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Expte: 1774-S-12 Fecha: 13/06/12

PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN PROCESOS MINEROS

Artículo 1: A efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales, en especial de los recursos hídricos, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes, prohíbese en todo el territorio nacional, la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio, carbonato y/o cualquier otra sustancia contaminante y/o peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051, y/o que posea alguna de las características enunciadas en el Anexo II de la Ley Nacional Nº 24.051 y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros de cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, desarrollo, almacenamiento y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método y/o tecnología extractiva. Artículo 2: Las personas físicas y/o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, posean la titularidad de concesiones y/o de derechos mineros que involucren minerales metalíferos y/o aquéllas que industrialicen dichos minerales, deberán adecuar todos sus procesos a las previsiones de la presente Ley en un plazo de noventa (90) días.Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Rubén Giustiniani Senador de la Nación


FUNDAMENTOS Señor Presidente: La gran minería metalífera ya no es más la tradicional minería de socavón que Emile Zola describía magistralmente en la novela “Germinal”, sino una actividad a cielo abierto. El rápido agotamiento de los minerales metalíferos durante el siglo XX, debido en gran medida a las guerras mundiales y al creciente consumo en los países desarrollados, produjo cambios significativos en la industria minera durante las últimas décadas: se pasó de la explotación intensiva a la extensiva, de la minería de galerías subterráneas a la actividad minera a cielo abierto. El proceso de agotamiento de los minerales metalíferos se tradujo en una mayor diseminación del metal en la roca, que ahora se encuentra disperso en las rocas a niveles microscópicos junto a otros metales y minerales diversos, lo que llevó a que se abandone la antigua práctica de cavar túneles y galerías que seguían las vetas visibles del mineral desde la superficie a las entrañas de la tierra. Ahora, en su modalidad más extendida, los metales se extraen mediante el denominado “proceso de lixiviación” que consiste en mezclar la roca molida que contiene el metal, con una solución de agua y cianuro para el caso del oro, o con acido sulfúrico o soluciones de amonio en el caso del cobre o la plata. Al unirse con los átomos de los metales, estos poderosos químicos los separan del resto de los minerales que están las rocas trituradas. Si bien este método para extraer oro ya se conocía desde fines del siglo XIX, comienza a aplicarse en la segunda mitad del siglo pasado por considerarse “económico” para yacimientos con baja concentración aurífera. Más del 60% de los minerales extraídos hoy a nivel mundial lo son mediante la modalidad de minería “a cielo abierto. Desde el punto de vista de sus características económicas, este tipo de actividad minera es de carácter transnacional. De esta forma, se trata de una actividad que está altamente concentrada en unas pocas grandes empresas que operan a escala global dominando el “mercado internacional” de minerales metalíferos y, como tal, el destino de las explotaciones de este tipo existentes en los países periféricos se encuentra casi exclusivamente destinada a la exportación de minerales con muy escasa transformación.


Este tipo de tecnología minera ha venido instalando nuevas “economías de enclave” en la región, caracterizadas por las asimetrías en los intercambios comerciales y por una marcada tendencia a la reprimarización de la estructura productiva. Mientras que en los países periféricos o dependientes se realiza la fase extractiva (que es la de mayor impacto socioambiental), el procesamiento, industrialización y consumo de los metales obtenidos se concentra en las grandes potencias mundiales. En los últimos años, la región ha abastecido el 45% del cobre, el 40% de la plata, y poco más del 25% del zinc, el estaño y el oro que se consumen a nivel global, siendo que en promedio el consumo de minerales en la región no supera el 5% del total mundial. La “fiebre del oro” en la Argentina. Hasta la década del ’70, la minería metalífera en Argentina era una actividad de escala media desarrollada por alrededor de unas cien pymes que también realizaban la explotación de minerales de uso industrial y rocas de aplicación. A partir de la década del ’90, con la sanción de un nuevo marco legal para la actividad de clara inspiración neoliberal, a través del establecimiento de incentivos y exenciones fiscales sin precedentes para otra actividad económica en el país, se promueven los megaemprendimientos mineros y se atrae a las grandes corporaciones transnacionales que extraen (y exportan) oro, cobre, plata y otros metales en las cantidades que las mismas empresas consignan en declaraciones juradas en base a las que pagan magras regalías con un tope del 3%. Este corpus normativo de los 90 instaló un escenario caracterizado por excepcionales condiciones para las empresas y una injerencia casi nula del Estado y la sociedad civil, lo que permitió la apropiación por parte de actores extranjeros de recursos no renovables que les otorgaron rentas extraordinarias. Estos privilegios hacen que hoy el costo de producción del oro y otros metales preciosos en Argentina sean de los más bajos del mundo, junto a Papua Nueva Guinea, Zimbabwe y Filipinas. El régimen fiscal vigente en la región garantiza las más altas tasas de rentabilidad a escala global. Según un conocido informe de la CEPAL (1998), Chile, México, Argentina y Perú están entre los 25 países mineros con mayores tasas de retorno. En el caso del oro, Argentina es el segundo país con mayores tasas de retorno (18,1% promedio). Con estas prerrogativas y beneficios, que el actual gobierno nacional mantuvo incólumes, y ante la escalada de los precios internacionales de los metales preciosos, no tardó en estallar


una suerte de “fiebre del oro” en nuestro país. De esta forma, las explotaciones mineras pasaron así desde 70 mil a 180 mil km. cuadrados. Consecuentemente, en el período 19921999 la cantidad de empresas mineras trabajando en el país crece de 4 a 80, entre las que se destacan varias de las más grandes del mundo. Cuál es el resultante de este proceso de fuerte expansión de la actividad: Argentina destina el 93% de su producción minera metalífera a la exportación, con un aporte al PBI de sólo el 2%, con una generación de empleo de 0,06% de la PEA nacional, y una contribución del 0,43% al total de ingresos fiscales nacionales. Esta tendencia seguramente se va a profundizar en los próximos años. El oro ha vuelto a convertirse en un medio de ahorro e instrumento de especulación financiera, y como tal sus precios continúan incrementándose. En este sentido, el banco suizo USB prevé para el 2012 una cotización promedio de la onza de oro superior a los 2 mil dólares. Un estudio realizado por el propio Banco Mundial señala que la Argentina está entre los países con una menor carga tributaria para esa actividad. No es de extrañar entonces que mientras en 2003 había aproximadamente 40 explotaciones mineras proyectadas, hoy según diversas fuentes existen más de 400 proyectos en distintas fases de desarrollo, lo que equivale a un 750% más que en 2003. En la actualidad, Argentina ocupa el sexto puesto en el mundo en cuanto a potencial minero, con un 75% de las áreas atractivas para la minería que todavía no han sido sometidas a la prospección. Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) revela que las cuatro empresas extranjeras que se reparten el grueso del negocio aurífero en nuestro país – las canadienses Barrick y Yamana Gold, la sudafricana Anglogold Ashanti y la suiza Xstrata Cooper- alcanzaron en el 2011 una renta 43% superior a la obtenida el año anterior. Este aumento tiene que ver no sólo con el incremento sostenido en la cotización internacional del oro, sino también con el fuerte incremento en las toneladas producidas. El informe señala que, contrariamente a lo que suele presentarse como una de las grandes virtudes del sector, el fisco nacional y provincial en conjunto pasó de recaudar un 34% de la renta aurífera en el 2008 a un 24% en 2010.


Según datos de la propia Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), durante 2010 se exportaron minerales por un total de 4.500 millones de dólares. Los más exportados, siguen siendo los minerales metalíferos como el oro y el cobre. Este modelo de actividad minera genera así gigantescos excedentes financieros a partir de la exportación, profundizando la dependencia económica, financiera, comercial y tecnológica respecto a los mercados internacionales, y a las grandes corporaciones que controlen este sector a escala global. ¿En qué consiste la minería a cielo abierto por lixiviación? Las minas a cielo abierto tienen la forma de gigantescos anfiteatros en cráteres gigantescos de hasta 150 hectáreas de superficie y 500 metros de profundidad producidos por la voladura de cerros completos, con escalones superpuestos de aproximadamente 10 metros de altura, que son los llamados open pits desde donde se extrae la materia prima. Las rocas extraídas son posteriormente trituradas por máquinas (conocidas como “chancadoras”), que reducen el material a piezas de un máximo de 32 milímetros. Luego, el material depositado en las llamadas “pilas de lixiviación” es regado por el goteo de miles de mangueras con una solución cianurada (50 gramos de cianuro por cada mil litros de agua) para el caso de extracción de oro, y cianuro de sodio o ácido sulfúrico cuando se extrae cobre. Posteriormente, la llamada “agua rica” según el argot minero, que es la solución que contiene oro y plata, es succionada hacia los pozos de operaciones a través de grandes tuberías. Allí se completa, con el agregado del polvo de zinc, la extracción del oro y plata. En el fondo de esos pozos, las mineras colocan una vulgar y precaria membrana sintética negra que, según ellos, evita que el cianuro se filtre hacia las napas subterráneas. Las decenas de miles de materia estéril sobrante son cargadas nuevamente en los gigantescos camiones de 240 toneladas llamados “fuera de ruta” y llevados hacia enormes basureros (“botaderos”). Los diques de colas y las escombreras que acumulan millones de toneladas de material estéril, no sólo son potenciales generadoras de drenaje ácido por décadas, sino que, además, nos dan una pauta del uso de enormes volúmenes de agua que constituyen el más valioso recurso para la vida, especialmente en zonas desérticas y semidesérticas.


Mientras tanto, el barro que contiene oro, plata y otros valiosos minerales es filtrado y clasificado, para llevarse luego al poderoso horno de inducción eléctrica que alcanza las temperaturas requeridas de 1.200 grados. Allí se vuelve a separar los residuos del metal precioso que, en forma líquida se vierte en los moldes que una vez enfriados se convertirán en lingotes de 24 cm de largo por 10 cm de ancho. De allí, miles de lingotes de oro dejan la Argentina en aviones privados con destino a Suiza y a otros destinos, mientras otros minerales son llevados en tren a puertos del litoral, todos ellos tras pagar una magra regalía que no supera el 3%. Este proceso extractivo explica en gran medida porque el agua es uno de los principales insumos en este tipo de actividad minera. Este vital insumo para el desarrollo humano se consume en las minas a cielo abierto a razón de miles de litros por segundo, y precisamente por ello, las explotaciones se sitúan en el origen de las cuencas hídricas y en las proximidades de las grandes reservas de agua. Los riesgos para el ambiente. Esta modalidad extractiva es extremadamente peligrosa y nociva para el medioambiente, y en consecuencia para los seres humanos y sus comunidades. La minería a cielo abierto es en este sentido entre 8 a 10 veces más contaminante que la tradicional minería subterránea Un cálculo estimativo para una explotación minera de escala media arroja impactantes números: para obtener 25 kg de oro diarios se deben volar 25 mil toneladas de roca, que deberán ser tratadas con 4 toneladas de cianuro disueltas en 500 mil litros de agua y grandes cantidades de cal (que evita que no suba el ph del agua y se convierta en gas). A esta “sopa” (en argot minero) se le agrega finamente zinc para bajar el oro. Quedarán un promedio de 50 mil toneladas de desechos sólidos, 240 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, y la sopa de agua cianurada altamente contaminante depositada en el dique de cola. Para el caso del proyecto de Pascua Lama, se requerirán remover 4 toneladas de roca, 300 litros de agua, 43 Kw/hora de electricidad, 2 litros de gasoil, 1.1 kg de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio, para producir 1 sólo gramo de oro. Si se tiene en cuenta de que el yacimiento tendría reservas declaradas de entre 20 y 30 millones de onzas de oro (850 mil toneladas), se comprende la magnitud de los recursos destruídos.


Hay una larga lista de potenciales y gravísimos riesgos socioambientales de corto, mediano y largo plazo, entre los que podemos mencionar: graves modificaciones geomorfológicas; alteración de los usos y características del suelo; desertificación; extinción de especies de flora y fauna; distorsión de cuencas hídricas (superficiales y subterráneas); disminución de caudal hídrico y de la cantidad de agua disponible para consumo humano; contaminación del aire con partículas y gases; contaminación sonora; contaminación del agua y del suelo con residuos peligrosos; contaminación por drenajes ácidos; generación de depósitos de residuos peligrosos perpetuos; peligros de derrames de sustancias tóxicas durante su transporte; etc. Uno de los secretos de la alta rentabilidad de esta actividad minera reside precisamente en que las empresas no están obligadas a hacer una gestión integral de los residuos peligrosos, simplemente los acumulan sin tratamiento alguno. Además de las escombreras o botaderos donde se depositan las rocas contaminadas, se construyen los llamados diques de colas, que no son más que gigantescos basurales de millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro, arsénico, plomo y otros metales pesados que quedan abandonados una vez terminada la explotación. El principal peligro de estos residuos abandonados es su posible filtración al subsuelo y contaminación de ríos y arroyos, potencial riesgo que se agrava teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos de megaminería de cianuro en la Argentina se encuentran en zonas sísmicas. Debe señalarse además que el cianuro es muy persistente en el tiempo, y como tal puede provocar verdaderas catástrofes incluso muchos años después de cerrada la mina. En Europa se registraron dos desastres medioambientales por rotura de diques de cola, a saber: Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998 y Bauxita (Hungría) el 5 de octubre de 2010. En ambos casos, las empresas negaron su responsabilidad, y rechazaron hacerse cargo de las compensaciones económicas por daños y remediación. En este sentido, en los últimos 25 años se han registrado en Europa más de 30 accidentes importantes relacionados al vertido de cianuro. En particular hace 10 años, cuando se vertieron más de 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de esa época en Europa central.


Por otra parte, no puede perderse de vista que es probable que estos riesgos de accidentes y contaminación con cianuro u otros químicos se agraven, teniendo en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas que se vienen registrando en los últimos años, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones, como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En cuanto a la contaminación del aire, debe señalarse que la fundición de metales contribuye con el 13% de las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y que en razón del alto consumo de energía de la actividad (el 7% de la producción mundial a base de carbón y petróleo), tiene un altísimo impacto en lo que respecta al cambio climático global. El enorme consumo de agua y de energía eléctrica que caracteriza a esta actividad no sólo genera daños medioambientales irreparables, sino que afecta la vida y salud de los habitantes de zonas adyacentes, privándoles del acceso a los más elementales recursos vitales. La actividad supone la utilización de grandes cantidades de agua en zonas en las que el recurso es escaso, pudiendo por medio de contaminación afectar no sólo al ambiente y la salud de los pobladores, sino también a las actividades productivas (como la agricultura y el turismo) en base a las cuales se sostienen muchas de las economías locales. La mayoría de estos emprendimientos mineros se establecen en zonas cercanas a cuencas hídricas y grandes reservorios de agua. El derecho al acceso al agua ha sido reconocido como un derecho humano. El agua es un recurso vital para el desarrollo humano, y a su vez un bien escaso. Sólo el 3% del agua del planeta es dulce; y sólo 1% se encuentra en ríos, lagos y mantos subterráneos en forma de agua; el 2% restante está en formaciones de hielo. En nuestro país, el 69% de toda el agua pura se encuentra precisamente en nuestros glaciares, que están en riesgo por los efectos de la explotación minera. Es en este sentido, que puede decirse que la minería a cielo abierto se caracteriza por un uso y aprovechamiento irracional y absolutamente injustificado de un bien común como el agua. Téngase en cuenta que un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a gran escala puede utilizar un promedio de 1.000 litros de agua por segundo, el equivalente a 86.400.000 litros por día.


De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de agua promedio recomendado es de 80 litros por día por persona. Según consigna la empresa que explota el emprendimiento de Veladero en su Informe de Impacto Ambiental, se utilizarán 110 litros por segundo. En el caso de Pascua Lama, la misma empresa declara que –del lado argentino- el requerimiento de agua alcanzará los 215 litros por segundo. Mientras el proyecto de Agua Rica (Andalgalá, Catamarca) prevé un consumo de 390 litros por segundo, lo que equivale a 34 millones de litros por día; dicha ciudad de 15 mil habitantes tiene un consumo estimado de agua de 1,5 millones de litros diarios. No es casual entonces que entre las principales consignas de los vecinos que se oponen a este tipo de minería, se encuentre la que dice “El agua vale más que el oro”. Preocupa por todo ello observar el cuasi-nulo control estatal sobre la actividad, caracterizada prácticamente por un “auto-monitoreo” de las empresas a través de las actualizaciones anuales de los Informes de Impacto Ambiental que son aprobados automáticamente sin cuestionamientos por las autoridades de las provincias mineras. Además, debe tenerse en cuenta que los Informes de Impacto Ambiental son solicitados y financiados por las mismas empresas, y por ello son siempre funcionales a los intereses mineros. Las sustancias tóxicas utilizadas El cianuro actúa como tóxico bloqueando el sistema central del proceso de respiración celular: el principal efecto nocivo y letal del cianuro es el impedir que el oxígeno de los glóbulos rojos sea utilizado como aceptor de hidrógeno en el final de la cadena respiratoria celular. Es muy tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión (absorción e irritación), y puede causar quemaduras en la piel y ojos. En la minería a cielo abierto se usa cianuro de sodio, que produce grandes cantidades de vapores tóxicos de cianuro de hidrógeno cuando se derrama en agua. Este cianuro de hidrógeno es muy tóxico para la salud y peligroso para el ambiente, y es la misma sustancia tóxica que se ha usado en ejecuciones en la cámara de gas y como arma química en distintas guerras. Sus efectos tóxicos se producen por inhalación y contacto con la piel. La vida media (el tiempo necesario para remover la mitad del material) del cianuro de hidrógeno en la atmósfera es alrededor de 1 a 3 años. En contacto con el agua (justamente


lo que hacen en los diques de cola es diluir el mineral con el cianuro) se produce este vapor muy tóxico que se acumula en la atmósfera y persiste por tres años. El bromuro de sodio es una sustancia altamente tóxica en razón de ser un fuerte oxidante. Por inhalación produce irritación gástrica, vómitos, diarrea, fallo renal y sordera. Por ingestión produce daño severo al sistema nervioso central. Tiene un efecto muy dañino sobre organismos acuáticos. Asimismo, presenta bioacumulación, afectando toda la cadena trófica. El yoduro de sodio es también un tóxico por oxidante, de rápida disolución en agua por lo que penetra y afecta todo el sistema. El mercurio es un metal pesado que a temperatura ambiente es un líquido inodoro. Cuando aumenta su temperatura por encima de los 40 °C produce vapores tóxicos y corrosivos, más pesados que el aire. Es dañino por inhalación, ingestión y contacto, muy irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. El sistema nervioso es muy sensible a todas las formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores de mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya que más mercurio llega al cerebro en estas formas. La exposición a altos niveles de mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar permanentemente el cerebro (irritabilidad, temblores, problemas de visión o audición, y en la memoria) y los riñones. La exposición a corto plazo a altos niveles de vapores de mercurio puede causar efectos que incluyen daño a los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en la piel, e irritación ocular. A largo plazo, la exposición de bajo nivel se ha asociado con síntomas más sutiles de eretismo, incluyendo la fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria, sueños vívidos, y la depresión. Las formas más tóxicas de mercurio son sus compuestos orgánicos, tales como dimetilmercurio y el metilmercurio. Sin embargo, los compuestos inorgánicos, como el cinabrio son también altamente tóxicos por ingestión o inhalación en polvo. El mercurio no es biodegradable, presenta toxicidad aguda, bioacumulación en peces, y magnificación en la cadena trófica. El ácido sulfúrico es extremadamente corrosivo. Por inhalación puede causar graves quemaduras y daños en pulmones, irritación y quemaduras en piel por contacto. Además, la


exposición crónica puede producir cáncer. Este ácido reacciona violentamente con el agua, salpicando, liberando calor y produciendo vapores tóxicos y corrosivos. Extremadamente peligroso para todo tipo de flora y fauna. En agua, además de la liberación de calor y vapores, aumenta la acidez. En suelo diluye sales deteriorando seriamente la calidad y capacidad de producción. El ácido clorhídrico es muy corrosivo y ácido, y cuando se expone al aire forma vapores altamente corrosivos densos de color blanco. Es irritante y corrosivo para cualquier tejido con el que tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce irritación de la garganta. La exposición a niveles más altos puede producir respiración jadeante, estrechamiento de los bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación de líquido en los pulmones e incluso la muerte. El ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales puede desprender hidrógeno pudiendo formar atmósferas explosivas en el ambiente. Es inestable a la luz solar e incompatible con agua (al igual que el ácido sulfúrico). Puede filtrarse a las napas subterráneas. El ácido fluorhídrico es una sustancia irritante, corrosiva y tóxica. En la piel produce quemaduras severas, siendo letal si se ingiere o se inhala. Libera gas hidrógeno altamente explosivo en contacto con otros metales, y su calentamiento produce vapores tóxicos de fluoruros. En suelo, los fluoruros quedan ligados al calcio haciéndolo tóxico y aumentando el ph. Es reactivo con el agua, lo fluoruros se bioacumulan en organismos acuáticos. El ácido nítrico es un líquido corrosivo, muy oxidante y tóxico que puede ocasionar graves quemaduras, al igual que los otros ácidos mencionados. Es soluble en agua, generando calor. Cuando se calienta genera además óxidos de nitrógeno muy tóxicos Los carbonatos son poco solubles en agua, inestables a altas temperaturas y pierden dióxido de carbono mientras se transforman en óxidos. El carbonato de calcio es de baja toxicidad para la salud pero una sal muy básica que cambia el pH de suelo y agua afectando negativamente todo tipo de organismos. Su efecto es de larga duración y difícil remediación. El carbonato de sodio es irritante y de toxicidad aguda. El carbonato de litio es altamente tóxico, y soluble en agua. Presenta además ecotoxicidad aguda, muy alta en las zonas de derrame, afectando organismos acuáticos y presentando bioacumulación


El amoníaco es una sustancia fuertemente irritante y corrosiva de todo tipo de tejidos. En su forma gaseosa es más estable que como líquido, pero también altamente reactiva a ácidos y metales. Las comunidades contra la minería contaminante. Este tipo de actividades extractivas producen un avasallamiento de las pautas culturales de las poblaciones locales, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan considerablemente la calidad de vida en las regiones afectadas. En este sentido, la problemática socioambiental no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. Por ello, son muchas las comunidades que vienen resistiendo la instalación de este tipo de emprendimientos en sus localidades y regiones, exigiendo que las autoridades den prioridad al bienestar de la comunidad, y no a los intereses del gran capital involucrados. Las luchas de las más de 70 Asambleas Ciudadanas en diferentes provincias argentinas, junto a la amplia participación ciudadana en el debate sobre la ley de protección de glaciares de 2010, han contribuido decisivamente a instalar en la agenda pública el tema de la minería a cielo abierto. Es emblemático el caso del municipio de Esquel (Chubut), en donde en marzo de 2003 el pueblo rechazó por el 81% de los votos en un plebiscito la instalación de un proyecto minero de la empresa Meridian Gold. La consulta popular se llevó a cabo también en las localidades vecinas de Cholila, Lago Puelo y Epuyén, en donde el rechazo superó el 90%. El plebiscito de Esquel posibilitó no sólo la sanción de la ordenanza 33/2003 que declaró a dicha localidad como “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, sino también la sanción de la ley provincial 5.001 que prohibió la minería a cielo abierto en la provincia de Chubut. Como desde entonces varios municipios de provincias mineras como San Juan y Catamarca procuraron seguir este camino de los plebiscitos y consultas populares, las respectivas provincias impidieron mediante diversos artilugios la realización de este tipo de mecanismos participativos.


Luego de lo sucedido en Esquel, las acciones contra la minería contaminante se desarrollaron en la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci, donde existía un proyecto minero de oro y plata en su fase exploratoria (mina de Calcatreu). En mayo de 2005, a través de la acción concertada de las asambleas de autoconvocados y el Parlamento Indígena de Río Negro, las movilizaciones ciudadanas lograron que la legislatura provincial sancionara una ley de prohibición de la actividad. La localidad de Abrapampa (provincia de Jujuy) es otro de los casos testigos de la resistencia de las comunidades locales a este tipo de actividad extractiva contaminante. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Jujuy en 2007, el 81% de los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia de la actividad durante tres décadas de la fundidora de plomo Metal Huasi que, tras su cierre en los ’80, dejo abandonadas 15 mil toneladas de residuos. En dicha localidad jujeña, ante la perspectiva de emprendimientos de minería a cielo abierto, y con la movilización de 40 comunidades kolla y cientos de vecinos, el Concejo Deliberante sancionó en 2010 la ordenanza número 51 que estableció la prohibición de “la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En 2008, los vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano (VAPUMA) de Metán, provincia de Salta, comenzaron a resistir el proyecto de instalación de una mina de cobre y plata. Para impedirlo, buscaron la vía del referéndum local y consiguieron 5 mil firmas para convocarlo, acompañados por una campaña de difusión en las instituciones educativas, los medios de comunicación e instituciones intermedias. Finalmente, la empresa de origen británico decidió retirarse a mediados de dicho año. En La Rioja, los pueblos de Famatina y Chilecito vienen resistiendo desde principios de 2007, cuando empezaron las tareas de exploración en la zona. Allí surge la consigna que los aglutina desde entonces “El Famatina no se toca”. Cuando en agosto de 2008, el gobierno provincial deroga la ley 8.137 que prohibía la actividad, junto a la ley 8.138 que establecía la obligatoriedad de convocar a consulta popular (ambas aprobadas un año antes), se reactiva el proyecto de una mina de oro en el cerro Famatina y vuelve a reactivarse la movilización ciudadana. A pesar del acoso y la represión de las fuerzas de seguridad de la provincia, los vecinos autoconvocados han logrado impedir el acceso al cerro de los


camiones con las maquinarias y materiales de la empresa canadiense a cargo de la explotación. El pasado 3 de junio, en Loncopué, pueblo neuquino de 7 mil habitantes ubicado a 300 km de la capital provincial, se escribió un nuevo capítulo en las luchas socioambientales contra esta actividad contaminante. En un referéndum, una arrasadora mayoría de 82,08% (y con participación del 72% del padrón) aprobó la ordenanza municipal que prohíbe la minería. En dicha localidad los vecinos rechazan desde 2008 la instalación de un proyecto minero de extracción de cobre en manos de una empresa china y la Corporación Minera de Neuquén (Cormine). De esa lucha nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), quienes junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero), organizaron la resistencia y consiguieron este resultado histórico. No hay país de la región en que no esté planteado algún conflicto en torno a la resistencia de comunidades locales a proyectos de megaminería. Según datos aportados por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), actualmente existen unos 120 conflictos mineros activos en la región, involucrando a aproximadamente 150 comunidades locales. Solamente en la República del Perú, la Defensoría del Pueblo da cuentas de que el 70% de los conflictos socioambientales tienen que ver con la actividad minera. Debe señalarse asimismo que, en función de los pasivos ambientales que este tipo de minería genera, la alta conflictividad social persiste aun finalizada la explotación del yacimiento, tal como lo corroboran experiencias internacionales en México (Zacatecas y Guanajuato) y Perú (Cerro de Pasco y La Oroya). Legislación comparada Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes prohibiendo este tipo de minería. La minería de cianuro y otras sustancias químicas contaminantes se encuentra prohibida en varias provincias del país: Chubut (Ley 5001 de 2003), Tucumán (ley 7.879 de 2007), Mendoza (Ley 7.772 de 2007), La Pampa (Ley 2.349 de 2007), Córdoba (Ley 9.526 de 2008), San Luis (2008) y Tierra del Fuego (Ley 852 de 2011). Dos provincias derogaron


normas similares que habían sancionado en tiempos recientes: La Rioja (Ley 8.137 del año 2007), y Río Negro (Ley 3.981 de 2005). La gran mayoría de esas legislaciones provinciales fueron sancionadas como consecuencia de las movilizaciones de organizaciones de vecinos y comunidades enteras, que aun realizan una importante tarea de concientización sobre los riesgos de esta actividad. Asimismo, varios municipios han prohibido las actividades mineras contaminantes. En la provincia de Jujuy, los municipios de Abrapampa, Cangrejillos, Huacalera y Tilcara. A ello, debe sumarse el ya mencionado caso de Esquel, en la provincia de Chubut, y el reciente referéndum en Loncopué, provincia de Neuquén. La legislación comparada a nivel internacional muestra asimismo que ya son varios los países del mundo –o algunos de sus estados- que han avanzado en la prohibición expresa de este tipo de actividades: Turquía (1997), Estado de Montana-Estados Unidos (1998), República Checa (2000), Nueva Gales-Australia (2000), Costa Rica (2002), Hungría (2009) y Alemania (2002), entre otros. En América Latina, la lucha iniciada en 1997 contra la instalación de una mina en Cotachi, Ecuador, hizo que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico” por ordenanza municipal. Luego, en 2002 en Tabogrande, Perú, se realiza la primera consulta popular sobre la minería en el continente. En años más recientes se ha realizado nuevas consultas en Perú (Piura y Cajamarca, ambas en 2007) y Guatemala (Siqapaca en 2005, Huehuatanago en 2006 e Ixtahuacan en 2007) Asimismo, en la 14° reunión de Ministros de Medio Ambiente del Grupo de Visegrado celebrada en 2007 en Praga, los ministros de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría adoptaron una posición común sobre minería, en virtud de la cual manifestaron su preocupación por las tecnologías utilizadas para las actividades mineras en diversas zonas de la región en cuanto entrañaban considerables riesgos medioambientales con posibles consecuencias transfronterizas. Además, el Anexo VIII de la Directiva Europea sobre políticas de aguas, el cianuro es clasificado como uno de los principales contaminantes, que pueden tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medioambiente.


Por otra parte, en el Convenio de Sofía sobre la cooperación para la protección y el uso sostenible del río Danubio, los Estados partes acordaron que, además de las sustancias peligrosas prioritarias en virtud de la directiva europea marco sobre políticas de aguas, el cianuro se clasifique como una de las sustancias más peligrosas para ese curso de agua. La megaminería y el desarrollo. No existe ninguna región en el mundo que haya logrado un desarrollo socioeconómico en base a la megaminería. Es necesario derrumbar por ello el mito de que la megaminería es un motor de desarrollo. Por el contrario, es una actividad caracterizada por una baja incidencia en el PBI, escasa generación de empleo, y muy bajo desarrollo e innovación tecnológica interna. Se trata de una actividad orientada esencialmente a la generación y apropiación de excedentes financieros, con una escasa articulación con el aparato productivo local. La minería ha perdido su rol de proveedora de materias primas e insumos para la actividad fabril local, convirtiéndose hoy en una fuente más de divisas a través de la exportación de su producción en tanto commodity. Una actividad que no implica entonces un auténtico desarrollo para las poblaciones locales, ya que el aporte de estos proyectos a la economía y actividad regional es casi nulo. En la minería, las inversiones y gastos más importantes y esenciales lo constituyen la tecnología automatizada y las maquinarias, que en su gran mayoría no son hechas en Argentina, por lo cual las inversiones en la gran minería no generan una gran demanda interna. Los insumos y servicios de origen nacional no son muy relevantes en los gastos de estos grandes yacimientos, y se limitan a la alimentación y servicios de salud para los trabajadores, la electricidad y algunos servicios como telecomunicaciones, ingeniería, etc. Además, la minería argentina actual produce concentrados minerales y subproductos de etapas inferiores a la de refinación –exceptuando los procesos relativos al hierro-, por lo que el valor agregado localmente es sumamente reducido. Esto queda claro al analizarse la situación de San Juan, la provincia donde se encuentran ubicados los principales emprendimientos mineros. En conceptos de regalías, Veladero (la mina más grande hoy) aportó durante el 2009 sólo 38 millones de pesos, menos del 1% del total de ingresos provinciales. No sorprende entonces que en San Juan, según datos del


Indec, la pobreza y la indigencia descendieron en una proporción mucho menor que en el promedio del resto del país. La mina de Bajo La Alumbrera, con 15 años de explotación, es quizás el ejemplo paradigmático del escaso impacto socioeconómico de la actividad. Las exportaciones de minerales extraídos superan el presupuesto de toda la provincia, sin embargo, los principales indicadores sociales no muestran una evolución favorable. Asimismo, por el peso de esta moderna tecnología automatizada, se emplea muy poca mano de obra en la explotación de los yacimientos, y sólo adquieren una cierta importancia en los dos primeros años de su construcción y puesta en marcha. Se trata de una actividad eminentemente capital-intensiva, por lo que su incidencia en la generación de empleos locales es poco significativa: del análisis de los principales proyectos desarrollados en Argentina surge que por cada millón de dólares invertidos se generan entre 0,5 y 2 empleos directos. Así lo demuestran las estadísticas disponibles. La Secretaría de Minería de la Nación consignó que en 2007 había 40 mil empleos directos en la actividad minera, lo que equivale al 0,24% de la población económicamente activa. Estos datos no coinciden, sin embargo, con lo publicado por el Indec que señala que en 2010 había 19412 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos, 7127 de los cuales trabajaban en explotaciones de minerales metalíferos. El Ministerio de Minería de San Juan (últimas cifras de empleo disponibles en la web), señala que en 2006 existían en dicha provincia 4167 empleos directos en la actividad minera, lo que equivalía al 1,8% de la población económicamente activa de la provincia. Si a esto se le suman los empleos indirectos que genera la actividad, se alcanza a lo sumo el 8% de la PEA provincial. Nuestra propuesta. La preservación del medio ambiente como manera de garantizar la vida y la salud tanto individual como de la comunidad, importa un “interés público relevante”, que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva por parte del Estado. Este tipo de minería es inherentemente contaminante, insostenible ambientalmente y casi imposible de controlar por parte del Estado. Se utilizan colosales cantidades de agua y de


energía, explosivos y sustancias altamente tóxicas dañando severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades. La República Argentina, en el marco de la comunidad internacional, ha asumido el compromiso de trabajar en aras de la protección de un ambiente sano para el desarrollo integral del ser humano. Este compromiso ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha suscripto (Declaración de Estocolmo de 1972; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993; Convención de Estocolmo sobre Contaminación Orgánica Persistente de 2001; etc). La Constitución Nacional, en su art. 41 primera parte, establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”. De esta forma, nuestra carta magna consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado en aras al logro de un desarrollo sustentable, junto al deber correlativo de preservarlo. Al amparo de tal disposición constitucional, el Congreso de la Nación sancionó la Ley General de Ambiente 25.675, andamiaje institucional básico de la política nacional en materia medioambiental, que da reconocimiento normativo a los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de cooperación, de congruencia y de equidad intergeneracional. El desarrollo sustentable no solo implica ausencia de contaminación, implica, más bien, un cambio de paradigma en el cual tal vez deban abandonarse determinados procesos y patrones productivos en post del bien común Es necesario en este marco establecer mecanismos que permitan poner un freno a estas explotaciones mineras metalíferas que no respetan el art. 41 de la Constitución Nacional ni los principios rectores de la Ley General de Ambiente (25.675). El derecho ambiental es esencialmente dinámico, siendo desarrollado e interpretado a luz de los avances y descubrimientos científicos. En consecuencia, el hecho de que durante décadas se desconociera el potencial dañoso y contaminante de una actividad, no puede


esgrimirse como argumento válido para evitar su prohibición al descubrirse los potenciales riesgos de la misma En particular, debe recordarse el principio precautorio establecido en la Ley 25.675, que establece que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información y certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”. Queremos por ello terminar con esta actividad multimillonaria que excluye a la mayoría de la población, no genera valor agregado en el país, y a la vez genera severos e irreparables daños ambientales, culturales y sociales. En definitiva, queremos evitar que nuestra cordillera de los andes y pueblos adyacentes se conviertan en la Potosí del siglo XXI. Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICASEN PROCESOS MINEROS  

Proyecto del Senador PS/FAP Rubén Guistiniani

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