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Libertad de ensen?anza:Escuelas

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tículo 27.9 de la Constitución, por cuanto que ésta remite a la Ley el establecimiento de los requisitos que deben reunir los centros docentes para que puedan acogerse a la ayuda de los poderes públicos. Esto no significa que los centros privados que imparten niveles no obligatorios, y que a su vez reúnan los requisitos exigidos en la Disposición adicional tercera de la tan repetida Ley y en la sexta de su Reglamento de 18 de diciembre de 1985, es decir, los que en la fecha de promulgación de aquélla estuviesen sostenidos total o parcialmente con fondos públicos, no pueden solicitar la celebración de conciertos singulares, pero sí que su denegación por la Administración —y desde luego no existe un derecho subjetivo a su celebración por la insoslayable limitación de las disponibilidades presupuestarias— en ningún caso puede entrañar vulneración del artículo 27.9 de la Constitución. Cualquier hipotética infracción de las Disponibilidades adicionales antes citadas, cuyo significado y alcance hay que poner en relación con las normas legales y reglamentarias a las que hacen expresa remisión, no puede alcanzar rango constitucional por la vía de Derecho fundamental establecido en el precepto examinado, por lo que este primer motivo desborda los cauces del proceso especial en que nos movemos”. STS de 11 de marzo de 1987, F.J. 3º (El Derecho 1987/1990)75. No obstante, consideramos que podría merecer la pena estudiar si es posible actualizar o modificar esta jurisprudencia sobre la enseñanza postobligatoria. Otra cosa es si realmente resulta hoy día interesante utilizar una vía procedimental especial, que en la práctica no garantiza una resolución más rápida y siempre puede provocar algún problema de competencia. La reciente jurisprudencia del TSJ de Andalucía, fundamenta la concertación de la postobligatoria en estos términos: “(…) el recurso debe estimarse reiterando lo declarado por esta Sala (Recurso 2284/96) que ‘la obligación constitucional de ayuda a los centros docentes establecida en el art. 27.9 en cuanto garantía del derecho a la elección de centro en condiciones de igualdad, se vulnera si se deniega o reduce un concierto, sin el fundamento derivado del incumplimiento de los requisitos que lo determinan de acuerdo con lo establecido en el art. 62 de la Ley 8/1985 de 3 de julio y art. 42 y siguientes del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos” 76.

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Véase también, como ejemplos, STS de 14 de junio de 1987 (El Derecho 1987/4751); 3 de julio de 1987 (El Derecho 1987/5372). STSJ de Andalucía de 28 de abril de 2003, F.J. 4º; 1 de junio de 2005, F.J.4º; 6 de julio de 2005, F.J. 4º; 8 de septiembre de 2005, F.J. 4º; 31 de mayo de 2006, F.J. 4º; 19 de octubre de 2006, F.J. 4º; 15 de febrero de 2007, F.J. 3º (tres sentencias en dicha fecha); 15 de marzo de 2007, F.J. 2º.

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