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Libertad de ensen?anza:Escuelas

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el recurso la cuestión esencial respecto de la necesidad de motivar resoluciones administrativa. Decimos que la motivación es el primer freno que sale al paso de la arbitrariedad, y la exigencia recogida en el Art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es una exigencia absolutamente lógica. Las decisiones tienen que estar motivadas —como sucede también, y por idénticas razones, con las decisiones judiciales, según exige el Art. 120.3 de la Constitución— puesto que ello es requisito sine qua non para que su destinatario pueda entender porqué se decidió en un sentido o en otro, y para que pueda saber cómo y porqué motivos oponerse vía de recurso a una decisión adversa. Si esta carece de razones, difícil es razonar frente a ella. Ahora bien, como el Tribunal Constitucional nos enseña, motivación no es equivalente a motivación exhaustiva, abrumadora, caudalosa de razones y argumentos. La exigencia legal se cumple también con una motivación breve, sucinta, esquemática, incluso por vía de remisión. Si aplicamos estas consideraciones al caso que nos ocupa, hemos de llegar a la conclusión de que este motivo del recurso debe ser desestimado, puesto que la resolución impugnada aparece debidamente motivada, siquiera sea con una motivación sumamente peculiar como es la identificación de los motivos —precisamente “motivos”— de denegación en función de determinadas claves. Entendemos que no es la forma más ortodoxa, pero hay que admitirla como correcta si tenemos en cuenta que la Orden en cuestión resuelve una ingente cantidad de peticiones. Las claves explican en cada caso el motivo de la decisión desestimatoria. Y en el caso de Colegio N, podemos comprobar (clave: F) que se deniega el concierto educativo para el programa de garantía social por las unidades que se específica, porque el centro no tiene concertadas enseñanzas post-obligatorias y además, porque solicita un programa inexistente. Por otro lado, si tenemos en cuenta que cabe la motivación por remisión, la exigencia del citado Art. 54 de la ley procesal administrativa se cumple también en la referencia a las actuaciones administrativas. Y en este caso, la resolución viene complementada en el Informe del Servicio Provincial de Inspección”. Finalmente, la jurisprudencia ampliamente mayoritaria del TSJ de Andalucía, que rechaza la forma de proceder de la Administración educativa andaluza denegando conciertos educativos con meras alegaciones, sin prueba ni individualización de ningún tipo, ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en los recursos de casación presentados por la Consejería de Educación

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LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CONCIERTO EDUCATIVO

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Libertad de enseñanza y concierto educativo  

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