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REVISTA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ÉTICO

NÚMERO 7

2013-2014

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Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico En 1985, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se dio a la tarea de crear mediante legislación una estructura normativa que se caracterizara por incorporar la excelencia y la transparencia en el servicio público. De esta manera, se estableció la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 12-1985, que creó la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG). Luego de 27 años de conocimientos y experiencias, y 33 enmiendas, la Ley 1-2012 conocida como la Ley de Ética Gubernamental de 2011- actualizó dicho orden normativo. En su nueva Ley Habilitadora, la OEG reafirma su propósito de contribuir al desarrollo del servicio público de excelencia, y la atención competente a los retos de un servicio público integro, en el que los intereses personales de los servidores no sustituyan los intereses de la ciudadanía. Su política preventiva identifica, analiza y educa en materia de valores universales, la confiabilidad, bondad, justicia, civismo, respeto y responsabilidad, que viabilizan la consecución de los más altos niveles de honestidad, rigurosidad y eficiencia en el desempeño de los servidores públicos. Particularmente, subraya la importancia de la educación continua tanto a nivel normativo, como en el plano administrativo, organizacional y motivacional. Con ello, se promueve una visión integrada del desempeño ético del servidor público, dirigida tanto a su sensibilización y capacitación laboral, como a su conducta individual, familiar y comunitaria. Así mismo, la Oficina fiscaliza, mediante los mecanismos y los recursos que la ley le provee, la conducta de los servidores públicos y penaliza a todos aquellos que transgreden la normativa ética que integra los valores en el servicio público. En dicho rol, la OEG ha implantado iniciativas electrónicas competentes adaptadas a la presentación de los informes financieros. Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético El Centro para el Desarrollo del Pensamiento (CDPE) se creó en mayo de 2000, mediante Orden Administrativa de la OEG, como medida para intensificar la educación y promoción de la ética y los valores públicos. Un año más tarde, la Asamblea Legislativa elevó a rango estatutario el CDPE, a través de la Ley 13 de 11 de abril de 2001, que enmendó la Ley 12-1985, para añadir el Art. 2.7.


La Ley 1-2012, en su Art. 3.1, establece la misión y los objetivos generales del CDPE. Reafirma el rol educativo y preventivo del Centro, destacándose la importancia y el alcance que tiene el diseño de iniciativas educativas en materia de ética y valores para el desarrollo integral de la sociedad. Fomenta la producción de investigación académica sobre todos los aspectos relacionados a la cuestión ética, tanto en el plano local como en el internacional. Retoma el compromiso con la investigación académica anticorrupción. Además, se prioriza la importancia de, mediante su publicación, difundir los hallazgos de cualquier investigación académica sobre el proceso ético público y social. Ethos Gubernamental Ethos Gubernamental es una revista electrónica, académica y arbitrada. Es la primera publicación anual local, dedicada a la investigación local e internacional, al igual que al análisis y la reflexión académica sobre la ética y la ética gubernamental, concebidas en su sentido más amplio y participativo. Ethos provee un espacio académico para presentar artículos que serán evaluados internamente, y arbitrados por especialistas competentes en las áreas que correspondan. Los artículos son producidos desde perspectivas metodológicas cuantitativas, cualitativas, interdisciplinarias o inclusive transdisciplinarias. De esa manera, Ethos se constituye en un referente académico, científico y operacional, dirigido a facilitar conocimientos competentes y relevantes, que sirva los objetivos que el CDPE produce para optimizar la educación continua de los servidores públicos en materia de ética, valores y administración pública, y con ello contribuir al desarrollo de la cultura ética en el servicio público y la sociedad en general.


REVISTA DEL CENTRO PARA ELEL DESARROLLO DEL REVISTA DEL CENTRO PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ÉTICO PENSAMIENTO ÉTICO OFICINA DEDE ÉTICA GUBERNAMENTAL OFICINA ÉTICA GUBERNAMENTAL DEDE PUERTO RICO PUERTO RICO NÚMERO 7

2013-2014

Lcda. Zulma R. Rosario Vega Directora Ejecutiva Lcda. Ana Teresa Ramírez Sub Directora JUNTA EDITORA Jesús Nieves Mitaynez Director Lcda. Lillian de la Cruz Correctora

Darwina Nina Peguero Diseño y Estructura

Eva Francoulon Figueroa Artista Gráfico


REVISTA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ÉTICO OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE PUERTO RICO NÚMERO 7

2013-2014

JUNTA EDITORA ESPECIAL Jesús Nieves Mitaynez Coordinador

Dr. Othoniel Rodríguez Catedrático Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad Politécnica de PR Dr. Roberto Callarotti Catedrático Director Científico Puerto Rico Energy Center Universidad Del Turabo Dr. Paul Sundaram Catedrático Departamento de Ingeniería Mecánica Recinto de Mayagüez Universidad de Puerto Rico

Dr. Juan C. Salas Cardona Catedrático Facultad de Derecho Universidad de Estrasburgo Dr. Demetrio Fernández Quiñonez Catedrático Facultad de Derecho Universidad de Puerto Rico Dr. Carlos Rojas Catedrático Departamento de Humanidades Recinto de Humacao Universidad de Puerto Rico


Dra. Myra Pérez Catedrática Facultad de Administración de Empresas Recinto de Rio Piedras Universidad de Puerto Rico

Dra. Rochellie Martinez Vivas Catedrática Asociada Departamento de Administración de Empresas Recinto de Cayey Universidad de Puerto Rico

Dr. Jesús Michelen Embarek Investigador y Profesor Vicerrectoría de Posgrado Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra República Dominicana

Dra. Vilma R. Rivera-Serrano Catedrática Asociada Departamento de Administración de Empresas Recinto de Cayey Universidad de Puerto Rico

Dra. Nayda Santiago Santiago Catedrática Asociada Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras Recinto de Mayagüez Universidad de Puerto Rico Dr. Luis Tapia Maldonado Catedrático Auxiliar Departamento de Administración de Empresas Recinto de Utuado Universidad de Puerto Rico

Dra. Eneida Rodriguez Rossi Catedrática Auxiliar Departamento de Administración de Empresas Recinto de Utuado Universidad de Puerto Rico

Dr. Juan Carlos Cardona Catedrático Auxiliar Departamento de Administración de Empresas Recinto de Bayamón Universidad de Puerto Rico


Ethos Gubernamental Es una revista académica electrónica y arbitrada que se publica anualmente. La misma es editada por una Junta Editora dirigida por el Consejero Ejecutivo en Asuntos Académicos de la Oficina de la Dirección Ejecutiva de la OEG. Manuscritos: La Revista Ethos Gubernamental fomenta la investigación sobre todos los aspectos relacionados a la ética, la ética gubernamental y la administración pública, entre otros temas relacionados. Se destaca la inherencia que el factor ético tiene sobre las gestiones gubernamentales internas y su pertinencia y alcance en las relaciones internacionales contemporáneas. Cada publicación de la revista se diseña temáticamente, y de conformidad a los objetivos que correspondan. Cada escrito es sometido a un proceso riguroso de evaluación y arbitraje adaptado a su contenido. Se invita al público a someter escritos. La publicación de un documento no significa necesariamente que la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico se solidariza con las ideas expresadas por el autor o los autores. Derechos de Autor: Los derechos de los artículos publicados en la Revista Ethos Gubernamental los retienen los autores. La Revista Ethos Gubernamental se reserva el derecho a reproducir electrónicamente los artículos. Cada autor garantiza que su artículo no ha sido publicado anteriormente y consiente a no publicarlo en otra revista por espacio de los dos años siguientes a su publicación en la Revista Ethos Gubernamental. Puede comunicarse a través del teléfono 787 999 0246 ext. 2114, 2104,2514, ó mediante correo electrónico a ethos@oeg.gobierno.pr

La dirección de la Revista Ethos Gubernamental es: Urb. Industrial El Paraíso 108 Calle Ganges San Juan, Puerto Rico 00926-2906


MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Gracias por acceder al séptimo número de la revista Ethos Gubernamental dedicada al Desarrollo Económico de Puerto Rico en el Siglo XXI dentro del marco insoslayable de la ética. El crecimiento económico es tan importante como la calidad ética de las iniciativas que lo generan y el bienestar social que el mismo debe procurar. Nuestra publicación contiene 10 escritos arbitrados sobre diferentes materias, que confío serán de su interés: 1. La transformación de la infraestructura eléctrica y la diversificación de las fuentes de energía renovable. 2. La relación entre el consumo energético y el bienestar humano. 3. La responsabilidad corporativa basada en una conducta empresarial de toma de decisiones dentro del marco de los valores. 4. La rendición de cuentas en las organizaciones sin fines de lucro. 5. Ética empresarial comunitaria que contribuya al desarrollo integral sostenido. 6. Competencias éticas de los estudiantes en la facultad de Administración de Empresas de la UPR. 7. El caso Enron y la ética en el desempeño de todo el recurso humano corporativo. 8. La ética mediante el modelaje de hombres y mujeres valientes y comprometidos con los valores. 9. Las relaciones obreros patronales y la resolución de conflictos a la altura de los tiempos. 10. La integridad profesional ejercida con conocimiento, sensibilidad, compromiso y justicia. Los invito a que se adentren en el contenido de cada uno de los artículos y reflexionen sobre lo que los autores, todos del mayor calibre y rigor académico, nos proponen como referente a nuestras legítimas aspiraciones para un Puerto Rico que crezca, evolucione y prospere sin obviar el marco ético que le dará el sostén al que aspiramos.

Lcda. Zulma R. Rosario Vega Directora Ejecutiva


REVISTA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ÉTICO NÚMERO 7

2013-2014 SUMARIO

I.

ARTICULOS ÉTICA, ENERGÍA, DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR HUMANO

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO EFRAIN O’NEILL LUIS O. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ AGUSTÍN A. IRIZARRY WILLIAM FREY

3

RESPONSIBLE WELLBEING AND ENERGY THRESHOLD MARCEL CASTRO-SITIRICHE LUIS. O. JIMENEZ- RODRÍGUEZ

63

GOBERNABILIDAD CORPORATIVA, EMPRESARISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CORPORATIVA RAMÓN TORRES

111

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO: ¿A QUIÉN Y CÓMO? LUZ GRACIA MORALES PATRICIA VALENTIN CASTILLO

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DESARROLLO ECONÓMICO COMUNITARIO Y LAS EMPRESAS SOCIALES: PILARES DE UNA ÉTICA EMPRESARIAL COMUNITARIA JOSÉ I. VEGA

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REGLAS, CONDUCTAS, APRENDIZAJE Y MEDICIÓN COMPETENCIAS ÉTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RIO PIEDRAS JAVIER BAELLA CARMEN CORREA MATOS MARÍA TERESA ARZOLA FLORES MARIA TERESA JIMÉNEZ PLÁ

227

ENRON’S DOWNFALL NEXUS TO THE LEGAL THEORIES OF THE CORPORATION AND THE BUSINESS JUDGEMENT RULE: REVISITED A DECADE LATER YVONNE HUERTAS

301

PROFESIONALISMO, LIDERAZGO ÉTICO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES DE PUERTO RICO EXPLORING THE SUPEREROGATORY THROUGH MORAL EXEMPLAR STUDIES: IMPLICATIONS FOR EDUCATORS WILLIAM FREY JOSÉ CRUZ CRUZ

347

LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES EN PUERTO RICO, ESCENARIOS PARA UNA NUEVA CULTURA DE TRANSFORMACIÓN PARTICIPATIVA JEFFREY PÉREZ CABÁN

II.

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REFLEXIONES

INTEGRIDAD PROFESIONAL MICHELLE BEAUCHAMP

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO Efraín O’Neill-Carrillo; Luis O. Jiménez-Rodríguez, S.J.; William J. Frey; Agustín A. Irizarry-Rivera

Trasfondo: Reforma Energética Las grandes aéreas energéticas en Puerto Rico son energía eléctrica y transportación. Nuestra infraestructura eléctrica es un proyecto social determinante para el desarrollo socio-económico de la Isla. Como muchas otras áreas, la administración de ese bien público por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requiere revisarse, dados los múltiples actores y variables existentes hoy día, que presentan retos distintos a una organización cuya estructura básica data de 1941. Debido a esta diversidad de actores y factores, las propuestas de cambio al sector eléctrico en Puerto Rico, en su mayoría, representa un acercamiento fragmentado a la solución de los problemas del sector. A su vez, en el sector de transportación, se observa una mayor desintegración y fragmentación: mayoristas, detallistas, el DACO y el DTOP, entre otras entidades, inciden de diversas maneras en la política pública de ese sector. La transportación es un tema complicado que merece atención, pero está fuera del alcance de este artículo. La

fragmentación

del

asunto

energético

debe

atenderse

prioritariamente para el beneficio de la Isla; y con ello, abrir espacios efectivos de participación multisectorial para gestar una discusión seria sobre el futuro energético de Puerto Rico (O’Neill, 2009). Nuestra reforma energética es crucial, debe construirse de manera integrada e integradora, que reconozca los retos inmediatos, y que de igual forma, atienda los retos de largo plazo, para que demuestre su efectividad de manera sostenida. ETHOS GUBERNAMENTAL

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry La reforma energética estratégica de Puerto Rico debe atenderse desde una perspectiva amplia, que incluya diversas disciplinas y sectores en el desarrollo de iniciativas que nos acerquen a la sostenibilidad energética. Por sostenibilidad utilizamos como referencia la definición clásica de las Naciones Unidas, que se puede resumir en términos del uso de recursos para satisfacer las necesidades de la presente generación, sin afectar la capacidad de futuras

generaciones

para

satisfacer

sus

necesidades.

Sostenibilidad energética es aquel acercamiento donde las estrategias y tecnologías energéticas aportan a lograr una sociedad sostenible. En nuestra perspectiva, la reforma energética requiere que formulemos una política pública energética efectiva que armonice las oportunidades tecnológicas existentes, con nuestras realidades económicas, sociales y ambientales. Si pretendemos reformar nuestros sistemas de energía “de proyecto en proyecto” sin una visión real sobre dónde queremos llegar, sin un plan de cómo llegaremos y maneras para integrar efectivamente a la ciudadanía, terminaremos en las controversias típicas que no aportan positivamente al desarrollo de nuestra calidad de vida. Esto pasó con los proyectos recientes de suministro de gas natural con tuberías a centrales generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. La dependencia del petróleo es el factor que más influye en el precio de la electricidad en Puerto Rico. De igual forma, cuando sube el precio de la gasolina se encarecen casi todos los sectores de nuestra sociedad que dependen de la transportación. Para nuestro problema de dependencia de combustibles fósiles, no hay soluciones rápidas que sean efectivas y de largo plazo. Aunque se

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plantean algunas alternativas energéticas que se discuten públicamente por parte de diversos sectores, las mismas no contemplan la complejidad técnica y social de los retos energéticos. Lo primero que usualmente se sugiere son tecnologías para generar más energía eléctrica, o para mantener las actuales estrategias de transportación. La realidad es que todas las posibles soluciones tecnológicas tienen sus ventajas y desventajas, impactos positivos y consecuencias negativas. Por lo general, queda en un segundo plano la discusión pública sobre programas agresivos de ahorro y eficiencia de energía, o métodos alternos de transportación que conlleven revisar los patrones de uso de energía. Tampoco se discuten otras causas de nuestra dependencia dañina de combustibles fósiles; por ejemplo, en cuanto a energía eléctrica, la falta de acceso a información para estudio y corroboración de universidades y otros entes, la deuda con los bonistas, los subsidios, y el aislamiento de los organismos decisorios de la AEE, que se supone velen por el interés público. Por lo tanto, la tecnología por sí sola no nos va a sacar del agujero energético en el que nos encontramos. Una reforma energética no debe ser primordialmente una discusión de tecnologías energéticas. Además, reconocemos que en esta discusión energética los avances y la extracción de gas natural y petróleo de esquisto (“shale gas” y “shale oil”) presentan otra dimensión en la discusión, que debe ser atendida, pero está fuera del alcance de éste artículo. Una reforma energética debe contar con la participación de diversos sectores de manera que ningún sector ejerza mayor influencia que otro. Todos tenemos ideas, que deben debatirse y analizarse seria y profundamente por diversos sectores, pues nadie tiene la verdad absoluta en el tema energético. Lo primordial debe

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry ser que las estrategias y soluciones propuestas sean para el beneficio de todos en Puerto Rico, aunque no sean necesariamente lo óptimo para un sector en particular. De esta manera, se puede lograr un apoyo participativo entre los constituyentes, al apoderarlos a través de una participación amplia y transparente, y convertirlos en actores activos en los debates, y en la formulación e implantación de política pública energética. Tanto los beneficios como las consecuencias de nuestras decisiones energéticas de hoy, deben ser compartidos de manera justa, y no beneficiar a unos pocos mientras se afecta a muchos o a sectores vulnerables. No debemos continuar con posiciones paternalistas, anacrónicas, que insisten en mantener los estilos jerárquicos que precisamente han resultado en el estado de situación actual.

Perpetuar dichas

prácticas, nos pone en peligro de enfocarnos en unas áreas o aspectos

específicos,

sin

identificar

o

considerar

otras

posibilidades, conexiones o consecuencias de acciones y decisiones en el resto de la Isla. Ciertamente, el proceso no debe conducirnos a una “parálisis por análisis” y tampoco debemos cambiar por el mero hecho de cambiar, por las ganancias a corto plazo que se puedan obtener o los beneficios a sectores particulares que un cambio pueda representar. Enfatizamos que una reforma energética de beneficio para todos requiere apertura en los asuntos energéticos, y que podamos decidir nuestro futuro energético multisectorialmente, con todas las cartas sobre la mesa. Particularmente, necesitamos entender toda la complejidad, las ventajas y desventajas de cada opción que se proponga. Si no hay espacios o herramientas para que esto ocurra, pues las tenemos que crear, y existen ejemplos que pudiéramos seguir y expandir (O’Neill 2010). Asumir la transparencia y la

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apertura implica que todos enfrentemos la realidad de nuestra infraestructura eléctrica, al igual que nuestra situación en materia de transportación, para poder decidir a dónde queremos ir como Pueblo. Todos debemos asumir las responsabilidades que nos correspondan, y todos debemos también disfrutar los beneficios de tener sistemas de energía confiables. El futuro energético de Puerto Rico pudiera encaminarse a través de la sostenibilidad, haciendo un justo balance entre las dimensiones tecnológicas, económicas, ambientales y sociales (O’Neill 2008-2009). Hacemos bien en recordar que las consecuencias de las decisiones energéticas de hoy, estarán con nosotros en el presente, y con nuestros hijos y nietos en el futuro cercano. En esa dirección, este artículo provee una oportunidad de encuentro, análisis y reflexión, donde las diversas perspectivas, sectores y lenguajes se compartan, a los efectos de que podamos identificar los mínimos comunes, y movernos hacia ese futuro energético sostenible. Precisamente, el artículo se concentra en el sector de

energía

eléctrica

en

Puerto Rico,

y subraya

constructivamente la transformación de la AEE. A partir de dicha prioridad metodológica, se hace un breve recuento histórico de dicha Agencia, y se destacan las circunstancias que hacen insostenibles tanto su modelo de negocios actual como sus estructuras decisorias,

Finalmente, se presentan herramientas

éticas útiles en el análisis y deliberación de las opciones disponibles para la transformación de nuestra infraestructura eléctrica.

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry La Necesidad de una Nueva Infraestructura Eléctrica para Puerto Rico En todo debate o discusión sobre nuestro futuro energético, debe enfatizarse que los componentes económicos deben analizarse en función de las variables ambientales y sociales que dichos componentes plantean. Obviar dicha correlación, prepara el camino

para

controversias

estériles,

problemas

futuros

innecesarios, y consecuencias no-intencionadas, que bien pudieron haber sido atendidas desde el inicio del proceso de evaluación, mediante una mayor participación y acceso a información a todos los sectores afectados (positiva o negativamente). En una isla como Puerto Rico, es importante que las entidades gubernamentales velen por el bien común; particularmente aquellas áreas de nuestra vida como sociedad donde las condiciones económicas no son necesariamente la prioridad fundamental, sino la identificación y construcción del bienestar del Pueblo. La protección del ambiente, desarrollar la justicia social, en especial para el beneficio de las poblaciones vulnerables, son deberes importantes del gobierno en su gestión de adelantar el bien común. La confiabilidad de nuestra infraestructura eléctrica es un componente fundamental de nuestro bien común, ya que la misma es vital para nuestro desarrollo socio-económico, y no tenemos la posibilidad de interconexión con otros sistemas eléctricos, como sucede por ejemplo en los 48 estados contiguos de EEUU. Los sistemas clásicos de potencia eléctrica se componen de tres divisiones principales: generación, transmisión y distribución, organizadas

bajo

una

estructura

administrativa

única

y

verticalmente integrada. La generación de energía eléctrica en este esquema clásico es centralizada, como por ejemplo lo son las

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plantas generatrices de Palo Seco, en Cataño y Costa Sur en Guayanilla. La energía eléctrica que se produce en las plantas generatrices se transporta en grandes cantidades del centro de generación a las zonas de consumo usando el sistema de transmisión, conceptualmente equivalente a grandes autopistas en transportación. Del sistema de transmisión usualmente podemos observar las grandes estructuras de metal que sostienen líneas eléctricas de voltajes altos, en Puerto Rico (230 y 115 mil voltios). Una vez llega a los centros de consumo, la energía eléctrica pasa al sistema de distribución, un sistema análogo a las carreteras secundarias o vecinales. Del sistema de distribución usualmente observamos en zonas residenciales y comerciales las líneas sostenidas por postes, de cemento o madera.

Los voltajes de

distribución en Puerto Rico son entre 4 y 13 mil voltios, con un plan de la AEE para mover todo a 13 mil para que el sistema sea más robusto. Es importante no perder de vista que al quemar combustibles

fósiles

para

generar

electricidad,

estamos

contaminando el ambiente. Cada vez que prendemos una bombilla o un aparato eléctrico en la casa, estamos participando de la contaminación de nuestro ambiente, lo que afecta la salud de alguna persona en la Isla, especialmente aquellos que viven cerca de las plantas de generación de la AEE. En las casas, comercios o industrias realmente no se necesita electricidad, lo que se necesita es producir algún trabajo, por ejemplo mover algo (usando motores), enfriar espacios (abanicos, acondicionares de aire, neveras), o producir calor (estufas, secadoras). Si logramos hacer esos trabajos que nos hacen falta sin usar electricidad, usando menos electricidad, o si logramos tener electricidad “localmente” en nuestras casas o comercios, no haría

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry falta quemar tanto combustible fósil y además, seríamos menos vulnerables a eventos del clima. Lo primero tiene que ver con comportamiento: ¿cómo logramos hacer los trabajos que hacen falta? o ¿cómo ajustamos nuestras vidas para necesitar lo menos posible? Lo segundo involucra tecnología energética que podamos tener localmente. En Puerto Rico tenemos suficiente sol y viento para satisfacer el 100% de las necesidades energéticas de la Isla (Irizarry, 2009). Existen retos que limitan la capacidad de usar estos recursos de forma inmediata.

Pero tenemos que comenzar a implantar

alternativas que realmente nos acerquen al uso de estrategias y recursos energéticos locales. El proceso de cambio debió ser uno paulatino, dirigido a preparar el camino hacia un nuevo régimen energético. En la década del ’70 se iniciaron cambios importantes que fueron abandonados por favorecer alternativas económicas de corto plazo. Ahora nos ha llegado el “largo plazo” de entonces, y no hay espacio para seguir atendiendo sólo con estrategias de corto plazo el reto que nos plantea la energía eléctrica. Nos corresponde iniciar cambios dramáticos, no solo tecnológicos, también sociales. No hacerlo implicaría que los cambios llegarían impuestos desde afuera, lo que limitaría significativamente el tiempo de preparación, y causaría graves problemas al ajustarnos a las nuevas realidades tecnológicas. Lo lógico y razonable es que la transición sea ordenada, justa y participativa. Nadie posee el cuadro perfecto de las variables y dinámicas que debemos atender, pero todos tendremos que asumir las consecuencias, así que todos los sectores deben presentar sus preocupaciones, ideas y sugerencias. Durante esa transición es inevitable que sigamos usando sistemas centralizados de energía

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eléctrica basados en combustibles fósiles, pues son los únicos que a corto y mediano plazo pueden mantener el nivel de confiabilidad requerido. Se necesitan de la AEE servicios energéticos – no solo electricidad, al menor costo posible. Se requiere suministro eléctrico, pero también alternativas para ahorro y uso más eficiente de la energía eléctrica. Esta nueva visión de la AEE requiere evaluar estructuras organizacionales y decisorias que no van con los tiempos que vivimos, ni tampoco están preparadas para enfrentar efectivamente los grandes retos que debemos asumir.

Trasfondo de la Autoridad de Energía Eléctrica Durante la segunda mitad del siglo XX, la Autoridad de Fuentes Fluviales, luego convertida en la Autoridad de Energía Eléctrica, tuvo la importante tarea de planificar, construir y mantener la infraestructura eléctrica que permitió el desarrollo económico de la Isla. Para esa tarea, fue necesario adquirir y combinar todos los recursos de energía eléctrica existentes en Puerto Rico, para lograr el tipo de costo efectividad que permitía una estructura jerárquica de operación de sistemas de potencia (Latimer, 1997). Es importante resaltar que la AEE administra nuestra infraestructura eléctrica, que es del Pueblo de Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene poderes y estructura de toma de decisiones que datan de 1941, normas y procedimientos necesarios para lograr levantar la infraestructura que apoyó el desarrollo socio-económico del siglo pasado. Se utilizó la Tennessee Valley Authority (TVA) como modelo y punto de referencia para la AEE. TVA fue uno de los proyectos más ambiciosos del Nuevo Trato; tuvo fracasos y controversias, pero

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry también logró importantes contribuciones que resultaron en el aumento de la calidad de vida de miles de personas (TVA, 2010). TVA se creó como una corporación del gobierno federal, pero con la flexibilidad e iniciativa de una compañía privada, para reducir daños por inundaciones y mejorar la navegación en el Río Tennessee, al igual que para proveer energía eléctrica y promover el desarrollo agrícola e industrial de la región. Desde su origen, TVA asumió la “planificación por consentimiento”. En ese tipo de planificación, se preguntaba a la ciudadanía qué necesitaba en términos de servicios y cómo TVA les podía ayudar. Se incluía a la ciudadanía en el proceso de identificar maneras para mejorar sus condiciones de vida. Luego de un periodo de choque o escepticismo por parte de los ciudadanos, se logró una cooperación pública tentativa que más tarde se convirtió en cooperación entusiasta. El servicio de TVA era prioritariamente para la gente. TVA sigue cumpliendo un rol vital en su región de servicio, y su gobernanza mantiene apertura ante el público a través de la página web de su Junta de Gobierno, y diversas estrategias de participación ciudadana.

Es importante reflexionar sobre los

orígenes de la AEE, y comenzar una nueva era de Planificación por Consentimiento. La Tabla 1 presenta algunos de los valores que guiaron en sus inicios a la AEE, y que pudieran ayudar a enfrentar los retos actuales. La AEE es lo que se considera un “public power”, una compañía eléctrica en manos del gobierno (APPA, 2010). Las compañías eléctricas públicas operan al costo, sin ganancias, por lo que todo cargo o compromiso económico lo pagan los clientes. Su objetivo principal es proveer un servicio eléctrico confiable a los clientes que a su vez son dueños y toman decisiones a través de

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una junta de gobierno representativa de los intereses de la comunidad. En teoría, el dinero pagado por electricidad se queda en la comunidad y se re-invierte allí mismo (Crisson, 2012).

Tabla 1: Comparación de estrategias iniciales de la AEE y posible adaptación a los retos actuales. Fuente: Latimer, 1997.

Lecciones del Pasado

Aplicación al día de hoy

Se usó la TVA como modelo para Aplicar cabalmente los valores y la AFF como el manejo integrado mejores prácticas de compañías de recursos (Aunque no se siguió

“public power”, en especial

la planificación por

participación ciudadana efectiva,

consentimiento de la TVA.).

para asegurar que se pone el interés público primero.

Pago de los bonos representaría

Pago de los bonos o reducir esa

fuente de ingresos para obras.

deuda, liberaría fondos para otras áreas.

Se necesitaba una administración

Minimizar la política partidista en

no-partidista.

reformas y en la AEE.

Lecciones del Pasado

Aplicación al día de hoy.

Usaron recursos hidroeléctricos

Maximizar el uso de recursos

pues no tenemos combustibles

endógenos, minimizar uso de

fósiles en PR.

fósiles y recursos foráneos.

Estructura flexible y adecuada.

Sostenibilidad y resiliencia.

Incentivos, subsidios y apoyo de

Incentivar las fuentes de energía

la AEE al consumo y a la

renovables, conservación y

electrificación rural.

eficiencia.

No sólo dar servicio efectivo a

Empresa al servicio de todos en

los consumidores, sino también

Puerto Rico, que responda a las

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry planificar y esforzarse en

aspiraciones actuales, pero a la vez

asegurar los medios para proveer

planificar para asegurar el

las futuras necesidades de la

bienestar futuro de la Isla y de las

empresa.

futuras generaciones.

Estas compañías toman prestado en el mercado de bonos municipales, con unos términos más favorables (intereses más bajos) que otras fuentes de financiamiento. Se distinguen por tener cuerpos de gobierno que, en teoría, representan los intereses de los ciudadanos de forma más directa que compañías privadas. Esta es la justificación para que a estas compañías no las regule ningún ente externo y se les permita auto-regularse (funciones que hace su junta o cuerpo de gobierno). Las compañías eléctricas del tipo “public power” sirven el 15% de los clientes en los EEUU, en ciudades como Los Angeles, San Antonio y Seattle (APPA, 2010). Por otro lado, las compañías privadas tienen dueños que son accionistas. Estas compañías, aunque son privadas, se les conoce como “public utilities” porque ofrecen un servicio vital de interés público (al igual que otros servicios como las comunicaciones). Es por esto que son reguladas por entes gubernamentales externos, parecidos a una comisión de servicio público (muchas veces un “public utility commission”). Sin embargo, la regulación no es una solución milagrosa.

Existen quejas contra muchas de estas

comisiones, debido a su parcialidad a favor de las compañías eléctricas. Por esto, en la mayoría de los estados estas comisiones de servicio público son a su vez fiscalizadas (en términos de servicio al cliente) por entidades que se asocian a nivel de los EEUU en la “National Association of State Utility Consumer Advocates”.

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“Desde su fundación en 1941, la AFF evitó que en Puerto Rico se dejara de establecer una industria, un comercio o un proyecto residencial por falta de capacidad generatriz.” (Latimer, 97). Esta cita resume lo que ha sido el objetivo principal de la AEE por más de 70 años. Proveer energía confiable (con la menor cantidad posible de interrupciones) al menor costo posible, basándose en una presunción de crecimiento en la demanda de energía eléctrica. Lo que amerita preguntarnos, ¿qué pasaría si un día no hay crecimiento en la demanda? De hecho, ese fue el escenario en los años fiscales que terminaron en 2008 y 2009, ocasionando a la AEE pérdidas operacionales. La reducción en ventas de energía eléctrica fue de 5.2% (2008) y 5.5% (2009). Otros factores que influyeron

en

las

pérdidas

fueron

regulaciones

federales

relacionadas a empleados retirados, subsidios que por ley tiene que dar la AEE y la contribución en lugar de impuestos (Bonos DDD, 10). Este cuadro evidencia lo insostenible del modelo de crecimiento sostenido de demanda eléctrica, ante la realidad de una caída en dicha demanda. La tabla 2 ilustra el momento de demanda máxima en un momento en la historia de la AEE, que ocurrió en el 2006 (resaltado en negrillas). La información en la tabla 2, que cubre hasta junio de 2011, no pretende ser un análisis detallado de la situación fiscal de la AEE. La tabla es un recurso para mostrar la insostenibilidad de seguir con un modelo de negocios que depende exclusivamente de ventas de electricidad. Queda como un ejercicio futuro estudiar el tema contable de la AEE y los informes financieros auditados, especialmente el uso permitido por los Bonistas de una contabilidad distinta a lasprácticas de contabilidad aceptadas (mejor conocidas como GAAP,

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry "Generally Accepted Accounting Practices")." La cantidad de energía neta generada tuvo su momento máximo en el 2007, para caer en el 2008 cuando los precios del petróleo llegaron a $147 el barril. Los ingresos por tarifa básica se redujeron en más de $50 millones en el 2008, y luego $59 millones adicionales en el 2009 (ver cantidades en negrillas en la tabla 2). O sea, más o menos cada 5% de reducción de consumo representa unos $50 millones menos de ingreso para la AEE en la partida que se usa para el repago de los bonos. Las finanzas de la AEE se afectan con menos consumo eléctrico. Una reducción de un 25% en el consumo eléctrico representaría sobre $200 millones en recaudos que no ingresarían a la AEE. Por otro lado, a medida que el precio del petróleo siga subiendo, el ajuste de combustible subirá también, aumentando las facturas de los clientes, lo que resultará en que otras alternativas sean más atractivas (conservación, eficiencia, energía renovable). A menor consumo eléctrico, menores los ingresos para la AEE, al igual que aumenta la posibilidad de no tener suficiente dinero para el repago de la deuda a los bonistas. Una vez esto ocurre, la AEE por ley tiene que subir tarifas para asegurar el repago de su deuda, lo que subirá más la factura de los clientes, incentivándose así que más clientes opten por alternativas diferentes a la red eléctrica para satisfacer sus necesidades de servicios energéticos. Esto crea un efecto de “avalancha” o efecto en cadena que terminará haciendo a la AEE inviable. Hacemos bien en preguntarnos, ¿será posible que no podamos ahorrar energía eléctrica, ser más eficiente en el uso de la misma o usar mucho más energía renovable de la que usamos hoy? Nos parece que pocos pueden estar de acuerdo con que no podemos ahorrar más, ser más eficientes y usar más energía

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renovable solo porque esto afecta a la AEE. De ahí que el modelo actual de negocios de la AEE no es sostenible, pues dificulta el uso de los recursos y estrategias energéticas que tenemos disponibles localmente en la Isla. Destacamos que la problemática en cuestión en nada tiene que ver con la identidad pública de una compañía eléctrica, precisamente la forma en que la AEE está estructurada organizacionalmente. Por otro lado, la AEE tiene una carga económica que mes a mes nos pasa a los clientes (como lo hacen todas las compañías eléctricas públicas). La AEE paga una contribución en lugar de impuestos como una forma de cumplir con lo que serían impuestos municipales de la agencia. Esta contribución es la mayor entre: 20% ingresos netos de la AEE; el consumo eléctrico de todos los municipios; o el promedio de pagos de esta contribución en los 5 años anteriores. A más tardar cada 30 de noviembre la AEE tiene que realizar dicho pago, aunque históricamente los municipios no han pagado su factura de electricidad y la AEE por lo general liquida esa deuda con la contribución en lugar de impuestos. Es importante notar que los $229.6 millones que se pagaron en subsidios y contribuciones en lugar de impuestos hasta el 30 de junio de 2010 (ver tabla 3) representan un impuesto adicional que pagamos todos los clientes de la AEE a través de nuestras facturas cada mes. Este impuesto al consumidor se cobra en la factura en la forma de un factor de 11% que se incluye en el cómputo de ajuste por combustible, de ahí que no se puede observar claramente en la factura. Otras compañías del tipo “public power” también tienen una contribución en lugar de impuestos, sin embargo, en promedio, compañías comparables con la AEE cobran un 6% [APPA, 12].

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry En la actualidad, la AEE y la red eléctrica son prácticamente un mismo ente. Si la AEE es inviable, la red eléctrica lo será también. Aunque a largo plazo el sector residencial y comercial pequeño tengan alternativas energéticas locales, otros sectores requerirían de los servicios de la red eléctrica. La red eléctrica tiene un rol social vital al proveer energía eléctrica relativamente confiable que mantiene la actividad industrial, comercios grandes, servicios gubernamentales y provee las necesidades energéticas a sectores vulnerables o de escasos recursos económicos. Aún las personas con sistemas de energía renovable locales tipo “stand-alone” pueden contar con la red eléctrica para medición neta, para satisfacer la demanda que sus sistemas no les provean, o como resguardo (“back-up”) en caso de que sus sistemas presenten problemas. La medición neta permite que clientes con sistemas renovables reciban un crédito en sus facturas eléctricas por energía que le suministren a la compañía eléctrica.

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Tabla 2: Datos de la AEE para años fiscales que terminan en Junio (2006-2011). (Fuente: Emisiones de Bonos de la AEE e Informes Anuales de URS “Consulting Engineers’ Report”)

Capacidad

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5,388

5,388

5,402

5,898

5,898

5,898

3,685

3,604

3,546

3,351

3,404

3,406

23,754

24,062

22,924

21,763

22,559

21,63

eléctrica total (MW) Demanda Máxima (MW) Energía eléctrica

9

generada (GWh) Energía

3,134

3,390

3,322

3,247

3,324

3,138

20,620

20,672

19,602

18,516

19,235

18,50

perdida (GWh) Energía vendida

1

(GWh) Cobrado

$1,166

$1,184

$1,132

$1,072

$1,121

tarifa básica

$1,08 7

(millones) Cobrado por

$1,868

$1,778

$2,473

$2,162

$2,256

Compra de

$2,57 9

combustible (millones) Cobrado por

$674

$708.906

$745.753

$752.61

Compra de

$777.5 22

$740. 259

energía (millones) Ingresos

$3,708

$3,671

$4,350

$3,986

Totales

$4,154

$4,40 6

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry (millones) Gastos

$3,034

$3,015

$3,688

$3,378

$3,429

$3,70

totales

5

(millones) Ingresos

$674

$656

$662

$608

$725

$701

$449

$455

$420

$435

$398

$480

39%

38%

37%

41%

35%

44%

netos (millones) Bonos: Intereses + Principal (millones) % de tarifa básica que paga bonos % cambio

-

demanda

3.82 --

0.25%

-5.18%

-5.54%

3.88%

%

% cambio

-

en ventas

3.03 --

1.53%

-4.42%

-5.26%

4.57%

%

Tabla 3: Desglose de Algunas Partidas Pagadas con el 11% de la factura de la AEE para años fiscales 09-10, 10-11 (Fuentes: Emisiones de Bonos de la AEE, septiembre 2010 y abril 2012)

Descripción

2010 (millones)

2011 (millones)

impuesto (municipios)

$190.4

$158.19

Subsidios a hoteles

$6.3

$7.45

Contribución en lugar de

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica Subsidios a clientes

$29.6

residenciales

$26.85

Electrificación rural y

$3.3

sistema de riego

$4.52

Sub-total

$229.6

Mejoras Capitales (fondo

$74.7

$197.01

interno)

$17.23

Total

$304.3

$214.24

Es importante subrayar que en este artículo, al referirnos a la AEE lo hacemos pensando en la corporación pública, su estructura y procesos de toma de decisiones, y recomendaciones para mejorar dichos componentes de la entidad.

Ruta para la transformación de la infraestructura eléctrica En la última década del siglo XX, los sistemas de potencia a nivel mundial experimentaron grandes cambios debido a los adelantos

tecnológicos,

cambios

en

política

pública,

y

preocupaciones ambientales y sociales en distintos países. Las compañías eléctricas se re-organizaron de acuerdo a estos factores, y a las realidades de cada país. Una constante en muchos países ha sido un énfasis en el servicio al cliente (por ejemplo, a través de programas vanguardistas de calidad de potencia), estrategias de reducción del uso de combustibles fósiles, y un repensar la estructura clásica de generación, transmisión y distribución a través de estrategias como generación distribuida y mayor participación de los clientes en el manejo de sus tarifas eléctricas. El servicio moderno de suplir electricidad ha requerido énfasis en servicio al cliente, que incluye el mantenerlo informado de cambios y ajustes a su servicio, preguntarle qué desea y solicitarle

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry sugerencias de cómo aumentar su satisfacción, y programas vanguardistas de calidad de potencia. El desarrollo de nuevas estrategias como la generación distribuida - en la cual se descentraliza la producción de electricidad y se aprovechan los recursos renovables - y la conservación, como el desarrollo y promoción de tarifas basadas en el momento de uso y consumo (“time of use”), a todo nivel (residencial, comercial, agrícola e industrial), permiten mayor discreción y apoderamiento; es decir, se incentiva la “participación” de los clientes en el manejo de su consumo eléctrico. Dichas tendencias ponen de relieve que la infraestructura eléctrica, administrada por un ente público o privado, es un componente esencial de la infraestructura de una nación moderna, y por lo tanto es un bien común. Particularmente, queda demostrado un interés evidente por maximizar e intensificar la eficiencia en el manejo de cada uno de los activos que componen la infraestructura eléctrica. En el plano local, bajo la presunción de “petróleo barato” se planificó, construyó y se mantiene una infraestructura que depende de combustibles fósiles que carecemos en términos de nuestros recursos naturales.

Hemos aprendido que la infraestructura

eléctrica es vital para Puerto Rico, y debemos apercibirnos de que es de todos. Hemos delegado en la AEE manejarla. Sin embargo el modelo de negocios de la AEE, basado en la venta de electricidad, ha dado muestras de no ser sostenible como se ha planteado anteriormente (O’Neill, 2012). Nos ha llegado el momento en Puerto Rico de revisar la manera en que hemos manejado y estamos manejando nuestra infraestructura eléctrica, y tenemos la oportunidad de iniciar esta evaluación de una manera que considere la complejidad económica, ambiental y social del asunto.

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

Como ya hemos expuesto, urgen reformas en la AEE, analizadas de forma abierta, transparente e inclusiva, a los efectos de evitar incurrir en remedios que resulten peor que la enfermedad. La AEE hará bien en adaptarse a las nuevas realidades locales y mundiales, al igual que a los cambios tecnológicos que transforman los procesos de desarrollo socio-económico en la actualidad. Y al hacerlo, la AEE debe dirigir sus esfuerzos hacia optimizar su rol, rendimiento, y servicios para el bienestar de Puerto Rico. En la medida que se afecte adversamente la AEE, nos afectamos todos, ya que los gastos y compromisos de la AEE eventualmente los pagaremos los clientes. Cualquier cambio regulatorio tiene que tomar en cuenta los costos asociados y otras posibles consecuencias negativas de la nueva regulación.

Es

fundamental establecer nexos entre la AEE, otras agencias de gobierno, la industria, el comercio y la ciudadanía a través de los cuales pasemos de una relación adversativa a una colaborativa, que pasemos de la desconfianza a un compromiso serio y duradero por el bien común, por el bienestar social, ambiental y económico de Puerto Rico. Se necesita en Puerto Rico una política pública que fomente y premie la eficiencia energética, el bajo consumo, y el uso de fuentes renovables. Mientras mantengamos nuestros patrones de consumo, e inclusive derroche, actuales no será posible atender con fuentes renovables una fracción significativa de nuestra demanda de electricidad. Con nuestros patrones de consumo actuales es irreal pensar que el 100% de nuestra demanda energética se satisfaga con fuentes renovables, pero aún sin cambiar nuestros patrones, asunto que tomará tiempo, no es

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry aceptable que el porciento de fuentes renovables siga siendo prácticamente cero como lo es ahora.

Reforma de la Junta de Gobierno de la AEE En las últimas décadas, la AEE no ha cumplido cabalmente con los objetivos de una compañía eléctrica pública: ha operado con poco o ninguna participación ciudadana, se planifica a corto plazo, y la visión en materia económica es estrecha, lo que limita alcanzar el beneficio de todos en la Isla. Un paso fundamental para implantar el modelo de compañía eléctrica pública, dirigida a optimizar la calidad del manejo de nuestra infraestructura eléctrica, es cambiar la manera en que la Junta de Gobierno de la AEE opera. A corto plazo, la Junta tiene el poder de iniciar reformas que aseguren que se pone el interés público por encima de todo. Debe actuar no como parte o una oficina de la AEE, más bien como el guardián del interés público, que se desempeña en representación de la diversidad de sectores y perspectivas que toman lugar en la Isla. Le corresponde a la Junta de Gobierno de la AEE abrirse a la sociedad, y comenzar a planificar por consentimiento el futuro de la AEE en los temas controvertibles que le atañen. Le corresponde a la Junta representar al mejor interés público. En esa dirección, la Junta de Gobierno debe desarrollar mecanismos más efectivos, donde se reciba el insumo de diferentes sectores, mediante un esfuerzo real por atender las preocupaciones de todos, de forma realmente inclusiva, y sin procesos atropellados contra algún sector, por éste no tener acceso a la información. Alcanzada la participación amplia en las decisiones fundamentales que empeñan el futuro energético de Puerto Rico, planteada toda la

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

información sobre la mesa, y asumida la responsabilidad que corresponda a cada sector, se maximizarían los beneficios y se minimizarían las consecuencias no-intencionadas de las decisiones energéticas de hoy. Según Nathan Garber, algunas razones para considerar cambios en la gobernanza de una organización son: renuncia del ejecutivo principal, cambios significativos en la Junta de Gobierno, crisis de confianza en la Junta, la organización entra en una etapa nueva o tiene problemas con la estructura o procesos de la Junta (Garber, 1997). La AEE cumple con estas razones; urgen cambios en la forma que la Junta gobierna la AEE.

Existen opciones de

gobernanza que pueden adaptarse para iniciar ese cambio.

El

modelo actual de la AEE es tradicional, estructurado (cerrado, poco transparente, e inclinado a micro-gerencia) y contribuye a situaciones que encarecen el servicio eléctrico. Sin embargo, es importante mantener ciertos aspectos estructurales del modelo (ej. trabajo en comités). Específicamente, el modelo de Garber (“policy”) sugiere que la función principal de la Junta es ofrecer la dirección estratégica que guíe la ejecución de la gerencia (Garber, 1997). A su vez, el modelo Cortex sugiere concentrar la Junta en la atención a los clientes, establecer expectativas y medir resultados. La Junta tiene que entender el valor de la organización en la sociedad, y desarrollar un marco de rendición de cuentas claro y transparente. En esa perspectiva, el modelo de Consenso se basa en la igualdad de todos los miembros de la Junta: al nivel del voto, en el ejercicio de la responsabilidad, y la rendición de cuentas; pero a la vez, reconoce la diversidad de conocimiento y peritaje de cada miembro y sugiere aprovechar la misma (Macnamara, 2010).

ETHOS GUBERNAMENTAL

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry Reformar la Junta es una tarea delicada, pero hay que comenzar, y trabajar paralelamente con iniciativas a corto plazo, para aliviar la carga de los clientes, pero sin perder de vista las reformas a largo plazo que debemos lograr. Antes de reformar, Garber sugiere preguntarse (adaptación a la AEE): ¿Entendemos el propósito de la AEE? ¿Cuáles son los valores que guían la AEE y su Junta? ¿Cuán efectivos y útiles son los comités de la Junta? ¿Debemos reformar el modelo de gobernanza? ¿Cómo se trabaja con los miembros de Junta que no estén de acuerdo con la mayoría? ¿Cuán efectivo ha sido el proceso de nombramientos a la Junta? ¿Cómo se mide y se adjudica responsabilidad a cada miembro de la Junta? ¿A quién le debe rendir cuentas la Junta? El diseño y la ejecución de la rendición de cuentas, reviste una importancia fundamental de gran alcance. La Junta de Gobierno dirige la compañía eléctrica pública; cada miembro de la Junta tiene un deber fiduciario hacia la AEE y hacia el interés público. Históricamente, los clientes no han tenido acceso a las discusiones o decisiones de la Junta. La Junta no está cumpliendo a cabalidad con su deber fiduciario al ofrecer poca información, y de difícil acceso, a quienes son clientes-dueños de la AEE. Las reglas (“bylaws”) de la AEE datan del 2006, y no prohíben tener reuniones públicas de Junta. Sin embargo, no hay tales reuniones, y las minutas son documentos privados y confidenciales para uso exclusivo de los miembros de la Junta. La enmienda a la ley orgánica de la AEE del verano de 2013 comenzó un camino hacia la apertura de la Junta, que debe mantenerse y expandirse. En los documentos públicos no se encuentran criterios, perfil, o deberes específicos de los miembros nombrados a la Junta. Se habla de

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

remoción de oficiales de la AEE, pero no así de remoción de miembros de la Junta que incumplan sus deberes. Desde esta perspectiva, es pertinente explorar la siguiente interrogante. ¿Cómo evolucionaría la identidad y composición de una Junta de la AEE que priorice estructural y operacionalmente la política ética y de rendición de cuentas, a partir del adelanto estratégico de los mejores intereses de Puerto Rico? La pregunta anticipa una respuesta que integre componentes normativos, gerenciales, y administrativo-organizacionales.

Como punto de

partida, debe repasarse que todos los servidores públicos

que

laboran en la AEE -empleados, funcionarios y los miembros de la Junta

de

Gobierno-

tienen

la

obligación

de

actuar

en

correspondencia con las disposiciones normativas aplicables contenidas en la Ley 1-2012, según enmendada. Particularmente, destacamos las disposiciones que detallan las prohibiciones y deberes contenidos en el Código de Ética establecido en el Capítulo IV de la ley antes citada. Además, es importante analizar y evaluar los estándares, las reglas y procedimientos internos de la AEE dirigidos a definir y fiscalizar internamente la calidad que se espera del recurso humano que sirve en la misma. Desde la Junta hasta los diversos componentes organizacionales que integran la AEE, la cuestión ética debe desarrollarse programáticamente de manera preventiva, generándose las destrezas, los procesos y evaluaciones

correspondientes,

que

permitan

adjudicar

responsabilidad. Específicamente, en materia del funcionamiento y desempeño de la Junta, es fundamental describir el perfil deseado para dicho grupo de trabajo, a los efectos de optimizar la profundidad, maximizar el rendimiento, y aumentar el potencial beneficio

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry público del mismo. En esa dirección, el desarrollo de la Junta en materia de la adquisición de nuevas destrezas operacionales y estratégicas de gobernanza público corporativa -particularmente en materia de transparencia- viabilizaría un aumento cuantificable en la calidad de la toma de decisiones, incluyendo la creación y revisión constante de referentes actualizados de evaluación y autocrítica sobre el desempeño del grupo de trabajo. De ahí que reiteremos enfáticamente que es vital tener los roles claros, aumentar la representatividad de los diversos sectores, y reducir la mayoría que tenga el gobierno de turno, a los efectos de innovar positivamente la operación autónoma de la AEE. Urge generar múltiples fuentes de información competente que continuamente estimulen y requieran un nivel de excelencia constatable. A largo plazo, además de la Junta de Gobierno, hay que establecer un Concilio Ciudadano, un cuerpo de representantes ciudadanos, representativo de cada una de las siete regiones en que se divide la AEE (O’Neill, 2012). Este cuerpo estaría encargado de ofrecer seguimiento a la calidad del servicio al cliente, a nivel de las oficinas regionales (comerciales y técnicas) de la AEE. Es un mecanismo alternativo mediante el cual la AEE pueda tener “el oído en tierra” en cuanto a las necesidades del día a día de los clientes. De este Concilio Ciudadano se pudiera seleccionar a un integrante con voz y voto a la Junta de Gobierno. A este Concilio puede integrarse un cuerpo o consejo técnico independiente, que provenga, por ejemplo, de universidades y grupos profesionales. A largo plazo, hace falta un Ente Fiscalizador Independiente. Se evaluaría a la AEE verificando si sus actuaciones realmente están cumpliendo con el mejor interés de la Isla. Podrían integrarse funcionarios representantes de entidades públicas autónomas, y

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

tendría colaboración de peritos en áreas relevantes, y rendiría informes públicos tanto a la Junta de la AEE como a la Legislatura. Este ente fiscalizador no tiene que contar con todas las funciones regulatorias, pero pudiera actuar como cuerpo apelativo al cual los consumidores puedan apelar decisiones de la AEE. Existen precedentes aplicables en el ámbito de las corporaciones públicas de PR (ej. la Comisión Industrial sobre el Fondo del Seguro del Estado). A tono con las tendencias de gobernanza que fomentan la participación, expresión y notificación ciudadana, deben explorarse las herramientas disponibles a través de las redes sociales e internet para maximizar la transparencia y la participación en los procesos y decisiones de la Junta y la AEE. Durante el 2013, la Junta de Gobierno inició una serie de reformas positivas, que se acercan a estas recomendaciones, incluyendo la primera reunión pública en la historia de la Junta de la AEE.

SMUD: Lecciones de Gobernanza y Ética en el Modelo Público de Energía Eléctrica En el 2002 la Junta de Directores del Sacramento Municipal Utility

District

(SMUD)

decidió

desarrollar

políticas

de

gobernanza que identificaran claramente lo que se requiere de la Junta.

Las preguntas claves fueron: ¿Cuáles son nuestras

responsabilidades? ¿Cómo medimos desempeño? ¿Realmente la Junta dirige estratégicamente la compañía eléctrica? (Douglas, 2004). Todos los miembros de la Junta acordaron tomar más responsabilidad en la dirección estratégica de SMUD y a través de políticas

abiertas

y

disponibles,

delinear

los

roles

y

responsabilidades de los miembros de la Junta y de su personal de apoyo (Douglas, 2004). En el caso de SMUD, no había situaciones

ETHOS GUBERNAMENTAL

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry críticas en ese momento lo que les permitió concentrarse en la reforma y en su gobernanza. Luego de estudiar algunos modelos de gobernanza, y de numerosas discusiones, definieron el propósito de la Junta, los roles y las responsabilidades, y desarrollaron un código de ética, técnicamente diseñado y adaptado a las funciones y deberes específicos del grupo de trabajo.

Adoptaron 20

principios de gobernanza, y de relaciones con el personal de apoyo (Douglas, 2004). La Junta asumió la responsabilidad para definir su visión y sus valores

principales,

y

también

para

ejecutarlos,

siempre

manteniéndose al nivel de política pública que le corresponde. Los valores identificados fueron: tarifas competitivas, acceso a crédito, confiabilidad eléctrica, servicio al cliente, seguridad y protección ambiental. Cada valor se vinculó a métricas y metas de desempeño y a mecanismos para velar por su cumplimiento. Un comité asesor comunitario de 15 personas integrado por varios grupos de interés se formó para evaluar distintos aspectos de la operación de la Junta (Douglas, 2004). En el 2005, SMUD estuvo entre los primeros lugares de satisfacción de clientes en California.

Además de la res-

estructuración de su gobernanza, SMUD destacó su compromiso con la ética y la integridad (Atkinson, 2006). Se incluyó como un valor de la Junta el mantener la confianza del público en la integridad y conducta ética de la Junta misma. Además, en la sección de gobernanza de las políticas de SMUD se incluyeron referentes específicos que forman un código de ética. Algunos puntos sobresalientes son: ningún miembro de Junta dará instrucciones de forma individual a empleados de la compañía eléctrica (esto se hará en la Junta en pleno), se resolverán las

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

diferencias entre miembros en discusiones de Junta, se evitará la apariencia de conflictos de interés o de asuntos impropios, lealtad a los intereses de los clientes de SMUD por encima de cualquier otra organización o intereses personales, requiere que los miembros de Junta se preparen apropiadamente para deliberar asuntos de SMUD, y se desalienta que pasados miembros de Junta intenten influenciar las actividades de la Junta en funciones.

Dicho

acercamiento ético se revisa dos veces al año, pues la adopción de un código de ética no asegura su cumplimiento (Atkinson, 2006). Si bien los puntos destacados se encuentran contemplados en la Ley 1-2012, y en el Código de Ética allí articulado para el cumplimiento de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva, la creación de un Código especializado, a tono con las áreas particularmente técnicas de los procesos atendidos en la Junta de Gobierno de la AEE, incrementaría positivamente los referentes vinculantes ante los cuales los miembros del grupo de trabajo rendirían cuentas tanto por sus decisiones como por sus acciones individuales y grupales.

La Ética como Herramienta de Toma de Decisiones Energéticas Hasta ahora hemos dirigido nuestra atención a la reforma del ente que administra nuestra infraestructura eléctrica. Sin embargo, hay transformaciones mayores que deben lograrse en la infraestructura misma.

Es cierto que al inicio del artículo

comentamos que la reforma energética no puede ser vista exclusivamente como un asunto tecnológico.

Con esto no

pretendemos sugerir que el análisis tecnológico no tenga un rol determinante en nuestro futuro energético.

ETHOS GUBERNAMENTAL

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry En una isla como Puerto Rico, sin apoyo externo de otros sistemas

eléctricos, debemos

considerar movernos

a una

infraestructura eléctrica híbrida, que tenga generadores que provean la demanda eléctrica base (“constante”), y a la vez recursos energéticos distribuidos que no son solo generadores, sino que también pueden ser sistemas de almacenamiento, todo integrado a través de medidas de eficiencia energética y manejo de demanda. Estos recursos distribuidos usualmente se conectan a voltajes de distribución, cercanos a los puntos de uso por los clientes.

En Puerto Rico, los sistemas fotovoltaicos en techos

constituye el recurso energético distribuido que ha dominado desde el 2008, debido a su costo y a la introducción, ese mismo año, de la medición neta en Puerto Rico. Dichos sistemas tienen la ventaja adicional de aprovechar el excelente recurso solar que tenemos en Puerto Rico, para generar electricidad localmente con un impacto ambiental mucho menor que las opciones fósiles. La generación distribuida (GD) representa una importante alternativa para la Isla. Investigadores de la UPR-Recinto de Mayagüez (UPRM) han estudiado la viabilidad de usar GD a nivel de voltajes de distribución en Puerto Rico (Martínez, 2010), (Ladner, 2009), (Jiménez, 2010), (Zamot, 2010). Además de considerar aspectos técnicos de GD, el trabajo en UPRM ha incluido aspectos sociales y éticos de sistemas renovables basados en energía fotovoltaica (O’Neill, 2008, 2010, 2012a). Algunas consideraciones éticas en energía son, por ejemplo, el deber moral hacia generaciones futuras, y hacia toda forma de vida y ecosistemas. En muchas ocasiones los asuntos y decisiones de energía se toman en medio de diversas incertidumbres.

La

deliberación y análisis ético presenta importantes herramientas

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

para dilucidar presunciones, las perspectivas contradictorias de los sectores, y aclarar los posibles escenarios que pueden resultar de la toma de decisiones energéticas.

El mero hecho de hacer una

pausa, tomar un paso atrás, y forzarnos a incluir aspectos éticos puede evitar errores o consecuencias no intencionadas en la aplicación estricta de métodos científicos o de ingeniería. Existen diversas teorías éticas para evaluar opciones o cursos de acción. No pretendemos presentarlas todas, ni discutir la superioridad de unas sobre otras. Esto es solo un breve trasfondo teórico para sustentar herramientas éticas útiles para decisiones energéticas. Como punto de partida, el Utilitarismo sugiere que la mejor acción es la que resulta en la mejor consecuencia, en la que beneficia a la mayor cantidad de personas. Se basa en los fines y consecuencias de las acciones, buscando maximizar los beneficios para la sociedad, como un todo (Fledderman, 2008), (Buddinger, 2006). Una prueba ética basada en utilitarismo es evaluar el daño posible de cada opción bajo estudio (identificar opciones que ocasionen el menor daño). Las preguntas posibles dentro de esta prueba serían: ¿Hay algún daño? ¿Hace menor daño que las alternativas? ¿Es el remedio peor que la enfermedad? En la Ética del Deber (Deontológica) la mejor acción es aquella que sigue reglas universales. Se basa en derechos y principios, plantea que las acciones éticas siguen principios universales (Fledderman, 2008). Por lo que es necesario tratar a las personas como un fin en sí mismas; de ahí que la prueba de “reversibilidad” (“ponerse en los zapatos de los otros”) sea representativa de la Deontología. Podemos preguntarnos: ¿pensaría que es una buena opción si yo estuviera entre los afectados? En la Ética de las

ETHOS GUBERNAMENTAL

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry Virtudes, la mejor acción es aquella que proviene del ser humano virtuoso, al punto que lleva al mismo a su plena realización. Las buenas acciones se derivan o dependen del carácter personal, se relaciona al carácter o disposición para actuar de ciertas maneras. Acciones moralmente correctas provienen de la sabiduría adquirida con la experiencia o de ejemplos morales que una persona emule (Harris, 2008). Una posible prueba es la “publicidad” (amplia difusión de las acciones o decisiones propias); algunas preguntas de esta prueba pueden ser: ¿quisiera, o me preocuparía de que esta opción fuese dada a conocer en un periódico? Recientemente el Dr. Luis O. Jiménez ha revisado la aplicación de esta prueba en cursos y seminarios de ética en la ingeniería en el RUM, reformulándola de la siguiente manera: ¿estaría dispuesto a defender públicamente esta decisión o curso de acción? El cumplimiento con códigos de ética profesional también puede formularse como pruebas éticas, por ejemplo: ¿cuán bien un curso de acción o decisión se toma en función del Código de Ética del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)?

El hecho es que los códigos de ética profesional son

realmente parte de la ética del deber; pero en este artículo, tratamos la prueba basada en códigos como una prueba ética separada en el estudio de la industria eléctrica de Puerto Rico que presentamos en la próxima sección.

Análisis Ético de Opciones de Energía Eléctrica El análisis ético desarrollado en UPRM se basó en 2 escenarios (O’Neill, 2012).

El primero contempla, con una meta de

diversificación de 15% en proyectos grandes de energía renovable, complementar 85% de generación con plantas que queman

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

combustibles fósiles. La Tabla 4 resume los resultados de aplicar las pruebas éticas al Escenario 1.

Dado que no tenemos

combustibles fósiles en Puerto Rico, la dependencia en estos combustibles crea inestabilidad y vulnerabilidad. El dominio de derivados de petróleo en la generación de electricidad ha tenido un grave impacto ambiental en la Isla. Por lo tanto, los combustibles fósiles crean un impacto neto adverso y no benefician a la mayoría de los residentes en Puerto Rico. Los proyectos renovables de gran escala tienen beneficios netos positivos.

Sin embargo, pueden

resultar en problemas asociados a la localización -especialmente en comunidades cercanas- y el uso del terreno.

Por ejemplo, ha

habido objeciones a proyectos renovables grandes en terrenos agrícolas. Este análisis es relevante a Puerto Rico dado que la Ley 82 de 2010 estableció como meta que un 20% de la energía eléctrica usada provendría de renovables para el año 2035. La mayor parte de los proyectos renovables que se plantean son de gran escala (fotovoltaicos o de viento). El segundo escenario estudiado en UPRM presenta una meta de 40% de energía renovable a través de generación distribuida (GD). La GD puede generar más beneficios que daños, si se basan en fuentes renovables. Ya la generación distribuida basada en fotovoltaico ha logrado costos menores a la generación centralizada, pero el costo inicial sigue siendo un obstáculo para gran parte de la población. Los beneficios sociales y ambientales son mayores con GD. Los impactos negativos de la interconexión de GD son menores que el impacto de la interconexión de los proyectos grandes de energía renovable. La Tabla 5 resume los resultados. Es importante resaltar lo útil que son estas pruebas aplicadas al

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry ámbito energético. Vamos a plantear un caso de estudio para que el lector pueda aplicar las pruebas éticas y formar una opinión más completa de una controversia energética en Puerto Rico. En agosto de 2007 la Ley 114 obligó a la AEE a establecer un programa de medición neta y a tener listo para agosto de 2008 un reglamento para viabilizar el programa. Este cambio en política pública fue muy bien recibido, especialmente cuando se unió a incentivos contributivos para fomentar que los ciudadanos se convirtieran en productores de su propia electricidad.

En un

contexto similar, en 2010 se aprueban las leyes 82 y 83, estableciendo metas de energía renovable para Puerto Rico y dando incentivos para energía verde. Estas leyes fueron muy bien recibidas. Sin embargo, la implantación de las mismas ha generado controversia, especialmente la Ley 82. La AEE firmó 64 contratos de compra de energía renovable a proyectos de gran escala (1,600 MW), mayormente fotovoltaicos y de viento, y con alguna participación de “Waste to energy” y recuperación de gases de vertederos. Además, se firmaron unos contratos abiertos (“Master Agreements”) por 600 MW adicionales.

Aunque inicialmente

estos contratos iban a darse luego de un proceso de competencia (“Request for proposals”), tal proceso no tomó lugar, y solo medió una evaluación interna de la AEE. En total, los contratos firmados sobrepasaron los 2,200 MW. Técnicamente es imposible integrar 2,200 MW de energía renovable en nuestra infraestructura eléctrica, y a la vez mantener la confiabilidad y la viabilidad del servicio eléctrico (Figueroa, 2013). Un argumento usado para justificar esta cantidad de MW fue que “muchos de los proyectos no se iban a materializar”, y por lo

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tanto, había que tener un resguardo para cumplir con la meta de tener 12% de energía renovable en Puerto Rico para el año 2015. Por otro lado, surge otra dimensión en la controversia ya que se plantea que los precios acordados en los contratos no fueron los mejores. Dejamos al lector que aplique las pruebas éticas a esta situación, para que pueda tener otra perspectiva de esta controversia que ha sido ampliamente discutida en los medios de comunicación durante el 2013.

Otro ejercicio para el lector

pudiera ser aplicar las pruebas éticas para una evaluación de las alternativas de reforma a la AEE presentadas en secciones anteriores. Tabla 4 Evaluación de Plantas Fósiles complementadas con Proyectos De Gran Alcance en Materia de Energía Renovable Prueba Ética Daño

Resumen Fósiles presentan más daño que beneficios. Renovables presentan más beneficios que daño.

Reversibilidad

Fósiles no tienen beneficio neto para la mayoría de los residentes. Renovables presentan beneficios, pero pudieran afectar comunidades cercanas y uso de tierra.

Publicidad

Fósiles generalmente percibidos como negativos. Renovables generalmente percibidos como positivos.

Cumplimento con

Fósiles chocan con cumplimiento social y

Código

ambiental de códigos. Algunas renovables pueden chocar con cumplimiento social y ambiental de códigos.

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry Tabla 5 Evaluación Ética de Generación Distribuida (GD) usando Sistemas Renovables de Energía Prueba Ética Daño

Reversibilidad

Resumen GD tiene más beneficios que daño

GD puede beneficiar a más residentes, pero puede afectar a algunas personas.

Publicidad

Cumplimento con Código

DG generalmente percibidos como positivos.

Bien alineado a cumplimiento con códigos como velar por salud, seguridad y el ambiente.

La tecnología contemporánea tiene diversas consecuencias -destacándose los efectos adversos a los sistemas naturales y sociales- que demandan deliberación ética.

El principio de

responsabilidad es fundamental en esa deliberación. El agente moral (individuo, grupo, institución o la sociedad) es responsable, pues está obligado a responder por sus propias decisiones o acciones. Hay procesos sociales que son tan complejos que requieren una acción

colectiva

concertada.

Las

diversas

infraestructuras

energéticas son un ejemplo en donde el impacto ambiental y social, al igual que la interacción de diversos intereses, obligan a que la responsabilidad se articule a través de política pública. La política pública busca establecer un equilibrio en asuntos relacionados al

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bien común. El bien común provee un punto de articulación entre las libertades particulares y el bienestar social. Representa una responsabilidad social que requiere que los actores sean proactivos en la búsqueda de soluciones a los retos sociales, respetando el pluralismo de las sociedades modernas. La energía renovable presenta oportunidades importantes de justicia social y ambiental. Ramon Pichs, (Copresidente del Grupo de Trabajo III (Mitigación del cambio climático) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, ha dicho lo siguiente: “close to 80 percent of the world’s energy supply could be met by renewables by mid-century if backed by the right enabling public policies ...it is not the availability of the resource, but the public policies that will either expand or constrain renewable energy development over coming decades.” Este es un planteamiento amplio, que se refiere a todos los recursos renovables: el sol, el viento, la biomasa y el agua, entre otros.

La viabilidad técnica o económica quedaría por

evaluar, al igual que el análisis de ciclo de vida o cuánta energía se deriva (“energy return on energy invested” o “energy return on investment”). Sin embargo, se plantea el potencial de la energía renovable, y la necesidad de establecer políticas públicas que viabilicen la realización de ese potencial al máximo posible en términos técnicos, económicos, ambientales y sociales. Una transición a infraestructuras y prácticas energéticas basadas en energía renovable es ampliamente aceptada y deseada en Puerto Rico. Dicha transición energética requiere un cambio en la política pública energética que vaya en cumplimiento desde el cumplimiento con la normativa hasta un marco más amplio que fomente la sostenibilidad de Puerto Rico.

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Por otro lado, es

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry fundamental que se logre una amplia participación ciudadana, que cumpla con el principio de responsabilidad y que nos permita alcanzar amplios acuerdos sociales para lograr una transición energética no solo efectiva desde el punto de vista económico y tecnológico, sino una transición que sea justa social y ambientalmente. Esto se discute a continuación.

Los Fundamentos de la Política Pública Las acciones humanas y el desarrollo tecnológico La innovación científica y tecnológica pertenece al horizonte de la acción humana. La acción humana se caracteriza por no ser ni desordenada ni caótica sino guiada por motivaciones, intenciones y objetivos impensables sin el agente (Ladrière, 1997).

Con la

tecnología moderna somos capaces de crear situaciones originales en el mundo, incluidos los efectos dramáticos en los sistemas ecológicos que requieren una deliberación ética.

Deliberación ética y el principio de la responsabilidad El principio de responsabilidad debe ser tomado en cuenta en nuestra deliberación ética sobre el desarrollo tecnológico. Según este principio el agente moral es responsable de responder por sus decisiones y acciones (Ferrater, 1979).

Sin embargo, esta

responsabilidad no es exclusivamente una cuestión individual; también es intersubjetiva. Esta característica de la responsabilidad se confirma en la innovación tecnológica dado que, en condiciones normales, es un esfuerzo de un equipo donde todos los miembros poseen una responsabilidad. No obstante, existen diversos grados de responsabilidad cuando comparamos la tarea del director o el coordinador y los demás participantes (Bilbao, 2006).

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Por otra parte, hay procesos humanos y sistemas sociales de tal complejidad que requieren una responsabilidad que va más allá de la meramente individual. Consideremos, por ejemplo, los casos de procesos complejos como la generación de energía y los procesos de manufactura.

Todos ellos se caracterizan por el enorme

impacto que tienen en toda la sociedad y en el medio ambiente. El hecho de la existencia de diferentes grupos con diferentes intereses en el corazón de dichos procesos sociales añade un mayor grado de complejidad. La responsabilidad ante estos procesos complejos, se asume mejor mediante una articulación entre todos los intereses implicados, sean estos individuales o grupales. Esto requiere un diálogo entre los diferentes grupos de interés para el desarrollo de políticas públicas. ¿Frente a quiénes somos responsables? Para responder a esta pregunta debemos tomar en cuenta que a través de la acción humana construimos nuestra propia personalidad, nuestra historia, sociedad y cultura. Por esto experimentamos una responsabilidad hacia nuestra realización personal (Ladrière, 1997).

Dicha

responsabilidad hacia nuestra realización personal incluye nuestro desarrollo profesional y nuestro modo de ejercer la profesión (Bilbao 2006). Es por eso que nuestra responsabilidad profesional está relacionada con nuestra autonomía como sujetos morales: la capacidad

de

comportamientos.

auto-gobernar Nuestra

nuestras

responsabilidad

decisiones incluye

a

y otros

miembros de la especie humana, pues nadie puede lograr su realización personal aislado de los demás. Esta responsabilidad se vive en solidaridad hacia los otros y se especifica a través de principios, normas, actitudes y orientaciones concretas para nuestras acciones personales y sociales (Ladrière, 1997).

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Los

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry profesionales son responsables ante sus clientes o aquellos interesados en el desarrollo tecnológico (Bilbao, 2006).

La

responsabilidad implica respetar los intereses de los clientes, ofrecer un servicio de calidad y garantizar la seguridad, entre otras cosas. Somos responsables de la institución en la que trabajamos. Al mismo tiempo, somos responsables, junto a esta institución, de los clientes y de aquellos que podrían ser afectados por nuestro desarrollo tecnológico. Un caso particular de esta responsabilidad institucional es nuestra responsabilidad para con nuestros colegas y nuestras sociedades profesionales. Esto incluye la responsabilidad de la buena reputación de nuestra profesión y de evitar la desventaja injusta en la necesaria competencia. A través de esta responsabilidad institucional poseemos una responsabilidad social. No sólo somos responsables de nuestros clientes inmediatos o las personas directamente interesadas en nuestro trabajo. Somos responsables del bien común de nuestra sociedad.

Analizar

el

contenido

de

esta

modalidad

de

responsabilidad es tan complejo, que requiere una sección aparte.

La responsabilidad profesional, el bien común y la política pública En nuestras sociedades occidentales, hemos trazado un camino que nos ha llevado a un falso conflicto entre una agenda liberal que busca los propios intereses individuales y la promoción del bienestar social general.

La agenda liberal y su lucha por la

libertad personal tenían como objetivo en el pasado la defensa contra el abuso de poder de las aristocracias políticas y económicas. Los que defienden el bien público sostienen que si

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separamos la libertad de acción individual de los aspectos sociales del bienestar, los resultados podrían ser la disolución del tejido social y la caída en el desorden (Hollenbach, 1989). Este conflicto podría llevarnos a pensar que tenemos únicamente dos alternativas: la tiranía de la imposición de una noción individual del bien versus la pérdida de la deliberación pública sobre los bienes morales, las necesidades comunitarias y los programas sociales. Afortunadamente existe una tercera vía que busca la base de una unidad social que sea respetuosa de la libertad personal en una sociedad pluralista a través de la noción del bien común (Hollenbach, 1989). Esto supone una concepción de la sociedad más allá de una mera agregación de individuos. Supone el concepto de sociedad de Cicerón como conjunto de las personas "asociadas en un acuerdo respetuoso de los derechos y que a la vez sirve a todos por igual". Asociación por acuerdo y en relación con los derechos y la justicia, tal como lo destaca la lectura que S. Agustín hizo de Cicerón, son necesarios para la articulación entre la libertad personal y el bienestar social. Para evitar el totalitarismo, la búsqueda del bien común debe respetar todas las formas de relaciones sociales y el conjunto pluralista de bienes (Hollenbach, 1989). Por lo tanto, ningún grupo particular debe dominar a los demás, o ser considerado como absoluto, y se debe respetar la diversidad de los valores y las instituciones que existen en las sociedades modernas. Añadimos que esta tercera vía del bien común articula la libertad y la dignidad humana con las relaciones sociales.

La

libertad y la dignidad humana se alcanzan plenamente a través de nuestras relaciones con los demás. Esta noción de bien común, que evita el totalitarismo y el caos social, se garantiza a través de la

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry promoción de los derechos humanos, la responsabilidad personal en las cuestiones sociales, y nuestro compromiso con los grupos e instituciones. Como Hollenbach expresa: "Por tanto, el bien común exige el establecimiento de las condiciones que son necesarias para las personas que entran en esta unión social. Estas son las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que hacen posible la participación en la vida de la comunidad en un grado que respete al menos las necesidades más básicas de la persona" (Hollenbach, 1989). En resumen, este aspecto de la responsabilidad social requiere que las personas participen proactivamente en los múltiples temas y aspectos sociales mediante la búsqueda de soluciones que respeten el pluralismo de las sociedades modernas. Esa es la base del desarrollo de la política pública, y la participación necesaria de todos los miembros de la sociedad.

La responsabilidad y el medio ambiente Nuestra solidaridad no se limita a otros seres humanos. Las acciones humanas están situadas en un entorno cósmico, que es el lugar que sostiene nuestra existencia biológica (Ladrière, 1997). Este entorno cósmico, de donde surge la vida humana, está caracterizado por ser una red de relaciones inmersa en un proceso cósmico de auto-génesis. Así entendido, nuestro mundo es un medio de alimentación, un entorno de protección y una red de relación con el resto del cosmos. Nuestra responsabilidad con el entorno cósmico se fundamenta en el hecho de que nuestra historicidad y nuestro desarrollo cultural existen en una estrecha relación con el medio ambiente que exige una deliberación ética con respecto a las acciones humanas que podrían afectarlo.

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Es innegable que la tecnología y las ciencias aplicadas han contribuido a mejorar nuestra calidad de vida, e incluso el desarrollo de nuestra cultura.

Sin embargo, nuestra capacidad

tecnológica y su fuerte impacto en el medio ambiente amenazan las condiciones ambientales de donde emergimos (Ladrière, 1997). Somos responsables de mantener una relación armoniosa con el medio ambiente que compartimos con otras especies tomando en cuenta que nuestras acciones humanas, potenciadas por el desarrollo tecnológico, tienen un enorme impacto en nuestro medio ambiente. Ese es el fundamento de la responsabilidad humana y la solidaridad con el frágil proceso de auto-constitución cósmica. Esto se puede formular de la siguiente manera: Nosotros, los seres humanos no vivimos separados de otras realidades cósmicas. Cuando deliberamos acerca de algunas acciones que pueden tener un impacto ambiental debemos tener en cuenta la interdependencia humana y la solidaridad (presente y futura) con otras especies y con otros seres humanos que existen en una red de relaciones que constituyen el mundo. Somos responsables de este frágil medio ambiente que surgió durante un lento proceso de auto-constitución cósmica y cuya fragilidad se acentúa con el incremento en nuestra capacidad tecnológica para la intervención a gran escala sobre el mismo. Esta responsabilidad se concreta a través de los límites autoimpuestos a nuestras acciones (Ladrière, 1997). Este es el sentido de la autonomía y la libertad humana.

Hacia una Deliberación Ética en Energía En la sociedad heterogénea que vivimos, los cambios efectivos y duraderos en política pública relacionados a tecnología no pueden

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry lograrse de forma individual o por sectores específicos. De un lado, los líderes e investigadores técnicos proveen valiosa información y planes de implantación, mientras que las personas que toman decisiones de política pública tienen la autoridad y recursos institucionales para materializar esos planes. Es en la sinergía de esfuerzos, conocimiento y capacidades que se mejora las posibilidades de éxito de cualquier plan de sostenibilidad. Políticas públicas de energía sostenible requieren además tomar en cuenta las realidades sociales y ambientales de cada localidad. Por toda esta diversidad de saberes, experiencias y contextos es muy importante la participación efectiva de actores diversos en la planificación, análisis y evaluación de alternativas energéticas. Idealmente todos los sectores deben participar en la creación de un futuro que requerirá una distribución de costos y beneficios justa. De otra forma, las tecnologías o estrategias impuestas desde afuera tendrán muy poco arraigo entre actores fuera del círculo de decisiones, pues no sienten como suyas tales direcciones de política pública y tienen usualmente gran oposición (Arnstein, 1969), (Senge, 2008), (Ramaswamy, 2010).

Aunque un

acercamiento participativo es menos común, tendrá mayores posibilidades de éxito al integrar a aquellos potencialmente afectados, será más sostenible en todas las dimensiones y moralmente más correcto (Senge, 2008), (Ramaswamy, 2010), (O’Neill 2010). Las políticas públicas sostenibles que busquen cambios en los sistemas de potencia eléctrica tradicionales requieren diálogos multisectoriales e interdisciplinarios para alcanzar consensos mínimos (O’Neill, 2010), (O’Neill, 2008). En UPRM se ha trabajado este acercamiento y se busca fortalecerlo integrando un acercamiento ético que sea la base para un diálogo e

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interacción en sostenibilidad. Problemas tan complejos como la dependencia de fuentes

no-

renovables y sus impactos sociales y ambientales requieren analizarse y entenderse desde diferentes perspectivas u horizontes que permiten ver al mundo mejor (Gadamer, 2006), (Xavier, 1983). Estas perspectivas u horizontes no deben reducirse a disciplinas académicas, tiene que haber integración de metas sociales y personales, de intereses y valores basados en la vida diaria de los actores que viven diferentes y quizás contradictorias situaciones socio-económicas. Por ejemplo, para una situación o decisión energética particular pudiéramos tener de un lado la perspectiva de una comunidad de escasos recursos económicos, que requiere desarrollo de infraestructura para promover su desarrollo, mientras al otro lado del espectro pudiéramos tener la perspectiva

industrial

y su

deseo

de

inversión

en

esa

infraestructura, mientras la perspectiva de los ecologistas pudiera plantear asuntos de preservación ambiental para la misma situación. El reto es cómo articular e integrar esos horizontes mentales diversos con el objetivo de desarrollar políticas energéticas concretas y sostenibles. Reiteramos que, precisamente con este propósito se estudian en UPRM las maneras óptimas de lograr esta articulación multisectorial e interdisciplinaria, a través del estudio de las diversas

ideas,

valores

y

perspectivas

disciplinarias

que

contribuyen al desarrollo de soluciones energéticas sostenibles y que a la vez ofrezcan una responsabilidad compartida con relación al ambiente y a las futuras generaciones.

Las diferencias en

términos de lenguaje, métodos y objetivos, requieren de una mediación que entendemos puede lograrse a través de un

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry acercamiento ético. Según el filósofo belga Jean Ladrière, la ética es parte integral de la existencia humana, sus acciones y logros (Ladrière, 2004). El objetivo de la ética es la construcción de un mundo auténticamente humano y razonable (Ladrière, 1997). La ética nos debe inspirar a buscar un proyecto humano, social y global que sea responsable y en solidaridad con el ambiente. Por lo tanto, es una manera de vivir que busca alcanzar la realización humana y social a través de decisiones concretas y acciones en situaciones reales. Por ejemplo, el imperativo de responsabilidad de Hans Jonas es que sea posible la humanidad.

Es decir, que nuestras acciones no dañen las

condiciones que hacen posible la existencia de la especie humana (Hans, 1985). En resumen, debemos desarrollar un marco y un proceso donde logremos (a) un diálogo entre disciplinas y sectores, (b) una mediación a través de reflexión y evaluación ética que incluya la acción e impacto del ser humano, y (c) un protocolo de articulación que nos permita desarrollar políticas energéticas concretas que consideren e integren diversas perspectivas u horizontes (Ladrière, 2004).

Comentarios Finales La infraestructura eléctrica de Puerto Rico es propiedad de todos los puertorriqueños, es un bien común. La Autoridad de Energía Eléctrica es el ente que creamos para administrar dicho sistema. Para mantener y expandir nuestro sistema eléctrico contraemos obligaciones financieras con bonistas. Es natural que la AEE, su gerencia y sus empleados, deseen mantener el esquema que conocen y saben manejar. Pero la decisión de cambiar nuestra

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infraestructura eléctrica no está en manos de la gerencia ni los empleados de la AEE, esa decisión es de todo el País (incluyendo a los empleados de la AEE). Hace falta que la AEE sea transparente, que se respete el derecho que tiene todo cliente, -residencial, comercial, industrial- a tener acceso a información sobre el servicio eléctrico que recibe, y a cómo se usan los dineros que paga por el servicio, y las oportunidades para ahorrar en el servicio eléctrico, a través de programas o tecnologías disponibles ahora o en un futuro cercano. La AEE y sus clientes no tenemos por qué tener una relación adversativa. De hecho, es todo lo contrario, si realmente queremos enfrentar exitosamente los retos que plantean el estado de situación mundial de los combustibles fósiles, y nuestra dependencia de éstos. Una apertura, una evaluación y la consideración de opciones para manejar nuestra infraestructura de energía eléctrica, posiblemente transformen a la AEE, y posiblemente mejoren sus relaciones con el pueblo de Puerto Rico.

Esta posible

transformación de la manera en que administramos nuestros recursos eléctricos, necesariamente incluye el repensar como la AEE cumple de mejor manera con su misión y puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico para la AEE y para Puerto Rico. Es vital mantener nuestra infraestructura eléctrica en buen estado, relevante a los tiempos y realidades energéticas a nivel mundial. Hemos presentado en este artículo la aplicación de pruebas éticas a dos escenarios posibles de la industria eléctrica de Puerto Rico. De ese análisis ético presentado anteriormente podemos concluir que tenemos una obligación moral de cambiar nuestra dependencia de la quema de combustibles fósiles mayormente en

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry plantas grandes. Necesitamos una nueva visión sostenible para atender nuestros retos energéticos, una nueva visión que necesariamente tiene que incluir no solo como generamos electricidad, sino también los patrones de uso de energía eléctrica de todos los sectores.

Cada cual tiene que asumir la

responsabilidad que le corresponde si realmente queremos un futuro energético sostenible. Para movernos de sistemas tradicionales de energía eléctrica, a una infraestructura eléctrica sostenible, tenemos que tomar en cuenta el contexto que vivimos. La periodista Gloria Ruiz Kuilan resume de forma clara el reto que nos corresponde atender: "Hoy día, esa sociedad civil pide a gritos que el gobierno le escuche y actúe por el ambiente y no por los intereses económicos particulares. La concienciación, sin embargo, ha venido en gran medida a empujones. Se aboga por disminuir el consumo de agua y luz porque golpea el bolsillo, y no por su impacto ambiental. Igualmente, la concienciación se lacera por las luchas internas entre grupos que defienden la preservación del medioambiente." (Ruiz, 2011). Necesitamos consensos multisectoriales alcanzados a través de diálogos amplios, cuidadosamente planificados y ejecutados, que incluyan las comunidades potencialmente afectadas por las estrategias energéticas. La ética presenta un marco y a la vez herramientas para facilitar la búsqueda de consenso. Subrayamos enfáticamente, que necesitamos desarrollar un marco y un proceso donde logremos (a) un diálogo entre disciplinas y sectores, (b) una mediación a través de reflexión y evaluación ética que incluya la acción e impacto del ser humano y (c) un protocolo de articulación que nos permita desarrollar políticas energéticas concretas que

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consideren e integren diversas perspectivas u horizontes (Ladrière, 2004). En la década de los 30 se fueron forjando los planes de desarrollo e industrialización de Puerto Rico, esa era la meta, y a base de eso se trabajó una infraestructura eléctrica que apoyara dicho escenario.

Tenemos que decidir hacia donde queremos

llevar la Isla en el siglo XXI, y ver dónde y cómo manejamos los asuntos energéticos, y dentro de ese plan de futuro, plantear el nuevo rol de nuestra infraestructura eléctrica, y cuál es la mejor estructura organizacional, administrativa y técnica para alcanzar nuestras metas. Nos toca a nosotros los ciudadanos el tomar decisiones, posturas y realizar inversiones de tiempo y recursos que a largo plazo sean mejores no sólo en términos económicos, sino también ambientales y sociales. Recordemos que las decisiones de infraestructura que tomemos hoy, debido a la magnitud e impacto de las mismas, estarán con nosotros al menos por los próximos 40 años. Las decisiones que tomemos sobre la situación energética ponen en juego el futuro de Puerto Rico. La complejidad del problema no puede ser una excusa para no actuar hoy. Debemos enfrentar el problema aunque no sepamos todas las contestaciones, ni conozcamos al inicio toda la profundidad del problema, ya que este proceso requiere un compromiso y un tiempo mayor que el ciclo político de cada cuatro años. Necesitamos entender que el problema energético es mucho mayor y complejo que la mera reducción del costo de la energía eléctrica, el precio de la gasolina detallada, y la diversificación de la dependencia de combustibles fósiles para producir electricidad.

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry La transformación de nuestra infraestructura eléctrica no puede convertirse ni en un ataque a la AEE, o a sus empleados, pero tampoco debe reducirse a una defensa del estado de situación energético actual. Necesitamos construir una profunda unión de esfuerzos y voluntades, para enfrentar nuestros retos energéticos, comenzando por reformas verdaderas y duraderas en la AEE, que resulten en un mejor manejo y una transformación de nuestra infraestructura

eléctrica

energéticos locales.

para

maximizar

nuestros

recursos

Aportar a estas transformaciones es una

responsabilidad ineludible de nuestro Pueblo; especialmente es una responsabilidad social y profesional de toda persona que trabaje en áreas relevantes al tema energético. La coyuntura requiere aportar, instruir y asumir posturas que pongan en primer lugar los mejores intereses de la Isla, y adelantar un verdadero futuro energético sostenible.

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

O’Neill-Carrillo, E., Zamot, R., Hernandez, M., Irizarry, A. nn “Beyond Traditional Power Systems: Energy Externalities, nnEthics

and

nnInternational

Society,”

Proceedings

Symposium

on

of

the

Sustainable

IEEE

2012

Systems

and

nnTechnology (ISSST), May 2012, Boston, MA nn“Payments and Contributions by Public Power Distribution nnSystems to State and Local Governments,” American Public nnPower Association,2010, Disponibleen nnhttp://www.publicpower.org/files/PDFs/PaymentsContributions. nnpdf. Ramaswamy, V. The Power of Co-Creation , Free Press, Oct. nn2010. Ruiz Kuilan, Gloria, “Por un verdadero desarrollo sustentable,”El Nuevo Día, 10 abril 2011, p. 4.

1)

Senge, P. The Necessary Revolution: How Individuals and nnOrganizations are Working Together to Create a Sustainable nnWorld, Doubleday, 2008. Zubiri Xavier, Inteligencia y Razón, Madrid, Alianza Editorial, nn1983. Zamot-Ayala, Héctor R. Viabilidad de la independencia de la red nnen áreas residenciales de Puerto Rico, Tesis RUM nn2010.Disponible en nnhttp://grad.uprm.edu/oeg/TesisDisertacionesDigitales/Ingenieria nnElectricaComputadoras/#2010.

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry Datos Biográficos

Efraín O'Neill-Carrillo

Catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez. Ingeniero licenciado y miembro Senior de la IEEE. Parte del Comité Asesor Internacional en Ciencias e Ingeniería de la National Science Foundation (NSF) donde provee consejo y recomendaciones acerca de los esfuerzos globales de NSF. Evaluador de programas de ingeniería eléctrica para ABET, entidad que acredita todos los programas de ingeniería en EEUU. Honores: Profesor del Año de

Ingeniería Eléctrica

y

Computadoras de UPRM (2 veces), promoción temprana al rango de Catedrático de UPRM, Ingeniero Electricista del Año del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR y el Walter Fee Outstanding Young Engineer Award de la IEEE.

Luis O. Jiménez Rodríguez Luis O. Jiménez Rodríguez es de Puerto Rico. En el 1996, obtuvo su grado doctoral en Ingenieria Eléctrica de Purdue University. Desde entonces, se ha desempeñado como profesor en la Escuela de Ingenieria del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. En el 2012,

culminó un doctorado (S.T.D.) en el programa doctoral de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Louvain-la-Neuve en Bélgica. Sus intereses investigativos son Epistemología, Ética Aplicada en la Ingeniería y Percepción Remota.

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Responsabilidad Social e Infraestructura Eléctrica

William J. Frey

William J. Frey es Catedrático del Colegio de Administración de Empresas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. En dicho Recinto, ha sido director del Centro para la Ética y las Profesiones, ha dictado cursos en materia de negocios, ingeniería ambiental, agricultura, y ética en los sistemas de información por más de 20 años. Ha producido más de 36 artículos en dichas áreas; los mismos fueron publicados en Europa, EE UU, y Puerto Rico. Ha compartido en línea sobre 90 ejercicios presenciales, y 14 colecciones de módulos profesionales, que cubren la mayoría de los

componentes

en

materia

de

ética

práctica

y

ética

profesional Durante su carrera, ha sido Investigador Principal de la National Science Foundation, la Fundación de Puerto Rico para las Humanidades, y la Universidad de Puerto Rico, Administración Central.

Agustín A. Irizarry Rivera

Catedrático e investigador en sistemas de energía e ingeniería eléctrica de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez. Ingeniero licenciado desde 1991. De sabática en la Plataforma Solar de Almería, España contribuyó al desarrollo de modelos dinámicos para simular la interacción entre una planta solar térmica y la red eléctrica.

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O’Neill, Jiménez, Frey &Irizarry Electo Representante Ciudadano a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de junio 2012 a junio 2014. Primer Representante Ciudadano que funge como Vicepresidente de la Junta y Presidente del Comité de Auditoría.

Honores: Ingeniero Electricista Distinguido (2005 Instituto de Ingenieros Electricistas) y Colegiado Distinguido (2013) del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, “2004 Professional Progress in Engineering Award” de Iowa State University, “Profesor Destacado de Ingeniería Eléctrica y Computadoras 2003-2004” del RUM.

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold Marcel J. Castro-Sitiriche Luis Jiménez Rodríguez

Introduction The headline title on the cover of the World Economic Journal issue of June 2013 states that Gross Domestic Product (GDP) “doesn‟t bring happiness”. Similar articles and research studies have been published with some press coverage in international and particularly European publications.

However, significantly less

exposure has characterized the treatment of the matter in the United States (U.S.A) and Puerto Rico. While there is an ongoing discussion about National Accounts of Wellbeing in some European countries, the topic has not been sufficiently articulated in the public discourse of Puerto Rico or the policy making process in the U.S.A. Even though the Declaration of Independence of the U.S.A. prominently establishes the pursuit of happiness as a citizen‟s individual right, this fundamental reference has not reached effectively as yet the influential sphere of the American policy process, nor has it efficiently influenced the public narrative of the “mainstream” media. In this work our research underscores the theoretical and operational relevance of understanding and integrating the concept of Responsible Wellbeing in the individual and social behavior originating in communal livelihood, and extending to the national level.

In that direction, our work reviews several conceptual

ethical precedents engaged in the definition and development of the general notion of wellbeing. This exercise contributes to the methodological process of clarifying the theoretical foundation

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Castro-Sitiriche, JimĂŠnez RodrĂ­guez needed in order to integrate responsibility and wellbeing in the articulation of an energy threshold relevant to the 21st century. Precisely, the concept of Responsible Wellbeing serves as a general theoretical framework.

It puts into question the

assumptions, premises and repercussions of energy consumption in an ongoing global economic tendency ignited by a constant drive to exploit natural resources, without a theoretical, policy and community framework that specifically defines the energy consumption threshold applicable to contribute to the wellbeing of the human population. Accordingly, we will delve into empirical index references, and explore empirical examples, which facilitate specific contextual analysis, and allows us to explore a succinct comparative perspective highly relevant for the case of Puerto Rico. The praxis of the concept of Responsible Wellbeing contributes effectively to a holistic human progress project. In fact, it is a determinative reference for a comprehensive definition geared to inform individuals and communities alike, culturally engaged in attaining the energy threshold compatible with their specific characteristics.

Bringing to fruition the applicable energy

threshold of any given community, promises to cultivate the maximum quality of life. Such a promise consistently requires our disposition to review ourselves and our surroundings, so as to remain aware of the material and personal dynamics which may change the energy threshold we have set for ourselves.

Therefore, despite the

important role that government and policies may have so as to acknowledge such threshold, we should not afford to forget that

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold our energy threshold and quality of life is ultimately a matter that we need to guarantee ourselves.

Energy and Ways of Life In a growing number of locations throughout the globe, a multifaceted debate about the grand challenges experienced by our shared humanity takes place every day, and while a lot of attention is given to important issues such as economic growth, ecosystem stability, peaceful coexistence, and poverty reduction, not enough attention is given to other related issues which evidently precipitate far reaching consequences as well. Some of these less visible issues are, the social implications of technology, the cumulative effects of our current way of life and its repercussions on our shared humanity and posterity, the philosophical ground that supports the mainstream global economic development theories, and the role that energy systems have to facilitate or diminish human wellbeing. At the global scale however, specific indicators suggest a growing concern about the latter issues. Accordingly, the purpose of this work is threefold: to provide theoretical insight into the matter, contribute to the battle of ideas on the role of energy in our society, and to set forth in the discussion table some crucial aspects for society members and policy makers alike, as we hopefully venture to reconsider constructively our individual and collective positions on the ongoing questions that may very well define our quest for human stability in the current century.

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez Responsible Wellbeing Responsible Wellbeing was proposed by Chambers (1997: 1748) more than 15 years ago, as a way to combine locally defined concepts of wellbeing with personal responsibility. To be sure, the end is the socialization of wellbeing. Equity and sustainability are two basic principles necessary to establish the responsibility of individual and collective wellbeing. Livelihood and capabilities are both ends in themselves, but also mean to attain wellbeing.

These concepts were skillfully

intertwined by Robert Chambers to establish “responsible wellbeing by all and for all” as the objective of the so called “international development”.

Chambers‟ profound yet simple

approach makes it useful to society at large.

The approach

provides a prominent role to the personal wellbeing, and it does not require altruistic behavior by the citizens.

One of its major

strengths lies in the fact that, at the heart of responsible wellbeing, is personal desire to experience the maximum sustained wellbeing in your own life. In this work, the principles of responsible wellbeing are underscored as, not just useful, but crucial for the global community to move forward from a stagnant unequal society to a flourishing vibrant world.

Chambers brilliantly suggests a

“pedagogy for the non-oppressed”, in which the links of the collective wellbeing with the individual wellbeing are brought to light. In his perspective, the non-oppressed should attain a level of wisdom that will benefit them individually, and their affluent community, but also the poor around them and abroad.

This

concept implies the existence of a threshold of consumption which,

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold once surpassed, further increase would not improve the quality of life, but in fact may diminish it.

This provides a personal

motivation to give up some wealth, in order for others to be able to consume more. Hence, the question arises as to exactly how much should be given up? To whom? More specifically, how to process it? These are difficult questions, and pose real challenges, some of which reveal fundamental ethical dimensions. In our perspective, the aforesaid questions appear to converge in the inarticulate premise that the energy threshold has been defined and construed. Our research for this work, delves into a more basic, foundational theme, namely: if in fact an energy threshold should be defined, and if such is the case, the ethical arguments that support its establishment. But first, an understanding of the general rationale of the approach needs to be in place. In what follows, a brief case study is provided so as to bring the concept into everyday reality.

Responsible Wellbeing Ethics Case Study: The $80,000 car? A wealthy person with a yearly income close to $200,000 U.S. dollars (USD) is planning ahead, including the car is going to buy in the next couple of months. The cost of the car that this person wants to buy, and can afford through financing, is $80,000. There is another car that is very nice, and costs $50,000. This person is considerably wise, and capable of using all its resources to maximize its own individual wellbeing, to obtain the best possible quality of life.

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez An important aspect comes into play, security. This wealthy person doesn‟t only want to drive a very nice car. To be able to use it and park it unlocked anywhere in the neighborhood without worrying about the car to be stolen, is also crucial for the quality of life. This kind of deep security cannot be attained through better alarms, locks or high tech Global Positioning System (GPS) technology interconnected with the local police. Thus, it is legitimate to ask, how important and how much is one willing to give in order to attain such quality of security. For example, this person could decide to buy the less expensive car, and thereafter use the remaining $30,000 towards augmenting the deep security in the neighborhood. To be sure, this would require some kind of collective action, perhaps entailing most of the wealthy people in the neighborhood to do just the same, so as to begin the process of investing in the building of a socially just community, with broad opportunities for all to flourish. If such collective action is possible, it would make sense for a wealthy person in the community to welcome having less – in this case, a less luxurious car- in order to maximize its own individual wellbeing. The end result of this individual and collective action could very well result in the promotion of a safe community without the need of bars, gates, alarm systems and heavy law enforcement technology. In this case, we arbitrarily assign $50,000 USD as the threshold, but a different amount could be more appropriate. This could vary according to the material conditions which characterize each community.

There is no doubt that defining such a threshold

represents a major challenge, but the alternative to simply try to

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold always increase consumption, regardless of its impacts for wellbeing, would be an irrational choice. The search for such thresholds and the participation of a community defining them has many implications, two levels are outstanding: the individual level, and the public policy level. At the individual level, the kind of deliberative and experiential knowledge that could result from these processes has the potential to build a sense of wisdom in the community, which enables individuals to make the best choices that would improve their quality of life. At the policy level, it is important for governments to spend public funds to benefit citizensâ€&#x; quality of life and to make sure that no subsidies are given to an activity that has no contribution to the wellbeing.

The Threshold Hypothesis One way to clarify the concept of responsible wellbeing when considered in terms of energy consumption is through the curve that would result from looking at both in two dimensions. The authorsâ€&#x; representation of the curve is provided in Figure 1. It shows the different regions associated with the level of consumption and wellbeing.

Region 1 denotes low levels of

consumption delimited by a point of minimum necessary consumption. This level of consumption is a necessary condition for the attainment of wellbeing in the context of the 21st century, but it is not a sufficient condition by itself. The curve shows a steep increase of wellbeing related to increase of consumption in this region, which is in agreement with all the studies known to the authors, which correlate consumption 69

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez and the level of wellbeing at the poverty level.

The positive

relation between electric energy consumption or similar measures (CO2, energy, GDP, ecological footprint) and quality of life indicators (Human Development Index - HDI, Happy Planet Index - HPI, life expectancy) for poor countries has been consistently demonstrated in many different studies (Pasternak 2000: 5, Klugman 2011: 68, Schwartzman 2012: 111, Spierre 2013: 35, Kubiszewski 2013: 65, Castro-Sitiriche 2013a: 451).

Figure 1.Threshold Hypothesis: Wellbeing and Consumption

Region 2 is defined as the “Responsible Wellbeing Region” because it contains the levels of energy consumption that enable the flourishing of the individual wellbeing, but it does not extend to the excess of consumption that may limit the ability of others to access a good quality of life, and ultimately decrease the individual wellbeing. For those beyond a certain point of affluence, there is a need to give up some power and wealth in order to improve their own quality of life. In Chamber‟s words, the biggest challenge is “to find more ways in which those with more wealth and power will not just accept having less, but will welcome it as a means to wellbeing, to a better quality of life ”(Chambers, 1997: 1750). Similarly, the “Threshold Hypothesis” ETHOS GUBERNAMENTAL

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold states that “for every society there seems to be a period in which economic growth (as conventionally measured) brings about an improvement in the quality of life, but only up to a point--the threshold point-beyond which, if there is more economic growth, quality of life may begin to deteriorate” (Max-Neef 1995: 117). Manfred Max-Neef “threshold hypothesis”, formulated from the ecological economics perspective (Max-Neef 2010: 206), has been studied further by other scholars such as Nicollucci (2007: 668), Costanza (2008: 31), Alameda (2009: 69), Lawn (2010: 2218), and Kubiszewski (2013: 65). The excess of consumption that goes beyond this threshold point, and its associated affluence, is named Region 3. However, in the aforesaid studies, the decline in the quality of life that occurs beyond the threshold point is directly associated with the ecological impact included in the quality of life index, such as the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). In this work, we identify this type of index as measures of sustainable wellbeing, to distinguish from other measures that do not include ecological impact directly, such as “Happy Life Years”.

Other scholars have stated concepts analogous to the

threshold hypothesis. For example, Meredith W. Thring (1980: 55) presented the same concept of the threshold hypothesis explaining that “at the very lowest standard of living, quality of life is held down by the sheer difficulty of staying alive, it rises to a peak for each individual when they are living at a standard where everything necessary for a 71

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez satisfactory life is available, and then falls, in an overrich civilization, down to the extreme of the millionaire whose money is a terrible burden to him and whose friends and wives are more likely to be related to him for his money then for genuine love.” Most notably, E.F. Schumacher suggested that the end purpose of economics “was to ensure a level of optimum level of consumption necessary for physical and spiritual well-being. The rich above this optimum, the poor below it” (Wood 2011: 111). The work by Vaclav Smil relates to the threshold hypothesis in the context of energy (Smil 2008: 384). Smil puts forth the same argument of the energy threshold hypothesis without recalling it: “Higher energy use beyond the desirable annual energy consumption minima does not create a superior quality of life”. He also exposes that higher energy use weakens social stability through social disintegration, demoralization and malaise. Smil also argues that higher energy consumption does not necessarily results in better system efficiencies. Recent work lead by CastroSitiriche, explores the relationship between energy use and human wellbeing providing additional support for the threshold hypothesis in the energy context (Castro-Sitiriche 2013b:3). Competing views regarding Region 3 are the most controversial, and have deep policy implications; particularly in debates addressing the following issues: economic growth, weak and strong sustainability, human rights, social justice, technology innovation, engineering

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold ethics, efficiency, and human progress. Several of the arguments of these debates are part of the next section. The concept of responsible wellbeing is tightly intertwined with the threshold hypothesis because it encapsulates responsible wellbeing; any consumption beyond a threshold is not responsible, and it does not improve individual wellbeing. This is a strong statement, and the authors believe that it is supported by robust ethics arguments. Strong empirical data also supports the threshold hypothesis when sustainable wellbeing is considered (Kubiszewski 2013: 65). However, if the analysis is confined to wellbeing indicators such as life expectancy and life satisfaction, empirical data supports it, but does not provide definite results, thus additional research needs to take place to further develop the outreach of the threshold hypothesis.

Work led by Niccolucci supports the threshold

hypothesis and underscores the importance of the ecosystems for sustainable wellbeing (Niccolucci 2007: 668). Nevertheless, it must be noted that the value of the ecosystems is taken into consideration twice when indices such as the Genuine Progress Index (GPI) or the ISEW are correlated with the ecological footprint (EF) or the biocapacity (BIO). Both, the GPI and the ISEW include pollution cost and non-renewable resource depletion which are closely related to the EF and BIO. Therefore, caution is recommended when claiming a decrease in sustainable wellbeing due to an increase in natural resources depletion. In fact, the New Economics Foundation think tank clearly establishes the EF and the wellbeing as part of their wellbeing efficiency index named the Happy Planet Index (Abdallah 2012: 73

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez 6). Similar approaches are also worth considering because it could provide a useful focus on subjective wellbeing and also an emphasis on the concept of systems efficiency (Knight 2011: 934) and energy return on investment (Lambert 2013: 154). In the following section, we present ethical arguments that sustain the need for an energy production and consumption threshold.

Ethics Arguments for Establishing an Energy Threshold Energy Ethics Type 1 and Type 2 – Recently, two different frameworks on energy ethics have been proposed (Mitcham and Rolston 2013: 317) related to energy production and use. These frameworks define productive, economic, environmental, and political attitudes toward energy. “Type I Energy Ethics assumes the central value of increasing energy production and use as the fundamental means of social progress” (Mitcham 2013: 22). It assumes that energy production and consumption are good in themselves, and do not depend upon other goods or consequences. This type corresponds to the following axiom: more energy production and consumption are good to enhance human development and the quality of life. Type I energy ethics, assumes a pro-energy worldview, but examines its utilization in terms of its efficiency and consistency with other values. Type II energy ethics undertakes to question and challenge the automatic correlation between increased energy consumption and improved human wellbeing (Mitcham 2013: 22). This type of energy ethics follows this axiom: energy is a good perhaps necessary, but only up to a point, beyond which it can in multiple ways become counterproductive. Perhaps the following ethical

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold arguments can be associated with one of the two types of energy ethics. Energy Justice Argument – According to this argument, the wealthy need to provide the poor with a minimum of resources based on the principle of justice, even if it requires a decrease in quality of life for the super-rich. This type of argument has a strong moral appeal and could be based in the principle of reversibility: if one was in the position of the poor, it would be desirable that the wealthy shows compassion and facilitates a minimum share of energy for all. However, some argue that this kind of argument leads to unnecessary welfare and strengthens dependence. It is also true that those that consider humans to be inherently selfish consider this argument insufficient to achieve the necessary broad appeal in order to change societal patterns, from the direction of energy gluttony to the path of energy justice. This argument seems to be Type 1 energy ethics because it only promotes the limits of energy consumption because others are at an energy poverty level, but it does not question or challenge the Type 1 axiom that more overall energy consumption is good. Diminishing Returns Argument – Recent work lead by Susan Spierre, Seager, and Selinger demonstrate that for the wealthy countries, an increase in CO2 emissions only result in a marginal improvement of the Human Development Index (Spierre et al. 2013: 44). The benefit is less, yet a small marginal benefit could still be present even at luxury levels of CO2 emissions. Policy 75

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez should optimize advances in human development per unit of energy consumption (emissions), instead of market driven policies that maximize GDP per unit of energy consumption. The diminishing returns argument to establish an energy threshold could be considered Type I Energy Ethics in the sense that CO2 emissions are considered to establish the threshold for “efficiency” reasons, but it does not necessarily challenge the Type 1 axiom. This kind of efficiency based arguments could be established using different concepts such as the Energy Return On Investment (EROI) used in a recent work lead by Lambert (2013). Together with the Energy Justice argument, it is possible to turn the combined result into a Type 2 Energy Ethics. However, by itself, the Diminishing Returns argument does not challenge the notion that unlimited energy use is good for human development. The strength of this argument is that it could promote an efficient economic use of energy focused on human development. Environmental Degradation and Sustainability Argument – The excess of energy consumption, and its accompanying environmental degradation, ultimately decrease the availability of global natural resources, igniting the destabilization of economic and political systems, and the radicalization of social tensions among different groups competing to acquire scarce resources. When it is considered that ecosystems degradation affects vulnerable communities disproportionally, this argument is in line with the energy justice argument. This approach to sustainability is Type 1, because it argues for a limit on energy threshold to preserve social and ecosystem

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold stability. If the environmental impacts were completely eliminated, the notion of ever increasing energy production and consumption would not be disputed. Energy and Equity Argument – The argument exposed in this section is informed by a work titled “Energy and Equity”, written by Ivan Illich (1973) more than 40 years ago. Recently, Illich‟s work has been reconsidered by Mitcham (2013: 25), who categorized its main thesis as Type 2 Energy Ethics. While Illich‟s work on energy covered many areas, this section focuses mainly on two topics used as arguments for establishing an energy threshold: limits of speed in transportation and social inequalities. Illich argued that the average increase of speed in transportation does not really occur when other factors are taken into consideration. When time in traffic, time looking for a parking space, time walking to and from the parking lot, and time working to pay for the car, gas, maintenance, pavement, and traffic infrastructure, a new picture emerges. In 1973, Illich reported a yearly average of 1,600 hours a year devoted to the car to get 7,500 miles each year. The resulting average speed is less than five miles per hour. Too often we are looking at ways to improve the efficiency of machines (such as the use of electric hybrid vehicles) and devices (such as the use of LED light bulbs) without looking at possible changes in lifestyles (such as living closer to work to be able to walk and bike, or use fewer lights at night). It is important to make sure the right questions are asked, and the appropriate evaluation metrics are used to inform policy 77

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez decisions. The concept of economic inequalities has already been established as a reason for the reduction of “overall societal wellbeing, not just for the poor but across the income spectrum” (Costanza 2008: 34). Similarly, an inequality in access to energy and energy consumption is expected to have a similar impact. Illich argued that in the search for acceleration in transportation, which requires an ever increasing energy production, the result is a decline of leisure, autonomy and equity. In this sense, an increase on energy consumption increases the inequalities, which might even reduce the average benefit that the population obtains from that very same energy. For example, if there is an elite group that travel mainly in private airplanes and have no major interest on improving the ground transportation system, it might turn transportation for most into an excruciating experience. Such is the case of transportation by car in many metropolitan areas, because when the amount of traffic flow increases beyond a certain point, the traffic jam reduces the average speed, sometimes to the point that is actually faster to walk or bike. Ethical Egoism Argument – Three types of egoisms arguments are distinguished with respect to the energy thresholds: the economist argument of enlightened self-interest, the virtue of selfishness, and the self interest promoted by Hobbes (Pojman, 88). A brief critique to these types of arguments is also included in this section, to clarify that while they could be used to support the energy threshold, the authors do not identify nor promote this kind of argument.

Rather than using ethical egoism arguments to

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold support the energy threshold, the purpose is to show that these arguments could not disprove the need for energy threshold. The economist argument of enlightened self-interest does not oppose the energy threshold because it intends to use individual self interest to produce the maximum goodness for society at large. It could be assumed that enlightened means to at least understand the dynamics in which a higher consumption levels decreases the quality of life, while the main self interest could be assumed to be maximum wellbeing. In the way it was promoted by Adam Smith, the enlightened self interest leads to the best overall situation through the invisible hand of the competitive market. It is important to note that his view was blindly optimistic because for the free market to produce an overall state of optimal goodness, enlightened citizens are required to be the ones competing in a free market. It becomes extremely difficult to show that we currently have a local or global society that is in general enlightened and virtuous. The virtue of selfishness and the Hobbesian self interest arguments will be analyzed together. The virtue of selfishness theory argues that the agent making a choice must always be the beneficiary of his or her action. Some interpret Hobbes argument as stating that self interest is in general the main motivation for human action, and therefore “it is morally permissible to act entirely out of self interest� (Pojman, 90). Both lines of thought go as far as to justify actions that harm others as long as it contributes to our own happiness and fulfillment. It should be explicitly noted that the authors strongly reject this kind of logic.

However,

Hobbes argument and the virtue of selfishness advocates would not 79

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez be able to use these arguments to reject the need for energy threshold because when in search for the maximum personal happiness and fulfillment, a well informed self interest will guide each person to limit individual consumption in order to maximize wellbeing. The purpose to include the ethical egoism argument is to demonstrate that even those that follow this kind of selfcenteredness could become convinced on the main thesis of the need for energy thresholds. We retrieve from this argument a positive aspect: the value of the personal moral decision without external coercion. The moral act starts in the personal moral discernment and choice. Utilitarian Argument – If ethical egoism seeks to maximize the agents‟ individual happiness, utilitarianism seeks to maximize the goodness and happiness in society (Pojman, 106). Bentham, the founder of utilitarianism, formulated the following ethical maxim related to happiness, in his A Fragment on Government: "it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong” (Bentham, A Fragment on Government 93). His notion of happiness and goodness is only related to maximum pleasure and to the minimum pain (Bentham, An Introduction to the principles of Morals and Legislation, 2-3 and 18) (Pojman, 108) (Etxeberria 2003: 35). One difficulty with Bentham‟s notion of happiness is the fact that it lacks other values beside pleasure, e.g., personal development, personal dignity, self-esteem and selfrespect (Guisan, 151). Stuart Mill considered happiness as the ultimate end (Mill 2001: 14, 18, 23). For him, utility includes the pursuit of happiness and

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold the mitigation of unhappiness (Mill, 15). He further developed the concept of happiness and wellbeing by considering that “a being of higher faculties requires more to make him happy, is capable probably of more acute suffering, and certainly accessible to it at more points, than one of an inferior type.” (Mill, 12). Therefore, for Mill there are higher order pleasures beside sensual pleasure, e.g.,

intellectual

satisfaction,

aesthetics,

social

fulfillment,

creativity, high culture, freedom, friendship, love, health and spirituality (Mill, 10, 11, 12, 16-17) (Pojman, 109). Mill seeks the reconciliation between the personal wellbeing and the social wellbeing (Guisan, 146).

Following the concept of

“sympathy” he shows that we should seek not only our personal wellbeing but the others‟ as well (Mill, 90) (Guisan, 155). First of all, selfishness makes life unsatisfactory (Mill 12 and 16). Through sympathy, the human being “is capable of apprehending a community of interest between himself and the human society of which he forms a part” (Mill, 50). The human intelligence and “power of sympathizing with human beings generally, enables him to attach himself to the collective idea of his tribe, his country, or mankind” (Mill, 50). As Mill stated, “to do as you would be done by, and to love your neighbor as yourself, constitute the ideal perfection of utilitarian morality.” (Mill, 19). We seek harmony between our personal happiness and personal interest, with everybody‟s interests and the general good of our fellow humans (Mill, 16-20 and 32).

Consequently, we seek to maximize

wellbeing not only for ourselves but for all others, especially those affected by our actions.

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez Although this is a step beyond the ethical egoism position, it still has some difficulties. It evaluates the wellbeing according to the consequences of the actions, the calculus of pleasures, pains, and values (Ferrer 2003: 112). This evaluation of wellbeing is not related to some human rights that do not depend on the calculus of consequences and the maximization of goods (Ferrer, 113). It does not produce a clear cut answer in terms of the distribution of goodness and its maximization (Pojman, 114-115). Furthermore, wellbeing here is understood not as an end in itself, but as the state of having the necessary resources to individually seek our own preferences (health, salary, education, housing, etc.) (Etxeberria, 36). The utilitarian argument could be considered Type 1 Energy Ethics because the quest for goodness and happiness in society could become a quest for more overall energy production. We retrieve from this argument the following positive aspect: it is open to benevolence (Etxeberria, 35) and it considers the inherent relation between our personal wellbeing and collective wellbeing. Virtue Ethics Argument – Aristotle‟s ethics is definitely teleological in the sense that each human action has an ultimate end. That final end is the eudaimonia (Aristotle NE 1095a14-20). The conventional translation of eudaimonia is happiness that suggests a permanent state of feeling, as opposed to pleasure, which is temporary and short-lived (Ross 200). However, Ross suggests translating it to “wellbeing” because it is a kind of activity and not a kind of pleasure, although pleasure naturally accompanies it (Ibid.). Wellbeing is characterized by being final

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold because it is chosen for its own sake, not as a mean to something else. It is also characterized by being self-sufficient in the sense of being something that makes life worthy of being chosen. Aristotle asks in the Nicomachean Ethics if wellbeing is identified with virtue, external prosperity, action or pleasure (Aristotle NE 1097a20-1102a5). Ross summarizes Aristotle‟s response as follows: “Thus the main elements in the common notion of wellbeing are allowed for in our definition. Virtue is the spring from which good activity flows, pleasure is its natural accompaniment, and prosperity its normal precondition; though Aristotle is careful to add that fine

character

may

shine

through

adverse

circumstances” (Ross, 201-202). For Aristotle the virtuous activity is the central good that introduces us into perfection, producing a pleasure that is centered on that activity (Aristotle NE 1102a5-10) (Broadie, 28). Then, the human being is capable of excellence by perfecting his/her capacities through an active exercise (Broadie, 35 and 37). That excellence is what Aristotle means by virtue. Virtue is a disposition developed through the active exercise of a capacity (Aristotle NE 1105b19 – 1106a13). However, this also defines a vice. For that reason the Greek philosopher distinguishes between vice and virtue, by arguing that a virtue is the disposition to chose a mean between two vicious extremes (Aristotle, NE, 1106a14 – 1107a2). That “mean” is relative to us (Aristotle NE 1106b1-5). For that reason, virtue is a choice that follows the practical wisdom of a process of deliberation, phronesis (Aristotle, 83

2013-2014


Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez NE, 1111b4 – 1112a17). All virtues and vices are in our own power in the sense of being the results of deliberated and chosen actions that create a disposition. Wellbeing as eudaimonia is an end.

Nevertheless, the

Nicomachean Ethics‟ sections that discuss the virtue of justice and friendship illustrate the essentially social nature of the human person (Ross, 238). The virtue of justice compels the recognition of the others‟ wellbeing. The virtuous person considers his friend as another self or even as part of himself/herself (Aristotle, NE, 1169a5 – 1161b18). Consequently, the citizen‟s interest coincides with the wellbeing of friends and fellow-citizens (Ross, 239-240). Finally, Aristotle notion of wellbeing is related to the Greek Polis. There is a social sphere of wellbeing in which we enter through the construction of a society that seeks to satisfy everybody‟s need (Aristotle, Politics, 1252b29) (Pellerin, 17). At the same time, the legislators and the education must create the conditions that promote good virtues (Aristotle, NE, 1179b1 – 1181b20). For Aristotle our wellbeing is conditioned by political aspects. In our historical context, using concepts such as person and even the contemporary term “agent”, it is understood that our personal wellbeing is intimately related to our exercise of our virtues in the social and political life. Our personal wellbeing is conditioned by the relational, social and political dimensions of the human agent. The virtue ethics argument could be categorized as Type 2 Energy Ethics because it clearly establishes a need to prevent excess while establishes virtue in the “mean” or middle point of two extremes. Furthermore, the concept of eudaimonia as the ultimate human

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold end, not more energy, provides a solid ground to establish energy thresholds, so as to facilitate the personal quest for a meaningful life well lived. We retrieve from this argument the following positive aspects. The wellbeing is not passivity but an activity. It is a personal construction due to the fact that we are not fully developed yet. The personal wellbeing requires a personal deliberation that guides us to a free choice and action. Finally, our personal wellbeing is inseparable from our personal relations, our social relations and our political actions. Responsible Wellbeing Argument – We add to the concept of wellbeing the adjective „responsible‟. The word responsible comes from the latin verb respondere, to respond. To be “responsible” is to put ourselves immediately in relation to others. This does not deny but affirms our responsibility with our full realizations as persons; that is, our human flourishing. This human flourishing includes our whole life, all integral aspects of our personalities and not just one dimension leaving behind others. This requires a deliberated personal project that includes all our discovered capacities (Etxeberria, 177). As a rational and autonomous agent, I am responsible to develop my personal project, but this is impossible from an isolated perspective. The concept of responsible wellbeing means that our personal wellbeing is realized in relationship with others. First of all, our personal relationships develop and transform us. Through personal interactions, we discover many of our potentialities. Furthermore, our personal projects include other persons with their 85

2013-2014


Castro-Sitiriche, JimĂŠnez RodrĂ­guez own wellbeing. Second, in the complexity of our societies we act and deliberate not in isolation but through institutions.

These

deliberations, choices and actions are beyond an individual deliberation, choice and action. Consequently, there is a level where our personal wellbeing becomes a shared wellbeing. This does not deny but confirms the personal dimension of our human flourishing, at the same time that affirms the social and political aspects. The ethics argument for establishing an energy threshold using responsible wellbeing uses a utilitarian concept, but applied in a holistic manner. The main premise is tightly related to the Type 2 energy ethics, and also supports the threshold hypothesis: more energy consumption beyond a threshold level decreases the individual wellbeing. The strength of this argument lies in its independence from considering collective wellbeing. It is based solely on a deep knowledge of society applied to the individual. The authors argue that this argument is particularly strong because the commonly held perception that human nature is selfish does not diminish its validity nor impede its applicability. The data that support this kind of argument and the limitations of such data have already been exposed in the section that presented the threshold hypothesis and the general concept has already being explained.

It is worth

clarifying that while the Responsible Wellbeing argument does not necessarily require the direct consideration of the collective wellbeing as a desired outcome, it does depend on the understanding that the personal wellbeing is connected to the wellbeing of others, and to the ecosystem that supports it.

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold Therefore, collective wellbeing and stable ecosystems, while each is considered an end in itself by the authors, for others could be considered as means for the individual to attain the best possible quality of life.

Wellbeing Economics A broader exploration of the concept of human flourishing will also be useful to provide richness and depth to any study on human progress.

Important components of flourishing or human

wellbeing were identified by a team of the New Economics Foundation as: 1) autonomy, 2) sense of purpose, 3) feelings of happiness and life satisfaction, 4) competence, and 5) social relationships (Abdallah 2011: 2). These include three categories for the components labeled: I) how people feel: feelings of happiness, II) how people function: autonomy, sense of purpose, competence, social relationships, and III) how people evaluate their life: life satisfaction (Michaelson, et al. 2012: 6). These concepts are aligned with the capabilities approach proposed by Amartya Sen, and have been very influential on the Human Development Index (Klugman 2010: 16). Amartya Sen (2000: 5), focused on the concepts of agency and autonomy where he highlights the “dissonance between income per head (even after correction for price variation) and the freedom of individuals to live long and well�. A recent report supported by the United Nations Sustainable Development Solutions Network identified six key variables that explain three quarters of the variation across individuals and nations measured in happiness (Sachs 2013: 9 and 81). The six key factors are: 1) GDP per capita, 2) years of healthy 87

2013-2014


Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez life expectancy, 3) having someone to count on in times of trouble, 4) perceptions of corruption, 5) prevalence of generosity, and 6) freedom to make life choices. The research team from the New Economics Foundation also made a distinction between wellbeing and the drivers of wellbeing; external aspects such as income, housing, education and social networks, and internal components such as health, optimism and self-esteem. These concepts are integrated in their proposed dynamic model of wellbeing (Abdallah et al., 2011: 13, Michaelson, et al., 2012: 7).

Recent work established the

importance to study in depth the interconnections among the use of natural resources, human systems and the goal of wellbeing for all, while also suggesting five key headline indicators which are listed directly from the Happy Planet Index: 2012 Report (Abdallah et al., 2012: 17): 1. Measure of environmental pressure per capita. 2. Measure of the percentage of the population flourishing. 3. Measure of economic performance – how well the economy

is

doing

in

terms

of

delivering

sustainability and well-being for all. 4. Measure or set of measures of the other policyamenable drivers of wellbeing for all. 5. Measure of well-being per unit of environmental pressure. The HPI establishes happy years as the intended output while defines natural resources as the input to achieve that goal. The means to obtain the desired output with the available resources

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88


Responsible Wellbeing and Energy Threshold include

technology,

education,

economy,

consumption,

governance, and values. The HPI provides an important efficiency measure taking into consideration the planetary resources as inputs and the long, happy, fulfilling lives as outputs. Another important wellbeing index is the Genuine Progress Indicator (GPI), and its twin, the Indicator of Sustainable Economic Welfare (ISEW).

Recent work on the GPI

(Kubiszewski 2013: 65) is consistent with the threshold hypothesis and clearly established a region from $6,000 to $7,000 GDP per capita (2005 $USD) in which the GPI per capita is at its maximum values, very much like Figure 1. A similar result is observed with the HPI as exemplified in the relationship between average HPI and GDP per capita for sub-regions (Abdallah 2009: 46). While these results strongly support the threshold hypothesis with empirical data, a clarification note is needed. Both the GPI and the HPI do not only take in consideration wellbeing, but they extract a measure of sustainable wellbeing, meaning that environmental degradation and natural resource depletion negatively affects the measure index. While this approach makes sense due to the great importance of the natural ecosystems for the human wellbeing, the threshold hypothesis that the authors propose goes beyond sustainable wellbeing, and suggests that even without considering the ecosystems and environmental factors, the human wellbeing is negatively affected by an excess of consumption.

Empirical

evidence to support it exists (Abdallah et al. 2012: 15, Schwartzman et al. 2012: 111, Castro-Sitiriche et al. 2013b: 3),

89

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez however, the resulting trends are not as strong as those drawn by data on sustainable wellbeing. Figure 2 also confirms the threshold hypothesis even though the authors are not claiming it as a definite proof. This figure contains data publicly available from the following organizations: New Economics Foundation (NEF) (Abdallah, 2012), the U.S. Energy Information Administration already used in previous work (Castro-Sitiriche et al., 2013b), and data from the International Energy Agency (2012). A total of 72 countries were used, 80 countries included in the Energy Development Index, except for eight countries that didn‟t have data on wellbeing because those were not included in the Happy Planet Index Report (Buthan, Cape Verde, Eritrea, Gabon, Ivory Coast, Myanmar, Papua New Guinea, and Sao Tome and Principe).

65.0 60.0

Happy Life Years

55.0 50.0

49.2

45.4

45.0

43.5

40.0 37.4 34.6 30.9 28.2

35.0 30.0

38.5

25.0 20.0 0

1000

2000

3000

4000

5000

Average Yearly Per-Capita Electric Energy Consumption (kWh) Figure 2. Happy Life Years vs Per-Capital Electricity Consumption, List of Countries used for the Energy Development Index in the World Energy Outlook Report (IEA, 2012)

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold

Figure 2, shows a clear decline on wellbeing, when energy consumption increases, thus indicating strong support for the threshold hypothesis. However, it needs to be noted that not all countries in that range were selected by the International Energy Agency for the 2012 report, and the data selection does affects the results. It could be said that for this particular group, the threshold hypothesis is confirmed when applied to energy consumption and wellbeing, which goes beyond sustainable wellbeing.

Further

work in this area is needed, and while the work presented here provides support to the threshold hypothesis, it does not claim to provide a final closing of the issue. On the contrary, it claims that the issue needs to be examined, studied and discussed further. A study of patterns across time could demonstrate that the countries depicted in Fig.2 in fact exemplify the threshold hypothesis because a per capita consumption beyond 2000 kWh per year does not contribute to a better quality of life, but in fact impoverishes it. This kind of results would be consistent with the “contracting threshold hypothesis” theory presented by Lawn (2010: 2218). Figure 3 is similar to Figure 2, but it includes all countries with available data, a total of 151. Iceland was excluded because of the fact that more than 85% of its total energy consumption, and more than 99% of the electric energy generation, is from renewable energy sources (Orkustofnun 2013: 3). This, in combination with the extremely cold weather, was a reason to exclude it from the analysis. Two case studies for future work that fall “outside of the curve” in the Life Expectancy vs. Energy Consumption graph 91

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez (Schwartzman, 111), are: Iceland, with extremely high energy consumption and relatively high life expectancy, and South Africa, with relatively high energy consumption and extremely low life expectancy. Perhaps the case of South Africa could be explained by its extremely high social inequality.

70.0 65.0

Switzerland (66.5) Costa Rica (62.6)

Norway (66.3)

Canada (66.3)

Happy Life Years

60.0 Kuwait (54.9)

55.0 50.0 45.0 40.0 35.0

South Africa (31.0)

30.0 25.0 20.0 0

5000

10000

15000

20000

25000

Per Capita Electric Energy Consumption in a year (kWh) Figure 3. Happy Life Years vs Per-Capital Electricity Consumption, List of Countries used for the Happy Planet Index Report 2012 (Castro-Sitiriche et. al. 2013 AJSTID)

Energy Crisis: Global Energy Inequality The use of the term “Energy Crisis” is now often used to point out a difficulty on supplying the energy demand of the very wealthy, and also the projected increase of demand from the rest of the world.

It is also used to denounce high prices per kWh.

However, it is rarely used to denounce a deep energy inequality that is tied to unreasonably high electric energy consumption per capita.

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92


Responsible Wellbeing and Energy Threshold We propose, that the ongoing energy crisis is the product of unreasonable and unethical behavior, therefore the bulk of the solutions to the energy related problems need to be based on scientifically grounded energy thresholds and a solid ethics framework. Previous work suggests that a minimum of 405 kWh of annual consumption per person could be enough to attain a reasonably good quality of life, that could serve as a guiding target for low income countries (Castro-Sitiriche 2013a: 2). This level of consumption, and the related life expectancy of 71.2 years, with a subjective wellbeing of 6.3, is from the country of Guatemala. The same work establishes the annual per capita consumption of Costa Rica as 4,700 kWh, with a high life expectancy of 79.3 years and 7.3 out of a scale of 10 in subjective wellbeing. Perhaps this type of consumption should be used as the energy threshold because the quality of life in Costa Rica is comparable to countries with much higher energy consumption and a large ecological footprint. Lastly, the IEA defined the minimum annual energy consumption as 250 kWh per household (approximately 60 kWh per person) at a rural setting, which could be established as a human right to which every community should be entitled to. It should be noted that a more detailed exploration of energy thresholds in the local context is needed to better define the energy policy for a whole nation. However, these numbers could be used as a starting point for any local study that further refines the energy threshold levels.

Policy Implications

93

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Castro-Sitiriche, JimĂŠnez RodrĂ­guez The most important ramification of this research is that an energy policy should not promote, nor facilitate a consumption that surpasses a threshold beyond which it becomes uneconomic with respect to the human wellbeing such policy purports to bring forth. Historically, the main motivation of the electric power authority in Puerto Rico has been to attend to the ever growing supply and demand of energy.

More recently, we can identify a strong

movement toward a decrease in the price of electric energy, as well as energy efficiency and conservation -heavily focused on energy efficiency- but no reference to change in lifestyles has been articulated as yet; this is crucial in the process of reaching effective energy conservation.

In the same direction, the topic of the

diversification of the electric power generation was brought forth, with some renewable energy components, characterized mainly through a shift to natural gas (GarcĂ­a-Padilla 2012: 9 and 13). An additional goal for the energy policy of Puerto Rico needs to be the reduction of energy inequality, achieved through a comparative analysis that explores local conditions according to global patterns. At the local level, an overall strategy to fuel the economy with an increase in energy consumption needs to be challenged, even if such increase is proposed through affordable and clean renewable energy systems. Also, electric energy subsidies should remain, but limited to levels that are proven to improve human wellbeing and not at levels of luxury. An example of such kind of subsidies can be found in Latin America (International Energy Agency 2012: 536). At the global level, the exploration of business opportunities to increase global access to electric energy, with the innovative use of

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold renewable energy technology (Castro-Sitiriche 2013a: 6), needs to be included as one of the ways to promote the local economy. Such an effort has the potential to improve the lives of more than a billion people that suffer energy poverty worldwide. Moreover, it may also support an area of the economy that could include human and technological resources from the academic institutions, private enterprises, governmental agencies, and young entrepreneurs. “Lo que nos toca” One of the most difficult aspects of the concept of Responsible Wellbeing is the need to look inside each one of us, and act to change. Interestingly enough, virtue ethics provides a framework that promotes an active role in taking responsibility for the way of life that each one of us chooses every day. Similar to the concept of Responsible Wellbeing, virtue ethics underscores the personal benefit that results from making virtuous choices leading to a meaningful worthwhile life. However, even though the concept is relatively simple, it is very difficult to apply in daily life. It is easy to think that the rich need to change, but when we realize that in fact most of us are the rich in the eyes of the more than a billion people with no access to electric energy, then the obstacles to change become clear.

Three suggested

courses of action are provided to elucidate the difficulties contained in changing the world, which converge fundamentally in the challenge to change ourselves. Challenge #1: stop using hot water to take a shower. Even if you have a solar water heater, even if you live in the mountain area, you may want to try to use “cold” water to take a shower, and 95

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez test your ability to change ways of life that relate to energy consumption. Challenge #2: turn off the AC. Depending on the area that you live, different adjusting measures could be appropriate. While in some fresh areas discarding the heavy covers will suffice, in other regions there may be a need for using fans.

In fact, taking

refreshing showers before going to bed, or installing better insulation at home, could be rather adequate alternatives in the process of integrating diverse initiatives to enhance our capacity to innovate our management of heat and its aggregate effects in daily life. Challenge #3: start coordinating carpooling with neighbors and friends for your everyday transportation needs; “coge pon”. Most of us live relatively close to people that have similar transportation patterns.

The difficulty lies in the conveniences that we have

grown accustomed to, by assuming an individual sufficiency which impedes our potential to effectively collaborate in the process of reducing our energy consumption behavioral patterns. The government needs to show clear leadership to tackle serious energy challenges at the local and global level. Perhaps the six “Lisbon principles” could be helpful to establish core principles for sustainable governance: responsibility, scale matching, precaution, adaptive management, full cost allocation, and participation (Costanza 2008: 34-35). Accordingly, it is imperative that we, the people, take charge and work towards a better quality of life for all. Our research is focused mainly on energy consumption, and it underscores the need to look into each of our individual consumption patterns, so as to critically evaluate how much of

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Responsible Wellbeing and Energy Threshold those kilowatt-hours are significantly contributing to enable a meaningful and joyful life. Independently of its economic status, each person has the right and the responsibility to enjoy individual autonomy, to the pursuit of happiness, to contribute to community cohesion, to establish healthy social relationships, to have a dignifying work, and to build strong mental and physical health. The clarification and development of this kind of responsibility, is a matter of fundamental value that should be prioritized by public officials and public servants in their political programs and strategic planning as well.

Ultimately, beyond the aforesaid

governmental initiatives, it is evident that the necessary changes to break away from the current direction of the energy intensive driven economy, requires that individuals truly assume new lifestyles, whose cultural patterns demonstrate their commitment to a better nation capable of implementing, a praxis of social responsibility, defined with Responsible Wellbeing. Perhaps, a good amount of individual wisdom at all levels will create the potential for us to move from a state of dependence and excess of consumption to the region of responsible wellbeing.

97

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Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez Acknowledgements The author would like to acknowledge the comments, suggestions and many conversations related to the issues in the paper with different leading scholars in different disciplines such as Carl Mitcham from Colorado School of Mines, Jonathan Ozik from Argonne National Laboratory, and Efraín O‟Neill from the University of Puerto Rico in Mayagüez. This work was supported in part by the U.S. Department of Education under grant P031S080124 through the CIVIS project (http://civis.uprm.edu/), by the National Science Foundation under grant 103302 through the GREAT-IDEA project (http://greatidea.uprm.edu/), and by the National Endowment for the Humanities under grant AC-50156-12 through the Convergence of Culture and Science project. Working with the colleagues from these projects, particularly with Christopher Papadopoulos, William Frey, and Héctor Huyke has been very helpful to develop this work.

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ETHOS GUBERNAMENTAL 104


Responsible Wellbeing and Energy Threshold Appendix A. HPI Rank 1 7 9 21 17 5 93 3 20 6 23 12 10 2 13 8 57 27 24 84 31 26 69 81 14 64 39 33 77 60 36 11 25 37 16 35 47 40 32 145 49 91 96 86 58 68 85 72 94 78 97 116 99 126 142

105

Country Costa Rica Panama Venezuela Brazil Argentina El Salvador Uruguay Colombia Thailand Jamaica Ecuador Cuba Guatemala Vietnam Honduras Nicaragua Paraguay Jordan Peru Malaysia Guyana Algeria Lebanon Libya Indonesia Bolivia Tunisia Dominican Republic Iran China Iraq Bangladesh Philippines Laos Pakistan Sri Lanka Syria Morocco India Mongolia Madagascar Egypt Namibia Ghana Nepal Yemen Cambodia Malawi Ethiopia Haiti Kenya Liberia Zambia Senegal South Africa

Life Exp. (years) 79.3 76.1 74.4 73.5 75.9 72.2 77.0 73.7 74.1 73.1 75.6 79.1 71.2 75.2 73.1 74.0 72.5 73.4 74.0 74.2 69.9 73.1 72.6 74.8 69.4 66.6 74.5

Wellbei ng (0-10) 7.3 7.3 7.5 6.8 6.4 6.7 6.1 6.4 6.2 6.2 5.8 5.4 6.3 5.8 5.9 5.7 5.8 5.7 5.6 5.6 6.0 5.2 5.2 4.9 5.5 5.8 4.7

Happy Life Years 62.6 60.3 59.9 55.5 55.0 54.0 53.6 53.2 52.4 51.7 51.3 51.1 50.8 50.6 49.7 49.3 49.2 49.0 48.9 48.8 48.2 46.2 45.6 45.4 45.0 44.9 43.9

73.4 73.0 73.5 69.0 68.9 68.7 67.5 65.4 74.9 75.9 72.2 65.4 68.5 66.7 73.2 62.5 64.2 68.8 65.5 63.1 54.2 59.3 62.1 57.1 56.8 49.0 59.3 52.8

4.7 4.8 4.7 5.0 5.0 4.9 5.0 5.3 4.2 4.1 4.4 5.0 4.6 4.6 3.9 4.9 4.6 3.8 3.9 4.2 5.1 4.4 3.8 4.3 4.2 5.3 3.8 4.7

43.5 43.5 43.1 42.4 42.2 41.8 41.6 41.5 41.2 41.1 40.8 40.1 39.8 39.1 38.5 37.8 37.4 35.9 34.7 34.6 33.9 33.5 32.2 31.7 31.3 31.0 31.0 31.0

2013-2014

Yearly PerCapita Electric Energy Consumption (kWh) 1748.014595 2208.484733 2892.973573 2143.989618 2578.335395 820.2809624 2358.05779 1002.14062 1908.581928 1776.646928 1059.249222 1300.888257 405.6570992 824.0037732 631.5394737 457.0564864 966.3774403 1924.756077 1030.686821 3345.798035 904.6357616 884.9385361 2919.801278 3822.187254 548.2140326 484.0366603 1208.834961 995.3661731 2339.961878 2430.833894 1358.267928 234.2708417 550.0658367 306.5634575 415.2356374 385.6663471 1411.894165 694.9892022 520.6346484 1249.782293 60.61118084 1427.327079 1431.449847 250.9839292 88.25394706 195.401821 124.421812 108.3470908 43.98191682 31.92234564 136.1538272 78.00450676 595.9619401 170.7415152 4121.879938

EDI 0.67 0.61 0.58 0.83 0.68 0.82 0.42 0.69 0.54 0.64 0.54 0.59 0.62 0.23 0.35 0.32 0.25 0.41 0.78 0.40 0.78 0.37 0.74 0.92 0.34 0.43 0.52 0.47 0.76 0.49 0.69 0.23 0.38 0.14 0.28 0.29 0.67 0.58 0.30 0.49 0.12 0.68 0.46 0.22 0.08 0.32 0.16 0.15 0.04 0.12 0.10 0.05 0.14 0.23 0.65


Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez 115 125 121 129 108 131 114 124 137 132 127 133 151 139 134 141

148

Zimbabwe Nigeria Congo Burkina Faso Rwanda Uganda Mozambique Cameroon Guinea Benin Angola Tanzania Botswana Sierra Leone Congo, Dem. Rep. of the Togo Central African Republic

51.4 51.9 57.4 55.4 55.4 54.1 50.2 51.6 54.1 56.1 51.1 58.2 53.2 47.8

4.8 4.8 3.8 4.0 4.0 4.2 4.7 4.4 4.0 3.7 4.2 3.2 3.6 4.1

30.9 30.9 30.0 29.9 29.8 29.8 29.4 29.4 29.2 28.6 28.2 27.7 26.7 26.1

997.3749105 111.4547761 139.2530299 46.30252611 28.36878765 66.32389899 435.7845233 257.6151844 88.97515528 87.90960452 191.7513887 80.03835775 1472.346786 19.0216465

48.4 57.1

4.0 2.8

25.9 25.3

99.87114379 107.9960186

48.4

3.6

24.3

33.81049761

0.09 0.13 0.13

ETHOS GUBERNAMENTAL 106

0.19 0.11 0.19 0.07 0.06 0.07 0.10 0.14 0.06 0.21 0.20 0.10 0.45 0.10


Responsible Wellbeing and Energy Threshold ABOUT THE AUTHORS Marcel J. Castro-Sitiriche

Is a professor of Electrical Engineering at the University of Puerto Rico in the Mayag端ez Campus (Recinto Universitario de Mayag端ez). His research efforts contain academic, educational and service activities. Some of the research areas of interest include appropriate technology, engineering education, power electronics, computational intelligence, electric motor drives, and renewable energy systems. He is the co-coordinator of the Social, Ethical, and Global Issues in Engineering program at the College of Engineering in the University of Puerto Rico, Mayag端ez. He is chair of the IEEE Engineering Education Western Puerto Rico chapter, and member of the International Network on Appropriate Technology. One of the current research projects combines most research interests and is based in the concept of appropriate technology. The project title is "Graduate Research and Education for Appropriate Technology: Inspiring Direct Engagement and Agency

(GREAT

IDEA)"

and

NSF (http://greatidea.uprm.edu/).

107

2013-2014

it

is

funded

by

the


Castro-Sitiriche, Jiménez Rodríguez

Luis O. Jiménez Rodríguez

Is from Puerto Rico.

He graduated in 1996 from Purdue

University with a Ph.D. in Electrical Engineering. Since then he is professor at the School of Engineering at the University of Puerto Rico, Mayagüez Campus. In 2012 he finished a doctorate (S.T.D.) in the doctoral program of the Faculty of Theology at the Catholic University of Louvain-la-Neuve, Belgium. His research interests are Epistemology, Applied Engineering Ethics and Remote Sensing.

ETHOS GUBERNAMENTAL 108


Responsabilidad Social y Corporativa

Dr. Ramón Torres Morales

Introducción Desde la década de los 90, se identifica un aumento significativo en la literatura que investiga las diversas variables que componen e inciden en el surgimiento y desarrollo de la responsabilidad en el funcionamiento organizacional, y el desempeño laboral del recurso humano corporativo. componentes

de

dicho

cuerpo

de

información

Los

incluyen

investigaciones teóricas, históricas y empíricas que se proponen definir, catalogar y formular problemas y alternativas basadas en múltiples perspectivas metodológicas. Es indudable que se ha producido un conocimiento científico significativo sobre el problema –particularmente a partir de las crisis corporativas que se generaron desde finales de la década de los 90, destacándose el caso Enron. Ciertamente, a partir de la crisis en los mercados hipotecarios y de inversiones hacia finales de la década pasada, la literatura especializada también ha respondido. Particularmente, se destaca el surgimiento de investigaciones cuantitativas y cualitativas que exploran el comportamiento de variables asociadas al diseño de productos financieros altamente complejos, los niveles de riesgo, la matriz de las decisiones, la práctica de valores corporativos, y especialmente la reestructuración de procesos, para identificar oportunamente escenarios que propician conductas asociadas al fraude. El hecho es que la responsabilidad corporativa es un fenómeno multifacético y multidireccional que continuamente requiere de mayor ETHOS GUBERNAMENTAL

111


Dr. Ramón Torres Morales especificidad científica y teórica, que arroje luz sobre las dinámicas complejas que operan en el individuo, en los grupos, en las organizaciones, y en las comunidades que impactan. En esa dirección, nuestra investigación asume prioritariamente la importancia de la responsabilidad corporativa, pero se concentra en explorar una ecuación más específica del fenómeno: la responsabilidad social y corporativa. En su primera fase, nuestra investigación se origina en un estudio doctoral dirigido a estudiar al individuo en función de su identidad personal y empresarial, a los efectos de comenzar a identificar localmente algunos componentes del proceso de desarrollo cultural en el individuo, desde una perspectiva integrada que lo analiza tanto como ente de la sociedad, y como recurso humano de la empresa. A partir de los resultados de esa primera fase, e inclusive mediante el instrumento desarrollado para la misma, exploramos ahora cómo dicha formación cultural estimula la estructuración de valores corporativos, propicia el reconocimiento de la importancia de la responsabilidad social, y fomenta el establecimiento de sanas políticas de gobierno corporativo como mecanismos de prevención del fraude ocupacional. La línea de la argumentación contrasta con las tendencias hacia desviaciones administrativas que han tomado lugar tanto en los Estados Unidos de América, como en el plano internacional. Es importante subrayar que la aportación principal de la investigación radica en la presentación de un índice de valor empresarial para Puerto Rico, que permita medir la capacidad de responsabilidad social que presentan las empresas, a los efectos de atender los retos que plantean las sanas políticas de administración.

112

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Particularmente, se discute cómo la cultura puede influenciar la aceptación, rechazo o implantación de medidas de prevención que atiendan las desviaciones mencionadas.

Se analiza cómo las

tendencias culturales, si alguna, impactan a la gerencia de pequeños y medianos empresarios puertorriqueños localizados en una región de la Isla, en materia de la implantación o rechazo de normas o controles internos. Utilizando el modelo de Patel (2003), se medirán tres dimensiones

específicas,

representadas

bajo

la

medida

multidimensional de ética, y los atributos o variables de Reidenbach y Robin (1988). Éstos son la moral, el relativismo y el contractualismo. Estas dimensiones han sido postuladas como las fundamentales para determinar el contenido ético de las situaciones de negocios. De ahí que se justifique la utilización de este modelo para recopilar los datos del grupo seleccionado, pues mide directamente la intención ética de la acción o el escenario que se le plantea en el instrumento de muestreo.

Revisión de Literatura La revisión bibliográfica prioriza la discusión de diversas teorías relevantes sobre temas sobresalientes en la cultura sobre los estilos gerenciales, la estructura de valores, la responsabilidad corporativa y el gobierno corporativo. Entre éstos, se encuentran el modelo de análisis sobre el impacto cultural en los estilos gerenciales de Geert Hofstede (1993). Además, se exploran los retos de la gerencia internacional ante el ejercicio de la responsabilidad corporativa, incluyendo los valores como ventaja competitiva de Yarce (2001), al igual que las ETHOS GUBERNAMENTAL

113


Dr. Ramón Torres Morales diferencias culturales en la implantación de controles internos de Patel (2003). Se identificarán algunos lineamientos sobre cómo ese comportamiento impacta la formación de valores corporativos, el reconocimiento a la responsabilidad social y el establecimiento de sanas políticas de gobierno corporativo como mecanismo para estimular una mejor toma de decisiones gerenciales, mayor búsqueda de oportunidades de negocios, y la prevención del fraude ocupacional. Particularmente, este estudio brinda la base para evaluar la relación entre el desarrollo de un modelo de conocimiento competitivo, la formación de valores, y la disminución de los eventos de fraude ocupacional, para fortalecer la posición competitiva de la empresa. Esta discusión se contrasta con las tendencias hacia desviaciones administrativas ocurridas tanto en los

Estados

Unidos

como

las

que

han

tomado

lugar

internacionalmente. De la misma forma, la revisión literaria incluye cómo la cultura puede influenciar la aceptación, el rechazo o la implantación de medidas de prevención a estas tendencias. Como se destacó en la introducción, el objetivo de este estudio es analizar cómo las tendencias culturales, si alguna, impactan a la gerencia de pequeños y medianos empresarios puertorriqueños hacia la implantación o rechazo de normas o controles internos. La propia revisión de literatura resalta la relevancia de enunciar un índice de valor empresarial. Del mismo modo, reseña como los criterios de medición pueden recibir la influencia cultural. Por tal motivo, se incrementa la relevancia de desarrollar un índice de valor empresarial local que permite ponderar las relaciones de los

114

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa criterios de conocimiento, juicio, valores y responsabilidad social, en correspondencia con el éxito empresarial puertorriqueño.

Escenario económico global La economía global ha propiciado la integración de las operaciones de negocios en una diversidad de ambientes, culturas y localidades. Dicha integración ha dado margen al establecimiento de operaciones gerenciales complejas y amplias con respecto al manejo de las transacciones diarias de las empresas, dentro del entorno internacional. Múltiples economías están sustentadas por una base empresarial que incorpora las pequeñas y medianas empresas.

Este ámbito de complejidad permite un ambiente

propicio hacia las posibles desviaciones gerenciales, consciente o inconscientemente

en

ese

ambiente

empresarial.

Estas

desviaciones no están restringidas a las empresas multinacionales, también pueden tomar lugar en aquellas de carácter local, las cuales no se circunscriben sólo a su ámbito, carácter o relevancia. De la investigación bibliográfica surge que existe una tendencia marcada en las desviaciones administrativas o comisión de fraude ocupacional en las pequeñas y medianas empresas, Snider, Hill, Martin (2003).

Antecedentes Los estudios de fraude ocupacional de los Examinadores de Fraude Certificados de los Estados Unidos, que se resumen en los Informes Anuales para los años de 1996, 2002, 2004, 2006 y 2008, reflejan que las pequeñas empresas son las más propensas al fraude, por su limitación en el uso de procesos de control. Para el ETHOS GUBERNAMENTAL

115


Dr. Ramón Torres Morales 2008, el Informe Anual presenta una pérdida por concepto de fraude ocupacional, alcanzó un siete por ciento de los ingresos anuales de las organizaciones evaluadas en los EE UU.

Esto

representa un incremento de uno por ciento con relación al estudio del 2004. Con respecto al producto nacional bruto de los EE UU, la magnitud del fraude alcanza los $994 billones en contraste con $660 billones en el 2004. El informe del 1996 concluye que las empresas pierden hasta un 6% de sus ingresos. Como medida comparativa, al aplicar este 6% al producto nacional bruto, el costo por abuso y fraude ocupacional en los EE UU alcanza los $400B anuales.

La pérdida media por

evento alcanzó unos $175,000, aunque más de 25% sobrepasó un $1 millón. Los eventos de mayor frecuencia fueron la corrupción con un 27%, y el fraude en la facturación con un 24%. El estudio del 2008 muestra que a pesar de las medidas de controles internos y la legislación, la forma de detección más evidente fue mediante confidencias de estos eventos por parte de empleados, suplidores, clientes y vendedores asociados a la empresa. Los eventos de fraude de mayor cuantía ocurrieron en los $216,000.

116

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa sectores de manufactura, banca y seguros, donde sobrepasaron los Comparativa de Costo de Fraude (en millones de doláres) 994

1000 900 800

660

600

700 600 500

400

400 300 200 100 0 1996

2002

Años

2004

2008

Por otro lado, el estudio del 2008 refleja que los pequeños negocios son especialmente vulnerables a eventos de fraude ocupacional por concepto de falsificación de cheques y facturación. Un 45% de los casos están asociados a empresas con menos de 100 empleados, un aumento de 6% con relación al 2002. La pérdida promedio por daños se mantuvo muy similar para empresas pequeñas como para empresas de más de 10,000 empleados, alcanzando la cifra de $105,000.

ETHOS GUBERNAMENTAL

117


Dr. Ramón Torres Morales Pérdida Media por número de empleados de la empresa $147,000 $150,000

10,000+

$105,500 $97,000 $126,000

1,000-10,000

$53,000

100-1000

$87,500

$116,000 $120,000

$80,000 $176,000 $179,000

$78,500

$135,000

$10,000

1-100

$98,000

$200,000 $190,000

$127,500 $120,000

$-

$50,000 $100,000 2008 2006 2004

$150,000 2002 1996

$200,000

$250,000

Por último, concluyen que el fraude es difícil de cuantificar porque (1) no se descubren todos los eventos, (2) de los descubiertos no todos son informados, (3) se recopila información incompleta, (4) la información recopilada no llega a las personas en entidades indicadas y (5) no se toman acciones civiles o criminales contra los sujetos.

Las tendencias sociales y culturales Aunque limitadamente, las estructuras corporativas han permitido que féminas alcancen posiciones ejecutivas. Entre el 1994 y el 2005 se proyectó que las oportunidades para féminas en el mundo laboral incrementarían en un 16%, manteniendo así un 48% del total de oportunidades de empleo. De la misma forma, el número de mujeres encarceladas por fraude ocupacional ha aumentado en un 36% para un período de nueve años. Collins, Muchinsky, Mundfrom & Collins (2001) elaboraron un estudio para demostrar la teoría del género con relación a la 118

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa comisión de fraudes ocupacionales. El mismo tiene como base el diferenciar los factores o motivaciones para cometer un fraude entre hombres y mujeres, e identificar esas variables. La teoría sustenta que los hombres y mujeres mantienen unas diferencias con respecto al comportamiento criminal debido a elementos biológicos,

de

oportunidad,

motivacionales

y

factores

circunstanciales. Primordialmente, se establece que el desarrollo moral y los controles sociales son distintos. Esto es debido a que su formación en materia de normas es distinta durante el desarrollo de su personalidad y comportamiento. Lo anterior resulta en que la formación de las estructuras de valor en las féminas sea distinta a las de los hombres, según Alonso (2002) y Yarce (2002). Collins et al (2001) planteas sus hipótesis basadas en los aspectos psicológicos y sociales. Dichos autores utilizan para su estudio una muestra de 172 féminas en puestos gerenciales y 71 que han sido encarceladas por fraude. En el ámbito psicológico, proponen el análisis de cuatro variables: (1) socialización, (2) auto control, (3) empatía y (4) responsabilidad.

El factor de

socialización es la tendencia a cumplir o no cumplir las normas establecidas por el núcleo social del empleado. Es obvio que los sujetos con un factor de socialización bajo están más orientados a cometer eventos de fraude. El auto control o más bien la falta del mismo, es un factor de criminalidad en el hombre. Dicho factor es la tendencia a analizar las acciones y sus ramificaciones antes de ejecutarlas. La falta del mismo puede ser un factor indicativo de tendencias criminales y hasta de violencia. La empatía desarrollada durante la niñez, es la tendencia a comprender o entender las necesidades o deseos de los ETHOS GUBERNAMENTAL

119


Dr. Ramón Torres Morales demás. Se trata de comprender las emociones y sentimientos de terceros y cómo éstos son afectados. Típicamente, la falta de empatía redunda en un bajo grado de remordimiento y poca consideración a las víctimas de un evento delictivo. Esta variable es sumamente relevante en la mujer, que tiende a sentir empatía hacia otros, dirigiendo así las causas de la motivación sobre algunos de sus actos, según Collins et al (2001). En el ámbito social, los autores sugieren el estudio de seis variables que incluyen: (1) el status socioeconómico, (2) liderazgo, (3) envolvimiento social, (4) dominio social, (5) relación maternal, (6) relación familiar o filial (Collins et al, 2001). En el pasado, estudios han demostrado que el status social puede ser un factor en la comisión de fraude ocupacional. En este caso esta variable no será significativa, pues la muestra tomada mantiene similitud en este aspecto. Las experiencias pasadas en situaciones de liderato también pueden ser un factor determinante en las tendencias delictivas. Sujetos involucrados en actividades de liderato, tienden a mantener unos niveles de responsabilidad y empatía más amplia, brindándoles una cercanía a una vida más útil y productiva, alejada del fraude. De la misma forma, el envolvimiento social puede servir de indicador hacia la comisión de fraude. Personas que han estado involucradas socialmente o mantienen buenas relaciones sociales, típicamente mantendrán asociación con personas que contribuyen a la sociedad positivamente. Por el contrario, el factor de dominio social proyecta una conducta asociada a contradecir, expresar ideas radicales o a cometer acciones más graves.

De hecho, puede

conllevar a la agresión personal o empresarial. Las relaciones familiares intensas y llenas de argumentación pueden dirigir a 120

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa bajos niveles de cooperación, pobre empatía, y posiciones conflictivas en el ambiente laboral.

La relación maternal o

afección, desarrollada en la niñez y la juventud puede ser un elemento que determine el grado de empatía y sensibilidad desarrollado por el individuo. Collins et al (2001) discute que el estudio arrojó un resultado mixto con relación a sus postulados y variables. En el caso de las variables sicológicas, el estudio demostró que la socialización y la responsabilidad pueden servir de indicadores para diferenciar entre féminas orientadas al fraude versus aquellas que no lo están. Valores bajos en ambas tendencias pueden dirigir a concluir la orientación hacia la comisión de fraude ocupacional. La muestra analizada no arrojó resultados concluyentes hacia la empatía y el auto control, en el caso de las féminas. Cabe señalar que éstas son variables indicativas en el caso de los hombres. Respecto a las variables sociales, se encontró que el envolvimiento social, el dominio social y el liderato pueden utilizarse para diferenciar tendencias delictivas en mujeres. Con respecto al liderato, el estudio reflejó que el grado de competitividad que afronta la mujer para alcanzar las posiciones, resulta ser un factor de mayor nivel de agresión en mujeres orientadas al fraude que aquéllas que no. Este es el caso típico de las mujeres que siguen carreras de finanzas, leyes o ingeniería, Collins et al (2001). Además, el estudio arrojó el hecho de que las motivaciones principales para la comisión del delito incluyen: (1) obtener dinero para su esposo o novio, (2) para sus padres con problemas de salud y los altos costos asociados, y (3) falta de dinero para proveerles las necesidades básicas a sus hijos. No se ETHOS GUBERNAMENTAL

121


Dr. Ramón Torres Morales encontraron diferencias significativas en las variables de status económico, relación maternal ni en la relación familiar. El Dr. Chris Patel en un estudio del 2003 sobre la percepción de los controles internos, presenta las implicaciones culturales sobre el uso de técnicas de control interno en empresas internacionales. Éste fue presentado en la revista

“Journal of International

Accounting Research” en el segundo volumen del 2003.

El

propósito principal del autor fue presentar los resultados de una investigación empírica sobre las influencias culturales en la utilización del concepto del “whistle blower” como un mecanismo de control interno en contables de Australia, India, China y Malasia. Patel (2003), utiliza el caso de Australia para extrapolar sus

resultados

como

representación

de

los

grupos

Angloamericanos como el Reino Unido, Canadá y los EE UU. Por otro lado, utiliza a la India, Malasia y China para simular las respuestas de los grupos asiáticos. El estudio formula la hipótesis de que los contables australianos están más inclinados a aceptar el concepto de “whistle blower” como un mecanismo de control interno.

Para demostrar su

hipótesis, el doctor Patel (2003) recopiló información acerca de las primeras seis compañías de contabilidad de Australia, India y Malasia. Los resultados obtenidos mediante el estudio de Collins et al (2001), con relación a las motivaciones conducentes al delito, y la compilación sobre las influencias culturales descritas por Patel (2003), proveyeron la plataforma conceptual para la formulación de nuestro estudio sobre las tendencias y aplicaciones de las respuestas empresariales al fenómeno de la responsabilidad social y corporativa. 122

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Índice de Valor Empresarial Nuestra investigación diseñó y aplicó un modelo de índice de valor a la muestra recopilada. El instrumento de investigación fue aplicado a 267 participantes de un total de 650 pequeños y medianos comerciantes de una región de Puerto Rico.

Esta

muestra fue recopilada durante el periodo comprendido entre el 15 enero del 2009 a 15 de diciembre del 2009. Las siguientes tablas reflejan los aspectos demográficos de los participantes. La Tabla 1, describe la distribución de los participantes por concepto de su posición en la empresa. Por su parte, en la tabla 2 se describe la distribución de los participantes por concepto de género, y en la tabla 3, la distribución de los participantes por concepto de edad. Tabla 1, Distribución de Participantes Usted es…

Frec.

%

Gerente

65

24.3%

Dueño

28

10.5%

Ambos

23

8.6%

Empleado

146

54.7%

No indica

5

1.9%

267

100.0%

Total

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 267 personas encuestadas.

Tabla 2, Distribución de Participantes por concepto de género Género

Frec.

%

Masculino

122

45.7%

Femenino

138

51.7%

No indica

7

2.6%

ETHOS GUBERNAMENTAL

123


Dr. Ramón Torres Morales Total

267

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 267 personas encuestadas.

Tabla 3, Distribución de Participantes por concepto de edad Edad

Frec.

%

Menor de 25

21

7.9%

25 a 30 años

49

18.4%

31 a 35 años

44

16.5%

36 a 40 años

31

11.6%

41 a 45 años

36

13.5%

46 a 50 años

33

12.4%

51 a 60 años

35

13.1%

61 o más

16

6.0%

No indica

2

0.7%

267

100.0%

Total

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 267 personas encuestadas.

Las siguientes tablas muestran el detalle de las respuestas de los participantes para los criterios principales de la investigación relacionados a la gerencia. Se incluyen el uso de los contratos verbales, los contratos escritos, los acuerdos de negocios, el manejo de las finanzas y el uso de prácticas culturalmente aceptadas.

124

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Tabla 4, Criterios Principales de Investigación Relacionados a la Gerencia

Contratos verbales

Frec.

%

Mucha

81

31.8%

Bastante

57

22.4%

Algo

39

15.3%

Poca

25

9.8%

Nada

48

18.8%

No indica

5

2.0%

Total

255

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 255 personas encuestadas (12 personas no indican).

Contratos escritos

Frec.

%

Mucha

198

77.6%

Bastante

36

14.1%

Algo

13

5.1%

Poca

4

1.6%

Nada

2

0.8%

No indica

2

0.8%

Total

255

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 255 personas encuestadas (12 personas no indican).

Acuerdos de negocios

Frec.

%

Mucha

160

62.7%

Bastante

57

22.4%

Algo

17

6.7%

Poca

11

4.3%

ETHOS GUBERNAMENTAL

125


Dr. Ramón Torres Morales Nada

2

0.8%

No indica

8

3.1%

Total

255

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 255 personas encuestadas (12 personas no indican).

Manejo de las finanzas

Frec.

%

Mucha

183

71.8%

Bastante

50

19.6%

Algo

9

3.5%

Poca

6

2.4%

Nada

1

0.4%

No indica

6

2.4%

Total

255

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 255 personas encuestadas (12 personas no indican).

Actos culturalmente aceptables

Frec.

%

Mucha

95

37.3%

Bastante

65

25.5%

Algo

56

22.0%

Poca

15

5.9%

Nada

10

3.9%

No indica

14

5.5%

Total

255

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 255 personas encuestadas (12 personas no indican).

Las siguientes tablas muestran el detalle de las respuestas de los participantes para los criterios principales de la investigación relacionados a aspectos de controles internos y gerencia.

Se

incluyen el uso de los controles internos, Junta de Directores, auditores, desviaciones administrativas y detección de fraude.

126

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Tabla 5, Criterios Principales de Investigación Relacionados a Controles Internos Controles internos

Frec.

%

Mucha

191

74.6%

Bastante

42

16.4%

Algo

13

5.1%

Poca

1

0.4%

Nada

7

2.7%

No indica

2

0.8%

256

100.0%

Total

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 256 personas encuestadas (11 personas no indican).

Junta de Directores

Frec.

%

Mucha

112

43.8%

Bastante

57

22.3%

Algo

32

12.5%

Poca

9

3.5%

Nada

34

13.3%

No indica

12

4.7%

Total

256

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 256 personas encuestadas (11 personas no indican).

ETHOS GUBERNAMENTAL

127


Dr. Ramón Torres Morales

Auditorias

Frec.

%

Mucha

155

60.5%

Bastante

58

22.7%

Algo

20

7.8%

Poca

6

2.3%

Nada

14

5.5%

No indica

3

1.2%

256

100.0%

Total

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 256 personas encuestadas (11 personas no indican).

Desviaciones administrativas

Frec.

%

Mucha

126

49.2%

Bastante

61

23.8%

Algo

32

12.5%

Poca

12

4.7%

Nada

15

5.9%

No indica

10

3.9%

Total

256

100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 256 personas encuestadas (11 personas no indican).

128

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa

Detección de fraude

Frec.

%

Mucha

161

62.9%

Bastante

43

16.8%

Algo

21

8.2%

Poca

10

3.9%

Nada

16

6.3%

No indica

5

2.0%

256

100.0%

Total

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 256 personas encuestadas (11 personas no indican).

Los hallazgos de mayor relevancia recopilados por este estudio con respecto a la detección de fraude reflejaron que el 17.6% o 47 de 267 de los participantes, señaló que su empresa ha tenido incidentes de crimen económico. Además, de los 47 participantes que indicó que su empresa ha tenido incidentes de crimen económico, el 61.7% afirmó que la pérdida por fraude fue de $100,000 o menos, un 23.4% fue mayor de $100,000 y menor de $500,000, un 4.3% fue mayor de $500,000, un 10.6% indicó que desconoce o no pudo precisar. Las áreas de mayor exposición al riesgo de fraude lo fueron el manejo de efectivo y nómina con un 53.35%, el manejo de inventario con 31.1%, el manejo de los depósitos y desembolsos 26.7%, el uso de controles internos 8.9%, la gerencia de activos fijos 6.7%, y un 17.8% en otros tipos de incidentes no reportados. Estos hallazgos son de gran relevancia para explorar una correlación entre estos renglones de incidencia, y

ETHOS GUBERNAMENTAL

129


Dr. Ramón Torres Morales los porcientos de captación de las contribuciones sobre la venta aplicables en Puerto Rico. Como afirmamos anteriormente, la aportación profesional más significativa de investigación es el diseño de un modelo de índice de valor empresarial. El índice sugerido contiene elementos para medir la intensidad cuantitativa, como el conocimiento y la dirección favorable o desfavorable representada, por el resultado de las restantes dimensiones gerenciales incluidas. La escala total para el índice de valor sugerido es de cero a 100, lo que representa la totalidad del alcance de todas las dimensiones. Este índice de valor sugerido contempla cinco dimensiones: (a) conocimiento sobre la formulación de políticas de gobierno corporativo y las normas de controles, (b) ética empresarial, (c) gobierno corporativo, (d) fraude ocupacional y (e) desviaciones administrativas. La primera dimensión, el conocimiento, está dirigida a medir la intensidad de la información, la orientación y la educación que pueda tener el empresario sobre diez aspectos relacionados a la gerencia moderna y cultura organizacional.

El objetivo de la

medición es obtener una puntuación simple sobre el alcance de la información que posea el empresario sobre estos temas, donde sus valores pueden fluctuar entre cero y cinco. Esta dimensión medirá la intensidad del conocimiento en unas preguntas dicotómicas, para luego ser ajustada por las restantes dimensiones. La tabla 5 muestra los criterios de la dimensión de conocimiento del participante sobre los aspectos relacionados a la investigación.

130

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa

Tabla 5, Criterios de la Dimensión de Conocimiento Ética Valores Justicia Moralidad Tradiciones Desviaciones Administrativas Detección de Fraude Auditorías Responsabilidad Social Responsabilidad Corporativa

Las próximas cuatro dimensiones están dirigidas a medir la capacidad de ejecución de este conocimiento que expresa tener el encuestado. Los criterios utilizados persiguen explorar situaciones, eventos conocidos, acciones realizadas o tomadas por el empresario sobre los temas de ética empresarial, gobierno corporativo, fraude ocupacional y desviaciones administrativas, la tabla a continuación identifica los criterios relacionados a cada dimensión.

ETHOS GUBERNAMENTAL

131


Dr. Ramón Torres Morales

Tabla 5, Dimensiones y Criterios Gobierno Ética

Corporativo

Fraude

Desviaciones

Controles Internos

Controles Internos

Auditorías Internas

Auditorías Internas

Auditorías Externas

Auditorías Externas

Responsabilidad Valores

Corporativa Junta de Directores en

Moralidad

Función Política Empresarial

Juicio

Verbal

Desviaciones Política Empresarial Moralidad

Administrativas

Escrita

Juicio

Reportadas

Procedimientos

Detección de Fraude

Acciones

Reportadas

Disciplinarias

Tradiciones corporativos Aspectos

Pre-

Culturales

Intervenciones

Manejo de las Acciones Legales

Finanzas Informes financieros

Orientaciones

Casos Reclamados

Auditados

Orientaciones

Orientaciones

En estos casos se medirá la intensidad para cada dimensión mediante una escala de cero a cuatro. Además, obtendrá dirección numérica de esta intensidad, es decir, valores positivos o negativos.

132

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa En su expresión matemática el índice de valor para el éxito empresarial puede representarse en su forma menos simplificada como: Índice valor = (∑d1)/n * { (∑d2)/n*r2 + (∑d3)/n*r3 + (∑d4)/n*r4 +(∑d4)/n*r4}

Lo que puede simplificarse a: i=5 Índice valor = µ * { (∑ di )/n* ri } i =2

Dónde: I valor = índice de valor calculado para la muestra. i = número de la dimensión utilizada, valores del 1 al 5. µ = el promedio de la puntuaciones obtenidas de la dimensión de conocimiento. di = el promedio de la puntuaciones obtenidas de la dimensión correspondiente de la segunda a la quinta. ri = correlación obtenida del estudio para la dimensión correspondiente. La gráfica 1, muestra las dimensiones del índice de valor empresarial propuesto con sus respectivas aportaciones, según obtenidas de la muestra utilizada para este estudio.

ETHOS GUBERNAMENTAL

133


Dr. Ramón Torres Morales

Gráfica 1, Dimensiones y sus relaciones con el índice de valor

La siguiente expresión matemática muestra el cómputo realizado del índice de valor empresarial para la muestra obtenida. La corrida del cómputo para respuestas normalizadas sin ceros, para representar exclusivamente los valores expresados es: Índice valor = { d1 } * { d2r2 + d3r3 + d4r4 + d5r5 } { 4.56 } * { (4.31)(.785) + (4.36)(.349) + (4.22)(.195) + (4.23)(.629) }

Índice valor = 38.21 de 48.91 o un 78%

Este ejercicio del cómputo de valor reflejó un valor de 78 por ciento. Esto refleja un valor promedio con relación a la escala de un 100%. Al verificar los cómputos de las intensidades individuales para la dimensión de conocimiento podemos observar que se alcanza un valor de 4.4 a 4.5 de un total de 5. Esto puede expresarse porcentualmente entre un 88 y 90 por ciento, (4.4/5=.88 y 4.5/5=.9). Estos por cientos indican que los participantes en la muestra reflejan tener un alto conocimiento sobre las políticas de 134

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa gobierno

corporativo,

controles

internos,

ética,

fraude

y

desviaciones administrativas. Por el contrario, al considerar los valores obtenidos para las intensidades del resto de las dimensiones relacionadas al conocimiento aplicado, puede apreciarse que los participantes no presentan una ejecución del conocimiento adecuado. De hecho, es esta parte de la evaluación de valor que reduce el cómputo por debajo de un 78%.

Estos

valores muestran que hay mucho esfuerzo por realizar para alcanzar un nivel de compromiso y responsabilidad corporativa. Las áreas de mayor oportunidad son la educación y capacitación de empleados,

gerentes

y

dueños,

sobre

sanas

prácticas

administrativas y el uso de controles internos en la reducción de desviaciones administrativas y detectar eventos de fraude.

Conclusiones Este concepto de índice de valor empresarial muy bien puede extrapolarse del ámbito comercial al social.

Cada comerciante

opera en un entorno comercial, pero también comunitario. Esto lo convierte en un ente de interacción y apoyo comunitario de facto, por su participación en la sociedad. El ámbito social toma un giro aún más relevante en los procesos de mejoramiento durante tiempo de recesión económica, como los que estamos experimentando. Este no solamente está relacionado con los componentes típicos de los programas de estímulo social comúnmente conocidos como de bienestar social. Su aplicación tiene y debe incluir los aspectos de valor social y mejoramiento continuo. De la misma forma que las empresas deben orientar su valor corporativo o financiero para ampliar el rendimiento a sus ETHOS GUBERNAMENTAL

135


Dr. Ramón Torres Morales accionistas, debe reconocerse el componente del valor social en el desarrollo económico de las comunidades de nuestra Isla para aumentar su bienestar, calidad de vida y nivel de competitividad empresarial. El componente social puede asociarse con una lista de posibles términos mayormente utilizados. Pueden citarse, autosuficiencia, conceptos verdes, tecnología verde, integración del medio ambiente, reciclaje de materiales y desperdicios, esfuerzos comunitarios, estructura de valores sociales, civismo, participación ciudadana,

desarrollo

económico

holístico

y

planificación

ordenada, por mencionar algunos. Realmente, el valor social es la suma total de todas las dimensiones anteriores y más. Entonces es imperativo añadir el componente humano que es el motor del ciclo de desarrollo socioeconómico. Esto incluye a cada uno de los participantes de este trabajo de investigación, como comerciante y como miembro de nuestra sociedad. Éste representa el principal motor y beneficiario de su aportación al valor social. Estos argumentos están sustentados en Kiel y Lennik (2007) que plantearon la relación en los indicadores financieros y el desempeño de valor empresarial. Discuten cómo la medida de éxito financiero a largo plazo puede estar determinada por la capacidad de implantar instrumento de valor y ética en el ambiente empresarial. Postularon que el desempeño empresarial sostenible puede estar dirigido por la capacidad mental de aplicar los principios universales de comportamiento moral a las acciones de sus ejecutivos. Este

concepto

lo

cualifican

como

inteligencia

moral,

representado por cuatro vectores o competencias. Estos vectores son la integridad, responsabilidad, compasión y la empatía. 136

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Concluyeron, que este nivel de inteligencia moral no es solamente importante para un liderato efectivo, sino que puede ser la base para un sistema de medidas de desempeño o sistema de posicionamiento moral. Kiel y Lennik (2007) argumentaron la integración de los niveles de estrategia corporativa, gobierno corporativo, cultura gerencial, integración de conocimiento y gerencia de operaciones con el nivel de inteligencia moral. Concluyeron que este nivel es muy relevante en el éxito sostenido de una empresa o negocio. Nuestro estudio demostró que la dimensión de mayor trascendencia, el componente de conocimiento del ente social, debe ser fortalecida al igual que el resto de los criterios. Ese fortalecimiento tiene que ocurrir a diferentes escalas, donde se pueden atender las necesidades de ese ciudadano dentro del contexto de sus circunstancias comunitarias; éste es el fin para un desarrollo socioeconómico pleno. Del mismo modo, el ciudadano puede verse como el medio principal para alcanzar dicha plenitud. Deberá ser a su vez el motor del desarrollo del cual depende su éxito, por ende, el nivel del valor social de su entorno. impacto

dual

del

componente

humano

representa

Este la

responsabilidad de cada uno de nosotros con nuestro propio mejoramiento. La maximización de ese mejoramiento, puede alcanzarse mediante un progreso continuo, iniciado por el ciudadano, y siendo también un beneficiario. Ese mejoramiento continuo es la suma de las aportaciones individuales de los ciudadanos. Para lograrlo, es imperativa la integración de las fuerzas de todas esas aportaciones, como postularon Drucker (1994) y Beck (1998). Sólo así puede ETHOS GUBERNAMENTAL

137


Dr. Ramón Torres Morales lograrse el mayor rendimiento, por ende el mayor beneficio social. A su vez este último podrá ser representado de forma máxima como nuestro valor social. En resumen, para alcanzar los mayores rendimientos de valor social, es necesaria la integración social y la fuerza de todas las aportaciones individuales. Para propiciar ese mejoramiento continuo, la participación individual, colaboración grupal e integración social deben estar en armonía para que las aportaciones no interfieran o cancelen otras, y podamos alcanzar el mayor valor social. Todos somos responsables de esa aportación individual, y de inyectarle fuerza a la integración social, sólo así se puede ser exitoso y altamente competitivo.

Así, nuestra sociedad puede

convertirse en una de solidez moral, madurez comercial y suficiencia económica. Para alcanzar ese nivel de competitividad es necesaria la integración de las aportaciones de valor en los diferentes sectores de la sociedad, prioritariamente el social y el comercial. Esto plantea el que se comiencen a desarrollar métricas que incorporen estos componentes, más dirigidos a ponderar la contribución social a los aspectos económicos y comerciales de nuestra Isla. El comienzo está en cada uno de los miembros de la sociedad. Todos nosotros debemos despertar nuestro entendimiento por esa trascendental responsabilidad de aportar a la comunidad en sectores más que los meramente económicos. Ésta puede ser la mayor aportación que puede realizarse para aumentar el índice de valor empresarial puertorriqueño. El índice diseñado para esta investigación tiene el potencial de aplicarse a otros grupos profesionales, técnicos, empresariales e industriales, al igual que a las diversas entidades que comprenden 138

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa el sector gubernamental, para ampliar el conocimiento de estos conceptos de valor empresarial y fortalecer la competitividad de nuestra fuerza laboral y de nuestra base de desarrollo econ贸mico y empresarial.

ETHOS GUBERNAMENTAL

139


Dr. Ramón Torres Morales Referencias Alonso, I., (2002). Psicología. McGraw Hill Interamericana de España, Madrid, España. Beck, B. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona; Ediciones Paídos Iberica, S.A. Collins, J., Collins, M. Muchinsky, P. & Mundfrom, D. (May 2001). Integrity in the Corporate Suite: Predictors of Female Frauds. Recuperado el 1 de septiembre del 2004, de http://www.cj.msu.edu/~faculty/collinsintegrity.html . Druker, P. (1994). Post-Capitalist Society. E.U. Harper Collins Publishers. Hofstede, G. (1993). Cultural constraints in management theories. The Academy of Management Executive, 7(1), pp. 81-94. Hofstede, G. (1998). Attitudes, values and organizational culture: Disentangling the concepts. Organizational studies, pp. 477-472. Hofstede, G. (2003). Dr. Geert Hofstede Cultural Dimensions International Business Center Website. Recuperado el 22 de mayo de 2006 de http://geert-hofstede.internationalbusiness -center.com/. Jackson, A. (2003, October). Corporate governance update. Corporate Governance, 11(4), pp. 346-354.

140

2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Kiel, F. & Lennick, D. (2007). Moral intelligence. Wharton School of Publishing, Pennsylvania, EU. Kiel, F. & Lennick, D. (2005). Linking strong moral principles to business success. Recuperado el 9 de septiembre de 2009 de http:knowledge.wharton.upenn.edu. Mason, R. (1986). Four ethical issues of the information age. Management of Information Systems Quarterly, 10(1), pp. 5-12. Patel, C. (2003). Some cross cultural evidence on whistle-blowing as an internal control mechanism. Journal of International Accounting Research, 2, pp. 69-96. Porter, M. (1985). Competitive strategy. Massachusetts, EU, Harvard Business School Press. Porter, M. & Stern, S. (2001). Innovation: Location matters. MIT Sloan Management Review, 42(4), pp. 28-37. (No. de servicio de reproducci贸n de documentos de Proquest 75999325). Reidenbach, R. & Robins, D. (1988). Some initial steps toward improving the measurement of ethical evaluations of marketing activities. Journal of Business Ethics, 7, pp. 871879. Report to the Nation (1996). The Association of Certified fraud Examiners. Austin Texas. Recuperado el 21 de agosto de 2004, de www.acfe.org. ETHOS GUBERNAMENTAL

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2013-2014


Responsabilidad Social y Corporativa Dr. Ramón Torres Morales Profesor Asociado de la Universidad Interamericana, Ponce y Vicepresidente de IDEAS. BS en Física, MS en Ingeniería de California State University, MBA en Logística de Florida Tech. Completó un Certificado de Finanzas de MIT. Posee un Doctorado en Empresas de la Pontificia Universidad Católica. Pasado Director del Puerto de las Américas para el desarrollo de un puerto de calibre internacional, Director del Puerto de Ponce, Finanzas, Desarrollo Económico del Municipio de Ponce. Fungió como Vicepresidente de la Escuela de Medicina, Ponce. Comenzó como Analista de Sistemas para el Trasbordador Espacial, B-2 en Rockwell International, Hughes Aircraft, Northrop, Eli Lilly. Posee

múltiples

publicaciones en

Responsabilidad

Social,

Transparencia y Comercio Internacional.

ETHOS GUBERNAMENTAL

143


JohnKwan


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico: ¿A Quién y Cómo?

Dra. Luz Gracia Morales Profa. Patricia Valentín Castillo

Introducción Las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL)i aportan significativamente a la economía de Puerto Rico. Estudios Técnicos estimó que la aportación económica de las OSFL es de $3,041 millones de dólares al año, lo que representa un 5.35 % del Producto Nacional Bruto. La investigación de Estudios Técnicos determinó que los empleos creados por las OSFL fueron aproximadamente 229,608. Esta cantidad representa más empleos que los generados por la industria de la construcción (44,000), (Estudios Técnicos, 2007)ii. Es importante precisar que dichos datos se encuentran en proceso de ser actualizados mediante la investigación que Estudios Técnicos conduce actualmente. El hecho es que el impacto de la aportación económica y social de las OSFL quedó evidenciado en el 2009, cuando el gobierno de Puerto Rico sugirió que una colaboración más estrecha entre el sector gubernamental y las OSFL, podría fomentar mayor desarrollo económico y social para Puerto Rico (García, 2009: 10). Más aun, la reforma contributiva efectiva para el año contributivo 2011, aumentó la deducción del 100% de las aportaciones a instituciones caritativas y sin fines de lucro que brinden servicios directos a la comunidad, desde el primer $1 y hasta el 50% del ingreso bruto ajustado. Facilitar el aumento de los donativos a las OSFL, puso sobre relieve un grado de confianza en la eficiencia de ETHOS GUBERNAMENTAL

146


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo estas organizaciones, que en algunos casos inclusive, puede ser mayor al compararse con las áreas correspondientes del sector gubernamental (Estudios Técnicos, 2007:90). Desde esta perspectiva, se puede destacar inicialmente la aportación que el denominado tercer sector ha ofrecido a la economía local.

En Puerto Rico, este tipo de organizaciones

presenta un aumento significativo en los últimos años; y debe subrayarse que las mismas son receptoras de dinero en forma de donativos por parte de individuos, corporaciones, el gobierno estatal, y la Legislatura de Puerto Ricoiii. A esto hay que agregarle el dinero que reciben mediante propuestas federales, estatales, y los cargos por los servicios que ofrecen. Debido a esta diversidad de fuentes de ingresos, y a su identidad organizacional, existe una preocupación creciente en cuanto a si son supervisadas adecuadamente (Román, 2006: 6, Díaz, 2000). También es preocupante que no existen mecanismos de autorregulación que viabilice el autocontrol de las OSFL (Vega, José, comunicación personal el 14 de octubre de 2011). Román (2006:6) plantea la necesidad de que se establezcan reglas más estrictas con el fin de evitar que los directores u oficiales incurran en actos impropios.

Específicamente, se destaca la utilización

inadecuada de fondos destinados para fines caritativos, desviados para sufragar gastos personales. De hecho, las auditorías realizadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico a las OSFL que reciben fondos públicos, “revelan serias deficiencias en la utilización de dichos recursos, en la operación de la entidad, y falta de diligencia en la fiscalización por

147

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro parte de las agencias que otorgan dichos recursos” (Folleto Oficina del Contralor, 2005: 17). Las OSFL pueden ser objeto o sujeto de fraude tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. De acuerdo a Mead (2007: 885), entre 1995 y 2002, artículos de periódicos en los Estados Unidos reportaron pérdidas por fraude de $1.28 mil millones. En junio de 2013, en la edición digital de CNN se publicaron los hallazgos de una investigación que realizó el Tampa Bay Time y el Center for Investigative Reporting. En el artículo “Above The Law: America's Worst Charities”iv se presentaron los hallazgos de una investigación de varios años para la cual utilizaron los registros estatales y federales de organizaciones sin fines de lucro. Se identificaron a cerca de 6,000 organizaciones sin fines de lucro que han optado por pagar a las empresas con fines de lucro para aumentar sus donaciones.

Algunos de los hallazgos de dicha

investigación fueron los siguientes: •Las 50 peores organizaciones benéficas en los Estados Unidos destinan menos del 4% de las donaciones recaudadas a la ayuda directa. •A pesar de que abogan por el apoyo financiero, los operadores en muchas de las 50 peores organizaciones benéficas han mentido a los donantes acerca de cómo se utiliza su dinero; y se detectó que han incurrido en conductas como, secretamente pagar a sí mismos honorarios de consultoría, o establecer contratos de recaudación de fondos con amigos. •Para disimular la escasa cantidad de dinero que llega a los necesitados, organizaciones benéficas utilizan trucos contables, e incurren en actos que inflan el valor real de los productos donados.

ETHOS GUBERNAMENTAL

148


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo En Puerto Rico, también se han documentado casos de fraude en las OSFL. Dicha documentación ha sido producida mediante la experiencia anecdótica, reseñas en los periódicos y por los informes que surgen de las auditoríasv que realiza la Oficina del Contralorvi.

Esto es así porque no abundan investigaciones

académicas sobre la magnitud, características y cuantía del fraude en las OSFL en Puerto Rico (Gracia, 2011). El caso del Instituto del SIDA es un ejemplo de los casos de fraude en Puerto Rico. En el 1999, un juez federal condenó a prisión a varias personas por haber desviado aproximadamente 2.2 millones de dólares provenientes de propuestas federales.

Se

suponía que los fondos fueran destinados para la compra de medicamentos y otros servicios a pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIA). Según fue reseñado en un periódico local, los fondos fueron desviados a las cuentas personales de los involucrados, para pagar empleadas domésticas y otros lujos. En otro ejemplo de fraude en la OSFL, documentado en el periódico cibernético El Regional Digital (2013), se reseñó el caso de una persona que se apropió de millones de dólares de más de 200 OSFL.

La persona se hacía pasar por experta en la

redacción de propuestas federales, cobraba dinero por adelantado y nunca brindó los servicios. Las autoras tienen conocimiento de un solo estudio, realizado por Gracia y Caraballo (2011). En el mismo, se encontró que en una muestra de 194 OSFL de Puerto Rico que completaron los Formularios 990 de 2008vii, el 10% reportó cero gastos administrativos, y el 57% de las OSFL reportó cero gastos de recaudación de fondos, aun cuando recibieron ingresos por

149

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro concepto de donativos, regalos y de subvenciones federales y estatales. Esto podría ser resultado de la clasificación incorrecta en dos de las categorías de los gastos por funciónviii. La categorización incorrecta en la clasificación de los gastos por función ha sido asociada con la manipulación contable. La manipulación contable es considerada la forma más común de fraude cometido por las OSFL (Greenlee, 2007: 681). El surgimiento y el aumento del fraude en las OSFL han resultado en una disminución de la credibilidad y la confianza depositada en estas instituciones (Weston, 2012: 23), (Bottiglieri, Kroleski & Conway, 2011: 54). Al mismo tiempo, grupos gubernamentales, donantes y otras OSFL han comenzado a exigir que se establezcan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (accountability) (Panel of Non Profit Sector 2005), dirigidos a fomentar la conducta ética y asegurar que las OSFL no se desvíen de la misión para las cuales fueron creadas (Ebrahim, 2012:1). El ejemplo más contundente fue el rediseño del Formulario 990 que comenzó en el año 2008. Este Formulario es utilizado por el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS por sus siglas en inglés) para recopilar información financiera, organizacional y programática de las organizaciones que están exentas de contribuciones federales bajo la sección 501 (c) (3) del código del IRS. El IRS incluyó en el formulario 990, preguntas sobre gobernanza corporativa inspiradas en la ley Sarbanes-Oxley (SOX), con el propósito de aumentar la transparencia, y como mecanismo de rendición de cuentas. Además de la esfera federal, esta tendencia a exigir medidas tipo SOX a las OSFL, está tomando lugar en varias jurisdicciones

ETHOS GUBERNAMENTAL

150


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo estatales de los EE UU (Kari, & Karyl, 2009:53). De hecho, el 21 de junio de 2013 el Estado de Nueva York aprobó el Nonprofit Revitalization

Act

Legislation,

que

exige

procedimientos

semejantes a los que impone la SOX, como lo son: auditorías, políticas de conflicto de interés y política de delatores, entre otros (Root H, Cooney, Pelletier A., 2013:2). Dada la importancia económica de las OSFL, la cantidad de donativos que reciben y los esquemas de fraude a que están expuestas, es necesario contestar las preguntas siguientes: 1. ¿A quiénes las OSFL de Puerto Rico le rinden cuentas? 2. ¿Qué

mecanismos

de

rendición

de

cuentas

están

disponibles para las OSFL en Puerto Rico? 3. De los mecanismos de rendición de cuentas disponibles, ¿cuáles son utilizadas por las OSFL en Puerto Rico? Precisamente, este trabajo se concentra en contestar la primera y la segunda pregunta. Las autoras se encuentran en proceso de contestar la tercera pregunta. La respuesta a esta última conllevó, entre otros procesos, el diseño de un instrumento dirigido a investigar los mecanismos utilizados por OSFL específicas. Este escrito está dividido en las siguientes partes: 1) revisión de la literatura para definir a quién se le rinde cuenta y cómo, 2) establecimiento de la metodología, 3) discusión de los resultados, y por último, 3) se discuten las conclusiones y se ofrecen recomendaciones. Se culmina con una Tabla titulada Dimensiones de Rendición de Cuentas de las OSFL en Puerto Rico, que resume, organiza, y permite distinguir los componentes presentados a través del escrito dirigidos a precisar a quién y cómo las OSFL deben rendir cuentas en Puerto Rico. 151

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro Revisión de literatura y definiciones de términos En este trabajo se utiliza el término rendición de cuentas como traducción de accountability.

Existen muchas definiciones del

término rendición de cuentas (Ebrahim, 2010: 102). De acuerdo a Williams & Taylor (2013: 201), su definición depende del marco conceptual que se utiliza para describir el concepto. Por su parte, Dumont (2013: 1051), enfatiza que el término es elusivo.

A

continuación, se discuten los autores y definiciones de rendición de cuentas acogidas como parte del marco conceptual de este escrito.

¿A quiénes? Contrario a las corporaciones con fines de lucro, las OSFL no tienen dueños, lo que plantea la pregunta: ¿a quiénes se debe rendir cuentas? La realidad es que en el caso de la OSFL la literatura identifica muchos niveles o dimensiones de responsabilidad o de rendición de cuentas a múltiples constituyentes (Kearns, 2012) (Van Puyvelde, Caers, Du Bois, & Jegers, 2011:432) (Costa & Andreaus, M., 2011:433). Según la Teoría de los Constituyentes (Stakeholder Theory), un constituyente se define como cualquier persona o grupo que afecte o sea afectado por los objetivos de una organización (Freeman, 1984:53).

Esta definición incluye un número muy amplio de

constituyentes, aun cuando los mismos no tengan un derecho a legítimamente reclamar que la organización responda por sus actos. No obstante, otros estudiosos van más allá e incluyen en la definición la obligación moral de la OSFL a rendir cuentas a cualquier grupo, por actividades o reclamaciones ocurridas en el pasado, en el presente o en el futuro (Clarkson, 1995: 106).

ETHOS GUBERNAMENTAL

152


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo Ambas definiciones sugieren una base extensa de constituyentes que pudieran incluir la comunidad, los donantes, los recipientes de servicios, las agencias gubernamentales y la academia, entre otros. Dada la gran variedad de constituyentes y los diferentes intereses y objetivos inherentes en cada grupo, es lógico pensar que las OSFL necesitan mecanismos diferentes de rendición de cuentas. Más aun, los mecanismos deben ser compatibles con los objetivos de cada grupo. La situación es complicada porque cada constituyente podría representar intereses ajenos o contrarios a los de los otros constituyentes. Esto obliga a las OSFL a establecer prioridades sobre a quién se le rinde cuentas primero. La literatura sugiere que las OSFL cumplirán primero con las obligaciones legales de rendición de cuentas, y luego responderán a los constituyentes que tengan más poder o puedan ejercer más presión (Ebrahim, 2012: 104). Otros autores establecen una definición de constituyentes menos amplia. Kearns (2012:588)ix, establece que la rendición de cuentas se puede categorizar en tres elementos o dimensiones (legal, financiera y desempeño). Cada una de esas dimensiones establece una red de relaciones entre las personas u organismos que representan esas dimensiones y las OSFL (Koppell, 2005:95). Esta relación es la que determina a quiénes se les rinde cuentas. Cabe señalar que para cada dimensión se requieren mecanismos de rendición de cuentas diferentes (¿Cómo?). Según Kearns (2012:588), la dimensión legal tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, reglamentos o procedimientos. En

153

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro esta dimensión, se le rinde cuentas a las agencias federales o estatales, cuya ley habilitadora así lo requiera. La dimensión financiera se refiere a la fuente y el uso de los recursos financieros, y cómo estos informes se hacen disponibles al público en general. Esta dimensión sugiere que se le debe rendir cuentas

a

la

junta

de

directores,

acreedores,

donantes

institucionales o individuales. La tercera dimensión mencionada por Kearns (2012:588), se refiere al desempeño (performance) de la organización.

La

dimensión de desempeño se refiere a evaluar si las OSFL alcanzaron las metas y objetivos propuestos. Esta dimensión sugiere que se les debe rendir cuentas a los donantes, juntas de directores, personal administrativo y recipientes de servicios, entre otros.

¿Cómo? Se necesitan mecanismos (procesos o herramientas) mediantes los cuales las OSFL puedan rendir cuentas (Ebrahim, 2010: 12). Las autoras categorizaron estos mecanismos de acuerdo a las dimensiones legales, financieras y de desempeño establecidas por Kearns (2012: 588). Debe subrayarse que hay algunos de ellos que pudieran ser utilizados en más de una dimensiónx. No obstante, cabe recalcar que la mera existencia de los mecanismos de rendición de cuentas antes mencionados, no garantiza que las OSFL están rindiendo cuentas efectivamente.

Para que estos

mecanismos sean efectivos los mismos deben contener los siguientes

elementos

claves:

transparencia,

ETHOS GUBERNAMENTAL

justificación,

154


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo cumplimiento e imposición de sanciones Ebrahim & Weisband (2007:5). La transparencia se refiere a recoger la información y publicarla o hacerla disponible para que la misma pueda ser inspeccionada. En el 2009, Guidestar divulgó su reporte “The State of Nonprofit Transparency, 2008: Voluntary Disclosure Practices”

el cual

sugiere cinco pasos para aumentar la transparencia en las OSFL?: 1. Actualizar regularmente la página de Internet de la organización, con la información sobre los programas y evaluación sobre la misma, incluyendo información sobre las estrategias, y evidencia basada en las métricas de evaluación; 2.

Publicar información sobre los miembros de la junta y personal clave;

3. Publicar el informe anual de la organización en su página web; 4. Publicar los estados financieros auditados en su sitio web; 5. Publicar la carta de determinación del IRS en su sitio web. Justificación, se refiere a divulgar las razones que se utilizaron para tomar o no tomar ciertas decisiones. Cumplimiento, conlleva evaluar y fiscalizar los procedimientos utilizados para alcanzar las metas propuestas por la OSFL, e incluye

evaluar

los

resultados

y

reportar

los

mismos,

independientemente de que sean positivos o negativos. Por su parte, la imposición de sanciones permite penalizar o recompensar a las OSFL por el cumplimiento o incumplimiento. Tal como Ebrahim & Weisband (2007: 5) sugieren, la imposición de sanciones es el elemento más importante. Las sanciones pueden 155

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro variar según el incumplimiento de la OSFL, y van escalando en severidad según la gravedad del incumplimiento. Incluyen amonestaciones, multas, pérdida del estatus como organización exenta, pérdida de fondos, y hasta el encarcelamiento de sus empleados, directores u oficiales.

Para Ebrahim & Weiband

(2007: 5), los cuatro componentes tienen que estar presentes para que se confirme la rendición de cuentas. Se puede argumentar que el grado de rendición de cuentas de una OSFL es función de la ausencia o presencia de cada uno de los componentes

arriba

mencionados.

La

importancia

de

la

clasificación de Ebrahim & Weisband (2007: 5) es que al dividir la rendición de cuentas en cuatro componentes, permite hablar de grados de rendición de cuentas. Por ejemplo, es posible que una organización utilice como mecanismo de la dimensión legal la forma 480.7 (OE) del Departamento de Hacienda.

Luego que el Departamento de

Hacienda la recibe y evalúa, identifica que hay transacciones cuestionables. Suponiendo que el Departamento de Hacienda no establezca sanciones a esa OSFL, se podría

concluir que la

rendición de cuentas no es óptima. Al no haber consecuencias por la conducta errónea, la misma se podría perpetuar y desmoralizar a las OSFL que cumplen cabalmente con las leyes y reglamentos. Siguiendo con el mismo ejemplo, a la no radicación de la forma 480.7 (OE), esta misma agencia impone una multa de $500.

Sobre este particular, es

importante señalar que el Departamento de Hacienda no divulga la identidad de los que incumplen con la radicación ni las planillas informativas. Por lo tanto, se puede establecer que aunque exista

ETHOS GUBERNAMENTAL

156


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo la sanción, si la misma no se divulga, estamos hablando de que la rendición de cuentas no es óptima, porque no cumple con los elementos

de

transparencia,

justificación,

cumplimiento

e

imposición de sanciones de Ebrahim & Weiband (2007: 5). Vemos entonces que una rendición de cuentas óptima debe cumplir con los cuatro elementos. Algunos de los mecanismos utilizados en la dimensión legal son los informes y planillas que son requisitos de las leyes o regulaciones de agencias del gobierno estatal o federal. Las OSFL están sujetas a las leyes laborales, estatales y federales que requieren

informes

periódicos

a

las

debidas

agencias

gubernamentales. Algunos ejemplos son, el pago y retención de las contribuciones de nómina, seguro social, desempleo, seguro choferil, Fondo del Seguro del Estado, y contribuciones, entre otros. Estos informes periódicos en efecto, son mecanismos de rendición de cuentas.

Muchas de estas regulaciones imponen

penalidades en la forma de multas si las organizaciones no presentan estos informes a tiempo.

Dimensión Legal En el caso de Puerto Rico, aquellas OSFL que hayan obtenido la exención estatal para el pago de contribución sobre ingresos, deben rendir al Departamento de Hacienda la planilla informativa 480.7(OE).

El propósito de este formulario es informar al

Departamento de Hacienda que la OSFL está haciendo uso adecuado de los recursos de acuerdo a la misión de la organización y justificar la exención contributiva que recibe.

157

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro El formulario presenta los ingresos, cuotas, donativos y desembolsos de la OSFL. Además, muestra un estado de situación financiera con los activos, pasivos y el capital de la OSFL. También incluye una lista de los oficiales, directores o empleados que ocupan puestos claves. Para cada uno de estos oficiales se presenta la compensación, las aportaciones que hace la organización a los planes de pensiones, y las concesiones o cuentas de gastos.

Cabe mencionar que este documento se considera

confidencial y no es accesible al público. Las OSFL que no emitan este documento en el tiempo estipulado por ley se exponen a una multa de $500 por cada año no radicado.

Dentro de la dimensión legal, otro mecanismo de rendición de cuenta lo es el Informe Anual Corporativo: Sin Fines de Lucro. Este informe aplica a las OSFL que están incorporadas en el Departamento de Estado, y se requiere su entrega anual a dicho Departamento. Este informe anual no tiene que ser compilado ni auditado por un Contador Público Autorizado (CPA). Las OSFL que no cumplan con este requisito están sujetas a una penalidad no menor de $100 para informes hasta el 2010, y para informes a partir de 2011 será de $75 y no mayor de $2,000. Este documento está disponible para inspección del público en general en el Departamento de Estado y a través del portal de Internet (http://www.estado.gobierno.pr/). Por otro lado, las OSFL que gozan de la exención federal para el pago de contribuciones federales tienen que rendir al IRS el formulario 990. Al igual que la forma 480.7 (OE), este formulario es una planilla informativa para justificar la exención contributiva

ETHOS GUBERNAMENTAL

158


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo otorgada por el gobierno federal.

A través de la información

sometida en esta planilla, el IRS se asegura que los recursos de la OSFL son utilizados de acuerdo a la misión de la organización y a los propósitos para los cuales se solicitó y se otorgó la exención. También requiere que la organización incluya un Estado de Ingresos y Gastos y un Estado de Situación. En el 2008 el IRS rediseñó este formulario para incluir preguntas de gobernanza corporativa, inspiradas en la ley Sarbanes-Oxley de

2002.

Este

formulario,

debidamente

cumplimentado, tiene que estar disponible para inspección en las organizaciones que tienen la exención federal. El mismo se puede acceder a través de portales de internet como 990 Finderxi. Para propósito de cumplimiento con la exención contributiva federal existen tres tipos de formularios, la Forma 990, Forma 990 EZ y la Forma 990N. Dependiendo de los ingresos brutos o los activos de las OSFL, se escoge cuál es la Forma 990 apropiada. Las OSFL que no cumplan con la radicación de este formulario por tres años consecutivos se exponen a que la exención federal sea revocada. Por la radicación tardía, el IRS impone multas de $20 diarios que no excedan lo menor de $10,000 o el 5% de los ingresos brutos recibidos. Otra manera de rendición de cuentas enmarcada en la dimensión legal lo es las auditorías sencillas (Single Audit Act). Este es un requisito para las OSFL que gastan más de $500,000 en fondos federales al añoxii.

Dimensión Financiera Como se mencionó anteriormente, la dimensión financiera tiene que ver con la fuente y el uso de los recursos financieros y cómo

159

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro estos informes se hacen disponibles al público en general. Algunos mecanismos de rendición de cuentas para esta dimensión, mencionados por Kearns (2012), pueden ser generados para uso interno gerencial o para uso externo. Los informes financieros para uso interno generalmente se preparan a petición de la gerencia e incluyen documentos tales como los presupuestos, el plan estratégico, métricas de eficiencia y de efectividad, y análisis de resultados, entre otros. El presupuesto establece un estimado de los ingresos y cómo estos serán utilizados. Además, requiere que al final del año se evalúen y analicen las diferencias entre los gastos e ingresos reales versus los establecidos en el presupuesto. Este análisis debe inducir a la reflexión y planes de acciones cuando hay muchas desviaciones entre los ingresos y gastos reales contra los presupuestados.

Los informes financieros para uso

externo son preparados siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, usualmente son requeridos por donantes o acreedores y agencias gubernamentales. Dichos estados financieros funcionan como mecanismos de rendición de cuentas porque son examinados por entes externos a la organización, y los mismos pueden pasar juicio acerca de la razonabilidad de la información que se presenta. Es importante señalar que los informes financieros para uso externo que se proveen a los donantes, deben cumplir con los requisitos establecidos por estos, deben ser consistentes con la información presentada en las planillas e informes que forman parte de la dimensión legal fomentando así un comportamiento ético en las OSFL.

ETHOS GUBERNAMENTAL

160


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo Dimensión de Desempeño La dimensión de desempeño evalúa si las OSFL alcanzaron las metas y objetivos propuestos. Existen varias maneras de evaluar esta dimensión. Una manera es verificando si la OSFL cumplió con su misión. Sin embargo, si la misión se estableció en forma amplia (por ejemplo erradicar la pobreza) resulta difícil medir los logros de forma precisa. Otra manera más concreta, aunque indirecta, lo es evaluar los objetivos de los programas de la organización. Esto es un poco más factible, dado que muchos donantes, especialmente entidades gubernamentales y fundaciones requieren informes detallados de los logros y de la manera que las OSFL utilizaron los recursos. Finalmente, se puede evaluar el desempeño de las OSFL mediante la comparación de estándares establecidos en la industriaxiii (benchmarking). En dicho caso caso, se establece una medida o parámetro aceptada por la industria en general, y se compara si una OSFL en particular está en cumplimiento con la misma.

Algunas

organizaciones en los Estados Unidos que se dedican a establecer este tipo de parámetros son las siguientes: Instituto Americano de Filantropía (American Institute of Philanthropy, AIP), la Better Business Bureau Wise Giving Alliance (BBB), el Charity Navigator y Non-Profit Evaluation & Resource Center, Inc (NPERCI). La AIP fue creada en 1992 y establece guías de clasificación que van desde la letra A hasta la letra F. Además, utiliza información de los estados financieros y de la Forma 990. La BBB es el resultado de la unión de dos organizaciones evaluadoras, La

161

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro Philanthropic Advisory Service (PAS) y la National Charities Information Bureau (NCIB) que se había creado en 1918. La BBB evalúa a las OSFL en 20 estándares en las áreas de gobernanza, eficiencia y efectividad en el uso del dinero, representación fidedigna y divulgación. El área de efectividad y eficiencia evalúa la razón de gastos de programas a gastos totales, y la razón de gastos administrativos a gastos totales. De acuerdo a la BBB, una razón saludable de la razón de gastos de programas es 65%, y una razón saludable de gastos administrativos es de 35%. La Charity Navigator evalúa a las OSFL en las áreas financiera, de transparencia y responsabilidad. Un ejemplo en Puerto Rico de evaluación mediante el establecimiento de estándares lo es la Non-Profit Evaluation & Resource Center, Inc (NPERCI) por sus siglas en inglés. Esta es una agencia independiente de evaluación, investigación y asesoría operacional. Según se desprende de su página de Internet, es la única organización en Puerto Rico que emite un certificado de excelencia institucional a las OSFL que cumplen con una serie de estándares de excelencia. Hay que recalcar que cada una de las dimensiones

mencionadas

requieren

diferentes

tipos

de

mecanismos de desempeño de cuentas (¿Cómo?) y son solicitados por diferentes organismos o constituyentes (¿A quiénes?).

Metodología Este trabajo es un estudio cualitativo y exploratorio de revisión de la literatura y examen de documentos. La literatura se revisó para auscultar desde un punto de vista teórico, los diferentes mecanismos de rendición de cuentas disponibles para las OSFL, y

ETHOS GUBERNAMENTAL

162


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo a quién le rinden cuentas. Luego que fueron identificados en la literatura, se investigó si en Puerto Rico existen o hay a la disposición de las OSFL este tipo de mecanismos. Como se indicó anteriormente, ya se encuentra en proceso la investigación dirigida a precisar los mecanismos que utilizan las OSFL en Puerto Rico para llevar a la práctica sus iniciativas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Resultados En la tabla 1 se presentan las tres dimensiones de rendición de cuentas establecidas por Kearns (2012) para identificar a quiénes las OSFL deben rendir cuenta, y se identifican los mecanismos de rendición de cuentas (cómo) que existen para las OSFL en Puerto Rico (PR).

En la primera columna, se establecen las tres

dimensiones (legal, financiera y desempeño). La segunda y tercera columna responden la pregunta de a quién y cómo. En la última columna se identificó los grados de rendición de cuentas en cuanto a transparencia, justificación, cumplimiento o sanciones, basado en el caso de organizaciones en Puerto Rico. Esta tabla podría verse como una herramienta de evaluación inicial para las OSFL en cuanto a la rendición de cuentas.

No obstante, se necesita

investigar empíricamente la importancia relativa que le dan las OSFL a los elementos claves de rendición de cuentas de Ebrahim & Weiband (2007).

Conclusiones y recomendaciones Conforme a la revisión de literatura y el análisis realizado por las autoras, se contestaron dos de las tres preguntas de

163

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro investigación propuestas para este trabajo, ¿A quién se le rinde cuentas? y ¿Cómo? Ambas preguntas se contestaron en correspondencia con las dimensiones legales, financieras y de rendimiento propuestas por Kearns (2012). A partir de dicho marco conceptual, se identificó para el caso específico de Puerto Rico, a quiénes las OSFL en Puerto Rico le rinden cuentas en dichas dimensiones.

De estas dimensiones,

emanaron también los mecanismos, procesos o herramientas, que hacen operacional cómo se rinden cuentas. Utilizando, los cuatro elementos de Ebrahim & Weisband (2007): transparencia, justificación, cumplimiento y sanciones, se podría hablar de grados óptimos de rendición de cuentas. Un mecanismo de rendición de cuentas ideal debe incluir los cuatro elementos. De este análisis surgió la tabla I, que en opinión de las autoras, constituye la aportación más importante y original de este trabajo. Esta tabla podría utilizarse como evaluación inicial de rendición de cuentas para las OSFL en Puerto Rico. Las OSFL pueden utilizar la tabla I e identificar cuales mecanismos de rendición de cuentas utilizan, y en qué medida cumplen con los cuatro elementos de rendición de cuentas. De esta manera, podrían proveerle información al público, que les ayude como organización a desarrollar una amplia visibilidad, confianza y entendimiento por parte de los constituyentes. La OSFL puede obtener una mayor transparencia y rendición de cuentas cumpliendo con todos los requisitos legales y reportes requeridos; y utilizando los recursos de una manera responsable para alcanzar la misión y para beneficiar a la comunidad que atiende.

ETHOS GUBERNAMENTAL

164


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo La organización tiene la responsabilidad de establecer claramente las medidas de desempeño y compartirlas con sus constituyentes.

Las

organizaciones

también

tienen

la

responsabilidad de establecer los estándares requeridos por la industria, que apliquen a actividades particulares.

Las autoras

reconocen que la rendición de cuentas y la transparencia no constituyen un proceso fácil, no toma lugar automáticamente. Sin embargo, un movimiento hacia la transparencia y a una mayor rendición de cuentas es inevitable, y se hace necesario cuando las OSFL buscan aumentar su impacto social y económico, y el apoyo de los constituyentes. Cada OSFL debe identificar cuáles son las herramientas y aspectos que son pertinentes para cumplir con la rendición de cuentas y desarrollar los mecanismos de transparencia razonables para su organización. Este trabajo da pie para áreas futuras de investigación. En un próximo trabajo que ya está en proceso de ser producido por estas autoras, se intenta identificar los mecanismos de rendición de cuentas utilizados por las OSFL de Puerto Rico. Con ese trabajo se podría construir una definición de rendición de cuentas para las OSFL de Puerto Rico. Otra área de investigación, y siguiendo los cuatro elementos de rendición de cuentas de Ebrahim y Weisband (2007), es la creación de un índice óptimo de rendición de cuentas para las OSFL de Puerto Rico.

165

2013-2014


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro Tabla 1: Dimensiones de rendición de cuentas de las OSFL en Puerto Rico: ¿A Quién y Cómo? Grado

de

rendición

de

cuentas Dimensión

¿A quiénes?

¿Cómo?

Transparencia, Justificación, Cumplimiento, o Sanciones

Departamento Estado

de

 Informe anual corporativo: Sin

fines

lucro

 Divulgación en la página

de

de

internet

del Departament o de Estado. Permite

a

cualquier usuario acceder si la OSFL está en cumplimient

Legal

o.  El

no

cumplimient o

conlleva

para informes

a

partir

de

2011

una

penalidad de $75 mayor

ETHOS GUBERNAMENTAL

y

no de

166


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo Grado

de

rendición

de

cuentas Dimensión

¿A quiénes?

¿Cómo?

Transparencia, Justificación, Cumplimiento, o Sanciones $2,000.

Departamento

de

 480.7-OE

Hacienda

 No

se

divulga.  El

no

cumplimient o

conlleva

una multa de $500

por

planilla

no

radicada. Servicio

Federal

 Forma 990

de Rentas Internas

 Se divulga en varias páginas

de

internet.  El

no

cumplimient o

establece

multas

de

$20

diarios

que

no

excedan

lo

menor

de

$10,000 o el 5%

de

ingresos

167

2013-2014

los


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro Grado

de

rendición

de

cuentas Dimensión

¿A quiénes?

¿Cómo?

Transparencia, Justificación, Cumplimiento, o Sanciones brutos recibidos.  Las

OSFL

que

no

cumplan con la radicación de

este

formulario por tres años consecutivos se exponen a que

la

exención federal

sea

revocada. Oficina Gerencia

de

 Single Audit

y

 No

se

divulga.

presupuesto Federal

 Las agencias federales tomarán

las

acciones adecuadas utilizando las sanciones que

ETHOS GUBERNAMENTAL

168


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo Grado

de

rendición

de

cuentas Dimensión

¿A quiénes?

¿Cómo?

Transparencia, Justificación, Cumplimiento, o Sanciones entiendan pertinente.

 Reportes

Donantes Institucionales

prensa  Informes

Donantes Individuales

de

 Cada donante establece las

anuales

acciones

y

 Estados

medidas

a

Financieros

llevar acabo.  Los donantes pueden establecer sus

propias

sanciones. Financiera

 Estados

Acreedores

Financieros

 Cada acreedor establece las acciones

y

medidas

a

llevar acabo. Junta de directores

 Presupuesto

y

 Plan

personal

administrativo las OSFL

de

estratégico  Estados Financieros

169

2013-2014

 Se divulga en reuniones.


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro Grado

de

rendición

de

cuentas Dimensión

¿A quiénes?

¿Cómo?

Transparencia, Justificación, Cumplimiento, o Sanciones

Junta de directores y

personal

administrativo

de

las OSFL

 Revisión

de

métricas

 Se divulga en reuniones.

establecidas en objetivos operacionales  Informes anuales  Revisión

Donantes

de

métricas

donante

establecidas en

establece las

objetivos

acciones

y

operacionales

medidas

a

 Informes

Desempeño

 Cada

llevar acabo.

anuales  Presentación

 Los donantes

de

los

pueden

resultados

de

establecer

las métricas

sus

propias

sanciones. Recipientes servicios

de

 Informes

 Se divulga si

anuales

la

 Presentación

participación

de

los

está limitada

resultados

de

a consulta e

las métricas

implementaci ón.

ETHOS GUBERNAMENTAL

170


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo Notas i

Para propósitos de este trabajo las autoras han establecido las

OSFL como organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado como corporaciones sin fines de lucro que pueden estar exentas del pago de contribuciones en el Departamento de Hacienda o en el Servicio de Rentas Internas Federal. ii

Para información detallada del impacto económico y social de las

OSFL favor referirse a los siguientes escritos: Oficina del Contralor (2005) Organizaciones sin Fines de Lucro: Uso de la Propiedad

y

Fondos

públicos.

Recuperado

de

http://www.ocpr.gov.pr/folletos_publicados/folleto-org-fines-sinlucro/folleto-Org-Fines-Lucro.pdf, Estudios Técnicos, (2007) Las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico en 2007: Una fuerza económica. iii Refiérase a los estudios mencionados en la nota i para información detallada relacionada la cantidad de donativos. iv Para información detallada sobre la investigación realizada revise el artículo: Above the law: America's worst charities. v

El Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico realizó un

estudio sobre fraude en Puerto Rico en 2006, de la descripción de muestra no se desprende de que el fraude reportado haya ocurrido en las OSFL de Puerto Rico. vi

La Oficina del Contralor sólo audita OSFL que reciben fondos

del gobierno, por lo que las mismas dejan fuera a OSFL que sólo reciben fondos de fuentes privadas. vii

La Forma 990 es una planilla informativa que las OSFL, con la

exención federal para el pago de contribuciones,

171

2013-2014

tienen que


Rendición de Cuentas en las Organizaciones Sin Fines Lucro

completar. Estas planillas tienen que hacerse públicas para inspección. viii

El servicio de rentas internas federal (IRS por sus siglas en

inglés) requieren que todos los gastos se clasifiquen en gastos administrativos, de programa y de recaudación de fondos. ix

Una clasificación parecida puede verse en un escrito de Ebrahim

Alnoor, The Many Faces of Accountability (2012) y en el escrito de Evelyn Brody, Accountability and Public Trust 2012.” x

Alnoor Ebrahim (2012) categoriza a los mecanismos de rendición

de cuentas en reportes y estados de divulgación, avalúo y evaluación de rendimiento, participación, auto regulación y aprendizaje. xi

La

dirección

electrónica

http://foundationcenter.org/findfunders/990finder/)

es

y GuideStar

(http://www.guidestar.org/) xii

Para información detallada sobre el Single Audit revise la página

de la Oficina Gerencia y Presupuesto Federal en el siguiente enlace: http://www.whitehouse.gov/omb/financial_fin_single_audit . xiii

Esto podría verse como un mecanismo de auto-regulación.

ETHOS GUBERNAMENTAL

172


Luz Gracia Morales, Patricia Valentín Castillo

Referencias BBB Better Business Bureau, Charity Reports and Standards. nnhttp://www.bbb.org/us/charity/. January 9. 2014. Bottiglieri, William A., Kroleski, Steven, L., & Kerri, Conway. nn(2011). The Regulation Of Non-Profit Organizations. Journal of nnBusiness & Economic Research, 9(9), 51–60. Charity

Navigator.

Standards

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Methodology.

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mast3r


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales: pilares de una ética empresarial comunitaria

José I. Vega Torres Introducción Las denominadas “empresas sociales o comunitarias” (en adelante empresas sociales) se reconocen a nivel global como alternativas viables en el contexto del tercer sector para promover un desarrollo más inclusivo y enfocado en el bienestar colectivo, en contraste con los modelos de desarrollo económico tradicionales centrados en el capital y el lucro personal (EMES European Research Network y UNDP, 2008; Community Wealth Ventures et al., 2010). En Puerto Rico, las empresas sociales se sitúan como actores protagónicos de la economía social (Pérez, 2006). Además, las empresas sociales forman parte del desarrollo económico comunitario (Meléndez y Medina, 1999; Santiago y Vega, 2007). Estas empresas sociales representan modelos empresariales de autogestión, con gran potencial para generar nuevas empresas y empleos, aún en tiempo de crisis, como bien ha argumentado Custodio-Collazo

(2013)

en

varios

artículos

publicados

recientemente por la Revista de Negocios del periódico El Nuevo Día. Las empresas sociales voluntariamente adoptan una ética empresarial afín con los postulados del desarrollo económico comunitario (en adelante DEC). La experiencia nos demuestra que al no centrarse en el lucro personal como objetivo fundamental de su gestión, han evidenciado tener una mayor disposición a resistir el embate de la recesión económica, reteniendo los empleos ETHOS GUBERNAMENTAL

182


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales y manteniendo activos los servicios que brindan a la sociedad. Esta resistencia a la recesión económica, junto con su disposición a una ética empresarial más inclusiva y justa, las convierte en foco obligado del debate para formular políticas públicas e iniciativas privadas que promuevan el desarrollo de su potencial para ayudar en el proceso de generar un crecimiento económico sostenido en la Isla, mediante la promoción de un modelo empresarial afín con el ideal democrático de equidad social. De hecho, como bien señalan Rivera y Klicksberg (2005) la desigualdad social es considerada hoy por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Organización de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, como una de las causas centrales de la pobreza (Rivera y Klicksberg, 2005). Para que una legislación, y la política pública que la ejecuta, demuestre efectividad, es conveniente fundamentarla en una investigación profunda y responsable del sector, como bien señala la otrora Comisión Especial sobre el Tercer Sector (2004). Nos resulta imprescindible, pues, mediante este escrito, provocar una reflexión documentada sobre fundamentos teóricos y prácticos del concepto del DEC y las empresas sociales y su implementación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante ELA de PR).

Método y Objetivos La literatura académica que deriva de investigaciones sobre el tercer sector en Puerto Rico es muy limitada. Sólo un núcleo reducido de comentaristas académicos ha abordado la temática del empresarismo social, y muy pocos desde una perspectiva para provocar una reflexión sobre este modelo empresarial como

183

2013-2014


José I. Vega Torres vehículo para promover un desarrollo económico más equilibrado, y con valores centrados en el bien común vis a vis el lucro personal. Nuestra investigación de índole conceptual y descriptiva comprende

investigación

jurídica,

revisión

de

literatura

internacional, revisión de fuentes secundarias de información, el estudio de casos y entrevistas a informantes claves. El objetivo es describir el DEC y las empresas sociales en el contexto del ELA de PR para resaltar las características que les distinguen como pilares de una ética empresarial comunitaria.

Desarrollo económico comunitario: una opción justa para promover empresas y empleos Desarrollo económico comunitario es un término que se popularizó en la Isla a raíz del establecimiento de la Oficina de las Comunidades Especiales (OCE), adscrita a la Oficina del Gobernador en el año 2001. No obstante, su divulgación en Puerto Rico se remonta más bien al establecimiento en el 1997 del Consorcio para el Desarrollo Económico Comunitario (CDEC) de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR). Es la FCPR quien a través del Consorcio y el auspicio de Meléndez y Medina (1999), cataliza los esfuerzos de la pasada década para que se propulsen de manera coherente y con fundamentos teóricos, iniciativas

concretas

que

pudiéramos

catalogar

como

de

“desarrollo económico comunitario”. Sin embargo, los primeros esfuerzos para estimular el desarrollo económico en comunidades a través de la Isla, los podemos atribuir a los programas de acción comunal de la década de los 70 que fueron financiados con fondos provenientes del gobierno federal.

ETHOS GUBERNAMENTAL

184


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales En una adaptación de la definición esbozada por Meléndez y Medina (1999), definimos DEC como una estrategia para el desarrollo de los recursos humanos y físicos de una zona geográfica, mediante la organización de los residentes para planificar e implantar iniciativas que redunden en un incremento del capital comunitario y el bienestar socioeconómico de la comunidad. Por comunidad, en este contexto, nos referimos a un colectivo de personas que comparten un conjunto de intereses, características o necesidades tales como, ubicación geográfica, un elemento de desventaja socioeconómica, o distintas combinaciones de estos factores. Pueden ser los residentes de un barrio o sector de bajos ingresos, o un grupo de agricultores orgánicos, pescadores, artesanos, personas con discapacidades o trabajadores desplazados, entre otros. Esto amplía el concepto más allá de los límites puramente geográficos, frecuentemente asociados con el término de comunidadi. El capital comunitario, por otro lado, es un concepto que integra cinco tipos de capital: el financiero, el físico, el social, el humano y el ambiental. Este concepto, según descrito inicialmente por Rivas y Lobato (2001), lo hemos adaptado y expandido al desarrollar el marco teórico para el Certificado en Desarrollo Económico Comunitario que fuera ofrecido desde el 2003 al 2009 por la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del Recinto Universitario Mayagüez (RUM) (Rivas y Lobato, 2001; Vega, 2005). La implantación de iniciativas que podemos clasificar en términos

de desarrollo económico

comunitario tienen el objetivo de impactar de manera positiva en estos cinco tipos de capital, que al integrarse componen el acervo

185

2013-2014


José I. Vega Torres total del capital de una comunidad.

El enfoque del DEC en

promover una distribución equitativa de la riqueza más allá del aspecto financiero o físico, se debe primordialmente al énfasis en el rendimiento social y a su naturaleza autogestionaria.

En el

diagrama 1 contrastamos los paradigmas del DEC vis a vis los del desarrollo económico tradicional. La literatura que hemos revisado, y la experiencia adquirida a partir del 1986 a través de la dirección del Centro de Negocios y Desarrollo Económico (antes Centro de Desarrollo Económico) del RUM, y como coordinador del Certificado en Desarrollo Económico Comunitario de la DECEP del RUM, me hace concluir que la doctrina del DEC puede servir como fundamento para un movimiento empresarial alternativo en la Isla, como argumenta la profesora Correa (Correa, 2003). En la región de Latinoamérica, la doctrina del DEC se considera equivalente al desarrollo económico local que promueve la descentralización de la riqueza y los recursos entre los más desventajados, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Alburquerque, 2004).

ETHOS GUBERNAMENTAL

186


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales Diagrama 1. Contrastes entre el desarrollo económico comunitario y el desarrollo económico tradicional

Visión

Perspectiva

Objetivos

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Comunitario

Tradicional

(DEC)

(DET)

Ciudadanos buscando

Inversionistas buscando

oportunidades.

ganancias.

Enfoque en la operación

Enfoque en maximizar la

estratégica a largo plazo

ganancia en el corto

y sostenible.

plazo.

•Aumento del capital

•Aumento del capital del

comunitario.

inversionista.

•Creación de trabajos y

• La creación de trabajos

activos para los

y beneficios son

miembros de la

colaterales a la búsqueda

comunidad.

de ganancia.

•Compromiso con los

•La inversión en

recursos comunitarios en

recursos comunitarios

procesos sostenibles.

que resulten más

• Interdependencia,

lucrativos.

solidaridad y

•Depende del capital y

sostenibilidad

los mercados externos.

operacional. Recursos

187

Comienza con recursos

Comienza con recursos

locales (humanos,

externos considerados

naturales, físicos y

necesarios para alcanzar

dinero).

sus fines.

2013-2014


José I. Vega Torres Peritaje

Complementa la

Complementa los

experiencia y talentos

expertos externos con la

locales con recursos

experiencia y talentos

externos que se

locales que estén a su

consideren necesarios.

alcance.

Uso de la

La ganancia se distribuye

La ganancia se

Ganancia

entre los trabajadores y se

distribuye entre los

reinvierte en comunidad.

dueños, ya sean activos o ausentes.

Resultados

Resulta en una

Concentra la distribución

distribución más

de los beneficios entre

equitativa de la riqueza.

unos pocos.

Podemos resaltar como elementos fundamentales de los esfuerzos compatibles con el enfoque de DEC, los siguientes: 1. Los beneficios serán eminentemente para la comunidad participante. 2. Serán esfuerzos autogestionarios que por definición resultarán de un apoderamiento comunitario y por ende se fundamentarán en “estrategias autóctonas o criollas” con amplia participación ciudadana. 3. Contemplan la transformación comunitaria y creación de riqueza a través de incrementar el capital comunitario, prestando atención a la justicia social. 4. Implican beneficios económicos y sociales, por lo cual se derivarán impactos cuantitativos y cualitativos.

ETHOS GUBERNAMENTAL

188


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales 5. Mayormente, los resultados se evidenciarán a mediano y largo plazo, siempre pendiente de una perspectiva sostenible. El DEC tiene su mayor potencial como estrategia promotora de empresas y empleos, a través de la creación de empresas sociales. Estos emprendimientos, por autodeterminación, abrazan los principios de una ética empresarial menos egoísta que aspira al beneficio común, y como hemos establecido, se distancian de los paradigmas del desarrollo económico tradicional que persigue, como norte, la maximización del lucro individual. La “Chispa Empresarial®”, como la denomina Romaguera (2006), de estas iniciativas se fundamenta más en el deseo de atender una necesidad de la comunidad (meta social), que en capitalizar una oportunidad de mercado (meta financiera).

Concepto de las empresas sociales o comunitarias Como bien señalan varios autores, las empresas sociales implantan la visión del empresariado socialii, ejemplifican una modalidad autóctona de “capitalismo comunitario”iii y son consideradas como empresas de interés social bajo el Modelo de Apoderamiento y Autogestión para las Comunidades Especialesiv de Puerto Rico. En el libro Cómo Iniciar, Desarrollar y Administrar un Negocio Pequeño en Puerto Rico definimos como empresas sociales o comunitarias aquellas iniciativas empresariales organizadas, primordialmente, de forma colectiva, para la producción y venta de productos y servicios en el mercado.

Este tipo de pequeña o

mediana empresa, también denominadas PYMES, además de tener

189

2013-2014


José I. Vega Torres las usuales metas de rendimientos financieros y competitividad inherentes a las empresas tradicionales, pretenden mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad donde operan, mediante la creación de oportunidades económicas, ingresos y empleos, y estrategias de reinversión comunitaria, transparencia y solidaridad, entre otras políticas gerenciales.

Con frecuencia,

dichas empresas se administran de forma democrática y persiguen como objetivo principal generar empleos estables para las personas, por lo general de bajos ingresos, que las integran. Observamos que a nivel mundial no existe consenso entre académicos, empresarios, líderes comunitarios y servidores públicos sobre una definición universal del concepto de empresa social (Weerawardena y Sullivan, 2006). Inclusive, con frecuencia el término empresa social y empresario social se usan indistintamente aunque el primero se basa en el contexto organizacional, que es donde se centra este artículo, y el segundo se refiere al empresario fundador (Weerawardena y Sullivan, 2006).

De hecho, existen ciertas diferencias sutiles en los

abordajes del concepto, que se identifican en los Estados Unidos o Europa.

Por ejemplo, en los Estados Unidos la literatura

demuestra que una definición popular es la que promulga la Alianza para el Empresarismo Social que establece que una empresa social es: “An organization or venture (within an organization) that advances a social mission through market-based strategies. These strategies include receiving earned income in direct exchange for a product, service or privilege”. (Community Wealth Ventures, Inc. et al., 2010) ETHOS GUBERNAMENTAL

190


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales Por otro lado, en Europa una definición conceptual de gran arraigo es la propuesta por la Red Europea de Investigación EMES que establece: “Social enterprises may be defined as private, autonomous, entrepreneurial organizations providing goods or services with an explicit aim to benefit the community. They are owned or managed by a group of citizens and the material interest of capital investors is subject to limits… place a high value on their autonomy and on economic

risk

taking

related

to

ongoing

socioeconomic

activity…are either prohibited legally from distributing profits or are structured in order to exclude profit as the main goal” (EMES European Research Network y UNDP, 2008). La tradición estadounidense identificada, enfatiza como rasgos emblemáticos aspectos tales como la generación de ingresos recurrentes y estrategias comerciales para lograr una misión social. Típicamente, dicho emprendimiento se realiza en el contexto de una corporación sin fines de lucro, aunque no de manera exclusiva, y se han observado muy pocos cambios en términos de la evolución de las posibles formas jurídicas que pueden adoptar las empresas sociales en las pasadas décadas (Kerlin, 2006). En esta tradición, no se observa como un aspecto primordial la forma de gobernanza de la entidad, ni su conformidad con una fórmula definida mediante legislaciónv. En la tradición Europea, que se nutre de decenas de siglos de evolución, observamos un énfasis en aspectos tales como la autogestión y un modelo de organización colectivo, con una gobernanza democrática a tono con la filosofía cooperativista que se originó en el continente europeo. Según la Red Europea de

191

2013-2014


José I. Vega Torres Investigación EMES, en Europa también se observa en los pasados años una tendencia hacia definir de manera estatutaria las empresas sociales. Entre los países que han adoptado legislación a tales efectos, se encuentran los siguientes: el Reino Unido, donde se les denomina “compañías de interés general”; Italia, donde se les conoce como “cooperativas sociales”; en España se reconocen como “cooperativas de iniciativa social o de inserción laboral”; y Francia, donde se les llama sociedades “cooperativas de interés colectivo” (traducción nuestra).

Aunque la popularidad de

adopción de estas diversas alternativas varía de país en país, dicho reconocimiento jurídico ha resultado efectivo en clarificar aspectos cruciales sobre lo que se espera de una empresa social (Galera & Borzaga, 2009). En nuestra revisión de literatura y el examen de reportes de la Red Europea de Investigación EMES y la Alianza para el Empresarismo Social en los Estados Unidos, hemos identificado unas características que consideramos emblemáticas de las empresas sociales a nivel internacional. Enumeramos en la Tabla 1

las seis características emblemáticas que hemos

identificado, categorizadas por su dimensión económica o social.

ETHOS GUBERNAMENTAL

192


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales Tabla 1. Rasgos emblemáticos de empresas sociales en los Estados Unidos y Europa

Dimensión

Características 1. Actividad económica recurrente para producir bienes o servicios que se venden en el mercado. 2. Son autónomas del gobierno y

Económica

controladas por ciudadanos privados. 3. Comprometidas con generar empleos y oportunidades económicas equitativas. 4. Hacen explícito su compromiso con una misión social y el bien colectivo. 5. Adoptan formas de gobernanza democrática y/o estilos gerenciales

Social

participativos que no responden al capital. 6. El rendimiento social y el bienestar de la gente se antepone a la maximización de ganancias y el lucro personal.

193

2013-2014


José I. Vega Torres Tanto en Europa o como en los Estados Unidos las empresas sociales, al tener un compromiso con una ética empresarial que persigue simultáneamente un rendimiento económico y social, son emprendimientos afines a los paradigmas del DEC.

Las empresas sociales en Puerto Rico Reconocimiento jurídico Aunque no existe en el ELA de PR una definición por decreto legislativo de lo que es una empresa social, encontramos que las agencias, para interpretar ciertos tipos de legislación, han establecido definiciones que son compatibles con nuestra categorización. Por ejemplo, la Compañía de Fomento Industrial en su reglamento para implantar la ley de incentivos contributivos de 2009 establece que una empresa comunitaria “significa una organización,

corporación,

corporaciones

de

trabajadores,

cooperativas de producción, microempresa comunitaria, iniciativa de negocio o incubadora que además de producir un bien tenga un impacto social y económico dentro de la comunidad donde ésta reside, y que cumpla con los requisitos establecidos por el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial mediante este Reglamento”. De hecho, hemos identificado alrededor de ciento veinticinco PYMES que protagonizan los esfuerzos por promover el DEC y comprenden, en esencia, la economía social en el contexto del ELA de PR. Estas empresas se han organizado principalmente bajo las figuras jurídicas de una corporación sin fines de lucro (INC), una cooperativa de trabajo asociado o industrial (COOP), o una corporación especial propiedad de trabajadores (CEPT).

ETHOS GUBERNAMENTAL

194


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales La Corporación sin Fines de Lucro (CSFL) es una corporación sin autoridad para emitir acciones de capital y cuyos ingresos, si algunos, no deben distribuirse entre sus miembros, directores y oficiales.

Dentro de este grupo existe una gran diversidad de

corporaciones sin fines de lucro activas que en el presente, superan las veintidós mil, y que incluyen las iglesias y sus afiliadas, entre otras. Las CSFL, según la ley vigente, se identifican incluyendo las siglas Inc. o Corp. en su nombre, aunque más lógico sería añadirle las siglas C.S.F.L., para poderlas distinguir de los otros tipos de corporaciones, como ya hemos señalado en otros escritos. A nuestro juicio, se observan dos modalidades de gestar iniciativas

empresariales

sociales:

1)

las

corporaciones

empresariales sin fines de lucro personal (término propuesto por Santiago y Vega en el 2007) y 2) las corporaciones de desarrollo comunitario o CDCs (término derivado de la literatura anglosajona y definido por el Consorcio Nacional para el Desarrollo Comunitario). Las corporaciones empresariales corresponden a aquellas CSFL de carácter eminentemente empresarial, dedicadas a la producción de un bien o servicio, como actividad principal, y enfocadas en lograr la autosuficiencia económica y proveer empleos estables. Un buen ejemplo de este tipo de entidad lo representa el caso de Las Flores Metalarte en Coamo, que se dedica a la manufactura de muebles para promover empleos para sus integrantes. Por otro lado, las corporaciones de desarrollo comunitario, son aquellas CSFL que desarrollan dentro de su gama de actividades algún proyecto empresarial como una fuente recurrente y relevante de ingresos para sufragar las actividades derivadas de sus fines sociales. Esto implica una dependencia

195

2013-2014


José I. Vega Torres recurrente de donativos y subvenciones para su sostenibilidad financiera sin que logren, o aspiren, a alcanzar la autosuficiencia plena. En este segundo grupo, que es más numeroso, podemos hacer referencia al Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio

de

Humacao

(Proyecto

P.E.C.E.S.)vi

y

a

las

organizaciones comunitarias desarrolladoras de vivienda conocidas como

C.H.D.O.

(Community

Housing

Development

Organizations), por sus siglas en inglés. La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Aunque existen diversos tipos de cooperativas, y al presente suman entre doscientas y trescientas activas, dependiendo de la fuente consultada, son las categorizadas específicamente como de trabajo asociado las que consideramos más afines con el concepto de empresa social. Una cooperativa de trabajo asociado o industrial tiene como propósito la ejecución en común de tareas de servicios o profesionales, con el objetivo de proporcionarse fuentes de trabajo estables y convenientes, en las que sus socios trabajadores dirigen todas las actividades de la misma, con el fin de generar actividades productivas que les permitan recibir beneficios de tipo económico y social. Este tipo de organización deberá, por disposiciones de ley, incluir las siglas COOP en su nombre legal según registrada en el Departamento de Estado. Con frecuencia, este tipo de sociedad cooperativa se gesta para que los trabajadores se organicen y puedan rescatar empresas que enfrentan peligro de cierre (Pérez, 2010). Pérez (2010), en su libro, ofrece detalles de

ETHOS GUBERNAMENTAL

196


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales diferentes empresas operando bajo esta forma de organización legal a través de la Isla. Las Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores (CEPT) se regulan, al igual que las CSFL, por la Ley General de Corporaciones de 2009.

Las CEPT surgen de la experiencia

cooperativa de la provincia de Mondragón en el País Vasco, situado en el noroeste de España. Según la intención legislativa, constituyen un híbrido entre la corporación tradicional y el modelo cooperativo según se identifica en la Tabla 2: Comparación de las distintas posibles formas legales de organizar una empresa social en PR. Los grupos de personas que se organicen como tal, pueden constituirse como una corporación especial de trabajadores para llevar a cabo una nueva actividad económica o la privatización de los servicios públicos. Por otro lado, aunque no se trate de una nueva actividad económica, podrán constituirse como corporación especial de trabajadores otras corporaciones tradicionales que estén en peligro de cierre, o las corporaciones sin fines de lucro que deseen hacer la conversión (Carrión, 2002). Al registrarse en el Departamento de Estado, este tipo de corporación deberá añadir las siglas P.T. a su nombre legal. Un buen ejemplo de una CEPT que opera en la actualidad es la Tienda de Juan del Pueblo, P.T. ubicada en Toa Alta, la misma incluye entre sus objetivos proveer alternativas de autoempleo para personas con expediente delictivo. Como señalan Reyes (2013) y Pérez (2006), también pudieran reconocerse como empresas sociales o comunitarias, ciertos tipos de micro empresas que hemos denominado como micro empresas comunitarias de autogestión individual.

197

2013-2014


José I. Vega Torres Estas iniciativas empresariales se organizan como un negocio de propietario individual, no están reguladas por una ley en específico, y no requieren registrarse ante el Departamento de Estado, lo que dificulta su identificación y conteo. En la Tabla 2: Comparación de las distintas posibles formas legales de organizar una empresa social en PR, presentamos una comparación de las diferentes alternativas reconocidas jurídicamente para organizar una empresa social en el ELA de PR, en distintos aspectos que pueden contribuir a la adopción y eventual ejecución de una ética empresarial de inclusión y participación igualitaria.

Tabla 2. Comparación de las distintas posibles formas legales de organizar una empresa social en PR Posibles Figuras Jurídicas Aspecto CEPT

Cooperativas

Corporación

Micro

de Trabajo

Sin Fines de

Empresa

Asociado

Lucro

Comunitaria

(COOP)

(INC.)

Autogestión Individual

Marco legal

Cap. 16 LGC

Ley General

LGC de

No existe

de 2009

Sociedades

2009

una ley

Cooperativas

particular.

de 2004 Con fines de

Sin fines de

Sin fines de

Con fines de

lucro

lucro

lucro

lucro

Modelo

Colectivo/

Colectivo/

No hay

Una sola

organizativ

Mínimo de 3.

Mínimo de 5.

mínimo.

persona.

Trabajadores/

Asamblea de

Junta de

Propietario

Naturaleza

o Administr

ETHOS GUBERNAMENTAL

198


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales ación/

as dueños/as

Socios

Directores

individual

control de

Estructura

Estructura

Estructura

Estructura

la entidad

Democrática.

democrática.

democrática

democrática

opcional.

opcional.

Distribució

Máximo 70%

Asamblea de

No hay

Según

n de

entre

Socios decide

distribución

disponga el

Ganancias/

miembros.

si sobrantes

de

propietario a

Sobrantes

Mínimo de

se destinan

“sobrantes”

tono con

20% para

para

entre los

filosofía de

capitalizar la

capitalizar la

miembros,

empresa

empresa.

empresa o si

sólo se

comunitaria.

Mínimo de

se pagan

remuneran

un 10% a la

dividendos a

por servicios

comunidad.

los socios.

prestados.

Un 10% para

Sobrantes

el fondo

se deben

social.

reinvertir en beneficio del “fin social”.

Exenciones

Automática

Automática

Deben

Las que

de

con

con

solicitarse

apliquen en

impuestos

incorporación

incorporación

luego de

planilla

incorporarse

personal.

. Tenencia

Trabajadores/

Socios/as de

del

as dueños/as

trabajo

Patrimonio

Es público

Propietario individual

asociado

El principal beneficio del reconocimiento jurídico es que el Estado, en reciprocidad a su colaboración en contribución al bienestar general y al fortalecimiento de la democracia, les dispensa como se desprende de la Tabla 2, un trato fiscal preferente mediante exenciones contributivas.

199

2013-2014

Estos beneficios


José I. Vega Torres contributivos son piedra angular para lograr la sostenibilidad financiera de las empresas sociales en el largo plazovii. En el caso de las cooperativas y las corporaciones propiedad de trabajadores, estas exenciones se reconocen automáticamente con la incorporación en el Departamento de Estado. Sin embargo, en el caso de las CSFL éstas deben solicitarse en un proceso administrativo, luego de la incorporación, al Departamento de Hacienda y al Servicio de Rentas Internas Federal. La entidad que solicita esta “exención caritativa”, según la denominan Colombo y Hall (1995), será objeto de un riguroso análisis por partes de las agencias concernidasviii. Su manifiesta vocación pública, y el trato preferente del que son objeto por parte del Estado, nos lleva a considerar a las empresas sociales como instituciones semipúblicas, en particular las que disfrutan de la exención caritativa, sujetas entonces al escrutinio público aunque desde su perspectiva de entidades privadas. En el curso de nuestra investigación, y luego de la consulta a diversas fuentes, hemos podido cuantificar el posible número de empresas sociales activas reconocidas jurídicamente como CSFL, CEPT y Cooperativas de Trabajo Asociado según se presentan en la Tabla 3: Posible Universo de Empresas Sociales o Comunitarias en Puerto Rico a Junio de 2013. Entre las fuentes consultadas figuran: el Centro de Negocios y Desarrollo Económico del Recinto Universitario de Mayagüez, el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, la Comisión de Desarrollo Cooperativo, el Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas Federal, la Liga de Cooperativas, la Corporación para la Supervisión y Seguros de

ETHOS GUBERNAMENTAL

200


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales Cooperativas

de

Puerto

Rico

(COSSEC),

el

Portal

www.EmpresaSocial.uprm.edu y varios colegas investigadores del tercer sector en la Isla.

Tabla

3. Posible Universo de Empresas Sociales o

Comunitarias en Puerto Rico a Junio de 2013

CEPT

No. de Empresas

20

Cooperativas Industriales

8

Corporaciones sin Fines de

Total

Lucro

98

126

Nótese que hemos excluido las micro empresas comunitarias, ya que al presente no existe un registro, privado o público, donde podamos identificarlas para poderlas cuantificarix. En el Apéndice, presentamos la lista del universo de posibles empresas sociales activas registradas en el Departamento de Estado, con la intención de que otros investigadores interesados en el tema contribuyan a la tarea de refinarla, y puedan utilizarla como marco de referencia para estudios empíricos futuros.

Características emblemáticas A nuestro parecer, la mejor manera de cualificar una empresa social es por el resultado de sus acciones o dicho de otro modo “por sus frutos los conoceréis”. Es decir, que independiente de la adopción en su génesis de alguna de las figuras jurídicas descritas, es en la subsiguiente operación donde podrán demostrar que 201

2013-2014


José I. Vega Torres cumplen con las características emblemáticas que distinguen este tipo de emprendimiento de las empresas comerciales tradicionales (Vega, 2013). Este cumplimiento nos parece que es mejor que se ejecute por voluntad propia, aunque reconocemos la necesidad tanto de mejorar, en ciertas instancias, como de alinear las leyes existentes unas con otras, como bien señala el profesor Carlos Díaz Olivo (Díaz, 2000).

En nuestra experiencia, y en base a los

parámetros descritos en la literatura internacional, las entidades que aspiren a ser reconocidas como empresas sociales afines a la doctrina del DEC cumplirán en mayor o menor grado con los criterios enumerados en el Diagrama 2. Criterios que ilustran la ética empresarial comunitaria de las empresas sociales en Puerto Rico, y explicados a continuación.

Diagrama 2. Criterios que ilustran la ética empresarial comunitaria de las empresas sociales en Puerto Rico.

Demuestran

• Solidaridad • Autogestión

Promueven

• Rendimiento económico y social • Reinversión comunitaria

Capitalizan

• Financiamiento NoTradicional • Capital humano y social

Cultivan

• Transparencia y rendición de cuentas

ETHOS GUBERNAMENTAL

202


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales Las empresas sociales se espera que demuestren un compromiso con una ética de solidaridad, lo que implica que los resultados de la gestión, sean pérdidas o sobrantes, se compartan en igualdad de condiciones y prevalecerá el interés colectivo o fin común vis a vis el lucro personal. Por ejemplo, en el caso de Las Flores Metalarte, Inc. aludido anteriormente, esta filosofía implicó que para afrontar los embates de la recesión económica los trabajadores decidieron en conjunto reducir la jornada de trabajo y aumentar productividad antes de despedir compañeros de trabajo. Otras dimensiones de este criterio pueden incluir que no se observará una disparidad tan grande entre los salarios de los obreros y la alta gerencia, como en las empresas capitalistas tradicionales; y que con frecuencia las empresas sociales colaboran entre ellas, inclusive cuando ello implique una disminución en el rendimiento financiero a corto plazo para sus socios o gestores. Esta ética empresarial, sin duda, contrasta con el modelo económico neoliberal al que estamos acostumbrados. Por otro lado, las empresas sociales también demostrarán ser auto gestionadas, o el resultado de la gestión de un grupo de ciudadanos que deciden actuar en concierto para lograr la solución de un problema o necesidad en común.

Si bien pudieran recibir

incentivos o apoyo proveniente del sector gubernamental, o de entes privados, la iniciativa y las soluciones ejecutadas serán determinadas y controladas por la comunidad (Santana, Santiago & Rivera, 2007).

Por ello, con frecuencia se alude a que la

proliferación de empresas sociales es imprescindible en los tiempos que vivimos, donde el modelo del Estado Benefactor está en crisis (Rodelgo-Bueno, 2004).

203

Según se desprende de la

2013-2014


José I. Vega Torres literatura sobre el tema del concepto de autogestión, el mismo también implica la expectativa de que las empresas que lo asuman integren el componente de propiedad colectiva, y que estas persigan algún modelo de organización o gobernanza democrática. Nos parece que este último criterio se ilustra en los principios de la economía social y la normativa vigente del movimiento cooperativo en la Isla. En resumen, la Fundación Iberoamericana de la Economía Social define que las organizaciones que componen la economía social tienen, entre otras características comunes: la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital; la adhesión voluntaria y abierta; el control democrático por sus miembros; la conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general; la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; la autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos; y que la mayor parte de los excedentes se destinan a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, el interés de servicios a los miembros y el interés general (Pérez, 2006). Por otro lado, reafirmando el precepto de su contribución al fin público o común, el Artículo 3.0 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004 establece: “Las cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social, fundadas en la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económico-sociales, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, sin ánimo de lucro.” Sin lugar a dudas, las empresas sociales deberán promover simultáneamente un rendimiento económico y social. Por ello, la competitividad comercial y la generación de sobrantes en el

ETHOS GUBERNAMENTAL

204


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales contexto de una actividad empresarial que genere ingresos de forma recurrente, integran el motor para cumplir su misión social. Está proscrita la maximización del rendimiento financiero para unos pocos, en detrimento de la distribución equitativa de la riqueza según el esfuerzo de los miembros, socios o trabajadores dueños. Con

frecuencia

dicha

condición

esta

explícita

y

voluntariamente consignada en los documentos constitutivos de la empresa, tales como el certificado de incorporación y los estatutos o reglamento corporativo. De igual manera, las políticas operacionales que se establezcan contribuirán a una cultura corporativa

que

promueva

la

reinversión

comunitaria,

la

responsabilidad social con el entorno, y un compromiso con lo local, y el desarrollo sostenible. Como se desprende del Diagrama 2: Criterios que ilustran la ética empresarial comunitaria de las empresas sociales en Puerto Rico, existe también la expectativa de que las empresas sociales, para lograr un desempeño financiero que propenda la continuidad de

sus

operaciones,

financiamiento donativos,

no

capitalice

tradicionales

inversiones

su

acceso

tales

sociales,

como

incentivos

a

fuentes

de

subvenciones, o

subsidios

gubernamentales (sin comprometer su autonomía), el voluntariado y “sweat equity” y, más recientemente, fuentes que se han hecho viables

gracias

a

los

adelantos

tecnológicos

como

el

x

“crowdfunding” . Igualmente, por su naturaleza comunitaria, estarán particularmente dispuestas a capitalizar sus recursos humanos y las redes de solidaridad y confianza que nutren el capital social, que a su vez resulta vital para el éxito de la

205

2013-2014


José I. Vega Torres autogestión como herramienta dirigida a crear sociedades más prósperas y democráticas (Daubón & Carrasquillo, 2002). Desde una perspectiva ética, es lógico esperar que las empresas sociales -como consecuencia natural de su fuerte vocación públicacultiven

una

cultura

organizacional

compatible

con

la

transparencia y rendición de cuentas, y la sujeción al escrutinio público, en el contexto de nuestra sociedad democrática. Esto requiere de políticas y operaciones que estimulen estilos de gerencia participativa, que eviten el conflicto o la apariencia de conflictos de intereses. Además, anticipa la conducta de actores comprometidos con el diseño y la evaluación de mecanismos para compartir con todos los públicos concernidos los resultados financieros de la gestión empresarial. Ante todo, supone que los mismos demostrarán un cumplimiento verificable de la misión social de la organización. Un ejemplo de cómo esto se puede traducir a la práctica, lo encontramos en el concepto del “expediente público” de la normativa contributiva norteamericana, que aplica a las CSFL exentas que disfrutan de la exención caritativa previamente mencionada en este trabajoxi. En la praxis, es razonable esperar que las diversas empresas sociales locales identificadas y operantes en la actualidad, cumplan en mayor o menor grado con las características que hemos articulado

como

emblemáticas

de

una

ética

empresarial

comunitaria. Sin embargo, un mérito de todas es que por decisión propia han optado por contribuir a promover un desarrollo económico más equitativo o comunitario. En esta postura, radica un extraordinario potencial para que el sector adopte estándares voluntarios que hagan viable la proliferación de más empresas

ETHOS GUBERNAMENTAL

206


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales sociales, y un desarrollo económico más alineado a los valores éticos con una mínima intervención gubernamental, ya sea por la vía legislativa o de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, entre otros posibles mecanismos. Cabe mencionar, que ya se han experimentado en el ELA de PR esfuerzos en dicha dirección, cuando la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) en colaboración con el Non Profit Evaluation Resource & Evaluation Center (NPERCI), ambas corporaciones sin fines de lucro, impulsaron un programa de certificación voluntaria para las CSFL promotoras de DEC. Observamos que la práctica de promover códigos de conducta o estándares operacionales voluntarios, en contraposición con una mayor regulación e intervención gubernamental, cobra cada vez más adeptos en los Estados Unidos y en Europa.

Conclusión Como doctrina, el desarrollo económico comunitario (DEC) representa un enfoque apropiado para promover una ética empresarial comunitaria. Ya sean adoptados voluntariamente o requeridos por la forma jurídica de operación, los postulados del DEC promueven el desarrollo de los recursos humanos y físicos mediante el apoderamiento y la participación ciudadana, de modo que el capital o la riqueza generada se distribuya equitativamente, o se reinvierta en beneficios para la comunidad.

Una de las

consecuencias directas en la profesión de estos postulados es la creación de las empresas sociales. Las empresas sociales alineadas con la filosofía del DEC representan a su vez modelos empresariales viables para la

207

2013-2014


José I. Vega Torres creación de empresas y empleos estables, aún en tiempos de crisis económica. Esto se debe a que, independientemente de su formación jurídica, demuestran un compromiso solidario en la distribución de la riqueza, la atención a las condiciones sociales de la comunidad, y el diseño e implantación de las decisiones económicas.

La autogestión comunitaria que distingue a estas

empresas las mueve, generalmente, a promover estilos de gobernanza democrática, y a construir una cultura empresarial transparente, que les facilita acceder a fuentes de financiamiento no tradicionales.

Finalmente, estas empresas sociales crean o

fortalecen sociedades más prósperas y justas que sirven de pilares que propulsan la ética empresarial comunitaria. El reconocimiento jurídico contribuye a una mayor precisión en cuanto a las expectativas que pudieran tenerse de las empresas sociales, y tiene beneficios importantísimos para la sostenibilidad financiera de sus operaciones. Intentar construir una definición legal, aunque resulte un ejercicio complejo por la diversidad de aspectos a considerar, resultaría provechoso en particular en el contexto de la cualificación para incentivos y subsidios gubernamentales.

Implicaciones Futuras Conviene generar una discusión y movilización de los diferentes sectores: el gubernamental, el corporativo capitalista, la academia y el propio sector de las empresas sociales con el fin de analizar y desarrollar

mecanismos

de

política

pública

e

iniciativas

pertinentes para potenciar de manera concertada su desarrollo óptimo. Resultaría beneficioso para el país incluir en la discusión

ETHOS GUBERNAMENTAL

208


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales de los valores éticos, la enseñanza de empresarismo en las instituciones educativas, el concepto del DEC, la creación de empresas sociales y los esfuerzos para promover el desarrollo de PYMES. A tales efectos, un estudio empírico de las empresas sociales en la Isla debe realizarse para poder elaborar un perfil más preciso de las mismas; me refiero a un instrumento para poder cualificar las empresas y obtener datos que permitan la formulación de iniciativas para su desarrollo.

209

2013-2014


José I. Vega Torres Notas i

Por ejemplo la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico de

1996 derogada por la LGC de 2009 en su capítulo XIX, Artículo 19.04, definía a una organización de base comunitaria como toda “organización que se incorpore como corporación sin fines de lucro para ofrecer servicios a la comunidad, o toda organización no gubernamental, designada internacionalmente por las siglas O.N.G., cuya constitución esté fundada en un esfuerzo solidario de una comunidad social particular y con la participación de miembros de esa comunidad, por ejemplo, un barrio, un sector con identidad y personalidad propia, una comunidad de las identificadas especiales”. ii

Definido en el reporte del Global Entrepreneurship Monitor

2011, como cualquier actividad de una empresa existente, la creación de una nueva empresa o el autoempleo con metas sociales establecidas, la comunidad como su base y donde el beneficio que se obtiene se invierte en la actividad misma, la empresa misma o la comunidad. El profesor José Rodelgo Bueno también describe con detalles el concepto en su libro Empresariado social: del estado benefactor a la sociedad de bienestar mientras que el profesor Rafael Torrech en su columna del Periódico El Nuevo Día titulada “Empresarismo social en Caguas” nos describe las diversas iniciativas en gestación u operando en el Municipio Autónomo de Caguas. iii

El término lo acuña José Celso Rivera, socio fundador de La

Tienda de Juan Del Pueblo, P.T., en una entrevista publicada por el Periódico El Nuevo Día en abril de 2005.

ETHOS GUBERNAMENTAL

210


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales

iv

En Puerto Rico, bajo la denominación de Comunidad Especial se

agrupan sectores vulnerables o barrios cuyos habitantes viven en condiciones económicas y sociales desfavorables. Existen al menos 686 comunidades especiales designadas como tal. v

Existe al presente una clasificación en el Servicio de Rentas

Internas Federal para una corporación de beneficio social o “public benefit corporation”, pero su adopción es bien limitada según el reporte Social enterprise: A portrait of the field. En Puerto Rico no se ha legislado todavía para reconocer este tipo de corporación aunque en el Estado de Delaware, de donde deriva nuestra legislación corporativa, entra en vigor en agosto de 2013 un estatuto que las define según reseñado recientemente por el portal www.bcorportions.net . vi

Refiérase al Portal www.empresasocial.uprm.edu

para una

descripción detallada de estos casos y a la Revista de Negocios de El Nuevo Día del 23 de Junio de 2013. vii

La firma consultora Estudios Técnicos y el estudiante graduado

Hiram Vargas han documentado el costo evitado al gobierno de las operaciones de beneficio público de las organizaciones sin fines de lucro. De igual forma el estudiante graduado David Guzmán demostró la importancia de la exención contributiva en la generación de sus ingresos. viii

Esta exención puede ser revocada inclusive con carácter de

retroactividad si se encuentra que la CSFL no ha cumplido con los requisitos establecidos para disfrutarla como demuestra el caso de Triple S según describimos en el artículo “Exención contributiva sobre ingresos de las corporaciones sin fines de lucro en Puerto Rico” de la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico. 211

2013-2014


José I. Vega Torres

ix

De nuestra experiencia en el Centro de Negocios y Desarrollo

Económico del RUM y reportajes recientes publicados en el Periódico TRAZOS podemos identificar algunos exponentes de este grupo de micro empresas entre las que destacan La Chiwinha en el pueblo de Rio Piedras y Morrillo Cycle y Water Sports y Ecotours que ubican en la Reserva Natural de Punta Santiago en Humacao. x

Para conocer sobre el concepto de “crowdfunding” refiérase al

portal www.antrocket.com. xi

El expediente público de una CSFL exenta bajo la sección 501 c

3 del Código de Rentas Internas Federal debe estar accesible para inspección de cualquier ciudadano. Este expediente, según la normativa federal, debe contener todos los documentos radicados para solicitar la exención, salvo ciertas excepciones, y las planillas anuales requeridas para mantenerla vigente.

ETHOS GUBERNAMENTAL

212


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales

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en

la

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2013-2014


José I. Vega Torres

Bibliografía

José I. Vega Torres El autor es catedrático asociado en Mercadeo y Empresarismo y director del Centro de Negocios y Desarrollo Económico en el Colegio de Administración de Empresas (ADEM) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Tiene un M.B.A. del RUM y un doctorado en Filosofía del Derecho de la Universidad del País Vasco en España. En el 2003 estableció y coordinó el Certificado en Desarrollo Económico Comunitario que se ofreció por la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del RUM hasta el 2009. Desde el 2010 es facultad del Certificado en Gerencia de Corporaciones sin Fines de Lucro de la DECEP y ADEM del RUM. En el 2008 estableció y desde entonces es director del Portal www.empresasocial.uprm.edu.

ETHOS GUBERNAMENTAL

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Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales

0Apéndice A. Lista Preliminar de Posibles Empresas Sociales en Puerto Rico a Julio 2013. Nombre

Tipo de incorpo ración

Actividad Económica

Munici pio

1. Cooperativa Marcoop Molding

COOP

Producción de Plásticos por moldeo por inyección, para la industria farmacéutica.

Fajardo

2. Cooperativa Orocoveña Biscuit

COOP

Confección de dulces puertorriqueños.

Orocovi s

3. Cooperativa Aguja y Moda de Inspiración (Coami)

COOP

Confección de camisas bordadas y uniformes para instituciones gubernamentales.

Isabela

4. Cooperativa Industrial de Comerío

COOP

Fabricación de Productos Ortopédicos.

Comerí o

5. Cooperativa Industrial Creación de La Montaña 6. Cooperativa Best Quality Garmet

COOP COOP

7. Electronic Coop E-Coop

COOP

8. Cooperativa Industrial Nuevo Horizonte

COOP

Producción de Uniformes para agencias de gobierno y entidades privadas. Confección de ropa. Sistemas de seguridad y productos relacionados. Confección de ropa. Proyecto en gestación para crear una línea aérea puertorriqueña. Recuperación, manejo y venta de material reciclable. Servicios de educación sobre el reciclaje. Recogido de desperdicios sólidos. Mantenimiento de áreas verdes. Recuperación de material reciclable. Producción de impresos y venta al por mayor de materiales escolares, oficina y arte.

Utuado Camuy Barcelo neta Comerí o San Juan

9. Aerovías De Pr, Inc. Pt

PT

10. Corporación Comunitaria Reciclaje Del Norte, Inc. Pt

PT

11. Ecoreciclaje, Inc. Pt

PT

12. Gráficos, Inc. Pt

PT

13. La Tienda de Juan del Pueblo, Inc. Pt

PT

Grupo de tiendas al detal.

Toa Alta

14. Grupo Farmacéutico del Este, Inc. Pt

PT

Manufactura de productos de limpieza Fabricantes de Turbo Blast.

Caguas

15. Punto Verde, Inc. Pt

PT

Proyecto en gestación: Eco-parque.

16. Fusión Isleña, Inc. Pt

PT

Artes

17. Sunny Plaza, Inc. Pt

PT

Comercio y ventas al detal.

18. Nuestros Senderos, Inc. Pt

PT

Jardinería comercial, paisajista, ornato, mantenimiento de áreas verdes, venta y alquiler de productos.

PT

Incubadora de negocios.

PT

Mantenimiento de áreas verdes.

21. Pharma+Vet, Inc. Pt

PT

Productos farmacéuticos.

22. Palma Roja del Oeste, Pt

PT

23. Multiservicios Koqui, Pt

PT

24. Projecteck, Inc. Pt

PT

Diseño y Gerencia de Proyectos.

25.Green Energy & Electrical Solutions, Incorporated Pt

PT

Administración de Servicios.

19. Fomento de Empresas de Trabajadores Dueños, Inc. Pt 20. Maximus Services, Pt

26.Xpert Beyond Services, Inc. Pt

PT

27. H R Solutions, Pt

PT

28.Bahia Kayaks, Pt 29. LAS FLORES METALARTE INC. (Desarrollos Metalarte)

221

PT CSFL

Diseño paisajista, preparación, siembra y mantenimiento de áreas verdes y toda actividad de la industria de jardinería y agricultura. Trabajos de agricultura. Servicios de perito electricista. Servicios de contabilidad. Servicios de comida. Adquirir, tener, disponer, operar, arrendar o por cualquier otro medio. Administrara el personal licenciado para ofrecer estos servicios.

Construcción, reparación, modernización, remodelación, mantenimiento, comercial y residencial, y mantenimiento de áreas verdes. Venta, instalación, reparación, modernización y mantenimiento de elevadores comercial y residencial. Organizar un nuevo concepto para la integración de comercios tradicionalmente organizados separadamente en una sola unidad corporativa y bajo un mismo techo para ofrecer bienes y servicios. Venta de equipos y materiales de ecoturismo. Manufactura de muebles y gabinetes de cocina.

2013-2014

Hatillo

Caguas Caguas

San Juan San Juan Naguab o Caguas San Juan Caguas San Juan Mayagü ez

Caguas

Barranq uitas Bayamó n

Guayna bo

Bayamó n Salinas Coamo


José I. Vega Torres

31. Apoyo Empresarial para la Península de Cantera 32. Centro de Adiestramiento y Trabajo para Personas con Impedimentos C.A.T.P.I. 33. Centros Sor Isolina Ferré, Inc. 34. Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada Cossma 36. Codepcovi 40. La Fondita de Jesús y El Pueblito de Jesús 41. Corporación Desarrolladora de Vivienda de Las Barriadas de Israel y Bitumul

San Juan

CSFL

CHDO - Desarrollo Económico y Vivienda.

CSFL

Empresa de inserción laboral para personas con impedimentos.

Patillas

CSFL

Desarrollo comunitario y empresarial.

Ponce (varios)

CSFL

CHDO para la construcción de viviendas de interés social. CHDO – Desarrollo de Vivienda.

CSFL

CHDO – Desarrollo de Vivienda.

CSFL

CHDO – Desarrollo de Vivienda.

San Juan

CSFL

CHDO – Desarrollo de Vivienda y Empresarial.

San Juan

CSFL

CHDO – Desarrollo Económico y de Vivienda.

Camuy

CSFL

Periódico Trazos y desarrollo empresarial.

Humaca o

CSFL

Empresa de inserción laboral para personas con impedimentos.

Aibonito

46. Acción Social De Puerto Rico

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

49. Andanza, Inc.

CSFL

Arte y Cultura

50. Ann Wigmore De Puerto Rico Para Instrucción e Investigación, Inc.

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

51. Artefacto, Inc.

CSFL

Arte y Cultura

42. Lucha Contra El Sida, Inc. 43. Comerciantes Unidos para el Desarrollo Comunitario de Camuy 44. Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio P.E.C.E.S. Inc. 45. Centro de Adiestramiento para Personas con Impedimentos C.A.P.I.

53. Asesores Financieros Comunitarios, Inc. 56. Asociación Pro-Desarrollo Social, Económico y Cultural de Playita Cortada, Inc. 58. Asociación Pro-Juventud y Comunidad de Barrio Palmas, Inc. 59. Aspira, Inc. de Puerto Rico

CSFL

CSFL

CSFL

Seminarios de educación continuada, asesoría financiera y contable a organizaciones sin fines de lucro. Promover y canalizar toda gestión encaminada a la creación de empleos mediante servicios comunitarios.

Cidra Ponce San Juan

San Juan San Juan Aguada San Juan Santurc e Santa Isabel

CSFL

Servicios sociales y desarrollo comunitario.

Cataño

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

65. Casa Del Peregrino

CSFL

Servicios sociales.

66. Casa Juan Bosco

CSFL

Servicios institucionales.

68. Casa Protegida, Julia De Burgos, Inc.

CSFL

Servicios sociales.

Carolina Aguadill a Aguadill a San Juan

69. Casa Pueblo De Adjuntas, Inc.

CSFL

Promover la implantación de proyectos de conservación y manejo del medio ambiente, afirmación de los valores de la cultura.

CSFL

Desarrollo de vivienda y comunitario-CHDO.

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

CSFL

Servicios de vivienda de interese socialCHDO.

San Juan San Juan Aguadill a

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

Caguas

75. Corporación La Fondita de Jesús

CSFL

Servicios sociales

76. Corporación Milagros de Amor 77. Corporación para el Desarrollo Integral del Ecoturismo en Puerto Rico 78. Corporación Piñones Se Integra, Copi

CSFL

Servicios sociales

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

Loiza

80. Crearte, Inc.

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

San Juan

CSFL

Desarrollo económico regional.

CSFL

Arte y Cultura

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

CSFL

The Foundation is organized and shall be operated exclusively for charitable, religious, scientific, literary or education purposes, for the prevention of cruelty to children or animals or such other purposes which will allow the Foundation to qualify as a tax exempt organization.

70. Ceiba Housing And Economic Development Corporation Chedco 71. Centro Comunitario De Empresas Y Empleo 72. Centro Criollo De Ciencias Y Tecnología 73. Comité Comunitario Pro Vivienda, Inc. (Cocoprovi) 74. Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios (Capedcom)

81. Desarrollo Integral Del Sur (Disur), Inc. 83. El Museo del Niño de Puerto Rico, Inc. 85. Empresas Colibri, Inc.

87. Foundation For Puerto Rico, Inc.

ETHOS GUBERNAMENTAL

Adjunta s

San Juan Caguas San Juan

Ponce San Juan Naguab o

San Juan

222


Desarrollo económico comunitario y las empresas sociales

Delawar e/San Juan

89. Flamboyan Foundation, Inc.

CSFL

Charitable and educational purposes.

90. Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, Inc. (Fundesco)

CSFL

Servicios sociales, vivienda y desarrollo comunitario- CHDO.

Caguas

91. Grupo Guayacan, Inc.

CSFL

Desarrollo Económico, Social Y Comunitario.

Guayna bo

92. Hogar Crea, Inc.

CSFL

Trabajar en la re-educación de adictos a drogas / narcóticos facilitándole los medios para su re-educación.

Trujillo Alto

CSFL

Desarrollo económico, social y comunitario.

Vieques

CSFL

Servicios de Salud, educación y prevención a personas sin hogar.

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

93. Incubadora Microempresa Bieke, Inc. 94. Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. 95. Iniciativa Tecnológica Centro Oriental Inc (Inteco) 96. Iniciativa Tecnológica Del Noroeste, Inc. (Intene) 97. Iniciativa Tecnológica Del Norte, Inc. (Intenor) 98. Instituto para el Desarrollo Socioeconómico y de Vivienda de P.R., Inc. 99. Instituto de Servicios Comunales, Inc. (INSEC)

San Juan Caguas

Desarrollo económico regional.

--

CSFL

Desarrollo económico regional.

Barcelo neta

CSFL

Fomentar el crecimiento educativo y cultural.

Mayagü ez

CSFL

Desarrollo social y económico.

100. Juan Domingo En Acción, Inc.

CSFL

Servicios Educativos y de Investigación.

101. La Nueva Escuela, Inc.

CSFL

Servicios de educación alternativa.

102. Mision Rescate, Inc.

CSFL

Servicios sociales

104. National Council For Community Development, Inc.

CSFL

NATIONAL COUNCIL FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

105. Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc.

CSFL

Servicios sociales.

-Guayna bo -Mayagü ez New York/Sa n Juan Arecibo Orocovi s New York/Ad juntas

106. Oro-Agrario, Inc.

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

107. Pathstone Corporation

CSFL

Desarrollo socioeconómico.

108. Propymes, Inc.

CSFL

Promover e incentivar el desarrollo y crecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todos los sectores económicos de PR.

Guayna bo

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

Canóva nas

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

Aguada

109. Producir, Inc. Una Corporación de Desarrollo Comunal y Económico para Cubuy y Lomas 110. Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc.

113. Proyecto Matria, Inc. 114. Puerto Rico Business Development, Corp.

CSFL

Mejorar la calidad de vida de la comunidad, trabajar con problemas de la comunidad, crear empleos, desarrollar talentos de niños y jóvenes de la comunidad. Ofrecer servicios derivados a mujeres.

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

115. Partners For Community, Inc.

CSFL

To promote the economic development of western Puerto Rico.

116. Puerto Rico Entrepreneurship EcoSystem, Inc. (Press)

CSFL

To engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under general corporation law of Puerto Rico.

117. Puerto Rico Manufacturing Extension, Inc. (Primex)

CSFL

Desarrollo Económico, Social y Comunitario.

119. Puerto Rico Youth At Risk, Inc.

CSFL

Servicios Sociales.

CSFL

Facilitate financing for, and/or extend financing to any person whether natural or legal, pursuant to the laws, regulations, executive orders and/or other applicable decrees of the United States Small Business Administration (SBA).

CSFL

Servicios de rehabilitación vocacional.

Coamo

CSFL

Servicios sociales.

CSFL

Rehabilitation to drug addicts & convicts.

Loíza Bayamó n

112. Proyecto Comunitario AgroTurístico Barrio Rio Hondo, Inc.

120. Pymes Financial Partners, Inc.

121. Taller Industrial para Personas con Impedimentos de Coamo, Inc. 122. Taller Salud, Inc. 123. Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

223

CSFL

2013-2014

Mayagü ez Caguas Hato Rey Massac husets/ Mayagü ez San Juan San Juan San Juan

San Juan


José I. Vega Torres

124. Winston-Salem Industries For The Blind, Inc.

CSFL

To train and employ visually handicapped.

125. Workforce Training & Employment Center, Inc.

CSFL

Ofrecer servicios de adiestramiento, empleo mentoría y consejería a desempleados, exofensores, desertores, envejecientes y otros.

North Carolina / Mayagu ez San Juan

126. Young Entrepreneur Education Guayna CSFL Servicios educativos empresariales. System, Inc. bo Nota: Este censo se deriva de consultas a diversas fuentes secundarias y consultas a expertos en el tema de DEC realizadas durante julio de 2013 y verificación mediante llamadas y búsquedas en internet. Los datos son preliminares y están sujetos a ser confirmados mediante un estudio empírico a realizarse en fecha futura.

ETHOS GUBERNAMENTAL

224


B Studio


COMPETENCIAS ÉTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FAE UPR RIO PIEDRAS

Javier Baella Silva Carmen Correa Matos María T. Arzola Flores María T. Jiménez Pla Introducción Las últimas décadas han sido escenario de grandes quiebras, (Enron y Lehman Brothers, entre otras) y de una crisis financiera que en 2008 tuvo consecuencias nefastas en la economía global. Las causas de las quiebras y de la crisis financiera fueron diversas, pero en esencia se pueden reducir a decisiones de líderes que actuaron de manera anti-ética con el único objetivo de lograr recompensas a nivel personal en detrimento de accionistas, empleados, clientes y de la sociedad en general. A pesar de que muchos de estos líderes fueron educados en las mejores escuelas de negocios del mundo, éstos no mostraron ser capaces de medir las consecuencias de sus actos en términos legales y/o éticos, no demostraron tener empatía hacia los afectados por sus acciones, ni mostraron haber aprendido la importancia de tomar decisiones éticas para el bienestar futuro, tanto de la empresa como de la sociedad en general. Sus decisiones lograron enriquecer sus propias arcas temporalmente, pero cuando los resultados de éstas salieron a relucir a la luz pública, se enfrentaron a la eventual pérdida de valor e inclusive la quiebra de sus compañías, llegando en muchos casos a perder su libertad.

ETHOS GUBERNAMENTAL

227


Estudiantes de la FAE UPR Esta problemática toma especial relevancia en el caso presente de Puerto Rico, dada la situación económica precaria por la que atraviesa la Isla, tanto a nivel gubernamental, como a nivel privado. El nivel de deuda gubernamental, una recesión que lleva años sin disiparse, la degradación del crédito de los instrumentos de deuda del gobierno central y de prácticamente todas las corporaciones públicas, y la falta de un modelo actualizado de desarrollo económico sostenido viable, pintan un cuadro poco halagador para el futuro de la Isla. Ante una situación de crisis como la actual, la tentación hacia “cortar esquinas” y pasar por alto preceptos y normas éticas, usualmente aumenta. Comportamientos que en otro momento hubiesen sido inaceptables, se consideran parcialmente permisibles y algunas veces se justifican como necesarios con tal de evitar un mal mayor que pudiese surgir de adherirse a dichos principios éticos y morales. Opera entonces una justificación maquiavélica, donde los individuos e instituciones racionalizan que salvar al país resulta más importante que mantenerse fiel a la ética. Desafortunadamente, se ha tornado en noticia común el arresto de funcionarios públicos sorprendidos en alegados actos de corrupción. Muchos de estos casos han resultado en convicciones mientras que la reputación de aquellos señalados, aunque salgan airosos en las investigaciones, queda mancillada para el resto de sus días. La necesidad de atender asuntos éticos en la disciplina de Finanzas ha obligado al Estado a regular las actuaciones de los miembros de la industria financiera mediante leyes, reglamentos e instituciones para ponerlas en vigor (Securities and Exchange

ETHOS GUBERNAMENTAL

228


Baella CorreaArzola Jiménez Commission, National Association of Securities Dealers, entre otras). Según Boatright (1999), uno de los problemas principales de los profesionales en la industria financiera es que en muchas ocasiones están trabajando con el dinero de otras personas, lo que puede producir tentación de arriesgar más de lo que desee el cliente o dueño del dinero, al igual que utilizar dichos fondos para beneficio propio y no del cliente. Dicho autor establece que la mayoría de los problemas éticos en las transacciones de los mercados financieros surge de dos fuentes principales: (1) prácticas injustas, como el fraude y la manipulación de los clientes; (2) asimetrías de información entre el profesional financiero y el cliente, que facilitan que el primero tome ventaja ante el desconocimiento del segundo. La segunda fuente presenta la existencia de un conflicto de interés, definido por Lazen y Eguiluz (2006), como una situación en que un agente (un representante de una entidad financiera, en nuestro caso) que está en una posición de confianza o fiduciaria para con su cliente o contraparte, representa un interés individual opuesto al de aquél. Cuando el agente opta por resolverlos a su favor, el conflicto se ha resuelto de forma “inadecuada”. Arguyen estos autores que el conflicto de interés cobra mayor relevancia ante la multiplicidad de roles que llevan a cabo las entidades financieras; esto produce que a veces una función presente dificultades naturales de compatibilidad con otra (ej. colocación de valores y administración de fondos) con el peligro de que el agente extraiga valor a su cliente más allá de lo permitido o deseable.

229

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR La degradación de la deuda existente del gobierno central y las corporaciones públicas de Puerto Rico presenta un caso particularmente interesante en lo concerniente al inversionista locali. Típicamente, el inversionista puertorriqueño es de corte conservador, y prefiere sacrificar rendimiento a cambio de menor riesgo. Es por esta razón que inversiones en fondos cerrados de bonos del Gobierno de Puerto Rico se convirtieron en años recientes en el instrumento de inversión preferido por residentes de la Isla con capital para invertir. Los bonos de Puerto Rico gozan de una triple exención contributiva (federal, local y municipal); históricamente habían tenido relativamente buenas clasificaciones y nunca han fallado en el servicio de la deuda.

No obstante, dadas las proyecciones

negativas, las distintas casas acreditadoras han degradado el crédito del gobierno de la Isla a chatarra, lo que ha ocasionado que se desplome el valor de mercado de los bonos. Complica aún más la situación el hecho de que muchos de estos inversionistas han invertido al margen, es decir, han tomado prestado dinero a casas de corretaje para comprar más de estos bonos; al bajar el valor de mercado de los mismos, se activan provisiones para que se reponga la colateral sobre el préstamo. Estas “llamadas al margen” han liquidado fortunas y llevado a individuos y corporaciones a la ruina. Ante las pérdidas, muchos bufetes de abogados, locales y de los EEUU, han incoado pleitos de clase que buscan resarcir los daños causados a estos inversionistas, arguyendo, entre otras razones, que las casas de corretaje que les vendieron los fondos de bonos no les advirtieron adecuadamente los riesgos que estaban corriendo. Cabe

ETHOS GUBERNAMENTAL

230


Baella CorreaArzola Jiménez preguntarse hasta qué punto estos últimos no quisieron indagar sobre la posibilidad de pérdidas, pues resultaba más cómodo ignorar dicho escenario por completo, dándolo como casi imposible de ocurrir. Ciertamente, actuaciones desconfiables por parte de los agentes pueden acarrear la consecuencia de desestimular la inversión al distribuir inadecuadamente los recursos financieros escasos o incluso la pérdida de recursos, irrecuperables en ocasiones, como el caso antes descrito de los fondos mutuos locales.

Se ha

recurrido a la regulación y supervisión del sistema financiero, que con cada crisis, queda al descubierto su vulnerabilidad.

Esta

regulación se enfrenta al reto de cómo hacer el sistema financiero más resistente y estable sin reprimir su desarrollo, protegiendo el interés público, la innovación y preservando la globalización (Vives, 2010). Pero no cabe duda de que mientras ese balance se encuentra, la regulación fallida crea ineficiencias en el movimiento de los fondos y sus huecos (“loopholes”) no siempre permiten el resultado esperado por los legisladores.

Es aquí que nos

preguntamos si pueden las universidades, las que forman a estos profesionales, darle un giro a esta situación y evitar, mediante la enseñanza de la ética en ambientes de negocios, las grandes pérdidas financieras, económicas y sociales que estas actuaciones entrañan. A raíz de esta realidad, la AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), la agencia acreditadora de escuelas de negocios más prestigiosa del mundo, sugirió que hacía

231

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR falta re-enfocar la enseñanza de la ética en las escuelas de negócios. A tales efectos publicó en 2004 el estudio “Ethics Education in Business School (para sugerir cambios en los currículos de ética de las universidades acreditadas). La Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (de ahora en adelante, la FAE) siempre ha sobresalido entre las escuelas de negocios de Puerto Rico, y en su afán de seguir brindando una educación de la más alta calidad, se está sometiendo al proceso de acreditación de la AACSB. Como parte de este proceso de acreditación, la FAE tomó el estudio arriba mencionado como base para reenfocar la educación de la ética. La FAE, además de cubrir el tema de ética en el curso ADMI 4416, Ética empresarial, que es parte de los cursos requisitos de todo egresado, decidió discutir y avaluar el tema de ética a través de todo el currículo y de las concentraciones. Los educadores de la FAE nos tomamos muy en serio la enseñanza de preceptos éticos a nuestros estudiantes. Como los educadores de los futuros líderes empresarios del país, es nuestra responsabilidad que los egresados de la FAE tengan muy clara la importancia de tener un comportamiento ético, tanto a nivel personal, en la interacción con colegas, como a nivel de representantes de la compañía para la cual trabajen. Es importante que puedan medir las consecuencias de sus decisiones en términos éticos, y aprendan a manejar situaciones donde sus supervisores o colegas muestren claros conflictos de interés.

ETHOS GUBERNAMENTAL

232


Baella CorreaArzola Jiménez Objetivo En nuestro interés de estudiar los resultados de la enseñanza de la ética, particularmente en ambientes financieros, nos proponemos analizar los resultados del avalúo de la solución de conflictos de interés y toma de decisiones éticas que se lleva a cabo en la clase FINA 3107, Mercados e instituciones financieras. Este curso es uno de carácter medular, es decir que tiene que ser tomado por todos los estudiantes de la FAE. Según la secuencia curricular de la FAE para la mayoría de los estudiantes, este curso está programado para el primer semestre del tercer año, exceptuando la concentración de Finanzas, la cual lo ha pautado para el segundo semestre del segundo año académico. FINA 3107 tiene como prerequisitos los cursos de ADMI 4005, Introducción a la gerencia y los negocios, y CONT 3015, Introducción a los fundamentos de contabilidad I. En ambos cursos, (ADMI 4005 y CONT 3105) se discute el tema de la ética.

El curso ADMI 4416, Ética

empresarial, puede tomarse antes, durante o después del curso FINA 3107. Por lo tanto, los estudiantes que toman el curso FINA 3107 y que se avalúan en el tema de solución de conflictos de interés y toma de decisiones éticas, ya han sido expuestos al tema de la ética tanto en ADMI 4005, como en CONT 3105, pero no necesariamente han tomado ya el curso de ética ADMI 4416. En este trabajo estudiamos los resultados de los estudiantes ante el avalúo de la solución de conflictos de interés y toma de decisiones éticas en términos de género, semestre académico, edad, escuela de procedencia (pública o privada), índice de entrada a la UPR (IGS), año de estudio, concentración, nota obtenida en la clase de FINA 3107 y si ya han tomado el curso de ética, ADMI 233

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR 4416. Nuestro propósito es analizar si estas variables tienen alguna relación con la nota obtenida en el trabajo de avalúo de marras. Presentamos a continuación una breve revisión de la literatura concerniente a la educación de la ética en escuelas de negocio y un recuento de la visión de le enseñanza de la ética en la FAE.

Breve Revisión de Literatura Muchas

de

las

grandes

quiebras

o

reestructuraciones

corporativas de la última década han tenido varias cosas en común: sus protagonistas han sido empresas poderosas y de alto perfil, la quiebra o la decisión de reestructuración ha ido precedida por malos manejos o fraudes, y sus principales ejecutivos han sido personas de la más alta preparación formal, graduados de escuelas de negocio del mayor prestigio en el mundo de la academia. En el 2001, el muy conocido caso de Enron Corp. (empresa estadounidense de energía, “commodities y servicios”, con base en Houston, Texas) reveló que su condición financiera estaba sustentada en un fraude contable, en el cual participó la también prestigiosa firma de contadores públicos autorizados, Arthur Andersen y que derivó en su disolución (Thomas, 2002).

El

presidente de la Junta de Directores, Kenneth Lay, ostentaba un doctorado en Economía de la Universidad de Houstoni.

El

principal oficial ejecutivo, Jeffrey Skilling, ostenta un grado de maestría en administración de empresas (MBA) de Harvard Business School.ii Andrew Fastow, el principal oficial financiero, había completado un MBA de Northwestern University.iii

ETHOS GUBERNAMENTAL

234


Baella CorreaArzola Jiménez Tyco International, Ltd. (empresa en el área de soluciones de seguridad y protección contra incendios) comenzó desde 2002 su proceso de reestructuración financiera, la que fue matizada por los excesos y vida de lujo de su principal oficial ejecutivo, Dennis Kozlowski (graduado de Finanzas y Contabilidad de Setton Hall University).iv Se le acusó y está sirviendo una condena en prisión, por haber recibido bonificaciones millonarias sin autorización de la junta de directores de la corporación. A eso se agregaron las violaciones al Securities Exchange Act, por, entre otros asuntos, inflar artificialmente las utilidades netas de la corporación (Eric, 2012). Más recientemente y como secuela de la gran crisis financiera del 2008, la firma de servicios financieros Lehman Brothers Holdings, Inc. se declaró en quiebra. Esta bancarrota es la mayor en la historia de los Estados Unidos. Se ha indicado que los ejecutivos de la empresa regularmente usaban métodos contables impropios para que sus finanzas mostraran una fortaleza que era irreal. En 2008 sufrieron unas pérdidas sin precedentes por su participación en la titularización (“securitization”) de hipotecas sub primas (Lartey, 2012). El líder desde el 1994 hasta el colapso en 2008 era Richard S. Fuld, Jr., quien ostenta un MBA del Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.v El énfasis en los aspectos éticos de una profesión resulta tan vital como la enseñanza de los aspectos técnicos. Como se aprecia de los casos antes reseñados, muchos de los escándalos financieros han sido impulsados por ejecutivos formados en las mejores escuelas de negocios del mundo y con alta remuneración financiera (Ríos Nieves, 2011). Esta autora define la ética como el talante de 235

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR una persona, su manera de actuar, su forma de encarar la vida. En las finanzas no hay decisiones solo económicas o técnicas. La dimensión ética de las decisiones financieras y sus repercusiones se refieren al comportamiento de quien toma la decisión y su capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, el respeto ante todo de los intereses del cliente aún por encima de los resultados financieros de la propia institución, el bien de las personas incluso si ello significa el sacrificio de ciertos niveles de utilidad neta. Dobson (2008) define la ética como el estudio de la mejor justificación para la acción; es el estudio normativo de la racionalidad. A nivel práctico, el conocimiento de la teoría de la ética le da al individuo las destrezas intelectuales necesarias para contestarse de la mejor manera la pregunta: ¿Qué debo hacer? El quehacer en el mundo de los negocios representa más de un curso de acción posible. En la perspectiva de Dobson, es una pregunta a la que todo estudiante debe darle serio pensamiento. Contrario a la teoría de que el gerente financiero se comporta siguiendo el único fin de maximizar la riqueza (la suya propia, en la teoría de la agencia), las finanzas conductuales postulan que el comportamiento de las personas, aún en contextos financieros, es realmente más compleja y sugestionable: las personas se comportan como les dicen que lo hagan, o como se supone que lo hagan o como observan a sus pares que lo hacen. Es su contención que la enseñanza de la ética en las finanzas debe ser mediante integración a los currículos académicos. Presenta tres niveles de integración: (1) concienciar a los estudiantes del contenido normativo de los supuestos de comportamiento que subyacen la ETHOS GUBERNAMENTAL

236


Baella CorreaArzola Jiménez educación financiera; (2) ofrecer bases teóricas sobre la ética a los estudiantes y aplicar la teoría a situaciones específicas relacionadas con asuntos financieros; (3) establecimiento de un curso específico en ética financiera. Fitzgerald y Fitzgerald (2000) pasan revista por la literatura relacionada a los enfoques para la enseñanza de la ética dentro de los currículos de las escuelas de negocios. ¿Por qué ética en las finanzas? La reciente avalancha de escándalos de alto perfil en la industria financiera ha forzado a los educadores a enfocar en la necesidad de cumplir con las leyes y con los mandatos éticos. Las corporaciones

continuamente

cometen

actos

socialmente

irresponsables en nombre de la “maximización de la riqueza del accionista”. Los objetivos de todo programa curricular de ética financiera deben contestar las siguientes interrogantes: (1) por qué enfatizar en la ética financiera; (2) qué estado de conciencia ética tienen los estudiantes de finanzas al comenzar sus estudios; (3) qué grado de transferibilidad existe entre la educación en el salón de clases y el mundo real de los negocios; (4) qué debe lograr un curso de ética en las finanzas; y (5) cuáles son los retos al enseñar ética en la finanzas. En cuanto a metodología, una amalgama de métodos con fuentes de la vida real debe ser el objetivo curricular: análisis de casos, documentales, noticias de periódicos y hasta ficción (novelas, cuentos, parábolas, imágenes) para desarrollar carácter moral o virtudes en los estudiantes. Aunque el debate arriba reseñado se centra en estudiantes de finanzas, entendemos que el mismo es igualmente aplicable a estudiantes de todas las 237

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR concentraciones dentro de una facultad de administración de empresas. Mucho se ha debatido si la ética debe ser enseñada desde un solo curso dedicado para ello o si es preferible integrar la ética en los cursos a través del currículo. La investigación en el campo educativo de los negocios indica que la educación en ética ha migrado del foco de cursos específicos en la materia a un enfoque más integrado en la ética individual y corporativa, que incluye el cubrir tópicos como responsabilidad social corporativa y sostenibilidad (Christensen, Peirce, Hartman, Hoffman & Carrier 2007, según citados por Guler, 2010). Guler (2010) analiza exhaustivamente diferentes estudios sobre la efectividad de la inclusión del tema de la ética en los currículos y resume los planteamientos de muchos de ellos en cuanto a que los currículos en las escuelas de negocios deben incluir profusamente preguntas multidisciplinarias, prácticas y éticas y que los análisis deben reflejar los retos complejos que los líderes de las empresas encaran cada día.

Es su contención que los

estudiantes, que son los gerentes financieros del futuro, puedan entender y apreciar la conexión entre actuar éticamente y producir resultados financieros.

Recuento de la visión de la enseñanza de la ética en la FAE En nuestro afán por continuar brindando una educación de excelencia, en el año 2006 comenzamos el proceso de prepararnos como facultad para solicitar la acreditación de AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Para una escuela de negocios, el estar acreditado por la AACSB representa ETHOS GUBERNAMENTAL

238


Baella CorreaArzola Jiménez el aval de la acreditadora de mayor prestigio a nivel mundial. A la fecha de este escrito, el “Peer Review Team” de la AACSB visitó a la FAE y presentó una recomendación favorable para que se le otorgue la acreditación a la FAE; la decisión final del comité en pleno, está pendiente aún. Para la AACSB la ética es de suma importancia; a raíz de los escándalos de Enron, Parmalat, Martha Stewart y otros, la acreditadora reconoció que las escuelas de administración de empresas deberían reenfocar la enseñanza de la ética para que ésta se incorporara a través de todo el currículo. En 2004 la AACSB publicó un documento titulado “Ethics Education in Business Schools” con el propósito de orientar a las facultades de administración de empresas como mejorar la enseñanza de la ética. Este documento (que ha sido incluido parcialmente en el Anejo A, y que se puede acceder a través del internet), divide el campo de la enseñanza de la ética en cuatro sub-temas: • Responsabilidad social de las empresas • Toma de decisiones éticas • Liderazgo ético • Gobernanza corporativa A continuación se presenta un resumen de cada uno de estos sub-temas y cómo la FAE ha definido sus objetivos generales y específicos asociados al tema de la ética.

239

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR Responsabilidad social de las empresas (“Responsibility of Business in Society”) Según “Ethics Education in Business Schools” es esencial que los estudiantes de administración de empresas comprendan la relación simbiótica que existe entre las empresas y la sociedad. Las empresas tienen la gran responsabilidad de promover el bienestar de la comunidad donde hacen negocio y de todas las partes

involucradas,

“stakeholders”,

(clientes,

empleados,

inversionistas, suplidores, gobierno y ciudadanos en general) que se ven afectadas como resultado de las actuaciones de la empresa. El sub-comité de la FAE a cargo de avalúo sugirió que el objetivo general para el avalúo en lo concerniente al tema de ética sería: El estudiante comprende la importancia de la responsabilidad social de la empresa. Los objetivos específicos a ser alcanzados por un egresado de nuestra facultad deberían ser: • El estudiante puede definir responsabilidad social • El estudiante reconoce todas las partes afectadas con la toma de decisiones de la empresa, “stakeholders” • El estudiante puede argumentar que el tomar en consideración la responsabilidad social, crea valor para la empresa •

El estudiante puede utilizar los nuevos marcos conceptuales

como: “social reporting”, “social impact management” y “triple bottom line” en la toma de decisiones gerencialesvi.

ETHOS GUBERNAMENTAL

240


Baella CorreaArzola Jiménez Toma de decisiones éticas (“Ethical Decision Making”) Para AACSB, preparar a los estudiantes para tomar decisiones éticas es un componente esencial de la educación gerencial. Es importante que los estudiantes adquieran las herramientas que necesitan para identificar y analizar dilemas éticos. Los estudiantes deben saber cuáles son las preguntas que hay que hacerse y cuáles son los factores que deben considerarse antes de tomar una decisión que implique una controversia de naturaleza ética. También deben desarrollar su valentía moral que les permita discernir cómo actuar ante una situación anti ética tomando en consideración sus valores y como utilizar su propia voz de manera eficiente para poner al relieve estas situaciones y contribuir a eliminar o minimizar abusos e injusticias. El objetivo a avaluar por la FAE sería: „El estudiante conoce el proceso de análisis y de acción para la toma de decisiones éticas.” Los objetivos específicos deberían ser: • El estudiante conoce la diferencia entre lo ético, lo legal, lo cultural y lo religioso. • El estudiante puede articular los principios y modelos éticos fundamentales. • El estudiante reconoce dilemas éticos en situaciones empresariales. • El estudiante reconoce quiénes son las partes afectadas (“stakeholders”) en un dilema ético. • El estudiante puede articular qué preguntas debe hacerse y qué factores debe considerar ante un dilema ético.

241

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR • El estudiante puede identificar y evaluar las implicaciones de la toma de decisiones éticas y de la toma de decisiones no éticas para las partes afectadas (“stakeholders”). • El estudiante puede desarrollar distintas alternativas de acción ante un dilema ético que incorporen la ética y la responsabilidad social de la empresa. • El estudiante puede debatir y defender las conclusiones éticas mediante el razonamiento y la argumentación lógica. • El estudiante sabrá qué hacer ante una situación anti ética en su lugar de empleo. Liderazgo ético (“Ethical Leadership”) Según “Ethics Education in Business Schools”, la investigación reciente acerca del desarrollo moral de las personas indica que la mayoría de los adultos modelan el comportamiento de sus líderes y pares al resolver dilemas éticos. Es por tanto de suma importancia que los estudiantes de administración de empresas reconozcan y acepten la importancia de ser líderes éticos. El estudio señala: “This means that business school deans need to think of themselves as ethical leaders who communicate regularly about ethics and values: who model ethical conduct; and who hold community members- faculty, staff and studentsaccountable for their actions.

Academic policies and systems

should clearly be an integral, living part of the school’s culture, and not simply a stack of documents in a file drawer.”

ETHOS GUBERNAMENTAL

242


Baella CorreaArzola Jiménez El objetivo a avaluar por la FAE sería: “El estudiante reconoce las características de un líder ético”. Los objetivos específicos deberían ser: • El estudiante reconoce que un líder ético es aquél que: o

Demuestra estar comprometido con la ética tanto a nivel personal como a nivel de líder en la empresa.

o

Comunica expectativas claras de comportamiento ético a los empleados de la empresa.

o

Aplica estándares éticos a todos los niveles de la empresa.

o

Actúa con integridad, honestidad y sentido de justicia.

o

Integra la visión de los subordinados.

o

Promueve la comunicación abierta.

o

Promueve y acepta la crítica.

o

Sirve primero a los demás.

• El estudiante conoce los programas y normativas que fomentan la conducta éticavii. • El estudiante reconoce la importancia de los códigos de ética en las instituciones y cómo estos códigos fomentan un ambiente del más alto nivel de integridad moral. Gobernanza corporativa (“Corporate Governance”) Para AACSB otro componente esencial para la educación ética de los estudiantes de administración de empresas es que éstos entiendan los principios y las prácticas de gobernanza corporativa responsable.

243

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR El objetivo a avaluar por la FAE sería: El estudiante reconoce la importancia de un sistema eficiente de gobernanza corporativa. Los objetivos específicos deberían ser: • El estudiante conoce el

“U.S. Federal Sentencing

Guidelines”. • El estudiante conoce el rol y las obligaciones de la junta de directores, del comité auditor, de la gerencia, de los contadores públicos independientes, de los cuerpos reguladores, de los controles internos y de la auditoría interna. • El estudiante puede enunciar los elementos de un código de ética efectivo. • El estudiante conoce la ley Sarbanes-Oxley y el King Report. • El estudiante reconoce los componentes de un programa de “corporate compliance” efectivo. La AACSB recomienda que se cubran las cuatro áreas antes detalladas a través del currículo, y que se haga avalúo de las mismas. En el 2008, el sub-comité de ética del Comité de Avalúo de la FAE recibió la encomienda de desarrollar los criterios de enseñanza y evaluación del componente de ética del nuevo bachillerato de Administración de Empresas con el doble propósito de mejorar la enseñanza de la ética y de cumplir con los requisitos de ética exigidos por la agencia acreditadora AACSB. El subcomité analizó y reagrupó los objetivos de ética según elaborados por el Comité de Currículo de la FAE y se decidió enseñar y avaluar el tema de la ética a través de todo el currículo de Administración de Empresas, no solamente en la clase de Ética

ETHOS GUBERNAMENTAL

244


Baella CorreaArzola Jiménez Empresarial. Este proceder es ampliamente reconocido en la literatura de enseñanza de la ética en las escuelas de negocios.

Pruebas y Rúbricas El objetivo de ética que analizamos en este estudio es: el estudiante conoce el proceso de análisis y de acción para la toma de decisiones éticas. Se escogió el curso de FINA 3107 (Mercados e Instituciones Financieras) para avaluar este objetivo. Se decidió que todos los estudiantes matriculados en el curso FINA 3107 deberían contestar unas preguntas sobre la toma de decisiones éticas y la evaluación de dicho trabajo contaría como una nota del curso para el estudiante. Este trabajo se asignó por primera vez en marzo 2010. La rúbrica que se utilizó para evaluar el trabajo se muestra en la Figura 1, titulada Rúbrica utilizada en los primeros dos semestres: Figura 1 Rúbrica utilizada en los primeros dos semestres Semester / Academic Year: 1st semester 2010-11

Course: FINA 3107

Explains what conflict of interest is and why it is an ethical issue.

Student Number

Major

Scores 1,2,or 3 Explains the Can apply the selected conflict Utilitarian of interest. Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Assessment Activity: Conflict of Interest short essay Can apply the Rights Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Can apply the Fairness or Justice Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Can apply the Common Good Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Can apply the Virtue Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Explains why he/she thinks it is important to use an ethical framework to base business decisions.

Se utilizó un capítulo del libro de texto que forma parte del curso, como fuente de información para el trabajo (What Should be Done About Conflicts of Interest). Este capítulo explica y da ejemplos sobre conflictos de interés en un contexto empresarial. Además del capítulo, solicitamos a los estudiantes que leyeran el artículo “Thinking Ethically: A Framework for Moral Decision Making” (www.scu.edu/ethics/practicing/decision/framework.html 245

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR ), ya que es de fácil acceso a través de internet y les explica los cinco modelos de toma de decisiones éticas: el modelo utilitario, el modelo de derechos, el modelo de justicia, el modelo del bien común y el modelo de virtudes. Velásquez et.al (2013) presentan en su escrito titulado “Thinking Ethically: A Framework for Moral Decision Making” un resumen de los cinco acercamientos que tradicionalmente se han usado para definir el marco conceptual ético, a saber: Utilitario (“Utilitarian”), concebido en el siglo XIX por Jeremy Bentham y John Stewart Mill para ayudar a los legisladores al momento de decidir qué leyes eran superiores desde un punto de vista moral. La metodología a utilizar al analizar y resolver un dilema ético es la siguiente: primero, se identifican los distintos cursos de acción posibles; segundo, se analiza quien(es) sería(n) afectado(s) por cada uno de los distintos cursos de acción; y tercero se selecciona aquel curso de acción que mayor beneficio y/o menor daño causa en términos combinados. Derechos (“Rights”) se fundamenta en las doctrinas de Kant que enfatizan el libre albedrío de los seres humanos, que es lo que distingue a los seres humanos de todo lo otro existente en el planeta Tierra. De acuerdo a este acercamiento, las personas tienen el derecho a escoger libremente lo que desean hacer con sus vidas, y que dichas selecciones sean respetadas. Entre los derechos específicamente identificados se encuentran: ETHOS GUBERNAMENTAL

246


Baella CorreaArzola Jiménez • El derecho a la verdad. • El derecho a la privacidad. • El derecho a no sufrir daños. • El derecho a que se nos cumpla con lo que se nos ha prometido. La decisión ética sería aquélla que respete los derechos de las personas afectadas. Justicia (“Fairness or Justice Approach”) se basa en el pensamiento filosófico de Aristóteles, donde la decisión a tomar debe ser justa para todas las partes afectadas, sin mostrar favoritismo ni discriminación. Bien Común (“Common Good”) se basa en los escritos de Platón, Aristóteles y Cicerón donde la decisión a tomar debe ser aquélla que tome en consideración el bien a la sociedad en general. Virtudes (“Virtues”) se basa en que todo ser humano debe desarrollar sus virtudes, y la decisión a tomar debe permitir que prevalezcan la honestidad, la justicia, la integridad, la compasión y la generosidad. El trabajo solicitado a los estudiantes tuvo que ser enmendado para el siguiente semestre, octubre 2011, ya que en la edición 7ma del libro de texto se eliminó el capítulo que habíamos utilizado en los trabajos anteriores. En lugar del capítulo del libro, los estudiantes deberían ver el documental “House of Cards.”viii La rúbrica utilizada para corregir este trabajo se muestra en la Figura 2, titulada Rúbrica utilizada en los últimos cuatro semestres:

247

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR Figura 2 Rúbrica utilizada en los últimos cuatro semestres Semester / Academic Year: 1st semester 2011-12 Course: FINA 3107 Explains what conflict of interest is and why it is an ethical issue.

Student Number

Major

Assessment Activity: Conflict of Interest short essay

Scores 1,2,or 3 Explains the Can apply the selected conflict Rights Approach of interest. to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Can apply the Fairness or Justice Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Can apply the Common Good Approach to the selected conflict of interest chosen and can propose a solution to the conflict based on the approach.

Explains why he/she thinks it is important to use an ethical framework to base business decisions.

Para esta segunda versión de la prueba se decidió eliminar dos de los modelos de toma de decisiones éticas, el utilitario y el de virtudes, ya que entendíamos que los estudiantes se confundían entre los cinco modelos y preferimos concentrar el trabajo en que pudieran explicar bien los modelos de derechos, justicia y bien común. Los resultados de este primer trabajo utilizando la película mostraron resultados por debajo de lo esperado. Descubrimos que parte del problema fue que los profesores habíamos entendido que una puntuación de 3 debería representar una puntuación de 100%. Este punto se incorporó a la siguiente métrica, que se utilizó para avaluar los trabajos de los siguientes tres semestres (los dos semestres de 2012 y el primero de 2013): 3 puntos: 80% a 100% de la puntuación máxima 2 puntos: 60% a 79% de la puntuación máxima 1 punto: 0% a 59% de la puntuación máxima Las Preguntas que se utilizaron en las pruebas fueron las siguientes: 1. ¿Puede explicar qué es un conflicto de interés y por qué es un dilema ético? 2. ¿Puede explicar el conflicto de interés seleccionado? ETHOS GUBERNAMENTAL

248


Baella CorreaArzola Jiménez 3. ¿Puede proponer una solución al conflicto de interés seleccionado

utilizando

el

enfoque

de

derechos

(“rights

approach”)? 4. ¿Puede proponer una solución al conflicto de interés seleccionado utilizando el enfoque de justicia (“fainess or justice approach”)? 5. ¿Puede proponer una solución al conflicto de interés seleccionado utilizando el enfoque del bien común (“common good approach”)? 6. ¿Puede explicar por qué es importante utilizar un marco ético para tomar decisiones de negocios? Cada una de las preguntas podía obtener una calificación de 1, 2 ó 3 puntos, por lo que la puntuación máxima era de 18 puntos (seis preguntas a 3 puntos cada una) y un mínimo de 6 puntos (seis preguntas a 1 punto cada una). El trabajo de los semestres en los cuales se utilizó el capítulo del libro constaba de 8 preguntas en lugar de seis, pero para propósitos de este estudio, solamente se tomaron en consideración las seis preguntas que fueron comunes en todos los semestres.

Descripción y datos de la muestra Desde el primer semestre del año académico 2010-2011, la FAE, como parte de su proceso de revisión curricular, seleccionó una serie de cursos en los que llevaría a cabo avalúo de las competencias que se presentan en la Tabla 1, titulada Pareo de cursos de la FAE y competencias avaluadas.

249

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR TABLA 1 Pareo de cursos de la FAE y competencias avaluadas Curso FINA

Competencia 3107-

Mercados

e Aplica principios éticos.

Instituciones Financieras CONT 3105 – Introducción a los

Fundamentos

de

Contabilidad I LEGA

4005

Aspectos

Legales en los Negocios FINA

3106

Gerencia Evalúa críticamente y tomar

Financiera

las decisiones apropiadas en la solución

de

problemas

de

negocio. MECU 3032 y MECU 3031- Aplica destrezas cualitativas y Métodos cuantitativos

cuantitativas en el análisis de problemas de negocios.

ADMI

4007-

Gerencia Demuestra conocimiento de

Estratégica

los negocios y del contexto en el cual operan.

MERC 3115 –Principios de Comunica efectivamente. Mercadeo ADMI 4005 – Introducción a ETHOS GUBERNAMENTAL

250


Baella CorreaArzola Jiménez la Gerencia y los Negocios COEM 3001 – Comunicación Empresarial COEM 3001 – Comunicación Trabaja en equipo y establece Empresarial ADMI 4005 – relaciones interpersonales que Introducción a la Gerencia y reflejan su sensibilidad ante la los Negocios

diversidad.

COEM 3001 – Comunicación Demuestra liderazgo. Empresarial ADMI 4005 – Introducción a Utiliza tecnología, información la Gerencia y los Negocios

y

COEM 3001 – Comunicación

investigación desarrollo

Empresarial

continuo.

FINA 3107 - Mercados e Instituciones Financieras LEGA

4005

Aspectos

Legales en los Negocios ESTA

3042

Estadística

Administración de Empresas II INCO 4006 – Técnicas de Redacción

251

competencias

2013-2014

para

de su

profesional


Estudiantes de la FAE UPR Los datos analizados en este trabajo son los que fueron recopilados en el avalúo de ética en la clase de FINA 3107. El universo de datos consiste de 722 estudiantes que tomaron el curso FINA 3107, Mercados e Instituciones Financieras, durante seis semestres consecutivos desde el primer semestre del año académico 2010-2011 hasta el segundo semestre del año académico 2012-2013.

La población objeto de este estudio se

podría considerar como representativa de los estudiantes de la FAE.

Primeramente, los integrantes del universo no fueron

seleccionados bajo criterio alguno.

Meramente fueron los

estudiantes que tomaron el curso FINA 3107 durante los semestres en que el mismo fue avaluado; por ende, fueron seleccionados de forma cuasi-aleatoria. Cualquier estudiante de la FAE que cumpliera con los prerrequisitos del curso podía matricularse, sin importar el nivel o desempeño académico. La distribución de género de los 722 estudiantes que componen el universo de este estudio se presenta a continuación en la Tabla 2, titulada Distribución del universo de estudiantes por género. Como se puede observar de los datos, la distribución es aproximadamente 59% féminas, con el restante 41% varones, una distribución similar al resto de los estudiantes en el Recinto de Río Piedras

ETHOS GUBERNAMENTAL

252


Baella CorreaArzola Jiménez TABLA 2 Distribución del universo de estudiantes por género

Género

Número de Porcentaje estudiantes

Féminas Varones

427 295

59.14 40.86

TOTALES

722

100

La Figura 3, titulada Distribución porcentual de estudiantes por género, muestra gráficamente la distribución de los 722 estudiantes en el universo por género. Figura 3 Distribución porcentual de estudiantes por género

La Tabla 3, titulada Distribución de estudiantes por semestre académico, presenta el número de estudiantes por sección del

253

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR curso FINA 3107, por cada uno de los seis semestres, que participaron en la prueba. TABLA 3 Distribución de estudiantes por semestre académico Semestre en que Número de Porciento tomaron la prueba estudiantes 2010-11 Sem. 1 2010-11 Sem. 2 2011-12 Sem. 1 2011-12 Sem. 2 2012-13 Sem. 1 2012-13 Sem. 2

61 141 86 146 165 123

8.45 19.53 11.91 20.22 22.85 17.04

TOTALES

722

100

De los datos de la Tabla 3, se desprende que un número mayor de estudiantes tomaron la prueba de avalúo de destrezas de toma de decisiones éticas durante los últimos cuatro semestres; por ende, un número mayor de estudiantes utilizaron el documental como base para contestar las preguntas del trabajo de avalúo, comparados con los que utilizaron la lectura del capítulo del libro de texto. La Tabla 4, titulada Distribución de estudiantes por edad a la fecha de la prueba, muestra el número de estudiantes para todas las distintas edades que tenían éstos al momento de tomar la prueba de avalúo de destrezas éticas. La distribución de edades de los estudiantes participantes refleja, como se esperaba, que la gran mayoría (94.88%) de ellos se encontraban al momento de ser evaluados entre las edades de 20 a 24 años. El número de ETHOS GUBERNAMENTAL

254


Baella CorreaArzola Jiménez estudiantes con edades mayores a los 24 años va disminuyendo marcadamente según aumenta la edad, siendo 54 años la edad mayor de un estudiante participante.

TABLA 4 Distribución de estudiantes por edad a la fecha de la prueba

<20 20-24 25-29 30-39 40-49 50 o mas

Número de estudiantes 8 685 12 13 1 3

TOTALES

722

Rango de edades

Porciento 1.11 94.88 1.66 1.8 0.14 0.42 100

El histograma presentado como Figura 5, titulado Distribución de estudiantes por edad, se presenta a continuación, en el que se ilustra de forma gráfica los datos de la Tabla 3. Figura 5 Distribución de estudiantes por edad

255

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR En términos de procedencia de escuela superior entre pública y privada, la Tabla 5, titulada Distribución de estudiantes por tipo de escuela superior de procedencia, muestra que los estudiantes procedentes de escuelas superiores privadas constituyeron más del doble de los estudiantes procedentes de escuelas públicas. Cabe señalar que para 45 estudiantes no se pudo obtener el tipo de escuela de procedencia por no estar ese campo poblado en el banco de datos utilizado. TABLA 5 Distribución de estudiantes por tipo de escuela superior de procedencia Tipo de escuela de Número de Por procedencia estudiantes ciento No Definido Privada Pública

45 469 208

6% 65% 29%

TOTALES

722

100%

La Figura 6, titulada Distribución de estudiantes por tipo de escuela superior de procedencia, muestra claramente que sobre la mitad de los estudiantes en la población bajo estudio provenían de escuelas superiores privadas.

ETHOS GUBERNAMENTAL

256


Baella CorreaArzola Jiménez Figura 6 Distribución de estudiantes por tipo de escuela superior de procedencia

La Tabla 6, titulada Distribución de IGS estratificados por tipo de escuela superior de procedencia, muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los índices de entrada de los estudiantes encuestados procedentes de escuelas públicas comparados con las privadas, al menos para el universo de 722 estudiantes participantes en el proceso de avalúo objeto de este estudio. TABLA 6 Distribución de IGS estratificados por tipo de escuela superior de procedencia Tipo de institución IGS escuela superior promedio Pública Privada

257

317.25 317.24

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR De manera similar, la Tabla 7, titulada Distribución de GPA de entrada estratificados por tipo de escuela superior de procedencia, muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios generales de entrada de los estudiantes encuestados procedentes de escuelas públicas comparados con las privadas, al menos para el universo de 722 estudiantes participantes en el proceso de avalúo objeto de este estudio. TABLA 7 Distribución de GPA de entrada estratificada por tipo de escuela superior de procedencia Tipo de institución GPA promedio escuela superior Pública Privada

3.6417 3.6416

Los datos de la Tabla 8, titulada Número de estudiantes por GPA de entrada dentro de rangos pre-determinados, reflejan que, aún sin considerar los 54 estudiantes cuyos GPA no fueron provistos entre los datos del universo, casi dos terceras partes (64.42%) de los estudiantes ostentaban un valor de GPA por encima de 3.5 en una escala con un valor máximo de 4.0, lo que los califica como estudiantes de honor o alto honor. Esta ha sido la tendencia en el Recinto de Río Piedras de la UPR, y ciertamente de la FAE.

ETHOS GUBERNAMENTAL

258


Baella CorreaArzola Jiménez TABLA 8 Número de estudiantes por GPA de entrada dentro de rangos pre-determinados Número de Estudiantes Porcentaje 0.83% 6

Rango GPA Menos de 2.5

31

4.29%

168

23.27%

463

64.13%

Sobre 3.5

54

7.48%

No provisto TOTAL

722

100.00%

Entre 2.51 y 3.00 Entre 3.01 y 3.50

Otra dimensión interesante es la distribución de estudiantes por el año académico en que están clasificados; los resultados se muestran en la Tabla 9, titulada Número de estudiantes por año de estudios en el que están clasificados, presentada a continuación. Según la secuencia curricular vigente, se supone que los estudiantes de la FAE (excepto los que pertenecen a la concentración de Finanzas, que se supone lo tomen en el segundo semestre del segundo año académico) tomen el curso FINA 3107 en

el

primer

semestre

del

tercer

año

académico.

Sorprendentemente, el 73.0% de estudiantes que participaron en el avalúo estaban tomando dicho curso en su cuarto año, con solamente un 25.5% tomándolo en el tercer año, como se supone para la gran mayoría de los estudiantes de la FAE.

259

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR TABLA 9 Número de estudiantes por año de estudios en el que están clasificados

Año clasificación

de Número de Porciento estudiantes

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año Post-bachillerato Permiso especial Transitorio

2 4 184 527 3 1 1

0.3 0.6 25.5 73.0 0.4 0.1 0.1

TOTALES

722

100

La Tabla 10, titulada Número de estudiantes estratificado por grado académico que esperan obtener, muestra que la inmensa mayoría, el 94.18% de los estudiantes en la población estudiada, están clasificados como estudiantes de la FAE a nivel de bachillerato. Este resultado no nos debe resultar sorprendente, dado que el curso evaluado es uno medular que todos los estudiantes de la FAE tienen que tomar.

ETHOS GUBERNAMENTAL

260


Baella CorreaArzola Jiménez TABLA 10 Número de estudiantes por grado académico que esperan obtener Clasificación por grado académico de Número de Porciento bachillerato que se estudiantes espera obtener 2.08% Artes 15 Administración empresas Ciencias, concentración cómputos

de

680

94.18%

en 1

0.14%

4

0.55%

Artes en 1 comunicaciones Ecología familiar y 1 nutrición

0.14%

Educación

1.39%

Ciencias naturales

10

0.14%

Administración de 7 sistemas de oficina

0.97%

Ninguno

3

0.42%

TOTALES

722

100%

La Tabla 11, titulada Distribución de estudiantes por concentración a la que pertenecen, refleja la distribución de los estudiantes por la concentración a la que pertenecían al momento de tomar la prueba. Podemos observar que la gran mayoría de los estudiantes pertenecen a la Facultad de Administración de Empresas y que dentro de ésta la mayoría está concentrándose en contabilidad, seguido por mercadeo, finanzas y recursos humanos. 261

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR Muy pocos estudiantes, por lo menos en esta muestra, pertenecen a otras concentraciones. TABLA 11 Distribución de estudiantes por concentración a la que pertenecen

Número de Porciento estudiantes

Concentración AOFI – Administración de Sistemas de Oficina ARTI – Arte y Tecnología BASI – Curso Básico de Estudios Generales BIOL - Biología CIPO – Ciencias Políticas CISC – Bachillerato en Artes con Concentración en Ciencias Sociales General COMS – Ciencias Computadorizadas CONT - Contabilidad COSE – Educación Comercial Secretarial DES7 – Programa de Destrezas en Humanidades ECNM – Economía de Administración de Empresas ECOF – Ecología Familiar ECOM – Educación Comercial Programa General ECON - Economía EDGE – Educación General EDIN – Educación Vocacional Industrial

2

0.28%

2

0.28%

1

0.14%

1 2

0.14% 0.28%

1

0.14%

1

0.14%

349

48.34%

2

0.28%

1

0.14%

2

0.28%

2

0.28%

4

0.55%

4 2

0.55% 0.28%

2

0.28%

ETHOS GUBERNAMENTAL

262


Baella CorreaArzola Jiménez ESTA - Estadísticas FINA - Finanzas GEOP – Gerencia de Operaciones HART – Historia del Arte LENG – Lenguas Modernas MATE - Matemáticas MERC - Mercadeo MUSI - Música OFIC – Sistemas de Oficina PGAE – Programa General en Administración de Empresas PGCN – Programa General en Ciencias Naturales PRAE – Permisos Especiales en Administración de Empresas PREC – Programa General de Ecología PSIC - Psicología REHU – Recursos Humanos REPU – Relaciones Públicas SICI – Sistemas Computadorizados de Información

3 74

0.42% 10.25%

19

2.63%

1 1 2 122 1 5

0.14% 0.14% 0.28% 16.90% 0.14% 0.69%

28

3.88%

1

0.14%

2

0.28%

1

0.14%

2 59 1

0.28% 8.17% 0.14%

22

3.05%

TOTAL

722

100%

La Tabla 12, titulada Distribución de estudiantes por tipo de insumo, muestra la distribución numérica y porcentual de los estudiantes a los que se les proveyó el capítulo y a los que se les proveyó el documental, respectivamente. El 28.39% de los 722 estudiantes pertenecientes al universo bajo estudio fueron sometidos a la prueba que utilizaba el capítulo como insumo para contestar las preguntas planteadas, mientras que el restante 71.61% 263

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR fue presentado con el documental como el material de insumo a utilizarse al momento de contestar preguntas sobre aspectos éticos. TABLA 12 Distribución de estudiantes por tipo de insumo Tipo de prueba

Número de Porcentaje estudiantes

Capítulo del libro de texto Documental “House of Cards”

205 517

28.39% 71.61%

TOTAL

722

100%

La Tabla 13, titulada Distribución de estudiantes por momento en que tomaron el curso de “Ética Empresarial” (ADMI 4416) relativo a la fecha en que tomó la prueba de avalúo de ética, muestra que el porcentaje mayor de los estudiantes que participaron en el avalúo de toma de decisiones éticas no había tomado el curso de ética ADMI 4416 previo a dicho avalúo. TABLA 13 Distribución de estudiantes por momento en que tomaron el curso de Ética Empresarial (ADMI 4416) relativo a la fecha en que tomó la prueba de avalúo de ética Momento en que tomó el curso de ética Antes Concurrente No Tomado TOTALES

Número de Porciento Estudiantes 101 130 491

13.99 18.01 68.00

722

100

ETHOS GUBERNAMENTAL

264


Baella CorreaArzola Jiménez Resultados Los resultados de los distintos cruces y correlaciones de factores descriptivos de los estudiantes evaluados, y las puntuaciones obtenidas por éstos se presentan a continuación, con los hallazgos relevantes. Cabe señalar que uno de los objetivos de este estudio, aparte del primordial que es el análisis del aprendizaje del estudiante en conceptos éticos, es estudiar de forma objetiva potenciales percepciones erróneas y prejuicios que pudieran existir al estratificar los resultados de la prueba por las distintas características o clasificaciones a las que pertenecen los distintos miembros de la población; por ejemplo, género, tipo de escuela superior de procedencia, entre otros. Estratificados por género La Tabla 14, titulada Puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas, estratificadas por género, ilustra que fundamentalmente no existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas por féminas y varones, siendo las primeras las que obtuvieron una media y mediana ligeramente más alta, aunque con una desviación estándar un poco mayor.

265

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR TABLA 14 Puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas, estratificadas por género

Género

Media

Mediana

Varianza

Desviación estándar

Féminas Varones

15.61593 15.60678

17 16

7.75355 6.53873

2.784519 2.557094

La Tabla 15, titulada Puntuaciones absolutas totales y por por ciento del total, estratificadas por género, profundiza en las distribuciones de puntuaciones por género de los estudiantes en la población encuestada. La primera columna de la tabla presenta todas las posibles puntuaciones, 6 siendo la mínima y 18 la máxima; la columna 2 presenta la nota obtenida en términos porcentuales de un potencial total de 18 (donde la nota mínima es de 6 puntos, a razón de un punto por cada una de las 6 preguntas en la prueba); la columna 3 presenta la nota anterior en términos de calificación en el trabajo objeto de este estudio de A, B, C, D y F; las columnas 4 a la 7 presentan el número de estudiantes que obtuvieron dichas puntuaciones y su porciento, estratificado por género. Finalmente, las columnas 8 y 9 muestran la suma de estudiantes de ambos géneros y su porciento.

Los resultados

presentados en la Tabla 15 ilustran que existe un patrón interesante. Las puntuaciones extremas son dominadas por las féminas.

ETHOS GUBERNAMENTAL

266


Baella CorreaArzola Jiménez TABLA 15 Puntuaciones absolutas totales y por por ciento del total, estratificadas por género

La Figura 7, titulada Distribución porcentual de notas para ambos géneros, muestra la distribución porcentual de las notas obtenidas en el trabajo de avalúo de destrezas éticas. Es interesante

267

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR notar que 49.2% de los estudiantes obtuvieron una calificación de “A”, recalcando el hecho de que casi la mitad de los estudiantes pudieron

contestar

las

preguntas

del

trabajo

de

marras

exitosamente. En contraste, solamente el 14.1% de los estudiantes obtuvieron calificaciones de “D” y “F”. Figura 7 Distribución porcentual de notas para ambos géneros

En aras de investigar más a fondo si existen diferencias entre géneros en torno a puntuaciones obtenidas, presentamos las Figuras 8 y 9 tituladas, respectivamente, Distribución porcentual de notas para del trabajo de avalúo de destrezas de toma de decisiones éticas para féminas, y Distribución porcentual de notas para del trabajo de avalúo de destrezas de toma de decisiones éticas para varones, se reproducen a continuación.

ETHOS GUBERNAMENTAL

268


Baella CorreaArzola Jiménez Figura 8 Distribución porcentual de notas del trabajo de avalúo de destrezas de toma de decisiones éticas para féminas

Como se muestra en la Figura 8, más de la mitad de las féminas (51%) obtuvieron “A”; el 73%, casi tres cuartas partes del segmento de la población compuesto por féminas, obtuvieron calificaciones combinadas de “A” y “B”; solamente el 14% de este subconjunto obtuvo calificaciones de “D” y población total.

269

2013-2014

“F”, similar a la


Estudiantes de la FAE UPR Figura 9 Distribución porcentual de notas del trabajo de avalúo de destrezas de toma de decisiones éticas para varones

Como se puede observar en la Figura 9 poco menos de la mitad de los varones (47%) obtuvieron “A”; el 74%, casi tres cuartas partes del segmento de la población compuesto por varones, obtuvieron calificaciones combinadas de “A” y “B”; solamente el 14% de este subconjunto obtuvo calificaciones de “D” y “F”, similar a la población total. Estratificados por nota final en el curso FINA 3107 La Tabla 16, titulada Nota final en el curso FINA 3107 para el universo bajo estudio, muestra que el porciento de estudiantes que obtuvieron una calificación de “A” en la nota final del curso fue 34.49%, un porciento mucho menor que los que obtuvieron una calificación de “A” en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas (49.2%). Sin embargo, al combinar notas de “A” y “B” en la ETHOS GUBERNAMENTAL

270


Baella CorreaArzola Jiménez nota final del curso (72.72%), vemos que representa un porciento similar a las sumas de notas de “A” y “B” en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas (73.30%). TABLA 16 Nota final en el curso FINA 3107 para el universo bajo estudio Calificación obtenida en el curso FINA 3107 A B C D F F* IB IC ID IF W TOTALES

Número de Porciento estudiantes 249 276 141 33 11 1 1 1 2 4 3 722

34.49 38.23 19.53 4.57 1.52 0.14 0.14 0.14 0.28 0.55 0.42 100

La Figura 10, titulada Distribución de notas finales en el curso FINA 3107, nos muestra gráficamente los hallazgos de la Tabla 16. Cabe señalar que el sexto segmento en la gráfica, titulado “Otros” combina los doce estudiantes que obtuvieron calificaciones de F*(abandono de curso), IB (incompleto B), IC (incompleto C), ID (incompleto D), IF (incompleto F) y W (dado de baja del curso).

271

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR Figura 10 Distribución de notas finales en el curso FINA 3107

Estratificados por semestre académico La Tabla 17 titulada Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por semestre académico, muestra los resultados de todos los estudiantes en la población bajo estudio, divididos por el semestre académico en el que tomaron la prueba de destrezas éticas.

ETHOS GUBERNAMENTAL

272


Baella CorreaArzola Jiménez TABLA 17 Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por semestre académico Semestre 1er Sem 2011 2do Sem 2011 1er Sem 2012 2do Sem 2012 1er Sem 2013 2do Sem 2013

201020102011201120122012-

Media

Mediana Varianza

Desviación Estándar

17.13

18.00

3.82

1.95

14.67

16.00

10.75

3.28

13.09

13.50

9.14

3.02

16.22

17.00

5.37

2.32

15.95

16.00

3.20

1.79

16.53

17.00

3.45

1.86

Las puntuaciones obtenidas no presentan patrón alguno aparente según transcurren los semestres. Tampoco existen patrones evidentes en torno a diferencias en puntuaciones asociadas al tipo de insumo utilizado (capítulo del libro v. documental), donde el capítulo del libro se utilizó durante los primeros dos semestres avaluados, y el documental los restantes cuatro. Similarmente no existe un patrón definido en términos longitudinales en cuanto a las desviaciones estándares de las puntuaciones; excepto para el 1er. semestre 2011-2012, donde ocurrieron los errores de medición antes mencionados y por lo tanto observamos una puntuación mucho más baja.

273

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR Estratificadas por edad del estudiante Anteriormente habíamos observado, según reflejado en la Tabla 5, que la gran mayoría de los estudiantes pertenecientes al universo tenían entre 20 y 22 años. La Tabla 18, titulada Puntuaciones Promedio y Desviación Estándar de las Mismas, Estratificadas por Edad Promedio del Estudiante, muestra las puntuaciones de este grupo y todas las otras edades que tenían los estudiantes al momento en que se le administró la prueba. TABLA 18 Puntuaciones media, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas estratificadas por edad del estudiante

Rango de edad

Media

Mediana

Varianza

< 20 años 20-24 años 25-29 años 30-39 años 40-49 años 50 años o más

15.88 15.62 15.00 15.08 18.00 16.33

17 16 15 17 18 18

6.13 7.21 7.64 11.41 NA 8.33

ETHOS GUBERNAMENTAL

Desviación estándar 2.47 2.68 2.76 3.38 NA 2.89

274


Baella CorreaArzola Jiménez No se observan diferencias significativas en las puntuaciones de los estudiantes para las primeras cuatro categorías en la Tabla 18; en términos generales, los estudiantes de 40 años y mayores obtuvieron mejores puntuaciones que los más jóvenes. La puntuación promedio para el subconjunto de estudiantes con edades de 20 a 24, que corresponde al 94.88% de los estudiantes avaluados, es de 15.62, lo que equivale porcentualmente a un 86.8% de un potencial de 100%, una “B” alta.

Estratificados por procedencia de escuela superior (pública vs. privada) Mucho se ha hablado sobre las diferencias en términos de calidad entre los sistemas de enseñanza K-12 público versus privado. La Tabla 19, titulada Puntuaciones Promedio y Desviación Estándar de las Mismas, Estratificadas por Tipo de Escuela Superior de Procedencia, muestra que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones promedio obtenidas por los estudiantes procedentes de escuelas privadas versus públicas. Igual ocurre en lo referente a la comparación en las desviaciones estándar asociadas a dichas puntuaciones.

275

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR TABLA 19 Puntuaciones media y mediana, y varianza y desviación estándar de las mismas estratificadas por tipo de escuela superior de procedencia Tipo de escuela superior No definido Privada Publica

Media

Mediana Varianza

Desviación Estándar

15.29 15.61 15.69

16 16 17

3.05 2.64 2.73

9.30 6.98 7.46

De los datos de la Tabla 19, observamos que no existe diferencia significativa en las puntuaciones medias obtenidas entre estudiantes procedentes de escuelas superiores privadas (15.61 o 86.7% de un posible total de 100%) y los estudiantes procedentes de escuelas superiores públicas (15.69 o 87.2% de un posible total de 100%). Tampoco se observan diferencias significativas en lo referente a desviaciones estándares entre las puntuaciones de los dos grupos. La Tabla 20, titulada, Distribución de puntuaciones absolutas y por ciento del total estratificadas por tipo de escuela superior de procedencia, muestra el número de estudiantes y el por ciento por cada una de las tres clasificaciones (escuela superior privada, escuela superior pública, dato no disponible) estratificados por puntuación obtenida en la prueba de destrezas en la toma de decisiones éticas.

ETHOS GUBERNAMENTAL

276


Baella CorreaArzola Jiménez TABLA 20 Distribución de puntuaciones absolutas y por por ciento del total estratificadas por tipo de escuela superior de

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

1 3 6 7 12 12 29 24 29 53 65 75 153 469

0% 1% 1% 1% 3% 3% 6% 5% 6% 11% 14% 16% 33% 100%

3 2 2 0 8 3 6 9 22 21 26 33 73 208

0 1 2 0 1 1 3 4 2 4 6 6 15 45

Puntuación relativa (%)

no 1% 1% 1% 0% 4% 1% 3% 4% 11% 10% 13% 16% 35% 100%

Dato disponible

Puntuación relativa (%)

de Número estudiantes pública

Puntuación relativa (%)

de Número estudiantes privada

Puntuación obtenida

procedencia

0% 2% 4% 0% 2% 2% 7% 9% 4% 9% 13% 13% 33% 100%

Una revisión de los datos de la Tabla 20 revela que no existe, en términos porcentuales por nota obtenida, diferencia entre los estudiantes procedentes de escuela privada o pública.

277

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR Estratificados por IGS de entrada a la FAE Los datos de la Tabla 21, titulada Puntuaciones media y mediana, y varianza y desviación estándar de las mismas estratificadas por IGS de entrada a la FAE, muestran que, exceptuando el rango de IGS más bajo (que sorprendentemente obtuvo la puntuación máxima en el trabajo de destrezas de toma de decisiones éticas), se observa una correlación monótona entre aumento en IGS y mayor puntuación en la prueba. Es decir, el IGS de entrada a la FAE parece ser un buen predictor del desempeño futuro de los estudiantes de nuestra facultad, al menos en lo referente al universo de este estudio. TABLA 21 Puntuaciones media y mediana, y varianza y desviación estándar de las mismas estratificadas por IGS de entrada a la FAE IGS de entrada a la FAE 190 200 210 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

Media 18.00 14.00 14.00 14.33 13.40 15.50 14.86 14.56 14.88 15.24 15.51 15.84 16.21 15.89 16.31 16.31 16.00 17.44

Mediana 18 14 14 16 14 17 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 16.5 18

Varianza NA 0 NA 14.33 8.80 13.14 5.36 9.18 9.08 7.72 8.78 7.26 4.54 6.79 4.03 3.25 5.45 1.03

ETHOS GUBERNAMENTAL

Desviación Estándar NA 0 NA 3.79 2.97 3.63 2.32 3.03 3.01 2.78 2.96 2.69 2.13 2.61 2.01 1.80 2.34 1.01

278


Baella CorreaArzola Jiménez Estratificados por año de estudios Con el objetivo de estudiar si existía algún tipo de correlación entre el año de estudios en que se encontraba el estudiante y la puntuación obtenida, computamos las puntuaciones promedio estratificadas por el año de estudios en que se encontraban clasificados dichos estudiantes. Nuestra expectativa era que las calificaciones promedio fuesen incrementando a la par con el progreso académico de los estudiantes encuestados, como resultado de la acumulación de conocimientos, experiencia con estudios universitarios y desarrollo de destrezas de comunicación escrita. La Tabla 22, titulada Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por clasificación año de estudios, muestra dichos resultados. TABLA 22 Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas estratificadas por clasificación año de estudios Año de estudios

Media

Mediana Varianza

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año Post-Bachillerato Permiso Especial Transitorio

15.00 14.75 15.80 15.55 16.00 13.00 18.00

15.00 14.50 17.00 16.00 17.00 13.00 18.00

8.00 10.25 7.01 7.35 7.00 NA NA

Desviación estándar 2.83 3.20 2.65 2.71 2.65 NA NA

De los datos de la Tabla 22 no se observa patrón alguno entre año de estudio en que está clasificado el estudiante y puntuación obtenida en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas. 279

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR

Estratificados por concentración académica a la que pertenece el estudiante. La Tabla 23, titulada Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por concentración académica a la que pertenece el estudiante, muestra las puntuaciones totales promedio para las distintas concentraciones a las que pertenecen los estudiantes del universo estudiado. TABLA 23 Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por concentración académica a la que pertenece el estudiante

Facultad

Concentración

Media

Mediana

Varianza

Desviación estándar

FAE

AOFI – Administración de sistemas de oficina

11.00

11

8.00

2.83

15.60

16

7.38

2.72

15.00

15

0.00

0.00

15.00

16

13.00

3.61

16.58

18

4.33

2.08

16.47

18

5.37

2.32

15.61

17

7.88

2.81

FAE

FAE FAE

CONT Contabilidad

ECNM – Economía de administración de empresas ESTA Estadísticas

FAE FINA – Finanzas FAE

FAE

GEOP – Gerencia de operaciones y producción MERC Mercadeo

ETHOS GUBERNAMENTAL

280


Baella CorreaArzola Jiménez FAE

OFIC – Sistemas de oficina

FAE

PGAE – Programa general de administración de empresas PRAE – Permiso especial en administración de empresas REHU – Recursos humanos SICI – Sistemas computadorizados de información

FAE

FAE

FAE

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

16

6.80

2.61

15.36

16

7.20

2.68

15.00

15

8.00

2.83

15.63

16

5.93

2.43

15.05

16

7.76

2.79

13.00

13

50.00

7.07

13.00

13

NA

NA

18.00

18

NA

NA

14.00

14

32.00

5.66

18.00

18

NA

NA

15.00

15

NA

NA

15.00

15

18.00

4.24

15.00

15

NA

NA

14.00

14

0.00

0.00

12.50

12.5

8.33

2.89

ARTI – Arte BASI – Estudios generales básicos BIOL – Biología CIPO – Ciencias políticas CISC – Ciencias sociales general COMS – Ciencias computadorizadas COSE – Educación comercial secretarial DES7 – Programa de destrezas en humanidades

Otra

ECOF – Ecología familiar

Otra

ECOM Educación comercial

281

15.60

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

Otra

ECON Economía

-

EDGE Educación general EDIN Educación vocacional industrial

17

7.33

2.71

11.50

11.5

24.50

4.95

12.50

12.5

12.50

3.54

12.00

12

NA

NA

15.00

15

NA

NA

16.00

16

8

2.83

16.00

16

NA

NA

15.00

15

NA

NA

10.00

10

NA

NA

16.00

16

0

0

14.00

14

NA

NA

HART – Historia del arte LENG – Lenguas modernas MATE Matemáticas

16.00

-

MUSI - Música PGCN – Programa general en ciencias naturales PREC – Programa general en ecología

Otra

PSIC - Psicología

Otra

REPU Relaciones públicas

Primeramente debemos notar que el número de estudiantes que no pertenecen a concentraciones académicas adscritas a la FAE son solamente 42, por lo que sus estadísticas son poco representativas de los estudiantes de sus concentraciones, y no son comparables a los datos de los estudiantes de las distintas concentraciones de la FAE.

ETHOS GUBERNAMENTAL

282


Baella CorreaArzola Jiménez La puntuación promedio mayor la obtuvieron los estudiantes pertenecientes a la concentración de FINA con 16.58 puntos de 18 (un 92.11%) seguidos muy de cerca por los estudiantes de la concentración de GEOP con una puntuación promedio de 16.47 puntos de 18 (un 91.52%). No aparenta existir patrón alguno de diferencias en las puntuaciones entre concentraciones que tienden a tener un componente cuantitativo mayor (FINA, CONT, GEOP, ESTA, SICI) y las restantes concentraciones, que en menor o mayor medida, son consideradas como que tienen un componente cuantitativo menor.

Puntuaciones promedio en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas, estratificadas por año de clasificación del estudiante La Tabla 24, titulada Puntuaciones promedio en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas, estratificadas por año de clasificación del estudiante, muestra la puntuación obtenida en el trabajo de avalúo de destrezas éticas, estratificado por año de clasificación del estudiante.

283

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR TABLA 24 Puntuaciones promedio en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas, estratificadas por año de clasificación del estudiante Puntuación en tarea de 1er año ética

2do año

3er año

4to año

Otros

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4

0 0 4 1 7 5 8 10 13 17 17 29 73 184

4 6 6 6 14 11 28 24 40 61 80 82 165 527

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

De los datos de la Tabla 24 se observa que el grueso de los estudiantes (527/722 equivalente al 73% del total) estaban clasificados como de 4to año, aunque se supone que el curso FINA 3107 se dicte en el primer semestre del 3er año.ix

ETHOS GUBERNAMENTAL

284


Baella CorreaArzola Jiménez Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por nota obtenida en el curso La Tabla 25, titulada Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por nota obtenida en el curso, muestra el número de estudiantes y su porciento por nota obtenida en el curso; además muestra las puntuaciones promedio y desviación estándar de la nota obtenida en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas, estratificadas por nota obtenida en el curso. TABLA 25 Puntuaciones promedio y desviación estándar de las mismas, estratificadas por nota obtenida en el curso Puntuación por Calificación en el curso de FINA A B C D F F* IB IC ID IF W TOTALES

285

Media en la Por ciento nota Número de del total de del estudiantes estudiantes trabajo 249 34.49 16.74 276 38.23 15.46 141 19.53 14.64 33 4.57 13.52 11 1.52 13.09 1 0.14 12.00 1 0.14 17.00 1 0.14 18.00 2 0.28 15.50 4 0.55 15.00 3 0.42 15.00 722 100

2013-2014

Desviación Estándar de la nota del trabajo 1.78 2.62 3.00 3.89 2.39 NA NA NA 0.71 3.46 2.65


Estudiantes de la FAE UPR Como es de esperar, los datos demuestran una relación positiva y definitiva entre la calificación obtenida en el curso, y la puntuación que obtuvo el estudiante en la prueba de avalúo de destrezas éticas. Es decir, los mejores estudiantes obtienen las calificaciones más altas, tanto en la clase como en el trabajo de ética, mostrando una tendencia monótona en reducción de puntuaciones promedio según va bajando la calificación obtenida en el curso.

Puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas, estratificadas por tipo de insumo utilizado para la prueba de destrezas en la toma de decisiones éticas La Tabla 26, titulada Puntuaciones promedio estratificadas por tipo de insumo utilizado para la prueba de destrezas en la toma de decisiones éticas, muestra las puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de la puntuación obtenida en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas, estratificadas por tipo de insumo. TABLA 26 Puntuaciones promedio estratificadas por tipo de insumo utilizado para la prueba de destrezas en la toma de decisiones éticas

Capítulo del libro

Puntuación media 15.41

Documental

15.69

Tipo de insumo

ETHOS GUBERNAMENTAL

286


Baella CorreaArzola Jiménez Los datos de la Tabla 26 muestran que no existe diferencia sustancial en las puntuaciones promedio de los estudiantes que utilizaron el capítulo del libro y aquellos que utilizaron el documental como insumo para el trabajo de avalúo en la toma de decisiones éticas. Puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas, estratificadas por tipo de insumo. La Tabla 27, titulada Puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas, estratificadas por fecha en que el estudiante tomó el curso de ética ADMI 4416, muestra las puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de la nota obtenida en el trabajo de avalúo de toma de decisiones éticas, estratificadas por fecha en que tomó el curso de ética ADMI 4416.

TABLA 27 Puntuaciones promedio, mediana, varianza y desviación estándar de las mismas, estratificadas por fecha en que el estudiante tomó el curso de ética ADMI 4416 Fecha en que tomó curso ADMI 4416 Antes Concurrente Después

Media

Mediana

Varianza

Desviación estándar

15.28 15.82 15.24

16 16 16

7.64 6.49 8.90

2.76 2.55 2.98

Los resultados de la Tabla 27 muestran que prácticamente es irrelevante, en términos de las puntuaciones medias obtenidas, si el 287

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR estudiante había tomado el curso de ética ADMI 4416 previamente, concurrentemente o posteriormente al momento del avalúo de sus destrezas en la toma de decisiones éticas.

Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones La enseñanza de preceptos éticos a los jóvenes compete principalmente a su entorno familiar y social.

Sin embargo,

cuando éstos ingresan al ambiente universitario, es labor de los educadores la formación de destrezas éticas para la toma de decisiones en su futura vida profesional. La importancia de conocer la fuente y evitar los conflictos de interés es vital para el sostenimiento gerencial y financiero de las empresas que algún día estos jóvenes tendrán a su cargo. En este escrito hemos concentrado la gestión de avalúo del conocimiento y/o destrezas éticas que han acumulado los estudiantes del curso FINA 3107 (Mercados e Instituciones Financieras). Procedemos ahora a unificar los resultados obtenidos y reseñados en la sección de “Resultados”. Luego presentaremos recomendaciones centradas en la enseñanza y el proceso de avalúo de destrezas éticas entre los estudiantes de la FAE, dentro de un contexto de toma de decisiones en un ambiente financiero. La inmensa mayoría de los estudiantes (98.49%) que forman parte del universo bajo estudio pertenecían a la FAE. Esto nos hace presumir que al momento de contestar las preguntas éticas durante los ejercicios suministrados, contaban con cierta base sólida de principios de negocios y de las áreas funcionales de los mismos.

ETHOS GUBERNAMENTAL

288


Baella CorreaArzola Jiménez Es notable que en términos de los resultados esperados de las preguntas éticas medidos a base de la puntuación otorgada a las mismas, la comprensión de la situación, y de la solución más correcta fue alta, toda vez que la media estuvo en la vecindad de 15 puntos (de un posible total de 18). Esto fue así tanto para las féminas como para los varones. En términos de nota proporcional a la población total, las féminas obtuvieron mejores resultados. Podemos colegir que las jóvenes estudiantes mostraron mejor comprensión de los problemas éticos durante su análisis del ejercicio. Cuando se analizó para ese mismo grupo la calificación final obtenida en el curso FINA 3107, se observó que una proporción significativamente menor de los estudiantes obtuvo A en el curso, cuando lo comparamos al por ciento que obtuvo la puntuación equivalente a “A” para la asignación de preguntas éticas, Suponemos

que

los

estudiantes,

aun

cuando

confronten

dificultades con el material más técnico del curso de Finanzas, pueden, con la colaboración y la mentoria de sus profesores, comprender y manejar situaciones éticas y presentar soluciones adecuadas. Cabe señalar que en términos generales, el grupo que obtuvo las mejores notas en el curso FINA 3107 también lo obtuvo en la asignación de las preguntas éticas. El análisis por edad arrojó un resultado interesante. estudiantes

de

mayor

edad

(40

en

adelante),

Los que

proporcionalmente representaban el grupo menor en el universo estudiado, produjo las mejores puntuaciones. Aparentemente la experiencia de vida unida a la preparación académica formal que han ido obteniendo en la FAE los preparó mejor para comprender 289

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR los dilemas éticos del ejercicio y solucionarlos de la manera esperada. Cabe señalar entonces la función crucial de formación que corresponde a los profesores universitarios en esta etapa de antesala a la vida profesional de los estudiantes más jóvenes. Contrario al estereotipo de que la educación de escuela privada es más sólida que la de escuela pública, nuestros resultados no arrojaron diferencia sustancial entre las puntuaciones de estas dos poblaciones dentro del universo estudiado. La mentoria adecuada del profesor al guiar el estudio de los conflictos éticos y su manejo dentro de la función del gerente puede servir de ecualizador de los diversos trasfondos que traen los estudiantes de sus respectivos entornos. En términos generales, del estudio se desprende que a mayor índice de ingreso (IGS) a la FAE, mayor fue la puntuación obtenida en la asignación de preguntas éticas. Parece ser éste un buen predictor, no sólo de la capacidad de manejar las materias académicas, pero también de la capacidad de entender asuntos que impliquen la toma de decisiones a base de criterios de índole moral y social. También puede predecir capacidad de resolver problemas de la vida real integrando conocimientos técnicos y juicio crítico. Un dato interesante y que es importante tomar en cuenta para el análisis curricular de los estudiantes de la FAE, es que no hubo diferencia significativa en los resultados (puntuación) obtenidos por los estudiantes, hubieran tomado el curso de Ética (ADMI 4416) antes, después o concurrentemente. Puede esto indicar que ha habido una inserción exitosa del tema de ética en el resto de los cursos que sirvieron de prerrequisito al curso FINA 3107. Puede también haber sido el resultado de una mentoría adecuada por parte ETHOS GUBERNAMENTAL

290


Baella CorreaArzola Jiménez de los profesores a cargo del curso y de la asignación de las preguntas éticas Vemos, entonces, la importancia del profesor mentor en la adecuada integración de los aspectos éticos dentro de la disciplina técnica, en este caso, del tema de mercados e instituciones financieras. Parece ser que una inserción de los conceptos éticos desde el comienzo de la vida universitaria y la aplicación a aspectos y problemáticas de la vida real en cursos más avanzados en el currículo pueden influenciar los trasfondos particulares de los estudiantes en términos de su índice de ingreso, su escuela de procedencia y su género. Se observa también que típicamente los estudiantes

más

maduros

en

sus

estudios

y

de

mejor

aprovechamiento sacarán más provecho del análisis crítico de los conflictos éticos a los que se enfrenten. Debemos señalar varias limitaciones en este estudio. Pudiera no existir homogeneidad en la enseñanza de las destrezas éticas en el curso y la evaluación de las respuestas a la prueba entre los profesores que dictaron el curso FINA 3107 durante los semestres considerados. Además, es prácticamente imposible discriminar entre aquellos estudiantes que están contestando el avalúo de destrezas éticas proveyendo la respuesta que entienden espera el profesor,

aunque

en

realidad

su

verdadero

sentir

fuese

desempeñarse de forma menos ética. Al llevarse a cabo por varios semestres consecutivos, los estudiantes pueden compartir las respuestas, lo que afecta la sinceridad en las mismas. Entre las recomendaciones, sugerimos estandarizar parte de la prueba de avalúo de destrezas éticas, por medio de preguntas de selección múltiple, pues éstas eliminan cualquier subjetividad 291

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR potencial por parte del profesor al momento de otorgar calificaciones.

Reconocemos que puede resultar algo difícil el

evaluar destrezas éticas utilizando pruebas objetivas en lugar de subjetivas, mas sin embargo, compensa en parte las diferencias en criterios de evaluación entre los profesores que evalúan las pruebas. Se sugiere también llevar a cabo análisis de regresión con el objetivo de encontrar los factores que más inciden en el resultado de la prueba de avalúo de destrezas éticas, los signos y magnitud de sus coeficientes. Los estudiantes de la Facultad de Empresas, particularmente los que han elegido concentrar en el área de Finanzas, asumirán una importantísima función en la economía de Puerto Rico. El sano manejo de fondos privados y públicos, que permitan ubicarlos en los usos de mayor productividad, es una de las tareas que nos compete.

Esta actividad debe producirse en un marco de

transparencia y respeto a los demás constituyentes. La universidad pública se debe comprometer a ser el vehículo para esta visión ética de la práctica empresarial. La frágil situación financiera del país exige el uso más prudente de los escasos fondos con los que cuentan los sectores de la economía. La transparencia en el uso y distribución de los mismos es más crucial que nunca antes. Se precisa de los dirigentes financieros del país una actuación que propenda al bien común, evitando el conflicto de interés, en aras de la mayor productividad de la Isla, para todos, y no para unos pocos. Los profesores tenemos el reto de educar para lograr este imperioso objetivo.

ETHOS GUBERNAMENTAL

292


Baella CorreaArzola Jiménez Nota i

www.netl.doegov/KMD/cds/Disk28/LAY.PDF

ii

www.biography.com/people/jeffrey-skilling-235386

iii

www.biography.com/peple/andrew-fastow-234605

iv

www.biography.com/people/dennis-kozlowski-234610

v

inversionario.com/2011/04/la-biografia-de-richard-dick-fuld-el-

ceo-de-lehman-brothers/. vi

“social reporting” persigue que las empresas, de forma periódica

y clara, informen el impacto social que tienen sus operaciones. “social

impact

management”

se

concentra

en

la

interdependencia entre los objetivos operacionales y financieros de las empresas con las necesidades de la sociedad en la que operan dichas empresas. “triple bottom line” se concentra en tres pilares para medir el éxito de una organización: personas, planeta y utilidad financiera neta. vii

Algunos ejemplos de programas son el “Cadbury Code” y el

“King Report” y legislaciones relevantes como el “U.S. Sentencing Guidelines” y el “Sarbanes-Oxley Act”. viii viii ix

(http://video.cnbc.com/gallery/?video=1145392808).

En el caso de los estudiantes de otras concentraciones excepto la

de Finanzas, donde se supone los estudiantes lo tomen en el segundo semestre del 2do año.

293

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR

REFERENCIAS

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294


Baella CorreaArzola Jiménez

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295

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR

DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS AUTORES

Javier Baella Silva Javier Baella Silva ha sido Catedrático Asociado del Departamento de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, por los últimos 21 años. Fue parte del equipo de trabajo que trajo a la Facultad de Administración de Empresas de la UPR-Río Piedras lo que hoy en día se conoce el Certificado en Empresarismo, un programa de cinco cursos (15 créditos), que está disponible a todos los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR. Al presente ocupa el puesto de Director del Departamento de Finanzas de dicha institución educativa. Ha escrito artículos sobre diversos temas relacionados al desarrollo de empresas e incubadoras de negocios, préstamos comerciales y la evolución de la industria de la banca en Puerto Rico, utilización de contenedores de carga para construcción de vivienda sustentable de bajo costo y el aspecto económico de la prestación de servicios de salud.

María Teresa Arzola Flores

María Teresa Arzola Flores ha sido instructora en el Departamento de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, por los últimos 25 años. Ha sido parte del equipo de Avalúo de la Facultad de Administración de Empresas desde sus comienzos en 2005. Como parte de este comité, ayudó a organizar el avalúo de destrezas éticas a lo largo del currículo y en particular, ha sido responsable de diseñar el avalúo de la solución ETHOS GUBERNAMENTAL

296


Baella CorreaArzola Jiménez

de conflictos de interés y toma de decisiones éticas en el curso FINA 3107, Mercados e instituciones financieras, y de la utilización de destrezas matemáticas en la toma de decisiones de negocios en el curso FINA 3106, Gerencia financiera.

Se ha

encargado además de diseñar, organizar y coordinar los laboratorios del curso FINA 3106, cuyo propósito es fortalecer las destrezas matemáticas necesarias para resolver eficientemente los problemas numéricos de finanzas en los estudiantes matriculados en el curso.

María Teresa Jiménez Pla

María Teresa Jiménez Pla se ha desempeñado como docente de la Universidad de Puerto Rico desde hace más de 30 años y ostenta el rango de catedrática. Comenzó enseñando en la Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez enseñando cursos de programación a estudiantes de ingeniería y estudiantes del programa de ingeniería de computadoras. Luego de 6 años, se trasladó al Instituto de Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras donde ha enseñado los cursos de la concentración en Sistemas de Información. En su labor docente, ha investigado sobre los sistemas fundamentados en bases de datos, comercio electrónico y, en los últimos años, sistemas para inteligencia de negocios (Business Intelligence).

Por 8 años se

desempeñó como Directora de la Oficina de Planificación Académica, entidad a cargo de producir las estadísticas oficiales del Recinto y llevar a cabo estudios de investigación institucional. 297

2013-2014


Estudiantes de la FAE UPR

La profesora Jiménez ha sido instrumental en el desarrollo de varios sistemas computarizados de información para el Recinto de Río Piedras y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Carmen Correa Matos

Carmen Correa Matos es Catedrática Asociada para el Departamento de Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de PR, Recinto de Río Piedras. Ostenta un bachillerato y una maestría en Finanzas, un grado en derecho (con especialidad en corporaciones) y una maestría en derecho internacional, todos con altos honores. Su carrera docente comenzó hace 24 años. Durante la misma ha ostentado diversos puestos administrativos, desde directora de departamento, decana asociada, ayudante de rector.

Dirigió el Fideicomiso para la

Escuela de Derecho y su programa de educación continua. Su trabajo de investigación en años recientes ha girado en torno al desarrollo económico comunitario, las finanzas solidarias y el cooperativismo.

Ha sido asesora de pequeñas empresas en el

centro urbano de Río Piedras, asesora de cooperativas bajo la Ley 239 y oficial examinador en casos con agencias gubernamentales. Fuera de la Universidad, ostentó posiciones gerenciales en varios bancos del país.

ETHOS GUBERNAMENTAL

298


Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories of the Corporation and the Business Judgment Rule: Revisited a decade after

Yvonne L. Huertas

Introduction On December 2, 2001, Enron, ranked as the 7th largest corporation in the USA, filed for Chapter 11 bankruptcy. Enron sought to salvage its business by spinning off various assets, and reorganize so as to remain protected from its creditors.

It is

important to bear in mind that Enron was a 6-time winner of Fortune’s Magazine Award for the most innovative company in America. This happened in just 15 years: enough time to recruit 21,000 human resources in more than 40 countries around the world. Its growth dazzled investors, employees, pension-holders and politicians with the mesmerizing promise of double-digit profits. Hindsight wisdom now tells us Enron was ―fools gold‖: the firm's success was based on an elaborate scam involving lies about profits, shady dealings, concealment of debts, creative accounting, and cooking the books. Who were some of the leading players of Enron’s financial drama, and where are they today?

Kenneth Lay, founder and

chairman of Enron, convicted on 10 criminal counts, died July 5th, 2006. His death took place only a few months after his trial. Jeffrey Skilling, the former CEO, ―genius author‖, and master mind of Enron’s business’ model, is in prison in Englewood, Colorado, USA, serving a 24-year sentence for conspiracy, fraud, and insider trading. Andy Fastow, the former CFO, pleaded guilty

ETHOS GUBERNAMENTAL

301


Yvonne L. Huertas to two conspiracy counts and agreed to a 10-year sentence in exchange for his testimony. He served only five years. Sherron Watkins, was the vice president at Enron’s who sent an anonymous memo to Chairman Kenneth Lay, raising ―suspicions of accounting improprieties.‖ How ironic and sad that Ms. Watkins is pointed at today as a whistleblower, hailed by some as a heroine, and disdained by others in the business world. Today, as a circuit speaker, she advises: ―If your values are being challenged, get out, because you cannot change an unethical corporation unless you are at the very top. Pay attention to rationalizations.‖ The famous rationalization at Enron was, ―What do we have accounting rules in

this

country

for,

if

you

do

not

use

them.‖

(http://ethix.org/2007/06/01/did-we-learn-the-lessons-from-enron, retrieved August 2013) On the day that Enron declared bankruptcy, its shares closed for the day under a dollar. Previously that same year, the shares’ price had reached an all-time peak of $88.13 just 11 months earlier. The world’s economic community erupted in outrage demanding to know why Enron's failings were not spotted earlier. How could this have happened? An article that ran in the New York Times sheds some light on the phenomenal rise and fall of Enron: November 30, 2001 Bankrupt Analysis By ADAM LASHINSKY "SAN FRANCISCO -- In early 2000, Enron, the natural gas pipeline company turned online phenomenon, held a daylong conference in Houston for Wall Street analysts and investors. The

302

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories audience, packed with financial experts on the natural gas and power industries, was wowed by all the talk of Enron's online capabilities, electronically

especially

its

matching

rapidly

buyers

and

growing sellers

business of

of

numerous

commodities like electricity and even network bandwidth. The analysts were particularly receptive when Jeffrey Skilling, then Enron's president, suggested that the company's money-losing broadband network business alone was worth $29 billions, or an extra $37 a share. He even had a nifty PowerPoint slide to explain his company's proper stock price. Unsurprisingly, Enron's shares skyrocketed by more than 50 percent in the first half of that year. Enron, it seems, had become an Internet company, and decidedly old-economy energy-industry analysts were loath to be left behind. Many openly acknowledged their lack of understanding of Enron's new lines of business - but hey, the company told such a good story. Why quibble over a few murky details? (Lashinsky, 2001, http://www.nytimes.com/2001/11/30/opinion/30LASH. html?todaysheadlines=&pagewanted=print, retrieved November, 2013) A US Senate special investigative committee that scrutinized the transactions authorized by Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Board of Directors (BOD), concluded that the BOD failed its oversight duties (Gillan, 2002: 1): Specifically, the board approved the formation of off-balance sheet partnerships run by Enron employees,

failed

to

effectively

monitor

transactions with these partnerships, and failed to 2013-2014

303


Yvonne L. Huertas react to warning signs about those transactions as they came to light. …ultimately it was Enron’s board that allowed, and even encouraged, Enron’s executives to engage in the innovative business activities and aggressive reporting practices that drove the firm’s rapid ascent to prominence, and ultimately led to the firm’s collapse. It is evident that Enron’s behavior provoked highly adverse, multifaceted consequences throughout the financial world and society at large. theoretical

and

Even after a decade, these merit further policy

research,

and

serious

reflection.

Accordingly, this paper explores the following thematic questions. Is there a nexus between the indeterminacy of the various theories of corporate law and incoherent legal doctrines? If there is, did it contribute to Enron’s untimely demise? Can the constant flux in corporate theory rationalize the lack of accountability of directors and managers in corporate governance? The law requires a corporation to have a board of directors to protect the interest of the corporation and shareholders. For this reason, corporations are organized with ultimate authority vested in a board of directors, as reflected in corporate statutes and numerous corporate charters and bylaws (Ide, 2003: 835). Recognizing

the magnitude of this

responsibility toward

constituents, judges have developed a rule known as the ―business judgment rule‖ (BJR), to protect the members of the board and officers. This rule safeguards honest corporate directors and officers from the risks and responsibilities that may arise in ―after the fact evaluations‖ of their failed decisions by stakeholders. 304

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories The BJR has the intent of promoting optimal corporate performance through a laissez-faire governance policy that thwarts obstructing the flexibility and creativity that is so essential to sustain the short and long-term competitiveness of corporations. Is it possible to make sense of the BJR based on those corporate theories that propose power to the board and hands-off by the state? This paper will attempt to rationalize the existence of the BJR as emanating from the application of legal theories of the corporation.

Some commentators argue that the BJR has

contributed to and facilitated the concealment of fraud and corruption within the walls of the corporate entity. It appears that these policies allow exceedingly elastic interpretations of the fiduciary duty of loyalty and diligence of members of the board and officers.

They contend that the BJR gives such liberal

discretion to board members and officers that they end up endorsing actions which permit the corporation to operate dangerously, in the gray area that separates legitimacy from outright fraud. What is the end result? Enron, as well as other known corporate scandals. That is, deceit at its most corrupt and sophisticated version. Could this deceit be conceived as the byproduct of an indeterminate conception of the corporation? Several theories of corporate law will be analyzed to see whether they support the business judgment rule and a flexible interpretation of the duties of BOD members and officers. These theories are: the fiction/concession, the natural or real entity, the aggregate, managerialist, and, finally, the nexus-of-contracts theory. The paper will conclude with some defenses on why the 2013-2014

305


Yvonne L. Huertas business judgment rule must survive in order to prompt and sustain efficient use of resources within the corporate structure. It will be argued that the enactment of a flexible BJR is coherent with several of the legal theories of the corporation that have survived the 21st century.

Origins of the Corporation: Reflections on Capitalism and the Industrial Revolution Most large businesses prefer the corporate form of organization for several reasons. Stockholders have limited liability equal to the amount invested: creditors cannot seek recovery of their losses from the personal assets of stockholders. Corporations have the capacity to raise large amounts of capital by selling shares of stock or issuing debt in the form of bonds. The constant trading of stock, that is, the frequent change of ownership, in no way interferes with the actual operations of the corporation. Managers act as agents of the corporation and are given the direct responsibility of chartering the destiny of the organization. The corporate form greatly enhances social powers of capital accumulation through the reduction of risk to individual investors and the resulting extension of time for applying accumulated capital in long-term projects (Orts, 1993: 1596). â&#x20AC;&#x2022;The corporation is â&#x20AC;Ś a legal device which simplifies and stabilizes the complicated web of contractual relationships that an association of shareholders has to have with a multitude of outside parties.â&#x20AC;&#x2013; (Iwai, 1999: 590) Although the prevalent notion is that corporations as a form of organization originated in the Industrial revolution as the ultimate manifestation of capitalism, history proves otherwise, as discussed

306

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories by Iwai.

He asserts that capitalism and corporations, as an

expression of the need for expansive amounts of capital as well as the need to diversify the associated risks, have developed as various forms of business partnership since time immemorial, as far back as the 19th century BC. In his account of the history of corporations, Iwai give details as to how during the Middle Ages of Western Europe they were used mostly to protect the longestablished interests of guilds, municipalities, monasteries and universities. He closes his discourse remarking that, ―… it was the unchartered joint-stock companies of late 17th century England that finally assembled all the attributes of the modern business corporation

in

one

form:

legal

personality,

freedom

of

incorporation, free transferability of shareholder’s interests, and centralization of management.‖ (Iwai, 1999: 9). It is with the advent of the Industrial Revolution during the mid19th century, that mass production by large corporations became a reality.

It evidenced the dramatic rise of capitalism as the

prevalent economic form of government of democratic countries. A factory economy developed during this period, as entrepreneurs launched the first manufacturing corporations. ―Successful mass production required long-term policy commitments and substantial investment: professional, salaried managers were designated to make these formulations and to direct production. Actors on the capital markets withdrew from active participation in corporate management because they saw themselves as lacking in necessary expertise.‖ (Bratton,1997-1998: 1482). Corporations became the common legal form for doing business because increases in productivity depended on increasingly specialized use of resources. 2013-2014

307


Yvonne L. Huertas The administrative coordination ascribed to corporations promoted greater productivity by lowering costs. It is Brattonâ&#x20AC;&#x2122;s contention that the legal foundation of corporations, strong central direction of assets, barred stockholders from a direct managerial voice, free transferability and unlimited life, was laid during this period.

Theories of the Corporation A theory of the corporation might be defined as an attempt to abstractly define the firmâ&#x20AC;&#x2122;s nature or essence (Phillips, 2004-2005: 1062). At any point in time, particular theories of the corporation are perceived to justify particular rules or, at a more general level, a particular approach to regulation of business activity (Millon, 1990: 204). Paraphrasing Millon, ideas of the public concerning what corporations are, will set the conceptual framework for establishing corporate doctrine, and our interpretation of this corporate doctrine will reveal our conception of the corporation. In essence, these theories attempt to establish the fundamental rationale of the existence of the corporation and, although not presented as arguments in the forefront, provide substantive support to the development of corporate law, adjudication of decisions by judges, as well as legal justifications for the defense of a client where necessary. Several theories will be described, although emphasis will be placed on those that, according to Phillips, Millon, and Coates, dominated the American scenario. Scholars have put forth three general theories of the corporation: the theory of the corporation as an artificial entity, the theory of the corporation as an aggregate, and the theory of the corporation as a natural entity, (Coates IV, 2003: 810). Coates IV

308

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories (2003: 808)) argues that these corporate theories generally address the issues of corporate governance, corporate behavior, corporate purpose, and, rarely, the most abstract issue of what is a corporation.

The current debates point to a concept of the

corporation in constant change and the ever-present existence of a conflict over the legal and social meaning itself, a controversy that extends to the legitimacy of corporate law.

What are the

implications of these statements? They are quite many, indeed. According to Iwai (1999: 586), the legal theories are unable to determine the internal nature of a corporation.

They simply

provide an array of legally possible corporate structures that go from being purely nominal to purely realistic. What will determine societyâ&#x20AC;&#x2122;s choice of a theory to support corporate laws? Iwai (1999: 586) argues that political interests, social ideology, cultural tradition, and economic or efficiency considerations determine such choice. Is this declared state of indeterminacy of what a corporation is the reason why corporate laws are ineffective in detecting early and discouraging corporate scandals such as Enron? Perhaps the true issues are not contained in the aforesaid question. Instead, the question that should be posed is, if these are tasks suited to effective legal action. What kinds of social tasks can properly be assigned to courts and other adjudicative agencies? (Fuller, 1978: 354).

The Fiction or Artificial Entity Theory The artificial entity theory also known as the fiction theory or concession/fiction theory recognizes the corporation as an artificial entity. It views the corporation as having an existence, a legal 2013-2014

309


Yvonne L. Huertas personality separate from its shareholders.

It acts through its

agents, has the capacity to sue and be sued, to buy, sell, inherit, and own property, and to exist in time beyond the lives of any of those individuals (Coates IV, 2003: 810). The artificial entity theory defines the corporation as a creation of the state. Chief Justice Marshall in the most famous corporate law case of the early 19th century expresses this view: ―A Corporation is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in the contemplation of law.‖ Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 US (4 Wheat.) 518, 636 (1819). According to Coates (2003: 810), the American version of the artificial entity theory is based on the idea that the corporate organization, structure, and shareholder-manager relations should be governed by the law of the place of incorporation. He states, ―Corporations exist because states charter them, and continue to exist because states do not revoke their charters.‖ (Coates, 2003). It is central to this theory that the state has the exclusive power to create, alter or destroy the corporation. It is presumed that the state expects the corporation to abide by the law, within and without the realm of corporate doctrine. At the same time, it is also assumed the state acquires the right for increased oversight of the internal governance of a corporation, even the right to extend the corporate reason of existence beyond increasing stockholders wealth. This state power is assumed to be granted so as to enable the state to act on behalf of the general public. The focus of the artificial entity’s theory was on the corporation’s relationship with the state.

After the Dartmouth

College case (1819), many states began to insert into its

310

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories corporation laws a reserved power clause. In these cases the state legislature reserved the right to alter, amend, suspend or repeal in whole or in part the certificate of incorporation of any domestic corporation. State control was manifested by corporate charter limitations involving critical aspects of the life of the corporation. This power clause in itself provided ample support to the fiction/concession theory, which views the corporation as a statecreated entity.

Natural or Real Entity Theory The recognition and treatment of corporations as ―persons‖ and the idea that corporations can have both legal rights and duties separate and apart from the rights and duties of their owners, directors, managers and employees, has been recognized in US law since the early 1800’s (Wood and Scharffs, 2002). In 1896 the Supreme Court declared, ―[I]t is well settled that corporations are persons within the provisions of the Fourteenth Amendment of the Constitution of the United States.‖ Gulf, Cal. & S.F. Ry. v. Ellis, 165 US 150, 154 (1897). According to Woods and Scharffs (2002: 540), the issue of what rights were to be accorded to corporations had been almost entirely settled, not so the scope and content of the duties of corporations. This is still so. These remarks compel us to suspect that the penumbras in corporate theory may be a cause of incoherent and unreliable corporate laws, and court adjudications. This theory, that views the corporation as a natural entity, recognized the importance of individual initiative in the creation of a corporation. It was influential from the late 19th century until at 2013-2014

311


Yvonne L. Huertas least the 1920’s.

As states removed many of the restrictive

provisions governing corporations, the focal point became the relationship between management and the owners of the business. During the 1880’s, it was beginning to become clear that management, not shareholders, were the real decision-makers in large publicly owned enterprises (Philipps 2004-2005: 1067). ―The real entity theory distinguishes itself from the aggregate theory by maintaining that a corporation is a being with attributes not found among the humans who are its components.‖ This corporate being, moreover, is a real thing.‖ (Philipps, 2004-2005: 1068). In his perspective, the idea behind this theory is that when corporate statutes are created by the state, they do not create the corporation, but simply recognize their independent existence (Philipps, 2004-2005: 1069).

The Aggregate or Associational Theory This theory views the corporation from an economic or contractarian perspective.

It starts with the proposition that

corporations would not exist without individuals Coates IV (2003: 815). The tenets that serve as the framework of this theory, rationalize the existence of the corporation as a set of contractual agency arrangements.

It describes the corporation as a set of

individuals and the relationship between them. Neither the state nor the original incorporators dominate decisions; market mechanisms do. The aggregate theory denies the existence of the corporation as an individual entity; it is not an entity distinct from the individuals that integrate it. Rather, it is viewed as a nexus of relationships among groups: stockholders, insiders (managers and

312

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories BOD members), and the state. The theory is in alignment with a rise in the importance of private initiatives, and their influence in the formation and behavior of corporations (Philipps, 2004-2005: 1082). Coates IV (2003: 815) solidifies this idea as follows: ―The aggregate theory attempts to dissolve the corporate entity into its particularities--- conjuring up an image of a ―web‖ or ―nexus of contracts.‖ The aggregate theory sustains that the law exists only in view of its power to make enforceable those isolated agreements that the individuals assume in the normal course of their business functions. As such, the state can support the corporate function by creating default rules for contract formulations that shareholders can use, by supplying guidelines to those who wish to add uniformity to their negotiations.

Coates IV (2003: 816) goes

further in saying that the default contract should be complete with clear judicial interpretations ―..with clarity and certainty come utility and efficiency.‖

The scenario clearly commands a free

operating market, with the intervention of the state limited only to perfect such market, and make it run smoothly. The widespread use of the corporation downplayed the intervention of the state, and redirected attention to the private initiative that made sustained competitiveness possible. Phillips (2004-2005) quotes in his article the words of Robert Hessen, author of In Defense of the Corporation (1979), an eloquent comment on how the aggregate theory interprets the unreality of the entity corporation: ―…a group or association is only a concept, a mental construct, used to classify different types of relationships between individuals. For a distinct firm entity to exist, it would 2013-2014

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Yvonne L. Huertas have to possess attributes different from the attributes of its components, but to the aggregate theory the corporate whole is nothing but the sum of its human (and perhaps nonhuman) parts.‖ and ―…if groups such as corporations can be completely described through their human components, no distinct corporate entity should exist.‖ Phillips (2004-2005: 1099) argues that the real entity theory ceased to be a force in American Corporate theory after 1920. Scholars increasingly refused to solve practical legal problems by deducing solutions from theoretical references of the corporation. They argued such deductions were useless because each theory had conflicting implications.

The Managerialist Theory According to Bratton (1989: 1476), the management-centered conception of large corporate entities had taken hold around 1930. The ownership of capital and the control of the strategic and tactical decisions of the corporation became distinctly separate. This stage in corporate theory development was characterized by liberal incorporation rules, best exemplified by the corporate law in the states of New Jersey and Delaware.

These states enacted

incorporation acts that offered accommodating, standardized corporate forms that eliminated the reserved power clause. Typical of these times was a passive attitude of stockholders who encouraged a powerful and independent management style. Also, the adjudication of decisions by judges revealed a very lax interpretation of the fiduciary duty of managers and BOD members. Bratton (1989: 1476) adds, ―The managerialist picture

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Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories put corporate management groups at the large corporation’s strategic center.‖ Management was definitely an influential group with real power. In his article Bratton (1989: 1476) elaborates a logical explanation to the domination of management on corporate internal affairs and BOD actions. It follows that management determines the processes of production and distribution.

Management

exercises authority down the hierarchy of the corporation. Management-dominated firms impose externalities.

Bratton

(1989: 1478) completes his explanation in the following manner: Since the legal doctrine vests the governing power of the corporate entity in the board of directors subject to shareholder vote, then, management in fact controls the BOD. How could management have accomplished this feat of total control? The answer to this question points to the support of the financial community. In conclusion, concerns about the legitimacy of management’s power and its unchallenged authority were disposed of easily at the time. Management was perceived by the community as in possession of such utility and expertise to the corporation and the market that they were indispensable.

The Nexus-of-Contracts Theory The nexus-of-contracts theory of the corporation, originated by economists during the 1970s, treats a corporation as a connected group or series of contracts among the firm’s participants. The corporate entity as such is viewed as a collection of smaller units. Like the aggregate theory, the nexus-of-contracts theory refuses to recognize a meaningful corporate entity distinct from the 2013-2014

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Yvonne L. Huertas components that form the corporation. Bratton (1989: 1478) states that it is a legal fiction that serves as a nexus for a set of contracting relationships among individual factors of production. Numerous groups are parties to the contracts that form corporations so that the corporation as such has no defined boundaries. The nexus-of-contracts theory reconceived management as a continuous process of negotiation of successive contracts. Managers act as agents to shareholder principals. Shareholders assume that managers will maximize their own personal welfare; therefore, the price the investor is willing to pay for the stock will be lower than market. Management recognizes the price of its misconduct, has an incentive to control its behavior, and thus neutralizes the down bidding of shareholders by offering monitoring

devices.

These

monitoring

devices

include

independent directors and accountants, and legal rules that are selfdealing. Forces from the management labor market and the market for corporate control also impel management to reduce agency costs. A significant difference between the managerialist theory and this nexus-of-contracts theory is the fact, that: â&#x20AC;&#x2022;Since the contracts are bilateral, management power and hierarchy, as previously conceived, disappear. In a firm of bilateral contracts between free market actors, both parties possess equal power to contract someplace else.â&#x20AC;&#x2013; Bratton (1989: 1480)

The case of Enron Enron was formed as a pipeline and energy trading company, but immediately evolved into something else. Since its origins,

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Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories Enron’s management realized they had to innovate or die (Stuart Gillan and John Martin).

Enron’s revenues’ increases were

spectacular. A significant amount of these earnings derived from large investments in other businesses. Any losses in these volatile investments would impair Enron’s ability to satisfy stakeholders’ expectations. Enron entered into ―hedging‖ transactions to avoid recognizing the losses. Are hedges legitimate? Yes. A hedge fund is a term used to describe an investment partnership set up by a money manager. It usually takes the legal form of a limited liability company or a limited partnership. These limited liability forms of organization protect the company, so that if it goes bankrupt, the creditors have no legal claim on the investors. The creditors are precluded from recouping the losses of the money invested in the hedge fund. The outside party bears all the loss. In order for this to happen, the institution offering the hedge deal must be credit-worthy. In this case, Enron had to fulfill Wall Street financial analysts’ expectations and that of the venerable credit rating agencies. Enron had to ―dress up‖ the company’s leverage ratios making sure the numbers provided a positive and encouraging financial panorama. It made sense to invest in Enron since the financial statements revealed a credit-worthy party. In normal market practice, transactions are often ―hedged‖ to provide additional confidence to the market that risks have been transferred. These are what the nexus-of-contracts theory of the corporation describes as monitoring devices.

How do these

monitoring devices work? The rating agencies give credence to this transfer of risk by posting and preserving a superior market 2013-2014

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Yvonne L. Huertas rate for the stock of the corporation. Accounting firms issue a clean opinion that substantiates the reasonableness and fairness of the information provided by the corporation in their financial statements. Lawyers issue legal opinions that attest to the fact that the corporation is doing business within the acceptable realm of corporate law. Moreover, BOD members chosen for their talents at monitoring and assessing the corporate agenda, and assumed to be knowledgeable of the full ramifications of key managerial decisions, endorse the creative and innovative actions of management, and apply their corporate governance mission of due care and diligence. Congressional testimonies on Enron revealed that many transactions recorded in their books were improperly structured; that is, Enron’s management was basically guilty of ―cooking the books‖. In an ―op-ed‖ piece for the Wall Street Journal on December 11, SEC Chairman Harvey Pitt called the current outdated reporting and financial disclosure system the financial ―perfect storm.‖ He stated that under the current quarterly and annual reporting system, information is often stale on arrival and mandated financial disclosures are often ―arcane and impenetrable.‖ (Thomas, 2002) Many of the suspect Enron’s transactions were extremely complex and difficult to understand. Imagine the irony of the following scene: Enron’s accountants are trying to grasp a novel and complex business model never seen before, for which there are no specific accounting rules that apply to that industry, 318

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Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories compounded by the extensive use of derivatives and special purpose entities, with proposed aggressive transaction structuring. Add to the scenario, the pressure from high management to give way to the rapid expansion of business through complex and unconventional ventures. Because of the complexity and novelty of the proposed ventures, no accounting rule would be able to provide reasonable assurance of a relevant and reliable accounting treatment at the time that these transactions took place. As it happens with the law, the gaps or loopholes in the accounting rules provided fertile ground to hide the actual economic substance of the transactions. The special purpose entities created by Enron were excluded from consolidation, resulting in the exclusion of a large amount of debt. Money borrowed by Enron was reported as hedges for commodity trades thus hiding the true economic substance of the transaction: burdensome new debt financing. Now letâ&#x20AC;&#x2122;s change the characters and the scene: imagine Enronâ&#x20AC;&#x2122;s BOD composed mostly of non-accountants, barely absorbing the basic facts of these complex transactions which expert accountants are just beginning to assimilate, having to exercise their fiduciary duty of care and diligence and having to vote to approve them. Quite the scene for the perfect storm! Regardless of the complexity of the transactions, it is hard to exonerate the conduct of BOD members based on such a flimsy argument. It is the duty of BOD members to be diligent and knowledgeable.

Due diligence is required of any ordinarily

prudent BOD member when entering into a transaction to prevent causing damage to any of the parties involved in such process. 2013-2014

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Yvonne L. Huertas Governance failures along multiple dimensions, both internal and external to the company, allowed Enron’s management team to disguise and conceal the firm’s true financial condition for more than 3 years (Stuart Gillan and John Martin). A significant number of transactions with BOD members failed the independence test, because the directors were part of such processes and thus played a major role. To complicate matters further, Enron made donations to groups to which the directors were affiliated. Every profession that seeks to gain the respect of the business community has a code of ethics that defines minimum standards of conduct. A perusal of each of these codes will reveal a maxim that is present in all: avoid conflict of interest situations, whether real or apparent. If such a situation of conflict of interest should arise, it is the duty of the member involved to abstain from participating in the decision making process. This promotes the independence of the parties involved, and provides for the transparency of the process itself. Were BOD members independent? No. Notwithstanding the previous arguments, these challenges to financial

independence

are

not

necessarily

evidence

of

wrongdoing, and this is exactly the core of the problem. When did Enron maneuver itself beyond the gray area of legitimacy into the realm of outright fraud? Substantial evidence points to a BOD that ignored red flags. But then, isn’t it true they relied on the information provided by external auditors, as well as outside lawyers? Doesn’t the nexus-of-contracts theory support the assumption that the monitoring devices protect the free market actors by keeping the score of the market participants, and

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Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories assessing their performance so as to neutralize and discourage any misconduct of managers? Why choose Enron to defend the BJR when it is evident that BOD members and officers acted with the intent of defrauding? The author argues Enron existed for a period of 15 years. Did greed rule Enron since the beginning? It is highly doubtful. Is it possible that, from the genesis of the company, the motives behind decisions and events leading to Enron’s sudden demise were the result of the collective arrogance of the officers and the directors of the board? It is improbable. Perhaps the focus should be on some critical externalities at the time. The US economy experienced the longest bull market in its history during the 1990’s. Coincidentally, it was the era for reform and ample deregulation. The market euphoria that accompanied this bull market, with Wall Street demanding double-digit growth from practically every venture, was totally contagious and difficult to explain, let alone understand. How could venerable financial institutions such as JP Morgan Chase and Citigroup have fallen gullible to Enron’s deceit, if not for the unexplainable and indeterminate complexities of the multiple forces that were interacting at this historical time? Hopefully, it has become evident that we selected the Enron case because it allows for a kind of extraordinary learning. I am referring to the kind of knowledge and experience that provides insight that alerts corporations and stakeholders that thrive in innovation and risk, to internalize the necessary mechanisms of checks and balances, as well as implement optimal monitoring devices in their strategic planning. Specifically, prudence is highly 2013-2014

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Yvonne L. Huertas recommended, so as to assure the timely exploration of the gray areas; and should the decision ultimately favor risk, to do so always within legitimacy. Best fit of Legal Corporate Theory to the BJR and Enron’s Downfall ABA’s Committee on Corporate Laws produced in section 35 of the Model Act an artful one-sentence generalized statement of the business judgment rule: ―A director shall perform his duties as a director, including his duties as a member of any committee of the board upon which he may serve, in good faith, in a manner he reasonably believes to be in the best interest of the corporation and with such care as an ordinarily prudent person in a like position would use under similar circumstances.‖ This BJR is a mechanism to protect company directors against the ramifications of honest mistakes. It implicitly recognizes the diversity of corporations, and the fact that any effort of the court to intervene with a generic prescription of conduct in business judgment, may be wholly inappropriate and bring forth negative consequences. Risk taking and nontraditional ideas are fundamental for the corporation to thrive. If BOD members are to exercise their fiduciary duty of loyalty and diligence in a responsible manner, they must be willing to embrace risk-taking in decision-making. As decision-making is inherently flawed due to the uncertainty that always surrounds each decision, BOD members and officers will require some incentive to be part of the board and risk it all on behalf of stakeholders. The BJR relieves directors and officers of some of

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Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories the uncertainty relating to judgment of the rights and wrongs of business decisions, which, with the benefit of hindsight, may have beendifferent.(http://www.plt.law.uts.edu.au/~jwan/corporate.html, , retrieved August, 2005) How would the BJR fair under each of the legal theories of the corporation discussed here? That question is addressed now. Under the fiction/concession theory, the corporate doctrine would develop statutes so as to restrain corporate and managerial power. It would keep managers under control by defining a very limited stated purpose of the corporation.

A clear, well defined job

description of the manager would dictate every action and decision. Under such very strict definition, any of the innovative and non-traditional decisions taken by Enronâ&#x20AC;&#x2122;s officers and approved by BOD members would be barred from the beginning. They would be judged within the realm of ultra vires actions, that is, actions that cannot bind the corporation because they are beyond the objectives defined in its charter. Such activities become subject to the enforcement powers of corporate law, in addition to the enforcement powers of whatever governmental or private entity is charged with enforcing the underlying, substantive legal requirements. (Greenfield, 2006: 1281). It is expected that Millon would argue courts would have developed an extensive body of common law governing corporate acts and exceeding the powers conferred by the state.

Thus,

restrictions imposed by the state would have denied Enron the opportunity of exploring these gray areas of corporate possibilities ab initio. Innovation would be cut short at its origins. Is this good? Not necessarily. 2013-2014

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Yvonne L. Huertas This gray area, more often than not, constitutes the legitimate break for spectacular performance and profits.

If not for

innovation and risk taking, such corporations as Exxon Mobile, Chevron, Wal-Mart Stores, Ford, General Motors, General Electric, and Apple, would not be among the first 10 biggest, most successful

corporations

in

Forbes

500

list.

(http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/). Risk and innovation thrive in the gray areas of the law. ―The bounds of the law are always indeterminate and fuzzy. As Brandeis said, lawyers should advise conduct that is a safe distance from the uncertain precipice of illegality rather than attempt to tread the edge of the precipice.‖ (Cramton, 2002-2003: 165) The difficulty which men have felt…has been rather that they wanted to go to the limit rather that they wanted to go safely. Judge Louis Brandeis in the Hearings before Sen. Comm. On Interstate Commerce. The fiction/concession theory would promote corporate statutes with strictly defined fiduciary duties. Authorized actions by BOD members would be enumerated and very limited.

Under this

theory, the state, through its bureaucratic and conventional procedures, would scrutinize strictly all corporate actions to thwart any deviation from the stated purpose of the corporation.

No

Enron downfall would have occurred, but then, no significant economic advantage would have accrued to any stakeholder, including the state. Actually, it is daring to hypothesize that corporations’ initiatives would be burdened to such extremes with bureaucratic requirements - form-filling, report filing - that they would become

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Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories incompetent and unproductive, and certainly, not a preferred form of organization. Would the United States thrive as a dominant power in the world if it had proscribed innovation in business ventures? This is highly improbable. This persuasive argument against strong governmental intervention probably reveals the reason why the concessions/fiction theory has not survived in this century. Under

the

real

entity

and

aggregate

theories,

noninterventionist approach by the state is assumed.

a

The real

entity, aggregate, and managerialist theories share the presumption of a state with the limited role of perfecting the market. In matters related to reaching agreements, private parties entering into a corporate covenant are presumed to be more competent than government agencies.

Under such assumption, public policy

would be down played, and legitimacy of broad authority to officers and BOD members emphasized. According to Bratton, individuals enter into transactions, all bearing responsibility for their own actions. It is assumed that the competitive market would keep the incompetence and greed of the owners and managers in check. What would happen to the BJR under the managerialist theory of corporations? This theory portrays a corporate structure with enhanced management discretion.

After World War I, a distinct

separation of top management from middle management was evident. By this time top management had achieved freedom to pursue corporate growth in exchange for stable dividends. Stockholders agreed to finance internally this growth, and in this way market judgment about management performance was 2013-2014

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Yvonne L. Huertas sidestepped. Bratton says that individual stockholders did not find it cost-effective to challenge ineffective management group. When disappointed, they simply sold their shares. At the same time, corporate law supported management. As a matter of fact, the New Jersey and Delaware corporate acts became the model for other states to emulate. If one state did not bow to flexible corporate laws, the corporation could easily migrate to other states more willing to accommodate to their demands of nonintervention. How would Enron and the BJR have fared under this theory? Millon would have argued that corporate activity is fundamentally private and free from special legal regulations. He would further say that ―the fact that private individuals had chosen to do business as a corporation should not be a basis for subjecting their financial interests to regulation that otherwise would not apply.‖ Millon would have cited Adolf Berle and Gardner Means’ book, The Modern Corporation and Private Property, to argue that dispersed share ownership and increasingly complex operations required passive investors to place their economic interests in the hand of professional managers. He would proclaim the BJR as necessary to sustain the corporation’s cost-benefit mix of tradeoffs in pursuit of the best business judgment. Bratton states that under this theory, management is conceived as not motivated by profit-seeking, but by drives of power. This image is well aligned with Enron’s post-mortem portrayal of the prevailing CEO-centric culture: arrogant, outrageous and selfserving, daring, enforcer of an extreme policy of growth. Stop to think.

This is precisely the profile that the big

successful corporations want for their directors and officers. Think

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Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories of Amazon’s Jeff Bezos, Microsoft’s Bill Gates, and Google’s Larry Page. Have these distinguished CEOs jeopardized American corporations? Are American corporations at risk of becoming another Enron because of their healthy inclination to aspire to spectacular growth? Ask America. Would the BJR survive the attacks brought about by Enron’s calamities? It is imperative that it does precisely that. What about potential investors and existing stockholders? It is the position of the author of this paper, expressed with utmost confidence, that investors – present and potential - would have been so mesmerized with Enron’s amazing growth, that greed and aspirations to double-digit growth would have made them blind to any anomalies in the financials of Enron.

They would have

supported a flexible BJR had it been within their power to decide on its fate.

Furthermore, it should be emphasized again: the

transactions entered by Enron were of such complex nature, they were the kind that thrives in the gray areas of legitimacy. Even experienced financial institutions, expert accountants, and legal counsels would have been prone to blunder in their analysis of the situation.

Post-Enron thoughts A majority of Americans cheer anti-corporate rhetoric, applaud defenders of the environment and civil rights, complain about Enron and the pharmaceutical companies, but are excited by the rapid development of the high tech sector, value their 401(k) accounts, shrug at complaints about globalization, and admire notable business leaders, such as Jack Welch, Ted Turner, and Bill 2013-2014

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Yvonne L. Huertas Gates (Murphy, 2002: 64). Murphy (2000: 67) points to a sharp dissonance between the values honored by Americans and the legal doctrines that rule the legitimacy of corporations. Paraphrasing Murphy, corporate laws that rule internal corporate affairs are impotent to provide meaningful control on corporate governance. Management may evade undesired state laws by arranging a merger and moving to a more hospitable state. It is evident that any attempt at corporate reform aimed at restricting management autonomy would result in this migration of corporations to other states. Murphy, also points out that cases such as Santa Fe Indus., Inc. v. Green, 430 US 462, show the Supreme Court expressing reluctance to override established state policies of corporate regulation by an expansive interpretation of federal securities law. This attitude of a liberal corporate governance and passive state policing is coherent with the current BJR that emanates from the prevailing legal theory of corporations: nexus-of-contracts. The real issue here is whether corporate reform makes a positive difference. According to William Ide, cited earlier in this paper, advances in civil society usually occur with laws following the will of the people in the particular area of concern. These hastily drawn laws are a political reaction that temporarily mitigate public scrutiny and gives them a sense that something is being done to fix their woes. What is the outcome? Ide argues that the corresponding regulations are likely to promote compliance with the law, no more, no less.

Is this mere acquiescence from

corporations what the business community needs? certainly not resolve deception.

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This will


Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories The author shares Fuller’s concern of what are the tasks that can properly be assigned to courts.

He describes the adjudicative

process as one where a good deal of superfluous rituals, rules without clear purpose, and needless precautions take place; he calls them tosh. Fuller implies that the whole system grossly overstates the role of rational calculation in human affairs. But there is no intention here to deny that the springs of human actions are diverse and often obscure (Fuller, 1978:360). Going back to Ide, he holds that in our free market capitalist system, it is essential that corporations have the flexibility to take risks and to fail if they are wrong, exactly what the nexus-of-contracts theories sustain. His position is that governance should be viewed as a value generator rather than a regulatory burden. Regulations should be balanced on a risk/reward scenario. It is the position of this author that all the theories described earlier in this paper, except the fiction/concession theory, sustain a flexible BJR and embody a coherent set of substantive explanations of the fiduciary duty of BOD members and officers. The proposition itself is easy to support since each theory has conflicting implications. It is foolish to assume that any particular theory of the corporation is incontestable. Phillips (2004-2005: 1122). Although Phillips suggests that theories of the corporation are, perhaps, a poor foundation on which to base a practical agenda for corporate reform, in this analysis it is concluded that the nexusof-contracts theory, although not flawless, reinforces the BJR as applied presently. Courts will not substitute their judgment when the BOD’s decision can be attributed to a rational business

2013-2014

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Yvonne L. Huertas objective. This argument is aligned with the following words expressed by Brian Kim (2003:45): Without the BJR, corporate executives would more often than not turn away from business opportunities that are likely to be profitable but present some risk of failure because executives will be held responsible for bets that fail.

When business opportunities with higher

chances of success than failure are turned down, the aggregate wealth of society decreases. The author wishes to reflect on the following words of Bayless Manning (1984:1441), who, also, eloquently expresses Lon Fullerâ&#x20AC;&#x2122;s concern with the competence of courts and corporate laws to make judgments on business decisions: The heart of the BJR has always been a recognition by courts that business decisions should not be evaluated retrospectively. Courts have no experience or talent that equips them to make judgments on such issues. Sophisticated modern courts further explicitly recognize that the private sector entrepreneurial process cannot operate unless managers are given the latitude to be innovative and experimental, and, therefore, to make mistakes. In the search for an insight on how the BJR has fared since the Enron debacle, the author visited and explored the dockets of the Delaware Court of Chancery. This court is recognized as the 330

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Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories USA’s premier forum for resolving the disputes involving the internal affairs of the many Delaware corporations and other business entities around the world dedicated to global business transactions. The court is known to possess a unique and incomparable competence and exposure to issues of business law unparalleled by any other court, in the USA or worldwide. The Delaware Court of Chancery is particularly influential in the interpretation of corporate law: more than 50% of USA publicly traded corporations and 60% of the Fortune 500 companies are incorporated in Delaware. In August 1995, Michael Ovitz and The Walt Disney Company entered into an employment agreement under which Ovitz would serve as President of Disney for five years. In December 1996, Ovitz was terminated without cause. Disney’s BOD ordered a severance payment to Ovitz close to $130 million. In January 1997, several Disney shareholders brought derivative actions in the Court of Chancery, on behalf of Disney, against Ovitz and the BOD members of Disney. The plaintiffs claimed that the severance payout was a breach of fiduciary duty by the Disney BOD members. On June 8, 2006, the Delaware Supreme Court upheld a lower court decision exonerating Disney’s BOD members of the charges against them in the shareholder lawsuit. Justice Jack B. Jacobs, and the five-judge panel upheld the August 2005 decision by Chancellor William B. Chandler III of the State Court of Chancery.

IN

RE

THE

WALT

DISNEY

COMPANY

DERIVATIVE LITIGATION, C.A. No. 15452 In one of its latest memorandum opinions, IN RE THE GOLDMAN

SACHS

GROUP, 2013-2014

INC.

SHAREHOLDER 331


Yvonne L. Huertas LITIGATION, Civil Action No. 5215-VCG, decided on October 12, 2011, Vice Chancellor Sam Glasscock, III, expressed the following opinion: The Delaware General Corporation Law is, for the most part, enabling in nature. It provides corporate directors and officers with broad discretion to act as they find appropriate in the conduct of corporate affairs. It is therefore left to Delaware case law to set a boundary on that otherwise unconstrained realm of action. The restrictions imposed by Delaware case law set this boundary by requiring corporate officers and directors to act as faithful fiduciaries to the corporation and its stockholders. Should these corporate actors perform in such a way that they are violating their fiduciary obligationsâ&#x20AC;&#x201D;their core duties of care or loyaltyâ&#x20AC;&#x201D;their faithless acts properly become the subject of judicial action in vindication of the rights of the stockholders. Within the boundary of fiduciary duty, however, these corporate actors are free to pursue corporate opportunities in any way that, in the exercise of their business judgment on behalf of the corporation, they see fit. It is this broad freedom to pursue opportunity on behalf of the corporation, in the myriad ways that may be revealed to creative human minds, that has made the corporate structure a supremely effective engine for the production of wealth. Exercising that freedom is precisely what directors and officers are elected by their shareholders to do. So long as such individuals act within the boundaries of their fiduciary duties, judges are ill suited by training (and should be disinclined by temperament) to second-guess the business decisions of those chosen by the stockholders to fulfill precisely that function.

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Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories Vice Chancellor Glasscock, III, clearly maintains the same posture as other courts have set in the past regarding claims on the conduct of BOD members: he dismissed In re the Goldman Sachs Group Inc. Shareholder Litigation. His arguments were based on the grounds that the plaintiffs had not provided sufficient factual allegations in their pleadings to raise reasonable doubt that the Goldman Sachs directors acted in good faith and on an informed basis when they implemented the compensation scheme under fire. Paraphrasing Glasscock, V.C.: directors and officers need to have broad freedom to promote the best interest of the corporation while at the same time exercising loyalty, care, good faith, diligence and â&#x20AC;&#x2022;clean handsâ&#x20AC;&#x2013;. The norm is that businesses are inherently risky, so that choices have to be made and decisions taken. Some decisions will advance and strengthen the financial position of the corporation; others will plunge the organization in financial despair. Courts have in the past, continue to do so in the present, and will in the future, respect decisions taken by BOD members and make them immune from legal accountability. The reasoning by courts is that risky decisions taken by BOD members in good faith and in an informed manner do not necessarily breach board obligations. As courts uphold the validity of the BJR, the public clamor for atoning for the financial scandals is deafening. Congress had to placate the wrath of the masses. They responded by passing the Sarbanes-Oxley Act. The Sarbanes-Oxley Act created new standards for corporate accountability as well as new penalties for acts of wrongdoing. It changes how corporate boards and executives must interact with 2013-2014

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Yvonne L. Huertas each other and with corporate auditors. It removes the defense of "I wasn't aware of financial issues" from CEOs and CFOs, holding them accountable for the accuracy of financial statements. The Act specifies new financial reporting responsibilities, including adherence to new internal controls and procedures designed to ensure the validity of their financial records. (http://www.soxonline.com/basics.html, retrieved November, 2013) The Sarbanes-Oxley Act better known today as the SOX Act represents more rules, more standards, more check lists to reasonably assure accountability and responsibility over financial reporting. Has the SOX Act become a deterrent to financial fraud? It would seem that, according to the 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), the SOX Act has not achieved its goals: Survey participants estimated that the typical organization loses 5% of its revenues to fraud each year. Applied to the estimated 2011 Gross World Product, this figure translates to a potential projected global fraud loss of more than $3.5 trillion. The median loss caused by the occupational fraud cases in our study was $140,000. More than one-fifth of these cases caused losses of at least $1 million. (Association of Certified Fraud Examiners, http://www.acfe.com/rttn-highlights.aspx , retrieved December, 2013) Jonathan Karpoff, the University of Washington Foster School of Business professor of finance is one of the nationâ&#x20AC;&#x2122;s foremost experts in corporate crime. According to him, these are the worst corporate scandals of the past decade, preceded by the notorious

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Enron’s Downfall Nexus to the Legal Theories Enron case. They are presented in order of increasing importance according to Prof. Karpoff: HealthSouth (2003) – CEO Richard Scrushy directed underlings to make up numbers (and fictitious transactions) to increase the firm’s reported earnings by $1.4 billion from 1996 through 2003. Tyco International (2002) –In 2005, CEO Dennis Kozlowski and chief financial officer Mark Swartz were convicted of stealing $600 million from the company. Bernie Madoff (2008) – Madoff ran the largest Ponzi scheme in history until he was caught in December 2008.—$65 billion missing from clients’ accounts. WorldCom (2002) – When the WorldCom scandal hit the news in June 2002, a little known piece of legislation that had been languishing in the U.S. House and Senate was resuscitated instantaneously. Just a few weeks later, the Sarbanes-Oxley Act was approved in the House by a vote of 423-3 and in the Senate by a vote of 99-0. It introduced the most sweeping set of new business regulations since the 1930s. (Karpoff, 2010) The evidence is compelling: lessons from Enron, disclosure requirements of the SOX Act, the ensuing reaction of the accounting profession have been lost in the maelstrom of corporate fraud post Enron. Have we lost track of the true north that will lead us away from temptation?

Is there the possibility for

redemption? It is undisputable that in our struggle to prevent fraud we seek to achieve internal transparency, market confidence, honest practices, and a more authentic image of the organization. 2013-2014

335


Yvonne L. Huertas How can the business community advance towards the achievement of these laudable goals?

According to Seana Valentine Shiffrin, Professor of Philosophy, UCLA: Legal standards are often valued for their flexibility and their susceptibility to nuanced, context-sensitive interpretation. Legal rules are usually celebrated for their clarity and certainty. The received wisdom is that the merits of the one form represent the demerits of the other. Standards, for instance, facilitate contextual, individualized application of the law and allow for greater adaptation to changing circumstances and an unfolding evolution of legal understanding, but these virtues are thought to come, unfortunately, at the expense of notice and transparency. (http://www.harvardlawreview.org/media/pdf/123_shiffrin.pdf, retrieved December, 2013)

Let us address the accounting perspective of rules and principles. There has been much debate on whether principle-based accounting would be more efficient than rules-based accounting in promoting adequate disclosure of financial information. What are principles-based

accounting

standards?

Principles-based

accounting standards represent a conceptual basis for accountants providing broad guidelines with a set of key objectives. The principal objective is to ensure financial reporting that is relevant, understandable, and a fair representation of the organization. The principles provide the general foundation for the specific

336

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories implementation by the accountant who is preparing the report. Rules-based standards generally provide greater detail regarding implementation and compliance. The principles-based standards require the accountant to exercise judgment in the implementation of the principle to the specific transaction, while rules-based standards require that the accountant exercise his professional know-how in researching the relevant literature that will provide the justification and basis for specific treatment of the transaction. Those who favor the rules-based standards argue that they promote the comparability of financial statements by narrowing the choices in which the information can be disclosed. Those who criticize the rules-based standards contend that accountants tend to focus on the strict application of the rule while neglecting the real nature and economic substance of the transaction to be recorded, possibly rendering financial statements that fail the test of relevancy and fairness of representation. Those who favor principles-based standards, assert that they increase the likelihood that well-trained professionals will have a chance to apply their good judgment.

The

increased disclosure

required under

principles-based guidance will probably pave the way for accountants focus on the economic substance of the transaction instead of the form. Critics of the principles-based standards fear that, because the principles provide only broad guidelines a Pandora box will open up leading to a variety of questionable approaches to the preparation of the financial statements with diverse outcomes. It is argued that it will be almost impossible to point responsibility and

2013-2014

337


Yvonne L. Huertas accountability of any wrong-doing when the principles-based standards stand in court to be examined by the plaintiffs.

Conclusions Enron elite management acted with total disregard of ethical conduct based on massive greed apparently shared with external auditors, outside legal counsel, bankers, and investment firms. The toll of fatal consequences touched the guilty and the innocent. Arthur Andersen LLP, Enronâ&#x20AC;&#x2122;s external accounting firm, was convicted in 2002 of obstruction of justice for destroying Enronrelated documents. In 2005, the U.S. Supreme Court overturned the conviction. By then the firm was out of business. Former Enron Corp. employee George Maddox, who lost his retirement savings when the energy giant collapsed, says he has been forced to spend his golden years making ends meet by mowing pastures and living in a run-down East Texas farmhouse. (10 YEARS LATER: What Happened To The Former Employees Of Enron? Business Insider, http://www.businessinsider.com/10-years-laterwhat-happened-to-the-former-employees-of-enron-201112#ixzz33Y7sXJS9, retrieved December, 2013) These are just some examples of what corruption and deceit at its worst can come to. Lessons learned, and practices to be emulated: public vigilance, financial reports that are transparent and fair, BOD members highly qualified to perform their fiduciary duties, codes of ethics continuously enforced, hot lines for whistle blowers, accountability from high management and BOD members, accounting standards that promote the disclosure of information that reveals the true 338

ETHOS GUBERNAMENTAL


Enronâ&#x20AC;&#x2122;s Downfall Nexus to the Legal Theories economic substance of the transactions. If corporations wish to preserve their reputation and loyalty of relevant stakeholders, they must take action or perish. In conclusion, market forces, although not perfect, create and define the monitoring devices and the content of legal rules that prompt managers and corporations to minimize costs and achieve optimal contracting strategies and actions. Freedom of contracts provides market participants with the means of discouraging mismanagement.

Legal theories of the corporation, although

imperfect, assist law makers and judges in their pursuit of justice and impartiality. To our credit, less than optimal rules of corporate law will not survive because shareholders will not tolerate them (Millon 1990: 230). Public vigilance should prevail as remedy to corporate scandals instead of excessive and reactive legislation. The Enron scandal sets an excellent example of how powerful public reaction to corporate wrong-doing can be. In the aftermaths of Enron, â&#x20AC;&#x2022;No amount of rules and enforcement mechanisms can prevent all corporate abuses. In any free society, there will always be a large role for voluntary compliance.â&#x20AC;&#x2013; (Kim, 2003: 252). Everything said, the legal theories of the corporation that promote limited state intervention, and liberal BJR, are part of a free society that encourages innovation, and economic efficiency. It will remain part of the corporation of the 21st century.

2013-2014

339


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2013-2014

343


Yvonne L. Huertas Datos Biográficos

Yvonne Huertas

La Profesora Yvonne Huertas es Catedrática de la Facultad de Administración de Empresas, Universidad de Puerto Rico. Posee una MBA de la EGAE de la UPR. Completó el grado de JD (Juris Doctor) con altos honores. Posee las certificaciones de CPA y CMA. Ha presentado trabajos en foros profesionales y académicos en Estados Unidos, Europa y América Latina. Preside la

Comisión Técnica de TI, de la Asociación

Interamericana de Contabilidad.

Dirige varias iniciativas de

eventos internacionales de la FAE de la UPRRP.

344

ETHOS GUBERNAMENTAL


EXPLORING THE SUPEREROGATORY THROUGH MORAL EXEMPLAR STUDIES: IMPLICATOINS FOR EDUCATORS William J. Frey JosĂŠ A. Cruz Cruz

Introduction Many argue that Adam Smithâ&#x20AC;&#x2122;s economic theory as set forth in The Wealth of Nations stands by itself without any reference to or dependence on individual excellence or civic virtue. This misses completely the import of his earlier book, The Theory of Moral Sentiments. For Smith, capitalism can only take root in the firm soil provided by the moral sentiments and moral imagination. Just as for Smith, it is impossible to have a sustainable economy without a solid moral foundation, likewise it not possible to have sustainable economic development in any nation without a critical mass of moral exemplars, that is, individuals who conduct themselves so as to build trust and foster hope through the pursuit and accomplishment of moral excellence. This paper will discuss how moral exemplar studies can help in teaching moral expertise.

Such studies help flesh out the

supererogatory, that moral space that is populated by aspirations, ideals, and moral values. Understanding the supererogatory will help transform how individuals act within corporate organizations by helping them to develop sustainable, long term moral careers. And it will lead to a redeployment of traditional moral instruction practices from a past emphasis on getting by (morally speaking) to striving for and achieving the morally excellent.

ETHOS GUBERNAMENTAL

347


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

The Moral Minimum and the Supererogatory Moral1 reflection focuses primarily—but not exclusively—on the threshold moral standards that philosopher, J. O. Urmson terms “rock bottom duties” (Urmson, 1958: 204). His examples include duties “to tell the truth and to keep…promises” (Urmson, 1958: 204).

Partricia Werhane terms these basic duties “moral

minimums” (Werhane, 1999: 122) and describes them in the following way: I suggest that moral minimums are best understood as negative standards, universally agreed upon “bottom lines” beyond which it is morally questionable to act.

For example, it is

almost always wrong to deliberately harm or contribute to harming another person or persons; to deliberately violate their rights to freedom, life, or property; to treat individuals or classes of individuals with disrespect; to compete or cooperate unfairly; not to honor promises or contract; or to be dishonest or deceitful.

Whereas these moral

minimums do not define goodness, fairness, or benefit, or define the positive content of rights, they set minimum guidelines for behavior that most people everywhere might agree on…. (Werhane, 1999: 122) As is evident from Werhane’s useful list, there is, of course, nothing wrong with—and a lot right about—moral minimums. But they do not exhaust moral inquiry. Moral discourse should be expanded to encompass the supererogatory, that higher part of 348

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

moral “space” devoted to aspirations, ideals, and cardinal objectives. Marcia Baron defines the “supererogatory” as follows: A supererogatory act is an act that is beyond the call of duty. It is something that is morally good to

do

but

not

supererogatory

obligatory.

acts

are

Examples donating

of

blood,

volunteering on a rape crisis hotline, babysitting (without accepting recompense) a friend’s two-year old triplets for the afternoon, or throwing oneself on a live hand grenade in order to save one’s buddies’ lives. (Baron, 1997: 614) Moral exemplar studies offer a way of exploring the supererogatory. Because of this, such studies can serve to inspire, challenge, motivate, and excite the rest of us. They inspire us to strive for more than just the minimally moral. And they do more than just inspire. They support and encourage those who would build a moral career in corrupt circumstances. Those discouraged by corruption might be tempted to capitulate to fatalism. They might ask how one could do any good in the face of overwhelmingly bad circumstances. Moral exemplary studies help to combat this by profiling those who have achieved moral success despite corrupt surroundings. By serving as a counter-point to corruption, they highlight the intrinsic value of the quest for the supererogatory.

ETHOS GUBERNAMENTAL

349


William J. Frey and JosĂŠ A. Cruz Cruz

What moral exemplar studies stand to accomplish Moral exemplar studies can bring about a more balanced view of the state of occupational and professional ethics by supplementing tales of corruption and woe with those of integrity and moral success. Some Do Care (Colby and Damon, 1992) and Dentists Who Care (Rule and Bebeau, 2005) profile moral exemplars in dentistry, business, academia, and the professions.2 Colby and Damon (1992) studied five moral exemplars, using life story interviews to explore their sustained and successful efforts to reach for and achieve moral excellence. Rule and Bebeau (2005) look at the careers of ten dentists selected for their sustained, exemplary conduct in this profession.

Both are examples of

studies that open new lines of inquiry and raise new issues for further investigation. Here are five significant results that moral exemplary studies have (or could) bring about.

Moral exemplar studies provide a counter-balance to the disproportionate emphasis on corruption and wrongdoing that dominates current moral discourse. J. O. Urmson argues that the study of the supererogatory has suffered neglect because the dominant ethical approaches, utilitarianism and deontology, have focused exclusively on â&#x20AC;&#x153;rockbottom duties.â&#x20AC;?3 This may not be completely fair if one consults more recent work coming from these domains. Peter Singer, in Writings on an Ethical Life (2000), explores utilitarian perspectives on world hunger and animal welfare. He even reflects on moral expertise (Singer, 2000: 3-6). In Making a Necessity of Virtue, Nancy Sherman argues that Kant had a great deal to say 350

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

about virtue ethics and the supererogatory (Sherman, 1997). Given Sherman’s characterization of Kant as well as Singer’s expansion of the scope of utilitarianism, one could modify Urmson’s thesis to something like the following: In the past, utilitarians

and

deontologists

have

largely

ignored

the

supererogatory, but these theoretical approaches have been recently expanded toward its exploration. Moral exemplar studies will certainly reinforce this trend and help push moral discourse beyond “rock bottom duties.”

Moral exemplar studies provide ammunition to defend virtue theory against recent attacks on the robustness of character, character traits, and virtues. Colby and Damon (1992: 316) argue that their first criterion for selecting moral exemplars, “sustained commitment to moral ideals or principles that include a generalized respect for humanity, or a sustained evidence of moral virtue” calls upon both deontology and virtue theory for theoretical support. They cite as especially relevant Alasdair MacIntyre’s conception of virtue as “an acquired human quality the possession and exercise of which tends to enable us to achieve those goods which are internal to practices and the lack of which effectively prevents us from achieving any such goods” (MacIntyre, 1981: 178). Harmon and Doris have attacked virtue ethics by denying that character, its traits, and its virtues are robust across different situations (Harmon, 2000 and Doris, 2003). They point out that a person honest in one situation is often dishonest in another. They base this on the claim that the pressures of the situation overwhelm ETHOS GUBERNAMENTAL

351


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

individual character and its traits. Thus, it is not character but situation that provides the best predictor of an individual’s actions across different situations (Harmon, 2000 and Doris 2003). By profiling

individuals

who

display

consistency

in

moral

achievement over the course of a career and across different situations, moral exemplar studies lend support to the fundamental tenants of virtue theory.4

They have also stimulated a more

nuanced approach to research that seeks to uncover practices that exemplars use to bring about this consistency (Solomon, 2005).

Moral exemplar studies have expanded the domain of the supererogatory beyond the saintly or heroic. Heroism, martyrdom, self-sacrifice, purity of motive and vision, and a single-minded devotion to a transcendent cause, have all been offered as characteristics of moral exemplars. But recent studies have brought to attention other traits of excellence that are more applicable to professional and occupational practices. Michael Pritchard, for example, profiles engineers who bring about “good works.” One engineer he profiles worked successfully to make safer the restraining belt used on window-washing platforms even though current models met existing standards (Pritchard, 1998: 216-217).5 Pritchard’s exemplars use professional skill to realize moral value in situations where such actions are not obligatory.

While not engaging in heroic self-sacrifice or

displaying saintliness, Pritchard’s exemplars go beyond what is morally required to accomplish their “good works”.

352

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

Are there multiple types or kinds of moral exemplar? dddHuff and Barnard (2009) identify two kinds of moral exemplars by coding the responses from interviews with twentyfour moral exemplars in computing. Urmson describes two kinds, saints and heroes, but leaves room for finding more (Urmson, 1958).

Blum’s typology includes moral saints, moral heroes,

responders, idealists, and Murdochian6 heroes (Blum, 1994). Acknowledging different kinds of moral exemplars opens the way to a pluralistic approach to teaching moral expertise. Different tracks or paths could be offered for study, and students would opt for the path that best fits their personality traits, core values, professional

and

occupational

knowledge,

and

technical

proficiency (Huff, 2008, parts 1 & 2).

Moral exemplar studies motivate exemplary conduct by recognizing and modeling outstanding moral achievement. fffStudies and profiles include narratives of the lives of the André and Magda Trocmé, Oscar Schindler, Thomas More, Mohammad Yunus, Jeffrey Wigand, and Erin Brokovich. Online Ethics7 (a website maintained by the National Academy of Engineers that covers engineering, business, computer, and research ethics) has a moral leader section that includes Roger Boisjoly, Rachael Carson, William LeMessurier, Iñez Austin, and Fred Cuny. Moral exemplar profiles show that outstanding conduct is possible because individuals have actually achieved it.

Moreover, they

acknowledge those moral exemplars who have paid a high price for their deeds.

The Online Ethics8 profile of Roger Boisjoly

details how he suffered retaliation for his exposure of an attempt to ETHOS GUBERNAMENTAL

353


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

cover up crucial facts on the Challenger space shuttle explosion. Well-deserved recognition can mitigate the effects of retaliation that moral exemplars often suffer; this, in turn, helps sustain the moral courage needed to go good in difficult situations.

Outline of a recent moral exemplar study: Good Computing Huff, Rogerson, and Barnard have brought the study of moral exemplars into the field of professional computing; they call it “good computing” (Huff & Barnard, 2009).

They formed a

committee of ethics experts, tasked it with developing a list of the characteristics of moral exemplars, and then had the committee use this list to nominate candidates for in-depth life story interviews. The criteria the committee came up with modified slightly those developed by Colby and Damon (Huff and Barnard, 2009: 48; Colby and Damon, 1992: 315-6): 1) “Either a) a sustained commitment to moral ideals or ethical principles in computing that include a generalized respect for humanity, or b) sustained evidence of moral virtue in the practice of computing.” 2) “A disposition to make computing decisions in accord with one’s moral ideals or ethical principles, implying also a consistency between one’s actions and intentions and between the means and ends of one’s actions.” 3) “A willingness to risk one’s self-interest for the sake of one’s moral values.” 4) “A tendency to be inspiring to other computing professionals and thereby to move them to moral action.”9

354

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

Using these criteria, the committee nominated individuals for in-depth interviews where interviewees discussed (a) the major influences on their moral careers, (b) the support groups they drew upon in facing challenges, (c) the challenges and opportunities that played a major role in their moral development, (d) the high and low points of their careers (peak and nadir points), and (e) the goals,

projects

development.

10

and

aspirations

that

guided

their

moral

Normally, an ethical analysis centers on the

individual action, isolates it from its socio-technical context, and asks how well it accords with a rule of right, duty, or utilitymaximization. The life-story interview takes a different approach by viewing the action as an episode in a broader narrative whole that includes a specific socio-technical context. Moral exemplars are judged outstanding, not on the basis of one or two isolated actions, but because they sustain good conduct over a long period of time such as a career or even for a lifetime. Huff and Barnard (2009) transcribed the interviews conducted and allowed interviewees an opportunity to review them and make changes. These were coded for â&#x20AC;&#x153;social support and antagonism, the use of technical or social expertise, the description of harm to victims or need for reform, actions taken toward reform, designs undertaken for users or clients, effectiveness and ineffectiveness of action, and negative and positive emotionâ&#x20AC;? (Huff and Barnard, 2009: 50). Three preliminary results stand out. First, Huff and Barnard identified two modes of moral expertise, craftspersons and reformers (Huff & Barnard, 2009: 50).11 Craftspersons work to preserve existing values, see themselves as providers of a service, frame problems as overcoming barriers, and seek ethical ETHOS GUBERNAMENTAL

355


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

ends (Huff & Barnard, 2009: 50).

Reformers focus on social

systems, see themselves as moral crusaders, work to change values, view individuals as victims of injustice, and take system reform as their goal (Huff & Barnard, 2009: 50). Second, moral exemplars in professional areas display a high degree of skill in integrating moral and technical knowledge and skill; their professional or occupational expertise is put to use in addressing the

moral

salience

embedded

in

their

surroundings

or

circumstances. Third, Huff, working with the results from his studies in computing, has developed a framework that fleshes out morally exemplary conduct through four components.12

This

framework, called “PRIMES,” characterizes moral exemplars in terms of (1) integrating personality characteristics (PR), (2) integrating moral content into the self-system (I), (3) moral ecology (ME), and (4) moral skill sets (S).13

Practical Upshot: Compliance vs. Integrity Moral exemplar studies suggest a more robust approach to managing and controlling large and complex organizations. Such corporations

function

as

“moral

ecologies,”

that

is,

as

environments which constrain some of the actions of individuals while expanding others.

With this in mind, corporations can

develop practices that (1) constrain immoral activities and (2) enable or support moral or even supererogatory activities. Traditionally, the focus has been on avoiding the immoral through compliance practices.

But this section will show how moral

exemplar studies can help improve the design and implementation of aspirational value or integrity approaches. 356

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

First, organizations must establish the threshold of rock-bottom duties, the minimally moral. Compliance approaches promote this by focusing on preventing wrongdoing and staying out of trouble. Lynn Sharp Paine, a professor of Business Ethics at Harvard University, provides the following general characterization of compliance: Such

programs

tend

to

emphasize

the

prevention of unlawful conduct, primarily by increasing surveillance and control and by imposing penalties for wrongdoers. While plans vary, the basic framework is outlined in the sentencing guidelines.

Managers must establish compliance

standards and procedures; designate high-level personnel to oversee compliance; avoid delegating discretionary authority to those likely to act unlawfully; effectively communicate the companyâ&#x20AC;&#x2122;s standards and procedures through training or publications; take reasonable steps to achieve compliance through audits, monitoring processes, and a system for employees to report criminal misconduct without fear of retribution; consistently enforce standards through appropriate disciplinary measures; respond appropriately when offenses are detected and finally, take reasonable steps to prevent reoccurrence of similar offenses in the future. (Sharp Paine, 1994: 109)

ETHOS GUBERNAMENTAL

357


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

After outlining compliance, Sharp Paine turns to what she calls the “integrity” approach. She locates this clearly in the region of the aspirational: “Though integrity strategies may vary in design and scope, all strive to define companies’ guiding values, aspirations, and patterns of thought and conduct” (Sharp Paine, 1994: 107).

Values and aspirations motivate those within a

community to strive for moral excellence. Moreover, integrity programs make ethical values and principles central to a corporation’s identity: “Ethical values shape the search for opportunities, the design of organizational systems, and the decision-making

process

used

by

individuals

and

groups….Organizational ethics helps define what a company is and what it stands for” (Sharp Paine, 1994: 111). Ethics programs that target aspirationally oriented communities focus on setting standards of excellence, motivating individuals to strive to realize them, and guiding the development of practices and procedures conducive to realizing these excellences. In a series of empirical studies, Weaver and Treviño compare integrity and compliance approaches and then turn to examining how they interact with one another. To compare the two, they outline seven key outcomes to an organizational ethics program: (1) reducing unethical behaviors, (2) encouraging ethical advice seeking, (3) increasing awareness of ethical issues, (4) producing perceptions of better decision-making, (5) solidifying commitment to the organization, (6) building employee integrity, and (7) increasing willingness to deliver bad news (Weaver and Treviño, 1999: 321-324).14 Their hypothesis entering into the study was

358

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

that compliance programs would enhance the first four outcomes while integrity programs would target the last three. As hypothesized, the compliance programs studied brought about improvements in areas 1-4 (Weaver and Treviño, 1999: 327328). According to the authors, these improvements came from the focus on “monitoring and discipline” (Weaver and Trevino, 1999: 323). But these improvements were also limited in that they were “a calculative, self-interested response to the ethics program [and] unlikely to

enhance organizational

commitment or

communication” (Weaver and Treviño, 1999: 323).

What

motivates moral conduct in compliance comes from outside the agent, not from inside. Good organizational behavior does not “go deep” because there is no alignment between employee and organizational values.

In fact, compliance approaches assume

employee and organizational motives, interests, and values are misaligned and that employee conduct must be forced into conformity with company rules and standards. From a pedagogical point of view, one might even add that compliance programs interrupt moral development at the level Kohlberg terms conventional; monitoring and punishment do not sit well with Kohlberg’s post-conventional levels which seat moral conduct in autonomous moral agents.15 On the other hand, these authors found that values or integrity approaches

specifically

target

outcomes

5-7:

solidifying

commitment to the organization, building employee integrity, and increasing willingness to deliver bad news. Integrity approaches targeted these different criteria for two reasons. According to Weaver and Treviño… ETHOS GUBERNAMENTAL

359


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

values-oriented ethics programs can influence employees through two general processes: (a) by enhancing the salience of the employee’s ethical role identity, and (b) by creating a greater perception of organizational support that in turn can influence

the

employee’s

social

relationship with the organization.

exchange

(Weaver and

Treviño, 1994: 321-322) Integrity approaches deploy strategies that generate loyalty and commitment by aligning employee values with those of the organization. Weaver and Treviño draw two important conclusion from this discussion. First, while compliance approaches produce substantial ethical improvements, they are not as effective as values approaches when assessed in terms of the seven categories mentioned just above; this is because the correct behaviors they elicit stem from external conformity rather than from a genuine, self-motivated commitment. Second, the results normally secured by compliance approaches such as a willingness to report unethical behavior can be supported and strengthened by a values approach that works to align employee and organizational values. Finally, a values approach, after securing commitment to the minimally moral, makes possible a pivot to the aspirational; it can actually engender a commitment to bringing about excellence. Moral exemplar studies provide examples of how individuals and organizations influence one another. The organization can corrupt the virtuous individual by thwarting his or her efforts at value realization. On the other hand, a positive trajectory stems from moral exemplars who enrich their environments to the point 360

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

where it can actually “lift up” others. These studies reinforce an old truth. When asked by a concerned father how to ensure that his son would become a good person, Pythagoras replied, “Make him the citizen of a good community.” Moral exemplars bring value into surrounding communities to make them better. These better communities, then, serve as the nurturing ground for educating more people of good character.

Remarks on how moral exemplar studies can influence teaching ethics This section will explore the pedagogical upshot of moral exemplar studies. After addressing a potential misunderstanding, that one should indoctrinate students into becoming moral exemplars, the authors will draw from their experience in teaching ethics to outline sample classroom activities, describe a values approach that is being tested to place an academic community on a trajectory of moral excellence, and profile an online ethics toolkit offering modules that can be deployed in a pedagogy of moral expertise. Addressing moral expertise in the university classroom does not require revolutionizing ethics instruction and discovering radically new approaches.

This section will conclude that a

curriculum designed around moral exemplar studies meets its object by redeploying successful and highly recognizable pedagogical practices.

ETHOS GUBERNAMENTAL

361


William J. Frey and JosĂŠ A. Cruz Cruz

A pedagogy of moral expertise should not seek to indoctrinate. To say that moral exemplar studies and the outstanding individuals they profile can play a role in teaching ethics and inform ethics teaching at the university level is a modest claim. It should not be construed as the very different claim that students should be forced to be moral exemplars. Such a project would be doomed from the outset for it would confuse the minimally moral with the supererogatory and attempt to reduce the latter to the former. The previous section showed how compliance approaches are not as effective as integrity approaches because they motivate moral conduct through the threat and execution of sanctions; under compliance one is moral because one wishes to avoid punishment, not because one sees intrinsic value to being moral. Indoctrinating students in moral expertise would have the same result; students would mimic the trappings of moral behavior with no appreciation of why that behavior is in itself valuable. The results of such an educational program would be fragile and easily destroyed by removing the underlying motive, the threat of punishment. Like Platoâ&#x20AC;&#x2122;s Gyges, the clever student could find ways to hide wrongdoing and hypocritically act out a different public life for appearances.

362

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

Theory building activities help students to develop a more active approach to ethical theory where they draw theory from cases depicting practice rather than impose theory on practice. An example is readily available in comparing different approaches to teaching virtue ethics. The reader can find a detailed account of how ethics instruction was approached some thirty years ago by consulting Callahan (1980).16 During much of this time virtue ethics was presented by having students read and discuss such classical resources as Aristotle’s Nichomachean Ethics and Politics.

Teaching moral expertise advances in a

different manner by eliciting frameworks (theory) from practice. The module, “Theory-Building Activities: Virtue Ethics,” starts out by first introducing students to the basic tenants of virtue ethics.17

Next, students are assigned a virtue and a moral

exemplar; for example students might look for moral courage in the profile of exemplar, Roger Boisjoly. They flesh out their virtue by contextualizing it in the life of a moral exemplar which includes (1) placing it within a professional or occupational context, (2) showing how it was embodied in the career of their moral exemplar, (3) identifying vices of excess and defect, and (4) outlining the virtue as the mean between these extremes. Each profile has an obstacle to overcome or a challenge to meet, and students attempt to sharpen their virtue profile by showing how the emerging virtue is tempered and strengthened through this struggle.

While this module does not place students in direct

contact with primary source readings in philosophical ethical theory, it provides a foundation that can be built upon later should the student decide to pursue a more formal study of ethical theory. ETHOS GUBERNAMENTAL

363


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

This and other theory-building activities place students in the role of building their own theoretical tools. Being able to build their own tools empowers students to shape them around their lives and the challenges that they are likely to face when carrying out their moral careers.

Confronting moral conflict and moral ambiguity is a skill that can be readily taught by redeploying case-based instruction. Moral exemplars are particularly adept at holding fast to their ethical commitments, even in the face of moral ambiguity and moral conflict. This challenge forms the heart of the last Hastings Center goal for moral education: “Help students to accept the likelihood of ambiguity and disagreement on moral matters, while at the same time attempting to strive for clarify and agreement insofar as it is reasonably attainable” (Pritchard, 1996: 15).18 The module, “The Gray World,” has been developed to address this standard. This module introduces students to basic ethical approaches by encapsulating them into easily learnable ethics tests: a reversibility test encapsulates deontology, a harmminimizing test encapsulates utilitarianism, and a moral exemplar test (What would a moral exemplar do in this situation?) encapsulates virtue theory. Saying that a test encapsulates a theory does not mean that the test captures the theory in all its aspects. Using easily appropriated ethics tests sets the stage for later development in learning ethical theory should there be time to do 364

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

so. But such tests necessarily trade off classroom time in the past devoted to theory apprehension to spending more time practicing case-based decision-making. Thus, the heart of “The Gray World” module lies in using cases to practice moral expertise. Layered cases work by presenting a core scenario to students for discussion and then layering on complexity in the form of complicating circumstances to help students move from a clear-cut situation to one that is more complex or “gray.”19

The layered-on

circumstances complicate the core scenario by creating conflicts and ambiguity. conflict

and

Layered cases thus expose students to moral ambiguity incrementally in

order

to

avoid

overwhelming them with too much complexity, conflict, and ambiguity at the outset. Rashomon cases provide another occasion to practice confronting moral conflict and ambiguity. Like the movie of the same name, these cases lack a central, authoritative narrative account of what actually happened.

Instead, the events are

conveyed through a series of individual, conflicting narratives told by each of the participants. Because each participant has a stake in the outcome, the narrative he or she provides is biased and the facts filtered through the participant’s interest.

Here moral

ambiguity and conflict lie in conflicting narrative accounts that reflect different modes of participation. Students practice seeing how interests distort and filter our perception of events. They learn how to clean the narrative of these distorting aspects and work through different participatory perspectives to produce a consistent, comprehensive view of the situation. Rashomon cases, thus, encourage students to face moral ambiguity and disagreement ETHOS GUBERNAMENTAL

365


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

and to practice different strategies in moral compromise (Benjamin, 1999).20

Community development is an important component of moral expertise and should be addressed in a curriculum built around practicing and honing moral expertise. 21 Frey and Cruz (2013) address this issue by outlining how the development of a “Statement of Values” has helped to solidify an academic community.

This paper details the process the

community undertook to uncover, prioritize, and refine its value commitments.

Value profiles were enriched by two activities:

writing rules to outline the value’s minimally moral threshold and identifying aspirations to highlight its supererogatory ideals. The process of identifying and agreeing upon a set of value commitments is arduous but worth the effort. It is essential for unifying a community around its core ideals.

There is also

evidence that a community that has brought ethical values into its set of core commitments and values provides a supportive environment for those individuals who strive to achieve these ideals and integrate them into their own moral careers.

This

process is never complete. In recognition of this, the authors’ academic community has institutionalized a series of challenges to its “Statement of Values.” Students examine their Statement of Values to see if it is comprehensive, stands up to challenging case studies, exhibits the right set of priorities, and provides clear and actionable descriptions of each value.22

Value challenges are

important drivers in a culture of continuing moral improvement.

366

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

Those devoted to teaching moral expertise can launch their own trajectory of moral excellence by developing a toolkit consisting of pedagogical resources and materials that are continually contextualized, reshaped, and improved by its members. Curbelo, Cruz, and Frey (2010) provide a detailed description of an online ethics toolkit that readers can consult for materials that can be adapted to their particular teaching situations. Modules (individual classroom exercises) can be collected into larger entities called courses which can be used to supplement textbooks. Modules that have been collected together into unities that Connexions® calls “courses” or “lenses” are cited at the end of this paper. Of special importance is the ease with which interested individuals can identify potentially useful modules and then rewrite these to fit their own classroom needs.

The website

Temoa23 describes how different individuals in the Mexican university, the Tecnológico de Monterrey, have adopted and modified different Toolkit modules to fit their different pedagogical demands.24 The conclusion of this section, perhaps surprising to some, is that targeting moral exemplars in ethics curricula does not require throwing out traditional classroom approaches to teaching ethics. The practices profiled for teaching moral expertise are quite familiar including such activities as case-based discussion, role playing, debating, and framework-driven discussion. A pedagogy developed for teaching moral expertise will, instead, redeploy these traditional and familiar classroom activities toward two different emphases.

First, developing moral expertise requires ETHOS GUBERNAMENTAL

367


William J. Frey and JosĂŠ A. Cruz Cruz

practicing key skills. According to Huff et al. (2008) these skills include moral imagination, moral creativity, reasonableness, and perseverance. This approach is nothing new to those familiar with Aristotleâ&#x20AC;&#x2122;s claim that one becomes good by becoming, through practice, habituated to doing good.

Second, it requires

redeployment of classroom activities like discussion and role playing toward the identification and implementation of moral values or aspirations. Moral exemplar studies help to flesh out the supererogatory.

One can integrate these findings into the

classroom by providing students with profiles of individuals who have designed and implemented successful careers in a variety of different situations.

Conclusion Why study moral exemplars?

Hopefully this paper has

provided several useful answers to this question. Moral exemplar profiles provide a counter-balance to tales of corruption and woe. They inspire and motivate supererogatory conduct by explaining how such conduct is possible and by profiling individuals who in their lives have made it actual. These studies show how isolated individuals come together to support one another by forming communities built around the pursuit and achievement of moral excellence. Moral exemplar studies can shape conduct without resorting to punishment or indoctrination.

They draw us to

practices that nurture creativity, autonomy, and collaboration. But they also deepen community life by uncovering identity-conferring values, commitments and projects; they reveal to individuals and their surrounding communities their core aspirations. 368

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

In addition, this paper has shown how moral exemplar studies flesh out the supererogatory.

This “higher” space has been

contrasted with the minimally moral. Moral exemplar studies have the potential to motivate aspirational conduct, renew and refresh traditional ethical theories, and outline different paths to moral expertise. A recent moral exemplar study, “Good Computing,” has highlighted different moral careers by lifting patterns and structures from more than twenty interviews held with recognized leaders in the European computing community. Moral exemplar studies help to reconfigure communities around trajectories of values and integrity which forge deeper commitment to moral values and principles than the compliance approach currently dominating the organizational scene. And, most important of all, moral expertise can be taught without indoctrination and without revolutionizing the classroom. By redeploying existing teaching practices, teachers can place their students on the path toward a moral career in their profession or occupation. To develop, collect, and disseminate this process, the authors have designed an online ethics across the curriculum toolkit that prominently displays best practices in moral instruction so that the ethics-teaching community can continually modify and improve these materials as they are tested in different contexts.

ETHOS GUBERNAMENTAL

369


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

Acknowledgements The authors gratefully acknowledge present and past support from the National Science Foundation for the EAC Toolkit and GREAT IDEA projects. (Grants No. 1033028 (NSF/EESE) and NSF-SES-0551779) They also wish to acknowledge the support of the CIVIS grant currently running at the University of Puerto Rico at Mayagüez. (Center for Resources in General Education, DE P031S080124)

370

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

Notes 1

Shamoo and Resnik state the following: “although some scholars

distinguish between “ethics” and “morality,” in this book we use these terms interchangeably” (Shamoo and Resnik, 2003: 5). This paper will follow this well-established practice. 2

Other profiles of moral exemplars include Thomas Keneally’s Schindler’s

List, Phillip Haillie’s Lest Innocent Blood

Be Shed, Mohammad Yunus’s

Banker to the Poor, Scott Anderson’s The Man Who Tried to Save the World (a biography of disaster relief specialist, Fred Cuny), and Samuel P. Oliner’s Altruistic Personality, which profiles those who helped victims of Nazi persecution during the Second World War.

Movies that portray moral

exemplars include Gandhi, Erin Brockovich, The Insider (profiling whistle blower Jeffrey Wigand), and Fred Zimmerman’s academy award winning move, A Man for All Seasons (profiling Thomas More). 3

Two quotations from Urmson show this clearly: (1)“But it does seem that

these facts have been neglected in their general, systematic accounts of morality. It is indeed easy to see that on some of the best-known theories there is no room for such facts” (Urmson, 1958, p. 206). (2)“[s]imple utilitarianism, Kantianism, and intuitionism, then, have no obvious theoretical niche for the saint and the hero” (Urmson, 1958: 207). 4

Flanagan (1991) provides a sustained argument against situationalism.

Sabini and Silver (2005) summarize the attacks Doris and Harmon make against virtue and character while Robert Solomon (2005) offers a compelling reply from the standpoint of a virtue-based business ethics. 5

Even though Pritchard discusses good works primarily in the context of

engineering practice, he also sees this as spilling over into other disciplines. See Pritchard, 1996, 1998, and 2006. 6

These are based on the philosophical writings and novels of Iris Murdoch.

7

www.onlineethics.org

8

Boisjoly detailed examples of this retaliation during a presentation given

in Mayagüez, Puerto at UPRM in 2004. A general account can be found at

ETHOS GUBERNAMENTAL

371


William J. Frey and José A. Cruz Cruz

www.onlineethics.org/Topics/ProfPractice/Exemplars/BehavingWell.aspx. Accessed November 27, 2013. 9

Colby and Damon add humility: “[a] sense of realistic humility about

one’s own importance relative to the world at large, implying a relative lack of concern for one’s own ego.” (Colby and Damon, 1992: 315-6) 10

This list is closely paraphrased from Huff and Barnard, 2009: 50.

11

These kinds of moral exemplars were identified by coding life story

interviews with 24 moral exemplars in computing in Europe. Among those interviewed are Simon Rogerson, James Towell, Elizabeth France, Alan Newell, Alan Cox, Enid Mumford, Jan Holvast, Francis Grundy, and Ove Ivarsen (Huff and Barnard, 2009: 49). 12

Compare this to the list provided by Colby and Damon: “the exemplars’

disregard for risks and their disavowal of courage; their certainty of response about matters of principle; their unremitting faith and positivity in the face of the most dismal circumstances; their capacity to take directions, as well as social support, from the followers whom they inspire; the dynamic interplay between continuity and change in their personal life histories” (Colby and Damon, 1992: 293). 13

Huff et al. (2008, parts 1 & 2) provides a detailed account of PRIMES,

the Good Computing moral exemplar study, and a detailed literature survey. Frey (2010) identifies teaching modules for an online ethics toolkit that address the different components of PRIMES. Finally, Cruz et al. (2010) provide a detailed description of an online ethics toolkit that readers can consult for materials that can be adapted to their particular teaching situations. 14

This is a very close paraphrasing of the criteria listed by Weaver and

Treviño, 1999, 321-324. 15

For an excellent account of Kohlberg’s moral development theories, its

changes throughout the career of Kohlberg, and the more radical changes that took place at the hands of Kohlberg’s students, the “Post-Kohlbergians,” see Lickona (1980), Rest (1999) and Lapsley (1996). 16

Douglas Sloan (1980) provides a comprehensive survey of the ways

ethics was taught in U.S. universities from 1876 to 1976. Those who are quick

372

2013-2014


Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

to dismiss the tradition of teaching ethics and reduce it to multiple choice online exams would do well to consider what has been left out by such shortcuts. 17

This module along with many of the others detailed above can be found

in the EAC Toolkit Lens: University of Puerto Rico at Mayagüez—College of Business Administration. Curriculum

Resources

Collaborative Development of Ethics Across the and

Sharing

of

Best

Practices.

http://cnx.org/lenses/eactoolkit/eactoolkit. 18

This goal was originally set forth in Callahan (1980).

Pritchard’s

formulation ties in nicely with the results brought about by teaching the module, “The Gray World.” 19

A detailed account of layered cases is provided in Rios et al. (2013).

This account includes an example of one of the layered cases used in the module. The module itself can be found through the EAC Toolkit lens cited at the

end

of

this

paper.

It

can

also

be

found

at

http://cnx.org/content/m37142/latest/. 20

A detailed account of this kind of case-based activity and its pedagogical

outcomes is presented in Rios et. al (2013). Patricia Werhane discusses what she terms the “Rashomon Effect” in Moral Imagination (1999). 21

Here is the objective explained in more detail: “In addition to building

the skills and knowledge above, moral pedagogy should be designed to help build an ethical community of students and practitioners. It can do this first by fostering solidarity… Ethical communities are also built and sustained by the cultivation of virtues….” (Huff and Frey, 2005. pp. 396-397). 22 23

This process is reported by Frey and Cruz (2013). http://www.temoa.info/.

One professor reported on using “Theory

Building Activity: The Mountain Terrorist Exercise” to integrate ethics into a course on English as a Second Language. See Cruz, Curbelo, and Frey (2010) for more on this kind of module adaptation. 24

See Cruz (2010) for a detailed description of this process.

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Exploring The Supererogatory Through Moral Exemplar Studies

About the Authrs

José A. Cruz Cruz José A. Cruz Cruz has a B.S. in Computer Engineering, a M.S. in Information Management and a Ph.D. in Intelligent Business Systems. Presently he is a Professor of Information Systems at the University of Puerto Rico at Mayagüez. For over a sixteen years, he has participated in and led workshops for university teachers from all disciplines in Ethics Across the Curriculum (EAC). Dr. Cruz is the Principal Investigator of "Collaborative Development of Ethics Across the Curriculum Resources and Sharing of Best Practices," NSF-SES-0551779, a National Science Foundation grant.

Called the EAC Toolkit, it houses over modules and

collections built upon classroom exercises and activities designed by members of a community committed to inserting ethics activities across and throughout the university curriculum.

William J. Frey William J. Frey is Professor of Business Ethics in the College of Business Administration at the University of Puerto Rico at Mayagüez.

Past-director of the Center for Ethics in the

Professions, he has taught courses in business, engineering environmental, agricultural, and computer ethics at UPRM for over twenty four years. He has published thirty-six papers in this area in journals in the continental U.S., Europe, and Puerto Rico; he has also shared online through Connexions® 94 classroom exercises and 14 module collections covering most areas of practical and ETHOS GUBERNAMENTAL

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William J. Frey and JosĂŠ A. Cruz Cruz

professional ethics.

During his career he has been Principal

Investigator or Co-Principal Investigator on eight grant projects funded by agencies such as the National Science Foundation, the Puerto Rican Foundation for the Humanities, and the University of Puerto Ricoâ&#x20AC;&#x201D;Central Administration. William

Frey

and

Jose

Cruz

have

collaborated

on

interdisciplinary projects promoting practical and professional ethics for over seventeen years. These include the development and implementation of a Statement of Values for the College of Business Administration at UPRM, the EAC Toolkit, and over 20 workshops in practical and professional ethics carried out in Puerto Rico and throughout the Continental U.S., Mexico, Germany, and Canada. They have coauthored eleven papers in practical and professional ethics and are (or have been) members of the Association for Practical and Professional Ethics, the Society of Ethics Across the Curriculum, Frontiers in Education, and American Society of Engineering Education.

382

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico, Escenarios para una Nueva Cultura de Transformación Participativa Jeffrey Pérez Cabán

Introducción Frecuentemente, escuchamos en la discusión pública, y en nuestras conversaciones cotidianas, que el mayor recurso con el que cuenta Puerto Rico es su capital humano.

En efecto, un

análisis sobre el desarrollo de nuestra historia laboral, revela que nuestra Isla adoptó normas y procedimientos relacionados que se encuentran altamente protegidos por el Estado, y que gozan del respeto de nuestra sociedad.

Me refiero a las reglas que han

establecido un marco referencial influyente y dinámico, que contribuye a construir la confianza pública en la cual convergen el desarrollo económico, las aspiraciones y dinámicas de una fuerza laboral instruida y competente, y los derechos y obligaciones establecidos a favor del capital humano. A través de esa convergencia, se adelanta el propósito de que experimentemos como sociedad los efectos acumulados de la seguridad, la compensación adecuada, y la motivación individual y social para contribuir al desarrollo de nuestra economía. A esa unidad de propósito, la denominamos Paz Laboral; hacemos bien en investigar, reflexionar y valorar las condiciones sociales, políticas y económicas que representan el cultivar dicha referencia y práctica en todo nuestro quehacer humano, para el bienestar de Puerto Rico. Con el transcurrir de los años hemos aprendido que el ETHOS GUBERNAMENTAL

385


Jeffrey Pérez Cabán concepto de Paz Laboral es un referente importante dentro de las relaciones obrero-patronales. En su sentido más elemental, es producto de la negociación colectiva, en la cual se analizan, discuten y establecen parámetros en torno a horas, salarios y condiciones de trabajo.

Y en su sentido más abarcador e

integrador, es una de las vivencias sociales más impactantes en el proceso de consolidar y desarrollar los componentes relacionados al bienestar humano inclusivo que contribuyen al desarrollo económico sostenible que aspiramos en la actualidad. El desarrollo económico sostenible de una sociedad es inseparable de su capacidad para producir investigaciones académicas y diálogos públicos constructivos, en donde se analicen las normas, las conductas y las prácticas que forman la vida productiva de dicha sociedad. En esa dirección, este artículo se concentra en varios aspectos relativos a la cultura obreropatronal de Puerto Rico, y consigna recomendaciones para proseguir la ejecución de la política pública laboral. Los temas que se destacan son: la negociación colectiva, el establecimiento de los métodos alternos de solución de conflictos, el crecimiento profesional del servidor público, y las responsabilidades que nuestro ordenamiento jurídico le imponen a los gremios sindicales a favor de sus afiliados. Además, pasaremos revista de cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido guías y parámetros durante décadas, para definir

y organizar nuestro entorno laboral actual.

Exploraremos cómo la inspiración provocada por valores éticos llevó a nuestros dirigentes a establecer normas sociales que hoy en día vemos como derechos adquiridos. 386

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Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico La Negociación Colectiva y su Balance en el Desarrollo Económico. En Puerto Rico, los orígenes de las relaciones obreropatronales se encarnaron en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo en la industria agraria y mercantil. En aquella coyuntura histórica, la mayoría de los trabajadores de la industria del azúcar y la manufactura- entre otras- se desempeñaban en escenarios laborales paupérrimos.

En Estados Unidos y Puerto Rico la

realización de manifestaciones, expresiones, piquetes y huelgas se consideraba una conducta criminal. En esa época, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó leyes, tales como: la Sherman Act y el Clayton Act, con el objetivo de suprimir y desalentar dichas prácticas, debido a que se consideraban conductas monopolizadoras que no contribuían a la economía de la nación. Ya para el 1935, y en el contexto de las transformaciones diseñadas por El Nuevo Trato, en los Estados Unidos se aprobó la Ley Wagner.

Esta legislación estableció el derecho de las

organizaciones de trabajadores a negociar con sus patronos sobre horas, salarios, términos y condiciones de empleo, entre otros componentes. Además, la nueva Ley creó un organismo cuasi judicial, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, que se encargaría de administrar dicha ley. Luego de varias conquistas de los trabajadores en Puerto Rico, el 8 de mayo de 1945 se aprobó la Ley Núm. 130, también conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, creadora de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Ricoi. La ETHOS GUBERNAMENTAL

387


Jeffrey Pérez Cabán Ley 130 consagra los derechos de los trabajadores puertorriqueños sindicados, que no están cobijados por las leyes federales en materia de relaciones obrero-patronales. A manera de ilustración, destacamos que éstos son los empleados agrícolas, los empleados de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y empleados de empresas privadas que no están inmersas en el comercio interestatal. Algunos de los derechos que consagra esta ley son los siguientes: el derecho a organizarse, a escoger sus representantes, a negociar colectivamente sus horas, salarios, términos y condiciones de empleo. El artículo 1 de la Ley Núm. 130, supra, dispone que es política del Gobierno de Puerto Rico eliminar las causas de ciertas disputas obreras, fomentando las prácticas y procedimientos de la negociación colectiva, estableciendo un tribunal adecuado, eficaz e imparcial que implante dicha política. De igual forma, dispone que todos los convenios colectivos vigentes y los que se hagan en el futuro se declaren instrumentos de alto interés público con el propósito de promover la política pública del Gobierno de Puerto Rico de fomentar la producción económica y las mejores condiciones de trabajo, de forma óptima y efectiva. La Ley Núm. 130, supra creó la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, la cual honramos en presidir. La Junta es un organismo cuasi judicial que investiga, delibera y adjudica controversias obrero-patronales, al amparo de la Ley de Relaciones del

Trabajo, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, supra.

Posteriormente, se adoptó la Carta de Derechos de Empleados Miembros de una Organización Laboral, Ley Núm. 333-2004,

388

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico según enmendada, y se encomendó a la Junta la administración de dicha ley en cuanto a los obreros bajo su jurisdicciónii. Las decisiones que tomó la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico desde el 1945, fueron elementos persuasivos al momento de redactar la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, la cual consigna el derecho a la jornada de ocho horas y el derecho a la huelga, entre otros. Estos derechos constitucionales, fomentan la dignidad, la salud, la seguridad y la expresión

de

los

trabajadores;

derechos

que

mejoraron

positivamente sus condiciones de empleo. Como bien mencionamos, la misión de la Junta es impartir justicia pero también se centra en el diálogo para la búsqueda de soluciones satisfactorias entre las partes. A tono con lo anterior, en el año 2010 se aprobó el Reglamento para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Relaciones del Trabajoiii. En dicho cuerpo de normas, se ha dispuesto que dentro del trámite investigativo de un reclamo, exista la posibilidad de encaminar un proceso de conciliación informal para que las partes ausculten un acuerdo que ponga fin a la controversia.

Esta

conciliación informal ha transformado la confianza ciudadana hacia la entidad, y le ha dado un giro diversificado a nuestra función de tomar decisiones en conflictos laborales. La iniciativa ha logrado que las investigaciones sean rápidas, que todos colaboren para adelantar sus intereses particulares, y a su vez, logre acuerdos que adelanten el bienestar común.

ETHOS GUBERNAMENTAL

389


Jeffrey Pérez Cabán El Rol de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en el establecimiento de la Negociación Colectiva. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecida en el 1952, como parte de la protección social que en ella se establece para el trabajador puertorriqueño, adoptó una figura de contenido y alcance trascendental, me refiero a la negociación colectiva. Dicha figura se consignó en la Carta de Derechos en el Artículo II, Secciones 17 y 18, y en las mismas, se otorga el derecho de los trabajadores de empresas, negocios, patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados, a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección, para promover su bienestar. Citamos la sección 18 la cual habla sobre el derecho a la huelga y a establecer piquetes, entre otros. La constitución reza así: “A fin de asegurar el derecho a organizarse

y

a

negociar

colectivamente, los trabajadores de empresas, privados

negocios, y

de

patronos

agencias

o

instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados, tendrán en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer

390

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales. Nada de lo contenido en esta sección menoscabará

la

facultad

de

la

Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad pública, o los servicios públicos esenciales.iv” La referida Carta de Derechos celosamente estableció los derechos fundamentales de los trabajadores y los servicios que afectan la vida, la economía y la seguridad de la isla. La Junta de Relaciones del Trabajo consistentemente a la luz de la Ley Núm. 130, supra, ha interpretado que los convenios colectivos son leyes entre las partes. Por lo cual, en dichos pactos se establecen los diversos métodos y alternativas a la solución de conflictos en el ámbito obrero patronal, tales como: la Negociación, la Conciliación, la Mediación y el Arbitraje.

La Negociación Colectiva sus Tendencias y su Proceso en la Transformación de Puerto Rico. La negociación colectiva coexiste con otros métodos alternos y es definida como un proceso de diálogo entre dos o más personas que intentan superar diferencias por vía de identificar los intereses en cuestión, lo cual les asiste en superar las posiciones iniciales, sin permitir que estas se tornen en obstáculos al proceso de transformación de los conflictos. Las partes intentan reconciliar ETHOS GUBERNAMENTAL

391


Jeffrey Pérez Cabán sus diferencias comprometiendo posiciones e intercambiando prestaciones para lograr llegar a ciertos entendidos.1 Reconocemos que no siempre existe la disposición para efectuar los procesos de negociación y llegar a los acuerdos deseados, lo cual torna el proceso de la Negociación Colectiva en uno muy adversativo.

Este tipo de dinámica

tiene como

consecuencia que se generen conflictos con grandes pérdidas económicas y sociales para Puerto Rico. Entendemos que debe darse una transformación en lo que debe ser el enfoque y la práctica de la Negociación Colectiva, ya que la misma debe ser una participativa. En nuestra cultura puertorriqueña alcanzar soluciones a nuestros problemas requiere de un alto valor de compromiso y civismo. Históricamente, hemos producido una diversidad de métodos para solucionar los mismos. Torres Rivera (2013: 8-9) en su Manual sobre Métodos Alternos a la Adjudicación, plantea lo siguiente. La calidad exhaustiva del planteamiento, amerita incluir la totalidad del mismo. “El

principio

básico

de

cualquier

sistema

democrático de relaciones laborales es la autonomía colectiva. Es éste un principio que cuenta con numerosas expresiones, la más significativa de las cuales es la negociación colectiva. El derecho que asiste a empresarios y trabajadores de fijar a través de sus representaciones, las condiciones a las que

1

Según el Profesor Alejandro Torres Rivera, citando al Profesor Daniel Nina, en

su libro Mediación: Teoría y Práctica.

392

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico han de someterse sus relaciones recíprocas no cierra el catálogo de manifestaciones de la autonomía colectiva. También forman parte de él los medios a través de los cuales las representaciones de trabajadores y empresarios deciden resolver sus controversias de un modo pacífico mediante procedimientos que se sustancian al margen de los órganos que, en cada país, encarnan el Poder Judicial. Bajo nuestro ordenamiento laboral, las tres leyes que

controlan

los

procesos

de

negociación

colectiva, la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y la Ley de Sindicación de los Empleados Públicos, establecen el marco legal dentro del cual se ejercen los derechos a la negociación colectiva de los trabajadores en materia de horas, salarios, términos y condiciones de empleo. Por lo tanto, a la hora de establecer nuestras tácticas y estrategias de negociación, no podemos ser efectivos si no tomamos en consideración las posibilidades y las limitaciones que nos imponen estas leyes. Es esencial, además, reconocer que en Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones en Estados Unidos e incluso a nivel de leyes aplicables a los trabajadores

y

patronos

dentro

del

llamado

¨comercio interestatal¨, existe un amplio conjunto ETHOS GUBERNAMENTAL

393


Jeffrey Pérez Cabán de leyes y reglamentos, que rigen las relaciones obrero patronales creando derechos y protecciones a partir de las cuales es que deben procurarse los desarrollos de los términos y condiciones de empleo en los talleres de trabajo. En consecuencia, pretender negociar a espaldas de estas realidades, es otro gran error. Se impone entonces, la obligación de que las partes, en los procesos de negociación, a la hora de formular sus respectivas propuestas y contrapropuestas, revisen estas leyes y reglamentos de manera que los asuntos sujetos a acuerdo no contravengan sus disposiciones. Ante un escenario de economía global resulta imperativo reinventarse, para lograr acuerdos satisfactorios de forma rápida y consciente del reto global que se nos plantea para lograr ser competitivos y añadirle valor a nuestros trabajos sin que se afecten derechos adquiridos. Tenemos que anotar que una Negociación Adversativa provoca que se despilfarren recursos y tiempo en disputas innecesarias. Replanteamos el fin que la ley nos encomienda y ver el bienestar común a través de negociación de convenios conscientes de las realidades sociales y de la empresa organizada.” v Desde esta perspectiva metodológica, resulta pertinente considerar, como ejemplo, prácticas de negociación colectiva reconocidas por su calidad óptima a nivel mundial. Según Tomada y Rigat-Pflaum (1998: 9-10), la negociación colectiva requiere que 394

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico las partes genuinamente interesadas en practicarla, adquieran las destrezas de conocimiento, y los niveles de voluntad necesarios para adelantar la misma: “Los procesos de negociación que llevan adelante los sindicatos como representantes del colectivo de los trabajadores, pueden enfrentar los cambios que se producen en el mundo del trabajo de diferentes maneras. La postura a tomar frente a ellos, debería ser el producto de la discusión y análisis del sindicato y sus representados de acuerdo al contexto, a los intereses de los trabajadores y a otros factores que hacen a la fuerza y posibilidad de los actores. Lo fundamental para el actor sindical, será conocerlos, comprenderlos e incorporarlos a la discusión que se lleve adelante durante el proceso de la negociación. A raíz de estos cambios, una nueva terminología se ha ido incorporando a la vida de los trabajadores, no sólo en sus lugares de trabajo sino en su vivir cotidiano: globalización,

mejora

continua,

calidad

total,

competencias, entre otras.vi” En el mundo actual, destacamos la importancia que reviste el lograr adelantar una cultura laboral con la visión, capacidad de aprendizaje y superación, necesarias para actuar en los escenarios económicos regionales y globales. Tamada y Rigat-Pflaum (1998: 25-27), analizan las tendencias que se observan en la economía internacional, las cuales hay que tener presentes, particularmente en los procesos de negociación colectiva. Nuevamente, resulta ETHOS GUBERNAMENTAL

395


Jeffrey Pérez Cabán necesario exponer el contexto en su totalidad para ilustrar la importancia de este método para el desarrollo económico sostenible. “En la actualidad, cuando se habla de los cambios en

la

economía

internacional,

aparece

la

globalización como un rasgo predominante que los autores analizan para caracterizarlos. La situación de finales del siglo XX reconoce algunas tendencias centrales que ponen de relieve la dinámica de este proceso de mundialización. Es en el contexto de estas tendencias económicas donde surgen y se desarrollan los nuevos patrones de competencia internacional, que afectan a la organización de la empresa y a los cambios en las relaciones entre capital y trabajo. Las características y funciones de los Estados nacionales se insertan asimismo en este contexto, y las políticas nacionales responden a la adecuación de dichos espacios a los requerimientos de la economía mundial. En este sentido, algunos autores reconocen la posibilidad y necesidad de acción de los estados nacionales en el marco de la regionalización y globalización

de

la

economía.

Los

desafíos

comunes a los que se enfrentan los diferentes países requieren respuestas sustentadas en la propia realidad nacional. Las políticas de apoyo a la competitividad sistémica exigen esfuerzos públicos y 396

privados

en

infraestructura,

2013-2014

innovación


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico tecnológica y recursos humanos que den cuenta de las condiciones de partida de cada país y de la calidad de sus instituciones. La experiencia internacional es sumamente valiosa, pero las soluciones

nacionales requieren de la

voluntad política y la creatividad de los actores sociales involucrados. La globalización, en el sentido de interdependencia económica, tiende a uniformar los modelos de organización social, los mecanismos de regulación y sistemas jurídicos, los que deben someterse a las exigencias de la economía de mercado global. Por otra parte, la creciente competencia genera dentro del mercado mundial una mayor variedad de soluciones e innovaciones que contribuyen a la formación de distintos estilos económicos y sociales. En este sentido, algunos autores reconocen la posibilidad y necesidad de acción de los estados nacionales en el marco de la regionalización y globalización de la economía.” Es importante señalar que algunos países latinoamericanos adoptaron esta política adjudicativa a los efectos de viabilizar adelantos significativos en sus respectivos procesos de crecimiento económico.

Específicamente, bien hemos aprendido que en

materia de los contenidos del conflicto laboral, estos pueden involucrar

intereses

personales,

ideológicos,

políticos

o

económicos, con el potencial de afectar positiva o negativamente la ETHOS GUBERNAMENTAL 397


Jeffrey Pérez Cabán negociación colectiva. Al respecto, Tomada y Rigat-Plaufm (1998: 27) señalan lo siguiente: “Cuando el objeto del conflicto entre los dos actores sociales amenaza fines o valores de cualquiera de ellos, se trata de una situación de antagonismo. En rigor, en este caso la negociación parece carecer de sentido, ya que no es deseada ni reconocida por las partes. Estas procuran, en última instancia, la destrucción de su oponente. En la medida que el conflicto emergente afecte las zonas de poder o intereses estratégicos que cada una de las partes considere esencial preservar en una determinada situación, estamos frente a un conflicto propiamente dicho. Cuando el objeto del conflicto es la distribución de un bien escaso, situación típica en la discusión salarial, por ejemplo, cada una de las partes tratará de maximizar sus ventajas relativas. La negociación colectiva, como mecanismo de administración del conflicto laboral, se desplaza entre estos dos últimos conceptos, según las situaciones

de

contexto

político,

social

o

económico.”vii La Organización Internacional del Trabajo en su “Estudio General sobre Instrumentos Relativos al Empleo” establece que todos los trabajadores tienen derecho a unirse y a constituirse en 398

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico organizaciones, así como a proteger dichas organizaciones de toda injerencia de los patronos privados o de los gobiernos.viii En Puerto Rico, resulta necesario enfrentar los retos y añadir valor a nuestro desarrollo económico y a la calidad de vida que compartimos. Es evidente que la negociación colectiva es un modelo dinámico, vital para desarrollar nuestro potencial estructural. Sin embargo, para promover un balance entre los valores y los intereses, entre la producción económica y el desarrollo de las condiciones de trabajo, es crucial que se generen condiciones materiales específicas para garantizar tal finalidad. Es esencial que exista un sentido de identidad entre la empresa y el capital humano, donde su cultura esté enmarcada en relaciones interpersonales excelentes que fomenten la productividad. Por lo que exhortamos a que se discutan los procesos de la Negociación Colectiva Participativa en Puerto Rico, para que se priorice en la ejecución de estos diez (10) elementos que a nuestro juicio, impulsan el desarrollo de una cultura organizacional alternativa y a la altura de los tiempos: 1.

La situación financiera de la empresa: que ambas partes observen el cuadro fiscal con detenimiento, y hagan un análisis de las proyecciones económicas de la misma, con esto fomentamos la transparencia y las políticas inclusivas en la toma de decisiones económicamente viables.

2.

El perfil demográfico de los trabajadores, entiéndase la composición de género, edades, zona geográfica de la isla donde residen, preparación académica y metas individuales

ETHOS GUBERNAMENTAL

399


Jeffrey Pérez Cabán de estos, con el fin de que las condiciones a ser negociadas representen los intereses del capital humano. 3. Las metas y aspiraciones de la empresa deben tomar en cuenta su recurso humano, en cuanto a la experiencia y aspiraciones de crecimiento profesional. 4. Que el crecimiento profesional de todos se garantice mediante la apertura de la empresa a nuevos nichos de mercados. Además, que se desarrollen nuevas destrezas en ruta a explorar la reinvención de esas nuevas avenidas de desarrollo económico. 5. La participación y la comunicación institucional en la toma de decisiones institucionales. 6. Métodos Informales de solución de disputas laborales sin solemnidades que menoscaben la Paz Laboral. 7. La no recriminación de las actividades concertadas a tenor con la ley. 8. No puede establecerse como estrategia de las partes, un ambiente de provocación ni mensajes indirectos en la mesa de negociación que corrompan la paz laboral que debe prevalecer. 9.

La responsabilidad de las partes relacionada a la comunicación de los acuerdos a los trabajadores afiliados.

10. La transparencia en la formulación de propuestas y contrapropuestas. Creando así una ventana de diálogo abierto en la prevención de situaciones que afecten la permanencia o la seguridad de la empresa y a su vez la modificación del convenio colectivo.

400

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico La Negociación Colectiva administrada de forma responsable por los actores del quehacer laboral es una herramienta necesaria, para adelantar un recurso humano motivado y presto a servir en el proceso de transformar nuestra economía.

Es importante que

generemos la claridad necesaria para entender que nos corresponde actuar

estratégicamente

como

sociedad,

para

contribuir

positivamente a la profundidad de nuestra Paz Laboral, y a los delicados procesos de reestructuración económica y modalidades de producción que se materializan aceleradamente tanto en la escala regional, como en la global.

El Establecimiento de una Cultura de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Solución de Presente y Futuro. Es evidente que la toma de posición responsable, la energía humana comprometida, y la competencia genuina y productiva, constituyen algunos de los componentes trascendentales de la historia laboral global. Sin embargo, las ideas, las prácticas y los valores que cristalizan esa historia, también son transformadores. La manera en que aprendemos a dirimir nuestros conflictos y diferencias –independientemente del tipo o especie que seatambién es un indicador de nuestro nivel de desarrollo y de nuestra madurez social y cultural; rasgos de nuestro carácter y fibra moral, continuamente expuestos a la percepción y evaluación global. En Estados Unidos, como en Puerto Rico, existe una fuerte política pública que favorece el uso de los métodos alternos de solución de conflictos entre nuestros ciudadanos. El más alto foro judicial en

ETHOS GUBERNAMENTAL

401


Jeffrey Pérez Cabán Puerto Rico, el Tribunal Supremo, en el caso Vivoni Farage v. Ortiz Carro 179 D.P.R. 990 (2010) expresó lo siguiente: Desde hace varias décadas muchas jurisdicciones han adoptado métodos alternos de solución de disputas. Puerto Rico se ha unido a esta tendencia y ha promovido el desarrollo de mecanismos alternos informales para la solución de conflictos, primero mediante

programas

de

mediación

y,

posteriormente, a través del arbitraje y la evaluación neutral. Así las cosas, este Tribunal ha declarado que: …es política pública de la Rama Judicial fomentar la utilización de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia en una forma más eficiente, rápida y económica.

Regla 1.01 del Reglamento de

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX R.1 (1.01). Los métodos alternos mencionados han sido integrados a una diversidad de controversias presentadas ante los tribunales, más allá de las tradicionales disputas comerciales y de relaciones laborales.ix Somos del criterio que si existe la Paz Laboral es porque hay un elemento modelo en la administración del capital humano, y madurez de las partes para imaginar y trabajar alternativas que trascienden los intereses puramente individuales, y se orientan al bienestar común. Nuestra economía, al igual que en países 402

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico desarrollados y en vías de desarrollo, atraviesa dificultades que implican superar los retos que plantean la descomposición de la ética y la calidad del compromiso de todo servidor público. Lo anterior implica fomentar, practicar y desarrollar valores fundamentales, destacándose la responsabilidad, la bondad, la paz y la justicia, entre todos los actores del quehacer laboral.

El

establecimiento de Métodos Alternos surge como una nueva alternativa de hacer justicia en los tiempos presentes. En Puerto Rico, en el ámbito laboral existen diferentes métodos de solución de conflictos, entre ellos el arbitraje, la mediación y la conciliación. En el caso de los trabajadores de las corporaciones públicas y empresas privadas, afiliados a un sindicato, dichos métodos son administrados por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Este negociado brinda a la mayoría de los patronos y trabajadores vinculados

mediante un convenio colectivo, los servicios de

mediación, conciliación y arbitraje; siendo este último un método muy respetado por los tribunales de nuestra jurisdicción. Para aquellos empleados no sindicados de las empresas privadas, existe la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo (OMA). En el caso de los trabajadores gubernamentales, existe el foro de arbitraje que obligatoriamente tiene que existir en los convenios colectivos ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP); y para los no sindicados en el Gobierno, independientemente si son agencias o corporaciones públicas, existe la mediación ofrecida por la Oficina de

ETHOS GUBERNAMENTAL

403


Jeffrey Pérez Cabán Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH). El arbitraje es el método alterno de solución de conflictos más utilizado en Puerto Rico, de ahí su larga trayectoria. No obstante, en Puerto Rico no existe una ley que regule este tipo de método en el ámbito de las relaciones obrero- patronales. Somos del criterio que debe existir esta legislación, a los efectos de incentivar a las partes interesadas para que puedan resolver sus controversias de una forma justa, rápida y económica. Torres

Rivera (2013: 12), define el concepto de Arbitraje

Voluntario como aquel procedimiento negociado libremente por las partes, donde luego de agotados los pasos de ajuste de la controversia, se somete la misma a la consideración de una tercera parte para su adjudicación. La referencia a pasos de ajuste remite nuestra atención a los pasos iníciales e informales entre el supervisor y el empleado, o entre el patrono y el gremio, que se establecen en los convenios para auscultar la posibilidad de resolver

sin

tener

que

someter

cualquier

reclamación

formalmente.x Nuestra política pública es una dirigida a fortalecer el mecanismo del arbitraje obrero-patronal como el mecanismo idóneo a través del cual las partes resuelven sus diferencias al amparo de un convenio colectivo. Dicho mecanismo constituye, además, un medio más apropiado y deseable que los tribunales para la resolución de tales controversias, {véase Pérez v. AFF, 87 D.P.R. 118 (1963)}xi Las decisiones producto de un proceso de arbitraje son conocidas como Laudos, los cuales tan sólo pueden impugnarse, 404

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico bajo ciertas circunstancias, dentro de un término de tiempo establecido, y pueden ser, o no, vinculantes. El Laudo vinculante es el referente que las partes tienen que obedecer en su totalidad, mientras que el no vinculante, es aquel que no tienen que acatar, por lo que la persona puede ir al Tribunal a solicitar que entienda y adjudique la controversia. El arbitraje ha sido respaldado, tanto es así que desde la adopción de la Ley Núm. 130 supra, en el año 1945, la cual crea la Junta de Relaciones del Trabajo, se vislumbró un servicio gratuito para ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje. De manera que si un trabajador, o un patrono, que se encontró inmerso en un proceso de arbitraje laboral, y se dictó un laudo a su favor, que es final y firme, éste puede solicitar a la Junta acudir al Tribunal en su representación. Y esto, para que el Tribunal expida una orden dirigida al cumplimiento del Laudo. Es sumamente importante establecer que los contratos de empleo, si determinan que las partes se sometan al arbitraje para resolver cualquier controversia, consten por escrito en una cláusula que contenga elementos específicos. Torres Rivera (2013: 15-16), analizando la obra de Fernández Quiñonez, nos habla sobre lo que debe contener la redacción de una cláusula de arbitraje.

A

continuación, detallamos el contenido a. ¿Qué es lo que se arbitra? b. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de las partes contratantes? c. ¿Cómo? 1) Se inicia el arbitraje. ETHOS GUBERNAMENTAL

405


Jeffrey Pérez Cabán 2) Se designan los árbitros. 3) Se señalan las audiencias. 4) Comienzan las audiencias. 5) Concluyen las audiencias. 6) Se reabren las audiencias. 7) Costos del procedimiento. d. ¿Cuándo? 1) Se nombran los árbitros. 2) Comienzan las audiencias. 3) Se rinde el laudo. e. ¿Dónde? 1) Se envían escritos y notificaciones. 2) Lugar de Audiencias. f. ¿Quién? 1) Administra el Arbitraje. 2) Lleva récords y notifica audiencias. 3) ¿Quién nombra árbitros? 4) ¿Quién llena sus vacantes? 5) ¿Quién concede las mociones? g. Requisitos del Laudo 1) Si el laudo debe ser conforme a derecho. 2) Reglamento Aplicable, si alguno. h. Jurisdicciónxii En Puerto Rico, desgraciadamente no existe una Legislación sobre el Arbitraje Obrero Patronal. Sin embargo, destacamos que sí existe legislación en materia de arbitraje comercial. En cambio, nuestro Tribunal Supremo ha interpretado exhaustivamente la figura del arbitraje obrero patronal. 406

2013-2014

Puerto Rico es una isla


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico influenciada por diversas corrientes, que experimenta retos políticos y económicos; de ahí que resulte esencial lograr la confianza de los empresarios, trabajadores y gremios sindicales, y procurar que se incentive establecer legislación en materia de Arbitraje Obrero Patronal. Dicha legislación debe precisar su jurisdicción, requisitos aplicables, y el foro estatal que debe atender las controversias en materia de impugnación: si debe ser la Rama Judicial, o un organismo administrativo como lo pudiera ser la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Se debe incentivar a las empresas a consignar cláusulas de arbitraje, que sean justas y razonables para el empleado y la empresa, y que subsane detalles que no se han atendido para mejorar la efectividad del proceso. Exhortamos a la Asamblea Legislativa, a que encamine un proyecto de ley sobre el Arbitraje Obrero Patronal. Somos de la opinión que sería un incentivo para el desarrollo económico puertorriqueño. De igual forma, le brindará la confianza al trabajador en su sistema de justicia, protegiendo el interés público según lo establece la Constitución de Puerto Rico. La conciliación es una de las figuras que se utilizan en los esfuerzos dirigidos a la solución de conflictos. En el campo del derecho laboral, dicha figura se utiliza principalmente en la búsqueda que los trabajadores y patrones llevan a cabo para la solución de sus conflictos. Según Torres Rivera (2013: 29), la Conciliación “es aquel esfuerzo y actitud del cual participa un tercero con el propósito de utilizar sus buenos oficios para lograr que las partes logren entre sí solucionar sus controversias. En este ETHOS GUBERNAMENTAL

407


Jeffrey Pérez Cabán proceso, el conciliador hace las funciones de facilitador, persuadiendo en lo posible a las partes de la deseabilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas.”

xiii

En particular,

concurrimos con la definición y la descripción citada, se trata de que el compromiso y la madurez de las partes esté presente para alcanzar un acuerdo. Tenemos la certeza de que un resultado efectivo en este método, servirá de modelaje a todos.

Así cumplirá su propósito de

aumentar la confianza de la ciudadanía en la solución de controversias obrero-patronales, para encaminar la paz laboral. En el 1983, se estableció en Puerto Rico la Ley Núm. 19, para desarrollar la mediación en la Rama Judicial.

Después del

Arbitraje, este método alterno es el más utilizado en el campo obrero-patronal. La Mediación tiende a ser activada en situaciones de conflictos asociados a huelgas, casos laborales donde se involucran empleados públicos de agencias del gobierno estatal, municipios y, más aun, en la esfera federal con empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos de América.

Según Torres Rivera explica

(2013: 35), la mediación se trata de un proceso que por lo general se encuentra asociado a la negociación colectiva pero que también se utiliza en los llamados métodos alternos de solución de conflictos. Nos dice que el fin de un mediador no es otro que ir llevando de la mano a las partes con el objetivo de que flexibilicen sus posiciones en el proceso con miras a que, renunciando aspectos de sus demandas originales alcancen entre sí una solución que impida una ruptura en las relaciones obrero patronales. xiv

408

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico La mediación en este ámbito pasa por unas etapas muy similares a las que establece el Negociado de Métodos Alternos del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Su meta es siempre la

transacción o el acuerdo, nunca el litigio ni la separación de las relaciones. La coyuntura económica que experimentamos en la actualidad, nos convoca a que logremos pasos afirmativos hacia unas relaciones laborales armoniosas, que logren un balance de intereses entre las condiciones de trabajo y la necesidad de producción y crecimiento económico sostenible para Puerto Rico. De esta forma, asumiendo la ética como norte, añadimos valor a lo que hacemos y transformamos nuestra sociedad. En esa dirección, algunos de los elementos necesarios son los siguientes: el continuo crecimiento profesional de nuestro capital humano, y la transparencia de las acciones y decisiones de todos los actores del quehacer laboral.

Entiéndase, los trabajadores, organizaciones

sindicales y patronos, así como a grupos de interés, como lo son las asociaciones empresariales, colegios profesionales y profesionales que adjudican o ayudan a solucionar conflictos.

El Crecimiento Profesional: Punta de Lanza para la Creación de un Servidor Público de Excelencia. En el presente artículo, hemos argumentado la importancia de superar los retos económicos de una forma ética e innovadora, para el bienestar de Puerto Rico. Creemos firmemente en la capacidad del servicio público puertorriqueño, en especial aquellos cobijados bajo el Principio de Mérito.

ETHOS GUBERNAMENTAL

409


Jeffrey Pérez Cabán La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1975: 6), menciona el Convenio sobre Desarrollo de los Recursos Humanos de 1975, en su estudio general sobre los instrumentos relativos al empleo, a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa.

Dicho documento cita a la

Declaración de Filadelfia, producida por la OIT, donde reconoce la obligación solemne de fomentar entre todas las naciones, que permitan reclutar y seleccionar a los trabajadores que sean los más aptos, y con las mejores destrezas, conocimientos y habilidades posibles.

De esta forma se contribuye al bienestar común,

brindando las garantías adecuadas para todos. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su artículo 26, párrafo 1, que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es menester destacar, que la instrucción técnica y

profesional forma parte tanto del derecho a la educación como del derecho al trabajo. Entonces debemos preguntarnos ¿cuál es la importancia de la relación entre el desarrollo económico sostenible y el desarrollo de los recursos humanos? Como afirmamos en el inicio de nuestro artículo, nuestro recurso humano es nuestro principal activo.

Tenemos que

reconocer que una tercera parte de nuestra fuerza trabajadora se ubica en el servicio público. Por lo tanto, hacemos bien en aclarar que el servicio público es una vocación, que en el siglo 21 requiere de un crecimiento profesional continuo, para lograr y mantener competitividad con el resto del mundo.

410

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico Es importante señalar que cuando hablamos de competitividad debemos hacer referencia a quienes son nuestros competidores. Nuestros competidores no son nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas. Más bien, lo son nuestros hermanos del Caribe, entiéndase directamente Panamá, que fomenta un turismo comercial sostenible, República Dominicana y el estado de la Florida, el cual sirve de enlace entre los EE UU y el Caribe, Centro y Sur América. Otros países de reciente creación, como lo es Ucrania, ha establecido programas de formación profesional orientados a fomentar el empleo, encaminados a producir resultados, procurar la flexibilidad entre sus trabajadores, que permite al final del camino obtener las competencias necesarias para la excelencia de las ejecutorias. Por otra parte, Francia e Indonesia, descentralizaron su sistema educativo para establecer sus propios currículos en cada región del país, acciones dirigidas a añadir valor competitivo. A tono con dicha filosofía, Canadá estableció unos Acuerdos de Desarrollo del Mercado de Trabajo, que permite la emisión de fondos públicos para adiestramientos, lo que resulta en que la ciudadanía pueda aspirar a un nuevo empleo, o

adquirir

experiencia laboral que beneficie a la sociedad canadiense. Específicamente, dicha gestión canadiense puede adoptarse en su totalidad en Puerto Rico ya que atiende la necesidad de la población juvenil en obtener experiencias de trabajo, y las armoniza con la población de mayor edad. A través de estas ilustraciones vemos que no es casualidad que las economías de estos países revelen solidez, o niveles de ETHOS GUBERNAMENTAL

411


Jeffrey Pérez Cabán crecimiento, gracias a las políticas implantadas a favor del crecimiento profesional de su capital humano.

Un pueblo

trabajador, educado, es un pueblo que se reinventa y progresa. Ante esta coyuntura histórica, Puerto Rico tiene una invitación para transformar su competitividad económica.

En dicho

escenario, le corresponde a los servidores públicos asumir la misión de facilitar dicha transformación.

¿Qué herramientas

tenemos? ¿Son necesarias? ¿Las conocemos? Debemos reconocer que se han realizado unos esfuerzos importantes encaminados a que quienes integramos el servicio público de Puerto Rico tengamos herramientas que nos brinden las competencias necesarias para facilitarle al ciudadano la búsqueda de las soluciones a sus problemas y así producir para la isla. Ejemplo de ello, es la Ley Núm. 6 de 2010, la cual estableció la Escuela de Educación Continua para los servidores públicos, administrada por la Oficina de Capacitación, Asesoramiento Laboral y Administración de los Recursos Humanos (OCALARH), la cual ofrece todo tipo de currículos para forjar la educación del capital humano gubernamental.

Esta es una herramienta que

tenemos disponible y merece una evaluación constante de sus resultados, para que nos ayuden en la misión de facilitar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico. De igual forma, en el año 2012 se aprobó la Ley Núm. 1, Ley de Ética Gubernamental de 2011. Esta ley está revestida a su vez de gran interés público, y la misma prioriza la educación continua en materia de ética y valores para los servidores públicos, e integra componentes normativos y administrativos, que desde un marco valorativo, contribuyen a los conocimientos y destrezas de carácter 412

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico necesarias para enfrentar los retos que experimenta Puerto Rico en el siglo 21. El crecimiento profesional no puede ser una quimera en el servicio público. Aquellos que tenemos el privilegio de servir a Puerto Rico a través del servicio público, tenemos el deber de fomentar toda alternativa que garantice el crecimiento profesional de todos los servidores públicos. Esta es una de las principales maneras para impulsar un desarrollo económico sostenible, y con ello generar los pasos necesarios para cumplir con la misión que se nos encomienda; y con ello, contribuir al estímulo continuo de la educación competente de toda nuestra sociedad, particularmente de la población adulta, en un siglo donde los niveles de competencia laboral y profesional, habrán de definir el transcurso de las relaciones profesionales en el siglo 21. Exhortamos a la excelencia en el servicio público, para que sea una realidad práctica. Somos de la convicción, de que un servidor público con mayor preparación, y convencido de la dignidad del trabajo, inspirará la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de gobierno. Siendo así, el resultado garantizado será el orgullo de servirle al pueblo, junto a la satisfacción de movilizar el desarrollo económico de la Isla. Es cierto que la existencia de normas en las agencias públicas o empresas privadas, se interesan por las aspiraciones y los propósitos que guían sus instituciones. Sin embargo, es necesario que los patronos, y las organizaciones obreras entiendan la importancia del crecimiento profesional. Aunque existen leyes y licencias acordadas en los convenios, es necesario que tanto las ETHOS GUBERNAMENTAL

413


Jeffrey Pérez Cabán agencias, como las empresas y los gremios sindicales, internalicen el alcance de la educación, a los efectos de generar una fuerza laboral pública y privada más consciente de sus derechos y obligaciones, y por lo tanto, alerta a los cambios económicos globales y regionales que nos conciernen. La educación como herramienta de crecimiento profesional debe ser una norma flexible en nuestras entidades públicas, que permita que cada trabajador forje su futuro profesional. Es así como logramos encaminar una economía desacelerada a una de producción que inculque valores de empresarismo en todo nuestro pueblo trabajador.

El Deber de las Organizaciones Obreras en ser Transparentes con sus Afiliados, los Trabajadores. En Puerto Rico, las organizaciones obreras son las encargadas de velar porque los trabajadores en una empresa pública o privada tengan el derecho de tener sus horas, salarios y condiciones de trabajo legítimas, y de la mejor forma posible.

La asamblea

legislativa aprobó la Carta de Derechos de Empleados Miembros de una Organización Laboral, Ley Núm. 333-2004xv, dicha ley se predica en el respeto a la democracia sindical, la transparencia de las determinaciones del colectivo, la participación adecuada de los trabajadores y su libertad de ideas. Es en esta norma, donde se establecen unos derechos específicos tales como el derecho al voto, derecho a nominar candidatos, entregar un informe financiero de las operaciones económicas del gremio, derecho a libertad de expresión en las asambleas, obtener el insumo de los trabajadores en la fijación de cuotas, entregar copia de los convenios colectivos, 414

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico el reglamento del sindicato o estipulaciones y observar el debido proceso de ley en sus procesos internos. En la exposición de motivos de la referida ley, el legislador entendió que era necesario crear una norma que fomentara la transparencia, y llenara el vacío de incertidumbre del deber de fiducia que tienen las organizaciones obreras con sus afiliados. A esos efectos, citamos plenamente esta histórica exposición de motivos, la cual expresa lo siguiente: Es deber ineludible del Gobierno de Puerto Rico proteger nuestro ordenamiento constitucional sobre Derecho Laboral contenido en las Secciones 16, 17 y 18 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que reconoce derechos fundamentales de nuestros trabajadores. Históricamente, el Gobierno de Puerto Rico ha mantenido un destacado historial de protección y defensa de la legislación protectora del trabajo. Particularmente, se ha protegido con gran celo institucional, el área de defensa y protección del derecho de los trabajadores públicos y privados de asociarse en organizaciones que procuren su bienestar y que negocien los términos y condiciones de su empleo y trabajo por medio de representantes escogidos y seleccionados libremente por los propios

empleados

y

obreros.

Como cuestión de hecho, el Gobierno de Puerto ETHOS GUBERNAMENTAL

415


Jeffrey Pérez Cabán Rico, mediante la Ley de Relaciones del Trabajo, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, y los preceptos constitucionales antes mencionados,

han

declarado

los

convenios

colectivos y la negociación colectiva instrumentos de la política pública gubernamental revestidos de gran

interés

público.

Recientemente se han señalado públicamente situaciones en las cuales se ha cuestionado la sana administración

de

las

finanzas

de

algunas

organizaciones laborales por parte de algunos de sus dirigentes, incluyendo denuncias y procesamiento criminal de varios dirigentes de una organización de empleados "bona fide", representativa de miembros de

la

fuerza

policíaca.

Ciertamente, estos señalamientos y denuncias han tenido la característica de que han sido sobre actos y conducta aisladas que de forma alguna son representativos de la situación general en el movimiento obrero puertorriqueño, el cual por lo general, está dirigido por personas serias y responsables y de gran compromiso con dicho movimiento. En la discusión pública generada por estas denuncias y señalamientos sobre la administración de los fondos en ciertas organizaciones laborales, ha aflorado ante la atención pública el hecho real, no aceptable, de que no existe en el ordenamiento 416

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico jurídico laboral una Carta de Derechos de empleados públicos miembros de organizaciones laborales. Esta Carta de Derechos debe proteger y garantizar a los obreros y empleados públicos estableciendo un marco legal que promueva un alto nivel de excelencia de responsabilidad y de conducta ética en la administración de los asuntos de sus respectivas

organizaciones

laborales

y

simultáneamente que brinde y fomente sólidas relaciones fiduciarias y de confianza entre los empleados y sus dirigentes laborales y que posibilite la democracia sindical y la transparencia plena en los procedimientos en la conducción y administración de los asuntos pertinentes de las organizaciones laborales. Es urgente y necesario llenar este vacío existente en nuestro ordenamiento jurídico laboral. A los fines de crear este necesario mecanismo jurídico para beneficios de todos

los empleados públicos

miembros de organización laborales, la Asamblea Legislativa entiende que es de gran interés público establecer una Carta de Derechos que sea ejecutable por las agencias cuasi judiciales correspondientes que fiscalizan e implantan la política sobre las relaciones obrero patronales y los Tribunales de Justicia en los casos necesarios y apropiados.xvi ETHOS GUBERNAMENTAL

417


Jeffrey Pérez Cabán

Esta ley le encomienda a los sindicatos sujetos a la autoridad de la Junta de Relaciones del Trabajo y de la Comisión Apelativa del Servicio Públicoxvii cumplir con todas sus disposiciones. La Ley le concede al trabajador treinta (30) días para que presente el reclamo a ser investigado. Si existen motivos fundados para creer que se ha violado la ley, se inicia un proceso formal para, luego del trámite correspondiente, determinar si hay violación a la ley. Si es así, en el caso de la Junta dicho reclamo se determina finalmente mediante una Decisión y Orden, y se ordena el cese y desista de la conducta por parte de la organización obrera, sujeto a las penalidades que la Ley establece. Reconocemos que debe existir mayor divulgación de esta Ley, para que el trabajador afiliado a una organización obrera pueda conocer sus derechos y exigir la reparación de sus agravios al sindicato que lo representa. Nuestra política pública debe ser una de respaldo total a legislación que promueva la transparencia en la gestión fiduciaria de los gremios sindicales para el beneficio de los trabajadores. Por tal razón, endosaremos medidas legislativas, que promuevan la responsabilidad social y los valores éticos, y la confianza entre grupos que representen a trabajadores en Puerto Rico. Tenemos la certeza de que lo planteado en este apartado es un paso importante, para superar los retos éticos que nos plantean los conflictos de interés y la corrupción.

418

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico Conclusión A través de este artículo hemos recorrido algunos de los senderos de la historia laboral de Puerto Rico en cuanto a su transformación social. De igual forma, hemos explorado cómo el impacto en la búsqueda de la Paz Laboral nos conduce a una economía inclusiva y sostenible en Puerto Rico. Las legislaciones aquí reseñadas son el fruto de grandes luchas que anteceden su creación. Dichas normas fueron la respuesta del Estado luego de que hombres y mujeres ofrecieron su libertad, y en ocasiones su vida, por lograr una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Es necesario, que nuestro pueblo tenga la educación adecuada en materia de sus normas laborales, para que así fomenten el crecimiento profesional, la justicia laboral, mediante prácticas participativas que fomenten la Paz laboral y el máximo desarrollo económico. Los patronos, los trabajadores, las organizaciones obreras, colegios profesionales y asociaciones de empresarios deben incluir la educación prioritariamente en su agenda de producción económica para el bienestar de Puerto Rico. Como privilegiados por servirle a Puerto Rico, todos los servidores públicos tenemos la misión de facilitar el crecimiento económico de la Isla. Los retos de los nuevos tiempos nos sitúan en un escenario de inclusión y diálogo constante. Este viaje por la historia laboral boricua, nos servirá de guía para que actuemos bajo el palio de la Justicia y la transformación económica y social en todas las instituciones públicas y privadas.

ETHOS GUBERNAMENTAL

419


Jeffrey Pérez Cabán La historia de los pueblos se realza por la lucha y el resultado de las conquistas alcanzadas.

Por lo que estos tiempos nos

plantean ser íntegros y llenarnos de voluntad para afrontar los retos y así encaminarnos a una economía cimentada en la producción y en la participación de todos los sectores que integran nuestra economía. No podemos caer en la indiferencia social, o en la mera observación de los acontecimientos que toman lugar en Puerto Rico, y en nuestros países hermanos. Tenemos que ser proactivos, y apostar a nuestra capacidad. La transformación participativa que aquí planteamos sólo se logra con un compromiso con los valores éticos, la búsqueda de entendidos, y la transparencia de nuestras acciones.

De esta forma le

garantizamos a las futuras generaciones un legado socio económico digno, con la capacidad de aprender y adaptarse a nuevos escenarios globales, orientado a la competitividad, y modelo internacional. La historia invita a que todo servidor público sienta el llamado de construir un escenario participativo que fomente la movilización sostenida de nuestra economía, y que nos añada valor en el proceso de afirmar nuestro orgullo como Pueblo.

La invitación está

abierta, es inclusiva, solo resta que todos nosotros la aceptemos.

420

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico

Notas 1

Según el Profesor Alejandro Torres Rivera, citando al Profesor Daniel Nina, en su libro Mediación: Teoría y Práctica.

i

Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945. Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

ii

Ley Núm. 333-2004. Carta de Derechos de Empleados de una Organización Laboral.

iii

Reglamento Núm. 7947. (2010, noviembre). Reglamento para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Relaciones del Trabajo.

iv

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1 L.P.R.A. Art. II, Sec. 18.

v

Valdés Dal-Ré, Fernando. 2003. Conciliación, Mediación y Arbitraje en los Países de la Unión Europea: Informes y Estudios, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (24).

vi

Tomada, Carlos A. y Rigat- Pflaum. 1998.

Negociación

Colectiva ante el Siglo XXI, Aportes para la acción sindical,(12).www.fes.org.ar/PUBLICACIONES/NegCol_ TomRigat.pdf. vii

Id. pág. 27

viii

Conferencia Internacional del Trabajo 99a. 2010. Estudio general sobre los instrumentos relativos al empleo a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una ETHOS GUBERNAMENTAL

421


Jeffrey Pérez Cabán

globalización

equitativa,

(93).

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_123393.pdf. ix

Vivoni, Farage v. Ortiz, Carro 179 D.P.R. 990 (2010)

x

Torres Rivera, Alejandro. (2013, mayo). Bosquejo y Guía de Discusión para el Curso de Métodos Alternos a la Adjudicación.

(23).

Puerto

Rico:

Universidad

Interamericana de Puerto Rico. Facultad de Derecho. xi

Pérez v. AFF 87 D.P.R. 118 (1963)

xii

Torres Rivera, Alejandro. (2013, mayo). Bosquejo y Guía de Discusión para el Curso de Métodos Alternos a la Adjudicación.

(48-49)

Puerto

Rico:

Universidad

Interamericana de Puerto Rico. Facultad de Derecho. xiii

Id. pág. 21.

xiv

Id. pág. 20.

xv

Ley Núm. 333-2004, según enmendada. Carta de Derechos Miembros de una Organización Laboral.

xvi

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 333-2004, según enmendada.

xvii

Plan de Reorganización Núm. 2-2010. Artículo 26.

422

2013-2014


Las Relaciones Obrero-Patronales en Puerto Rico

REFERENCIAS

Conferencia Internacional del Trabajo 99a. 2010. Estudio general sobre los instrumentos relativos al empleo a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización

equitativa,

(93).

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_123393.pdf. Reglamento Núm. 7947. (2010, noviembre). Reglamento para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Relaciones del Trabajo. Tomada, Carlos A. y Rigat- Pflaum. 1998. Negociación Colectiva ante el Siglo XXI, Aportes para la acción sindical, (12). www.fes.org.ar/PUBLICACIONES/NegCol_TomRigat.pdf . Torres Rivera, Alejandro. (2013, mayo). Bosquejo y Guía de Discusión para el Curso de Métodos Alternos a la Adjudicación.

(23-49).

Puerto

Rico:

Universidad

Interamericana de Puerto Rico. Facultad de Derecho. Valdés Dal-Ré,

Fernando.

2003. Conciliación, Mediación y

Arbitraje en los Países de la Unión Europea: Informes y Estudios, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (24).

ETHOS GUBERNAMENTAL

423


Jeffrey Pérez Cabán

DATOS BIOGRÁFICOS

Jeffry Javier Pérez Cabán

Abogado desde el año 2007, actualmente es presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (2010-presente). Fue editor del periódico Per Curiam de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (2005), fue miembro de la Revista Jurídica Clave de la Universidad Interamericana de Puerto Rico donde se publicó su artículo: El Discrimen Laboral Por Razón de Ideas Políticas y sus Implicaciones Sociológicas (Volumen 1, año (2006). Se ha desempeñado como abogado en el Departamento de Agricultura de Puerto Rico (2007-2009), fue Director de la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales así como de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta de Planificación de Puerto Rico (2009-2010). Fue exponente en los siguientes congresos: 3er Congreso y 5to Congreso, de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de los Recursos Humanos donde expuso sobre: La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y sus Procedimientos (2011) y Puerto

Rico,

escenarios

Las relaciones obrero-patronales en para

una

nueva

Cultura

de

Transformación Participativa un reto para el sindicalismo y al empresarismo (2014) respectivamente.

424

2013-2014


Reflexi贸n

Khrapal Denis


Integridad Profesional

Michele I. Beauchamp Montalvo Introducción En las últimas décadas el concepto de profesionalidad se ha desarrollado significativamente, convirtiéndose en parte del lenguaje coloquial. En su sentido más elemental, el término se refiere a una persona que ejerza su profesión o cargo de una manera correcta, o aceptada por los que le rodean. Dadas esas condiciones, la persona se considera como buen profesional y/o de actitud íntegra. Desde ese marco de referencia, surgen interrogantes que hacemos bien en identificar: ¿qué es un profesional?, ¿cuáles son los conceptos que definen la calidad de su gestión profesional?, ¿somos, o podemos ser todos profesionales?

A manera de

ejemplo, frecuentemente escuchamos la siguiente expresión,: “Negligente es mi médico, yo soy secretaria por lo cual ese término no me aplica.” ¿Puede considerarse a una secretaria o a un trabajador de ornato y mantenimiento como profesionales, o el término aplica exclusivamente a las personas que recibieron una educación altamente especializada, y todos los demás son trabajadores? Si esta presunción fuera cierta, entonces podemos inferir que al ser simplemente trabajadores hay exigencias éticas que no se pueden aplicar a este grupo. Aunque también podemos analizarlo desde otro punto de vista, exponiendo que no es que se le apliquen absolutamente, sino que los profesionales tendrán más exigencias éticas que las que se le aplican a un simple trabajador.

ETHOS GUBERNAMENTAL

437


Integridad Profesional El lector debe tomar en consideración que cuando hablamos de simple trabajador lo que queremos plasmar es una visión social generalizada donde jerarquizamos los oficios y trabajos, dando más o menos importancia a la labor y a quien la ejerce. En este artículo, nos concentraremos en describir

lo que

implica ser un profesional. Destacaremos cómo dicho término se ha desarrollado en el tiempo mediante la diferenciación entre los oficios y las profesiones, hasta el punto en que hoy la definición del mismo es más amplia, debido al desarrollo de los referentes e implicaciones éticas correspondientes, y a la expansión del acceso a la educación. Particularmente,

veremos

la

relación

que

hay

entre

profesionalismo y el ser competente. Es decir, cómo la competencia profesional creará unos criterios con los cuales se define y caracteriza al profesional. A su vez, expondremos dichos criterios como marco de referencia para un avalúo del servicio, que incluya tanto la relación profesional como el desempeño del profesional mismo. En nuestro análisis, aplicaremos los siguientes conceptos: fraude, falsificación, fabricación y plagio. Nuestra perspectiva no se circunscribe a la investigación sobre las profesiones usuales a las que dichos conceptos son aplicados. Expondremos casos representativos de cada uno de los conceptos, conforme a referentes que han ocurrido en Puerto Rico. Destacaremos la penalización jurídica de las conductas asociadas, y sus respectivos dilemas éticos.

Sobre todo, reconoceremos la pertinencia de

criterios en nuestra vida diaria, y en la toma de decisiones como empleados gubernamentales.

ETHOS GUBERNAMENTAL

438


M. Beauchamp Montalvo Analizaremos cómo las diferentes visiones del término profesional

nos

hacen,

a todos

los

servidores

públicos,

responsables de cumplir y a la misma vez susceptibles a fallar en la aplicación del término.

Profesionalismo Nos preguntamos qué es un profesional. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española el término profesional se define como: “Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive”.

Identifica como

ejemplo “El relojero es un profesional”, lo que nos lleva a la otra definición incluida, y que nos atañe específicamente, “Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación” (RAE). Nuestra interrogante ahora es, qué implica el término profesión. Porque si ser profesional es ejercer una profesión con capacidad, para ser un buen profesional debemos conocer qué implica el término profesión. La Real Academia de la Lengua Española define el término profesión como: “Acción y efecto de profesar.” El verbo profesar nos lleva a una relación directa con las órdenes religiosas, en las cuales significa la obligación a cumplir con los votos de su institución.

Como bien expone Ferrer en su libro “Deber y

deliberación” (2006:60) el término de profesional fue utilizado en occidente para muy pocas profesiones, en especial para la realeza, la medicina y el sacerdocio. Más tarde, también se incluyen las carreras relacionadas al derecho. Debemos destacar que en su origen histórico, el término profesión se refiere mayormente a los

439

2013-2014


Integridad Profesional oficios públicos, más que a los otros que ameritaban estudios o requerían acceso a la educación. Surge así la diferencia entre oficio y profesión. Por ejemplo, se consideraba profesión la de abogado, contrario a él, se consideraba que el barbero tenía un oficio. No debemos olvidar que aunque el oficio es una ocupación habitual, también es considerada como una profesión de algún arte mecánica entiéndase manual, por lo tanto en materia de definición, todos somos profesionales. En general, esperamos de un profesional, la posesión y manejo de conocimientos específicos, habilidades que correspondan a los mismos, las conductas adecuadas, un comportamiento ético; y en particular, la práctica de valores como la honestidad, la responsabilidad y el altruismo. Particularmente, se le requiere un conocimiento actualizado, y el tipo de altruismo que se manifiesta en la búsqueda de la justicia, especialmente en la conducta que contribuye a la distribución de los recursos disponibles. Estas expectativas demarcan los cuatro puntos principales que define Max Weber, y posteriormente Talcott Parson; referentes que han sido perpetuados en la definición o características de un profesional. Procedemos a identificar los contenidos generales de dichos puntos, a los efectos de caracterizarlos como parte integral del marco conceptual de este artículo.

Conocimiento especializado Para el ejercicio de una profesión, la persona que la lleva a cabo requiere el aprendizaje de unos conocimientos específicos que le llevarán a ser un experto en esa profesión.

ETHOS GUBERNAMENTAL

Mientras más

440


M. Beauchamp Montalvo especializados estén en un área de conocimiento, menor será el grupo de personas que poseen estas habilidades. Por ejemplo, existen aproximadamente unos 35,000 maestros en Puerto Rico, pero dentro de este grupo hay una división de acuerdo a los maestros especializados en ciencias, matemáticas, español, inglés, ciencias sociales, otras especializaciones. Observamos que en los grados elementales usualmente hay un solo maestro que cubre todas las materias. Por su parte, mientras los estudiantes requieren un conocimiento más amplio, se asignan las materias a especialistas en las mismas. Por lo cual, sólo aquellas personas que comparten esos mismos conocimientos se constituyen en las únicas que tienen el poder de evaluar y pasar juicio sobre sus pares.

Autonomía en el proceso de toma de decisiones Todo profesional tiene autonomía para tomar las decisiones que le corresponden en el ejercicio de su profesión. Podemos mejorar o simplificar procesos, adoptar diferentes métodos de enseñanza. A manera de ejemplo,

el médico puede presentar un número

diferente de opciones de tratamiento. Siempre les comento a mis estudiantes que los médicos generalistas tienen la opción de incluir o no incluir la medicina natural en sus recomendaciones. El principio de la autonomía profesional permite el uso de la discreción para la toma de decisiones individuales, o a nivel del colectivo

profesional,

que

deben

fundamentarse

conocimientos que correspondan, y en la ética.

441

2013-2014

en

los


Integridad Profesional Compromiso de servicio con la sociedad Esta cualidad es una de mayor trascendencia, ya que como comentáramos al comienzo, el ser un profesional implica una promesa implícita al servicio comunitario, a la sociedad, y a la institución. Al cumplir con esta cualidad, se pone de manifiesto el ejercicio de la responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto. Esta responsabilidad también está vinculada al cumplimiento con los requerimientos estipulados por ley, tales como la colegiación, las licencias, los títulos, los permisos, al igual que todo requisito obligatorio para ejercer la profesión.

Comportamiento ético El punto anterior nos lleva inevitablemente a reconocer la necesidad de un compromiso ético. Como empleados públicos tenemos un Código de Ética Gubernamental que nos sirve de guía para el correcto comportamiento como profesionales. Este código puede no ofrecer todas las alternativas o indicadores a la hora de toma de decisiones de un empleado. Los códigos éticos profesionales son guías, y

los códigos

gubernamentales en su mayoría regulan estatutos de relación pública, privada, económica, transaccional, pero no cubren la inmensa gama de problemas o dudas éticas que un empleado público puede encontrarse en su día a día. Por esta razón, es importante que el empleado tenga las herramientas adecuadas para poder tomar decisiones éticas. Debo recalcar que el tomar decisiones éticas implica un conocimiento de la acción correcta en ese momento preciso, lo cual exige que actuemos en concordancia con éste.

ETHOS GUBERNAMENTAL

442


M. Beauchamp Montalvo Filosóficamente hablando, nos convertiremos en un profesional virtuoso. Entiéndase que virtuoso es aquella persona que tiene el hábito de lograr decidir correctamente de forma continua. Todo profesional debe tener como meta el ser un virtuoso, ya que esto no solo tiene repercusiones en su labor sino en su vida diaria, como veremos más adelante en el artículo. Existen más definiciones del término profesionalismo, como por ejemplo la definición que se ofrece en un informe de las Naciones Unidas: “El profesionalismo en el gobierno o en cualquier otro campo, se basa en dos pilares: uno es una base de competencia, un cuerpo especial de conocimiento o una habilidad definida, adquirida a través

del

estudio

y la

práctica […]

El

concepto

de

profesionalismo, sin embargo, también sugiere un sistema de valores compartidos, un código de conducta ética que se manifiesta en la aplicación del conocimiento, el uso de habilidades particulares y en el ejercicio de control sobre la práctica.” (Naciones Unidas, 1999:103) Esta definición de las Naciones Unidas trae a colación el término de competencia, el mismo es utilizado frecuentemente. González Maura expone que dicho concepto surge en el campo gerencial ante la necesidad de realizar predicciones acerca de la ejecución del sujeto en su desempeño laboral (McClelland 1973:106) y es utilizado con fuerza a partir de los 80, siempre asociado a las características sicológicas que posibilitan un desempeño superior. Otras definiciones que nos ayudan a conocer el concepto de competencia son:

443

2013-2014


Integridad Profesional “Conjunto de características de una persona que están relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de trabajo.” (Boyatzis 1982:25). “Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona que le permiten la realización exitosa de una actividad.” (Rodríguez y Feliu 1996: 44) Por otro lado, Gonzáles Maura cita a Vargas, J. (2001) y nos expone el significado de la competencia desde la perspectiva sicológica. Se destacan los siguientes componentes:  Son características permanentes de las personas.  Se manifiestan cuando se ejecuta una tarea o un trabajo.  Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad.  Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están asociadas con el éxito sino que se asume que realmente lo causan.  Pueden ser generalizadas a más de una actividad.  Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual. Observamos que el concepto competencia es la expresión cuantitativa

del

ser

profesional.

Al

igual

que

en

el

profesionalismo, la virtud es lo que comprueba la excelencia competitiva. Especialmente cuando integramos lo cognitivo, lo afectivo

y

lo

conductual;

en

otras

conocimientos, sentimientos y acciones.

palabras,

nuestros

Es el hombre como

individuo el que hace cambios y decide ser competente.

La

persona como tal es la responsable de una conducta competente para cumplir con las expectativas laborales, sociales, y las propias.

ETHOS GUBERNAMENTAL

444


M. Beauchamp Montalvo El profesionalismo se va a reflejar en la competencia, siendo ésta el medio por el cual el

trabajador y en nuestro caso, el

servidor público, habrán de destacarse: esto es que cumplirán más allá de lo mínimo esperado en el cumplimiento básico de su labor, y en correspondencia con la Ley de Ética Gubernamental. Es ese destaque competitivo el que logra una calidad de servicio y un cumplimiento de la responsabilidad ante la sociedad; esta última incluye tanto a los patronos, como a los clientes y los ciudadanos en general. Debemos tener claro que como servidores públicos nuestro deber hacia la sociedad o compromiso es mayor debido a la promesa implícita o juramento específico que supone ocupar un puesto gubernamental.

Desde esta perspectiva, ejercer la

competencia profesional garantiza un desempeño profesional responsable y eficiente. (González Maura 2004:5) Como bien dice Demetrio Argyriades: “No hay camino fácil a la virtud, la ética y el conocimiento, las competencias o habilidades, ni atajos hacia la profesionalización.” El camino no es fácil. Sin embargo, bien podemos identificar y practicar dos puntos de acción que mejoran o refuerzan el cumplimiento de esa competencia profesional. (Argyriades 2012:107):  La preparación para ejercer esa profesión o puesto. No solo siendo importante la educación sino el rigor que se aplica a la selección y a la reglamentación para poder ejercer. Siempre teniendo en consideración el que no se debe convertir esto en sólo un proceso democrático, sino que hay que destacar la empatía, la

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Integridad Profesional ética, nuestra identidad, autonomía y autenticidad profesional.  Comprender que nuestro servicio público es para el bien común y la adhesión a la legalidad, nos proporciona

el

contenido

del

servicio

público

profesional. No olvidemos que la ley o la legalidad es nuestro diario vivir, no es sólo la legislación interna y federal, sino que también tenemos que considerar el Acta de Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Esto se debe a que ahora la comunidad no es solo aquéllos que nos rodean sino la humanidad en su conjunto,

gracias

a

la

globalización,

las

comunicaciones, las migraciones y a las generaciones futuras; porque nos hemos percatado que nuestras acciones afectan a los otros, independientemente de su localización, y la manera en que tomamos decisiones, y actuamos para implantarlas, repercute en nuestro futuro. Por otra parte, Julia Evetts (2011:412), nos enumera ocho aspectos que ayudan a contextualizar al profesionalismo como un valor ocupacional u oficio:  Control de los sistemas de trabajo, procedimientos y prioridades a ser determinadas primariamente por el profesional.  Instituciones o asociaciones profesionales como los proveedores principales de los códigos de ética, constructores del discurso profesionalista, proveedores de

licencias

y

procedimientos

de

admisión,

controladores de la competencia y la adquisición y

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M. Beauchamp Montalvo mantenimiento, reguladores de la disciplina y el desempeño profesional, por medio de querellas, y a través de la imposición de las sanciones que sean apropiadas en caso de incompetencia profesional.  Autoridad, legitimidad, apoyo mutuo y cooperación por medio de la colegiatura.  Periodos

extensos

y

competidos

de

educación,

entrenamiento y aprendizaje.  Desarrollo de una fuerte identidad ocupacional y cultura laboral.  Un sentido sólido del propósito y la importancia, función, contribución y significado de su labor profesional.  Juicio discrecional, política de avalúo y toma de decisiones, usualmente en casos de gran complejidad y donde se ofrecen consejos confidenciales, tratamiento y alternativas para ofrecer curso al procedimiento que corresponda.  Confianza al caracterizar la relación entre el cliente y el profesional, profesional y empleado, y entre profesionales. Estos puntos traen a colación varios conceptos de gran importancia como lo es el reconocimiento de las instituciones o asociaciones

profesionales,

específicamente

en

su

función

fiscalizadora. Reconoce la relación entre el profesional y quienes le rodean, recalcando un apoyo mutuo y búsqueda de una cultura laboral de excelencia.

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Integridad Profesional El punto de mayor interés para nosotros será el de avalúo. Primeramente, debemos destacar todos los términos que se relacionen con el profesionalismo. (MEDLINE-Actualización por Wilkinson, Wade y Knock,2009;552)  Adhesión a los principios éticos prácticos o Honestidad/Integridad o Confidencialidad o Razonamiento moral o Respeto y códigos de conducta  Interacción con el cliente/ paciente o Respeto de la diversidad / unicidad o Cortesía / paciencia / educación o Empatía

/cuidar

/

compasión

/

compenetración o Estilo / modo de proyectarse o Cuando aplique, incluir al paciente en la toma de decisiones o Mantener límites profesionales o Balancear el servicio al otro con el cuidado de uno mismo  Confiabilidad o Responsabilidad / completar la tarea o Puntualidad o Asumir responsabilidad o Organización  Compromiso

al

auto-mantenimiento

y

continua

superación de la competencia

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M. Beauchamp Montalvo o Con uno mismo  Reflexión, conciencia personal y autoevaluación  Buscar y responder la retroalimentación (“feed back”)  Responder por los errores y reorganizar límites  Aprendizaje permanente  Trabajar con la incertidumbre o Los otros  Dar retro-alimentación / enseñar  Gestión del público  Liderazgo o Sistemas  Apoyo  Buscar y responder a los resultados de las auditorias  Conocimiento avanzado

Estos términos están basados en la profesión médica, pero su aplicación es válida a cualquier profesional, ya que es terminología para definir profesionalismo. De este estudio eliminaremos los términos que definen la relación entre profesionales dentro del Sistema de Salud ya que son repetitivos. Como parte integral de la visión del profesionalismo, debemos destacar puntos tan interesantes como el de la habilidad de balancear entre el cuidado de otros y el de uno mismo.

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Integridad Profesional Recordemos que para poder dar un buen servicio, disminuir las ausencias y tener un trato correcto con las personas, debemos mantener, dentro de lo posible, un buen estado anímico y físico. Por lo cual es de suma importancia que cuidemos nuestro bienestar integral. Para cumplir con esta parte de la visión profesional, también necesitamos la cooperación del patrono y de los servicios de salud y de diversión disponibles. Esto no sólo afecta al profesional sino a la ciudadanía en general. Otro aspecto importante es la confidencialidad, ya que a diario trabajamos con información de valor personal, ya sea que la persona se pueda ver afectada legal o monetariamente, como lo que podría ser un robo de identidad y lo que podríamos considerar peor, un daño moral. Cuando hablamos de un daño moral nos referimos a un daño directo a la dignidad e integridad de la persona. Lamentablemente no podemos negar que vivimos en un país discriminatorio donde todavía por razones de orientación sexual, enfermedades (mentales), pobreza y dependencia, entre otros temas, se puede limitar el acceso a servicios o poner en tela de juicio la integridad o carácter de una persona. ¿Son estas acciones éticas? No lo son. ¿Ocurren? Sí, muchas veces compartimos información privada confiando en el otro como un profesional, o pensando en que como trabajamos en la misma oficina o sección es necesario compartirla. Es cierto que tenemos que compartir información para brindar un mejor servicio, y cubrir las necesidades del cliente, pero hay datos revelados que no aportan a este propósito, los cuales no hay necesidad de divulgar.

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M. Beauchamp Montalvo Por ejemplo la orientación sexual de una persona no es necesario divulgarla a menos que sea un caso como la donación o el temor a una enfermedad venérea, ya que esta aumenta el por ciento de posibilidad de riesgo. Lo importante es recordar que esa información se utilizará cuando sea necesaria para el mejor servicio, pero no debe convertirse en un tema de conversación o socialización. Teniendo en consideración que esto se puede extrapolar a la relación entre colegas y compañeros y cómo se debe mantener esa confidencialidad para lograr una mejor convivencia. Muchos se han de preguntar cómo podemos realizar o cuáles son los métodos más comunes del avalúo profesional. (MEDLINEActualización por Wilkinson,Wade y Knock, 2009:555-556) Entre éstos métodos de avalúo están:  Avalúo de un encuentro clínico o Ejercicio de evaluación de mini clínica o Ejercicio de mini evaluación o Ejercicio de evaluación clínica oftalmológica o Herramientas de avalúo directo estandarizadas  Vistas intercaladas de nuestros compañeros de trabajo. o Retroalimentación de múltiples fuentes  Registro de incidente de falta de profesionalismo o Reportes de incidentes  Reportes de incidentes críticos  Simulación o Dilemas éticos con pacientes de forma simulada o Examen clínico objetivo estructurado

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Integridad Profesional  Pruebas escritas o Escoge o Examen para definir los problemas o Examen objetivo estructurado de video  Opinión del paciente o Cuestionarios o Simulaciones de casos o Escalas de puntuación  Visión global del supervisor o Formulario de evaluación global o Avalúo o Evaluación del comportamiento profesional en la práctica general  Escalas de evaluación personal o Manejo del tiempo o Habilidades o Inventario cruzado de adaptabilidad cultural o Competencia cultural o Índice de reacción interpersonal Normalmente utilizamos los reportes de incidentes, las pruebas por escrito y las opiniones del usuario de servicios como métodos de avalúo. Es necesario recalcar que aunque esta investigación esté basada en literatura médica, el avalúo que se utiliza se puede extrapolar a la medición de profesionales en cualquier oficio. Por ejemplo, los profesores universitarios son evaluados por sus colegas y sus estudiantes. Adicional a estas evaluaciones tienen disponible un recurso de autoevaluación en caso de que sus colegas no le puedan evaluar.

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M. Beauchamp Montalvo De estas evaluaciones hay unas que se consideran más confiables que otras. Tenemos las que se basan en la opinión, por lo cual dependerá de la población que las conteste, y de las expectativas que ésta tuvo sobre el servicio o del profesional evaluado. Esta situación se ve presente en la evaluación global del supervisor, ya que se le puede juzgar por un caso o situación específica. Estos avalúos son muy útiles para reconocer a largo plazo el desempeño de estos profesionales a la vez que se va a reflejar si los aspectos negativos son eventos aislados o hay un hábito presente. En los casos de autoevaluación, también se va a depender de la sinceridad con la que se conteste el cuestionario.

Siempre

pensamos que la persona se otorgará mejores calificaciones, pero también veremos aquellos casos donde la persona es muy fuerte consigo misma. Estos métodos son útiles para conocer las fortalezas y debilidades personales del profesional, pero no son cien por ciento confiables. Los avalúos presenciales, los cuales requieren que se visite, observe o crear una situación ficticia para aprendizaje en vivo, son bastantes eficaces para medir la relación con el otro, el análisis, manejo de tiempo y las relaciones interpersonales. (MEDLINEActualización por Wilkinson,Wade y Knock 2009:557) Este análisis nos deja claro la necesidad de complementar los métodos de avalúo de forma que se pueda reunir la visión personal del usuario y del supervisor y así poder determinar el verdadero grado de profesionalismo del individuo y de la institución que representa.

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Integridad Profesional Tenemos una visión de lo que es ser un profesional, la competencia, lo que esto conlleva, y la forma más común y útil de evaluar y de hacer el avalúo a un profesional y a la institución que éste representa. Pasaremos a discutir varios de los errores más costosos para cualquier persona que desee ser reconocido como un buen profesional.

Triple F Las tres efes son el fraude, la fabricación y la falsificación. Hacemos la observación, antes de comenzar a explicar cada una de ellas y lo que conllevan, de que la falsificación y la fabricación están ética y legalmente bajo el concepto de fraude. Aun así las analizaremos individualmente.

Fraude Se publica el 11 de septiembre de 2012 en el periódico El Vocero: “San Juan- La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Rodríguez Vélez, anunció hoy que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a una mujer por malversar más de trescientos ($300) mil dólares en certificados de inspección bajo su custodia en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) […] Ayala Ortiz era responsable de distribuir los certificados de inspección a los dueños de estaciones de gasolina y a los empleados, pero no estaba autorizada a recibir dinero en efectivo por los documentos y cobraba el dinero para su uso personal. La

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M. Beauchamp Montalvo mujer se expone a diez años de prisión y a una multa de veinticinco mil dólares ($25,000) si la fiscal Mariana Bauzá logra probar las acusaciones en su contra.” Esto es un genuino ejemplo de lo que es fraude, cuando una persona obtiene beneficios tomando ventaja de un error o mediante engaño. Según la RAE es una “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete” o “acto

tendente a eludir una disposición legal en prejuicio del

estado o de terceros.” Por eso es tan importante lo que expresa la jefa de fiscalía Rodríguez Vélez: “El pueblo confía que aquellos que ofrecen los servicios públicos obedecerán las leyes y protegerán los intereses de la gente. Cuando esa confianza se quiebra para ganancia personal, es nuestra responsabilidad de investigar y encausar a los responsables y llevarlos al sistema de justicia” Sabemos que legalmente el fraude está considerado

un delito

que se penaliza con pérdida de empleo, cárcel y devolución de fondos o propiedades. No permitiéndole regresar a su empleo y creando una marca imborrable sobre su carrera profesional

e

integridad personal. Esto último es más una penalización ética, donde se degrada el carácter de la persona por el peso de sus actos o simplemente por sus actos. Bajo el principio de Justicia, o sea, la virtud cardenal, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En la perspectiva de este artículo, la justicia tiene dos maneras importantes para ser entendida: como justicia conmutativa y de manera distributiva. La justicia conmutativa establece la igualdad

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Integridad Profesional o proporción que debe haber entre las cosas, cuando se dan o se cambian por otras. Mira a las relaciones entre los individuos en la sociedad, entrando aquí toda la cuestión de los contratos y convenios entre las personas. La justicia distributiva establece la proporción con que deben distribuirse las recompensas y los castigos, de los bienes y las cargas. Es una distribución equitativa de los recursos. Es lógico ver como las acciones de Ayala Ortiz son fraudulentas ya que obtuvo beneficios monetarios por medio del engaño y de la apropiación de un dinero que le pertenecía al estado. De esta manera, rompió con la justicia, ya que no cumple con las expectativas como profesional gubernamental, no cumple su contrato por la falta de honradez y por ser el causante de una mala distribución de recursos, ya que los fondos que está usurpando iban a las arcas del pueblo de Puerto Rico, destinados a cumplir con reformas o beneficios para los demás ciudadanos.

Falsificación “El Secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció que la Oficina de Investigaciones del Departamento logró que se presentaran contra William Nieves Pérez tres cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, y otros tres cargos por falsificación de documentos , en este caso recetas , y en violación al Código penal. Al apuntar estos hechos como resultado positivo de la oficina de investigaciones de su agencia, el Secretario de Salud dijo que los cargos se presentaron en esta ocasión, luego de que se evidenciara que el individuo presentaba recetas falsificadas en

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M. Beauchamp Montalvo farmacias del área oeste de la Isla. El juez Diómedes González del Tribunal Municipal de Aguadilla encontró causa probable contra el señor Nieves Pérez, fijando una fianza de $30 mil, al imponerle $5 mil por cada uno de los cargos. (Primera Hora, 2012). Falsificar o falsificación es falsear o adulterar algo (RAE). Esto implica que en pleno conocimiento y entendimiento estamos modificando documentos, efectos o productos para hacerlos pasar como verdaderos. En el caso que hemos presentado se realiza una falsificación de documentos con las recetas, para lograr la obtención ilegal de medicamentos controlados. Esta acción pone en riesgo la integridad del médico al cual se le falsificó la firma y de la farmacia, la cual ha despachado los medicamentos ilegalmente. Aunque tengamos claro o se comprobara que éstos no estaban involucrados, siempre se quedará la duda de si tenían conocimiento de los hechos. Esto nos demuestra que las acciones incorrectas no solo afectan al que las comete, también incluyen a todo el que se ve involucrado directa o indirectamente.

Fabricación “El Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, suspendió a cuatro de los agentes que participaron en la presunta fabricación de un caso de ley de Armas en Las Piedras. Pesquera tomó la acción ayer, luego de observar de cerca el video de seguridad, publicado en la red social You Tube, que capta a uno de los oficiales sacando un objeto del baúl de una patrulla para luego colocarlo dentro de la camioneta de la persona arrestada y luego imputarla de posesión de un arma de fuego ilegal. […]

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Integridad Profesional La fabricación de casos criminales por policías es uno de los problemas condenados por el Departamento de Justicia Federal en su informe por las constantes violaciones de derechos civiles en la uniformada.” (El Nuevo Día, 2013) Un agente alegadamente coloca un arma ilegal en el automóvil de un sujeto y le fabrica un caso por Ley de Armas. Recalcamos la palabra alegadamente, porque no es culpable hasta que se pruebe, más allá de duda razonable, el delito o la falta. Definimos el término fabricación como invención, hacer, disponer artificio de algo no material. (RAE) Es cuando no hay información, resultados, evidencia, caso, en otras palabras no existe base o argumento material y la persona lo inventa.En este caso en particular, supuestamente se coloca un arma ilegal donde no la había. La fabricación es una falla ética muy comúnmente utilizada. Ejemplo de esto es que creamos resultados no existentes de una encuesta, hacemos porcentajes de afectados sin hacer la investigación necesaria, cerramos casos sin ser examinados o evaluados. Caemos en la fabricación en todo momento que inventemos la información o la documentación. Otros ejemplos comunes son la fabricación

de

información

falsa

para

recibir

Medicare,

incapacidad y otros servicios que no podemos recibir por mérito propio, por lo cual inventamos la información necesaria. La falsificación puede ser discriminante y siempre será injusta, para el individuo y la sociedad.

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M. Beauchamp Montalvo El Plagio “La revelación de los múltiples casos de plagio en los que incurrió el profesor Ríos Hernández, lo pusieron contra la pared ayer, por lo que se vio obligado a renunciar a su puesto de catedrático auxiliar en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. El periódico El Nuevo Día, por ejemplo, publicó ayer que Ríos Hernández, también plagió a autores de Cuba, México, Argentina y España en varias de sus columnas publicadas en un diario puertorriqueño de circulación general.” “Escribí dichos artículos sin la rigidez y forma que se exige y acostumbra en los escritos académicos. Nunca fue mi intención apropiarme del trabajo de otros, pero mis omisiones son mi responsabilidad y –por eso presenté mi renuncia hoy.” Ríos Hernández (El Nuevo Día, 2012) Como dice Ríos Hernández, no fue su intención apropiarse del trabajo de otros. No hay forma más clara que esa para entender lo que es plagio. El plagio se establece en el momento en el que copió en lo sustancial obras ajenas, dándolas por propias. (RAE) Legalmente la violación seria de los derechos de autor. La parte poco profesional y ética de la situación es que damos a entender que el material, objeto, obra o idea es nuestra. De esta forma estamos mintiendo y robando directamente la idea de otra persona. Solemos pensar en el plagio especialmente como el que se da en nuestro ejemplo, pero cuando omitimos las comillas, las anotaciones, citas, pies al calce o no incluimos en la bibliografía los recursos utilizados para plasmar nuestras ideas, también es plagio.

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Integridad Profesional Dentro de la definición de plagio están incluidas acciones tales como: cuando usurpamos la idea de un compañero de trabajo o subordinado y la presentamos como nuestra, no importa si se reciben beneficios o no, lo importante es que no es nuestra idea. Simplemente, el plagio es un robo intelectual, un robo de ideas. El primer afectado es al que se le usurpa la idea, ya que pierde el reconocimiento por su labor. El mayor afectado es el que plagia ya que al ser descubierto perderá no solo su trabajo, sino su reconocimiento como un profesional íntegro.

Auto-plagio Es la duplicación de publicaciones, aunque en este caso es un robo a si mismo porque el documento original le pertenecía. Por ejemplo, publicar el mismo artículo en varias revistas como si fuera inédito. La clave para no cometer auto-plagio es que aunque se trabaje una misma línea de investigación, se utilicen referencias o partes de otros artículos, cada obra presentada tiene que tener un grado de novedad que aporte algo nuevo al conocimiento y que esté actualizada su bibliografía.

¿Quiénes se ven afectados? La falta de profesionalismo nos afecta a todos. Como hemos visto, el ser un profesional implica tener una relación directa con los demás, sean compañeros de trabajo, supervisores, clientes o usuarios. El ser un profesional implica trabajar para la sociedad; más aún para los que somos empleados gubernamentales Ese compromiso social es el que nos obliga a ser mejores profesionales.

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M. Beauchamp Montalvo Si analizamos a fondo los casos que utilizamos de ejemplo, podemos percatarnos del efecto dominó que se da con una acción mal realizada. Si falsificamos o fabricamos información todos los que utilizan esa información se ven afectados, porque están tomando sus decisiones basados en información errónea.

La

cadena de eventos comienza en la conducta del profesional, porque está mintiendo, y no le está dando el correcto trato a su cliente, a los compañeros de trabajo que usan esa información de referencia o la pueden utilizar como base para sus propios trabajos, lo cual hace que se comience el ciclo de nuevo. Es obligatorio que reconozcamos que no somos entes individuales y que nuestras acciones tienen repercusiones hacia los otros que nos rodean. El profesionalismo no es algo solamente personal, es la expresión de esa promesa de servicio hacia la sociedad.

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Integridad Profesional REFERENCIAS Argyriades, Demetrios. 2012. “El servicio público en encrucijada. El significado y la importancia de la profesionalización en el servicio público.” UAEM, No.58, enero-abril: 97-110. Committee on Science, Engineering, and public policy, National Academy of Science, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine. 2012. On being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research. Washington: The National Academies Press. Cortes Chico, R. 2013. “Suspenden a agentes e investigan falsificación de caso.” El Nuevo Día, 6 de febrero. D’Angelo, J. 2012. Ethics in Science. Ethical Misconduct in Scientific Research. Boca Ratón: CRC Press. El Nuevo Día. 2012. “Renuncia el profesor acusado de plagio.” 26 de septiembre. Emanuel, Ezekiel and Crouch, Robert A. 2003. Ethical and Regulatory Aspects of Clinical research. Readings and Commentary. Baltimore: The John Hopkins University Press. Emanuel, Ezekiel and Crouch, Robert A. 2011. The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. New York: Oxford University Press. Evetts, Julia. 2011. “A new professionalism? Challenges and opportunities.” Current Sociology, Vol. 59, No.4: 406-422. Ferrer, Jorge J. 2006. Deber y Deliberación: Una invitación a la Bioética. Mayagüez: CEPA.

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M. Beauchamp Montalvo González Maura, Viviana. 2004. “¿Qué Significa un Profesional Competente? Psicológica”

Reflexiones Revista

desde

Iberoamericana

una de

Perspectiva Educación.

www.rieoei.org. Rescatado el 22 de julio de 2013. Murphy, Timothy F. 2004. Case Studies in Biomedical research Ethics. Massachussetts: The MIT Press. Oliver, Paul. 2010. Student guide to Research Ethics. New York: Mc Graw Hill. Primera Hora. 2012. “Sujeto enfrenta cargos por falsificar recetas médicas”, marzo 22. Real Academia Española. 2013. “Diccionario de la Real Academia Española.” http://www.rae.es/rae.html. Ruiz Perez, L. 2010. “Profesionalismo: competencia esencial en las especializaciones médicas” ATEN FAM, Vol. 17, No. 2: 31 Shamoo, Adel and Resnik, David. 2009. Responsible Conduct of Research. New York: Oxford University Press. Wilkinson, T., Wade, W. and Doug Knock, L. 2009. “A Blueprint to Asses Professionalism: results of a Systematic Review” Academic Medicine, Vol. 84, No. 5: 551-558

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Integridad Profesional DATOS BIOGRAFICOS DE LA AUTORA

Michele I. Beauchamp

Michele I. Beauchamp Montalvo posee un Máster en Bioética de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Obtuvo su doctorado en Filosofía e Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido Catedrática Auxiliar por 6 años en el Sistema Universitario de la UPR en los Recintos Universitarios de Aguadilla y de Mayagüez. Ha organizado varios congresos sobre Bioética y ofrecido charlas sobre Ética Profesional a maestros de escuela pública. También ha colaborado con la Alianza para el Fortalecimiento en el Aprendizaje de las Matemáticas y las Ciencias (AFAMaC), ofreciendo charlas sobre ética profesional y de la investigación.

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Revista Académica Ethos Gubernamental VII  

Revista Académica arbitrada del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético - Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico

Revista Académica Ethos Gubernamental VII  

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