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Nº8 Noviembre 2015

JUICIO MEGACAUSA ESMA 2.166/IM P UTADOS

622 /CON D EN AD OS

14 7 /SE N TE N CIAS

5 7/AB SOLU C I ON ES

4 2 /S ENTENCIAS FIRMES

1065/DETENIDOS 883 /P ROC ESAD OS

113 /CO N FALTA D E M É RITO

1 1 /CON SOB R ESEI MI EN TO

18/ JUICIOS E N C U R SO

116/C AUSAS LIS TAS PAR A SER ELEVADAS A JUICIO

233 C AU SAS EN ETAPA D E INVES TIG AC IÓ N

LO QUE SE HIZO Y LO QUE VIENE Desde la reapertura de los juicios en 2006, hubo más de dos mil imputados y 622 condenados por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Los nuevos desafíos.


EDITORIAL

Un abrazo al futuro Declaración del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria (ex ESMA).

Quienes visiten el Espacio Memoria recorrerán un lugar de construcción colectiva desde 2004. Los organismos de derechos humanos, el Estado e instituciones internacionales y regionales trabajamos con un único objetivo: construir memoria y promover derechos en pos de una sociedad democrática, justa, solidaria y más humana.

detenidos desaparecidos la salvó de su destrucción. Comenzó así un largo trabajo de recuperación del predio, coronado en marzo de 2004, cuando fue declarado espacio público de promoción de los derechos humanos por el presidente Néstor Kirchner y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra.

En el Espacio Memoria (ex ESMA) se recuerda y se debate, se educan jóvenes y se forman profesionales, se consultan archivos y se reflexiona y se disfruta de la fotografía, la música, el cine, el teatro y la pintura.

El Espacio Memoria (ex ESMA) hoy es memoria, es identidad, es justicia, es educación, es cultura. Es un abrazo al futuro.

Durante 2015 más de 375.000 personas participaron de visitas guiadas y de casi 800 actividades culturales, 1600 estudiantes cursan en tecnicaturas y maestrías.

Es un legado nacido del dolor e iluminado por la acción y el aprendizaje, un territorio que invita a la sociedad argentina a pensar su historia, su presente y su futuro. Hoy es memoria para abrir, convocar, interpelar, comunicar, crear comunidad, vencer al miedo.

El Sitio de Memoria se ubica en el edificio que es testimonio del centro clandestino de detención y exterminio instalado por la dictadura cívico-militar (1976-1983). Por él pasaron alrededor de 5000 víctimas. Con el retorno de la democracia este lugar de muerte fue desmantelado.

Ese es el legado. Sostengamos este Espacio y su futuro.

Durante muchos años denunciamos frente a las puertas de la ESMA. En 1998 enfrentamos las políticas de perdón y silenciamiento que intentaron destruirla en pos de una “reconciliación nacional” que siempre encubrió la impunidad. Un amparo judicial presentado por familiares de

Sostengamos el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia para nuestro país.

La reparación a Mario Galli, un Marino del Pueblo Por Giselle Tepper

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decidió la reparación histórica para dejar sin efecto “la baja obligatoria” de Mario Galli de la Armada Argentina y ordenar su reincorporación “en situación de retiro obligatorio” y su promoción al grado de teniente de fragata, a través del decreto 1821/2015. La medida fue publicada en el Boletín oficial el 10 de septiembre del 2015. Galli es uno de los 30.000 detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar y fue parte de la misma camada que Alfredo Astiz. A diferencia del genocida, eligió defender la Patria y no asesinarla. A esta medida, la precedió la del presidente Néstor Kirchner en 2005, con la emisión del decreto 1404/2005 para dejar sin efecto la baja de un grupo de los “Marinos del Pueblo” y ordenar la reincorporación en situación de retiro obligatorio. Así, las Fuerzas Armadas ahora admiten que ser Astiz no es la única opción. “El reconocimiento y readmisión de aquellos oficiales y suboficiales que fueron expulsados de la Armada por rebelarse contra las prácticas represivas que sus superiores impusieron a través de la doctrina de seguridad nacional es importante, porque nos permite pensar desde otro punto de vista el rol de las Fuerzas Armadas en la actualidad”, opinó Marianela Galli, hija de Mario. “Estas instituciones militares van construyendo memoria sobre la dictadura y las prácticas represivas de las cuales fueron partícipes, de qué manera difunden su versión del pasado, cuáles fueron los debates ideológicos que se daban entre los camaradas de las distintas promociones y si hechos como esta sublevación y otros sucesos similares son transmitidos a las nuevas generaciones, tanto dentro de sus propias filas como de cara a la sociedad”, agregó.

La historia de Mario Galli es la de un marino peronista, víctima de la última dictadura cívico-militar. Fue perseguido por defender a Perón y la Patria. El 5/11/1970, desde Madrid, Juan Domingo Perón escribió una carta a máquina dirigida al teniente primero José Luis Fernández Valoni. Con una hoja membretada con su firma, sostuvo: “He conocido la actitud asumida por Ustedes (Los Tenientes de la Revolución) y al tomar contacto con Ustedes, a través del camarada Licastro que me visita, retorno un poco a mis tiempos de teniente, con la satisfacción y el orgullo de poderlos sentir muy cerca de mi corazón de viejo soldado”. Uno de esos “Tenientes de la Revolución” fue Mario Galli, quien decidió ser parte de la Armada Argentina, pero de una que fuera del pueblo: nunca de una que asesinara a sus hermanos. La sublevación de 1972 El 22 de agosto de 1972 se produjo la Masacre de Trelew. El Ejército Argentino fusiló a 16 presos políticos, militantes de las organizaciones PRT-ERP, Montoneros y FAR. También disparó contra otros tres, quienes lograron sobrevivir y luego fueron víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. En ese contexto, el 17 de noviembre de 1972, Galli, Julio Urien, Aníbal Acosta, Luis Hirsh, Mario Actis, Edgardo Lioi, José Aredes, Eduardo Berruet, Rubén Moschini (fallecido), Mario Romano, Julio César Albornoz (fallecido), Fidel Rodríguez y Sergio Polidori organizaron una sublevación en apoyo al regreso al país de Juan Domingo Perón. Pero fueron detenidos y llevados presos por orden de

Alejandro Agustín Lanusse, el entonces presidente de facto de la Argentina. Posteriormente fueron liberados, mediante una amnistía dictada por Héctor Cámpora. Esto generó que el almirante Emilio Eduardo Massera pidiera que fueran expulsados de esa fuerza. Sin embargo, Juan Domingo Perón se negó: esos marinos eran peronistas. El 24 de julio de 1974, mediante el decreto Nº 281, Mario Galli fue dado de baja. En 1968, la Promoción 100 cruzó por primera vez a Mario Galli con Alfredo Astiz. Luego, cada uno eligió su camino: Mario en Montoneros y Astiz como genocida. Pensar otra patria era también pensar otras fuerzas armadas. Por eso, Mario profundizó su militancia política en Montoneros, desde donde participó en la Agencia de Noticias Clandestinas, ANCLA, con Rodolfo Walsh y otros compañeros y compañeras. Su formación militar en lo profesional y la política como peronista, le dieron una impronta clave para formar parte de la estrategia de comunicación de ANCLA: desafiar a la mentira y el silencio de la prensa oficial. A Mario lo secuestraron el 12 de junio de 1977 con su compañera Patricia Flynn, embarazada de alrededor de tres meses, su madre Violeta, y su hija, Marianela, de un año y medio de edad. Toda la familia fue llevada a la ESMA. La única sobreviviente fue la niña. A Mario lo torturaron en la ESMA y también en el Edificio Libertad, donde presenciaron las torturas quienes habían sido parte de su curso. El genocida Astiz lo torturó ahí, demostrando que cuando alguien elige qué patria quiere integrar y construir no hay obediencia debida que pueda frenarlo: Astiz es un genocida y Mario un militante. Los casos de toda la familia Galli fueron juzgados y conde-


MEMORIA VERDAD JUSTICIA

Etapas del juicio El 28 de noviembre de 2012 comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio en el que hubo alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos y donde nacieron bebés en cautiverio. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia.

Se estima que el tiempo aproximado de duración del debate será de 24 meses. Etapa de instrucción

Etapa intermedia

Ante una denuncia de la víctima, el juez de Instrucción inicia la causa, toma las primeras declaraciones, obtiene pruebas documentales e instrumentales, ordena la realización de pericias, toma indagatorias y selecciona los tipos penales. El fiscal evalúa los hechos y acusa para elevar la causa a juicio.

Tiene por finalidad que las partes ofrezcan la prueba que se debe producir en el debate. El tribunal verificará cuáles de esas pruebas son pertinentes y ordenará llevar a cabo todas las necesarias para que estén listas para el juicio (por ejemplo librar oficios, ordenar pericias, etc.).

Megacausa ESMA: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres. Fiscal de Instrucción: Eduardo Taiano.

Apertura del debate Cuestiones preliminares Lectura de las acusaciones del fiscal y las querellas.

Se tratan los temas relativos a la constitución del tribunal, admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y presentación o requerimiento de documentos.

Declaraciones indagatorias

Recepción de pruebas

El presidente del tribunal le recibe declaración a los imputados, advirtiéndoles que el debate continuará aunque no declaren. En cualquier momento del debate los acusados pueden solicitar ampliar su declaración indagatoria.

Declaran los testigos ofrecidos por las querellas, las defensas y la Fiscalía.

Alrededor de 830 testigos declararán en este juicio.

789 son las víctimas de los delitos de lesa humanidad incluidos en la causa. El juicio unifica varias causas en función del cambio de jefaturas dentro de la ESMA.

Se reciben las demás pruebas que las partes ofrecieron a fin de que se descubra la verdad material de lo acontecido.

Son juzgados 58 imputados por delitos de lesa humanidad. De ellos, 16 tienen condenas previas. Por primera vez son juzgados responsables directos de los vuelos de la muerte y partícipes civiles.

Discusión final

Deliberación

Veredicto

Se concederá la palabra a las partes querellantes, al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a los defensores de los imputados para que presenten su alegato.

Terminado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión privada, para luego dar a conocer su decisión final.

Luego de la deliberación de los magistrados, el Tribunal convoca a todas las partes para la lectura del veredicto. Es la resolución que informa a qué conclusión se arribó respecto de la responsabilidad de los imputados, y en su caso, que pena se les impone.

Réplica: El MPF, las partes querellantes y los defensores de los imputados podrán replicar. Palabras finales: Los imputados tienen derecho a manifestar sus últimas palabras antes del dictado de la sentencia. Acto seguido el tribunal pasa a deliberar para dictar el veredicto.

Se incorporarán en formato digital o desgrabados los testimonios de alrededor de 80 víctimas, brindados en el juicio anterior.

La redacción de la sentencia –sus fundamentos- se difiere en el tiempo, dependiendo de la complejidad del debate. Después de esta instancia, queda abierta la etapa recursiva, debiendo resolver sobre los recursos interpuestos ante la Cámara Nacional de Casación Penal y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para presenciar las audiencias:

El proceso se desarrolla en la sala AMIA de los Tribunales de Retiro: Av. Comodoro Py 2002. Pueden participar los mayores de 16 años, presentándose con DNI, cédula o pasaporte.

nados en el segundo juicio de la megacausa ESMA y forman parte del juicio actual. En el fallo del segundo debate fue condenado el genocida Manuel Jacinto García Tallada a la pena de 18 años de prisión. En este tercer proceso están siendo juzgados los pilotos y tripulantes de los vuelos de la muerte, entre otros. En el Penal de Magdalena, el 17 de mayo de 1973, Mario escribió este poema sobre la Patria por la que luchó. “A MI PATRIA” ¡Oh Patria! ¡Qué fácil es nombrarte! Pues fácil te nombraron para ocultos fines y fácilmente sonaron los clarines, a veces también para arruinarte. ¡Oh Patria! ¡Qué lindo es soñarte! Pues linda te han soñado los héroes del ayer y te engañaron linda aquellos que también te arrastraron por caminos deambulantes. Pero bien sabemos, Patria mía, que te nutres con la sangre de tu pueblo, que tú brillas porque muchos gauchos nuestros al sentirte trepidar por la osadía de aquellos enemigos vergonzantes, enfrentaron con sus pechos el combate, ... y coronados de gloria morirían. A tí, que se ha ofrendado esa raza de valientes, a tí, que te han regado con sus sangres en vertientes te pido, Patriecita solamente, le brindes a tus hijos alegría.

Vuelos de la muerte Durante la etapa de los alegatos en la megacausa ESMA, el Ministerio Público Fiscal dio por acreditado que los vuelos de la muerte fueron uno de los métodos utilizados para los asesinatos y las desapariciones en ese centro clandestino. “La desaparición de personas mediante aeronaves navales garantizó la impunidad de los hechos” aseveraron. Y expusieron diversas fuentes documentales. Una de ellas es la denuncia de Rodolfo Peregrino Fernández, de la Policía Federal, en 1983. También existió una denuncia anónima sobre la participación de la Prefectura Naval en esta etapa del plan represivo, que fue enviada a la Conadep en enero de 1984. En ese mismo año, el cabo Raúl Vilariño denunció “los vuelos sin puerta”. Aseguró que Luis D’Imperio hacía el trabajo de articulación para que en las planillas de los vuelos que salían de Ezeiza no aparecieran los destinos reales. Horacio Domingo Maggio estuvo detenido-desaparecido en la ESMA hasta que se fugó. Durante el tiempo que estuvo fuera hizo diversas denuncias en las que mencionaba los vuelos de la muerte. Siete meses después de su escape fue secuestrado nuevamente y aún continúa desaparecido. En el exilio, Sara Solarz de Osatinsky, Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí revelaron que uno de los miembros del grupo de tareas dijo que “cuando arrojaba a los secuestrados se sentía Dios”. En 1995, Adolfo Scilingo describió ante Horacio Verbitsky las denuncias que venía realizando desde 1990. Scilingo escribió al entonces presidente Carlos Menem

para que investigara la muerte de Dagmar Hagelin, de Alice Domon y Leónnie Duquet. Cuando el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar los casos de los ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina, Scilingo declaró de forma voluntaria y junto a sus abogados. Allí confirmó los vuelos de la muerte y dijo que se requería la participación de todos los mandos de la Armada para que sucedieran. Scilingo fue condenado en España. El Ministerio Público Fiscal pudo identificar la modalidad de los “traslados”: eran colectivos en su mayoría, tenían una frecuencia semanal, los secuestrados eran puestos en fila, se les inyectaba pentotal, se les creaba a los secuestrados falsas expectativas sobre traslados a granjas en el sur, se escuchaban camiones y helicópteros que facilitaban el traslado hacia las aeronaves, se escuchaba música estridente esos días, los miembros del grupo del tareas utilizaron eufemismos como: “se van para arriba”, “comida de peces” y “monjas voladoras”. Todas estas cuestiones fueron verificadas por los sobrevivientes. Además, algunos conscriptos contaron sobre helicópteros, la participación de la escuadrilla de Ezeiza y la llegada de camiones a la escuadrilla. Otra prueba fue el hallazgo de cuerpos con marcas de golpes, manos y pies atadas en las costas de Argentina y Uruguay. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que pertenecían a personas que estuvieron secuestradas en la ESMA: Azucena Villaflor de De Vincenti, Reneé Leonie Duquet, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, entre otros.


Avances y desafíos de los juicios Martín Fresneda (secretario de Derechos Humanos de la Nación), Horacio Verbitsky (titular del CELS), y el juez federal Daniel Rafecas debatieron sobre el proceso de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en la apertura del XVIII Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, organizado por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en septiembre último. El panel estuvo coordinado por Eduardo Jozami.

“Tenemos que vincular más a las nuevas generaciones con estas experiencias” Por Daniel Rafecas* Es difícil efectuar un balance sobre los juicios de lesa humanidad, con perspectiva de futuro, con relación a un proceso que se encuentra en pleno desenvolvimiento. Como en todo balance, se advierte un debe y un haber, a 12 años de reapertura de los procesos. Del lado negativo, señalaría: *Lo que ha costado, y sigue costando, al Poder Judicial, el adaptarse al desafío que implican estos procesos, en su cantidad, en su envergadura y en su extensión en el tiempo. Como toda corporación burocrática, hubo que vencer muchas resistencias estructurales para poder avanzar. A ellos se suman sectores reaccionarios de la sociedad y algunos medios de comunicación, que los representan. *En cuanto a las sentencias en sí mismas, no hemos avanzado prácticamente nada en torno al esclarecimiento de la última etapa de la “solución final” encarada por la dictadura: la etapa del exterminio. En términos judiciales, frente a la gran mayoría de asesinados y desaparecidos, no sabemos en concreto quiénes lo hicieron, ni cuándo, ni dónde, a veces ni siquiera cómo. Y ello se ve reflejado en que las condenas por homicidio, en estos procesos, lejos de ser la regla, son la excepción. Tampoco se pudo diluir el ominoso pacto de silencio que reina entre los perpetradores. *Resulta frustrante la elevada cifra de casos de apropiaciones que hasta hoy siguen impunes. No sólo quedan aún unas 400 personas que no saben acerca de su verdadera identidad, sino también otras tantas familias, abuelas/os, padres y madres, hermanas/os, y demás familiares que siguen en esa búsqueda vital. *Ha sido objeto de crítica el sesgo machista que ha predominado en muchas causas respecto de la particular violencia sufrida por las mujeres. *Pese a las expectativas abrigadas, tras doce años de avances, el llamado “caso argentino”, como modelo de revisión del pasado reciente de violencia de Estado, no ha irradiado a otros países de la región. Quizás porque allí no hubo Madres, Abuelas –y ahora también Hijos- que lideraran durante décadas la lucha contra el olvido y la impunidad. Por último, no podemos dejar de mencionar aquí la trágica y hasta el día de hoy impune desaparición del testigo -y víctima del terrorismo de Estado- Jorge Julio López.

Del lado positivo, destacaría lo siguiente: *Desde que la Cámara Federal porteña confirmara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en el caso “Poblete/Hlazuk”, en 2003, los juicios se han expandido notablemente, de sur (Rawson, General Roca, Neuquén) a norte (Salta, Jujuy, Formosa, Misiones) y de este (Mar del Plata, La Plata) a oeste (Mendoza, San Juan, La Rioja). *Más de diez mil víctimas ya han sido judicializadas. Esta provisión masiva, no sólo de justicia y verdad, sino también de visibilización, contención, reivindicación y, por lo tanto, de reparación real y efectiva, a víctimas y a colectivos de víctimas, es otro hito remarcable en estos procesos. *En doce años, pasamos de un procesado (Julio Simón) a 1.500, de los cuales un tercio ya están condenados. La conformación de la “Comisión Interpoderes” y la creación de la Procuraduría de Lesa Humanidad han tenido que ver con estos progresos. Todos estos criminales atrapados por la Justicia ya no sólo no se cruzarán con sus víctimas en la calle, sino que, además, muchos de los que fueron sacados de circulación habían prosperado y progresado en los años de post dictadura: habían ascendido como oficiales de policía, gendarmería o en las FF.AA.; otros llegaron a legislador, intendente o incluso gobernador; otros ya eran o devinieron en jueces, fiscales o camaristas; los hay periodistas, empresarios, expertos en seguridad, y por supuesto, muchos de ellos se reconvirtieron como delincuentes comunes y se dedicaron a los secuestros extorsivos o el chantaje, o fueron reclutados en luchas contrarrevolucionarias del continente. *Cientos de operadores judiciales (desde empleados y funcionarios, hasta fiscales, jueces y camaristas) se han involucrado en estos procesos. En muchos casos, con una notable sensibilización y compromiso. *Este enorme proceso se ha llevado a cabo con pleno respeto de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso, tanto las de índole penal (principio de legalidad y de culpabilidad), como procesal (principio de inocencia, juez natural, defensa en juicio y doble instancia). *Se advierte un evidente retroceso de los discursos negacionistas y relativistas del terrorismo de Estado; así como también de la penetración de teorías que le son funcionales a dichos discursos, como la de los “dos demonios”, la de la

“guerra sucia”, o la de la “falta de equivalencia entre el juzgamiento a militares y a subversivos”. *Y lo que considero tal vez más importante: cuando el presidente Néstor Kirchner dio un giro de 180 grados en la postura que por quince años ejerció el Poder Ejecutivo, dejando atrás para siempre la era del olvido y la impunidad, esa decisión fue claramente contra-mayoritaria. La opinión pública, en su mayoría, estaba contaminada por aquellos discursos favorables a los perpetradores. Desde la reapertura de los juicios, ventilados a través de los medios masivos, se verificó una clara corriente de solidaridad y simpatía para con las víctimas; y de repudio a los criminales del terrorismo de Estado, que hizo que, hoy en día, entre dos tercios y tres cuartas partes de la sociedad apoye esta política de derechos humanos. Esta es, quizás, la mayor enseñanza y el mayor aporte del caso argentino a la comunidad internacional. Desde que asumí en el juzgado hace 11 años, siempre fui optimista acerca de la marcha en general de estos procesos. Lo sigo siendo ahora. No veo nubes en el horizonte. Los juicios están blindados hacia afuera, hacia la coyuntura política y mediática, y cuentan con el apoyo expreso y constante no sólo de la Corte Suprema, sino también de la comunidad internacional. Son tan evidentes los efectos positivos, por el aporte que efectúan estos juicios para hacer retroceder el modelo y la cultura autoritaria en nuestro país, que ningún partido político pretendidamente democrático podría cuestionarlos seriamente. Tenemos que profundizar la tarea de llevar las enseñanzas de estos procesos de justicia, a los contenidos y actividades formales en el ámbito educativo, siguiendo el ejemplo de Alemania en este aspecto. Esta es la misión clave dentro de lo que es la política de Estado en torno de esta cuestión. Vincular más a las nuevas generaciones con estas experiencias, con estos contenidos, desde una perspectiva histórica y de valores democráticos. En definitiva, expandir hacia los ámbitos educativos formales en todo el país –tal como se viene haciendo en el orden nacional- los efectos virtuosos del proceso de verdad y justicia: éste es, creo, el desafío del momento y una tarea urgente e impostergable para la definitiva consolidación de nuestra democracia hacia el futuro.

*Titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3


“Lo que vivimos ha sido extraordinario” Por Martín Fresneda* A pesar de que el futuro algunos lo puedan ver incierto, lo que hemos vivido hasta ahora en cuanto a la erradicación de la impunidad, en cuanto a la construcción de la memoria histórica del país, en cuanto a la restitución de identidades, en cuanto a la disputa política y cultural de lo que ha sido el pasado en la Argentina -pero el pasado desde la perspectiva del presente- es extraordinario. Cuando se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, cuando se decretaron los indultos, yo vivía en Catamarca. No había terminado la secundaria, habían matado a María Soledad Morales. A la marcha contra el indulto debemos haber ido veinte personas. El movimiento de derechos humanos era más bien visible en Buenos Aires. Y la lucha en cuanto a la perspectiva de la judicialización, era liderada por muy pocos y pocas. Más pocas, que pocos. Hubo personas con mucho coraje. Emilio Mignone decía que había que pensar políticamente y actuar jurídicamente. A mí me esclareció mucho en un momento de confusión. En los noventa, ingresé a la Facultad de Derecho y planteábamos algunos interrogantes con respecto a la viabilidad jurídica de anular leyes que habían sido ratificadas por el Congreso y por la Corte Suprema de la Nación. La academia judicial nos planteaba cientos de barreras discursivas. Entonces hay que recordar el planteo inteligente en el caso Carmen Aguiar de Lapacó, patrocinada por el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se llegara a esa solución amistosa en la que se planteó que si bien existía la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida, que no permitía que el Estado argentino pudiera llevar adelante una política judicial de persecución penal a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, eso no impedía que se pudiera iniciar un proceso para cumplir y garantizar el derecho a la verdad. Y los Juicios por la Verdad fueron una de las puertas que se abrieron. Al mismo tiempo en Córdoba se llamaba como testigos a quienes debían ser imputados. Como a Luciano Benjamín

Menéndez, que dijo: “Yo no puedo declarar como testigo de hechos de los cuales yo soy responsable”. Y nos generaban contradicciones horrorosas. Pero era muy importante que Menéndez enfrentara a un juez. Estoy hablando de 2001. Y logramos que quedara preso un día por falso testimonio. Desde ahí venimos y hoy llegamos a la cifra de 622 condenados, de 1064 procesados. En cada juicio, en cada testimonio, en cada militante, ex militante o víctima del terrorismo de Estado que se sienta frente a un juez, se genera un proceso reparatorio extraordinario, que no tiene precedente, porque finalmente lo que logramos es que las víctimas sean escuchadas. Y que la consecuencia de ese relato horroroso sea la respuesta del Estado de condena o absolución. Entonces esa lucha no fue en vano. Esa es la experiencia que hay que destacar, porque están las victimas y miles de militantes, de abogados, de compañeros que están buscando las pruebas para reconstituir que pasó ese último día, esa última hora y que pasó, cómo fue el operativo y cuál fue la lógica. En esa línea, fue un avance importantísimo la creación de la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación. No fue Néstor Kirchner el que planteó la inconstitucionalidad de las leyes. Pero fue él cuando asumió, representando a las grandes mayorías populares, en nombre del Estado argentino, el que pidió perdón y prometió erradicar la impunidad en la Argentina. Y lo hizo en este lugar, hace mucho tiempo, también garantizando que esa justicia no fueran sólo las condenas, sino también la apropiación del pueblo argentino de las herramientas pedagógicas para construir las garantías de no repetición, del Nunca Más. Creo que ha sido determinante para muchos de nosotros que fuimos incluidos desde esa perspectiva en este proyecto de país, en el cual los derechos humanos dejaron de ser parte de solamente de una bandera, de un movimiento que los ha

sostenido y lo sigue sosteniendo, sino que son una política de Estado, una política transversal. No puedo dejar de decir que veo con preocupación que hubiera catorce abstenciones en la votación para que se creara una comisión para investigar las complicidades económicas de la última dictadura. Esas catorce abstenciones fueron de diputados del PRO. Pero esa deuda pendiente no puede ser postergada en el tiempo, porque tiene que ver justamente con quienes generaron o fueron partícipes necesarios del estropicio económico, financiero, que vivió el país y que tuvo consecuencias en el cuerpo, en la salud, en la vida de muchos argentinos y argentinas. Y ha generado la peor brecha de pobreza durante todo ese periodo. Coincido en que este proceso ha sido apropiado por gran parte de los argentinos, por la acción política, por los procesos educativos, por las políticas de memoria que tuvimos, por el movimiento extraordinario de derechos humanos. Ahora tenemos la obligación ética de llevar adelante lo que falta para concluir el proceso de justicia. El proceso de memoria no concluye nunca, si es que tenemos una visión de la memoria dinámica y generosa para con las nuevas generaciones. El futuro depende, sin duda, de las composiciones políticas, pero también del movimiento que la sociedad genere. Nuestra responsabilidad es avanzar en la inclusión de todos los que quedaron despojados en esa Argentina desigual que generó la dictadura. Sabemos muy bien que los que no están ya no regresan, sabemos que la muerte es irremediable, pero lo que no es irremediable es la vida. Tenemos que disfrutar de estas viejas hermosas, de la memoria de las que se fueron, disfrutar de los que vendrán. Tratemos de ser felices porque lo que vivimos en estos años, lo vamos a recordar como los mejores momentos de nuestras vidas.

*Secretario de Derechos Humanos de la Nación

“El conjunto de la sociedad argentina asumió este proceso como propio” Por Horacio Verbitsky* Es cierto que hay intentos de frenar este proceso. Creo que esto obedece a dos razones, una razón es de oportunidad. Cada vez que se avecina un cambio de gobierno hay intención de modificar algunas políticas y se ejerce una presión muy fuerte. Tengo algún recuerdo en este sentido, por ejemplo las misas por la reconciliación que el Episcopado católico celebró en la Navidad de 1982. La misa que el obispo Emilio Ogñenovich organizó en agosto de 1989. La propuesta de sustituir los juicios por una mesa de diálogo para alcanzar la memoria completa que al comenzar el gobierno de la Alianza le transmitió el cardenal Jorge Bergoglio al jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y el pedido de amnistía para Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y un centenar de represores que el obispo Agustín Radrizzani le entregó al Gobierno en la misa del Bicentenario en mayo de 2010. Ahora acaba de decir el obispo jubilado Jorge Casaretto que el bicentenario de la independencia -y la posible visita del Papa- sería la oportunidad señalada para la mítica reconciliación. Por otro lado, hay razones que tienen que ver con los avances que en los últimos tiempos se hicieron para la ampliación del espectro a investigar y eventualmente a castigar. Diputados dio media sanción al proyecto de creación de una comisión investigadora de esta complicidad civil que -a partir del libro “Cuentas pendientes”, que publicamos junto a Juan Pablo Bohoslavsky- presentó Héctor Recalde. Es extraordinario el resultado de esa votación: terminó 170 a 0, con una docena de abstenciones. No hubo un solo diputado que se animara a votar en contra. Está descontado que los militares, policías y penitenciarios que pusieron las manos sobre los cuerpos de las víctimas tienen que pagar, están pagando y van a pagar, eso ya no se discute. La preocupación es el avance hacia una comprensión más profunda de lo que fue la dictadura y por eso en este momento se producen todas estas manifestaciones. Entre 2006 y agosto de 2015, de acuerdo a los registros que llevamos en el CELS, hubo 622 condenados y 57 absoluciones. Pero antes de llegar a la etapa del juicio, en la etapa de instrucción, hubo 196 personas a las cuales se les dictó la falta de mérito porque no había elementos suficientes, ni para absolverlos, ni para procesarlos; y 54 que fueron sobreseídos por falta de pruebas al respecto. Es decir, un total de 622 condenados; y 307, entre absueltos y sobreseídos. Estos datos generan una crisis muy fuerte a las imágenes que

intentan instalarse, con respecto a que estos juicios no son justicia sino venganza. Las facilidades defensistas son una de las mejores cosas que podemos mostrar, aunque sea un engorro para quienes tienen que hacerlo, y aunque para nosotros que somos representantes de las víctimas y que somos, además, familiares de víctimas, cada absolución, o cada sobreseimiento, o cada falta de mérito es una frustración. Pero es la prueba irrefutable del respeto por los derechos y garantías, por la defensa en juicio, por el debido proceso… Y se han hecho estos procesos con los procedimiento comunes, con los tribunales comunes, sin ninguna excepcionalidad (…). Este proceso es el resultado de muchos años de lucha del pueblo argentino, de quienes resistieron durante la propia dictadura, de quienes denunciaron nacionalmente e internacionalmente sus crímenes, del juicio de 1984/1985, de las audiencias cuando llegaban los familiares con la copia del recurso que habían presentado, del habeas corpus. Y los que asistíamos al juicio, decíamos “esos papelitos…”, que parecían que no servían de nada. Sin embargo, ahí hubo una voluntad de justicia que, cuando llegó el momento, hizo que sus papelitos valieran, y las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las misiones de Amnesty, de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Colegio de Abogados de Nueva York, que los organismos promovieron, y muy especialmente el CELS, Emilio Mignone y Augusto Conte, todo eso permitió que el juicio de 1984 tuviera una solidez de pruebas muy grande. Cuando se produce la reacción de los alzamientos militares que impide la continuidad de los juicios y sanciona las leyes de impunidad y luego los indultos, los organismos, las víctimas prosiguieron con la lucha, con la denuncia. Y hubo una interacción entre lo que pasaba adentro del país y lo que pasaba afuera, porque cuando no había jueces en Argentina, se buscaron afuera. Aquí está Lita Boitano que promovió los juicios en Italia… También hubo juicios en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, aunque esos no prosperaron. ¡Y los juicios en España, con el fiscal Carlos Castresana y el juez Baltasar Garzón! Todas esas cosas permitieron que algunos jueces argentinos se decidieran avanzar en aquellos puntos que las leyes de impunidad no habían cerrado: por ejemplo, los saqueos de bienes y los robos de los hijos de los detenidos-desaparecidos. Y los

juicios por la verdad que inició Mignone, luego de la confesión del capitán Scilingo, planteando que si las leyes de impunidad impiden castigar no relevan al Estado del deber de investigar e informar. Y esto fue aceptado por la Cámara Federal y comenzaron los juicios por la verdad, que se extendieron a todo el país. De 1984 en adelante, cada vez que hubo una encuesta -ya sea sobre determinadas medidas en el Juicio a los Comandantes, sobre el Punto Final, etcétera- siempre hubo un porcentaje mayoritario, que ha oscilado entre el 50 y el 80 por ciento, que se pronunció en contra de la impunidad. Todos esos avances, nos permitieron, desde el CELS, pedir la nulidad y la inconstitucionalidad en el año 2000. En ese momento, entendimos que estaban dadas las condiciones. Sabíamos que en torno al 25° aniversario del golpe de Estado iba a ver una gran movilización social, que iba a equilibrar el peso de todas las presiones de los poderes fácticos. Esa movilización iba a permitir que el juez decidiera libremente y así fue. En marzo de 2001 Gabriel Cavallo dictaminó la nulidad de las leyes. Y fue confirmado el mismo año por la Cámara Federal y luego fue en otras causas. Pero faltaba la confirmación de la Corte y aquí entra el tema del poder político. Néstor Kirchner pudo hacer lo que hizo porque todo esto había ocurrido antes. Pero si él no hubiera llegado, no es claro como hubiera resultado ese equilibrio inestable entre la movilización social y los poderes fácticos. Cuando Kirchner asume ya había un centenar que estaban privados de su libertad por robos de niños, por saqueos, otros con pedido de extradición, pero siempre estaba pendiente la posibilidad de que la Corte Suprema revirtiera eso. La decisión que Kirchner tomó fue fundamental. Todo este proceso es el resultado de la acción de distintas personas en distintos lugares del país. Y eso es lo que asegura que este proceso no tiene reversión: no van a poder dar marcha atrás porque hay un motor que son las víctimas, sus familiares, sus descendientes, sus ascendientes y el conjunto de la sociedad argentina, que ha asumido esto como propio y no hay duda de que esto es así.

*Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)


Cómo juzgar a los cómplices civiles "El proceso abierto en 2006 hoy es una política de Estado y no puede haber una marcha atrás", dice Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. -¿Qué otros casos similares se pueden mencionar? -Otro ejemplo paradigmático es Bahía Blanca, donde se observa la complicidad civil para obstaculizar y frenar las investigaciones, como ocurrió con los llamados a indagatoria del titular del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, ambos vinculados con la última dictadura. De todos modos, el Consejo de la Magistratura de la Nación investigó estas dilaciones y luego hubo una Unidad Fiscal que insistió en los llamados a indagatorias. -Como señaló, una de las grandes demoras judiciales se da con respecto a la investigación de la complicidad de civiles en el terrorismo de Estado, especialmente con funcionarios judiciales y empresarios. ¿Se podrá avanzar en esas causas? -Hay resistencias, pero también es cierto que hay algunos avances. Si uno piensa en la jurisdicción de Jujuy, con el caso de Carlos Pedro Blaquier, el problema no fue jurisdiccional, porque hubo un juez -y luego una Cámara- que confirmaron su procesamiento. Ahí la dificultad estuvo en Casación, que hizo algo que jamás había hecho y que, de hecho, no volvió a hacer: analizar la prueba, en el marco de un procesamiento, cuando es algo que no le corresponde. Pero la relación de ese empresario con los tres jueces de la Cámara de Casación son indicios que uno tiene... Fue algo realmente inédito. Por eso, los abogados querellantes denunciaron a los tres jueces que firmaron esa resolución, porque se excedieron en sus funciones y sus facultades. Hoy el caso está en el Ministerio Público, porque la Corte lo remitió a la Procuración para que dictamine. Pero en jurisdicciones como Bahía Blanca se atrevieron a avanzar en el caso Massot, con todo lo que eso implicó, porque hubo un juez cesanteado injustamente por un juez de Cámara que hoy está con un jury abierto. También la causa Ford ya está para que se inicie el juicio, aunque falta que se integre el tribunal. Además se dispusieron varios allanamientos en otras causas. Pero hay que tener en cuenta que probar la responsabilidad empresarial es complejo.

“El contraste entre los casi veinte años de obstáculos a la judicialización de todos los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, y la actual etapa de casi diez años de juicios es evidente: de sólo 23 condenados a 645 sentenciados en el marco del nuevo proceso”, señala el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realizado a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Actualmente son 2051 las personas que están siendo o han sido investigadas en causas por delito de lesa humanidad en todo el país. Sin embargo, sólo un tercio de los imputados han obtenido sentencia. Se registran 592 condenados y 53 absueltos entre 2006 y junio de este año. El informe del Ministerio Público Fiscal muestra que hubo avances, pero que queda mucho por delante: son 300 las causas en las que se investigan los crímenes del terrorismo de Estado que aún no han tenido sentencia, de las cuales poco más del 50 por ciento está en etapa de instrucción. Abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante más de una década, Carolina Varsky asumió en agosto de 2013 como coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que dirige Jorge Auat. Aquí traza un balance sobre los logros y las asignaturas pendientes en el proceso de juzgamiento de los delitos cometidos durante la última dictadura. -¿Qué significado social y político conlleva el hecho de que los juicios de lesa humanidad se estén llevando adelante allí donde se cometieron esos crímenes? -Recordemos que hubo muchas discusiones sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el caso sobre la masacre de Margarita Belén, era importante que el juicio se realizara en la ciudad de Resistencia, donde ocurrieron los hechos, donde estaban los testigos, donde las personas del lugar sabían lo que había pasado; y no en Rosario, donde se había iniciado la causa por ser la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, del que depende el regimiento chaqueño. Es relevante pensar en el universo de testigos, en la inmensa cantidad de hombres y mujeres que pasaron por un debate y en la cantidad de personas que fueron a escuchar las audiencias y todo lo que se logró conocer en esos juicios. Estos debates trajeron nuevos datos y permitieron que el testimonio de las víctimas, sobre todo aquellas que ya habían declarado en el Juicio a las Juntas, fuera mucho más rico.

-¿En qué sentido? -Esto se logró porque surgió un tribunal que estaba dispuesto a escuchar un poco más allá, no sólo acerca de cómo fue el secuestro de la persona y sobre quién fue el autor del hecho. Apareció un testimonio en primera persona, las víctimas pudieron contar -especialmente, los sobrevivientes- qué fue lo que les pasó, qué significó estar secuestrado en un centro clandestino, qué sucedió después, cómo fue el reencuentro con sus familiares. Hasta el momento nadie le había preguntado sobre estas cuestiones. Comenzó a funcionar un Ministerio Público Fiscal más comprometido, que se interesaba por estos temas y un tribunal dispuesto a escuchar. Lo mismo sucedió sobre los delitos sexuales. En el Juicio a las Juntas, mujeres y hombres declararon sobre estos delitos, pero no había quién escuchara y recepcionara estos temas y quién peleara porque que este delito fuera considerado distinto al de la tortura. La primera sentencia por delitos sexuales fue en 2010. Hoy tenemos doce fallos que dicen que hubo delitos sexuales, que detallan quiénes fueron los responsables como autores directos o mediatos. También fue un gran avance que se comenzara a investigar a los civiles. No es un tema del que no se había hablado antes, pero siempre las investigaciones se centraban en las Fuerzas Armadas y en la identificación de los responsables directos y de las víctimas. De esta manera, los civiles y los delitos sexuales quedaron relegados hasta que las investigaciones se focalizaron en esos temas, lo que permitió que se conociera la complicidad de algunos jueces que participaron de determinadas prácticas represivas y los empresarios que permitieron que se instalaran centros clandestinos de detención. Ahora la idea es poder avanzar en los posibles autores y responsables de los delitos de lesa humanidad que no integraban las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. De todos modos, se presentan muchas dificultades, porque cuando se investiga a los funcionarios judiciales, muchos de ellos todavía están relacionados o enquistados en la corporación judicial. Y con los empresarios sucede algo similar. Es ahí donde los juicios se empiezan a demorar y se frenan las investigaciones. Lo mismo ocurre con la Iglesia. Por ejemplo, está imputado el sacerdote Emilio Teodoro Grasselli, secretario del vicariato castrense durante la última dictadura. Dos fiscales pidieron su indagatoria. Pero no se pudo avanzar en esta causa. Hay muchos testigos, particularmente en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, que relatan que lo fueron a ver a Graselli y que el sacerdote tenía registrados varios nombres en fichas que, durante años, rellenó con datos de desaparecidos. Pero se observan obstáculos que hay que remover y se dan porque se registran complicidades entre los jueces.

Hubo 592 condenados y 53 absueltos entre 2006 y junio de 2015. La Procuración destaca los avances, pero advierte que queda mucho por delante: 300 causas aún no han tenido sentencia. -¿A qué se debe esa complejidad? -Cuando uno tiene que investigar a un integrante de las Fuerzas Armadas, hay un plan, un reglamento y unos legajos que permiten construir la responsabilidad que ese señor tuvo en determinada jurisdicción. Pero probar la responsabilidad empresarial es más complejo en términos de la documentación. Por eso hubo que aggiornarse con respecto a la documentación que se incorpora a los expedientes. Es decir, hubo que empezar a leer otros documentos que podían traducir el accionar de una empresa: indagar en los libros contables, los libros de salarios… Así es que se llega a entender, por ejemplo, qué pasó con el fondo de indemnizaciones que tenía Loma Negra al momento que desaparece (N de R: el abogado laboralista Carlos) Moreno. Ese tipo de entrecruzamientos fue algo que tuvimos que aprender en el transitar de esos casos. No son elementos que un abogado tenga a mano. Hubo que convocar a expertos contables que pudieran traducir esos lenguajes, crear equipos interdisciplinarios, abriendo formas de investigación que no se habían utilizado hasta el momento. -El diario La Nación planteó en una editorial reciente: “Lo cierto es que, después de más de una década de siembra constante y perversa de resentimientos, odios, divisiones y enfrentamientos entre los argentinos, nuestro país tendrá pronto una oportunidad para promover la reconciliación”. ¿Considera que este proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad continuará luego del cambio de gestión presidencial? -El proceso abierto en 2006 hoy es una política de Estado y no puede haber una marcha atrás. Por eso celebro que en la reunión de la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad hayan coincidido la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia, la presidenta del Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación en que los juicios son una política de Estado. Y creo que la única reconciliación posible es con las instituciones de la democracia.


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Pablo Lepíscopo Nació el 16 de marzo de 1955 en Buenos Aires. Fue el mayor de los tres hijos varones de Ñeca y Ángel. De familia trabajadora, Pablo disfrutó mucho de su infancia. Le gustaba ir a la pileta del Club de Telefónicos y era “loco por la playa” cuando viajaban a Mar del Plata a visitar tíos y primos. Creció en una casa donde se hablaba mucho de política, y él la “llevó a la práctica, como tantos de su generación”, reflexiona su madre. Hizo el secundario en el Nacional Buenos Aires. “Ahí comienza la historia”, dice Ñeca. Durante el primer año asistió al campamento del colegio y “volvió ya con la cabeza abierta”. Comenzó a militar en el Frente de Lucha de Secundarios (FLS).

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Marta Mastrogiacomo Marta nació el 20 de diciembre de 1945, en Capital Federal. Vivió su infancia en la casa de sus abuelos maternos en Belgrano y fue al colegio “Nuestra Señora de la Misericordia”. Era sumamente disciplinada y apasionada en lo que hacía. Disfrutaba de la lectura, y jugaba con su hermana menor a representar los libros que leían, especialmente “Sandokan”. “A pesar de las peleas y los celos”, resalta su hermana, fue “muy protectora” y “un referente muy importante para mí”. Adoraba a sus sobrinos, fue una tía presente y una hija dedicada.

A los 17 años, para seguridad de su familia, “Pisco” –como lo apodaban– decidió ir a vivir a una pensión. Hizo un curso de tornería, empezó a trabajar en una fábrica y se unió al Peronismo de Base (PB). Luego se alejó del PB y se sumó a la Columna Norte de Montone>> ros. En 1979 empezó a estudiar Sociología, sin embargo su madre cuenta que él ya había elegido otra carrera para su vida: “la revolución”.

“Mila” o “La Tana”, como le decían sus compañeros, estudió Letras en la UBA. Allí, durante la dictadura de Onganía, militó en ARFyL, la agrupación de izquierda que respondía al PC. A partir de la fractura del Partido, pasó al PCR. Por ese entonces “en su vida irrumpió, arrasando con todo, el amor militante en la figura de Hugo, dirigente del PCR y del centro de estudiantes. Lo quiso absolutamente, con toda su inteligencia, con toda su emoción, con toda su capacidad de entrega” recuerda Ana, su amiga de aquellos años. En 1969 Marta se incorporó a las FAL, y luego al peronismo en la JTP.

“Pablo tenía ojos color de agua, era un tipo muy inteligente y cariñoso, transmitía serenidad. Era un apasionado de la historia y de la política, disfrutaba mucho de la música y de ir a remar al Tigre”, recuerda Betina, su compañera, con quien se conocieron en el colegio y compartieron militancia en el Peronismo de Base.

Fue docente de griego antiguo en la UBA, correctora de estilo en una editorial y tradujo varios artículos del inglés. Como parte de su militancia trabajó en las revistas “YA”, “Es Tiempo de Pueblo” y “El Descamisado”, cubriendo numerosos conflictos obreros, y escribió el libro El movimiento obrero argentino.

El 5 de agosto de 1979 un Grupo de Tareas esperaba a “Pisco” en la puerta de la casa familiar en Beccar. Lo secuestraron junto a Betina y ambos fueron llevados a la ESMA. Ella fue liberada a los pocos días, Pablo continúa desaparecido.

Luego aprendió a coser para poder trabajar en una fábrica y desde allí formó parte activa en el gremio del vestido. Marta fue secuestrada el 20 de octubre de 1976 y llevada al CCD-ESMA. Permanece desaparecida.

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Edgardo de Jesús Salcedo Creció en una familia de clase obrera de Boulogne, Provincia de Buenos Aires, junto a sus nueve hermanos. Estudió Derecho e Historia en la Universidad de Buenos Aires. Desde muy joven comenzó a militar, formando parte de distintas organizaciones políticas de filiación peronista. En 1966 participó del “Operativo Cóndor” para recuperar las Islas Malvinas y, como consecuencia de ello, la dictadura de Onganía lo mantuvo preso durante casi un año en Tierra del Fuego. Junto a otros miembros de su familia, coordinó tres Unidades Básicas en la zona de Los Polvorines de la Provincia de Buenos Aires, conocida en ese entonces como “Kilómetro 30”. Posteriormente trabajó en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y allí fue elegido delegado de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), rama sindical de la Organización Montoneros. Quienes compartieron esa etapa con él lo recuerdan por su calidad humana y compromiso político.

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Hugo Luis Onofri El “Loro”, como lo llamaban sus compañeros, pasó la infancia con sus padres y su hermana menor en el barrio de Agronomía, en una casa que la familia logró comprar con mucho esfuerzo. En esos años participaba de los bailes y fiestas de carnaval que se organizaban entre vecinos. Terminó sus estudios secundarios en el Liceo Militar y empezó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En ese ámbito se acercó a nuevas ideas políticas y fortaleció su compromiso social. Trabajó en la fábrica de chocolates Águila Saint y, cuando fue despedido, donó toda su indemnización para ayudar a personas de La Cava, barrio en el que militaba.

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María Esperanza Cacabelos Era la hija mayor de cinco hermanos. Le decían “Pachi”. Mientras estudiaba Historia en la Universidad del Salvador, se sumó a un grupo jesuita vinculado al movimiento tercermundista, con el que viajó a la Provincia de Entre Ríos para conocer los problemas de los hacheros y trabajar con ellos. Dio clases en el Instituto Ceferino Namuncurá, en la Provincia de Buenos Aires. Sus alumnos la recuerdan con inmenso cariño, como una persona con quien podían hablar de política. Era, según dicen algunos, la “consultora en temas de ética y dignidad humana”. Formó parte de la Juventud Peronista (JP) y en 1972 se incorporó a la Organización Montoneros junto a Edgardo, con quien se casó un año después, y tuvieron a su único hijo, Gerardo. Sus compañeros de militancia cantaron a viva voz la Marcha Peronista en la entrada de su casamiento. El 12 de julio de 1976, un Grupo de Tareas de la ESMA los asesinó en su domicilio. Su hijo de 2 años sobrevivió. Esperanza tenía 27 años y Edgardo, 31.

En Beccar participó de la apertura de la Unidad Básica “Ramón Césaris”, donde se coordinaba el trabajo político de varias organizaciones peronistas de la zona. También militaba en Tigre, vinculado a los astilleros. Formó parte de la organización Montoneros y llegó a estar a cargo del Área de Logística a nivel nacional. En 1973 conoció a Ana María, en una “cita” de la organización, a la que ella también pertenecía. Se enamoraron rápidamente y comenzaron una relación. Para Ana, el “Loro” era una persona despojada de todo interés material y personal, tierno y con una locura terrible por sus hijos. “Lo que más lo alegraba era la belleza humana, la gente, los compañeros del barrio… y después disfrutaba sí, las reuniones, el asadito, el vinito, el hogar”. Hugo Luis fue secuestrado en el barrio de Boedo el 20 de octubre de 1976, fecha en la que se produjeron secuestros masivos, conocida como el día de las “citas nacionales”. Fue visto en el CCDTyE que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía 31 años. Al día de hoy, permanece desaparecido.


Lanzado en 2014, el programa está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene como objetivo generar espacios de debate y reflexión sobre la participación de los jóvenes en las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad. Compartimos algunas reflexiones sobre la experiencia que vivieron jóvenes y docentes en esta edición, en la que se inscribieron más de 1300 estudiantes. Más información: programaseducativos@espaciomemoria.ar


Megacausa ESMA: Diario del Juicio Nº 8