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Libertad de ensen?anza:Escuelas

28/5/09

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no siendo atendible en el caso enjuiciado las necesidades de escolarización, es irrelevante tanto lo que se aduce sobre que el expediente había motivado bastante sobre esta cuestión como lo esgrimido sobre la discrecionalidad técnica”. Por otro lado, y sin detrimento de todo lo anterior, las necesidades de escolarización pueden ser establecidas por los poderes públicos, pero no de forma arbitraria o como término jurídico indeterminado, sino en virtud de criterios fijados en la Ley. Véase, al respecto, amplia y recurrente jurisprudencia del TS (STS 24 de enero de 85; 16 de enero de 1986; 7 de junio de 1986; 23 de mayo y 7, 8, 15, 19 y 20 de junio de 1990; 21 de septiembre de 1990;…), que expresamente manifiesta que “la regulación de las necesidades de escolarización es materia vedada a la Administración, por ser de la sola competencia del poder legislativo”. Entendemos que el reconocimiento de la cobertura de las necesidades de escolarización debe venir marcado por su ineludible relación con la demanda social y por el propio reconocimiento que puede hacerse en los informes de órganos de la Administración educativa más cercanos al centro, siempre claro, que dichos informes reflejen la realidad y no vengan predeterminados por órdenes de la propia Consejería, como se ha acreditado en muchos de los supuestos objeto de este estudio, en los que la Administración educativa ha cercenado cualquier viso de independencia y autonomía de sus órganos dependientes, en beneficio de sus planteamientos ideológicos de disminuir la oferta de la enseñanza concertada40.

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Alguna jurisprudencia previa establecía que los indicadores para el reconocimiento de la satisfacción de necesidades de escolarización venían tasados en el art. 21 del Reglamento de conciertos, que en parte recoge lo establecido por el art. 48.3 LODE, pero añade algunos elementos de concreción. Así dice: Art. 21 Reglamento de conciertos: “1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los centros privados que satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo, presentarán, junto con la solicitud de concierto, una memoria explicativa de las circunstancias señaladas, que será evaluada por la Administración educativa competente. 2. La memoria explicativa deberá especificar, en cada caso: a) Los términos en que se satisfacen necesidades de escolarización de acuerdo con la demanda existente en la comarca, municipio, o, en su caso, distrito en que esté situado el centro. b) Las condiciones socioeconómicas desfavorables de la población escolar atendida. c) Las características de las experiencias pedagógicas realizadas en el centro y el interés que las mismas suponen para la calidad de la enseñanza y para el sistema educativo. A efectos de lo señalado en los apartados a) y b) se podrán utilizar como indicadores para la evaluación de las memorias presentadas, entre otros, la insuficiencia de la oferta de puestos escolares en centros sostenidos con fondos públicos, el volumen de alumnos acogidos al transporte escolar y el coste de los servicios complementarios del centro. Se considera, en todo caso, que un centro no satisface necesidades de escolarización o no atiende a poblaciones desfavorecidas cuando su ubicación impida el acceso al mismo de alumnos que carezcan de recursos económicos para hacer frente al coste de los servicios de transporte y comedor escolares”. No obstante, nos parece simplista y desacertado vincular las necesidades de escolarización sólo a esos únicos indicadores. De hecho el artículo no pretende, ni recoge, una relación tasada, cerrada, sino que dice expresamente que “se podrán utilizar como indicadores”.

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LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CONCIERTO EDUCATIVO

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