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Libertad de ensen?anza:Escuelas

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educativa, a pesar de que se iban sucediendo sentencias que reprobaban su actuación, siguió de idéntica forma en posteriores convocatorias, sin que por ello tuviera ningún menoscabo, dejando a los centros, sin justificación alguna, sin dichas unidades hasta que se resolviera, en su caso, un procedimiento judicial inevitablemente de dilatada duración. Nos parece por ello, que el proceder de la Administración justifica que los centros, ya que no pudieron escolarizar al alumnado, al menos quedaran compensados por los ingresos que no pudieron percibir, conforme a sus presupuestos. Por ello se empezó a solicitar la condena a la Administración del coste total de las unidades que no concertaba. En su defecto, es decir, subsidiariamente, de no estimarse esta petición, se planteó que se abonara por la Administración educativa, al menos, la cuantía correspondiente a la partida de “otros gastos”. De este modo, del coste de dichas unidades, en todo caso, el centro sólo se “ahorró” al no ponerlas en funcionamiento el coste correspondiente al personal docente, no así el de la partida de “otros gastos”, pues el centro tenía físicamente dichas unidades, aún cuando no se utilizaran, tuvo que invertir en las mismas y tuvo que mantenerlas y conservarlas en perfecto estado, así como su equipamiento. Si el fallo estimatorio de los intereses del centro, que comporta un reconocimiento del derecho del mismo al concierto educativo, desde años atrás, no conlleva el pago por la Administración educativa del coste de las unidades que debió haber concertado en ese momento, se impide en la práctica, que la sentencia tenga algún efecto real, se la vacía de contenido. Las sentencias no reconocen un derecho del centro al concierto en el momento de dictarse el fallo, sino que determinan el derecho del centro al concierto en el momento de la solicitud del mismo. Es evidente que la sentencia no puede devolverle al centro la escolarización de los alumnos que no pudo tener, pero sí debe conllevar el pago por la Administración del costo de dichas unidades. En caso contrario, si la sentencia no condena a la Administración a dicho pago, que es en realidad en lo que consiste un concierto educativo, que es el fundamento y contenido del concierto, la misma carece del menor efecto práctico y la Administración educativa habría conseguido indefectiblemente, con una actuación reconocida judicialmente como inadecuada, injusta y arbitraria, su propósito de no concertar las mismas, durante la totalidad o la mayor parte del periodo de cuatro años previsto reglamentariamente. La jurisprudencia que estudiamos en este trabajo del TSJ de Andalucía ha sido muy dispar en esta materia. En los primeros procedimientos los centros llegaron a implantar, aun con la denegación del concierto educativo, la totalidad o parte de las unidades cuyo

LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CONCIERTO EDUCATIVO

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Libertad de enseñanza y concierto educativo  

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