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Libertad de ensen?anza:Escuelas

28/5/09

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En el Tribunal Supremo se ha producido también una evolución semejante. De este modo, si en un primer momento, se reconocen los efectos económicos sólo para las unidades efectivamente implantadas, posteriormente dichos efectos se amplían a todas las unidades denegadas, aunque no se hayan puesto en funcionamiento. Resulta de hecho muy curioso comparar como el Supremo recurre prácticamente al mismo texto, con matices, para defender ambas posturas, según el caso. Así, la STS de 30 de enero de 2007, en su F.J. 4º: “(…) perece adecuado con tales planteamientos, el que la Sala reconozca el derecho de la actora al concierto en su vertiente económica en exclusiva referida a esas dos unidades puestas en marcha y no autorizadas, pues lo contrario sería tanto como perjudicar a la entidad recurrente y beneficiar a la Administración, máxime cuando en el expediente existen informes favorables a la autorización del concierto, y cuando este, como las actuaciones muestran, lo solicita un centro que ya tenía un concierto autorizado, y que hubo de proceder a una nueva solicitud, alterando el convenio anterior, por virtud de la modificación de las normas vigentes la LOGSE y en concreto el Real Decreto 986/91”. El mismo Tribunal Supremo, sin embargo, y copiando parte del mismo texto, amplía la obligación de la Administración educativa a abonar el coste de aquellas unidades que no habiéndose implantado, finalmente se les reconoció el derecho al concierto. La STS de 19 de julio de 2007, en su F.J. 4º: “Pues la Sala no sustituye a la Administración, como refiere el recurrente, sino que se limita a resolver el recurso contencioso-administrativo dentro de los términos en que se había planteado, y conviene recordar que la resolución impugnada deniega seis unidades solicitadas y que el recurrente había solicitado la nulidad de la resolución impugnada y la concesión de las seis unidades solicitadas y siendo ello así parece adecuado con tales planteamientos, el que la Sala reconozca el derecho de la actora al concierto en su vertiente económica referida a esas unidades no autorizadas, pues lo contrario sería tanto como perjudicar a la entidad recurrente y beneficiar a la Administración, máxime cuando en el expediente existen informes favorables a la autorización del concierto, y cuando este, como las actuaciones muestran, lo solicita un centro que ya tenía un concierto autorizado, y que hubo de proceder a una nueva solicitud, alterando el convenio anterior, por virtud de la modificación de las normas vigentes la LOGSE y en concreto el Real Decreto 986/91”. Prácticamente igual a esta última, aunque algo más parca en los términos, también está la STS de 21 de julio de 2008.

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LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CONCIERTO EDUCATIVO

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