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Libertad de ensen?anza:Escuelas

28/5/09

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Es decir, en todos los casos, la Administración educativa deniega el concierto educativo solicitado con meras alegaciones, sin justificar ni concretar individualizadamente el motivo de la misma. Las órdenes de resolución de conciertos impugnadas, en ningún momento contienen una referencia individualizada en relación con el concreto motivo por el que se resuelve no conceder la aplicación solicitada del concierto de esas unidades en esos centros en particular. Son meras nominaciones sin concreción hacia el centro representado y sin justificación ni acreditación alguna de dichas alegaciones. Resulta evidente que tal actuación coloca a los centros en una situación de indefensión. La exteriorización de los fundamentos en cuya virtud se deniega la aplicación del concierto constituye una garantía para que el administrado, los centros, pueda conocer los motivos y ejercitar correctamente los recursos pertinentes para su defensa. Y en consecuencia dichas resoluciones adolecen de vicio de anulabilidad o incluso de nulidad (art. 63 y 62, respectivamente, de la L.O. 30/1992, de 26 de noviembre), pues imposibilita al centro conocer las concretas y efectivas razones y motivos por los cuales se ha denegado la concertación solicitada, y en definitiva todos los datos y circunstancias necesarios para una mejor defensa de sus derechos. En este sentido, ya existía jurisprudencia del Tribunal Supremo, en general, sobre la necesaria fundamentación de los actos de la Administración, especialmente si participan elementos de cierta discrecionalidad. Así, como mero ejemplo, puede verse la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1996 (Ar. 6039), que señala en su Fundamento de Derecho Tercero: “Interesa resaltar que en los procesos que finalizaron con las expresadas Sentencias también se planteó, como uno de los motivos de impugnación, la falta de motivación de los acuerdos recurridos, habiéndose declarado por esta Sala en la sentencia de 18 de Enero de 1996 que la jurisprudencia (Sentencias, entre otras, de 10 de Marzo de 1969 y 29 de Noviembre de 1985) había incluido como actos necesitados de motivación adecuada los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales, como es el caso de las subvenciones y ayudas públicas, dado que sólo a través de una congruente motivación puede la jurisdicción ejercitar con garantía su función fiscalizadora (control de hechos determinantes, aplicación correcta de la valoración de los intereses en juego, etc.) lo que obliga a entender como precisado de adecuada y suficiente motivación el acto impugnado.... No cabe pues, exonerar al órgano Constitucional demandado, como a ninguna de las Administraciones Públicas en su función de fomento, al otorgar o resolver sobre ayudas públicas o subvenciones, de su obligación jurídica de motivar, fundándola

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LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CONCIERTO EDUCATIVO

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