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panorámica

• Que los destinatarios de las acciones sean una colectividad genérica de personas (los alumnos de un centro educativo cumplen esta condición). • Que la aportación o donación realizada tenga carácter irrevocable (no se puede exigir el reintegro de lo donado). • Que se determine el valor o importe de lo donado. Siempre que se cumplan estos requisitos, la entidad donataria incluirá los datos de los donantes en el Modelo 182 (donaciones o aportaciones deducibles fiscalmente), a presentar en la AEAT durante el mes de enero del año siguiente, y expedirá los certificados correspondientes a dichos donantes (conforme al contenido recogido en el artículo 24 de la Ley 49/2002), a fin de que los contribuyentes que lo deseen, puedan aplicarse las deducciones previstas. El principal elemento de controversia con la AEAT, en los casos puntuales producidos, es el relativo al cumplimiento de la letra b), al considerar algunos Departamentos de Gestión Tributaria que la mera coincidencia de que los donantes sean padres de alumnos, conlleva la inexistencia de una verdadera donación “pura y simple”. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con esta interpretación administrativa restrictiva, puesto que cuando realizan la donación, los donantes no conocen o no tienen por qué conocer a qué se va a destinar lo donado por parte de la entidad sin fin lucrativo. Es decir, la donación no genera un “derecho” reconocido a obtener nada concreto, ningún privilegio o beneficio cierto y exigible. En este sentido, las entidades no lucrativas donatarias suelen destinar las cantidades donadas a la realización de actividades de interés general sin discriminación de los beneficiarios, tales como cooperación con menores en situación desfavorecida (becas de comedor o de libros, o de enseñanza en niveles no concertados, o de asistencia social), incluso en actividades de cooperación para el desarrollo en lugares alejados del centro educativo, o a la eliminación de barreras que permitan la accesibilidad de todo tipo de personas con discapacidad, etc. Por consiguiente, corresponde a la Administración tributaria la carga de la prueba si desea iniciar expedientes por presuntas irregularidades fiscales, contribuyente abril 2019

Habrá merecido la pena si el próximo Gobierno cumple estos requerimientos sociales, actualizando la cuantía de los módulos de concierto conforme al coste real

por contribuyente. Dicho de otro modo, debe probar de manera fehaciente que el donante ha obtenido, directa o indirectamente, un beneficio cierto y tangible, y que tal beneficio ha sido la causa o motivación de la donación. Iniciativas políticas y jurídicas Una vez clarificado el régimen jurídico administrativo y fiscal de las aportaciones, cabe señalar ahora qué actuaciones se han llevado a cabo en el ámbito jurídico y político. Desde el punto de vista jurídico, los padres de alumnos que han sido requeridos por la AEAT a devolver las deducciones practicadas en los casos puntuales producidos en Asturias, han presentado las oportunas alegaciones y, en su caso, recursos administrativos, con la voluntad de seguir en la vía contenciosa, si sus derechos no son reconocidos. En el ámbito político, el Proyecto de Ley de Modificación de la LOE, aprobado por Consejo de Ministros del día 15 de febrero de 2019, incluía una modificación del artículo 50 de la LODE que quedaría redactado de la siguiente manera: “los centros concertados cuya titularidad sea reconocida como entidad sin ánimo de lucro o en régimen de cooperativa se considerarán asimilados a las fundaciones benéfico-docentes a los efectos de la aplicación a los mismos de los beneficios, fiscales y no fiscales, que estén reconocidos a las citadas entidades, con independencia

de cuantos otros pudieran corresponderles en consideración a la actividad educativa que desarrollan”. Asimismo, el día 26 de febrero de 2019, el Congreso de los Diputados aprobó por 173 votos a favor (PP, Ciudadanos y 9 diputados del Grupo Mixto), una “Proposición de Ley relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el Impuesto de la Renta de las familias con hijos en colegios concertados”. Dicha Proposición instaba al Gobierno a poner en marcha dos medidas concretas: la revisión de la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos y, entre tanto, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios concertados. El mismo día 26 de febrero, los Grupos Parlamentarios de PP y Ciudadanos, presentaron en el Congreso de los Diputados una enmienda transaccional a una Moción consecuencia de una interpelación urgente del PP, para que el Gobierno explicase si la reforma educativa iba a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza. En la misma se instaba al Gobierno de España, entre otras cuestiones, a la adecuación del modelo de financiación de la escuela concertada, con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad y, en tanto se alcanzase la equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada, se reforzase que las aportaciones voluntarias realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002, son deducibles en los términos recogidos en la citada ley. En suma, consideramos que la “tormenta mediática” habrá merecido la pena si el próximo Gobierno cumple estos requerimientos sociales, avalados por la mayoría del Congreso de los Diputados, actualizando la cuantía de los módulos de concierto conforme al coste real de impartición de la enseñanza y garantizando la deducibilidad de las aportaciones voluntarias y donaciones, que las familias realizan a los centros concertados cuya titularidad sea una entidad no lucrativa. revista de escuelas católicas

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