La corrupción inversora ha sido una constante en el Caribe mexicano en el curso de su historia turística y de su expansión urbana. Gobiernos y gobernantes de todos los niveles, pero sobre todo municipales y estatales, han sido parte de esa industria del crecimiento económico cifrado en la complicidad y el delito entre ‘servidores públicos’ y empresarios nacionales y extranjeros. Y en ese proceso de décadas y de administraciones de unos y otros signos políticos, la pérdida de sustentabilidad ambiental y urbana y el caos de la ingobernabilidad y la declinación de la convivencia humana y de la calidad de vida, han sido la normalidad del entorno regional.