El Caribe mexicano ha sido siempre un botín de hoteleros rufianescos e inversores turísticos depredadores que operan al amparo de la autoridad. Los casos de Xel-Ha y Chemuyil son por demás ilustrativos: patrimonios espectaculares y únicos en el mundo, de propiedad pública, fueron traspasados, mediante trampas parlamentarias legaloides y tratos amafiados con las autoridades del momento, a un piquete de empresarios crapulosos que los explotan con rentas privadas multimillonarias a cambio de falsos beneficios públicos.