accesibles, con una oferta caracterizada por la calidad, transparencia, eficiencia e integridad, y con una mayor y medible satisfacción de los usuarios.

Pro-Reforma, a través de la Secretaría de Estado de Administración Pública, ofrece a las demás instituciones del Estado dominicano la oportunidad de replicar este nuevo modelo de gestión, del cual la Procuraduría General de la República es pionera. Ministerio Público

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José IVAN DIAZ

Fiscal Adjunto de la Provincia Santo Domingo puntolegal03@hotmail.com

Litigación con rostro humano

“Cada fiscal litigador está debidamente capacitado a nivel de especialidad en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, graduados en las distintas promociones que han pasado por la Escuela Nacional del Ministerio Público”

El procurador Radhamés Jiménez Peña encabeza el acto de inicio del curso sobre litigación oral, junto a Juan Amado Cedano, procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Ramón Núñez, director de la Escuela del Ministerio Público.

La Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, en su rol como representante de la sociedad en la persecución de los delitos y crímenes en sus diferentes categorías, y desde la puesta en vigencia del Proceso Penal el 27 de septiembre del año 2004, ha venido desarrollando una gestión que se puede considerar paradigmática, ya que ha litigado una gran cantidad de casos, obteniendo múltiples condenas ejemplarizadoras, como resultado de la eficiente investigación llevada a cabo por nuestros procuradores fiscales adjuntos, quienes con preparación, dignidad y eficiencia hacen posible la persecución de los delitos y crímenes que atentan contra la sociedad dominicana.

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Perfil del departamento: La unidad encargada del procesamiento penal preparatorio en la etapa intermedia de los casos que se ventilan ante los juzgados de la instrucción y, siguiendo este mismo rol, ante las salas penales y los tribunales colegiados, lo es el Departamento de Litigación con la estructura siguiente:

1.- Coordinación fiscal ante los juzgados de la instrucción dirigido por el licenciado Francisco Berroa, quien coordina a los cinco procuradores fiscales adjuntos de la sub-unidad. En esta etapa intermedia del proceso, todos los casos que han presentado acusación, ya sea de hechos


punibles (acción penal pública), con excepción de aquellos en que sólo las víctimas están legitimadas (acción penal privada), o cuando proceda con previa autorización de éstas (acción penal pública a instancia privada), se litigaron con un cumplimiento estricto de las reglas y principios que rigen el Estatuto del Ministerio Público y el Código Procesal Penal. Es en este escenario, cuando después de investigar el caso en cuestión, el fiscal investigador decide, dado los presupuestos, presentar al juez de la instrucción la formal acusación con solicitud de apertura a juicio -en la mayoría de los procesos-, en una audiencia llamada “preliminar”, donde se finaliza con la etapa preparatorio del procedimiento. 2.- Coordinación fiscal ante las salas penales y los tribunales colegiados. En la etapa de juicio de fondo, esta sub-unidad es dirigida por el licenciado Nelson Rodríguez quien coordina a los siete fiscales adjuntos, los caules se distribuyen los casos donde la pena a aplicar sea menor de dos años, la cual es ventilada ante las salas penales (unipersonal), o ante los tribunales colegiados, cuando excede de dos años la condena a aplicar.

3. Servicios secretariales: compuestos por abogados (as) asistentes, secretarias y paralegales, quienes asisten a los fiscales adjuntos en el quehacer administrativo y brindan a los usuarios los servicios siguientes:

1. Atención al ciudadano, dándole recepción a los usuarios e informándoles debidamente, solicitud de cualquier documento relacionado con los casos, servicio para firma del Libro de Procesados.

2. Representación Legal de la Víctima, donde, además de estar representado por el fiscal adjunto del proceso penal, la víctima es asistida por un abogado especial, que incluye: a. Representación completamente gratis del abogado b. Asesoría y diligencias administrativas sin costo alguno c. Ejecución de sentencias de testigos, entre otros.

El fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta.

Cada uno estos servicios son completamente gratis, excepto las copias de documentos que deben ser costeadas por él o la solicitante, en cumplimiento a los requerimientos de las leyes especiales, incluyendo el Código Procesal Penal y los Reglamentos o Resoluciones de la Procuraduría General de la República.

Cada fiscal litigador está debidamente capacitado a nivel de especialidad en Derecho Procesal y Penal, graduados en las distintas promociones que han pasado por la Escuela Nacional del Ministerio Público, sin dejar de mencionar también los cursos de perfeccionamiento en litigación oral e investigación que realizan estos funcionarios en pos de brindar a la sociedad dominicana una litigación de los casos con rostro humano y una comprobable calidad institucional, manifestándose con la puntualidad y celeridad de cada uno de los servicios que se ofrecen a los usuarios de justicia.

Efectivamente, el Ministerio Público de esta provincia de Santo Domingo, en materia de litigios, es un ejemplo a seguir como modelo de entrega, capacidad y buen servicio en pos de una justicia sin vicio de impunidad.

Y como muestra de las acciones que realiza la Unidad de Litigación, en el

primer trimestre del año obtuvo condenas de 1076 años y siete meses.

El primer lugar lo ocuparon los casos de violación a la Ley 50-88 con 54 sentencias; en el segundo lugar los casos de homicidio con 44; el tercer lugar los procesos de robo con 37 casos, según revelara el fiscal adjunto y coordinador de los tribunales colegiados, Nelson de Jesús Rodríguez, quien dijo que estas condenas fueron posibles gracias a los esfuerzos desplegados por el titular de esta fiscalía, doctor Perfecto Acosta, y sus adjuntos en las diferentes áreas.

Informó que de las condenas obtenidas, diez fueron de 30 años, quince de 20, seis de 10, y una de 12 años.

También, el Ministerio Público de la provincia Santo Domingo consiguió una condena de 18 años, y otras comprendidas entre los 6 meses a diez años por infracción a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

De 1,076 años y siete meses de condenas que consiguieron los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, correspondieron a 169 casos con juicios de fondo, conocidos en el Primer y Segundo Tribunal Colegiados de esta demarcación territorial. Ministerio Público

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Inauguran 0ficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima La Procuraduría General de la República inauguró la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima para facilitar asistencia legal y asesoramiento a las personas agraviadas que carezcan de recursos económicos para tratar sus casos.

El procurador general de la República, magistrado Radhamés Jiménez, al pronunciar el discurso central del acto, dijo que con la puesta en funcionamiento del nuevo servicio buscan hacer más efectivas las acciones del Ministerio Público para que en el país desaparezca la impunidad.

Resaltó la labor de cada uno de los profesionales que laboran en la nueva oficina, los cuales dijo trabajan para que los ciudadanos reciban un servicio rápido y efectivo.

De su lado, María Hernández, coordinadora general de la nueva oficina,

solución, tiene además como misión, acompañar a la persona afectada, a quien ofrece orientación desde el inicio del procedimiento hasta la decisión final del caso.

María Hernández

destacó los esfuerzos que realizan para que los ciudadanos que no dispongan de medios económicos para contratar a un abogado, cuenten con todas las facilidades para acceder al nuevo servicio. Este organismo, creado por el magistrado Radhamés Jiménez mediante re-

La nueva oficina funciona en la calle Doctor Báez, número 16-alto, casi esquina César Nicolás Penson, en el sector de Gazcue. Ofrece sus servicios en horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, y su teléfono es el (809) 533-3522 ext. 3000.

Esta nueva unidad del Ministerio Público ofrece asistencia a la víctima a través de abogados representantes legales e investigadores judiciales, así como coordinadores departamentales, trabajadores sociales y un personal administrativo. Este servicio asegura a los afectados los derechos a recibir un trato digno y respetuoso, así como protección para su seguridad y la de sus familiares.

Procurador entrega cheque al Colegio de Abogados El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, entregó un cheque por valor de RD$1,657,230.00 al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), cumpliendo así con lo que establece la Ley 91, la cual señala que la entidad estatal debe pagar unos RD$30.00 a ese gremio, de los impuestos que cobra por cada legalización de firmas notariales que realiza el Ministerio Público.

El cheque fue recibido por el doctor José Fernando Pérez Volquez, presidente del CARD, y corresponde a la suma de los impuestos pagados por el contribuyente durante el primer semestre de este año.

El máximo representante del Ministerio Público dijo que esto representa el primer aporte de la Procuraduría al CARD, ya que anteriormente el gremio recibía el desembolso a través de la Dirección General de Impuestos Internos.

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Ministerio Público

El procurador Radhamés Jiménez entrega el cheque al presidente del CARD, José Fernando Pérez Volquez.

De su lado, el presidente del CARD agradeció al doctor Jiménez Peña y a la licenciada Gladys Checo de Almonte, asistente del procurador general de la República en el área Financiera-Administrativa, por el respaldo que le han ofrecido al gremio. Agregó que siem-

pre han tenido la ayuda de la Procuraduría, y en ese sentido, señaló el apoyo

que reciben en la capacitación de los abogados, con la realización de cursos

de especialización en la Escuela Nacio-

nal del Ministerio Público.


Confirman a Radhamés Jiménez Peña y nombran a Alejandro Moscoso Segarra en la Fiscalía del D.N. El general Manuel de Jesús Pérez Sánchez es el nuevo director de Prisiones y Lino Vásquez Samuel, comisionado de Justicia

Alejandro Moscoso Segarra

César Pina Toribio

El presidente Leonel Fernández confirmó a Radhamés Jiménez Peña como procurador general de la República y nombró a Alejandro Moscoso Segarra procurador fiscal del Distrito Nacional, en lugar de José Manuel Hernández Peguero quien desempeñó ese cargo durante todo el pasado cuatrienio.

mociones, y entre esos funcionarios se destacan el doctor César Pina Toribio, quien fue movido desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a la Secretaría de la Presidencia, y el doctor Franklin Almeyda Rancier, quien fue ratificado en la Secretaría de Interior y Policía. En lugar de Pina Toribio como consultor, fue nombrado el doctor Abel Rodríguez del Orbe, quien había desempeñado el puesto durante el primer gobierno encabezado por el presidente Fernández en el período 1996-2000. Tanto Pina Toribio como Rodríguez del Orbe fueron procuradores generales de la República durante ese mismo primer cuatrienio. Para designar a Moscoso Segarra en la Procuraduría Fiscal capitalina, el presidente Fernández emitió el decreto 322-08. Con ese mismo decreto nombró a Vásquez Samuel como coordinador de la Comisión de Reforma y Modernización de la Justicia.

En lugar de Moscoso Segarra, quien se desempeñaba como Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, fue designado el doctor Lino Vásquez Samuel. Asimismo, el general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, fue nombrado como director de Prisiones.

El magistrado Jiménez Peña quedó confirmado mediante el primer decreto del nuevo gobierno, el No.29308, que dejó por sentado el gabinete, integrado por el grueso de los funcionarios que acompañaron al presidente Fernández durante su segundo mandato. Hubo cambios, revalidaciones y pro-

Tanto Moscoso Segarra como Vásquez Samuel, son dos reconocidos

Abel Rodríguez del Orbe

Lino Vásquez Samuel

abogados y académicos que habían desempeñado funciones en el Ministerio Público, habiendo sido el primero, procurador general adjunto entre 1998-2000, y el segundo, secretario del Consejo de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ministerio Público

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Programa juvenil de preservación del medio ambiente

Con el objetivo de involucrar a los jóvenes en la recuperación y protección del medio ambiente del país, entidades públicas y privadas firmaron un convenio interinstitucional para desarrollar los proyectos necesarios requeridos en sentido.

“Programa Juvenil para la Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” surge luego de la firma de un convenio entre el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; Manuel Crespo y Omar Ramírez, titulares de las secretarías de la Juventud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente; el padre Luis Rosario, de la Pastoral Juvenil, y Jhon Garrido, de la Federación de Estudiantes Dominicanos, durante un acto celebrado en la Loma de Novillero, en Villa Altagracia.

Las tareas inmediatas a desarrollar en el marco del acuerdo incluirá la puesta en marcha de los “Defensores Juveniles del Medio Ambiente”, quienes tendrán la responsabilidad de formar brigadas de reforestación y servir de vigilantes de los recursos naturales en toda la geografía nacional, presentando, en caso que fuese necesario, cualquier denuncia de violaciones a las leyes medioambientales por ante

El procurador Radhamés Jiménez Peña firma el convenio con los secretarios de la Juventud y de Medio Ambiente, Manuel Crespo y Omar Ramírez, en compañía de líderes comunitarios de Villa Altagracia.

la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente.

Como parte del programa acordado, las intituciones firmantes se comprometieron a garantizar la logística de plántulas y preparación de todas las jornadas de reforestación a ser realizadas por los defensores juveniles del medio ambiente, a través del programa Quisqueya Verde, así como brindar capacitación a los voluntarios.

El doctor Jiménez Peña se comprometió a realizar los esfuerzos que sean necesarios para proteger los recursos naturales. Dijo ser un apasionado por la naturaleza y destacó que su tesis

El magistrado Jiménez Peña, Manuel Crespo y Omar Ramírez encabezan un recorrido por una zona verde de Villa Altagracia.

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de grado, en el año 1985, se denominó “Delitos Ecológicos en la República Dominicana”. Resaltó además la importancia de enfrentar los problemas ambientales de manera coordinada y decidida.

“Estamos comprometidos a seguir los lineamientos de este acuerdo para que las futuras generaciones disfruten de un ambiente sano”, precisó Jiménez Peña, quien estuvo acompañado del procurador adjunto para la Protección del Medio Ambiente, Andrés Chalas. En tanto que Manuel Crespo, quien auspicia la iniciativa, dijo que con la firma del convenio se procura promover la participación voluntaria de jóvenes en actividades de capacitación y reforestación, así como la preservación del medio ambiente, “convirtiéndolos en agentes responsables en la consecución de las acciones a favor de la conservación de los recursos naturales”.

Explicó que el programa de preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales se enfoca en crear conciencia sobre la necesidad que tiene el país de instaurar espacios de participación, que vinculen el liderazgo de miles de jóvenes a las acciones que desarrolla el gobierno del presidente Leonel Fernández, en materia ambiental.


Procuraduría y USAID

Aperturan sistema de denuncias en casos de corrupción Será administrado por la DPCA e incluye registro y seguimiento de los casos Con la asistencia técnica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Procuraduría General de la República inició un sistema centralizado de registro y seguimiento de denuncias y casos de corrupción que será administrado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).

El acto de lanzamiento del sistema estuvo encabezado por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, el director de la USAID, Richard Goughnour, y el director de la DPCA, doctor Octavio Líster, entre otros funcionarios del Ministerio Público.

El sistema tiene el propósito de optimizar el trabajo de administración y monitoreo de los casos de corrupción, así como de incrementar la transparencia y generar estadísticas actualizadas. Se apoya en la tecnología del Sistema de Justicia Siglo XXI que implementa la Procuraduría General de la República dentro del nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía.

El modelo permite canalizar las denuncias hacia la DPCA a través de un formulario estandarizado, y así asegurar la información necesaria para realizar investigaciones fidedignas. Además, es una herramienta para que el fiscal o investigador encargado de los casos pueda tener un expediente electrónico que le permita mayor eficiencia en su intervención en términos de tiempo y calidad.

Con esta herramienta se tendrá un registro detallado de todos los documentos del caso, los acusados y las acciones judiciales que se realizan en el proceso.

El procurador general de la República dijo que éste es un esfuerzo más del Ministerio Público, con el apoyo de

El magistrado Octavio Líster habla en el acto de apertura del sistema. A su lado, el procurador Radhamés Jiménez Peña, el señor Richard Goughnour y otras personalidades.

la USAID, de combatir el flagelo de la corrupción. Manifestó que el sistema garantizará un marco de operatividad, donde todos los ministerios públicos del país deben trabajar de manera coordinada con la DPCA en los casos relativos a actos de corrupción.

Richard Goughnour.

De igual forma, dijo que la gestión 2004-2008 de la DPCA, bajo la dirección del doctor Líster, es la única administración que ha logrado casos concretos y sentencias condenatorias

definitivas en la lucha contra la corrupción.

Agradeció la iniciativa de la USAID, en la persona de su director Goughnour, por el apoyo.

De su lado, el doctor Octavio Líster afirmó que la corrupción es un flagelo mundial y, en consecuencia, es responsabilidad del Ministerio Público mantener un control de todos los actos de corrupción que se produzcan en cualquier parte del país.

Informó que las únicas siete auditorías que llegaron a su oficina, enviadas por la Cámara de Cuentas que finalizó recientemente, seis correspondían a los ayuntamientos de los distritos municipales del país, y que el sistema propiciará un mayor control de esos casos sin importar la ubicación geográfica en que se produzcan.

Mientras que el director de la USAID felicitó al procurador general de la República “por su lucha constante para que la justicia dominicana cuente con profesionales capacitados y las herramientas necesarias para procesar cualquier violación de las leyes dominicanas”. Ministerio Público

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“Memorias de una Gestión Transparente” Principales realizaciones de la Procuraduría durante el período 2006-2008 La Procuraduría General de la República preparó las memorias del magistrado Radhamés Jiménez Peña en una publicación que recoge las principales realizaciones y logros de la institución durante el período 2006-2008.

El libro, elaborado por su Departamento de Prensa, titulado “Memorias de una Gestión Transparente”, es un compendio de las diferentes iniciativas impulsadas por la Procuraduría durante ese período, con las cuales ha logrado colocarse como la entidad de la administración pública más transparente. Asimismo, se destacan las actividades que mayor incidencia han tenido en la mejora de los mecanismos de persecución y prevención del delito en República Dominicana.

Se hace referencia a la labor de la Escuela Nacional del Ministerio Público, organismo que ha cumplido satisfactoriamente con la responsabilidad de desarrollar programas de capacitación, orientados a la transferencia de destrezas y habilidades para un mejor desempeño de la función de los miembros de la institución. Asimismo, se presenta la ampliación

y solidificación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que lidera la Escuela Nacional Penitenciaria, institución que responde por el diseño y conducción de los programas de

formación, capacitación, perfeccionamiento y evaluación del personal del Sistema Penitenciario Nacional, entre otras importantes acciones y realizaciones.

caluroso recibimiento al procurador

La foto del centro recoge momentos cuando magistrados y funcionarios recibían al procurador Radhamés Jiménez Peña, tras ser confirmado en su cargo por el Presidente de la República. Desde la izquierda se destacan Rosanna Dalmasí, Frank Soto, Sonia Berroa, Gisela Cueto, Robustiano Peña, Idelfonso Reyes, Angel Castillo, Julieta Tejada, Gladys Sánchez y Ramón Arístides Madera. En los extremos, Gladys Checo, Lucero Rivera y Adelaida de la Rosa.

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El servicio comunitario

a través de las fiscalías barriales

Glenis Sosa Procuradora Fiscal Adjunta Provincia Santo Domingo

Fiscalía Barril de Pedro Brand, cuando fue inaugurada por la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público al servicio de las fiscalías barriales resulta de fácil acceso para el ciudadano al igual que las casas comunitarias, ambas persiguen un fin común, es decir, prestar un servicio rápido, ya que se encuentran en el mismo corazón de las comunidades; éstas ciertamente facilitan el servicio de atención judicial y evitan que se congestionen las fiscalías centrales, y la rápida atención del ciudadano hace que éste pueda tener una respuesta judicial y que las necesidades requeridas sean atendidas satisfactoriamente.

conciliación y mediación, la mayoría de esos casos son resueltos, aunque otros ameritan ser tratados con más perfección, delicadeza y tiempo, prestándoles la atención requerida por la gravedad del caso, y remitiéndolos a los departamentos especializados como las áreas de mediación, psicología y de servicios comunitarios, para ser evaluados y luego darle el tratamiento y seguimiento que amerita cada caso.

Los servicios comunitarios agilizan el proceso de solución de conflictos y llevan al ciudadano a obtener resultados rápidos y eficientes, con la implementación de una política de economías procesales, ya que estos servicios son gratuitos y de fácil acceso, con igualdad de garantías procesales en el cumplimiento de las leyes, la Constitución y los tratados, garantizando el debido respeto al ciudadano.

El procurador general de la República, magistrado Radhamés Jiménez, conjuntamente con el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, en lo que respecta a nosotros como Ministerio Público en las fiscalías barriales, nos brindan el respaldo requerido para el mejor desempeño al frente de nuestra función. El interés y norte es que se les brinde el servicio existente y exigente que los residentes de nuestras comunidades requieren, y que cada caso sea tomado como especial, dando lo mejor de nosotros en la función que desempeñamos.

Las violaciones más frecuentes encontradas en las fiscalías barriales y casas comunitarias no son más que violencia intrafamiliar, conflictos comunitarios, violencia de género y abuso de confianza, entre otras; que muchas veces, con una simple

Los miembros del Ministerio Público que estamos al frente de las fiscalías barriales pretendemos que nuestros servicios judiciales puedan traer la paz y la justicia a todos los sectores que solicitan de nuestra atención. Ministerio Público

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Gradúan a 185 internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata La Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), con el apoyo de instituciones religiosas, oficiales y sin fines de lucro, graduó a 185 internos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata, quienes recibieron certificados que lo acreditan como técnicos en diversas áreas.

Los internos recibieron diplomas en las áreas de informática, repostería, panadería y pintura. La graduación fue realizada como parte de los actos de conmemoración del segundo aniversario del CCR de Monte Plata.

Encabezó el acto, el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, acompañado del director de la ENAP, Roberto Santana; el director de Prisiones, José Ignacio Sandoval Cabrera, y el supervisor general de Prisiones, Henry Garrido, entre otras autoridades.

Jiménez Peña dijo que con el apoyo de diversos sectores de la sociedad están haciendo un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de los recintos penitenciarios del país. Precisó que por ello el pueblo dominicano ha comenzado a entender que los privados de libertad son seres humanos, y esto se refleja en la formación del Patronato Nacional Penitenciario, que preside monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez”.

Sostuvo que esa entidad está integrada por una representación importante de la sociedad, entre ellos, de la iglesia católica, empresarios y representes de diferentes medios de comunicación, los cuales han asumido como suya la transformación del sistema penitenciario, apuntó. Exhortó a los internos a convertirse en guardianes de la paz y la tranquilidad en lugar de constituirse en un peligro para la sociedad, “esta es nuestra intención con la implemen-

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Roberto Santana, director de la ENAP, habla durante el acto de graduación.

tación del nuevo modelo en todos los recintos penitenciarios”.

En tanto que el director de la ENAP, Roberto Santana, dijo que la implementación del nuevo sistema es irreversible, al tiempo de señalar que los centros de corrección y rehabilitación se han convertido en una segunda oportunidad.

“En los centros incorporados al nuevo modelo, los privados de libertad viven en un ambiente de paz y respeto”, expresó Santana..

Interno Rafael Belén

Las palabras de gracias las pronunció el interno Rafael Belén, quien agradeció los esfuerzos de las autoridades para mejorar la convivencia de los centros penitenciarios.

“Las condiciones de este recinto nos conducen a llevar una nueva vida”, precisó el interno.

Dentro del programa de la actividad, el procurador Radhamés Jiménez Peña juramentó la Unidad de Gestión

Agroempresarial para el CCR de Monte Plata, integrada por el director de ese recinto, José Altagracia Bautista Ogando; el representante de la Secretaría de Agricultura en esa provincia, ingeniero Loreto Antonio Saturria; el ingeniero Erasmo Luciano, y el agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, Juan Rolando Javier del Rosario.

En la graduación participaron además, el fiscal de Monte Plata, Virgilio Peralta de la Cruz; Rosendo Almonte, supervisor del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); el comandante de la 5ta. Compañía de la Policía Nacional, coronel Eddy Nova y el cantautor José Antonio Rodríguez.

El grupo de teatro Recuentos, integrado por internas del CCR NajayoFemenino de San Crist’óbal, tuvo a su cargo la presentación de una obra en la actividad. Asimismo, fue exhibida una granja de gallinas ponedoras, así como una exposición con artículos y productos elaborados por los internos del CCR de Monte Plata


Teléfonos y correos de Procuradurías de Cortes y Fiscales

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Ministerio PĂşblico

www.procuraduria.gov.do


No. 07  

Revista Ministerio Publico Digital No. 07

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