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Administración de la justicia: balance de quince años

DÉCIMO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA NACION EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Informe final La Administración de Justicia: balance de quince años

Investigador: Rodolfo Saborío

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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Administración de la justicia: balance de quince años

Índice INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 3 A. EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTROL RECÍPROCO DE PODERES. .......................................................................................................................................... 4 B. EL TRÁNSITO HACIA LA SEPARACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN EN EL PODER JUDICIAL. .................................................... 6 C. PRODUCCIÓN LEGISLATIVA Y CONGESTIÓN JUDICIAL. ........................ 6 D. LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (RAC) EN EL PODER JUDICIAL ........................................................................................................ 8 E. EL TEMA DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL ........................................ 12 F. LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS EN EL PODER JUDICIAL Y EL TRATO AL USUARIO/A. ........................................................................................... 16 G. ENFOQUE DEL PODER JUDICIAL EN TEMAS ESPECÍFICOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES, MINORÍAS ÉTNICAS....................................................................................................................... 18 H. LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL PODER JUDICIAL. ............................ 21 I. LOS CAMBIOS PROCESALES DEL PERÍODO ................................................ 22 J. LOS CAMBIOS EN TR ÁMITE: LA ORALIDAD. .............................................. 22 ANEXO.......................................................................................................................... 24 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 30

Nota: Las cifras de las ponencias pueden no coincidir con las consignadas por el Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en el tema respectivo, debido a revisiones posteriores. En caso de encontrarse diferencia entre ambas fuentes, prevalecen las publicadas en el Informe.

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La Administración de Justicia: balance de quince años

Introducción. El servicio público de administración de justicia es uno de los componentes que permite apreciar el grado de evolución de un Estado Social y Democrático de Derecho. El proceso de consolidación o perfeccionamiento de dicho modelo de Estado es permanente ya que en todo momento habrá retos y surgirán nuevas necesidades que obligarán a llevar a cabo transformaciones institucionales que permitan avanzar en la tarea inacabable de mejorar las reglas de la convivencia social. El papel de la Administración de Justicia dentro del Estado Social y Democrático de Derecho se refleja en diferentes niveles: a) Es una de las piezas clave de la separación de funciones. En la tripartición de poderes original el Parlamento expresa la voluntad general mediante la adopción de normas de acatamiento obligatorio, el Ejecutivo se encarga de garantizar su aplicación y vigencia y el Poder Judicial resuelve las disputas individuales estableciendo el sentido correcto de la Ley. En la moderna separación de funciones, más que de división se habla de interrelación y colaboración entre poderes, de cuyo balance general se deriva un equilibrio ("pesos y contrapesos") que garantiza la interdicción de la arbitrariedad y la utilización de los poderes públicos al exclusivo servicio del interés general. b) Dentro de los controles recíprocos entre poderes, la Administración de Justicia tiene a su cargo tareas de primer orden, tales como el control de la regularidad de la actividad administrativa (actividad del Poder Ejecutivo, sector descentralizado institucional, sector descentralizado territorial y empresas públicas) y el control especializado de constitucionalidad (normativo, por medio del control de constitucionalidad que alcanza la actividad creadora de normas del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y singular, mediante la revisión de las conductas públicas o privadas lesivas de derechos fundamentales). c) Por medio de la Administración de Justicia se expresa el enunciado esencial del sometimiento a la regla de Derecho. La inmensa mayoría de las relaciones jurídicas intersubjetivas nacen, se ejecutan y cumplen sus efectos normales sin dar lugar a conflictos entre las partes, de la misma forma que cuando estas diferencias surgen, se resuelven normalmente sin necesidad de acudir a una solución jurisdiccional. Cuando el sometimiento voluntario a la regla de Derecho no es posible, la utilización de los remedios jurisdiccionales permite la solución de los diferendos intersubjetivos, garantizando la paz social. d) Los conceptos de transparencia, rendición de cuentas, eliminación de las desigualdades y la discriminación, esenciales al concepto de Estado Social y Democrático de Derecho no solamente deben ser impulsados por la Administración de Justicia, sino que deben ser un rasgo de la organización interna del Poder Judicial.

Los últimos quince años han estado caracterizados por la puesta en marcha de importantes reformas institucionales y legales que han marcado sensiblemente cada uno

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de los niveles mencionados anteriormente1 , los cuales tomaremos como guía para el análisis efectuado en el presente balance.

A. El perfeccionamiento del control recíproco de poderes. La creación de una jurisdicción especializada en el control de constitucionalidad, mediante la reforma de los artículos 10 y 48 de la Constitución Política (Reforma Constitucional 7128 de 18 de agosto de 1989) y la promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley 71352 de 11 de octubre de 1989), significó un avance notable en los mecanismos de control recíproco entre poderes. La revitalización del carácter normativo directo de la Constitución y el reconocimiento del rango superior a las leyes de los instrumentos internacionales, consecuencia di-recta e inmediata de la entrada en operación de la jurisdicción especializada, suministró las herramientas procesales para hacer efectivos derechos fundamentales que ya eran parte de nuestro ordenamiento jurídico pero que habían carecido hasta ese momento de un reconocimiento jurisdiccional pleno. De este modo, una de las aspiraciones básicas del Estado Social y Democrático de Derecho, cual es no solamente el reconocimiento formal de las libertades públicas, sino la provisión de los mecanismos necesarios para que estas garantías sean efectivamente respetadas, se alcanzó con la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Una transformación tan profunda como la que implicaba la creación de una jurisdicción especializada en el control de constitucionalidad, tenía que afectar necesariamente la correlación de poderes y ocasionar fricciones institucionales. Los últimos quince años han sido testigos de un crecimiento continuo en el número de asuntos sometidos al conocimiento de la Sala Constitucional, lo que ha llevado a cuestionar el protagonismo de ese órgano en la toma de la mayor parte de las decisiones relevantes en nuestro país. Muchas de estas tensiones se pueden atribuir a la delimitación legal de las competencias de ese órgano especializado, al punto que desde 1991 se ha intentado modificar la Ley de la Jurisdicción Constitucional en repetidas ocasiones2 y recientemente el Presidente de la Sala Constitucional se pronunció a favor de una reforma sustancial de la normativa que regula dicha instancia3 . En todo caso, debemos destacar que en última instancia, el ejercicio de las atribuciones que le corresponden a la Sala Constitucional estará sujeto a las regulaciones procedimentales establecidas por el legislador, siendo a este último a quien le corresponde introducir los correctivos que resulten necesarios para que no se afecte sensiblemente la separación de funciones. Dentro de las áreas que podría sostenerse que el funcionamiento de la jurisdicción especializada ha introducido limitaciones al funcionamiento de otros pode-res, que podrían ser sometidas a una valoración legislativa en procura de ajustes normativos, se puede citar: a) Limitaciones al control político. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha conducido en la práctica a una limitación de los efectos de los informes de las comisiones legislativas, lo que ha tenido como consecuencia indirecta una reducción notable de la capacidad de control político parlamentario 4 . Si bien es cierto en algunos casos la actuación de dicha jurisdicción especializada ha tenido como fundamento la protección del derecho de defensa de las personas mencionadas en los informes de las comisiones de investigación legislativas y la declaratoria de la improcedencia de las sanciones perpetuas, lo cual resulta

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correcto, el cuestionamiento de los resultados de dichos informes ha conducido a una pérdida de legitimación de este instrumento esencial de fiscalización parlamentaria. En la práctica, esta situación ha conducido a una tendencia que consideramos negativa, en donde el procedimiento adquiere más relevancia que el resultado final, esto es, las comparecencias y el despliegue publicitario de los temas objeto de investigación, se convierten en un fin y no en el medio para llegar a conclusiones debidamente estructuradas y fundamentadas. Siendo el control político una potestad legislativa de primera importancia para la plena vigencia de la rendición de cuentas consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política, se impone una revisión de la normativa aplicable a la materia, específicamente, una revisión del Reglamento de la Asamblea Legislativa y eventualmente de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para facilitar que dentro de un contexto de respeto de las garantías fundamentales de las personas, se pueda ejercer con eficacia y eficiencia el control sobre los titulares de funciones públicas. b) Limitaciones a la capacidad de reforma parcial de la Constitución. A partir de la sentencia 2771-03 dictada por la Sala Constitucional el 4 de abril de 2003, la capacidad de reforma parcial de la Constitución Política quedó limitada, en virtud de que se estableció que por dicha vía no podían efectuarse cambios al sistema político o que "afecten principios o valores fundamentales" o "disminuyan derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política o incluso aquellos con valor supraconstitucional según el principio de rigidez constitucional". Esta limitación no deriva directamente de la Constitución Política ni tampoco de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo cual un ajuste normativo a cualquiera de esos dos cuerpos normativos permitiría que la Asamblea Legislativa recupere su capacidad de reforma parcial de la Carta Fundamental. c) Afectación de la actividad administrativa. Pese a que en los últimos años la Sala Constitucional no aplica el concepto de suspensión automática de la actividad impugnada por la vía del Recurso de Amparo, lo cual implicó una de las principales afectaciones de la capacidad de gestión de la Administración Pública, es necesario efectuar correcciones normativas de manera que los efectos suspensivos de los recursos de amparo sean sometidos a una regulación que al mismo tiempo que garantice la protección de los ciudadanos, evite la utilización abusiva de ese mecanismo de protección y en algunos casos el entorpecimiento injustificado de la actividad administrativa. Debe señalarse además que de los recursos de amparo interpuestos contra la Administración Pública, el 58% corresponde a alegadas violaciones del derecho de petición o respuesta5 , lo cual evidencia que el sector público no ha implantado las prácticas internas que garanticen el libre acceso a las unidades administrativas, lo cual sin lugar a dudas reduciría sustancialmente el número de casos en los cuales debe intervenir la jurisdicción especializada en materia constitucional.

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B. El tránsito hacia la separación de la jurisdicción y la administración en el Poder Judicial. Mediante la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley 7333 de 5 de mayo de 1993, se introdujo la figura del Consejo Superior del Poder Judicial (Título III, artículos 67 y siguientes) con la finalidad de que asumiera "la administración y la disciplina" de ese Poder6 , según el desarrollo contenido en el artículo 81 de la misma Ley. El proceso de implantación de esta separación no ha sido sencillo, y todavía hoy en día la Corte Plena continúa ejerciendo algunas funciones administrativas que reducen el tiempo dedicado a la función jurisdiccional. La principal justificación para esta concentración de funciones administrativas radica en una interpretación del artículo 156 de la Constitución Política que señala que la Corte Plena es el tribunal superior del Poder Judicial, del cual se ha derivado una limitación a la posibilidad de desligarse completamente de funciones administrativas7 , incluso la obligación de retener las funciones de gobierno. Independientemente de lo correcto de la interpretación de dicho artículo, debe señalarse que el proceso de separación de las funciones administrativas ha sido constante desde la creación del Consejo Superior del Poder Judicial en 1993 y existe una clara conciencia por parte de los integrantes de la Corte Plena de la conveniencia de separarse del conocimiento de asuntos administrativos8 .

C. Producción legislativa y congestión judicial. Si bien es cierto la buena marcha del Poder Judicial es una responsabilidad de los órganos internos de dicho Poder, corresponde a la Asamblea Legislativa la aprobación de la normativa procedimental a la que se somete el conocimiento de los asuntos llevados a la vía jurisdiccional, y sobre el particular puede señalarse una relación directa entre lo que podría considerarse una regulación legislativa inapropiada y su impacto en la congestión judicial. El caso más claro es el de la regulación legislativa de las infracciones de tránsito por Ley 7331 de 13 de abril de 1993, que judicializa la tramitación de todos los asuntos relacionados con esa materia, teniendo un impacto en el 2002 del 59,7% de todos los ingresos del Poder Judicial, según podemos observar en el siguiente cuadro:

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Cuadro 1 Impacto de los asuntos de tránsito sobre el total de ingresos

Año

Entrada total

Tránsito

Tránsito

absoluto

% del total

1993

431.255

178.336

41,4

1994

538.523

273.305

50,8

1995

637.415

349.689

54,9

1996

631.643

344.105

54,5

1997

664.641

349.155

52,5

1998

629.376

299.980

47,7

1999

726.757

363.974

50,1

2000

798.198

419.545

52,6

2001

934.213

537.540

57,5

2002

996.534

594.417

59,7

El anterior cuadro nos permite observar que lo que aparece como un incremento en el número total de ingresos entre 1993 y el 2002 del 131%, queda reducido a un incremento del 58% si se excluyen los asuntos de tránsito, lo cual revela el impacto de esta materia sobre la congestión judicial. Otros datos que llaman la atención son los relacionados con el control de la actividad administrativa. El control de regularidad de la actividad administrativa es una pieza básica en todo Estado Social y Democrático de Derecho. Este control en sede jurisdiccional puede asumir la forma de control ordinario, por medio de la jurisdicción contenciosoadministrativa, o el control especializado de constitucionalidad, esencialmente por medio del recurso de amparo. Pese a que ha habido un incremento considerable en el número de recursos de amparo, este mismo incremento en la litigiosidad no se aprecia en el número de ingresos en materia contencioso-administrativa. Evidentemente aquí encontramos un desajuste en las regulaciones legales que hacen que en esta última materia en 10 años haya habido un incremento de un 14% en tanto en la vía constitucional la litigiosidad haya aumentado en un 133%. Lo anterior evidencia que el legislador no ha sido capaz de introducir los ajustes normativos necesarios para que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa juegue un papel más activo en el control de la regularidad de la función administrativa (según lo dispone el artículo 48 de la Constitución Política) relevando de esa manera a la Sala Constitucional de la sobrecarga que ha debido asumir por falta de un proceso administrativo más funcional y operativo.

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Cuadro 14 Casos entrados en materia contenciosa y recursos de amparo en la Sala Constitucional. 1994-2003

Año

Entrada en contenciosa

materia Recursos de amparo entrados en la Sala Constitucional

1994 a/

1.290

4.980

1995

1.481

5.165

1996

1.473

5.773

1997

1.651

7.022

1998

1.480

7.188

1999

1.570

7.666

2000

1.491

8.651

2001

1.359

10.740

2002

1.448

11.655

2003 1.474 11.615 a/ En 1994 se eliminó de la entrada de los cuatro juzgados contenciosos administrativos las demandas por juicios ejecutivos, desahucios y monitorios.

Como se puede observar además en el Anexo 1, la intervención legislativa en la regulación de asuntos directamente relacionados con el funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido profusa: un total de 68 intervenciones legisla-tivas con impacto sobre el Poder Judicial. No cabe duda entonces que el Poder Legislativo es corresponsable de la congestión judicial.

D. La Resolución alternativa de conflictos (RAC) en el Poder Judicial La introducción de la resolución alternativa de conflictos RAC en el Poder Judicial dio inicio en el año 1993. Señala el documento "Antecedentes generales del RAC en el Poder Judicial"9 , elaborado por la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos (RAC), que "el tema del RAC fue introducido en Costa Rica por el Poder Judicial con el apoyo de organismos internacionales dentro del marco de fortalecimiento de la administración de justicia y bajo el alero de Modernización del Poder Judicial"10 . El Poder Judicial ha mostrado desde entonces un interés constante en la evolución de los mecanismos RAC en Costa Rica. Por acuerdo de Corte Plena, sesión del 18 de octubre de 1993, en su artículo LXXXV se creó el Programa de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial conocido como "Programa RAC", señalando como objetivo de dicho programa "promover el funcionamiento de medios alternativos de Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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solución de conflictos en Costa Rica que sustituyan y disminuyan las casos atendidos por el Poder Judicial y que se ajusten a las necesidades de familia, organizaciones laborales, comunidades, empresas, y público en general, dentro del marco de la modernización de la Administración de Justicia". En 1994, se suscribió el Convenio Corte-AID que incluía un subcomponente sobre medios alternativos. En 1995, por Ley N° 7496 de 8 de junio de 1995 se aprobó el Contrato-Préstamo N° 859 OC-CR con el BID "Programa de Modernización de la Administración de Justicia", siendo el segundo componente de dicho programa los métodos de solución alterna de conflictos y el acceso a la justicia; el propósito: descongestionar los despachos judiciales. El tema de RAC estuvo ya presente en el I y II Congreso Nacional sobre Administración de Justicia, en 1995 y 1996. Por decreto Ejecutivo N°24942-MP publicado en La Gaceta N° 34 del 16 de febrero de 1996 se declara la promoción y difusión del RAC como tema de interés nacional, comprometiéndose el Poder Ejecutivo a apoyar los esfuerzos de modernización del Poder Judicial y las acciones para fortalecer la conciliación judicial. Un hito lo marcó la promulgación de la Ley N° 7727 de 9 de diciembre de 1997 denominada "Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y promoción de la Paz social RAC", en su artículo 6. dicha normativa señala que: "En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador. La Cor-te Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores, que requiera el ser-vicio y les determinará las facultades y responsabilidades". Cabe destacar que la Ley N° 7727 de Resolución Alternativa de conflictos y promoción de la paz social, autoriza en su artículo 71, la constitución y organización de entidades dedicadas a la administración institucional de procesos de mediación, conciliación o arbitraje, a título oneroso o gratuito. Señala el artículo 72 de la citada ley que dichas entidades requieren la autorización previa del Ministerio de Justicia, salvo si están autorizadas por ley especial, o se trata de conciliación, mediación o arbitraje laboral que ya tienen su propia regulación. Existen actualmente, autorizados por el Ministerio de Justicia, trece centros dedicados a la administración institucional de procesos de resolución alterna de conflictos11 . La existencia de estas entidades brinda una alternativa de elección a los ciudadanos que pueden decidir acudir a ellas, y no únicamente al Poder Judicial, para la resolución de sus controversias. En la incorporación del tema RAC dentro del Poder Judicial, ha tenido participación la Unidad RAC - Escuela Judicial. A partir de 1996, y continuamente desde entonces, se han realizado múltiples actividades de capacitación con miras a formar y sensibilizar sobre RAC a los diversos operadores judiciales abarcando jueces y juezas, fiscales, defensores públicos, auxiliares judiciales, funcionarios de departamento de trabajo social y psicología, entre otros12 . Las actividades de capacitación abarcan los diversos mecanismos RAC y su aplicación a materias como derecho civil y comercial, derecho penal y penal juvenil, derecho de familia, derecho laboral, derecho agrario y ambiental, también en materia específica de tránsito y violencia intrafamiliar13 .

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Ya para el año 2001, el Poder Judicial creó la Unidad de Jueces Concilia-dores, con jueces adscritos orgánicamente a la Presidencia de la Corte. Dichos jueces conciliadores realizaron su actividad en los Juzgados de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. También en el año 2001, se dio otro ejemplo interesante de aplicación del RAC, pues la Fiscalía de Alajuela implementó un plan piloto denominado “Convocatorias Masivas para la aplicación de medidas alternas”. Estas experiencias positivas se replicaron también en el año 2002, la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Público, la Unidad Penal Juvenil de la Fiscalía de San José y el Juzgado de Tránsito de San José. Se dieron dos audiencias masivas en el Juzgado Contravencional de Grecia en el 2002 y 2003. Como se aprecia con estos ejemplos, el Poder Judicial está realizando esfuerzos valiosos por incorporar las alternativas RAC. En Sesión N° 39 de Corte Plena de 20 de octubre de 2003, artículo XVII que se aprobaron los "objetivos estratégicos del RAC en el Poder Judicial", cuyo debido cumplimiento le fue encomendado a la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos, coordinada por el señor Magistrado Rolando Vega Robert. Estos objetivos estratégicos incluyen: a)

impulsar un modelo de conciliación judicial que logre el descongestionamiento en todas las materias en donde se considere viable la reducción del retardo judicial;

b) los jueces conciliadores que pertenezcan a la Unidad de Jueces conciliadores en la actualidad y hacia el futuro, deben quedar investidos de competencia plena para actuar en la celebración de conciliaciones judiciales en todas las materias; c) c) identificar posibles ayudas o colaboraciones de la cooperación internacional para el fortalecimiento del RAC en el Poder Judicial y a nivel general; d) realizar a mediano plazo un diagnóstico general sobre la evolución y resultados del RAC en Costa Rica a propósito de la celebración del X Aniversario de su implantación en Costa Rica; e) impulsar mediante procesos participativos, la identificación interna y externa con el tema del RAC como una de las herramientas esenciales para afrontar con éxito el retardo judicial; f) para lograr una efectiva disminución y descongestionamiento de los despachos judiciales, es a través de la aplicación extensa y masiva de las opciones de conciliación en todos los procesos en que esto sea posible, y promover estas facilidades activamente desde los mecanismos. La Comisión deberá abocarse a dirigir esos procesos a la mayor brevedad posible, para lo cual contará con los re-cursos requeridos y el apoyo del Consejo Superior. Atendiendo al logro de los objetivos estratégicos, la Comisión de Resolución Al-terna de Conflictos inició un Plan Piloto de Conciliaciones Masivas en el 2003, aplicable en todos los circuitos judiciales del país. Los resultados positivos que se vienen observando desde el 2001 en esta área han tenido efectos multiplica-dores que permiten esperar un avance constante en los años por venir. El "Manual de Audiencias masivas de conciliación", de la Comisión de resolución Alterna de Conflictos Unidad de Jueces Conciliadores de Diciembre de 2003, ya señala que: " El Poder Judicial, comprendiendo bien cual debe ser su norte en este particular, ha establecido dentro de sus políticas institucionales la filosofía de la humanización, al establecer que el ser humano es el eje de la labor jurisdiccional y hacia ese objetivo

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deben orientarse las fuerzas de mejoramiento de nuestros servicios. es por ello que se pretende que las personas tengan acceso directo al juzgador, puedan entrevistarse con él, ser escuchadas y sepan que sus intereses y necesidades serán tomadas en cuenta al momento de arribar a una solución, a fin de lograr resolver en forma integral el conflicto que les agobia, y se ha implementado la conciliación judicial como una herramienta ágil en la obtención de esas metas.…… Las Audiencias Masivas de conciliación Judicial son una herramienta más para cumplir con el mandato constitucional de brindar una Justicia pronta y cumplida"14 . El citado Manual de Audiencias masivas de conciliación, define estas como "…aquellas en las que en forma simultánea se cita a todas las partes con procesos pendientes en un determinado despacho y cuyo caso sea susceptible de conciliación, a una convocatoria general. En dicha convocatoria se explican, en forma general y para todos los casos, la mecánica a seguir, en qué consiste el proceso de conciliatorio y las ventajas que éste ofrece, así como las reglas que rigen estas audiencias. Posteriormente, su caso será atendido en forma personal e individualizada por un juez conciliador, garantizándole así la confidencialidad necesaria en este tipo de audiencias"15 . Sin duda, las Audiencias masivas de conciliación son un avance novedoso y práctico en la misión de reducir el retardo judicial y fomentar en la ciudadanía el espíritu de autocomposición de conflictos. Es destacable también el Convenio de cooperación celebrado entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación Pública del 9 de febrero de 2004, en los considerandos de dicho documento se destaca : “ II. Que la responsabilidad en la tarea de fomentar los medios alternativos de resolución de conflictos, compete tanto al Poder ejecutivo por medio del Ministerio de Educación Pública, como al Poder Judicial, cada uno en el campo de sus atribuciones, realizando ambas instituciones una tarea eficaz mediante una labor sistemática y complementaria. III. Que el Poder Judicial es consciente de su compromiso con el fomento de la paz, a través del mayor y mejor acceso de todas las personas a una justicia pronta y cumplida como instrumento para el desarrollo social. IV. Que la Ley de resolución Alterna de Conflictos, en su artículo 1, establece el derecho de toda persona, desde temprana edad, a una adecuada educación para la paz el respeto de los derechos humanos, mediante los programas educativos oficiales. V. Que en la ejecución de proyectos relacionados con el tema, es muy importante la experiencia adquirida por el Poder Judicial durante los últimos años, la cual puede aprovecharse para obtener resultados a mediano y largo plazo, creando una cultura de paz proclive al logro de soluciones autocompositivas, antes de llegar a los conflictos, a la corriente judicial"16 . El camino del RAC viene construyéndose desde 1993, y en los últimos diez años se han dado pasos constantes en la consolidación de los mecanismos RAC como herramientas para ayudar a reducir el retardo judicial. La sensibilización hacia el RAC es una necesidad, por ello la labor de educación y formación en estos mecanismos debe continuar. Existe la base legal y el compromiso decidido de la Corte Suprema de

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Justicia en avanzar este tema. La novedosa implementación del plan piloto de audiencias masivas de conciliación demuestra un interés muy real del Poder Judicial por impulsar la resolución alternativa de conflictos y utilizarla como herramienta para ofrecer justicia pronta y cumplida. Podemos concluir de todo el desarrollo de la resolución alternativa de conflictos durante la década del noventa y principios del siglo XXI, que se está posicionan-do como una verdadera corriente de pensamiento que propugna por la autocomposición de conflictos, con lo cual ayuda a ir creando un ambiente más propicio para que los habitantes busquen una alternativa al exceso de litigiosidad. Es loable el reconocimiento que ha hecho el Poder Judicial de la importancia de trabajar junto con el Ministerio de Educación para tratar de llevar esta filosofía e incorporarla en el sistema educativo, sembrando bases para que en un futuro el perfil de litigiosidad tome otro rumbo. Deberá mantenerse y profundizarse el vínculo con el Ministerio de Justicia, para que en conjunto apoyen decididamente los mecanismos RAC a todo nivel.

E. El tema de género en el Poder Judicial La década de los noventa trajo consigo un desarrollo de gran importancia en cuanto a legislación específica tendiente a eliminar la discriminación contra las mujeres. La promulgación de la Ley N° 7142 de 8 de marzo de 1990 " Ley Promoción de la igualdad social de mujer" marcó el inicio de una década en la cual el tema de género comenzó a permear con mayor intensidad el quehacer público. Son destacables las leyes que durante la década del noventa y principios del si-glo XXI aprobó la Asamblea Legislativa con orientación basada en el género, tenemos así: a) Ley N° 7430 de 14 de setiembre de 1994 Fomento de la lactancia materna; b)Ley N°7499 de 2 de mayo de 1995 Convención para erradicar la violencia contra la mujer "Belem do Para"; c) Ley N°7586 de 10 de abril de 1996 Ley contra la violencia doméstica; d) Ley n° 7735 de 19 de diciembre de 1997 Ley de general de protección a la madre adolescente; e) Ley N° 7769 de 24 de abril de 1998 ,Ley de Atención a las mujeres en condiciones de pobreza; f) Ley N° 8089 de 6 de marzo de 2001, Aprobación del Protocolo facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de ( Costa Rica había aprobado la Convención citada por Ley N° 6869 de 2 de octubre de 1984). g) Ley N° 8101 de 16 de abril de 2001, Ley de Paternidad Responsable. h Ley N° 8128 de 29 de agosto de 2001, Creación de un Juzgado de violencia doméstica en el Segundo Circuito Judicial de San José

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i) Ley N° 8129 de 6 de setiembre de 2001, Creación de los Juzgados de violen-cia doméstica en el Circuito judicial de Heredia, en el primer Circuito Judicial de Alajuela, en el Circuito judicial de Cartago y de un Juzgado Penal en el Cantón de la Unión, provincia de Cartago. j) Ley N° 8312 de 30 de setiembre de 2002, Modificación de los artículos 1,4,5 y 12 de la Ley General de protección a la madre adolescente, N°7735, y derogación del inciso c) de su artículo 8. k) Ley N° 8315 de 26 de setiembre de 2002, Aprobación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Al anterior listado de leyes, enfocadas en diversos aspectos atinentes al género, debe agregarse también la mención a la reforma constitucional del artículo 33 de 27 de mayo de 1999, dicho numeral constitucional señala: "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana". Nuestro ordenamiento jurídico destaca desde la Carta Funda-mental el derecho a que no se practique discriminación alguna. En el tema de género, podríamos pensar que toda la legislación aprobada ha marcado un cambio institucional rápido y eficiente para incorporar políticas de género a lo interno y externo del Poder Judicial. No obstante, la realidad nos plantea que durante la década del noventa, el tema de género no fue incorporado como política institucional en el Poder Judicial. A nivel de la más alta magistratura, fueron muy pocas las mujeres nombradas como magistradas. En los demás niveles, las mujeres han ido obteniendo una participación más equitativa mediante la carrera judicial. Hay que destacar que el Poder Judicial ha realizado campañas para informar sobre el acoso sexual en el trabajo, labor que estuvo dirigida por el Departamento de Relaciones Públicas y la Escuela Judicial. También en atención a las necesidades específicas de salud de la mujer, el Servicio de Salud de Empleados incorporó una plaza médica de ginecología. Es interesante destacar que fue hasta el año 2002, que la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, elaboró un primer estudio sobre la composición de los puestos de trabajo a partir de la variable de género en el Poder Judicial. La investigación estuvo a cargo de la señora Magistrada Dra. Ana Virginia Calzada Miranda. Dicha investigación señala por ejemplo, con corte a mayo de 2002, que: "Respecto de a las plazas asignadas en propiedad (5672), 2204 plazas son ocupadas por mujeres y 3468 por hombres; existiendo una diferencia entre estos de 1264 plazas. en términos porcentuales los hombres ocupan el 61% de las plazas en propiedad y las mujeres el 39%… En cuanto a los puestos de "jerarquía o vinculados directamente con la Administración de Justicia" que están asignados en propiedad, tenemos que el 41,68% está ocupado por mujeres y el 58,32% por hombres… Respecto a los grupos "Pues-tos profesionales, técnicos, especialidades y de investigación" el 76,26% está ocupado por hombres y el 23,74% por mujeres…. En cuanto a los puestos "auxiliares, secretariales, asistentes y otros", el 56,34% de las plazas están asignadas a hombres y el 43,6% a mujeres"17 .

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Otro dato de gran relevancia que destaca la citada investigación es referente a que "Según los datos suministrados por la Unidad Interdisciplinaria del Poder Judicial, al 17 de junio del presente año, hay un total de 478 jueces nombrados con el actual sistema de Carrera Judicial. De estos el 52.51% son ocupados por hombre y el 47,49% por mujeres… De esta forma, con base en el promedio que consta en el Registro de Elegibles de cada uno de estos funcionarios judiciales, en total el promedio de las mujeres es de 86,67 y el de los hombres es de 85,32… En ninguno de los casos los hombres superan al promedio de nota de registro de las mujeres"18 . El Poder Judicial se presenta a lo interno como un escenario en el cual las mujeres, sobre todo a nivel de la judicatura, sobresalen en el sistema de Carrera Judicial. El Poder Judicial está abierto a la incorporación plena de la mujer en un marco de equidad. Sin embargo, en los niveles jerárquicos superiores aún resta por manifestarse una mayor equidad en la composición de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia, que refleje la distribución que hay en los niveles inferiores jerárquicos. Para inicios del siglo XXI, se muestra un avance fundamental en el trata-miento del tema del género en el Poder Judicial, ya que se apuesta específica-mente a la aplicación transversal de la política de igualdad de género; producto de la obligación contractual que asumió el Poder Judicial con el BID al iniciar la ejecución de la segunda etapa del programa de administración de justicia, se crea la Secretaría Técnica de Género. En el Poder Judicial ya desde el año 2001 funciona una Comisión de Género, integrada por varias Magistradas y Magistrados, que se encarga de elaborar un política de género. En el año 2003, la labor de esta Comisión se vio acompañada además por la Secretaría técnica de Género en la misión de impulsar una política transversal de género en el Poder Judicial. Es sin duda destacable este compromiso con una política que garantice equidad de género tanto a lo interno del Poder Judicial como en sus relaciones con las usuarias y usuarios del servicio de administración de justicia. Señala el informe de labores del año 2003 de la Secretaría Técnica de género que esta "…nace como una condición previa que debe cumplir nuestra institución para la ejecución de la segunda etapa del Programa de Modernización de Justicia. esta instancia debe efectuar las labores de supervisión, monitoreo y evaluación, a nivel transversal, de las actividades de no discriminación y género contenidas en los diversos componentes de los proyectos que se ejecutan(cláusula 3.02 inciso c, contrato de préstamo N°1377/OC-CR)19 . La Secreta-ría Técnica de Género fue aprobada por el Consejo Superior en sesión N° 48-2002 de 4 de julio de 2002 e inicio labores el 6 de marzo de 2003. Destaca el Informe de labores 2003 de dicha Secretaría que ha encontrado obstáculos pues sólo cuenta con dos funcionarias, la Secretaria Técnica de Género y una profesional 1, además señala la carencia de recursos materiales, como equipo y transporte20 . A pesar de las limitaciones señaladas, en el informe se detalla que han logrado desarrollar actividades de gran impacto como la coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres para los talleres de validación de la política de género en el Poder Judicial; emitieron recomendaciones con perspectiva de género para la remodelación y construcción de los edificios del Poder Judicial; han coordinado con la Asociación Costarricense de Juezas para que conozcan sobre la perspectiva de género y los instrumentos internacionales relacionados con el tema; coordinaron con la Contraloría General de Servicios, para capacitar a al población indígena, especialmente a las mujeres; coordinaron con el Consejo Superior del Poder Judicial para generar políticas concretas en materia de violencia intrafamiliar y género; capacitaron a funcionarios y jueces sobre el tema del hostigamiento sexual, también capacitaron a los Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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integrantes de la policía judicial, para que incorporen los conceptos y principios básicos de igualdad y respeto en administración de la justicia. Previo a la creación de la Secretaría Técnica de Género el Poder Judicial ha defendido la aplicación transversal de la política de género. Costa Rica desde noviembre de 2002 en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidente de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia, presentó la ponencia "Acceso a la Justicia de la Mujer" elaborada por la señora Magistrada Zarela Villanueva Monge, instando a una declaración para promover la igualdad de género como una "…política institucional transversal, tanto en su organización interna como a lo externo en el servicio brindado, que permita el mejoramiento de su calidad y un acceso a la justicia con igualdad real, para mujeres y hombres"21 . En el documento "Acceso a la Justicia de la Mujer a la justicia" las áreas que identifica el Poder Judicial como áreas críticas para el logro transversal de la perspectiva de género en la Administración de Justicia son: 1) área de servicio en materia de violencia doméstica; 2) área de servicio en materia de pensiones alimentarias; 3)área de servicio en materia laboral. Menciona también otras acciones para mejorar el acceso de la mujer a la justicia mediante normas y planes; información y divulgación, personal idóneo para la atención de las mujeres y organizaciones; satisfacer necesidades de las usuarias en el plano de infraestructura y asistencia; e incorporar la perspectiva de género en las resoluciones judiciales22 . La violencia doméstica es un tema de gran impacto social, que ha venido en es-calada durante los años noventa y principios del siglo XXI. En el Poder Judicial, desde 1996, funciona la Comisión Permanente para el seguimiento y prevención de la violencia Doméstica en el Poder Judicial. También, la Corte ha emitido va-riadas circulares de gran relevancia entre ellas la que dispone la prohibición de conciliar en casos de violencia doméstica. El Consejo Superior, atendiendo a una sugerencia de la secretaría de género, en octubre de 2003 emitió una circular en la que se indica que ante denuncias de violencia familiar cometidas por parte del personal judicial, se pusieran estas en conocimiento de las instancias encargadas de aplicar el régimen disciplinario para que estas inicien los procesos respectivos. Existen, según datos de la Comisión Permanente para el seguimiento y prevención de la violencia doméstica en el Poder Judicial, un total de 74 juzgados encargados de atender esta materia. Existen 9 juzgados especializados específicamente en violencia doméstica. El Juzgado de violencia doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José, brinda servicio durante las 24 horas de los 365 días del año. En todo el país el Poder Judicial garantiza que haya disponibilidad de lo jueces para la atención de la mujeres agredidas todos los días del año. Otra área muy sensible es la de pensiones alimentarias, donde según datos del Informe de Labores 2003 de la Contraloría de Servicios, se presenta un alto número de inconformidades con el servicio. Es un área donde el tema de género amerita ser tratado con mayor dedicación por parte del Poder Judicial. Es importante cómo a partir del 2003 ya la Contraloría de Servicios consideró incorporar la variable del sexo de los gestionantes para crear luego perfiles que orienten mejor el trato hacia las distintas necesidades de las usuarias. Cabe mencionar que el Poder Judicial ha innovado en esta materia al estar funcionando el depósito en cuenta bancaria de las pensiones alimentarias lo cual simplifica el retiro por parte de los beneficiarios sin necesidad de acudir a los despachos judiciales.

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Podemos concluir mencionando como la década del noventa fue prolija en legislación sobre tema de género, y se inició el camino hacía un notable desarrollo de este tema en el Poder Judicial. Para principios del siglo XXI el tema ya aparece figurando en forma más concreta entre las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial. Visto está que se requiere inversión de recursos materiales y humanos para garantizar una sensibilización ante el tema de género, y se re-quiere de esfuerzos permanentes que visibilizen el tema en todos los ámbitos, tanto a lo interno como externo, del Poder Judicial.

F. La Contraloría de Servicios en el Poder Judicial y el trato al usuario/a. Durante la década de los noventa, no existió en el Poder Judicial la Contraloría de Servicios. Fue en Sesión de Corte Plena N° 33-2000 de 28 de agosto de 2000 que se creo la Contraloría de Servicios, iniciando labores en el año 2002. Sin duda la creación de la Contraloría de Servicios ha demostrado ser un, gran y necesario, avance en materia de trato a los usuarios y usuarias del servicio público de administración de justicia. Según se desprende de los informes de labores de dicha Contraloría de Servicios, correspondientes a los años 2002 y 2003, la labor de la Contraloría ha ve-nido en aumento año con año, recibiéndose un número cada vez mayor de gestiones provenientes de las personas usuarias del servicio público de administración de justicia en todo el país. Las gestiones ante la Contraloría de Servicios pueden ser presentadas en sus distintas oficinas, personalmente, vía fax, mediante la línea gratuita telefónica, o bien, por correo postal o electrónico. La Contraloría de Servicios inició funciones, en el año 2002, con una oficina ubicada en el primer piso del Edificio de la Corte, y una oficina unipersonal en el Segundo Circuito Judicial de San José. Luego se inauguraron dos oficinas unipersonales, una en el Edificio del Organismo de Investigación Judicial, y otra en el edificio de los Tribunales del Primer Circuito de San José. Para el año 2003, se sumó la apertura de la Subcontraloría del Segundo Circuito Judicial de San José y la Subcontraloría de Heredia; también inició funciones una oficina unipersonal en el Edificio del Complejo de Ciencias Forenses, otra en el edificio de los Tribunales de Cartago, atendida por dos personas; y una oficina en el Edificio de Tribunales de Alajuela, también con dos personas. Además están funcionan-do las oficinas de Limón, Guápiles, Santa Cruz y Liberia, dando amplia cobertura en las distintas regiones del país. Todas las gestiones que provienen de los circuitos judiciales en los que no hay oficina, las atiende la Contraloría de Servicios en San José. En el informe de labores de la Contraloría de Servicios, para el año 2003, señalan la necesidad de continuar el proyecto de abrir oficinas que se sitúen en cada uno de esos circuitos judiciales. Un enfoque novedoso y que demuestra una nueva forma de pensamiento en el Poder Judicial es la conformación desde el año 2002 de la "Comisión de Usuarios" integrada por usuarios y usuarias del Poder Judicial, que se reúne para analizar y proponer recomendaciones en cuanto al trato que se da a los usuarios y usuarias. La comisión es

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coordinada por la Contralora de Servicios. Ya para el 2004 se conformaron también comisiones regionales de usuarios en Alajuela y Heredia y proyectan continuar creando más en el futuro. Es destacable la apertura que demuestra con ello el Poder Judicial a incorporar la perspectiva de los usuarios y usuarias del Poder Judicial para continuar la mejora en el servicio de justicia. En cuanto al volumen de ingresos de gestiones, señala el Informe de Labores de la Contraloría de Servicios que "…al finalizar el 2003, se registraron 3584 gestiones, lo que evidentemente supera lo registrado durante el 2002, año en el que ascendió a 1394; es decir, las gestiones aumentaron en un 157.10% (2190 gestiones)"23 . Tambi��n la Contraloría de Servicios recibe boletas de sugerencias, en el 2002 se recibieron 1205 boletas de sugerencias, durante el 2003 se contabilizaron 3275)24 . La Contraloría de Servicios del Poder Judicial reconoce que sus funciones exigen de ella una "preocupación constante por el tema del trato adecuado al habitante, aspecto que, sin duda, es esencial para asegurar la calidad de los servicios. En consecuencia, una de las funciones de esta instancia es abogar por las condiciones que favorezcan este trato, entre las cuales se señalan las siguientes: • La realización de cursos de inducción y capacitación al personal, para que estén mejor preparados para el desempeño óptimo de sus funciones y comprendan la trascendencia de sus actuaciones. • La selección de personal que reúna condiciones idóneas para desarrollar las labores que requieren mayor contacto con el público: manifestación, personal para la atención telefónica e información al usuario, entre otros. • Acciones permanentes de sensibilización de los servidores en relación con las necesidades de las usuarias y usuarios y la no discriminación por razones de sexo, etnia, nivel socioeconómico, edad, y otros. • La aplicación de sanciones proporcionales a al falta en los casos en los que se constate el maltrato al público. • Capacitación a los mandos medios, sobre este tema, por ser un personal clave en el desenvolvimiento de la institución"25 . La inducción del tema de humanización de trato a los usuarios y usuarias del Poder Judicial va a requerir múltiples actividades de capacitación y sensibilización, en lo cual la Contraloría de Servicios puede resultar un actor clave en el proceso.. El servidor judicial, como servidor público que es, debe entender que su puesto se justifica precisamente en función de las personas usuarias del servicio público de administración de justicia; concepto este que debería ser una máxima en la prestación de servicio. La percepción que tengan las personas usuarias de los servicios de administración de justicia es importante de tomar en cuenta. En la Memoria de la Reforma Judicial de Costa Rica 1996-2002, en lo concerniente al ámbito de la calidad de atención a los usuarios se publican resultados muy interesantes. A la afirmaciones "La atención en los despachos judiciales a los usuarios es pronta y adecuada" y "En los despachos judiciales hay esmero en atender satisfactoriamente a los usuarios del servicio", los jueces y Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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auxiliares judiciales encuestados respondieron que era regular, mientras que los abogados, usuarios y defensores públicos la evalúan por debajo de regular. Los abogados las calificaron levemente por encima de mal. Entonces la percepción sobre la atención a los usuarios es que está entre regular y mala26 . Son importantes entonces todos los esfuerzos que tiendan a lograr una sensibilización de los funcionarios judiciales ante la manifestación que hacen los usuarios de que la atención no es siquiera regular. Sin duda, la instauración de la Contraloría de Servicios demuestra una apertura en los niveles de comunicación entre personas usuarias del servicio público de administración de justicia y los despachos judiciales. Cada vez crece más el volumen de gestiones y sugerencias que plantean los usuarios y usuarias, demostrando lo necesario que era que funcionaran en el Poder Judicial. Ahora, la Contraloría de Servicios junto a la Inspección Judicial, son instancias que vigilan la calidad del servicio prestado y brindan a los usuarios y usuarias la posibilidad de plantear sus inconformidades con el servicio. A este contexto de apertura hay que añadir la promulgación, mediante artículo III de la Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las 13:30 horas 12 de abril de 1999, del Código de Ética Judicial, de aplicación a todos los servidores judiciales, con el propósito de establecer los principios de transparencia y ética que deben guiar la conducta de dichos funcionarios.

G. Enfoque del Poder Judicial en temas específicos de niñez y adolescencia, discapacitados, adultos mayores, minorías étnicas. Durante la década del noventa y principios del siglo XXI, se aprobó legislación novedosa que enfoca particularmente la problemática de grupos que tienen necesidades especiales como la niñez y la adolescencia, los discapacitados, los adultos mayores y las minorías étnicas. Nuestra sociedad reconoce la especial necesidad de tratar de eliminar toda discriminación o desventaja que puedan estar sufriendo las personas por razón de pertenecer a alguno de los grupos mencionados. Es claro el artículo 33 constitucional al señalar: "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana". (Reforma constitucional 7880 de 27 de mayo de 1999). Debe entonces procurarse un enfoque no discriminatorio, sensible a las especiales necesidades de cada grupo. La convicción sobre la importancia de estos temas es profunda, y se ve reflejada en la legislación que procura crear un marco jurídico sólido para su adecuado tratamiento. Un listado sobre las distintas leyes e instrumentos internacionales aprobados por la Asamblea legislativa durante la década del noventa y principios del siglo XXI nos muestra lo siguiente: a) Enfocado en la Niñez y adolescencia, destacan las siguiente normativa: - Ley de justicia Penal Juvenil de 8 de marzo de 1996, - Ley general de Protección a la madre adolescente, de 19 de diciembre de 1997, - Código de la niñez y la adolescencia de 6 de enero de 1998;

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- Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores de octubre de 2000,

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- Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de menores de 14 de febrero de 2001; - Convenio internacional número 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. de17 de agosto de 2001; - Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, de 7 de diciembre de 2001; - Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados de 2 de abril de 2002, - Ley general de la persona joven de 2 de mayo de 2002, - Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 26 de setiembre de 2002; - Reforma al Código Penal para endurecer las penas por substracción y homicidio de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad de 8 de octubre de 2003. El Poder Judicial, consciente del trato especial que merecen los niños y adolescentes por su condición de menores de edad, mediante circular N°13 de 1998 dictó las "Reglas prácticas con ocasión de la promulgación del Código de la Niñez y la adolescencia". Ha dictado también las "Reglas prácticas para reducir la revictimización de personas menores de edad en los procesos penales", circular 81-2002, la cual fue reiterada en circular 80-2003 de 28 de julio de 2003; estas reglas están orientadas a que siempre se atienda al interés superior del niño o adolescente y muestran una sensibilidad especial hacia las necesidades de es-tos grupos. La alta jerarquía del Poder Judicial demuestra con ello una preocupación constante por que todos los funcionarios judiciales tengan siempre en cuenta estas reglas cuando se involucre a un menor de edad. b) Enfocado a la persona adulta mayor, se encuentra la siguiente normativa: - Ley N° 7935 de 25 de octubre de 1999, Ley integral para la persona adulta mayor. - Ley N° 8153 de 14 de noviembre de 2001, Reforma al artículo 54 y derogación del transitorio único de la Ley Integral para la persona adulta mayor, N° 7935. En este aspecto el Poder Judicial, mediante los perfiles de usuarios y usuarias que proyecta elaborar la Contraloría de Servicios en año venideros, tendrá la posibilidad de analizar que acciones específicas podría realizar en beneficio de este grupo de personas. Es un área donde se requerirá mayor inversión de re-cursos. c) Enfocado a las personas con discapacidad, encontramos las siguientes regulaciones: - Ley N° 7600 de 2 de mayo de 1996, Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

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- Ley N° 7953 de 22 de noviembre de 1999, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. - Ley: N° 8387 de 8 de octubre de 2003 Reforma Código Penal para Endurecer las Penas por Sustracción y Homicidio de Niños, Niñas, Adolescentes y personas con discapacidad. Lograr una sensibilización de los funcionarios judiciales ante este tema, en todos los ámbitos interno y externo del Poder Judicial, es una labor en construcción y plantea grandes retos que deben enfrentarse con más recursos, sobre todo en lo que respecta a hacer fácil el acceso a la justicia para las personas que presentan alguna discapacidad. Es sin duda destacable la inversión que está haciendo el Poder Judicial para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a las instalaciones. Destaca sobre todo la inversión en infraestructura que en múltiples circuitos judiciales se está llevando acabo y consisten fundamentalmente en proveer rampas de acceso, servicios sanitarios para discapacitados, mostradores accesibles, demarcado de espacios de estacionamiento exclusivos para discapacitados. Es destacable el grado de compromiso que tiene el Poder Judicial al realizar inversiones constantes en la infraestructura para garantizar el acceso a las perso-nas con discapacidad a las oficinas judiciales, en cumplimiento de la ley.

d) Enfocado a las personas que pertenecen a una minoría étnica destacan las siguientes regulaciones: - Ley N° 7623 de 11 de setiembre de 1996, de Defensa del idioma español y lenguas aborígenes. - Ley N° 7711 de 22 de octubre de 1997, sobre Eliminación de la discriminación racial en educación y medios de comunicación. En este aspecto cabe resaltar la labor de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y la Secretaría Técnica de género del Poder Judicial, pues según señala el Informe de Labores del año 2003 coordinaron la realización del seminario "Los pueblos indígenas y su acceso a la administración de justicia". Señala el citado informe de labores "…Esta actividad tuvo como objetivo informar, divulgar y capacitar en relación con el acceso de los pueblos indígenas a la justicia para visibilizar las diferencias culturales y facilitar un acercamiento real y efectivo de estos/as habitantes a la Administración de justicia en general"27 . Esta actividad fue seguida por la visita de funcionarios judiciales a la comunidad de Grano de Oro, Turrialba, el 2 y 3 de marzo del 2004, en la que se facilitó a los habitantes indígenas de esa zona la realización de diligencias judiciales. En atención a los pueblos indígenas, en el año 2003 la Corte Plena aprobó la creación del Juzgado Penal de Talamanca, teniendo presentes las características económicosocio-culturales propias de la población indígena que ahí habita. Lo anterior se suma al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía, así como la Fiscalía y la Oficina de la Defensa Pública. que ya tenía funcionando el Poder Judicial en la zona. Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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Eliminar la discriminación, removiendo obstáculos que impiden un acceso igualitario a la justicia ha de ser un compromiso permanente del Poder Judicial. Destinar recursos para el avance de estos temas ha de ser también un propósito firme para darle a todas las personas por igual acceso a la justicia.

H. La rendición de cuentas y el Poder Judicial. El artículo 11 de la Constitución Política desarrolla el concepto de rendición de cuentas como un sistema que comprende todas las formas de autoridad pública, dentro de las cuales se encuentra, sin lugar a dudas, el Poder Judicial. La rendición de cuentas aparece diseñada constitucionalmente a partir de la evaluación de resultados, para lo cual se requiere de la preparación de presupuestos con clara indicación de objetivos, metas e indicadores de cumplimiento. Las reglas básicas para la implementación de estos preceptos aparecen contenidas en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131 de 18 de setiembre de 2001 y en la Ley General de Control Interno, No. 8292 de 31 de julio de 2002. El Poder Judicial ha puesto en práctica los procesos administrativos tendentes a instaurar un sistema de indicadores asociado con la presupuestación, lo cual se ve reflejado en la existencia de objetivos estratégicos, objetivos específicos, metas, indicadores de desempeño, actividades y responsables de coordinación para cada una de las Unidades Programáticas de ese Poder. Al implementar dicho sistema de indicadores, el Poder Judicial ha sentado las bases para desarrollar los elementos analíticos necesarios para que en un futuro se pueda ejercer una efectiva rendición de cuentas institucional por parte de la Asamblea Legislativa. Hay que indicar que dicha rendición de cuentas institucional se dificulta por las deficiencias existentes en la propia Asamblea Legislativa, que no cuenta todavía con la organización interna necesaria para asumir las funciones que le asigna el artículo 11 de la Constitución Política, lo cual debe pasar por un rediseño completo de su organización interna mediante el establecimiento de comisiones clasificadas funcionalmente y a cargo de un control político permanente de los órganos públicos. Debe señalarse que el Poder Judicial ha solicitado audiencias para exponer el cumplimiento de sus planes estratégicos y no han encontrado respuesta por parte de la Asamblea Legislativa, lo que denota que la rendición de cuentas sobre esta importante actividad pública no se está cumpliendo a cabalidad por omisiones atribuibles a la Asamblea Legislativa. El Poder Judicial ha tratado de compensar la ausencia de dicha rendición de cuentas formal con presentaciones en las comunidades, informes a los medios de comunicación, informes de labores al inicio del año judicial y otro tipo de in-formes individuales rendidos por los magistrados, todo lo cual no puede ser considerado como rendición de cuentas en el sentido preciso establecido por el artículo 11 de la Constitución Política28 . Los avances tecnológicos han posibilitado también una mayor facilidad de acceso del público a la información formulada por el Poder Judicial, lo que permite mayor transparencia, y es muy palpable el compromiso por utilizar al máximo los avances tecnológicos en beneficio de los habitantes de la República. Los planes anuales operativos se pueden consultar por cualquier usuario por internet, en donde aparecen detallados por cada Unidad Programática. Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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I. Los cambios procesales del período En los últimos quince años se han dado cambios procesales de gran impacto en la administración de justicia. Por Ley N° 7130 de 16 de agosto de 1989 se dictó el Código Procesal Civil, el cual impuso un nuevo modelo para la actividad procesal civil, aplicable en materia distinta de la penal. Asimismo, por Ley N° 7135 de 11 de octubre de 1989 " Ley de la Jurisdicción Constitucional" se establecieron los procedimientos para incoar recursos de amparo, hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad y conflictos de competencia, que se han de tramitar ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mediante Ley N° 7576 de 8 de marzo de 1996, se promulgó la "Ley de justicia penal juvenil" la cual regula el trámite procesal que ha de dársele a las causas que involucren a un menor de edad, con edad comprendida entre los doce a dieciocho años. Por Ley N° 7594 de 10 de abril de 1996, se promulgó el Código Procesal Penal que instauró un nuevo modelo procesal para la materia penal, con ajustes importantes tales como la redefinición del papel del Ministerio Público en la instrucción de las sumarias, incluida la posibilidad de negociar con los imputados, la introducción del proceso abreviado, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y una mayor participación de las víctimas. Cabe señalar que mediante Ley N° 7728 de 15 de diciembre de 1997, Ley de Reorganización Judicial, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de 5 de mayo de 1993; se diseñó un cambio profundo en lo referente a la forma de organización de los servidores judiciales que imparten justicia, incorporando la figura de jueces decisores, jueces coordinadores y jueces tramitadores. Debe tomarse en consideración además que la Corte Plena autorizó desde 1998 la organización de los llamados "megadespachos" donde en un solo despacho se concentran múltiples jueces de una única materia. En cada megadespacho, existe una Secretaría en la que se consolidan todos los recursos humanos y materiales de apoyo. Esta nueva estructura ha recibido críticas tanto favorables como desfavorables, pero existe como una nueva modalidad para brindar el servicio público de administración de justicia. Con todos estos cambios procesales y administrativos, se ha intentado abrir puertas para hacer más eficiente el servicio público de administración de justicia. Son destacables también los avances que se han dado en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías a la administración de justicia, lo cual ha permitido mejorar la eficiencia de muchos de los despachos que ahora utilizan el facsímil, tienen computadoras, acceso a registros públicos vía internet, Intranet Judicial, y así como oficinas centralizadas de notificaciones de los distintos circuitos del país. Se procura generalizar estos avances a todos los despachos del país.

J. Los cambios en trámite: la oralidad. El Poder Judicial ha promovido la preparación de un Código General del Proceso y un Código Procesal Contencioso Administrativo, que se orientan a la introducción de la oralidad en los procesos civiles, comerciales, laborales, agrarios, de familia y

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administrativos. Incluso la aprobación de tales cuerpos normativos aparece contemplada como una de al s acciones estratégicas del Presupuesto para el año 2004. Este tipo de procesos comprende una parte significativa del servicio público de administración de justicia, razón por la cual estamos en presencia de un cambio de grandes proporciones en el funcionamiento general del Poder Judicial. Al momento de prepararse este Capítulo, se cuenta con estudios adelantados sobre la factibilidad organizacional y financiera de la introducción de la oralidad que valoran los impactos en personal e infraestructura que deben ser tomados en cuenta por el legislador al momento de decidir sobre una transformación de esta envergadura.

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Anexo Reformas legales atinentes a la Administración de Justicia 1989-2004.

1.

Ley

Fecha Ley

Ley N° 7128

18-08-1989

Reforma a los artículos 10, 48, 105 Y 128 de la Constitución Política 2.

Ley N° 7129

16-08-1989

Ley de Salarios del Poder Judicial (art.3) 3.

Ley N° 7130

16- 08-1989

Código Procesal Civil 4.

Ley N° 7135

5.

Ley de la Jurisdicción Constitucional Ley N° 7142

11-10-1989

8-03-1990 Ley de Promoción de la igualdad social de la mujer 6.

Ley N° 7317

30-10-1992

Ley de conservación de la vida silvestre 7.

Ley No 7319

17-11-1992

Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República 8.

Ley N° 7331

13-04-1993

Ley de tránsito por vías públicas terrestres 9.

Ley N° 7333

05-05-1993

Ley orgánica del Poder Judicial 10.

Ley N° 7410

11.

Ley general de policía Ley N° 7425

26-05-1994

09-08-1994 Registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones 12.

Ley N° 7442

25-10-1994

Ley orgánica del Ministerio Público

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13.

Ley N°.7472

20-12-1994

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor 14.

Ley N° 7476

03-02-1995

Ley contra el Hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia 15.

Ley N° 7495

03-05-1995

Ley de expropiaciones 16.

Ley N°. 7527

10-7-1995

Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos 17.

Ley N° 7530

10-07-1995

Ley de armas y explosivos 18.

Ley N° 7535

01-08-1995.

Ley de justicia tributaria 19.

Ley N° 7575

13-02-1996

Ley forestal 20.

Ley N° 7576

08-03-1996

Ley de justicia penal juvenil 21.

Ley N°7586

10-04-1996.

Ley contra la violencia doméstica 22.

Ley N° 7594

10-04-1996

Código procesal penal 23.

Ley N° 7600

02-05-1996

Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 24.

Ley N° 7605

02-05-1996

Deroga Régimen Pensiones de Diputados y Reforma el del Poder Judicial 25.

Ley N° 7727

09-12-1997

Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social 26.

Ley N° 7728

15-12-1997

Reformas a la Ley orgánica del Poder Judicial Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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27.

Ley N° 7735

19-12-1997

Ley General de Protección a la Madre Adolescente 28

Ley No 7739

06-01-1998

Código de la niñez y la adolescencia 29.

Ley N° 7764

17- 04-1998

Código Notarial 30.

Ley N° 7786

30-04-1998

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas. 31.

Ley N° 7854

32.

Adiciones y Reformas a la Ley N° 7472 Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Ley N° 7900

14-12-1998

3-8-1999 Modificación del Código de normas y procedimientos tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. 33.

Ley N° 7933

28-10-1999

Ley Reguladora de la propiedad en condominio 34.

Ley N° 7957

17-12-1999

Reformas de los artículos 8, 97,y 99, adiciones a los artículos 11 y 86, adición del artículo 88 y tres transitorios a la Ley de armas y explosivos N° 7530 35.

Ley Nº 7975

04-01-2000

Ley de información no divulgada 36.

Ley N° 7978

04-01-2000

Ley de marcas y otros signos distintivos 37.

Ley N° 7979 Reformas de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683 y sus reformas, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867 y sus reformas y del Código Procesal Civil N° 7130 y sus reformas

06-01-2000

38.

Ley N° 7999

5-5-2000

Reforma del artículo 376 del Código Penal, Ley N° 4573 39.

Ley N° 8002

08-06-2000

Reforma de los artículos 161 y 162 del Código Penal Ley N° 4573 de 4 de

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

26


Administración de la justicia: balance de quince años

40.

mayo de 1970 Ley N° 8003 08-06-2000 Reforma del artículo 11 de la Constitución Política

41. Ley Nº 8039

12-10-2000

Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual 42.

Ley N° 8101

16-04-2001

Ley de Paternidad responsable 43.

Ley N° 8125

16-08-2001

Interpretación auténtica del artículo 185 del Código Procesal Civil, Ley N° 7130 44.

Ley N° 8127

29-08-2001

Reforma de los artículos 215, 274 y 374 del Código Penal 45.

Ley N° 8128

29-08-2001

Creación de un Juzgado de violencia doméstica en el Segundo Circuito Judicial de San José 46.

Ley N° 8129

06-09-2001

Creación de un Juzgado de violencia doméstica en el Circuito Judicial de Heredia, en el primer Circuito Judicial de Alajuela, en el Circuito Judicial de Cartago y de un Juzgado Penal en el Cantón de La Unión, provincia de Cartago 47.

Ley N° 8131

18-09-2001

Ley de Administración Financiera de la República y presupuestos públicos 48.

Ley N° 8143

05-11-2001

Adición de un párrafo segundo al artículo 174 del Código Penal de la República de Costa Rica, ley N° 4573 49.

Ley N° 8146

50.

Reforma de los artículos 25, 28 inciso j) del artículo 30, artículos 33,258, inciso b) del artículo 373, artículo 446 y adición de un párrafo final al artículo 376 del Código Procesal Penal, Ley N°7594 Ley N° 8148

30-10-2001

24-10-2001 Adición de los artículos 196bis, 217 bis y 229 bis al código Penal Ley N° 4573, para reprimir y sancionar los delitos informáticos 51.

Ley N°8167

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

27-11-2001

27


Administración de la justicia: balance de quince años

Reforma de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N° 7331 52.

Ley N° 8185

18-12-2001

Adición del artículo 343 bis al Código Penal 53.

Ley N° 8189

18-12-2001

Adición del artículo 123 bis al Código Penal, Ley N° 4573 54.

Ley N° 8200

10-12-2001

Reforma de la Ley N° 7425,registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones 55.

Ley N° 8201

18-12-2001

Modificación de los artículos 1,3, 67, 68, 72,93 y 94 de la Ley de armas y explosivos N° 7530, y sus reformas, y adición de un transitorio IV 56.

Ley N° 8204

57.

Reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas Ley N° 8220

26-12-2001

04-03-2002 Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos 58.

Ley N°8221

08-03-2002

Ley de creación de la Fiscalía penal de Hacienda y de la función pública 59.

Ley N° 8224

13-03-2002

Derogación del tipo penal de desacato 60.

Ley N° 8238

26-03-2002

Reforma de la Ley de Registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, N° 7425 de 9 de agosto de 1994, y sus reformas 61.

Ley N° 8250 Modificación del Código Penal , Ley N° 4573, y sus reformas

17-04-2002

62.

Ley N° 8272

02-05-2002

Represión penal como castigo por crímenes de guerra y de lesa humanidad 63.

Ley N° 8275

06-05-2002

Creación de la jurisdicción penal de hacienda y de la función pública

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

28


Administración de la justicia: balance de quince años

64.

Ley N° 8292

31-07-2002

Ley general de control interno 65.

Ley N° 8297

10-09-2002

Reforma del inciso c) del artículo 109 y del artículo 113 del Código de familia, ley N°5478 66.

Ley N° 8365

15-07-2003

Reforma de los artículos 158 y 163 de la Constitución Política de la República 67.

Ley N° 8387

08-10-2003

Reforma del Código penal, para endurecer las penas por substracción y homicidio de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad 68.

Ley N° 8395

01-12-2003

Regulación de los servicios de seguridad privados

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

29


Administración de la justicia: balance de quince años

Bibliografía Calzada, A. 2002. Análisis cuantitativo de la composición de los puestos de trabajo a partir de la variable de género en el Poder Judicial, con un énfasis en los funcionarios de administración de justicia: jueces. San José, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Contraloría de Servicios del Poder Judicial. 2003. Informe de Labores. San José, Poder Judicial. Ministerio de Justicia. s.f. Lista de Centros autorizados dedicados a la administración institucional de procesos de resolución alterna de conflictos. San José, Ministerio de Justicia. Poder Judicial. 2003a. Informe de Labores. San José, Poder Judicial. __________. 2003b. Memoria de la Reforma Judicial en Costa Rica (1996-2002). San José, Poder Judicial. __________. 2004. "Justicia: un horizonte en movimiento". San José, Poder Judicial. __________. s.f. Manual de Audiencias masivas de conciliación: Corte Suprema de Justicia, Comisión de Resolución Alterna de Conflictos, Unidad de Jueces Conciliadores. San José, Poder Judicial. Poder Judicial y Comisión de Resolución Alterna de Conflictos. 2003. Antecedentes generales del RAC en el Poder Judicial. San José, Poder Judicial. Saborío, R. 2004a. "Cambios en la justicia", en La Nación, 8 de enero. San José. __________. 2004b. Rendición de cuentas en Costa Rica. San José, Editorial Juricentro. Solano, L. F. "Reforma de la jurisdicción constitucional", en La Nación, 7 de marzo. San José.

1

Ver anexo 1 de esta Sección con lista de leyes entre 1989 y 1994 atinentes al funcionamiento de la Administración de Justicia. 2

Ver reseña de los intentos de reforma en "Cambios en la justicia", Dr. Rodolfo Saborío Valverde, Diario La Nación, 8 de enero de 2004 3

"Reforma de la jurisdicción constitucional", Luis Fernando Solano Carrera, Diario La Nación, 7 de marzo de 2004 (http://www.nacion.com/ln_ee/2004/marzo/07/opinion7.html) 4

Ver, Saborío Valverde, Rodolfo "Rendición de cuentas en Costa Rica. Diagnóstico y propuesta de sistematización", Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 2004, pag. 50 y sentencias de la Sala Constitucional 441-91, 1617-91, 3464-93, 1898-97, 1954-97, 3967-98, 5880-99, 6037-99.

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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Administración de la justicia: balance de quince años

5

Dato suministrado por el Presidente de la Sala Constitucional, Lic. Luis Fernando Solano Carrera, en reunión sostenida el 26 de mayo de 2004. 6

Al explicar la justificación de esta reforma ante la Comisión Legislativa que conoció el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados que tuvieron a su cargo la exposición indica-ron "…La Corte Plena se reserva las funciones de gobierno, en virtud de que el artículo 156 de la Constitución Política la establece como el órgano superior administrativo del Poder Judicial, pero se le sustraen todas las funciones de administración del caso concreto. Con ello se descarga a los Magistrados de la función puramente administrativa, permitiéndoles no sólo dedicar más ho-ras a resolver los asuntos que conocen las Salas en las que han sido asignados, sino -función igualmente importante- poder dedicarse a la elaboración de una real y efectiva política judicial, que permita terminar con el "cortoplacismo" y diseñar la estrategia necesaria para que el Poder Judicial pueda responder oportunamente a las necesidades que la evolución de nuestra socie-dad le plantea. …" Citado en acta de Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del tres de marzo de dos mil tres. 7

Ver entre otras Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las ocho horas treinta minutos del siete de julio de dos mil tres. 8

Información suministrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Lic. Luis Paulino Mora Mora y el Presidente de la Sala Constitucional, Lic. Luis Fernando Solano Carrera, en reunión de 26 de mayo de 2004. 9

Fuente: Comisión de Resolución Alterna de Conflictos(RAC) ,Antecedentes generales del RAC en el Poder Judicial 17 de octubre de 2003, Poder Judicial 10

Idem. página 2.

11

Fuente: Lista de Centros autorizados dedicados a la administración institucional de procesos de resolución alterna de conflictos. Ministerio de Justicia. 12

Fuente: Cuadro resumen actividades de capacitación Unidad de RAC-Escuela Judicial, Poder Judicial 2003. 13

Fuente: Cuadro resumen actividades de capacitación Unidad de RAC-Escuela Judicial, Poder Judicial

14

Fuente: Manual de Audiencias masivas de conciliación. Corte Suprema de Justicia Comisión de resolución alterna de conflictos unidad de jueces conciliadores. Poder Judicial, Diciembre 2003 15

Idem

16

Convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación Pública, de 9 de febrero de 2004. 17

Fuente: Análisis cuantitativo de la composición de los puestos de trabajo a partir de la variable de género en el Poder Judicial, con un énfasis en los funcionarios de administración de justicia: jueces" Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, Comisión Nacional para el mejoramiento de la Adminsitración de Justicia. 2002. 18

Idem

19

Fuente: Poder Judicial. Secretaría Técnica de género, Informe de Labores 2003

20

Idem

21

Poder Judicial. Acceso a la Justicia de la Mujer. Magistrada Zarela Villanueva Monge. Noviembre 2002

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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Administración de la justicia: balance de quince años

22

Idem

23

Fuente: Poder Judicial, "Justicia: un horizonte en movimiento", 2004

24

Idem

25

Fuente: Informe de Labores 2003 Contraloría de Servicios del Poder Judicial. Páginas 2 y 3

26

Fuente: Memoria de la Reforma Judicial de Costa Rica 1996-2002. corte Suprema de Justicia Programa Modernización de la Administración de Justicia., diciembre 2003. 27

Fuente: Secretaría Técnica de género Poder Judicial, Informe de Labores 2003

28

Sobre el concepto de rendición de cuentas ver Saborío Valverde, Rodolfo "Rendición de cuentas en Costa Rica", op. cit.

Décimo Informe sobre el Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible

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Saborio_2004