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Capítulo 4 Armonía con la naturaleza Balance general de la situación ambiental del país

Pág.

Avances Avances en protección marina y conectividad ecosistemas Nuevo marco legal para manejo de residuos sólidos

entre

Nueva evidencia para conocer desafíos del cambio climático

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Áreas críticas Crece huella de carbono y transporte sigue figurando como principal contaminador Minería metálica y protección ambiental, una frontera conflictiva Zonas costeras y áreas protegidas son espacios en disputa

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Manejo de aguas subterráneas sobresale entre los desafíos hídricos

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Débil infraestructura de saneamiento pone en riesgo fuentes de agua

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Persiste dependencia de agroquímicos y baja la producción orgánica

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Urgen políticas de ordenamiento territorial

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Personas de contacto Leonardo Merino, Investigador principal leonardomerino@estadonacion.or.cr Tatiana López, Área de Difusión tlopez@estadonacion.or.cr Arlene Méndez, Área de Difusión arlenemendez@estadonacion.or.cr Teléfonos: 2519-5863, 2519-5845 1


Balance General

Balance General

Situación ambiental del país

Situación ambiental del país

El Informe Estado de la Nación ha señalado que en Costa Rica existe una frontera conflictiva entre las actividades productivas y la protección ambiental, como resultado de la competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales. La evidencia recogida durante el 2009 y al cierre del Gobierno anterior indica que, ante ese dilema, las autoridades políticas priorizaron la actividad económica por encima de los requerimientos de la sostenibilidad y el cuido de la riqueza natural del país.

La medición de la huella de carbono muestra que el país mantiene un balance negativo, derivado de su alta dependencia de los hidrocarburos, que tienen un fuerte impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las prácticas agrícolas son cada vez más intensivas en el uso de agroquímicos. Pese a que el área dedicada a cultivos se ha mantenido estable desde los años setenta, la importación de plaguicidas creció un 170% en treinta años.

Los recursos hídricos están desprotegidos y expuestos a la contaminación. El 96% de las aguas residuales domésticas se arroja sin tratamiento alguno a los ríos, la mayoría de las reservas de agua se explota ilegalmente y se gestiona en un marco de competencias traslapadas y falta de información básica para conocer y manejar este recurso.

Esta tendencia se refleja en: 

Decaimiento de algunos esfuerzos institucionales para el control ambiental.

Intervención de los procesos de evaluación de impacto por entidades centradas en la competitividad.

Débil y contradictoria actuación del Estado en controlar los daños causados al agua y el suelo por diversas actividades contaminantes.

Apertura de portillos legales para el desarrollo de iniciativas de alto costo ecológico.

Presiones para hacer regulación territorial.

Conflictos por el uso de tierras y proyectos para reducir los grados de protección de las áreas cubiertas por programas de conservación.

Uso ilegal de zonas públicas y recursos naturales clave.

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más

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Tendencia a privilegiar la actividad económica por encima de sostenibilidad protegidas.

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Una primera derivación de la tendencia a anteponer las consideraciones económicas a las ambientales, es la consolidación de patrones insostenibles en el uso de los recursos naturales, un camino que conlleva impactos serios y a veces irreversibles sobre la calidad y la disponibilidad de los recursos, y que puede socavar la riqueza natural, pilar del desarrollo nacional y de la imagen de Costa Rica ante el mundo. Esos patrones se reflejan, por ejemplo, en los siguientes ámbitos: 2

En un país con logros inéditos en materia de conservación y aprovechamiento de su patrimonio natural -el que paralelamente se ha convertido en componente fundamental de su crecimiento económico- entender la protección ambiental como un obstáculo para la carrera productiva es un desacierto que puede comprometer la sostenibilidad del desarrollo humano.

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Crece huella de carbono y transporte sigue figurando como principal contaminador

Nuevas ventanas de riesgo

El segundo efecto de la preeminencia del interés económico sobre el ambiental, es un aumento de los riesgos para algunas áreas silvestres protegidas que se suponían estables y seguras. La competencia por la tierra y los recursos se ha trasladado a los territorios protegidos, donde se registran crecientes presiones por variar su estatus legal, usurparlos y cambiar su uso, o realizar aprovechamientos incompatibles con la conservación. Para que los logros y ventajas del país en esta materia se traduzcan en una gestión adecuada, es necesario que el ambiente sea un asunto prioritario de la agenda política nacional y que la acción estatal se apoye en un diálogo abierto y participativo con todos los grupos sociales. Las tareas impostergables de modificar la matriz energética, construir una política de ordenamiento territorial consistente y ejercer de manera transparente la función de regulación y control, podrían ser caminos para erradicar la idea de que protección ambiental y crecimiento económico son necesariamente excluyentes. Planteados con visión de largo plazo, ambos elementos son esenciales para que el país logre la integración entre su discurso ecológico y los esfuerzos cotidianos en favor del ambiente.

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Tareas prioritarias *Modificar matriz energética. *Política de ordenamiento territorial protegidas.

Desde el Decimoquinto Informe, el capítulo “Armonía con la naturaleza” incluye la medición de la huella ecológica, un indicador que estima la demanda humana sobre los ecosistemas.

La deuda ecológica del país alcanza 19,3 hectáreas por cada 100 personas.

Según ese indicador, en 2009 el país mostraba una deuda ecológica: con el ritmo prevaleciente de uso de los recursos naturales, cada costarricense requería un 12% más del territorio disponible para satisfacer su consumo (biocapacidad). En el 2002 hacían falta 6,3 hectáreas globales por cada cien personas, y para el 2009 el déficit fue de 19,3 hectáreas. En esta edición del Informe se profundizó el análisis con la medición de la “huella de carbono”, concepto asociado a las emisiones de carbono generadas por el consumo de combustibles fósiles, y a la cantidad de territorio que se requiere para absorberla Al analizar la composición de esta huella se observa el peso del tema energético: en el conjunto de los demás usos del territorio, el indicador bajó ligeramente entre 2002 y 2009, pero la porción relativa a la absorción de las emisiones de carbono creció 25%. Los patrones de uso energético y las emisiones contaminantes parecen incompatibles con las características de una nación pequeña y ecológica, y sus impactos señalan un problema central: el transporte de mercancías y personas, indispensable para la actividad económica y social, es el mayor consumidor de energía y el principal contaminador.

Huella de carbono al 2021: el país requerirá 47,2% del territorio disponible por persona para absorber el carbono.

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Considerando que tres cuartas partes de toda la energía utilizada en el país provienen de hidrocarburos importados, y que más de la mitad de la energía comercial corresponde al sector transporte, es claro que tomar acciones en esta área es fundamental. Una estimación de la huella de carbono al año 2021 muestra una tendencia al alza, no solo por el crecimiento de la población sino por una mayor emisión per cápita de carbono. De acuerdo con este análisis, en 2009 el país debió dedicar un 30,3% del territorio disponible por persona solo para absorber el carbono liberado a la atmósfera por el uso de combustibles fósiles y, de no tomarse medidas adecuadas en la próxima década, requerirá el 47,2% en 2021 (gráfico 1).

Gráfico 1 Estimación de la huella de carbono (hectáreas globales por habitante)

Nueva evidencia identifica desafíos por cambio climático

En el país se ha generado nueva información en torno a las amenazas derivadas del cambio climático. Se han realizado proyecciones sobre su posible efecto en diversos ecosistemas y algunos sectores productivos, de las cuales se han obtenido importantes pistas sobre las políticas necesarias. El cambio climático es cada vez más claramente un factor que debe tomarse en cuenta en la discusión nacional sobre el desarrollo, en íntima relación con la gestión del riesgo. Las evidencias reiteran la urgencia de acciones en la región centroamericana.

Entre los años 2020 y 2080 América Central experimentará fuertes aumentos de temperatura. Pasará de entre 0,4 y 1,1°C a 5°C en la estación seca.

Para Costa Rica los escenarios revelan que la precipitación se reducirá al 50% entre los años 2071 y 2100 en el Pacífico Norte. La tasa de cambio en la temperatura sugiere que hacia el centro de Guanacaste se darán las mayores variaciones, con un máximo cercano a los 8°C de incremento para el mismo período.

Nota: Los datos de 1965 a 2009 corresponden a cifras estimadas sobre datos reales, en tanto que los de 2010 en adelante son proyecciones. Fuente: Martínez, 2010, con datos de Molina, 2009.

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Las zonas marino-costeras son particularmente vulnerables al cambio climático, ya que están más expuestas a las altas temperaturas y al efecto directo del aumento en el nivel del mar. Arrecifes coralinos, manglares, pastos marinos, tortugas y mamíferos marinos, tiburones y aves marinas verán afectados sus comportamientos, su diversidad, su distribución y sus migraciones debido a este fenómeno. Los escenarios de cambio climático para Costa Rica plantean también un aumento de los incendios en zonas forestales y no forestales, como resultado del descenso en las precipitaciones y la elevación de las temperaturas. Ocurrirán cambios en la distribución espacial de dieciséis especies debido a variaciones en la precipitación anual y en las temperaturas mínima y máxima.

Aumentarán incendios y cambiará distribución espacial de 16 especies.

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Especies como el gorrión, el colibrí, el mono tití, la ardilla y ciertos tipos de ranas verían reducidas o en varios casos perderían la totalidad de las áreas aptas para su supervivencia.

Manejo de aguas subterráneas sobresale entre los desafíos hídricos

El INBio estima que para el año 2030 los parques nacionales y reservas biológicas más afectados por estos cambios serán los ubicados en las partes altas del país.

Aunque se reportan avances relativos en algunos aspectos, la disponibilidad, aprovechamiento y contaminación del agua se han convertido en fuentes de conflicto. No se ha logrado la aprobación de una nueva ley en esta materia, y a la fecha hay tres proyectos en trámite, tal como sucede desde el año 2000. Se han creado nuevas instancias, pero persisten los choques institucionales y las visiones contrapuestas sobre el manejo del recurso. Uno de los principales desafíos en este ámbito es la gestión de las aguas subterráneas.

Ya en la actualidad las amenazas a la biodiversidad por el cambio climático son cada vez más apreciables. Según diversos estudios, en los últimos años las poblaciones de anfibios y reptiles en los bosques de Monteverde y La Selva de Sarapiquí han perdido sus microhábitats, debido a cambios asociados a la temperatura promedio dentro del bosque, así como a un incremento en los ataques del hongo Batrachochytrium dendrobatidis. Cuadro 1 Cambios esperados y extensión afectada en algunas áreas silvestres protegidas para el año 2030

a/

PN: Parque Nacional RB: Reserva Biológica a/ Ver cuadro completo en Decimosexto Informe Estado de la Nación, pág. 126 Fuente: INBio. 2009

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1.

El manejo de aguas subterráneas, en especial en acuíferos costeros, es motivo de conflictos locales e institucionales, particularmente por la falta de información y estudios técnicos. En el 2009, la Contraloría General de la República (CGR) analizó la gestión del Ministerio Nacional de Ambiente, Desarticulada Energía y Telecomunicaciones (Minaet), gestión de el Servicio Nacional de Aguas aguas Subterráneas Riego y Avenamiento subterráneas. (SENARA), y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) en el otorgamiento, control y seguimiento de los permisos para la perforación de pozos, las concesiones de agua y el cobro del canon de aprovechamiento, así como su apego a la normativa técnica y jurídica, en proyectos turísticos e inmobiliarios en las costas del país. . El 96% de los pozos evaluados por el ente contralor en esas zonas no cuenta con la concesión respectiva, lo cual significa que el recurso se aprovecha ilegalmente y sin pago del canon establecido Para la CGR, la gestión de las aguas subterráneas en esos sitios es una muestra de la desarticulación y las diferencias de criterio entre las entidades públicas, así como de la falta de definición de las competencias institucionales y del carácter vinculante de las medidas administrativas dictadas para la 9 perforación de pozos en áreas vulnerables.


Débil infraestructura de saneamiento pone en riesgo fuentes de agua Según estudios del Laboratorio Nacional de Aguas, en los últimos años el país ha mejorado en cobertura de agua potable. En el 2009, en particular, la cobertura pasó de 83,4% a 87,3%, un valor histórico que pone a Costa Rica en la primera posición en el contexto latinoamericano en este indicador. Sin embargo, en cuanto a la disposición de aguas residuales el país mantiene deudas sustantivas: solo un 25,6% de la población está cubierto por alcantarillado sanitario, el 70,9% posee tanque séptico y un 3,5% usa otros sistemas (sobre todo pozo negro o letrina). De la proporción que cuenta con alcantarillado sanitario, solo un 3,5% está conectado a una planta de tratamiento en operación. La baja cobertura de redes de alcantarillado sanitario, unida al uso de agroquímicos en las áreas de recarga y producción de aguas subterráneas, es un factor de alto riesgo ambiental. Esta situación es crítica en las partes norte y este de la cuenca del río Virilla, donde se encuentran los acuíferos Barva y Colima. El ritmo de aumento de las concentraciones de nitratos en las aguas del acuífero Colima Superior implica que esta fuente se podría perder en quince años. Esto compromete el suministro actual y futuro de aproximadamente un millón de personas. El 96,5% de las aguas residuales urbanas recolectadas por los alcantarillados sanitarios desemboca en los ríos, sin ningún tratamiento. Las cuencas del Tárcoles y el Reventazón, donde se asienta casi el 70% de la población nacional, reciben las aguas residuales sin tratar de las ciudades de San José, Heredia, Alajuela y Cartago.

96,5% de aguas residuales desemboca en los ríos, sin tratamiento. Tárcoles entre los ríos más contaminados de Centroamérica.

La carencia de infraestructura sanitaria ha hecho que muchos ríos se ubiquen entre los más contaminados de Centroamérica: el Grande de Tárcoles recibe 3,2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales sin tratar, provenientes de solo una parte de la Gran Area Metropolitana. Todos estos factores generan una seria amenaza de contaminación de los acuíferos y las fuentes de abastecimiento de agua.

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Se aprueba nuevo marco legal para manejo de residuos sólidos

A inicios del 2010 se aprobó la Ley de Gestión Integral del Manejo de Residuos Sólidos. En ella se designa al Ministerio de Salud como ente rector en la materia y se establece que las municipalidades están obligadas a contar con planes de manejo de estos residuos. La Ley contiene disposiciones sobre acceso a la información, financiamiento de programas de recuperación de materiales y fomento del reciclaje, entre otras. El Ministerio de Salud tiene también la responsabilidad de fiscalizar el correcto funcionamiento de los rellenos sanitarios y vertederos mecanizados. Según la nueva legislación, no es admisible que operen botaderos a cielo abierto y vertederos incontrolados. Sin embargo, se sabe que el uso de esos métodos está muy extendido. Aunque en los últimos años se han cursado órdenes de cierre de diversos botaderos municipales, el Ministerio ha tenido que ser flexible, brindando espacios de comunicación y diálogo, prórrogas y otros, para ayudar a que los gobiernos locales puedan resolver estos problemas El manejo de residuos sólidos es un ejemplo de la fragmentación institucional del país, las debilidades en los gobiernos locales y las conductas poco responsables de la población. Este tema está íntimamente relacionado con el sector municipal, en el cual existen notables brechas entre las capacidades que tienen algunos cantones de altos ingresos, y las de cantones rezagados en materia social y económica. No obstante, en los últimos años se reportan logros como la consolidación, por fin, de un marco normativo, y la generación de planes nacionales y locales que parecen augurar una mejora a mediano plazo. Un análisis realizado para el Decimosexto Informe Estado de la Nación cuantificó los ingresos que algunos gobiernos locales asignan a recolección de basura, aseo de vías y sitios públicos, depósito y tratamiento de residuos, protección del medioambiente, mejoras y construcción de rellenos sanitarios y compra de equipos para el manejo de la basura, entre otros. 11


Entre los cantones que depositan sus residuos sólidos en rellenos sanitarios sobresalen como los de mayor inversión San José, Belén, Montes de Oca, Moravia, Garabito, Escazú, Santa Ana, Tibás y Curridabat, con montos que oscilan entre 10.000 y 18.000 colones de inversión anual por habitante. En el otro extremo, Atenas aparece como el cantón con menor inversión por habitante (1.700 colones), seguido por Alajuelita, Santa Bárbara, Desamparados, La Unión, Poás, Paraíso y Oreamuno. Entre los cantones que envían sus residuos sólidos a botaderos o vertederos controlados, la inversión es, en promedio, más baja. Los Chiles solo dedica 282 colones anuales por habitante para esta tarea, seguido por Guatuso, León Cortés y Turrubares (que no superan los mil colones). El único que utiliza esta modalidad de disposición y supera los 10.000 colones es Santa Cruz, con 18.070 colones anuales por habitante.

Minería metálica y protección ambiental, una frontera conflictiva

La minería metálica a cielo abierto se ha identificado como una actividad con importantes implicaciones ambientales: no se puede planificar su ubicación (depende de los yacimientos) y su ejecución requiere hacer transformaciones que incluyen eliminación de cobertura vegetal, separación del suelo, cambios en los cursos de agua superficial, afectación de acuíferos subterráneos y manejo de sustancias químicas peligrosas. La tecnología con que se trabaje puede aliviar o agravar estos impactos. En los últimos años se ha dado un amplio debate sobre las implicaciones de la minería metálica en el país y la frontera conflictiva que representa la disyuntiva entre su desarrollo como actividad productiva y la protección ambiental. En ese contexto, son fundamentales el diálogo político, la información oportuna y la consideración de todas las dimensiones del desarrollo humano sostenible, en la toma de decisiones en torno a una actividad que -pese a la moratoria decretada para el caso del oro- sigue abierta en el marco normativo actual.

Los territorios continentales del país que muestran potencial de tener yacimientos minerales metálicos coinciden en un gran porcentaje con bosques, áreas silvestres protegidas, territorios indígenas y zonas de recarga acuífera (superficial y subterránea). Según los mapas geológicos, esos territorios se encuentran en un 45% del área continental y se traslapan en cerca de un 60% con zonas de bosque natural (mapa 1), en un 90% con áreas silvestres protegidas, reservas indígenas y corredores biológicos y en un 60% se localizan sobre zonas de recarga acuífera de diversa magnitud. Por ser una superficie geológica originada por el choque de placas tectónicas, en buena parte de su extensión -continental y marina- hay presencia de . rocas ígneas, muchas de origen volcánico, en las cuales podrían encontrarse minerales metálicos, entre ellos oro, plata, cobre y níquel.

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Territorios con potenciales yacimientos mineros se traslapan en un 90% con áreas silvestres protegidas.

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Gráfico 2 Persiste dependencia de agroquímicos y baja la producción orgánica

En los últimos tres años el sector agrícola no ha reducido significativamente el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, y tampoco se ha logrado reforzar la producción orgánica, una ventana de oportunidad hasta ahora desaprovechada. En el 2009 se consolidó la tendencia de debilitamiento que se ha venido observando en esa modalidad de cultivo, pues solo 8.052 hectáreas fueron certificadas como orgánicas; esto corresponde a un 1,74% del área de producción agrícola total y es menor a lo que existía en el año 2000. El crecimiento en las importaciones de plaguicidas se contrapone a los avances logrados en el ámbito de la tecnificación agrícola, como el desarrollo de nuevas moléculas y formulaciones, herramientas dosificadoras, técnicas de aplicación más precisas y adelantos científicos obtenidos en el área de la biotecnología.

Producción orgánica en descenso: pasó de 10.711 hectáreas en el 2006, a 8.052 en el 2009. protegidas.

2,9 kg de ingrediente activo de plaguicidas por persona. .

En el año 2008 Costa Rica aplicó 2,9 kilogramos de ingrediente activo (kg i.a.) de plaguicidas por persona. Cada hectárea de cultivo recibió en promedio 30 kg i.a. Cabe mencionar que este cálculo solo considera el ingrediente activo y no otros elementos, como coadyuvantes o sustancias inertes de las mezclas comerciales, que también pueden ser tóxicos. El período 1990-2008 se caracterizó por el hecho de que el área agrícola se mantuvo constante (con disminución de cultivos para consumo nacional y aumento en las áreas de siembra de productos para exportación); sin embargo, en las tres últimas décadas la importación total de plaguicidas ha sido creciente (gráfico 2). Se estima que entre un 20% y un 25% de los plaguicidas importados no se usa en el país, sino que se reformula y exporta. 14

Importación de plaguicidas creciente en las tres últimas décadas.

Avances en protección marina y conectividad entre ecosistemas Las acciones de conservación se mantienen como la principal fortaleza de la gestión ambiental costarricense. La consolidación de las áreas silvestres protegidas (ASP) y la canalización de esfuerzos hacia nuevos desafíos, como la conectividad entre ecosistemas y la protección marina, resultan esenciales para asegurar el cuidado efectivo de la biodiversidad. En el 2009, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) experimentó un leve crecimiento, de 1.173 hectáreas, con respecto a 2008. Alcanzó así una cobertura del 26,28% del territorio continental, producto de la creación de dos nuevos refugios nacionales de vida silvestre (Conchal y Hacienda El Viejo). Como se mencionó, el tema de la conectividad entre áreas protegidas ha adquirido una relevancia fundamental para la conservación. En el año 2006 se oficializó el Programa Nacional de Corredores Biológicos, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, desde una perspectiva ecosistémica.

Progreso en experiencias de gestión compartida y participación local en la conservación. 15


En el 2009 el país registraba 37 corredores oficializados a lo largo de 1.753.822 hectáreas, lo que representa un 34% de la superficie continental e incluye algunas zonas que son parte de ASP. En estas áreas existen diversas experiencias de gestión compartida o de participación local, con acciones que se constituyen en una de las herramientas más valiosas para colaborar en la conectividad entre las ASP y llenar los vacíos de conservación identificados por el proyecto Grúas II. Se ha observado que aproximadamente 61.000 hectáreas de bosques que deben ser conservados para garantizar la representatividad de diferentes ecosistemas, se encuentran dentro de territorios de corredores biológicos y son de propiedad privada. Por su parte, el tema de la conservación marina ha ganado prioridad. Actualmente, el área marina protegida es del 17,2% de las aguas interiores y patrimoniales. Sin embargo, si se toma en cuenta la totalidad de la zona económica exclusiva, el área protegida representa el 3,2% de la superficie nacional (terrestre y marina). El Minaet reporta la existencia de veintiún áreas marinocosteras protegidas, de las cuales trece cuentan con planes de manejo y el resto los tienen en proceso de elaboración. En el 2009 no aumentó la cobertura en este ámbito, pero fueron relevantes la formalización de dos nuevas categorías de conservación (reserva marina y área marina de manejo), la creación de dos nuevas instancias (la Dirección Marina en el Minaet y el Departamento Marino en el Sinac) y la conformación de la Comisión Nacional para el Corredor Marino del Pacífico Oriental.

Dos nuevas categorías de conservación marina.

Zonas costeras y áreas protegidas son espacios en disputa Como se ha mencionado, la gestión y el resguardo del patrimonio natural enfrentan inéditas expresiones de conflicto producto de la competencia por los recursos. Esa conflictividad parece mostrarse de manera más intensa que antes en áreas protegidas y zonas patrimoniales, así como en los territorios costeros, donde se combinan diversos tipos de estatus legal, y presiones nuevas y diversas por su uso. Uno de los problemas que durante años se han dejado sin resolver es el hecho de que al menos 12.000 personas viven en las áreas silvestres protegidas; las ocuparon antes de su conformación, no tienen título de propiedad y enfrentan limitaciones de acceso a vivienda de interés social, construcción de pozos de agua potable y servicios básicos de salud. Esto ocurre en las áreas protegidas costeras de Baulas, Gandoca-Manzanillo, Barra del Colorado, Golfo Dulce, Tivives y Ostional. Si se analizan algunos casos de conflicto que se presentaron o mantuvieron en el 2009, gran parte de ellos tiene que ver con esta tensión entre poblaciones o grupos afectados y los requerimientos de la conservación de los ecosistemas propiciada por el Estado y los grupos ambientalistas.

Cabe destacar que con solo el 0,16% de la superficie de los oceános del planeta, Costa Rica posee 6.778 especies de flora y fauna, que representan un 3,5% de las reportadas a nivel global. De ellas, 85 son endémicas (en su mayoría para la Isla del Coco). La Costa Pacífica contiene 4.754 especies y la del Caribe 2.321.

Están relacionados principalmente con problemas del estatus legal, la tenencia y comercialización de tierras, la ocupación y las presiones por el uso de zonas protegidas o con carácter de bienes demaniales, y la competencia por el uso de los recursos naturales. Estas situaciones se caracterizan por una amplia y activa participación de actores sociales y políticos, más allá del plano local.

En el año 2008 Costa Rica aplicó 2,9 kilogramos de ingrediente activo (kg i.a.) de plaguicidas por persona. Cada hectárea de cultivo recibió en promedio 30 kg i.a. Cabe mencionar que este cálculo solo considera el ingrediente activo y no otros elementos, como coadyuvantes o sustancias inertes de las mezclas comerciales, que también pueden ser tóxicos.

Diversos estudios han señalado como sus principales problemas la ausencia de planificación integral y sostenible del uso del territorio, las dificultades para preservar las áreas de conservación, las ambigüedades institucionales en cuanto a funciones y competencias, y las deficiencias en los procesos, normas y procedimientos para su administración, uso, control y vigilancia.

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Principales focos de conflicto relacionados con estatus legal de tierras, presiones por uso de áreas protegidas, entre otros.

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El desarrollo inmobiliario y turístico, en un marco de escasa regulación del territorio, ha tenido implicaciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y en general en las costas. El turismo residencial está modificando franjas del paisaje y desplazando o compitiendo por recursos con comunidades pesqueras, agrícolas y ganaderas. Esta nueva forma de desarrollo turístico -de gran escala y orientado hacia el mercado de masas- tiene el potencial de entrar en conflicto con la reputación internacional de Costa Rica por su turismo basado en la naturaleza. Desde finales del 2008 el boom inmobiliario ha disminuido por efecto de la crisis económica. Este paréntesis, en un marco de cambio de gobierno, ofrece la oportunidad de evaluar el desarrollo del turismo costero y plantear nuevos caminos.

Urgen políticas de ordenamiento territorial

La elaboración e impulso de políticas de ordenamiento territorial es uno de los desafíos más claros y urgentes que el país debe enfrentar, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos y la sostenibilidad en el uso de su territorio. En Costa Rica no hay un marco legal adecuado que permita identificar atribuciones claras, en un sector considerablemente poblado y difuso, que cuenta con un amplio marco jurídico y un complejo universo de entidades.

Algunas instituciones planifican el territorio que les corresponde buscando la generación de beneficios económicos

El resultado es una aplicación caótica y conflictiva de la normativa sobre el uso del espacio. En la medida en que todas las entidades buscan afectar un mismo territorio, atendiendo prioridades distintas, se generan dos efectos conjuntos. El primero es un efecto de fragmentación del ordenamiento territorial. Por ejemplo, hay cantones, cuencas o microcuencas hidrográficas, que cuentan con planes reguladores, que colindan con otros cantones y cuencas que no los tienen, por lo que se genera un planeamiento parcializado. El segundo efecto es la duplicación de funciones y el conflicto institucional. Un caso ilustrativo es la tensión generada por la posibilidad de levantar construcciones en el anillo de protección de la Gran Área Metropolitana.

,

Al menos treinta entes públicos y unas setenta normas ejecutan funciones, regulan y administran, de forma directa o indirecta, total o parcial, este tema. Además, la perspectiva desde la cual trabaja cada entidad es variable.

(turismo, urbanización, industrialización o desarrollo agrícola); como en los casos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Otras administran el territorio para la conservación ambiental (Sinac) y otras se mueven en un punto intermedio entre protección y uso para fines públicos (por ejemplo el Minaet y el ICE).

Al menos 30 entes públicos y 70 normas tienen injerencia, directa o indirecta, en el ordenamiento territorial del país.

Otro aspecto que caracteriza la institucionalidad del ordenamiento territorial es que su fragmentación en ocasiones genera conflictos. Gran parte de los antagonismos socioambientales resultan de la actuación del Estado. Las políticas en esta materia constituyen una definición política -con alguna base técnica- de usos prioritarios del espacio. Al no existir una planificación clara que oriente las demás políticas, las entidades otorgan permisos o actúan en formas que entran en conflicto con los usos deseados por otros actores, y en ausencia de mecanismos públicos que regulen el ordenamiento territorial. Esto se agrava por las presiones para el cambio de uso del suelo en algunas zonas (en años recientes sobresalen las costas).

(turismo . 17

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