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LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Luchar contra la pobreza y garantizar el acceso a los servicios esenciales Pobreza urbana y segregación espacial. Al irse desarrollando y enriqueciendo, las ciudades, locomotoras del crecimiento económico, ven reforzarse en su seno las desigualdades y la pobreza. Se considera que ya un tercio de la población urbana del mundo vive en asentamientos informales (70% en África) desprovistos de los servicios urbanos más esenciales: agua potable, saneamiento, recogida de residuos, transporte. Asimismo, en todas las ciudades del mundo, se observa una creciente fragmentación espacial y social. Al tiempo que se extienden y se globalizan, las ciudades se van fragmentando en territorios especializados, de acuerdo con un proceso de diferenciación tanto funcional como social, tendiendo los territorios urbanos mejor dotados a desolidarizarse de los barrios desfavorecidos, o incluso de su contexto local. Al Sur, esta extensión urbana va acompañada de una mayor precariedad de las poblaciones desfavorecidas, en particular, en términos de acceso a la tenencia. En los asentamientos informales, estas poblaciones son igualmente las más expuestas a los riesgos naturales así como a los riesgos sanitarios generados por la degradación del medio ambiente, la contaminación de los cursos de agua, las capas freáticas y el aire. Prestar apoyo al suministro de los servicios esenciales La lucha contra la pobreza, el acceso de todos a los servicios esenciales y el desarrollo económico y social sostenible de las ciudades constituyen, dentro del marco de un tratamiento conjunto de las dimensiones socioeconómicas, sanitarias y medioambientales, prioridades para la Cooperación francesa con miras a la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Un reto de magnitud que deben enfrentar las ciudades del Sur concierne al suministro de los servicios esenciales al conjunto de la población, y en particular a los barrios de hábitat informal. Dentro de esta perspectiva, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores fomenta la tarea de movilizar los recursos locales, así como asociar al sector privado y a la sociedad civil a las instituciones públicas bajo la forma de colaboraciones innovadoras. La acción pública del Estado y las colectividades locales debe desempeñar un papel de palanca, en particular, mediante el mecanismo virtuoso de la fiscalidad, para orientar las inversiones y las colaboraciones con los actores privados hacia la lucha contra la pobreza. Pero más allá de los medios financieros y las consideraciones técnicas, el principal desafío para la implementación de los servicios esenciales reside en establecer un diálogo entre las instituciones nacionales, los poderes locales, los prestatarios de servicios y las poblaciones en torno de un proyecto común de largo aliento. Esta implementación implica la responsabilidad de las autoridades públicas, garantes del interés general.


Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) Los Documentos de Estrategia para la Lucha contra la Pobreza (DELP) los preparan los países de bajo ingreso por medio de un proceso participativo en el que intervienen las partes interesadas (los países de bajo ingreso y los responsables del desarrollo internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Los DELP se actualizan regularmente cada 5 años de acuerdo con informes de evolución anual. En los DELP se describen las políticas y programas que los países adoptarán en el ámbito macroeconómico, estructural y social de los próximos tres años o en un plazo más largo con objetivos de fomentar un crecimiento de amplia base y reducir la pobreza, así como las necesidades relacionadas a recursos externos y las principales fuentes de financiamiento. Debido a que la preparación de un DELP lleva tiempo, el FMI y el Banco Mundial han acordado proporcionar asistencia en condiciones concesionarias sobre la base de un DELP provisional. En estos documentos se presenta un resumen y un análisis de la situación de la pobreza en el país, se describe la estrategia adoptada para reducir la pobreza y se explica el mecanismo mediante el cual se elaborará un DELP definitivo por medio de un proceso participativo. Todo plan encaminado a combatir la pobreza exige, para alcanzar sus objetivos, que el país que lo aplica se identifique plenamente con el mismo y que el plan cuente con un amplio apoyo del público. Los DELP contienen una evaluación de la pobreza y describen las políticas y programas macroeconómicos, estructurales y sociales que aplicará un país durante varios años para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza, así como las necesidades de financiamiento externo y las consiguientes fuentes de financiamiento. Los DELP son elaborados por las autoridades de los países de bajo ingreso mediante un proceso en el que participan las partes interesadas del país y los socios externos en el desarrollo, entre ellos el FMI y el Banco Mundial.


La situación en el Perú Si bien en años recientes la economía ha crecido y el sector público ha destinado mayores recursos para solucionar los problemas de la agenda social, persisten aún asuntos por resolver. Para hacer más efectiva la acción pública en materia social y atender las tareas pendientes, las políticas sociales deben: • • • • • •

Tener objetivos claros: los y las ciudadanas. Tener conocimiento pleno de nuestros usuarios; rurales, dispersos, aquellos que tienen proyectos o iniciativas. Poner en práctica estrategias específicas para cada grupo social que debemos atender. Ofrecer servicios y productos de calidad: los de siempre y nuevos. Usar mecanismos innovadores: por ejemplo incentivos por metas cumplidas. Evaluar, aprender, adaptarnos: adoptar mejores prácticas y dejar de hacer lo que sabemos no ha resultado.

Tareas por resolver •

Igualdad de Oportunidades. Lograr que los hogares en pobreza extrema, o vulnerables, accedan a los servicios públicos universales ejerciendo así sus derechos y su ciudadanía plenamente a través de los programas de alivio temporales y focalizados. Fomentar capacidades para aprovechar oportunidades. Contribuir a que los usuarios de programas sociales logren estrategias sostenidas de generación de ingresos, seguridad alimentaria, reducción de vulnerabilidad y empleo que les permita — en el mediano plazo — superar su condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la articulación de programas de alivio con programas promotores.


El caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social La reducción de la pobreza y la inclusión social es uno de los principales objetivos del actual gobierno. Para ello se ha fijado como primer horizonte de las políticas nacionales consolidar un modelo de crecimiento, con inclusión social en democracia, que distribuya de manera equitativa, erradique la desigualdad, conserve apropiadamente nuestro medio ambiente e impulse la formalización. Estos programas sociales deben funcionar como herramientas temporales que ayuden a los peruanos más vulnerables a salir de la pobreza y les permitan insertarse en las cadenas productivas que impulsan el esarrollo del país. Juntos Programa de transferencias monetarias condicionadas que tiene por finalidad romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y generar capital humano en los hogares pobres del Perú. El incentivo económico que reciben los hogares usuarios es de S/. 200.00 cada dos meses, condicionado al cumplimiento de compromisos adquiridos con el Programa, en educación y salud. Cuna Más Programa creado sobre la base del Programa Nacional Wawa Wasi, con el objetivo de mejorar el desarrollo infantil integral de niñas y niños menores de 36 meses de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema, a través de sus dos modalidades de intervención: El servicio de Cuidado Diurno que se brinda en los Centros Cuna Más de Cuidado Diurno y el servicio de Acompañamiento a Familias, próximo a iniciarse en julio 2012 en las provincias de Ayacucho, Cajamarca, San Martín y Lima. Pensión 65 Programa que entrega una subvención económica a adultos mayores que superan los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza. A través de esta subvención se busca atenuar la vulnerabilidad de sus ingresos. Foncodes Programa que trabaja con los gobiernos locales —para las personas en situación de pobreza — contribuyendo al desarrollo inclusivo del país, con inversión social de calidad, facilitando el acceso a oportunidades y al desarrollo de capacidades sociales, económicas y productivas. Se apoya en el liderazgo de sus gobiernos locales, preferentemente rurales, y en la participación ciudadana. Pronaa Programa que busca prevenir la malnutrición de la población en pobreza y pobreza extrema, contribuyendo a la seguridad alimentaria en el país. Se ejecutan acciones de asistencia, apoyo y seguridad alimentaria dirigidas preferentemente a los grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional, en especial a los niños y niñas así como a los damnificados por situaciones de emergencia temporal.


La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Objetivos La MCLCP enmarca su actuación en los principales contenidos de la Carta Social y los objetivos y funciones expresados en los decretos que le dieron origen, los cuales tienen fuerza de ley según lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En todas las instancias, los objetivos de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza son: •

Concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género.

Lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza.

Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social del Estado.

Maximizar la transparencia e integridad en la gestión de los programas de lucha contra la pobreza.

Funciones En todas las instancias, las funciones de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza son: •

Promover un diálogo nacional para alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, Sociedad Civil y el Sector Privado destinados a la lucha contra la pobreza.

Establecer los mecanismos de coordinación entre los sectores del Gobierno y de éstos con la Sociedad Civil, para lograr la transparencia, eficiencia y sistemas de información veraz y oportuna sobre la inversión social pública, en el marco de los objetivos sociales establecidos.

Servir de espacio de coordinación para evitar la superposición de programas de ayuda social, para alcanzar una racional y oportuna utilización de los recursos comprometidos, y definir prioridades geográficas o temáticas para la asignación de los recursos.

Servir de instancia de consulta para la formulación de planes nacionales, departamentales y locales referidos a políticas de desarrollo y promoción social, así como en la definición de las prioridades presupuestales.

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