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Vuelo de brujas, Francisco de Goya Ă“leo sobre lienzo, 1797-1978

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ARQUITECTURA LEGAL CURSO 2016/2017.

Capítulo 1: formación jurídico-urbanística 1. La arquitectura legal en la formación de los arquitectos: exposición y debate general sobre la asignatura: el programa y su desarrollo temporal. 2. Ordenamiento jurídico constitucional y estatutario: conceptos de derecho, fuentes del derecho, el ordenamiento estatutario de canarias. Capítulo 2: Derecho urbanístico 3. Medio ambiente, ordenación de los recursos naturales, ordenación del territorio y urbanismo (delimitación conceptual). 4. Las técnicas para la ordenación: clasificación, categorización y calificación del suelo. 5. Situación del suelo de acuerdo a la legislación estatal. 6. Régimen jurídico-urbanístico del suelo urbano. 7. Régimen jurídico-urbanístico del suelo urbanizable sectorizado. 8. Régimen jurídico-urbanístico del suelo urbanizable no sectorizado y rústico. 9. El sistema de planeamiento en canarias 10. La ejecución asistemática del planeamiento. 11. La ejecución sistemática del planeamiento: los sistemas públicos. 12. La ejecución sistemática del planeamiento: los sistemas privados. Capítulo 3: Régimen jurídico del patrim. histórico 13. Aspectos generales de la legislación reguladora del patrimonio histórico. 14. Los bienes de interés cultural.

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ÍNDICE GENERAL.

Capítulo 4: Derecho de la edificación 15. Exigencias técnicas de la edificación: As aspectos generales de la ley de ordenación de la edificación. 16. Los requisitos básicos de la edificación y el código técnico de la edificación. 17. Las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción. 18. Exigencias administrativas de la edificación: licencias y autorizaciones. 19: Infracciones y sanciones urbanísticas. 20. Los bienes inmuebles en el ordenamiento jurídico civil 21. La ordenación jurídica de las viviendas. 22. El régimen jurídico de la propiedad horizontal. Capítulo 5: La profesión de arquitecto 23. La formación de los arquitectos. 24. El ejercicio profesional de los arquitectos: requisitos y formas de presentarse. 25. Las atribuciones profesionales de los arquitectos. 26. Las normas deontológicas de los arquitectos: la responsabilidad colegial de los arquitectos. 27. La responsabilidad administrativa y penal de los arquitectos. 28. La responsabilidad civil de los arquitectos. Capítulo 6: Las valoraciones inmobiliarias 29. Los métodos de la valoración inmobiliaria. 30. Las valoraciones en la legislación reguladora del suelo.

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Capítulo 1 Formación jurídico-urbanística de los arquitectos

5 Foto: Minerva o Atenea, diosa de la guerra, la civilización y la justicia.


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La arquitectura legal en la formaciรณn de los arquitectos: exposiciรณn y debate general sobre la asignatura; el programa y su desarrollo temporal


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Primera aproximaciรณn a la asignatura: exposiciรณn y valoraciรณn objetiva.

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e puede afirmar sin temor a equivocación que la Arquitectura Legal supone un importante ámbito dentro de la formación completa de un arquitecto. Una profesión constantemente expuesta ante el juicio popular y con una gran responsabilidad para con la sociedad necesita el dominio del marco jurídico en el que se va a desarrollar, de ahí que esta disciplina resulte en una piedra angular dentro del desarrollo académico de los arquitectos. No se puede afirmar que estemos ante una asignatura de nueva incorporación: desde mediados del siglo XIX es parte del plan de estudios, y desde entonces, no ha dejado de formar parte de éste. Sucedió con la Ley Moyano, de 1857, y ‘Arquitectura Legal’, con esta misma denominación, pasó a ser una de las 14 asignaturas que formaban parte de la carrera de Arquitectura. Mientras que otras de estas asignaturas, como Estereotomía, Mineralogía o Geología, fueron sustituidas por nuevas asignaturas en los sucesivos cambios de plan, la Arquitectura Legal se mantiene vigente en el reciente programa educativo del Plan 2010. La ley reguladora de la enseñanza española conocida como Ley Moyano, de 1857, impulsada por el gobierno moderado. Incorporó buena parte del Proyecto de Ley de Instrucción Pública del 9 de diciembre de 1855, elaborado durante el Bienio Progresista por el Ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez. Se aprobó gracias a la iniciativa legislativa promovida por Claudio Moyano. Establece no sólo una ordenación general casi primigenia de todas las enseñanzas del sistema educativo en España, sino que constituye un marco normativo más que centenario hasta que, en 1970, con variedad de desarrollos intermedios, se promulga la Ley General de Educación. Superada estas dos primeras leyes de educación, el sistema educativo español, tras la promulgación de la Constitución de 1978, prácticamente no ha conocido la estabilidad ni el consenso. En 1980 se publica la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), en 1985, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), en 1990, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Por su parte, la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), de 1995, modifica contenidos de la LODE. En el año 2002, se promulga la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y, en 2006, es aprobada la Ley Orgánica de Educación (LOE), que deja sin efecto a la LOCE.

Finalmente (de momento), en 2013, con otro cambio de gobierno, se pone en marcha la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Aparte de esto, en 2010 se produjo una reforma de los estudios universitarios conocido como Plan 2010, que dejaba sin validez el anterior Plan 2001, y que se ponía en marcha para sumarse al Proceso de Bolonia que, teóricamente, pretendía homogeneizar las enseñanzas superiores europeas. Es de gran importancia que, a pesar de las turbulencias en la educación nacional provocadas por intereses políticos y económicos que poco suelen tener que ver con la mejora de la calidad educativa, se mantengan vivas ciertas materias que sirvan como piedra de toque para la formación en campos como éste, de indiscutible relevancia para la vida de las personas, y cuya calidad no puede depender de lo que unos pocos, ajenos a la disciplina, decidan o no hacer con nuestra profesión.

“LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN LA ARQUITECTURA NO PUEDE DEPENDER DE LO QUE UNOS POCOS, AJENOS A LA DISCIPLINA, DECIDAN O NO HACER CON NUESTRA PROFESIÓN”

Pero, a pesar de su historia, y de lo ‘sacro’ que parece la inclusión de esta materia en los planes de estudios de las diferentes escuelas, la disciplina de Arquitectura Legal resulta ser una de las más cambiantes y adaptables de cuantas componen la carrera de Arquitectura. Como se puede deducir del baile de siglas, años y leyes anteriormente expuesto, en España no nos resulta ajena la politización de las leyes y su aprobación o derogación con el propósito de realizar una modificación ideológica del signo de las mismas, hasta el punto de que se ha convertido en la tónica habitual con cada cambio de gobierno. Por eso los arquitectos debemos ser ágiles y adaptables ante el cambiante marco legal que nos ampara. Este año, en la asignatura, nos enfrentamos a un inminente cambio de la Ley del Suelo, por lo que nos veremos obligados a formarnos a caballo entre la ley actual y la siguiente, lo que no es sino un ejemplo más de la predisposición a la evolución que debemos mostrar tanto estudiantes como profesionales. El mundo alrededor no se detiene.

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Ordenamiento jurĂ­dico constitucional y estatutario: conceptos de derecho, fuentes del derecho, el ordenamiento estatutario de Canarias


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a ‘separación de poderes’ se define como el principio político según el cual las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales. El poder legislativo delibera y decide el contenido de las leyes generales: esta tarea es necesariamente más lenta que otras, porque las leyes deben estar cuidadosamente hechas para que sean reconocidas como legítimas por la mayor parte de la población y de los grupos de interés del país. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general. Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poder. En su obra el espíritu de las leyes manifiesta admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. De sus polémicas publicaciones dos son los fundamentales puntos en que los diferentes autores insisten al señalar la aportación original de Montesquieu al estudio científico de las sociedades humanas: por un lado, describe la realidad social según un método analítico y "positivo" que no se entiende en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos. Por otro, da una respuesta sociológica a la aparente diversidad de los hechos sociales, bajo el supuesto de que existe un orden o causalidad de estos hechos susceptible de una interpretación racional. Se le considera uno de los precursores del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la división de poderes: Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes.

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Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial, y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado.

“MONTESQUIEU DESARROLLÓ LAS IDEAS DE JOHN LOCKE ACERCA DE LA DIVISIÓN DE PODERES. HAY EN CADA ESTADO TRES CLASES DE PODERES: EL PODER LEGISLATIVO, EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER JUDICIAL” La separación de poderes se entiende como uno de los principios básicos que garantiza un correcto ejercicio democrático en los Estados. De lo contrario, si uno de los vértices del triángulo focalizara demasiado poder, no sólo desestabilizaría el equilibrio pactado, sino que pondría en peligro el contrato social que se presupone a una organización democrática. Sin embargo, en la práctica vemos cómo muchas veces peligra esta teórica separación de poderes, llegando incluso a decirse que ‘Montesquieu ha muerto’: en el día a día vemos ejemplos de politización de la justicia y de judicialización de la política. La reciente marcha de 40.000 personas para acompañar al expresidente Artur Mas en su juicio por la consulta soberanista o los juicios por ‘enaltecimiento del terrorismo’ a músicos y tuiteros que han tenido en consideración lo que es terrorismo o no dependo de la facción ideológica del mismo. Estos ejemplos ponen en entredicho la salud democrática de un Estado que no duda en criticar comportamientos en otros países mientras desestabiliza el ejercicio judicial sin rubor. Hoy en día de hasta cinco poderes, refiriéndose al poder que poseen los medios de comunicación como ‘cuarto poder’ (antes la prensa, hoy radio y televisión) y, dependiendo de la vertiente, internet o el control económico del gobierno son definidos como el ‘quinto poder’.


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n cuanto a su organización políticoterritorial, el Estado español se vertebra en diferentes organismos, definidos en la Constitución de 1978, concretamente en el Titulo VIII. En su artículo 137 se expone: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Municipio: cuyo gobierno corresponde a los Ayuntamientos, gobernados por el alcalde y concejales. Existen en España un total de 8124 municipios. Provincia: su gobierno pertenece a las Diputaciones dirigidas por el presidente y los diputados elegidos entre los concejales electos. Un total de 50 provincias. Comunidad Autónoma: dotadas de capacidad de autogobierno y autonomía legislativa. Existen 17. Ciudades Autónomas: en el año 1995 fue reconocido el Estatuto de las ciudades de Ceuta y Melilla. La forma política del Estado Español es la monarquía constitucional con un régimen de democracia parlamentaria. Los poderes, al igual que la teoría de Montesquieu, están divididos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

fig. 1: Caos negro en ‘Historia de dos cuadrados’, de Kazimir Malévich (1922), o cómo provocar cambios en la sociedad a través del arte.

“EL ESTADO ESPAÑOL SE ORGANIZA EN 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 2 CIUDADES AUTÓNOMAS, 50 PROVINCIAS Y 8124 MUNICIPIOS, CADA UNA DE LAS ENTIDADES CON AUTONOMÍA PARA LA GESTIÓN DE SUS PROPIOS INTERESES” La Constitución española, en su artículo 1.2, define: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Queda escrito, por tanto, que es el pueblo español en su conjunto, el sujeto de la soberanía nacional. Consecuentemente, de él emanan todos los poderes del Estado definidos anteriormente. El poder Legislativo recae en las Cortes Generales, el Ejecutivo en el presidente del Gobierno y su consejo de ministros y el Judicial, en nombre del Rey, en los jueces y magistrados del Estado.

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A fig. 2: El rapto de Europa, de Tiziano, aprox. 1560.

unque España organiza sus competencias político-territoriales de manera propia, no todos los asuntos que atañen a la organización del Estado son competencia nacional. Existen algunos ámbitos jurídicos o legislativos, como el medio ambiente, que son de carácter transfronterizo y transgeneracional, por lo que ni siquiera un Estado puede tener derecho exclusivo. Estos problemas suelen tener diferentes escalas, por lo que su jurisdicción varía. En estos casos, cuando hay asuntos que atañen a un nivel global, al no existir un gobierno mundial, se llegan a acuerdos bilaterales o multilaterales, dependiendo del caso. Son conocidos, por ejemplo, los acuerdos de la Cumbre de Río ’92, donde se llegó al Convenio de Biodiversidad, que Estados Unidos no firmó por la presión de las industrias farmacéuticas, o el acuerdo de la Cumbre de París ’16, que sí fue firmado por el país norteamericano, pero del que ahora quiere retirarse el nuevo presidente Donald Trump. Sin embargo, sí que existen algunos gobiernos superiores al del propio Estado como, por ejemplo, el de la Unión Europea, que supone un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Su Poder Ejecutivo recae en la Comisión Europea, encargada de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones y la defensa de los tratados de la Unión. Hay un representante por cada Estado miembro, uno de los 28 es el Presidente de la Comisión, propuesto por el Consejo y elegido por el Parlamento. El actual presidente es Jean-Claude Juncker. Su Poder Legislativo se divide en tres: dos depositarias formales del poder legislativo en un sistema bicameral, el Parlamento Europeo y el Consejo, y otra como titular de la iniciativa legislativa, la Comisión. El Poder Judicial es encargado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que se le encomienda la potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión. Su misión es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea con carácter supranacional. Su principal representante es Vassilios Skouris.

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rofundizando en la organización política española, el Poder Legislativo recae en las llamadas “Cortes Generales” (Parlamento Español), compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal. Estas elecciones se denominan “elecciones generales” y en ellas sólo pueden votar y ser votados los ciudadanos con nacionalidad española. Es función de las Cortes la aprobación de los presupuestos del Estado y supervisar la acción del Gobierno, además de elegir al presidente del gobierno, cada cuatro años, una vez celebrado las elecciones generales. La función legislativa la comparten las Cortes Generales con los parlamentos de las “Comunidades Autónomas”, que también tienen capacidad para aprobar leyes. El Congreso cuenta con 350 diputados y actualmente está presidido por Ana Pastor (PP), mientras que el Senado está formado por 266 senadores y lo preside Pío García-Escudero (PP).

órgano encargado de que se cumpla la constitución se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo de la nación lo ejerce el Presidente del Gobierno, actualmente Mariano Rajoy Brey (PP), quien es elegido por un período de cuatro años y es asistido por un Consejo de Ministros. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa del Estado. Para cumplir sus funciones, el Gobierno puede desarrollar las Leyes aprobando normas menores (reglamentos y ordenes). Esta función ejecutiva se lleva a cabo también por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y por los Gobiernos de las Entidades Locales.

El Estatuto de Autonomía de Canarias (aprobado mediante Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, reformada por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre) es la norma institucional que constituye a la Comunidad Autónoma de Canarias, proveyéndola de su marco organizativo y funcional básico.

“EL PODER LEGISLATIVO RECAE EN LAS CORTES GENERALES, EL EJECUTIVO EN EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SU CONSEJO DE MINISTROS Y EL PODER JUDICIAL, EN NOMBRE DEL REY, EN LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL ESTADO” El Poder Judicial se administra, en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial. Los dos tribunales más importantes son: El Tribunal Superior de Justicia que es el cuerpo jurídico más alto del Estado. El presidente del Tribunal es nombrado por el Rey según propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional

El Fiscal del Estado es nombrado por el Rey y propuesto por el Gobierno. La oficina del fiscal público es la encargada de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y de asegurar la independencia de las Cortes. La organización política y administrativa de Canarias: el actual régimen autonómico de Canarias surge como resultado del sistema democrático representativo instaurado en España con la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 el día 28 de diciembre

El Poder Ejecutivo recae en el Gobierno autonómico, en el marco competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias conferido por el Estatuto de Autonomía de Canarias., y tiene su sede compartida entre las dos capitales autonómicas: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que cambia cada periodo de legislatura (cuatro años). El Presidente, actualmente Fernando Clavijo (CC), es elegido de entre los diputados de la Cámara por votación pública y por llamamiento, designando a continuación a su vicepresidente (diputado) y a los consejeros (diputados o no). Ejerce la función ejecutiva y reglamentaria, distribuyendo las distintas áreas de acción política y administrativa en las diferentes consejerías. El Parlamento de Canarias, por su parte, se encarga del Poder Legislativo. Tiene sede en Santa Cruz de Tenerife. Es el órgano representativo del pueblo canario elegido por sufragio universal cada cuatro años. Está constituido por 60 diputados distribuidos de la siguiente manera: 15 (Tenerife), 15 (Gran Canaria), 8 (La Palma), 8 (Lanzarote), 4 (La Gomera), 7 (Fuerteventura), 3 (El Hierro).

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l Parlamento funciona en Pleno y Comisiones y dispone de un Reglamento en el que se determina el régimen de las sesiones, la formación de Grupos Parlamentarios y el funcionamiento de la Diputación Permanente, así como otras cuestiones que afecten a los procedimientos legislativos y de control político. Actualmente está presidido por Carolina Darías San Sebastián (PSOE). Los acuerdos se toman por mayoría simple, salvo excepciones según Estatuto. Sin embargo, cuando al menos dos tercios de los Diputados representantes de una isla se opusieran en el Pleno a la adopción de un acuerdo por considerarlo perjudicial para la misma, se pospondrá a la sesión siguiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y es el órgano superior judicial que culmina la organización judicial en la comunidad autónoma. Su presidente es Antonio Doreste Armas.

“EL ACTUAL RÉGIMEN AUTONÓMICO DE CANARIAS SURGE COMO RESULTADO DEL SIST. DEMOCRÁTICO REPRESENTATIVO QUE SE MANTUVO INSTAURADO EN ESPAÑA CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978”

a) Las competencias.

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye al Parlamento la potestad de nombrar de entre sus miembros al Presidente de la Comunidad Autónoma, que lo es también del Consejo de Gobierno; por lo tanto, del Parlamento nacen y dependen las demás instituciones de autogobierno de la región. La Cámara también desempeña las siguientes funciones: redactar las leyes de la Comunidad Autónoma, aprobar los Presupuestos de la misma, controlar políticamente la acción del Gobierno de Canarias, nombrar de entre sus miembros a los dos senadores que representan a la Comunidad Autónoma en las Cortes Generales, presentar Proposiciones de Ley ante las Cortes Generales y pedir que el Gobierno del Estado adopte y presente Proyectos de Ley, así como interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Canarias nombra, asimismo, un Diputado del Común para la defensa de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas de los ciudadanos y controla, mediante la Audiencia de Cuentas de Canarias, la actividad económica del sector público de la Comunidad Autónoma. Ambas son Instituciones dependientes del Parlamento canario.

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Por otro lado, utilizando los términos literales del artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, los cabildos insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma recientemente. La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares pretende la regulación de los Cabildos Insulares de acuerdo a la constitución y el Estatuto de Autonomía, estableciéndose en este marco normativo:

b) La organización de gobierno y administrativa. c) El funcionamiento, información y transparencia. d) Las relaciones entre C.A. y cabildos insulares. A su vez, los municipios representan la comunidad política y administrativa más próxima a la ciudadanía y, por ende, en la que se hace más patente el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos sobre la base de los principios de democracia y descentralización del poder. Por su parte, la autonomía municipal hace alusión al derecho y la capacidad reconocidos por la Constitución a los municipios de gestionar sus propios intereses, lo que les permite actuar con plena personalidad jurídica y responsabilidad; ser titular de competencias; conformar una política municipal propia y diferenciada y participar en la configuración de las sectoriales de ámbitos territoriales superiores, y organizar sus estructuras administrativas internas para adaptarse a sus necesidades específicas. Todos estos principios se desarrollan en la presente ley que trae causa del título habilitante previsto en el artículo 32.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Reciente mente se ha promulgado la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias cuyo objeto es la regulación de los municipios y del resto de entidades de Canarias, en desarrollo de la legislación básica de régimen local, bajo el título competencial que le confiere el Estatuto de Autonomía de Canarias.


DOCUMENTO 1 TERRITORIO CANARIO Y TURISMO Canarias cerró junio de 2016 con una población de 2.144.648 personas, lo que supone un incremento de 16.878 habitantes en el último año, en el que la población fue de 2.127.770 personas. Canarias es la 8º Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere. La población femenina es mayoritaria, con 1.078.870 mujeres, lo que supone el 50.30% del total, frente a los 1.065.778 hombres que son el 49.69%. Canarias tiene densidad de población media, con 288 habitantes por km2, está en el puesto 15 de las CC.AA. en cuanto a densidad.

Aunque la economía canaria fue durante años predominantemente agrícola, hoy en día este sector sólo ocupa el 10% de su superficie, lo que supone un claro retroceso en cuanto a décadas anteriores. Esto se traduce, además, de una escasa presencia del sector primario en la actividad económica. Tampoco la industria tiene un peso demasiado alto en la economía canaria, apenas un 8% del PIB regional. Es, por tanto, el sector terciario, predominantemente el turismo, el que absorbe la mayor parte de la actividad económica del archipiélago (un 74,6% del PIB). Esto, además, supone más efectos beneficiosos, ya que ha hecho que aumente la actividad en la construcción de las islas.

El nivel de actividad turística en Canarias sumó el pasado año 13.480 millones de euros, un dato que permitió elevar la contribución de este sector en la economía canaria hasta el 31,9% y dinamizar de forma importante otros sectores productivos. La última edición del Estudio Impactur Canarias, con resultados hasta 2015 y dado a conocer por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo, y el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, constata el "robusto crecimiento" de la actividad turística del Archipiélago.

‘EL SECTOR TERCIARIO ABSORBE UN 74,6% DEL PIB DEL ARCHIPIÉLAGO’ Además de estos datos, se constata que el turismo ha liderado la creación de empleo: fue el responsable de 294.896 puestos de trabajo en 2015, lo que representa el 37,6% del total de toda la comunidad en ese mismo año, permitió un incremento del empleo del 7,1% y tuvo un efecto tractor, al aumentar en un 8,1% el empleo en el conjunto del resto de los sectores.

Los principales destinos turísticos son Gran Canaria y Tenerife. En Gran Canaria destaca la costa sur: Maspalomas, San Agustín, Playa del inglés, Puerto Rico y Mogán, aparte de Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife, también destaca la costa sur: Los Cristianos y Playa de Las Américas, principalmente, seguido de Los Gigantes y Puerto Santiago.

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DOCUMENTO 1: CANARIAS EN CIFRAS. ECONOMÍA Y TURISMO.

EL CRECIMIENTO EN EL SECTOR TURÍSTICO HA TRAÍDO DE LA MANO EL CRECIMIENTO DE OTROS NEGOCIOS COMO BARES O CAFETERÍAS.

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Los Parques Nacionales son Espacios Naturales amplios poco transformados por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas naturales, singularidad de su fauna, flora y formaciones geomorfológicas o representatividad de sus ecosistemas confieren una gran relevancia a la conservación de sus valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, que son de interés general para la Nación por ser representativo de los principales sistemas naturales españoles.

Los Parques Naturales son aquellos Espacios Naturales amplios, no transformados sensiblemente por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas naturales, fauna, flora y gea, en su conjunto se consideran muestras singulares del patrimonio natural de Canarias.

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CapĂ­tulo 2 Derecho urbanĂ­stico

21 Foto: Dama de la Justicia, a la entrada del Dublin Castle, en Upper Yard.


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Capítulo 1 formación jurídico urbanística