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Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Colegio de Administración de Empresas

Derecho a la Huelga y Limitaciones

Erika Arroyo Crespo Roberto C. Irizarry Cuebas Prof. Miguel Seguí ADMI 4001 Sec.026


Índice Introducción……………………………………………………………………………………….2 Historia del Derecho a la Huelga………………………………………………………………..3-4 Limitaciones…………………………………………………………………………………….5-7 Huelgas notables en Puerto Rico………………………………………………………………..8-9 Conclusión……………………………………………………………………………………… 10 Bibliografía……………………………………………………………………………………... 11

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Introducción:

Como ciudadanos es nuestro deber conocer nuestros derechos, sus limitaciones e implicaciones. En este trabajo investigativo estaremos analizando el derecho a la huelga. El derecho a la huelga nos afecta a todos, aún cuando no estemos directamente participando del proceso. Centraremos nuestro trabajo en cómo funciona este derecho en Puerto Rico, ya que es el lugar donde vivimos y esperamos desarrollarnos como futuros empresarios. Iremos desde los comienzos y establecimiento del derecho, hasta estudiar algunos de los casos de mayor impacto en la historia de nuestro país. Estudiaremos a la luz de la ley cuales son las implicaciones y limitaciones del derecho a la huelga, quienes pueden ejercer este derecho y quiénes no.

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Historia:

El reconocimiento de los derechos de los trabajadores puertorriqueños es el producto de muchos años de luchas laborales, junto con el desarrollo del Estado de Derecho en Puerto Rico, y la adopción de la legislación laboral de Estados Unidos. El proceso tomó forma a través de una serie de eventos sociales, políticos y económicos, principalmente durante las últimas décadas del siglo 19 y principios del siglo 20. La lucha resulto en la institucionalización de los sindicatos y la creación de un cuerpo de legislación laboral en Puerto Rico. Los registros de las huelgas de los trabajadores comenzaron alrededor de 1895. Cuando los estadounidenses llegaron a la isla, la nueva legislación laboral en materia de derechos de los trabajadores se llevó a cabo. Tanto el derecho a organizarse en sindicatos y el derecho de huelga fueron reconocidos. La Federación Regional de Trabajadores, un sindicato de Puerto Rico, se estableció de inmediato, el 20 de octubre 1898. Poco después de eso y después de una manifestación, la Federación Regional de Trabajadores celebrada el 1 de mayo de 1899, Día Internacional del Trabajo. El gobernador militar, el General Guy V. Henry, emitió la Orden General Número 54, el reconocimiento de la jornada laboral de ocho horas por primera vez en Puerto Rico. La proclamación establecido ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y estudio, y ocho horas de descanso. Esta fue la semilla de la Ley Pública 379 de 1948, conocida como la Ley de Día del Trabajo, que hasta el día

de

hoy

mantiene

su

efectividad

como

el

primer

día.

A pesar de estos avances, las luchas por el reconocimiento de los derechos laborales continuaron. En 1902, Santiago Iglesias Pantín, Eduardo Conde, Filomeno Clemente, Juan Guerra, y otros líderes de Puerto Rico de trabajo fueron declarados culpables y condenados a prisión y multas por "colusión para elevar el precio del trabajo." Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la sentencia por haber sido juzgados en virtud de las 4


disposiciones del Código Civil español, aunque ha habido imperio de EE.UU. en Puerto Rico ya durante cuatro años. La Confederación General de Trabajadores, se organizó en la década de 1940. Esta organización tuvo su origen en los primeros años de la Operación Manos a la Obra y el mandato de Luis Muñoz Marín. Cinco años más tarde, la legislación laboral en la isla se amplió con la Ley Pública 130, promulgada en 1945, la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. La ley regula las relaciones laborales y permite la negociación de los salarios, las condiciones de trabajo, y los beneficios o derechos que deben ser reconocidos. Esta ley también autorizó el derecho a organizarse en sindicatos en el sector privado y en empresas del pubis. Poco tiempo después, la Ley Taft-Harley del Congreso de Estados Unidos, también conocida como la Ley Federal del Trabajo, Relaciones (1947), se aprobó e hizo extensivo a la jurisdicción de Puerto Rico. Sin embargo, no fue sino hasta la Declaración de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, que fue ratificado en 1952, que exige ciertos trabajadores fueron reconocidos como derechos inalienables, tales como el derecho de los trabajadores puertorriqueños a organizarse en sindicatos, establecidos en las secciones 17 y 18. La Constitución también reconoce el derecho de asociación y el derecho de huelga.

El derecho a la huelga se encuentra establecido en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, Artículo II, Sección 18 que lee como sigue: “A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.

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Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.”

Limitaciones:

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es clara en su Artículo II sobre la Carta de Derecho, Sección 18 limitando al derecho a huelga, piquetes y actividades concertadas están limitados, en el sector público, a los trabajadores de las instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o negocios privados. Los miembros de la Policía de Puerto Rico no tienen derecho constitucional ni estatutario a la negociación colectiva ni a la huelga.

El reglamento de la Policía y las leyes vigentes son suficientes para atender el

proyectado paro de 24 horas como acción de protesta de la Asociación Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc. Cualquier otra acción incluyendo piquetes, brazos caídos y protestas frente al Cuartel General, o cualquier dependencia gubernamental, pues el derecho constitucional a la libre expresión o asociación no ampara actividades ilegales.

Un empleado municipal que

participe a una huelga ilegal no tiene derecho a recibir compensación por los días que no se presente a desempeñar sus obligaciones en el trabajo.

Los empleados del Gobierno, con excepción de los trabajadores de ciertas agencias o instrumentalidades públicas que funcionan como empresas o negocios privados, no tienen garantizado el derecho a negociar colectivamente o utilizar los instrumentos de la huelga o los piquetes para lograr mejores condiciones de trabajo. De acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, sería claramente ilegal un paro o actividad sindical análoga, habida cuenta que la Asociación Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc., no es una unión obrera y que los 6


policías no tienen derecho a la huelga. De todo sector de los empleados públicos el más delicado en cuanto a la necesidad de disciplina es la Policía, y el interés del Estado en mantener el orden entre los encargados a su vez de mantener el orden social concebible es el más apremiante, pues un piquete de policías, uniformados y armados, con expresiones amenazantes, produciría el interés gubernamental, lo que no puede tolerar un estado mientras no renuncie a lo más elemental de su poder de razón de estado. En la Constitución no extendieron el derecho a la huelga a los empleados públicos porque entendían brindaban un servicio al pueblo que no podía ser interrumpido bajo ningún concepto. Se entendía que la falta del derecho constitucional a la huelga de los empleados públicos no está reñida el derecho a la libertad de palabra que garantiza la sección 4 de la constitución porque la seguridad pública que debe garantizar el gobierno va por encima de cualquier otra consideración.

En cuanto a la Ley 45 conocida como la Ley de Personal del Servicio Público de 1998 está expresamente prohíbe a los empleados miembros de una organización sindical participar, decretar o inducir a que participen en una huelga. Se estableció en la sección 1451: “Se Prohíbe participar, decretar o inducir a los miembros de una organización sindical o cualquier otra grupo de empleados del sector público, ya fuere por una persona en su carácter individual o por una organización sindical, a que decreten o participen en una huelga.

Aquellos empleados que participen en una huelga, podrán ser destituidos

conforme a las disposiciones reglamentarias que sobre acciones disciplinarias haya promulgado la Agencia.”

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Sobre el propósito de la ley, su exposición de motivos indica: “Su propósito es conferirle a los empleados públicos en las agencias tradicionales del gobierno central, a quienes no aplica la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, el derecho a organizarse para negociar sus condiciones de trabajo dentro de los parámetros que se establecen en esta Ley. Esos parámetros se remiten a tres criterios esenciales, a saber: acomodar, dentro de las realidades fiscales en que se desenvuelve el Gobierno, el costo correspondiente al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos; evitar interrupciones en los servicios que prestan las agencias gubernamentales; promover la productividad en el servicio público. Esta Ley también esta predicada en el principio de merito de modo que el sistema de relaciones obrero patronales que se establezca responda a nuestra decisión de no discriminar por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas religiosas, ideas políticas, edad, condición de veterano, ni condición física o mental alguna.”

Por lo tanto no se puede declarar inconstitucional una ley que entre sus disposiciones prohíbe el derecho a la huelga de los empleados públicos porque esto no es un derecho garantizado por la constitución. Los únicos empleados públicos en nuestro país que tiene un derecho constitucional a la huelga son los que trabajan en agencias que funcionen como empresas o negocios privados. El Departamento del Educación no en esa excepción. Decir que los maestros tienen un derecho constitucional a la huelga y que la ley 45 tiene visos de inconstitucionalidad por no ser permitida. Sin embargo si tienen un derecho constitucional son los niños de Puerto Rico a que el Estado educa gratuitamente. 8


En Puerto Rico por años se han desatado huelgas, piquetes y otros tipos de actividades legales han sido realizadas con el propósito de luchar por los derechos. Estas protestas se han celebrado en lugares o empresas públicas como: en la Universidad de Puerto Rico, telefónica, protestas por salario, por proyectos de construcciones, despidos, entre otras cosas.

A

continuación se estará mencionando algunas huelgas que han sido importantes en nuestro país.

Huelgas Notables en Puerto Rico:

Huelga de trabajadores de la P.R.T.C. – “La Huelga del Pueblo”

La huelga que hizo historia. En junio de 1998 la unión de trabajadores de la telefónica de Puerto Rico anuncia la huelga, la razón, la política de privatización del gobernador Pedro Roselló y en especial la venta de la corporación pública; la PRTC. Para los empleados este era nuestro tesoro nacional. “Lucha si, entrega No” era lo que todos gritaban. Las amenazas de despedir miles de empleados y subir las tarifas de servicio alertaron a todo el pueblo de Puerto Rico. En el mes de julio la huelga de trabajadores de la PRTC se convierte en una huelga general, apoyada por todos los trabajadores de Puerto Rico, incluyendo los trabajadores de las uniones de la A.A.A. y la A.E.E. Recordada por los actos violentos entre la policía y los protestantes, fue noticia de primera plana. Se radicaron querellas contra los trabajadores por interrumpir el servicio de comunicaciones, uno que es considerado vital en nuestro país. El desenlace, con todo y huelga el gobierno decide y anuncia el 22 de julio de 1998 la venta de la Telefónica de Puerto Rico a la empresa GTE, la cual ya había adquirido la telefónica de Venezuela y la telefónica de la República Dominicana.

Aunque no lograron su objetivo de mantener público su “tesoro

nacional” aseguran haber marcado la historia y dejarle claro al gobierno su oposición a la política de privatización. 9


Huelga de Maestros-

El 21 de febrero de 2008 la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), el mayor sindicato de trabajadores públicos de la isla con una militancia de más de 40 mil maestros, estalló una huelga en lucha por su existencia misma contra los intentos del gobierno de aplastarla. La huelga de los maestros es un desafío a la Ley 45 —similar a la Ley Taylor del estado de Nueva York—, que prohíbe que los trabajadores públicos de Puerto Rico se vayan a huelga o incluso “promuevan” una. Los maestros y sus partidarios enfrentaron la represión policiaca brutal --21 fueron arrestados (la mayoría liberados sin haber sido acusados de nada)--. En represalia por votar a favor de la huelga, el gobierno descertificó al sindicato, le impuso una multa de 30 mil dólares, puso alto a la deducción automática de las cuotas sindicales e intentó congelar sus activos, ¡y emitió una orden que prohíbe que los tres mil líderes y delegados sindicales electos ejerzan sus funciones de representación de sus miembros o participen en elecciones sindicales hasta el año 2013. El sindicato inició un juicio en un tribunal federal estadounidense apelando contra los ataques gubernamentales. La FMPR estalló la huelga después de más de dos años sin contrato. Está en huelga contra salarios deplorables, salones atiborrados y edificios en ruinas. En San Juan, un manifestante fue visto sangrando de una herida abierta en la cabeza después de que los policías lo golpearon con sus macanas. Huelguistas piqueteros en las entradas de las escuelas fueron arrestados bajo cargos de “obstrucción de la justicia”, “provocar daños a un vehículo” y otras acusaciones absurdas.

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En represalia por ejercer su derecho a huelga, el sindicato enfrenta amenazas de descertificación por parte de la Comisión de Relaciones Laborales del Servicio Público bajo la Ley 45, que prohíbe huelgas de sindicatos de trabajadores públicos. Conclusión: En este trabajo investigativo hemos dado un vistazo al derecho a la huelga en Puerto Rico y sus limitaciones. Dimos un viaje al pasado para precisar los orígenes de este derecho. Hemos copiado exactamente de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico el artículo que establece el derecho a la huelga. Discutimos las limitaciones de este derecho, que recaen en su gran mayoría sobre los empleados públicos, excepto los de las corporaciones públicas. También incluimos la historia de dos huelgas notables en Puerto Rico, la razones por la cuales se formaron y las implicaciones que tuvieron cada una de ellas.

Aun luego de preparar este trabajo

investigativo podemos decir que el derecho a la huelga todavía en este tiempo tiene muchas nubes oscuras y es malinterpretado por la mayoría de los ciudadanos. Reiteramos que es nuestro deber como ciudadanos conocer nuestros derechos.

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Bibliograf铆a: Carta de Derechos - Constituci贸n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. http://www.ramajudicial.pr/leyes/constitucion/articulo2-18.htm http://www.abogadonotariopr.com/images/Escrito2.pdf www.uietpr.com/multimedia/video/la_huelga_del_pueblo/ http://www.partisandefense.org/pubs/espanol/puertorico0208.html

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Derecho a la Huelga y Limitaciones  

una breve descripcion del derecho a al huelga que tienen los ciudadanos de Puerto Rico

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