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Libertad de ensen?anza:Escuelas

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novedad: “La ley pretende superar, por tanto, la rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos”. El atentado contra lo establecido en el art. 27 de la Constitución se produce por tanto, desde el momento en que injustificadamente se priva a un centro educativo concertado del sostenimiento económico necesario para ejercer los derechos reconocidos en el mismo y hacer eficaz la libertad de enseñanza consagrada por la norma fundamental. Siguiendo este criterio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 7 de julio de 1997, al recurso núm. 2284/1996 D.F., anterior a la jurisprudencia analizada en este estudio, ya estableció en su Fundamento Jurídico Tercero: “Ha alegado la Administración Demandada, la inadmisibilidad en la vía de este Proceso especial. Sin embargo a pesar de la invocación en la demanda de preceptos relativos a las normas básicas sobre conciertos que desde luego pertenecerán al ámbito de legalidad ordinaria sin trascendencia constitucional, es lo cierto que la reducción o no del Concierto Educativo tiene relevancia constitucional. Tal ha sido hasta ahora en general la interpretación del Tribunal Supremo que ha insistido en que la denegación o rescisión del concierto (en este caso parcial) para Centros que venían siendo subvencionados “suponía la violación de derechos fundamentales consagrados en el artículo 27 de la Constitución en cuanto afectaba al derecho a la libre creación de centros docentes, cuyo mantenimiento, en otro caso, quedaría mediatizado por los actos impugnados” interpretando además que el régimen de ayudas a los centros docentes es objeto de una regulación expresa en la Ley 8/1985 por imperativo del artículo 27.9 C.E. Puede en todo caso agregarse que la obligación constitucional de ayuda a los centros establecida en el artículo 27.9, en cuanto garantía del derecho a la elección de centro en condiciones de igualdad, se vulnera si se deniega o reduce un concierto sin el fundamento derivado del incumplimiento de los requisitos que lo determinaron de acuerdo con lo establecido en el art. 62 de la Ley 8/1985 de 3 de julio y artículo 42 y siguientes del Real Decreto 2377/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos”. También se admitió el procedimiento especial en esta materia y se entendieron vulnerados derechos fundamentales, por ejemplo, en STSJ Andalucía de 29 de octubre de 1998 (Secc. 1ª, recurso 1947/1997, véase F.J. 1º), STSJ de Anda-

LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CONCIERTO EDUCATIVO

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Libertad de enseñanza y concierto educativo  

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