regular y oficiosamente, enterándose de las actividades del personal a su cargo o a solicitud de las personas que en determinado momento resulten perjudicadas en sus intereses legítimos, como efecto de las actividades de ejecución, especialmente cuando esa actividad viola las normas legales. En estos casos, los afectados tienen la posibilidad de solicitar la intervención del superior, con la finalidad de revisar los actos de los inferiores, mediante el uso o interposición de los recursos administrativos. En lo relacionado con la actividad de ejecución, los actos técnicos y presupuestarios son parte del área de conocimiento, estudio y aplicación de otras ciencias. En nuestro caso, nos interesa abordar el tema desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, el abogado siempre debe tener conocimientos básicos en materia técnica y contable, cuando su ejercicio profesional se relaciona con la administración estatal, pues esto le permitirá dar una respuesta adecuada a la problemática administrativa que debe ser entendida integralmente y por lo tanto, debe abordar el tema mediante el estudio de los diferentes aspectos interrelacionados. El abogado debe estar preparado para entender el lenguaje técnico de los economistas, de los auditores, de los médicos salubristas, etc. Al abordar la actividad de ejecución desde el punto de vista jurídico, el tema principal es el Acto Administrativo. Se denomina así, porque se desarrolla durante el proceso de administración, especialmente durante la ejecución de los planes de gobierno, el presupuesto general del Estado y la aplicación del sistema legal que regula a la Administración Pública. Los actos administrativos revisten diversas formas. Una de ellas, son las resoluciones que dictan los funcionarios al concluir un expediente administrativo; las providencias que impulsan el trámite de los expedientes; las instrucciones y circulares que se emiten para facilitar la ejecución, etc.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. RACIONAL. El acto administrativo debe ser el resultado de un proceso de análisis lógico jurídico, en donde el responsable ubica, interpreta y aplica la norma legal (constitucional, ordinaria o reglamentaria y en su caso las cláusulas contractuales), al caso concreto. Para llegar a esta decisión, se tramitó un expediente en donde se hizo acopio de evidencia para arribar a una conclusión sobre la pertinencia o impertinencia de determinada actuación. 241