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Contexto nacional Brechas en la asignación de recursos para las instituciones del sector ambiente La Ley Orgánica Ambiental (LOA), promulgada en 1995, no garantizó recursos humanos y financieros suficientes y apropiadamente distribuidos para las instituciones que se crearon a su amparo. Cuando se analiza el sector ambiental se observa que no siempre las prioridades en la asignación del empleo y el gasto públicos coinciden con las prioridades de la agenda ambiental, a saber: problemas de contaminación, manejo de los recursos hídricos y marinos, uso del suelo, energía, ordenamiento del territorio y efectos de los eventos naturales. Información de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para una muestra de entidades públicas evidencia que, en 1996, las instituciones ambientales absorbían el 20,9% del Presupuesto Nacional. La creación de los órganos previstos en la LOA significó un incremento relativo en la asignación presupuestaria y de personal. En cuanto a recursos financieros, el presupuesto del sector pasó -en términos reales, con base en 2005- de 620 735 a 1 328 322 millones de colones entre 1996 y 2005, un crecimiento anual promedio de 8,8%; esto hizo que su participación en el gasto total del sector público alcanzara el 26,5% en el último año. No obstante, el presupuesto está altamente concentrado en los subsectores de energía y de agua y saneamiento. En el 2005, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional  Minae, CNFL, ICE, Recope, ICAA, Senara, CNE, Fondo Forestal, Dirección General de Geología y Minas, IMN, Fondo de Vida Silvestre y Fondo de Parques Nacionales.

de Fuerza y Luz (CNFL), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) ejecutaron el 98,7% de los recursos totales del sector ambiente y energía. Dos factores que ayudan a explicar esta brecha son la antigüedad de estas instituciones y sus fuentes de ingresos. Tres de ellas pertenecen al grupo de las más antiguas del sector: el ICE y la CNFL fueron creadas en la década de los cuarenta y el ICAA a principios de los sesenta. Las cuatro se financian con la venta de bienes y servicios; en el 2005, más del 90% de sus ingresos provino de esa actividad. Aunque los ingresos por venta de servicios también representan una proporción significativa de los recursos financieros de otras instituciones, como la Empresa de Servicios Múltiples de Heredia (ESPH) (94,5%), la Junta Administradora del Servicio de Electricidad de Cartago (Jasec) (94,7%), la Dirección General de Geología y Minas (85,4%), el Fondo de Parques Nacionales (80,7%), y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) (61,5%), en las demás entidades analizadas su importancia es inferior al 35%. Excluyendo el subsector de energía, el gasto ambiental creció en términos reales en 4694 millones de colones (1% anual promedio) entre 1996 y 2005. La Dirección General de Geología y Minas y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tuvieron los mayores aumentos relativos en sus presupuestos durante el período. Sin embargo, no en todas las instituciones se registraron incrementos presupuestarios; el Fondo Forestal, el Fondo de Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) experimentaron reducciones significativas. Llama la atención que las entidades relacionadas con el agua, recurso crítico para la


gestión ambiental, hayan sufrido una severa contracción (Senara) o un estancamiento en la asignación de recursos financieros. El 68,4% del presupuesto del sector en el 2005, sin considerar el subsector energético, fue ejecutado por el ICAA y el Senara. El Minae (incluyendo el Sinac) recibió el 21% de los recursos. Una de las instituciones que más problemas ha tenido en los últimos años en materia de recursos financieros es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Esta entidad está encargada de administrar el 25% del territorio nacional que se encuentra sometido al régimen de áreas silvestres protegidas (ASP). Sus principales fuentes de financiamiento son el ingreso generado por la tarifa de visitas turísticas a las ASP, que se canaliza a través del Fondo de Parques Nacionales, así como otras formas de captación, tales como fideicomisos en algunas áreas específicas. El Sinac ha tenido restricciones presupuestarias debido a lineamientos

que no permiten la incorporación de todos los ingresos al presupuesto, y por debilidades de gestión. En efecto, el Décimo Informe Estado de la Nación dio a conocer un diagnóstico para el período 2004-2006, que reflejó un déficit de 11 000 millones de colones con respecto a las necesidades financieras proyectadas por el Sinac. Además, los problemas de gestión han generado subejecución de los ya limitados recursos de esta entidad. La falta de dinero ha afectado la expansión de las ASP y el pago de las deudas pendientes por compra de tierras en esas áreas, algunas desde hace décadas. En el 2003 la Contraloría General de la República señaló que la gestión del Minae es deficiente en lo que concierne a la entrega oportuna de recursos provenientes de los impuestos y tasas, por parte de los agentes recaudadores (CGR, 2003). Fuente: Duodécimo Informe Estado de la Nación, 2006.


presupuesto_de_las_instituciones_ambientales