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adquieren bienes y servicios, resuelven las peticiones de las personas, además de las funciones especificas que les asignan la Constitución y las leyes (como dictar sentencias, emitir legislación, impartir justicia constitucional, sancionar moralmente la violación a los derechos humanos, controlar los procesos electorales, investigar delitos y accionar penalmente, representar al Estado, etc.). Recordemos también, que la función administrativa del Estado se desarrolla con base en los principios y normas jurídico-administrativas de orden público (por lo tanto obligatorias por imperativas y de cumplimiento forzoso), contenidas en las diversas ramas del Derecho como el constitucional, administrativo, procesal general y procesal administrativo y en otras disciplinas jurídicas y administrativas más especializadas como el derecho administrativo laboral , el de la previsión social, de aguas, el petrolero, el minero, el del medio ambiente, de la propiedad intelectual, industrial, municipal, urbanístico, de minorías, agrario, rural, aduanero, financiero, tributario, migratorio, etc. Podemos tipificar la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo como un conjunto sistematizado de actuaciones de orden público interno, que cuando concluyen dan lugar a la emisión o declaración de una decisión imperativa y oficial del Estado. Esa declaración contenida en una resolución administrativa, es susceptible de ser impugnada o recurrida por la persona o las personas que hayan intervenido en los trámites y que se consideren afectados en sus intereses legítimos. Cuando la resolución administrativa de fondo no es impugnada por ningún afectado con interés legítimo, entonces legalmente se considera que fue tácitamente aceptada (consentimiento tácito) y la resolución queda firme, es definitiva y por lo que debe ser ejecutada voluntariamente por el obligado (se produce cosa juzgada material o de hecho al no existir ninguna acción administrativa o judicial que ejercer en contra de la resolución administrativa). En caso de no ejecutar voluntariamente la resolución tácitamente aceptada, entonces se procede a la ejecución coactiva en los tribunales y de ser necesario, con apoyo de la fuerza pública. Es claro que la naturaleza del procedimiento administrativo, por los efectos que produce su conclusión, es de orden público interno. Lo lógico o natural es que ellos, los afectados negativamente en sus intereses legítimos, se opongan mediante la interposición de medios legales de defensa (recursos administrativos o impugnaciones administrativas) según sea el contenido o materia de la resolución de fondo. En ese caso, la 165

Recopilación JURITEX y LEGITEX  

Recopilación de los folletos eleborados por el Licenciado Godinez director del CIJUR.

Recopilación JURITEX y LEGITEX  

Recopilación de los folletos eleborados por el Licenciado Godinez director del CIJUR.

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