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EDICIÓN #1

E POSGRADOS

DIVERSAS PROFESIONES ORGULLOSOS ABOGADOS

Emilio Orozco * Erick Castillo * Josue Cruz * Carlos Búcaro Rodolfo Godoy * Liseth Gramajo * Manuel Ovalle


ÍNDICE TEMAS

AUMENTO DEL CAPITAL EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL ................... 1 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE FACTORING

................... 4

DERECHO A LA IDENTIDAD Y REGISTRO DE NACIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA ................... 7 EL SECTOR PRIVADO DE LA ECONOMÍA Y SU LEGISLACIÓN EN GUATEMALA

................... 10

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA, Y EL ESTADO DE DERECHO

................... 14

¿SERÁ FACTIBLE QUE LAS ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PUEDAN SER OBJETO DEL CONTRATO DE REPORTO? ................... 17 LA ESCISIÒN DE SOCIEDADES MERCANTILES

................... 19

TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL “EL DAÑO” ................... 22 EL CONTRATO DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE OBLIGACIONES CREDITICIAS ................... 26 AUMENTO DEL CAPITAL EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL ................... 29 NACIMIENTO, VIDA Y PERMANENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN GUATEMALA ................... 42


Lic. M.A. Jorge Fidel Franco Suchini AUMENTO DEL CAPITAL EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL FOTOS P.

Un autor sostuvo que “El principio de permanencia del capital no es absoluto, en virtud que en ciertos supuestos la ley permite la modificación del capital, por supuesto, mediante el cumplimiento previo de una serie de trámites regulados en el Código de Comercio” (Aguilar, V. p. 228). Es importante enfocarnos en entender que significa aquella operación jurídica por medio de la cual se incrementa el monto del capital social que aparece en la escritura de constitución del ente social, es decir del pacto social. En el pacto social se estableció un monto del capital autorizado de la sociedad, pero en el devenir de los años, por necesidad de la empresa o por otras razones los socios deciden incrementarle su capital accionario, lo cual implica que se debe de hacer una modificación en el pacto social.

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las necesidades del desarrollo de la sociedad le precisen a aumentarlo.Puede ser que las necesidades de aumento de su capital no se den en forma exclusiva por la ampliación de sus operaciones, sino incluso por la misma devaluación monetaria o la inflación o depreciación.

Palabras Claves: El capital, aumento, la ley, el cumplimiento, trámites, código. El capital. El capital de una sociedad es uno de sus elementos fundamentales, por cuento es aquel elemento monetario que constituye el valor de los bienes que los socios le ceden a ésta sin derecho de reintegro para el cumplimiento de sus fines. Es decir que se constituye con los aportes iniciales de los socios para que la sociedad desarrolle los negocios que constituyen su objeto social. 1


El capital que se identifica con las acciones, refleja los derechos que tienen los inversionistas o socios; representa la parte de la propiedad de los socios y cumple una función de garantía frente a terceros dado que constituye punto de referencia para exigir la efectiva aportación patrimonial a la sociedad. Es una cifra que variará según lo acuerden los socios. El capital se considera como un pasivo de la sociedad y representa una deuda hacia los socios, por lo aportes que estos le otorgaron en su inicio o en algún llamamiento de capital. Este valor o monto de capital es fijo, hasta que los socios decidan su ampliación y se cumplan los requisitos de ley. Aumento. De acuerdo a la ley, se obliga a que todo aumento de capital deba ser aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, lo cual se encuentra regulado en el artículo 135 del Código de Comercio. Esta modificación en el pacto social da origen a una Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, al levantamiento de un acta y a una nueva escritura.El aumento del capital de una sociedad responde a las necesidades que se presenten en el transcurso del tiempo y que de una manera inmediata debe responder a las necesidades societarias. Un capital muy limitado puede restringir las operaciones mercantiles de la sociedad, lo cual se determina por parte de los socios; son estos los que deben de promover un aumento del capital social a efecto de tener la capacidad de emprender de una manera adecuada las necesidades mercantiles de la entidad. La ley. El Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, en su artículo 203 regula todo 2

lo referente al incremento del capital; también regula su reducción. Dicho artículo señala que “El aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente, en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago”. Es decir este artículo nos señala que el incremento o decremento del capital de una sociedad debe ser aprobado por el Órgano de la sociedad que corresponda, normalmente la Asamblea General Extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en su pacto social. Señala así mismo que la resolución debe establecer el monto de dicho incremento o aumento y la forma de pago del mismo. La misma Asamblea General Extraordinaria debe decidir si el incremento del capital accionario se dará por medio de la emisión de nuevas acciones o bien mediante el incremento o aumento del valor nominal de las mismas. Es el artículo 204 del Código de Comercio el que regula lo anterior. Levantada el acta de la Asamblea General Extraordinaria que aprobó el aumento del capital y la forma de su suscripción, se deberá escriturar la modificación de la sociedad. El artículo 206 del Código de Comercio establece que “La resolución de aumento de capital se elevará a escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil”. El artículo 209 del Código de Comercio se refiere al hecho del Aumento del valor de las acciones, indicando que: “El aumento del capital social mediante la elevación del valor de las acciones, requiere el consentimiento unánime de los accionistas, si han de hacer nuevas aportaciones en efectivo o en especie”.


Existen varias formas en que la sociedad puede ver incrementado su capital social. El artículo 207 del Código de Comercio establece que existen tres formas del pago del aumento del capital: 1. En dinero o en otra clase de bienes. 2. Por compensación de los créditos que tengan en contra Además el artículo 208 del mismo Código de Comercio contempla el aumento del capital de una sociedad mediante la capitalización de reservas o de utilidades. El artículo 209, se refiere al aumento del capital social mediante el aumento del valor de las acciones. Aguilar (2008, p.231 a 235), expone que existen diferentes formas del aumento del capital en una sociedad: Aumento de capital con aportaciones dinerarias; aumento de capital con aportaciones no dinerarias; aumento del capital con cargo a reservas; aumento del capital por compensación de créditos; aumento de capital con suscripción pública de las acciones; aumento de capital por delegación de la asamblea general: el capital autorizado. El cumplimiento. Se refiere a la necesidad que tiene la sociedad mercantil de cumplir los requisitos que establece la ley de la material, el Código de Comercio, en cuanto al cumplimiento de los requisitos, desde la aprobación por parte de la Asamblea General, hasta la inscripción en el Registro Mercantil, de la modificación o aumento del capital social. Trámite. Es la necesidad que tiene la sociedad de llevar a cabo todos los trámites que estipula el Código de Comercio para efectuar el incremento de su capital. Lo primero es la inscripción

del Acta de la Asamblea Extraordinaria, en la cual se aprueba el aumento del capital. Luego se debe de presentar memorial al Registro Mercantil adjuntando el testimonio y una fotocopia de la escritura en la que conste el aumento del capital, adjuntando fotocopia del acta de la asamblea ya inscrita en la cual se acordó el aumento. Se paga el monto de honorarios registrales y el edicto que hay necesidad de publicar. Se publica el edicto. Transcurridos 8 días después de la publicación del edicto, se presenta al Registro Mercantil un memorial solicitando la inscripción definitiva, adjuntado el original de la publicación del diario de Centroamérica y el testimonio de la escritura. CONCLUSIONES: 1. La legislación guatemalteca contempla el procedimiento para llevar a cabo el aumento del capital de una sociedad mercantil. 2. Depende de las necesidades societarias el aumento del capital. Los socios deben de aprobar el aumento del capital en una Asamblea Extraordinaria. 3. Existen diferentes procedimientos para aumentar el capital de una sociedad 4. El Registro Mercantil tiene un procedimiento explicito que favorece este tipo de modificaciones al pacto social. 5. Aumentado el capital social de la entidad, es esta la única responsable de los resultados de este aumento de su capital. 6. El aumento del capital en una sociedad mercantil, lleva implícito el mensaje del éxito del negocio a que esta dedicada la sociedad. 7. El aumento del capital de la sociedad implica una mayor participación dineraria de los socios o bien el incremento del número de socios. BIBLIOGRAFIA. 1. Decreto número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio de Guatemala. 2. Aguilar, V. (2008). Derecho de Sociedades. Litografía Orión. 3. Medina, J.C. (2008). El Registro Mercantil de Guatemala y sus procedimientos registrales. Impresos Ramírez. 4. Villegas, R. A. (2008), Derecho Mercantil Guatemalteco, Tomo I. Talleres de la Editorial Universitaria, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Emilio Antonio Orozco Gómez NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE FACTORING

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artículo 41 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en que se definen las operaciones y servicios que pueden efectuar los bancos guatemaltecos, se permite como una operación activa, la realización de factoraje.Este contrato mercantil, genera una serie de riesgos financieros para los agentes económicos, por lo que es importante conocer sus modalidades y en que opera.

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En el mismo contexto y por su relevancia, el presente análisis se enfocará al conocimiento de la naturaleza jurídica del contrato de factoraje, que implica la descripción de las teorías jurídicas que subyacen en el dicho contrato y que se refieren a la Teoría de la apertura de crédito; a la Teoría del descuento; y a la Teoría de la compraventa o cesión de créditos.


DEFINICIÓN La traducción al idioma español del concepto de origen anglosajón factoring ha creado cierta controversia, ya que por la complejidad que incorpora este tipo de contrato, tal como lo afirma Rodríguez Azuero, no se ha encontrado una fácil y clara denominación en idioma español, por lo que algunos autores, “han propuesto el término de factoraje, sinónimo de factoría, definida esta última como empleo y encargo del factor y oficina en donde reside”(1).En el contexto internacional, es importante traer a colación la definición que al respecto, se describe en el numeral 2 del artículo 1 de la Convención de Unidroit sobre Factoring Internacional (2). En dicha convención se indica que el contrato de factoring, deben entenderse como aquel contrato celebrado entre una parte (el proveedor) y otra parte (la empresa de factoring que en adelante se llamará el cesionario), mediante el cual el proveedor podrá o deberá ceder a la empresa de factoring, los créditos que se originen en los contratos de compraventa de mercaderías celebrados entre el proveedor y sus clientes (deudores), con excepción de aquellos que se refieran a mercaderías compradas principalmente para su uso personal, familiar o doméstico, asimismo, se agrega que el cesionario tomará a su cargo al menos dos de las funciones siguientes: a) financiamiento al proveedor, e inclusive préstamos y/o anticipos de pago; b) la contabilidad de los créditos; c) el cobro de los créditos; y, d) la protección contra el impago de los deudores. Por otra parte en el convenio citado, se agrega que la cesión de los créditos deberá ser notificada a los deudores. En síntesis el contrato de factoraje o factoring (por su origen anglosajón), puede definirse como la venta de cuentas por cobrar, mediante la cual una sociedad mercantil puede

convertir sus facturas pendientes de cobro, en dinero a través de cederle sus derechos a un Factor o a una Sociedad de Factoring, la cual descuenta o anticipa el importe de las facturas a la sociedad una vez deducidos los intereses por el tiempo que falta para su vencimiento y una comisión o prima que remunere a la entidad mediadora por los servicios prestados y el riesgo asumido PALABRAS CLAVES: Factoraje, convención, cesión, descuento,compraventa, y, contrato. Naturaleza jurídica: La naturaleza jurídicadel contrato de factoraje se relaciona con las teorías siguientes: a) Teoría de la apertura de crédito; b) Teoría del descuento; y, c) Teoría de la compraventa o cesión de La teoría de la apertura de crédito, hace referencia al hecho de que en el contrato de factoraje, existe una apertura de crédito realizada por el factor, la que sería utilizable contra la prestación de las facturas o cuentas por cobrar. De los supuestos inherentes a la teoría de la apertura de crédito, es importante revelar, como lo señala el Licenciado Arturo Martínez Gálvez (3), “en el contrato de factoraje no existe el elemento de disponibilidad que caracteriza a aquel contrato y, además, la suma anticipada en el contrato de factoraje no es una suma determinada por las partes, sino quedepende del volumen de documentos transferidos para su cobro del que se establece un porcentaje.” En el contrato de factoraje el factor puedasumir el riesgo de crédito, lo que implica que esta situación dependerá del tipo de contrato que se origine, lo cual no sucede en la apertura créditos. 5


de crédito, ya que por su naturaleza jurídica, las pérdidas asociadas al riesgo de crédito son asumidas por el acreedor. En el caso de la teoría del descuento y su semejanza con la figura jurídica del factoraje, es importante destacar que una diferencia fundamental se relaciona con el hecho de que el factoraje no origina o no implica que se realice en forma inmediata el desembolso como contraprestación de la transmisión de la factura o de las cuentas por cobrar, ya que por su naturaleza, el desembolso se realiza al vencimiento de dichos documentos. Por otra parte, y siguiendo la interpretación de Rodríguez Azuero, en la mayoría de las transacciones, el factor puede asumir en la totalidad el riesgo de la insolvencia del deudor, sin la posibilidad de volverse contra su cliente. Para Rodríguez Azuero (1)“la teoría que mejor parece ajustarse a la modalidad principal del contrato es la de la compraventa o cesión de créditos, o sea la adquisición del derecho por parte del factor cuya existencia le garantiza al cliente, pero sin responder por la solvencia del deudor, lo que explica por qué, en la mayor parte de los casos, el factor carece de acción de regreso contra su cliente.”En este sentido, la celebración del contrato de factoring o factoraje, origina una compraventa de facturas, cuentas por cobrar o cartera de préstamos (para el caso bancario), en virtud del cual el cliente (sociedad mercantil) cede sus derechos y por lo tanto el factor al adquirirla, está en la obligación de verificar el nivel de riesgo de crédito tanto individual o global que está asumiendo y que sea congruente con la contraprestación otorgada ya que de no hacerlo adecuadamente, podría incurrir en pérdidas monetarias, que podrían afectar la continuidad de sus operaciones con la inminente quiebra de sus operaciones. Marco legal aplicable En el ordenamiento jurídico guatemalteco, el contrato de factoraje es identificado como un contrato atípico, pero nominado (4). Es atípico, debido a que no se encuentra desarrollado en la legislación guatemalteca, lo cual no impide su celebración, una vez que cumpla con los elementos esenciales de los negocios jurídicos, que se estipulan en el artículo 1251 del Código Civil (5) y en los requisitos básicos de los contratos, contenidos tanto en el artículo 671 del Código de Comercio de Guatemala como en los artículos 1517 al 1519 del Código Civil. En esta integración jurídica destaca el artículo 1519 del Código Civil, ya que establece, entre otros asuntos, que un contrato debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes, por lo que a la luz de este principio, el contrato de factoraje puede realizarse y desarrollarse en nuestro ámbito jurídico; sin embargo, de acuerdo a la doctrina, para una adecuada caracterización, el contrato de factoraje o factoring, debe incluir, al menos, dos de los servicios siguientes: a) tipo de financiación; b) gestión de las cuentas por cobrar; c) cobro de las cuentas por cobrar; y d) gestión del riesgo de crédito.En sede mercantil, el marco jurídico relacionado con el contrato de factoraje, lo encontramos en los artículos 669, 671, 681, y 694 del Código de Comercio de Guatemala (6). Al respecto, en el artículo 669 se establece que las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de la verdad sabida y buena fe guardada a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Lo regulado en este artículo es conteste con artículo 1519 del Código Civil relacionado.

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Conclusiones El hecho de que el contrato de factoraje o de factoring (por su origen anglosajón) contrato atípico, no limita su realización, lo cual representa una oportunidad para que las sociedades mercantiles que ceden las cuentas por cobrar, incrementan sus actividades mercantiles al recuperar anticipadamente los flujos de dichas cuentas, con la ventaja de que en la mayoría de los casos, el riesgo de crédito es asumido por el factor.Las sociedades bancarias guatemaltecas, que tienen la potestad de realizar operaciones de factoraje, están en la obligación, de analizar la capacidad de pago, tanto del solicitante (deudor del banco) como de los clientes que generaron la cartera que será objeto de negociación, que entre otros aspectos, incluye analizar estadísticamente el comportamiento de pago de los deudores originales que serán factorados. Bibliografía RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos bancarios. Su significación en América Latina. 5ta. Edición. Legis editores. 2005 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. UNIDROIT. Convención de Unidroit sobre Factoring Internacional (Traducción no oficial autorizada por la Secretaría de Unidroit). 1996 MARTINEZ GÁLVEZ, Arturo. El Factoraje en el Derecho Mercantil y en el derecho bancario. La Tarjeta de Crédito, ed. Vile. Guatemala, 2004.Ley de Bancos y Grupos Financieros.Congreso de la República de Guatemala. Decreto 19-2002, Guatemala, 2002. Código Civil. Decreto Ley-Número 106. 1963 Código de Comercio de Guatemala. Congresode la República de Guatemala. Decreto 2-70,Guatemala, 1970.


GUILLERMO ALFONSO BARILLAS GUERRERO DERECHO A LA IDENTIDAD Y REGISTRO DE NACIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA.

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a identidad civil y registro de nacimiento es un derecho fundamental para todos los guatemaltecos, es la prueba más palpable del reconocimiento de la existencia del niño o niña por el Estado, y como consecuencia puede gozar de los derechos y privilegios que le den acceso a los servicios y programas sociales que brinda el Gobierno como son la educación (inscribirse gratuitamente en una escuela), salud, justicia para menores, seguridad y protección especial contra el trabajo infantil, el abuso y comercio sexual, así como la explotación. Es a través de este derecho que se le permite conocer sus orígenes, tener un nombre e identidad única. Guatemala como miembro de Naciones Unidas y en su calidad de Estado Parte de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ha adquirido la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos allí reconocidos. En nuestro país la institución encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales y de inscribir los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte es el Registro Nacional de las Personas –RENAP-, dentro de su ley se contempla la obligación de garantizar los derechos del niño para que se inscriba su nacimiento, garantizar el respeto a su derecho al nombre y el derecho a preservar su identidad. (1)

PALABRAS CLAVES: BID Banco Interamericano de Desarrollo; UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la la Infancia; OEA Organización de Estados Americanos; ALC América Latina y el Caribe; CDN Convención Sobre los Derechos del Niño; NNA Niños, Niñas y Adolescentes; RCN Registro Civil de Nacimientos; UHRCN Unidades Hospitalarias de Registro Civil de Nacimientos. Abogado y Notario Universidad de San Carlos de Guatemala; M Sc en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España; pensum cerrado en Doctorado en Derecho Penal Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Ex Director de Verificación y Apoyo Social del Registro Nacional de las Personas –RENAP- Ex Magistrado de Apelaciones del Organismo Judicial. Guatemala ha dado pasos importantes juntamente con los países de América Latina y el Caribe, en relación al derecho de identidad y el registro de nacimientos, entonces a través del área de registro civil la OEA, el BID, Plan Internacional y UNICEF, han asumido el compromiso de colaborar con ALC para alcanzar como meta el registro civil universal en el año 2015. Cuando se habla de UNICEF y Plan Internacional, (2) se hace referencia a instituciones que tienen una trayectoria de trabajo conjunto, cuyo fin primordial es promover la toma de conciencia sobre los derechos de los niños señalados por la Convención Sobre los Derechos del Niño


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de la Organización de Naciones Unidas; Plan es una organización independiente, fundada hace 70 años, siendo una de las más grandes del mundo, sin afiliaciones religiosas, políticas o gubernamentales, que trabaja en comunidades de 48 países subdesarrollados.(3) Nuestro país basado en el objetivo de alcanzar el compromiso regional común de obtener el registro universal de nacimiento gratuito, universal y oportuno de todos los niños y niñas de la región, busca crear conciencia ya que existe poca o ninguna del perjuicio tan grande que se ocasiona cada vez que a un niño se le niega su inscripción en el Registro Civil de Nacimientos o cuando se realiza de manera tardía, además se causan consecuencias irreversibles para los derechos del niño. Guatemala hace esfuerzos para corregir deficiencias radicales que se convierten en barreras del registro de nacimientos, sin embargo el Registro Nacional de las Personas –RENAP- (6) institución que es la encargada a partir del año 2007 de

estrategias, etapas de financiamiento y procesos operativos y organizacionales para la modernización del Registro Civil, no logra aún superar el 10% de subregistro de nacimientos (cantidad de nacimientos que se deducen que no han sido registrados) siendo un porcentaje que también se maneja en El Salvador, Panamá, Haití y Bolivia. (2) El problema del subregistro de nacimientos en Guatemala así como la falta de documentos de identidad es bastante difícil de contabilizar porque antes de la existencia de RENAP, (4) cada uno de los 333 municipios del país tenía sus propios procedimientos y forma de manejar la información de manera independiente; es por ello que no se cuenta con estadísticas y censos basados en estudios serios y profesionales sino que únicamente existen estudios realizados por organismos internacionales como UNICEF y Plan Internacional, los cuales arrojan datos del subregistro de nacimientos entre un 5% y un 10%, dependiendo del año que se realizaron.


Es importante señalar que para estos estudios se considera que existe un promedio anual de 400.000 nacimientos, indicando que la cantidad de nacimientos no registrados fluctúa entre los 20,000 y 40,000 y como consecuencia lógica esta es la cantidad de niños y niñas que no son reconocidos jurídicamente como sujetos de derecho. Para obtener resultados que se aproximen al compromiso político de alcanzar el registro de nacimientos gratuito, universal y oportuno de los niños y niñas de la región para el año 2015 se requiere la aplicación de la legislación que garantiza el derecho de todo niño a un nombre y una nacionalidad, eliminar las tasas, pagos de inscripción de nacimiento, otorgándole una mejor asignación presupuestaria al RENAP, eliminación de trabas burocráticas, exigencia de tanto requisito no inherentes al acto mismo del nacimiento, eliminación de sanciones y multas coercitivas, eliminación de tasas e impuestos y cobro por la inscripción y extensión de la primera partida de nacimiento, realizar campañas de sensibilización dentro de la población haciendo conciencia en los padres del niño próximo a nacer para que procedan a inscribirlo, dando a conocer los derechos y beneficios sociales que favorecen al menor como el acceso a la educación, salud, ser reconocidos social, legal y familiarmente con su nombre, adquirir una nacionalidad, no excluir del derecho a registro civil por cuestiones de raza a la población rural, grupos indígenas o étnicos, afrodescendientes, migrantes, desplazados o lisiados por razones bélicas, violencia política o catástrofes naturales, grupos sociales de analfabetos, hijos de madres solteras, y poblaciones rurales. Se requiere de simplificación de los procedimientos y requisitos administrativos para verificar la inscripción, el RENAP imparte cursos en varios hospitales para capacitar a los médicos y enfermeras para que sepan llenar un formulario

de inscripción con los requisitos mínimos que deben dar los padres de los recién nacidos, dar la información respectiva a la madre que recién llega a dicho centro hospitalario a efecto que sepa que antes de retirarse del mismo o sea ya para regresar a su municipio, aldea, o población donde vive, tiene la obligación de dejar debidamente inscrito a su niño o niña. En muchos países existe la implementación de Unidades Hospitalarias de Registro Civil de Nacimientos –UHRCN- en hospitales, maternidades y módulos de salud que atiendan partos, que tienen incorporado un servicio para el registro de nacimientos, utilizando procedimientos gratuitos, sencillos y rápidos ya que se rigen por principios de inmediatez sin tramitaciones dilatorias o impeditivas, buscando el principio de igualdad o sea sin discriminar a ningún niño o niña por razón de su condición, ni por la de sus padres, como suele suceder en nuestro país por la falta de carnet de identidad (DPI), lo cual resulta en una violación a dicho principio; siempre se debe tener presente el interés superior del niño cumpliendo con el derecho a la identidad civil del niño o niña, privilegiándolo con su derecho a ser inscrito en el Registro Civil de Nacimientos por encima de cualquier otra consideración o circunstancia. BIBLIOGRAFIA: ° Decreto 90-2005 del Congreso de la República. Ley del Registro Nacional de las Personas. ° Buaiz, Yuri Emilio. Documento Resumen Estudio Regional Sobre Identificación de Progresos y Retos Pendientes en el Registro de Nacimientos. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF. Estudio en proceso de elaboración. (PP. 2-3-6) ° Cada Niño Cuenta. Revista. El Derecho A la Inscripción del Nacimiento. Plan International Chobham House, Reino Unido, Primera Edición (2011) (P.2). ° El Derecho a la Identidad y el Registro del Nacimiento. Bifoliar. Plan International, Oficina Regional para las Américas, Panamá, República de Panamá.. ° Avances y Desafíos para lograr el Registro Universal de Nacimientos en los Pueblos Indígenas. Los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala y Panamá. Revista. Plan International y UNICEF. (abril 2010). (p.7) República de Panamá. ° Harbits, Mia. Inventario de los registros civiles e identificación de AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Banco Interamericano de Desarrollo BID. (septiembre 2010). 1300 New York Avenue, N.W. Washington D:C: 20577. (p.23)


Licda. Liseth Gramajo Trampe EL SECTOR PRIVADO DE LA ECONOMÍA Y SU LEGISLACIÓN EN GUATEMALA FOTOS P.

En el caso particular de Guatemala, su constitución establece que es un “…Estado libre, independiente y soberano; su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo….”. La norma constitucional antes referida, teóricamente relacionaría que su sistema económico es de libre mercado en el cual el sector privado es el generador principal de la economía nacional; sin embargo es inexplicable el nivel de crecimiento y desarrollo del sector privado en la economía nacional, los indicadores económicos nacionales evidencia que hay un crecimiento lento (no decir decrecimiento). En relación a los recursos que el país tiene y el resultado generalmente es desesperanzador; todo parece señalar que el sector privado esta atrofiado y como consecuencia la economía nacional crece lentamente, lo anterior hace suponer que la inversión privada en la economía nacional es desestimulada, por factores Políticos, Jurídicos y Fiscales.

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economía de un país es el reflejo de la ideología del régimen de su gobierno, así, un país comunista tendrá una economía planificada y un país liberal o democrático tendrá una economía de libre mercado o capitalista, este último fundamenta su economía en la propiedad privada (sector privado), en cuyo sistema el Estado no interviene o interviene lo menos posible.

El Sector Privado de la Economía de Guatemala El artículo 140 constitucional establece “…Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es Republicano, Democrático y Representativo….” Analizando la forma de gobierno del Estado de Guatemala, es del modelo donde se ejercen y garantizan plenamente las libertades fundamentales que manifiesta un Estado de derecho y entre ellas el derecho a la propiedad privada, que es el motor de una economía de libre mercado.


La constitución también regula el Régimen Económico y Social que orienta la economía nacional, el que establece en su artículo 118 “Principios del Régimen Económico y Social“ El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”. (Primer párrafo). “Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional”. (Segundo párrafo). “Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados”. (Último párrafo) Analizando lo anterior se puede establecer que hay indicios de incongruencias con ambas normas, por supuesto esto no implica que exista antinomia entre ellas, sin embargo, hay contradicción entre régimen de gobierno y el sistema económico nacional. Es evidente desde el epígrafe del articulo 118 citado, la relación armonizada de economía y función social, se confirma en su primer párrafo, al establecer que la economía nacional se funda en principios de justicia social, en el segundo párrafo liga al Estado con la obligación de utilizar los recursos con finalidad de distribución equitativa de riqueza, y solo hasta en el último párrafo, es considerada la iniciativa privada para complementar si fuera necesario los fines trazados en los párrafos anteriores, relegando el sector privado a una función auxiliar de apoya a la economía. La legislación guatemalteca faculta al Estado ser parte del mercado, a dirigirlo e intervenir en la economía desde la perspectiva de una empresa nacional con función social.

El régimen económico guatemalteco, es explícitamente opuesto a los principios fundamentales del sistema de libre mercado, por lo tanto lo restringe y controla, como puede observarse en el artículo 119 con el epígrafe de “obligaciones del Estado” son obligaciones fundamentales del Estado: literal h) “…impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad”. El expediente 439-95 de la Corte de Constitucionalidad al respecto expone, dado el contexto de la norma en cuestión, es claro que se refiere a la actividad económica de particulares y que contiene una directriz para que por medio de leyes pertinentes el Estado pueda intervenir en esa actividad. Es importante resaltar que la legislación guatemalteca es imprecisa y desde la óptica jurídica y económica, nos conduce a confusión e incertidumbre en cuanto a precisar qué modelo de sistema económico funciona en Guatemala, (economía de libre mercado, o mercantilismo). Todo parece indicar teóricamente que Guatemala posee un régimen político, incompatible con su política económica, aseveración que se puede confirmar al analizar los sistemas económicos de otros países y sus respectivos regímenes de gobierno y con el auxilio del derecho comparado se observa lo siguiente: Por ejemplo el Estado de Colombia en cuanto a su sistema económico establece en su constitución lo siguiente: Artículo 333. “…La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, son autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.


¿Qué tienen en común Colombia y Guatemala? ambos Estados gobiernan con un régimen de Estado de Derecho (Régimen democrático), y en materia económica la legislación colombiana es explícita y categórica, al afirmar la importancia que el sector privado tiene para el desarrollo económico de ese país, contrario a lo que Guatemala regula en su constitución; también se colige que la legislación colombiana fomenta la libertad económica, lo que tampoco es perceptible en la legislación guatemalteca. Si observamos la legislación constitucional de otros dos Estados en este caso ambos con regímenes socialistas, como es el caso de Venezuela y Bolivia, observamos lo siguiente: en la constitución venezolana, el artículo 12 establece: (2do. Párrafo) “…El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y la economía e impulsar el desarrollo integral del país….” Gaceta No. 39. Expediente 439-95. Fecha de sentencia: 03/01/1996

La legislación constitucional venezolana instituye su economía de forma planificada y faculta la intervención del Estado, condición que es absolutamente opuesta al sistema de libre mercado. Sin embargo para efectos del propósito comparativo, lo que se deduce de su legislación es que existe coherencia entre su régimen político con su correspondiente sistema económico. En el caso de Bolivia que también es del bloque de los países del socialismo del siglo XXI, en su legislación constitucional referente a su política económica en su artículo 135 establece:

“…Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República….”. La legislación Boliviana es más determinante al regular su sistema económico, se observa la facultad y potestad que la legislación le otorga al Estado de nacionalizar toda empresa que se dedique al comercio y no se refiere a empresas del Estado, está dirigida a empresas del sector privado; por lo que también es una economía centralizada y dirigida por el Estado, así como también contraria a una economía de libre mercado, el análisis es similar al anterior, el ordenamiento jurídico de ese país es congruente con su política económica. Con las comparaciones anteriores irrumpe la incertidumbre que nos promueve la deficiencia e imprecisión de la legislación guatemalteca; el supuesto que una política económica de libre mercado sea la consecuencia de un régimen de gobierno democrático para el caso de Guatemala es espurio, régimen político y economía nacional no se corresponden; la incógnita entonces es ¿Cuál es el sistema económico de Guatemala? y ¿Cuál es el papel del sector privado en la economía nacional?. Para determinar cuál es el sistema económico guatemalteco, es ineludible recurrir al análisis de las teorías económicas más recientes en la historia, partiendo del concepto del mercantilismo, se revela que es el conjunto de políticas o ideas económicas que se caracteriza por una fuerte injerencia del Estado en la economía, que consiste en una serie de medidas tendentes a unificar el mercado interno con la finalidad fortalecer a los Estados.


Por su parte la economía de libre mercado puede definirse, como el sistema en el que el precio de los bienes o servicios es acordado por el consentimiento entre vendedores y consumidores, mediante leyes de oferta y demanda, requiere para su implementación de la existencia de la libre competencia y de la mínima o no intervención estatal. En palabras de Ludwig von Mises "La construcción imaginaria de una economía de mercado puro o sin trabas supone que existe división del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción y que por consiguiente hay un mercado para el intercambio de bienes y servicios. Se supone que el funcionamiento del mercado no es impedido por factores institucionales”. Si infiere entonces que la preponderancia del sistema económico guatemalteco es pro-mercantilista, condición que desestimula la inversión privada nacional e internacional, atrofia al sector privado, desacelera la producción y paraliza la economía nacional; a priori se coligetambién que la causa principal es la imprecisión del ordenamiento legal en relación al régimen económico. Es decir que sin leyes claras y precisas, hay incertidumbre y esta aleja a los inversionistas, sin inversión no hay producción y sin producción no hay desarrollo económico. Sin embargo no solo el ordenamiento jurídico desestimula al sector privado (inversión), también la inestabilidad estatal la que es reflejada en la política económica, la política monetaria, la política fiscal y el sistema tributario entre otros que son atribuibles directamente al Estado, así mismo existen factores donde el Estado es corresponsable y que también inciden en la desinversión del sector privado, como la ingobernabilidad, desinstitucionalización y desordengu bernamental, corrupción,impudad,

incremento de violencia, exacerbación de conflictividad (maras), inseguridad en términos generales y el narcotráfico con sus consecuencia conexas. Lo anterior es lo que atrofia al sector privado en la economía guatemalteca, motor de la economía de un libre mercado, fenómeno social que es un agente de cambio para el bienestar común y reducción de indigencia. CONCLUSIONES 1. El ordenamiento jurídico guatemalteco (Constitución Política de la República de Guatemala), legisla de forma incongruente su régimen de gobierno y su sistema económico; la norma constitucional establece que el Estado es el principal actor de la economía nacional y el sector privado es un complemento, por lo que es inoperante y contraproducente para una economía de libre mercado. 2. El Mercantilismo es el sistema económico que influye y orienta la política económica, fiscal, financiera y tributaria de Guatemala, fortalece la intervención del Estado, restringe la participación del sector privado, desestimula la inversión y limita la economía de libre mercado. 3. La atrofia del sector privado en la economía nacional es causado por la ambigüedad del ordenamiento jurídico, y la práctica de un sistema económico enfrentado a la libertad de empresa, a la propiedad privada y a la economía de libre mercado. 4. La certeza y seguridad jurídica fortalece la estabilidad política y económica del país, estimula participación sector privado y la inversión nacional e internacional en beneficio de la producción nacional, y del crecimiento económico del país. BIBLIOGRAFÍA 1. Constitución Política de la República de Guatemala. 1985, artículos 118, 119 literal h). Guatemala. 2. Constitución de Colombia. Articulo 3. Constitución de Venezuela. Articulo 4. Constitución de Bolivia. Articulo 5. Gaceta No. 39. Expediente 439-95. Fecha de sentencia: 03/01/1996 6. Enciclopedia Electrónica. http:// es.wikipedia.org 7. CACIF. Visión transformadora de la realidad Nacional. Nuevo principio 2012 8. CEES. El Estado de derecho y los derechos Humanos. Edsel Urrutia. Guatemala 1990


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Lic. M. Sc. Rodolfo Godoy Lemus LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA, Y EL ESTADO DE DERECHO.

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a política pública se define en base a los objetivos nacionales del Gobierno y del Estado, los que deben sustentarse jurídicamente y sostenerse financieramente, en ese sentido la política de Seguridad Nacional, constituye uno de los objetivos de mayor trascendencia, principalmente por constituir la base para el desarrollo y el bien común. La seguridad además de percepción es acción que coadyuva con la consecución del bienestar general de la sociedad, y para lograr ese propósito el Estado define políticas de seguridad que protejan a la persona de amenazas de diversas índoles, inclusive de decisiones arbitrarias, lesivas, perjudiciales e ilegítimas del mismogobierno o autoridad, en definitiva provee protección a todo nivel y el desarrollo humano.

Con la finalidad de conocer el tema referido este artículo pretende responderde forma general a las interrogantes siguientes: ¿Qué es Estado de Derecho? ¿Qué debe entenderse por seguridad?¿Qué es Seguridad Nacional? ¿Qué es Defensa Nacional? ¿Cómo se fusiona la seguridad y la defensa? ¿Cómo se articula la Política de Seguridad y Defensa en el Estado?¿Qué es en síntesis La Política de Seguridad y Defensa? ¿Qué es cultura de Seguridad y Defensa? ¿Cuáles son los avances en la política de Seguridad y Defensa? Finalizando con algunas conclusiones. ¿Qué es Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un ordenamiento jurídico que garantiza los derechos individuales frente a la autoridad pública


Es la protección de la libertad y de los derechos humanos, significa igualdad ante la ley en donde el Estado también se somete a la reserva de la ley; en el Estado de Derecho priva la ley y no la voluntad del gobernante o del legislador. ¿Qué debe entenderse por seguridad? El ser humano tiene la necesidad de sentirse seguro para desarrollarse, alcanzar sus anhelos y procurar sus intereses. El hombre como ser biológico posee instintos de conservación y defensa, para su vida y por tal razón se siente seguro. Por ejemplo: El sistema inmunológico del cuerpo humano. ¿Cómo se siente una persona de que su sistema inmunológico funcione bien? Si no le aqueja mal, no se recuerda de su sistema inmunológico. Por el contrario hay quienes toman vitaminas o se vacunan y así se sienten seguros; el que no toma estas medidas corre el riesgo de enfermarse, como el ejemplo anterior se percibe la seguridad independientemente del grado real de riesgo. Sin embargo la seguridad es más que solo una percepción, es una acción real y material, ejemplo: Las personas que se encontraban en las torres gemelas el once de septiembre de 2001 se sentían seguras (percepción), pero hoy se sabe que no lo estaban, era necesario acciones o medidas reales y concretas de seguridad para proteger su entorno, por eso la seguridad se enfoca dependiendo del bien que se busca cuidar, y hablar de seguridad implica tres elementos en escena, el bien a cuidar, un agente hostil contra este bien y la capacidad para proteger dicho bien. Ejemplo: bien a cuidar: territorio nacional; amenaza: invasión al territorio; protección del bien: capacidad de defensa del Estado. Cuando se trasladan estos tres factores al ámbito nacional se puede construir un concepto

de Seguridad Nacional, es decir cuando está en riesgo la supervivencia del mismo Estado, su soberanía, su territorio su libertad etc. ¿Qué es Seguridad Nacional? En este sentido la Seguridad Nacional es el grado relativo de garantía que a través de acciones políticas, económicas, sociales y militares; el Estado garantiza su supervivencia y la consecución de los Objetivos Nacionales (bien común). El libro de la Defensa de Guatemala define Seguridad Nacional como un estado de vida de la nación en el cual se garantiza, la dignidad del ser humano y el desarrollo pleno de su potencialidad en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales. ¿Qué es Defensa Nacional? La defensa se activa cuando se emplean medios y recursos en los niveles táctico, operacional y estratégico militar para la defensa de territorio, soberanía, y otros intereses nacionales; amenazados por otros Estados o por óbices internos (la defensa no descarta la actitud ofensiva). La Defensa Nacional tiene como amenazas los conflictos bélicos, procesos revolucionarios, amenazas asimétricas y catástrofesnaturales o antropogénicas, entre ellas; evitarlas o neutralizarlas contribuye a la Seguridad Nacional del Estado. Cuando un Estado determina el grado de seguridad que necesita en relación a la amenaza, define una “Política de Seguridad” para lo interno y una “Política de Defensa” para lo externo. Ambas deben estar respaldadas por un marco legal. La política de defensa se aplica también al ámbito interno cuando las amenazas provienen del exterior como el narcotráfico, terrorismo, entre otras, ante las cuales como es el caso actual de Guatemala las fuerzas de seguridad civil necesitan del apoyo del Ejército de Guatemala principal actor de la Defensa Nacional.


¿Cómo se fusiona la Seguridad y la Defensa? En el caso particular del tema,la fusión es en relación al carácter institucional y por afinidad a la naturaleza de sus funciones, de esta forma la Seguridad Nacional se vale de la Defensa Nacional, para enfrentar amenazas externas o internas; esto explica por qué la Defensa Nacional participa activamente en seguridad ciudadana, una contribuye con la otra y se complementan entre sí. Esta combinación se sustenta en la Ley Marco del Sistema de Nacional de Seguridad, concretamente cuando establece que: la seguridad de la nación incluye principios, políticas, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidades de los componentes del Estado en materia de seguridad, que garanticen la independencia, soberanía e integridad así como los derechos fundamentales de la población. ¿Cómo se articula la Política de Seguridad y Defensa con el Estado? La Política de Seguridad y Defensa se vincula con la consecución de los objetivos de gobierno (Actuales), los que deben ser concurrentes con los objetivos del Estado (Permanentes), estos definen el qué hacer; ambos son dirigidos y orientados a través de estrategias específicas (cómo hacerlo), y apoyados con medios y recursos financieros para ejecutarlos(conque hacerlo). ¿Qué es en síntesis La Política de Seguridad y Defensa? Tanto la seguridad como la defensa constituyen bienes públicos;¿qué produce la Policía Nacional Civil? seguridad; ¿qué produce el Ejército de Guatemala?seguridad y defensa.Estos bienes no pueden verse ni tocarse, pero se pueden percibir y medir con resultados. Son bienes públicos porque benefician simultáneamente a todos los ciudadanos, no hay rivalidad ni exclusión en su aprovechamiento.Es como una radio, nadie está excluido de sintonizarla; si alguien la escucha no se agota para otra persona. Esta analogía expresa el carácter de bien público de la seguridad y la defensa, y por lo tanto como usuarios de ese bien público es conveniente conocerlo, requerirlo, apoyarlo, cuidarlo y fortalecerlo, en este sentido es imperativo crear conciencia y desarrollar una cultura de seguridad y defensa. ¿Qué es cultura de Seguridad y Defensa? Es el conocimiento, interés y deseo de incidencia en la temática de seguridad y defensa por parte de los actores sociales y del Estado, promoviendo a su vez en los ciudadanos la responsabilidad de hacer propios los asuntos relacionados con su seguridad, libertad y defensa de sus intereses. ¿Cuáles son los avances en la política de Seguridad y Defensa? Un logro muy importante para el Estado de Guatemala en la Política de Seguridad Nacional, es la creación del Consejo

Nacional de Seguridad, sustentado en la Ley Marco del Sistema. Nacional de Seguridad, esta tiene por objeto fortalecer y garantizar una cultura de respeto y seguridad ciudadana, su planteamiento es a largo plazo y se requiere la participación ciudadana, su objetivo general es el fortalecimiento del Estado de Derecho, en ese sentido los ejes principales que identifican a esta política son: Hacer cumplir la ley, desarrollar el Sistema Nacional de Inteligencia, profesionalizar y modernizar a la Policía Nacional Civil así como al Ejército de Guatemala. CONCLUSIONES:

1. Guatemala se rige por un sistema jurídico e instituciones que organiza y orienta al gobierno, a garantizar los derechos de los ciudadanos, instituyendo sus obligaciones fundamentadas en el principio del imperio de la ley, al que gobernantes y gobernados están sujetos, condición sine quo non, en un Estado de Derecho Democrático. 2. La Seguridad y Defensa son bienes públicos, que constituye una obligación para el Estado proporcionarlas y un derecho ciudadano demandarsu aplicación, para garantizar el bienestar de todo ciudadano guatemalteco, establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. 3. Para que la política de seguridad y defensa garantice derechos fundamentales de los ciudadanos y la certeza de estar protegidos de cualquier amenaza, es indispensable que el ciudadano perciba como propios los asuntos relacionados con su seguridad, libertad y defensa de sus intereses, creando una cultura de defensa en la población. 4. Las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que enfrenta la seguridad de la Nación pueden variar o no con el tiempo, dependiendo de las tendencias y desarrollo que experimente concretamente el entorno estratégico. En contraste, los intereses nacionales en materia de seguridad son estables y duraderos, que tiendan a permanecer en el tiempo. 5. Para fortalecer la Seguridad y la Defensa además de recursos financieros congruentes con la amenaza, es necesaria la participación activa de los ciudadanos, en este sentido la actual Política Nacional de Seguridad es insuficiente para concientizar y crear cultura de seguridad y defensa en la sociedad Guatemalteca.

BIBLIOGRAFÍA:

1. ESCALER, Karin. 1999. Fundamentos de Derecho I, Quality Print, Guatemala. 2. Manual de Defensa Civil, Comando Superior de Educación del Ejército, Guatemala, 2003. 3. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Guatemala 2008 4. Libro de la Defensa Nacional, Guatemala. Guatemala, 2002. 5. Manual de Estrategia del Comando Superior de Educación del Ejército.


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Palabras claves: Contrato de reporto, acciones, elementos de: formalidad, autonomía, circulación; y debentures. Reporto En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, y se obliga a transferir al reportado, la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida, según lo estipula el artículo 744 de nuestro Código de Comercio.

Carlos Eduardo Búcaro Segura ¿SERÁ FACTIBLE QUE LAS ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PUEDAN SER OBJETO DEL CONTRATO DE REPORTO?

Resumen Un tema que ha generado bastante debate es el relativo a si las acciones de una sociedad anónima pueden ser objeto del contrato de reporto, debido a que nuestro Código de Comercio al regular el mencionado negocio jurídico, solamente admite reportar títulos de crédito a pesar que las disposiciones de estos últimos aplican, en lo conducente, para las acciones, según lo estipula el artículo 99 del mencionado cuerpo legal.

Cabe comentar que existe una diferencia entre título de crédito y título valor y sobre el particular la doctrina sostiene que un título de crédito pueden ser un título valor, pero este último no puede ser título de crédito pues no conllevan el pago de un financiamiento, por consiguiente se ha considerado que el título valor es el género y el título de crédito la especie. Abogado y Notario, M. Sc en Derecho Mercantil y Competitividad, con postgrados en Aspectos legales de los Negocios Internaciones y Formación Bancaria, Asesor Jurídico en materias de supervisión financiera. Acciones De acuerdo con el Doctor René Arturo Villegas Lara, la acción se estudia desde tres puntos de vista: a) como fracción de capital; b) como fuente de derechos y obligaciones para el socio; y c) como título valor. Como se puede apreciar una acción puede ser un título valor, lo cual no significa que sean un título de crédito, pues se estima que la acción carecen de los tres elementos fundamentales de los títulos de crédito y son los siguientes: 1) Formalidad; 2) Autonomía; y, 3) Circulación; como se explica a continuación.


Formalidad Se advierte que no obstante el artículo 107 del Código de Comercio de Guatemala establece el mínimum de datos que deben contener el título de las acciones, si se omite alguno de ellos no los invalida, como si sucede en el caso de los títulos de crédito, pues de conformidad con los artículos 386 y 387 del citado Código sólo producirán los efectos previstos en ese mismo cuerpo legal, los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular e inclusive prevé que en caso de omitieren requisitos, cualquier tenedor legítimo puede llenarlo antes de presentarlos para su aceptación o cobro. Autonomía Se observa que las acciones están vinculadas al capital de la sociedad y a las disposiciones del pacto social, lo cual limita la autonomía de dichos documentos; en cambio, los títulos de crédito, como explica el jurista René Arturo Villegas Lara, incorporan un derecho literal y autónomo, por lo que les está dando una existencia independiente de cualquier vínculo subjetivo. Circulación La transferencia de las acciones se sujeta a las disposiciones del pacto social, de esa cuenta es que el artículo 117 del Código de Comercio de Guatemala, estipula que en la escritura social podrá pactarse que la trasmisión de acciones nominativas sólo se haga con autorización de los administradores; mientras que en el caso de los títulos de crédito, desde el momento en que se ponen en circulación adquieren una existencia autónoma, distinta a la causa que originó su creación, prueba de ello es que el tratadista Dávalos Mejía, afirma que la autonomía puede definirse como el desprecio que el derecho muestra por las causas y motivos que concurren en la expedición de un título de crédito; para el derecho lo importante es el título, su circulación y su pago.

Cabe comentar que el autor Alejandro Bérgamo, sostiene que la acción es un “título de crédito impropio” que no impone la obligación de efectuar una prestación dineraria. Por su parte el Diccionario de la Lengua Española define el vocablo impropio como: “Falto de las cualidades convenientes según las circunstancias. 2. Ajeno a una persona, cosa o circunstancia, o extraño a ellas.”, en consecuencia, una acción no podrá considerarse como un documento de deuda por sí misma, pues no reúnen las cualidades necesarias, tal y como fue expuesto. Debentures Existe una corriente que sostiene que el contrato mercantil de reporto no está limitado a los títulos de crédito sino que se extienden a los títulos valores como son las acciones, por cuanto los artículo 747 y 748 de nuestro Código de Comercio al utilizar los términos derecho de voto, pago de dividendos, intereses y llamamientos, no puede referirse más que a las acciones. Si bien es cierto que dichos elementos se encuentran dentro del concepto de acción, los mismos no constituyen características exclusivas de las acciones, pues existen otros títulos que contienen algunas de esas características como es el caso de las obligaciones de las sociedades debentures. Conclusión Las acciones de una sociedad anónima no pueden ser objeto de reporto, debido a que carecen de los elementos de formalidad, autonomía y circulación propios de los títulos de crédito y que el derecho de voto, pago de dividendos, intereses y llamamientos, a los que aluden los artículos 747 y 748 del Código de Comercio de Guatemala, no son características exclusivas de las acciones. Bibliografía

• Bérgamo, Alejandro. Sociedades Anónimas. Madrid, Prensa Castellana, S. A., 1970 • Dávalos Mejía, Carlos Felipe. Títulos de Crédito. Segunda Edición, México, Industria Editorial Mexicana, 1992 • Villegas Lara, René Arturo. Derecho Mercantil Guatemalteco, Guatemala: Editorial Universitaria, 1988 • Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición, Madrid, Editorial Espasa Calpe, S. A., 2001


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Lic. Manuel José Ovalle Figueroa LA ESCISIÒN DE SOCIEDADES MERCANTILES

INTRODUCCIÓN La globalización ha llevado a utilizar figuras mercantiles que no están reguladas en nuestro medio, como la escisión que es un mecanismo de reorganización empresarial y segregación del patrimonio, sirve para la adaptación y adecuación de la estructura económica y jurídica de las sociedades, a los cambios económicos en el ambiente en que se desarrollan. La escisión, segregación de bloques patrimoniales y reorganización simple, tienen como objetivo, entre otros, la redistribución de las actividades o descentralización empresarial, que pueden ayudar estabilizar una empresa que atraviesa por situaciones de crisis económica. Por lo que vamos a tratar el tema de la Escisión de Sociedades mercantiles, que en Guatemala no existen leyes que regulen el proceso, ni procedimientos técnicos para su registro y contabilización. Y teniendo presente que la separación de la empresa o sociedad en varias divisiones crea más valor en el mercado y esto conlleva a la creación de más empleos, y siendo una figura mercantil utilizada en nuestro medio es importante que exista regulación al respecto.


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ALABRAS CLAVES Sociedad Escindente: Es la que transmite total o parcialmente sus activos, pasivos y capital Sociedad o Sociedades Escindidas: Son las que reciben de la sociedad escindente, el activo, pasivo y capital correspondiente. El activo de una sociedad: Se constituye por el conjunto de bienes y derechos que son de su propiedad El pasivo de una sociedad: Es el conjunto de deudas u obligaciones que tiene a su cargo la misma. El capital: Es la diferencia entre el activo y el pasivo. ESCISION DE SOCIEDADES: Escisión. Viene del latín scissĭo, -ōnis, cortadura). f. rompimiento.λ Históricamente la escisión inicio.

Rojas Castañeda A. Escisión de las sociedades mercantiles. (Septiembre/Diciembre 2010). Escisión de las sociedades mercantiles. recuperado de: www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/69/76-07.pdf

primeramente en Francia e Italia y posteriormente en Argentina. En Italia se aplicó este procedimiento considerado como una fusión al revés; En el derecho argentino se hizo presente la escisión en el ordenamiento fiscal antes que el societario. El nuevo entorno económico globalizador en el que están inmersas las empresas de los países de la región latinoamericana, presenta grandes desafíos para los empresarios en general; asimismo, el nuevo ambiente económico ha dado lugar a alianzas estratégicas de las empresas, materializadas en escisiones de entidades económicas orientadas a fortalecer mediante una estructura de negocios más adecuada. En nuestro país no hay legislación al respecto, el Doctor Villegas Lara indica que: El fenómeno de la escisión no se encuentra

fenómeno de la escisión no se encuentra regulado en el derecho guatemalteco; pero no es prohibido llevarla a cabo. Lo único es que ante una asesoría legal de tal naturaleza, el notario tiene que ser muy cuidadoso para formular una o más escrituras que recojan adecuadamente las intenciones de los socios. Al no existir regulación en nuestro país, los objetivos que ésta tiene se desconocen, produciendo una laguna legal que no impide que se realice, pero tampoco se tiene normado para que pueda llevarse a cabo de una manera correcta con los resultados que busca producir; entre estos están, evitar monopolios y permitir la expansión de sociedades dentro del ámbito comercial. Concluimos que la escisión: es la operación mediante la cual se divide total o parcialmente el patrimonio de una sociedad para transmitir, en un solo acto, sin que proceda liquidación alguna, la parte o partes resultantes de esta división patrimonial. Entonces hablamos de escisión, cuando una sociedad denominada escindente decide se extingue y divide la totalidad o parte de NAVAS GONZÁLEZ, LUISA CECILIA. (2007). análisis jurídico doctrinario de la escisión como mecanismo para la desconcentración de sociedades mercantiles. tesis previo a conferírsele el grado académico de licenciada en ciencias jurídicas y sociales. y los títulos profesionales de abogada y notaria, pdf universidad de san carlos de guatemala - biblioteca usac. Recuperado de : biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_7056.pdf la escisión de sociedades mercantiles constituye un medio a través del cual, éstas al.... 1 villegas lara, rené arturo, derecho mercantil guatemalteco, pág. 9.

su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.


Los socios de la sociedad escindente o sea la sociedad original lo son también de la o de las sociedades escindidas, que son las sociedades nuevas, a quienes se les entregan acciones o títulos de las nuevas sociedades escindidas a cambio de las acciones o partes sociales de la sociedad original escindente que redujo su capital o se acuerda su disolución. La sociedad o sociedades absorbentes o las que se creen como resultado de la escisión, se denominarán sociedades beneficiarias. Es importante tener presente que los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la forma establecida en el proyecto de escisión. Entonces podemos afirmar que la escisión consiste fundamentalmente en el desdoblamiento de una persona jurídica con el reparto de su patrimonio entre varias de ellas, y en al caso de sociedades con la atribución de los socios de la sociedad que se escinde, del carácter de socios de la sociedad que se crea con la contemplación de la escisión. CLASIFICACION DE LA ESCISIÓN. Nuestra legislación no regula la figura por lo que nos referiremos al lo revisado en la literatura. Pero me pareció la más adecúala y simple la siguiente: La escisión puede ser pur a o parcial. La escisión es pura cuando la sociedad se divide o separa desapareciendo la empresa escindente y naciendo nuevas empresas. La escisión es parcial cuando la sociedad escindente divide una parte de sus activos, pasivos y capital, para formar una nueva sociedad escindida subsistiendo la sociedad escindente con el capital que no fue transferido a la empresa de nueva creación.

MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL La escisión de sociedades envuelve una modificación en las estructuras jurídicas de la sociedad; tal cambio o modificación en la estructura societaria obedece a la adecuación del ente a la situación económica en la empresa, la cual se halla inmersa en un sistema económico determinado. Por lo que está siendo considerada en el mundo como una opción más para buscar nuevas formas de reestructurar las empresas y redistribuir sus actividades con el objetivo de ser más eficientes. CONCLUSIONES. 1. La causa de la escisión de sociedades comerciales se da como un problema de práctica empresarial. Los motivos de la modificación de la estructura societaria obedece a cuestiones económicas empresariales, pero su relación es jurídica. 2. En la escisión de sociedades se traspasa parte de sus activos y/o pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituyen llamadas beneficiarias 3. La escisión es una consecuencia de la concentración de capitales de las empresas, y la necesidad de expansión por el gigantismo, divide o separando el patrimonio de una para trasladar dicho capital a varias empresas, pata así ser más eficientes. 4. La falta de regulación Escisión de Sociedades, en nuestro país, produce una laguna legal, que no impide que se realice, por lo se propone una reforma al capítulo XII del libro I del Decreto 2-70 del congreso de la República, Código de Comercio de Guatemala para su regulación, así normas lo necesario para obtener los verdaderos resultados que busca producir; como lo es, el hecho de evitar monopolios y permitir la expansión de sociedades dentro del ámbito comercial.


Lic. Nelson Oswaldo Cámbara Flores TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL “EL DAÑO” II.- Resumen. En el ámbito del derecho civil constituye el daño un detrimento un perjuicio, constituyéndose este un elemento esencial en la teoría jurídica de la responsabilidad, porque éste a diferencia del de la culpa ha de concurrir en todo caso para que derive la misma, ya que para que proceda el resarcimiento es ineludible la producción de un menoscabo en la esfera jurídica del perjudicado. No se puede hablar de responsabilidad sino se ha producido un daño, es decir un perjuicio a una persona en forma personal o a los bienes que esta posea. Para que pueda tenerse lugar a una reacción jurídica frente al daño, éste tiene que afectar un interés humano, para lo cual se hace necesario delimitar entre los hechos humanos susceptibles de perjudicar a otro cuáles son productores de daños en sentido jurídico y cuáles no. En un sentido amplio daño es un detrimento, perjuicio o menoscabo causado por culpa de otro en el patrimonio de una persona. Daño significa la alteración desfavorable de las circunstancias que a consecuencia de un hecho determinado se produce contra la voluntad de una persona y que afecta los bienes jurídicos que le pertenecen (personalidad, libertad, honor, patrimonio); dicha definición comprende tanto el daño patrimonial como el moral. Zannoni, indica: “daño se define como el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio” El Código Civil guatemalteco, en su artículo 1434 trata de proporcionar una definición de daños al indicar que estos consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. Al parecer el término utilizado pérdida hace referencia al menoscabo o perjuicio sufrido en el patrimonio de la víctima; además, en relación con los perjuicios, éstos los define como las ganancias lícitas que deja el acreedor de percibir, asimilando el término perjuicio al del lucro cesante que se desarrollará posteriormente. Licenciado en ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario ZANNONI, Eduardo A. El Daño en la Responsabilidad Civil. Astrea 2da Edición actualizada y ampliada. Pág. 1.


III.- Daño patrimonial, daño emergente y lucro cesante Entiéndase daño patrimonial al que vincula la noción de menoscabo, lesión o agravio al concepto de patrimonio, éste último como la universalidad de derechos y bienes de una persona, atributo de la personalidad. El daño patrimonial es pues, la lesión o menoscabo que afecta un interés relacionado con los bienes del damnificado, es decir sobre los bienes que integran su esfera jurídica, que por ende, le pertenecen. Para el Doctor Vladimir Aguilar, el daño emergente es la disminución de los valores patrimoniales que el perjudicado tenía en su haber. En definitiva, el efectivo daño sufrido, incluyendo dentro de éste también la previsión de efectos futuros de un daño presente. En relación con el lucro cesante expone que son los beneficios o ganancias ciertas o reales que se han dejado de obtener, como consecuencia de haber sufrido un daño, lo cual ofrece algunos problemas de valoración y de prueba, en virtud, que el lucro cesante como ganancia dejada de obtener y dejada de percibir no puede presumirse, sino que ha de ser consecuencia directa del hecho que produjo el daño. Tanto el daño emergente como el lucro cesante llevan intrínseca una disminución patrimonial, pero ¿cuál es la medida de esa disminución? La respuesta parece simple, la medida es el valor del bien dañado lo que la mayoría de las veces no es nada sencillo establecer ese valor, para lo cual se afirma que todo bien es económicamente estimable desde dos perspectivas, la primera es el valor objetivo del bien, es decir, lo que el bien vale para todos, sin embargo este valor para efectos de la indemnización no es siempre el que se debe observar, porque el segundo punto de vista es el valor subjetivo, referente a lo que vale para el damnificado en particular IV.- Clasificación del daño. Para Santos Briz; los daños se clasifican entre patrimoniales y no patrimoniales; los primeros son los que producen un menoscabo valorable patrimonialmente en dinero sobre intereses patrimoniales del perjudicado y los segundos son en principio aquellos cuya valoración en dinero no tiene una base equivalencial que caracteriza a los patrimoniales, por afectar intereses de difícil valoración pecuniaria. (1973: 554). a) Daño patrimonial o material: son los que recaen sobre los bienes materiales del sujeto afectado, concretamente es un daño objetivo, el daño material provoca una disminución directa en el patrimonio del damnificado y también de utilidad que es compensable en dinero o con bienes intercambiables por dinero. .


b) Daños no patrimoniales: en la doctrina jurídica se distingue entre los daños propiamente morales y los daños patrimoniales indirectos o daños morales impropios. Los primeros son los que no afectan en si el patrimonio y los segundos son aquellos que a través de la lesión de intereses inmateriales trascienden a valores del patrimonio. c) Daño moral: se considera daño moral al menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico, la noción se desarrolla básicamente en dos presupuestos, el primero de ellos es la naturaleza del interés lesionado y el segundo la extra-patrimonialidad del bien jurídico afectado. En suma la valoración del daño moral es una de las cuestiones más difíciles de determinar para el juzgador, porque tiene que dar solución a las interrogantes como por ejemplo: ¿Cuál es el valor de la vida?; ¿Cuánto vale la libertad, la salud, la aflicción del alma, el empobrecimiento de espíritu? V.- Indemnización: Se denomina Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios a aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima. El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o simplemente de una ventaja. VI.- Palabras Clave. DAÑO: es un detrimento, perjuicio o menoscabo causado por culpa de otro en el patrimonio de una persona. Daño significa la alteración desfavorable de las circunstancias que a consecuencia de un hecho determinado se produce contra la voluntad de una persona y que afecta los bienes jurídicos que le pertenecen (personalidad, libertad, honor, patrimonio). DAÑO PATRIMONIAL: son los que recaen sobre los bienes materiales del sujeto afectado, concretamente es un daño objetivo, el daño material provoca una disminución directa en el patrimonio del damnificado y también de utilidad que es compensable en dinero o con bienes intercambiables por dinero. LUCRO CESANTE: son los beneficios o ganancias ciertas o reales que se han dejado de obtener, como consecuencia de haber sufrido un daño. INDEMNIZACIÓN: aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima. SANTOS, Briz Jaime. Derecho de obligaciones, la obligación y el contrato en general, derecho de daños tomo III, Madrid, 1973.


VII.- Conclusiones. 1.- Se entiende por daño como aquel detrimento, perjuicio o menoscabo causado por culpa de otro en el patrimonio de una persona. Significa la alteración desfavorable de las circunstancias que a consecuencia de un hecho determinado se produce contra la voluntad de una persona y que afecta los bienes jurídicos que le pertenecen (personalidad, libertad, honor, patrimonio). 2.- Se produce daño ser material o patrimonial cuando recae sobre bienes tangibles de la víctima, daño no patrimonial cuando afecta bienes no patrimoniales o moral; que como punto general puede establecerse que es el que afecta la personalidad o los derechos de personalidad de la víctima, éste último a su vez puede ser directo o indirecto. 3.- La valoración del daño material debe realizarse de una manera objetiva y subjetiva, la primera en relación con el valor real del bien pero tomando en consideración el interés del sujeto afectado. Ahora más difícil resulta la valoración del daño moral, el que dependerá de las circunstancias concretas en que se produjo analizadas por el juzgador de mérito. 4.- aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima. BIBLIOGRAFÍA LIBROS Aguilar Guerra, Vladimir Osman - El derecho de obligaciones, 4ª. edición, Guatemala, 2007. - El Negocio Jurídico, 6ª. edición, Guatemala, 2007. Santos Briz, Jaime -Derecho de obligaciones, la obligación y el contrato en general, derecho de daños tomo III, Madrid, 1973. Zannoni, Eduardo -El daño en la responsabilidad civil, 2ª. edición, Argentina, 1993. LEYES Código Civil, Decreto Ley 106.

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Abogado y Notario; Contador Público y Auditor; MA en Derecho Mercantil; MA en Administración Financiera; Pensum cerrado del Doctorado en Derecho.

El contrato de Fideicomiso como garantía de obligaciones crediticias

E

l fideicomiso es una institución jurídica por medio de la cual una persona individual o jurídica llamada fideicomitente, transfiere mediante un arreglo contractual ciertos bienes y derechos a otra persona jurídica llamada fiduciario, en el caso guatemalteco dicha actividad le corresponde con exclusividad a los bancos y las instituciones de crédito, para que los administre a favor de una tercera persona individual o jurídica llamada fideicomisario. Este negocio, surge dentro de las denominadas operaciones de confianza y dentro de la diversidad de manifestaciones jurídicas ha sido utilizado como un mecanismo de garantía, por las instituciones de crédito, como una cobertura adicional para el pago de las obligaciones crediticias, en el supuesto que llegado el plazo para el pago de las mismas, estas no sean honradas por los deudores y que entonces bienes fideicometidos sirvan como medio pago de dichas obligaciones.

a una persona que se encarga deadministrarlos o de enajenarlos y, con el producto de tal actividad, cumplir con lafinalidad determinada por el constituyente en su favor o en beneficio de un tercero” (p.617).

PALABRAS CLAVE: Fideicomiso, patrimonio fideicometido, obligaciones crediticias.

En cuanto a sus antecedentes se puede mencionar que la figura del fideicomiso, surge en culturas jurídicas antiguas y ha evolucionado a lo largo de la historia siendo incorporado en legislaciones más nuevas y menos desarrolladascomo las diversas legislaciones latinoamericanas. Uno de los pilares de esta figura se encuentra en el derecho romanoy posteriormente fue ampliamente desarrollado por el derecho anglosajón tomando como punto de partida los principios y fundamentos del derechoromano. En el derecho romano se puede mencionar el fideicommisum el cual consistía de acuerdo a lo expuesto por Rodríguez Azuero (2002) en: “que una persona transfería a otra, porvía testamentada, uno o más bienes con el objeto de que ésta, figurando externamentecomo propietario, los empleara en beneficio de otra u otras terceras personas a lascuales, más adelante, si ello era posible, debían serle transmitidos los bienes” (p.807).

El fideicomiso ha sido definido por diversos autores de maneras diferentes; sin embargo, se hace necesario traer a contexto la definición expuesta por el tratadista Rodríguez Azuero (1997) quien manifiesta que: “El negocio jurídico porel cual se transfieren uno o varios bienes

Por su parte en el Derecho Anglosajón se encuentran los orígenes del fideicomiso enlos llamados uses. Estos uses de acuerdo con Porras Zamora (1998) constituyen: “el antecedente del trust, los cuales consistían en los llamados compromisos de concienciaque adquiría una persona al recibir


Uno de los elementos materiales importantes del Contrato de Fideicomiso lo constituye el patrimonio fideicometido, derivado que es este el que es utilizado para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, se entiende de acuerdo a lo expuesto por Rodríguez Azuero (1998) como: “el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a una persona que tengan una persona que tengan una utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria” (p.37).

propio patrimonio. El fideicomiso de garantía es aquel contrato por medio del cual el fideicomitente transmite al fiduciario uno o variosbienes, en forma irrevocable, para que los mismos y/o su producto, garanticenobligaciones a cargo del primero o de un tercero, frente a un acreedor o fideicomisario.Como se indicó el patrimonio fideicometido tiene la finalidad de respaldar las obligaciones contraídas y dicho patrimonio como tal o bien los productos que surjan de la administración del mismo, estarán sirviendo de garantía con terceros según sea el caso y este contenido dentro de sus cláusulas contractuales. La figura típica que se sustituye con estos fideicomisos es, desde luego, los mutuos ocréditos con garantía real, y más específicamente aquellos garantizados con hipoteca,con la diferencia que en los primeros cuando deviene incumplimiento por parte deldeudor, para satisfacer el crédito y lograr el pago de la cantidad debida, debeobliga damente seguirse un procedimiento judicial de persona que tengan una utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria” (p.37).

El patrimonio del fideicomiso se constituye en un patrimonio autónomo independiente de los sujetos personales que lo han aportado, toda vez que el mismo como se indicó es constituido con un fin específico. De hecho, el destino de los bienes y derechos fideicometidos se concreta exclusivamente al fin de cada fideicomiso, sin que se encuentren sujetos a las responsabilidades propias del fiduciario, sino únicamente aquellas que correspondan a terceros ajenos a la constitución del fideicomiso, cuando se encuentren fundadas de acuerdo con la ley. Más aún, en caso de quiebra del fiduciario, los bienes y derechos que tiene en fideicomiso no entran a ellas, por encontrarse separados de su propio patrimonio.

El patrimonio del fideicomiso se constituye en un patrimonio autónomo independiente de los sujetos personales que lo han aportado, toda vez que el mismo como se indicó es constituido con un fin específico. De hecho, el destino de los bienes y derechos fideicometidos se concreta exclusivamente al fin de cada fideicomiso, sin que se encuentren sujetos a las responsabilidades propias del fiduciario, sino únicamente aquellas que correspondan a terceros ajenos a la constitución del fideicomiso, cuando se encuentren fundadas de acuerdo con la ley. Más aún, en caso de quiebra del fiduciario, los bienes y derechos que tiene en fideicomiso no entran a ellas, por encontrarse separados de su propio patrimonio.

los bienes que le eran entregados por otra, loscuales podrían ser en favor del propietario inicial o de un tercero designado por él” (p.35). Finalmente, la figura del fideicomiso en el derecho guatemalteco podría decirse que el fideicomiso es unafigura relativamente nueva, apareció por primera vez de forme expresa en su sistema jurídico en laConstitución Política de 1945 y a partir de 1970 se encuentra regulado como un contrato mercantilregulado por el Código de Comercio (Decreto 2-70 del Congreso de la República).


El fideicomiso de garantía es aquel contrato por medio del cual el fideicomitente transmite al fiduciario uno o variosbienes, en forma irrevocable, para que los mismos y/o su producto, garanticenobligaciones a cargo del primero o de un tercero, frente a un acreedor o fideicomisario.Como se indicó el patrimonio fideicometido tiene la finalidad de respaldar las obligaciones contraídas y dicho patrimonio como tal o bien los productos que surjan de la administración del mismo, estarán sirviendo de garantía con terceros según sea el caso y este contenido dentro de sus cláusulas contractuales. La figura típica que se sustituye con estos fideicomisos es, desde luego, los mutuos ocréditos con garantía real, y más específicamente aquellos garantizados con hipoteca,con la diferencia que en los primeros cuando deviene incumplimiento por parte deldeudor, para satisfacer el crédito y lograr el pago de la cantidad debida, debeobliga damente seguirse un procedimiento judicial denominado en la legislación deGuatemala Ejecución en la Vía de Apremio, procedimiento que muchas veces puedeser muy accidentado y extenso. Mientras que con la utilización del Contrato de Fideicomiso de Garantía, el mecanismo de recuperación de los créditos se hace más sencillo, toda vez que el fiduciario al recibir noticia del incumplimiento promueve, sin formar artículo,la venta en pública subasta ante notario de los bienes que conforman el patrimonio delfideicomiso, cuidando por supuesto, el derecho de defensa. Es decir, realiza unprocedimiento con mucha más celeridad y eficacia, que a su vez también es totalmentelegal. Al respecto el Artículo 791 del Código deComercio, establece dos disposiciones se suma importancia. Por un ladoestablece que únicamente el

procedimiento de subasta notarial es el mecanismopermitido que ha de seguirse en caso de incumplimiento de las obligaciones que segaranticen con el fideicomiso, siendo nulo cualquier pacto que disponga lo contrario; ypor el otro lado, regula que la entidad que actúe como fiduciario no podrá ser al mismotiempo acreedor, circunstancia que evidentemente tiene su razón de ser y va de lamano con el Artículo 769 del referido cuerpo legal, que taxativamente prohíbe alfiduciario ser fideicomisario (beneficiario) del mismo fideicomiso. CONCLUSIONES El contrato de fideicomiso de garantía constituye una herramienta jurídica que garantiza de manera ágil y práctica la recuperación de las obligaciones crediticias, toda vez que llegado el incumplimiento de pago por parte de los deudores crediticios, el fiduciario, al ser notificado tiene la obligación de adoptar las acciones contenidas en el contrato, con el fin de realizar el pago correspondiente al acreedor de acuerdo a lo establecido.El patrimonio fideicometido tiene un papel preponderante en el contrato de fideicomiso, derivado que el mismo constituye un patrimonio autónomo que se crea únicamente con el fin de respaldar las obligaciones contenidas en el contrato de fideicomiso y el mismo no podrá ser utilizado para fines diferentes a los pactados, con independencia de las obligaciones jurídicas que tengan individualmente el fiduciario y el fideicomitente, lo que da una verdadera garantía a los acreedores beneficiarios en el mismo. BIBLIOGRAFIA

DÁVALOS MEJÍA, Carlos Felipe (2001).Derecho bancario y contratos de crédito.México.Ed. Oxford University Press. PORRAS ZAMORA, Jorge (1998). El Fideicomiso en Costa Rica, nociones y productosBásicos. Costa Rica, (s.e). RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio (2002). Contratos bancarios. 5ª. ed., Colombia, Ed. Legis. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio (1997). La responsabilidad del fiduciario, Colombia, Ed.Rosaristas, 1997.


IGAL DAVID PERMUTH OSTROWIAK AUMENTO DEL CAPITAL EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL FOTOS P.

R

esumen: El diferendo entre Guatemala y Belice, tiene tres momentos bien definidos en su cronología y desarrollo histórico, el primero, es decir su origen, data desde la época de la colonia, en que la corona española, le otorga en usufructo parte de su territorio de la capitanía General, el que comprendía todo el territorio de lo que hoy es Centroamérica, un segundo momento cuando Guatemala obtiene su independencia Guatemala, que

también hereda el conflicto de intereses con el imperio británico, ambos Estados desde la convención de 1859, han sostenido posiciones rígidos de intereses opuestos en relación al territorio que ha otorgado en usufructo, un tercer momento es la independencia de Belice del Inglaterra, y posteriormente el reconocimiento internacional, incluyendo a Guatemala mas tarde, este suceso reconfigura el orden de la controversia en el sentido que los actores en la disputa cambian, y también sus intereses. El presente estudio hace un breve recorrido por los momentos y sucesos históricos trascendentales que se han desarrollado con relación a la controversia territorial, insular y marítima, que sostiene Guatemala y Belice, así mismo, busca establecer su origen, desarrollo y evolución, con el propósito de determinar qué medios de solución pacifica se han invocada o si existe una fórmula de solución ecuánime que resuelva en definitiva la controversia, considerando que es un problema que data de la época colonial y que en caso particular de Guatemala, desde el año de 1859, convirtiéndose en un conflicto añejo de más de ciento cincuenta y siete años, sin resolver y sin ver una posible solución al corto o mediano plazo, por tal razón y con la finalidad de explicar este fenómeno, este estudio establece como objetivo determinar el compromiso legal internacional de las partes para resolver el diferendo por la vía jurídica; arbitraje internacional o Corte internacional de Justicia. Al final del estudio concluye que en efecto, las partes en disputan tienen el compromiso, con el derecho internacional, sus normativas internacionales y con sus respectivos pueblos, a obligarse mutuamente a buscar


una solución definitiva desde la perspectiva jurídica del derecho internacional.

BELICE Y GUATEMALA DIFERENDO AÑEJO DEL DERECHO Y LAS ORGANIZACIÓN INTERNACIONALES SIN SOLUCIÓN DEFINITIVA El diferendo entre Guatemala y Belice, es un añejo problema del derecho internacional y de sus organizaciones internacionales principalmente de la Organización de Estados Americanos, (OEA), por ser el ente continental a quien le concierne directamente aplicar la normativa internacional y consecuentemente buscar una solución pacífica a la controversia de los Estados, y si el ente regional no fuera el idóneo y competente para tal finalidad, existe la posibilidad y la opción de canalizar las disputas de los Estados a un órgano internacional superior; en el caso concreto a la Organización de las Naciones Unidas, ente internacional que dispone en su organización de la Corte Internacional de Justicia, componente de la referida organización, que tiene como función principal resolver las controversias, diferendos y conflictos de los estados, con fórmulas ecuánimes, de conformidad con la equidad, la justicia y de conformidad con el derecho internacional. Sin pretender ser exhaustivo pero si ilustrativo con los antecedentes y la historia de la controversia Guatemala y Belice, se expondrán dentro de la cronología común ambos estados, los eventos trascendentales de su historia; y en ese sentido el primer aporte que se enfatiza en este artículo es que el diferendo aparte de ser añejo es complejo, debido a que la controversia

es solo territorial, como tradicional se había interpretado, contrario sensu, involucra dimensiones más complejas como es el tema del derecho al mar y la soberanía de gran cantidad de islas, islotes y cayos que están por definirse o resolverse en definitiva. ¿Cómo inicia la odisea del diferendo Guatemala Belice?, para responder a este trascendental y fatídico evento para Guatemala, es preciso acudir a uno de los guatemaltecos que ha escrito sobre el particular tema y en ese sentido lo citamos de manera siguiente:

(Alberto Herrarte 2000) “… Por la Paz de Paris de 1763, la corona española se comprometió a no molestar a los súbditos ingleses en la corta de palo de tinte; pero no habiéndose señalado ninguna circunscripción territorial para este objeto.… Nuevamente envueltos en guerra España y Francia contra Inglaterra con motivo de la independencia de los Estados Unidos, en la Paz de Versalles de 1783 se hizo una severa limitación del territorio que deberían ocupar los ingleses para el exclusivo propósito de la corta del palo de tinte, del río Hondo al río Belice, que es el origen de la ocupación británica sobre Belice. Los términos del tratado eran muy severos para Gran Bretaña y se reconocía soberanía española sobre el territorio cedido en usufructo. En 1786 la corona española amplió la concesión del río Belice al río Sibún, por el tratado de 1786, con lo que la concesión abarcó del Hondo al Sibún…” (Paginas 5 y 6)

Es evidente e irrefutable que lo acontecido en ese momento histórico es el otorgamiento en usufructo, de una fracción de territorio ubicado al este de lo que fue en su momento la Capitanía General de Guatemala, por parte de la corona española (que por razones de descubrimiento y conquista le pertenecían), a la Corona inglesa, esta última ostentaba ser una potencia mundial con ambiciones de formar un imperio en el orden mundial imperante de la época; razón por la cual, la figura del convenio de usufructo, fue ignorado y transgredido, nada o poco les importó observar, reconocer y sobretodo respetar que el ámbito jurídico internacional el usufructo es el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la


quiere decir que el usufructuario (Inglaterra), posee el bien en cuestión (tiene la posesión), puede utilizarlo y obtener sus frutos, pero no es su dueño (no es el propietario), el apreciable lector puede encontrar definiciones similares en cualquier diccionario jurídico y en cualquier idioma, el inglés no es la excepción. Otro relevante detalle del convenio de este documento histórico lo constituyen las extensiones usufructuadas, como se podrá advertir en un primer momento, en al año de 1783 la extensión era del rio Hondo al rio Belice, pero unos años más tarde en el año de 1786 de extiende aún más el territorio hasta llegar al rio Sibún, por consiguiente las extensión otorgada en calidad de usufructo a la corona inglesa era del rio Hondo al rio Sibún, que representaba aproximadamente doce mil kilómetros cuadrados de territorio continental; nótese que nada se dice de cayos, islotes o islas en la costas del territorio usufructuado. Lo acontecido hasta ese momento histórico era producto de la relación y política exterior de las Coronas Española e Inglesa, Guatemala como Estado no existía, por lo tanto era ajena a todo lo convenido o pactado entre ambas naciones; sin embargo Guatemala, se independiza de España, al igual que muchas provincias y naciones del nuevo mundo, y en el año de 1821, se independiza de España, declarando su emancipación política sin embargo la dirigencia y líderes políticos de la joven nación, cometen el error de anexarse a México, por un periodo aproximado de dos años y separándose en el 1,823 ; e integrando casi simultáneamente la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América, declarándose libres e independientes de potencias así del viejo como del nuevo mundo, por aludir a cualquiera otra que surgiera, como incipiente poderosa nación. Esta nueva organización de federación de naciones tuvo una vida política efímera,

otorgada en calidad de usufructo a la corona inglesa era del rio Hondo al rio Sibún, que representaba aproximadamente doce mil kilómetros Lo anterior hacen incuestionables y evidentes los intereses de la corona inglesa en Centro América, ambición que se hacían cada vez más voraz, ya que las condiciones geográficas y su privilegiada condición bioceánica la hacían ideales para la construcción de un canal interoceánico, esto imponía que las ocupaciones inglesas existentes en estos territorios y la ampliación de las mismas cobraran una importancia capital.

(Ministerio de Relaciones Exteriores S/F) “…El 19 de abril de 1850 se firma el Tratado Clayton Bulwer, entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, en el que se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar parte alguna de la América Central, lo que imponía al gobierno británico la obligación de no hacer avances territoriales en el establecimiento de Belice. Gran Bretaña hizo una reserva con respecto a su ocupación en Belice argumentando que le había sido concedida en usufructo por la corona española. Si bien el Gobierno de los Estados Unidos aceptó la reserva, se cuidó de no afirmar ni negar los derechos de Gran Bretaña y aunque en 1856 suscribió el tratado Dallas – Clarendon, dicho tratado no fue ratificado…”

Para este momento histórico fue muy difícil establecer las pretensiones de las grandes potencias, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, dos potencias hegemónicas del orden mundial del momento, primero porque los intereses de las nuevas naciones centroamericanas, estaban enfocadas más en guerras fratricidas y en determinar liderazgos regionales, que en analizar la política y las posiciones en el plano internacional, pero es obvio que Estados Unidos si entendió la ambiciosa pretensión de los ingleses sobre el territorio Centroamericano, valido sea referirse a él como el patio de su casa, e inmediatamente detuvieron el avance de los ingleses y de sus pretensiones, sin embargo como se inferirá también en lo anteriormente expuesto, la reserva que hace Inglaterra de la ocupación de Belice,


como territorio usufructuado no fue definido status, sin embargo fueron infructuosos sus esfuerzos; al disolverse la Federación de la Provincias Unidas del Centro de América, Guatemala como Estado independiente, sucesor de los derechos de la corona Española, hereda los territorios conquistados y colonizados, así como, los tratados de usufructo otorgados por la corona española a la corona inglesa, sin embargo, el tema del usufructo con la corona inglesa, estaba sin atención, condición que aprovecharían los británicos para extenderse de forma ilegal al sur del rio Sibún, hasta llegar al rio Sarstún, usurpando más de doce mil kilómetros cuadrados. (Alberto Herrarte 2000) “Las relaciones de Gran Bretaña con Centro América primero y más tarde con Guatemala, estuvieron determinados por estos hechos fundamentales: a) El aseguramiento del territorio que comprendía el usufructo; b) las usurpaciones que ya comenzaban, del río Sibún al Sarstún; c) la ocupación de las Islas de la Bahía en Honduras y d) más tarde de la Mosquitia…”.

Lo anterior hacen incuestionables y evidentes los intereses de la corona inglesa en Centro América, ambición que se hacían cada vez más voraz, ya que las condiciones geográficas y su privilegiada condición bioceánica la hacían ideales para la construcción de un canal interoceánico, esto imponía que las ocupaciones inglesas existentes en estos territorios y la ampliación de las mismas cobraran una importancia capital.

(Ministerio de Relaciones Exteriores S/F) “…El 19 de abril de 1850 se firma el Tratado Clayton Bulwer, entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, en el que se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar parte alguna de la América Central, lo que imponía al gobierno británico la obligación de no hacer avances territoriales en el establecimiento de Belice. Gran Bretaña hizo una reserva con respecto a su ocupación en Belice argumentando que le había sido concedida en usufructo por la corona española. Si bien el Gobierno de los Estados Unidos aceptó la reserva, se cuidó de no afirmar ni negar los derechos de Gran Bretaña y aunque en 1856 suscribió el tratado Dallas – Clarendon, dicho tratado no fue ratificado…”

Para este momento histórico fue muy difícil establecer las pretensiones de las grandes potencias, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, dos potencias hegemónicas del orden mundial del momento, primero porque los intereses de las nuevas naciones centroamericanas, estaban enfocadas más en guerras fratricidas y en determinar liderazgos regionales, que en analizar la política y las posiciones en el plano internacional, pero es obvio que Estados Unidos si entendió la ambiciosa pretensión de los ingleses sobre el territorio Centroamericano, valido sea referirse a él como el patio de su casa, e inmediatamente detuvieron el avance de los ingleses y de sus pretensiones, sin embargo como se inferirá también en lo anteriormente expuesto, la reserva que hace Inglaterra de la ocupación de Belice, como territorio usufructuado no fue definido con términos precisos en cuanto a su extensión y aunque no se afirmaron o negaron tales derechos, la actitud asumida despierta sospechas en el tratado. El estado de Guatemala inerte ante los eventos no reaccionaba a la política exterior de la Gran Bretaña, es decir, a la política de expansión ilegal por el territorio guatemalteco y centroamericano, y fue hasta el año de 1859 que efectivamente el Estado de Guatemala, participa activamente defendiendo sus intereses nacionales principalmente la soberanía de su territorio.Esta participación decisiva del Estado de Guatemala, es la primera de varias que se dieran después y tienen su origen en el tratado del año de 1859, denominada convención de límites o convención anglo guatemalteca del año de 1859.Valido es acotar que en este momento cronológico de la historia Guatemala, el gobernante de turno era Rafael Carrera, y el ministro de Relaciones Exteriores era el señor Pedro Aycinena, y su homólogo el negociador británico Mr. Lennox Wyke, por tal razón a este convención


también se le denomina tratado Aycinena - Wyke de 1859, el propósito real para el gobierno Guatemala fue frenar el avance británico y la expansión ilegal sobre su territorio; causa real o aparente por la cual firma con Gran Bretaña el convenio en referencia, comprometiéndose a ceder el territorio ubicado entre los ríos Sibún y Sarstún, a cambio de una compensación, que se establecía en el artículo VII de la referido tratado: el que literalmente establece:

fue declarado lesivo a sus intereses por incumplimiento del mismo. A partir de esta convención se registra oficialmente la disputa territorial entre el Estado de Guatemala y la Gran Bretaña, imperio que detentaba territorios en muchos naciones alrededor del mundo, se consideran que su dominio territorial allende de sus fronteras se aproximada a una quinta parte del globo terráqueo. Por el incumplimiento de la convención de 1859, se realiza otra convención en el año de 1863, con la finalidad de que Gran Bretaña pudiera cumplir con la cláusula compensatoria pactada en el artículo VII, de la referida convención, esta vez sustituyendo un compromiso por otro, el que también fue incumplido y trasgredido.

Secretaria de relaciones exteriores República de Guatemala Continuación del libro Blanco, Dictamen del Dr. Isidro Ruiz Moreno 1940 et al) “….Con el objeto de llevar a efecto prácticamente las miras manifestadas en el preámbulo de la presente Convención para mejorar y perpetuar las amistosas relaciones que al presente existen felizmente entre las dos altas partes contratantes, convienen en poner conjuntamente todo su empeño, tomando medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil (sea por medio de una carretera, o empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que deban examinar el terreno), entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala, con lo cual no podrán menos que aumentarse considerablemente el comercio de Inglaterra por una parte y la prosperidad material de la Republica por otra; al mismo tiempo que quedando ahora claramente definidos los límites de dos países, todo ulterior avance de cualquiera de las dos partes en los territorios de la otra, será eficazmente impedido y evitado para lo futuro …”. (Página 175)

(Herrarte Alberto 1980) “…Su Majestad Británica se compromete a solicitar de su Parlamento ponga a su disposición la cantidad de CINCUENTA MIL LIBRAS ESTERLINAS para llenar la obligación contraída por su parte en el artículo 7º de la Convención del 30 de abril de 1859…”.

De esta convención se censura mucho, hay muchos comentarios, opiniones y diversos puntos de vista, partiendo del enfoque político, de la interpretación jurídica de la época, del compromiso adquirido y del cumplimiento o incumplimiento de lo pactado, hasta el día de hoy prevalecen las secuelas de interpretaciones en relación a intereses espurios, tal es el caso de que esta convención para Belice sea la base para establecer su soberanía y determinar sus límites fronterizos, que tiene hoy por hoy establecidos en su constitución, mientras que para Guatemala, es un pacto que fue incumplido y por lo tanto

(Herrarte Alberto 2000) “…El gobierno de S.M. siente, sin embargo que haya terminado así este negocio… Pero mientras esta consideración atenúa su sentimiento… declina firmar de nuevo el convenio de 1863 y se tiene desde ahora por exonerado de la obligación contraída por el art. 7º de la convención de 1859…”

Según informes de la cancillería guatemalteca la gran Bretaña Argumentó perversamente en su momento la falta de ratificación oportuna por parte de Guatemala de la convención suplementaria de 5 de agosto de 1863, así el Gobierno de Gran Bretaña resolvió unilateralmente que se consideraba exonerado en absoluto de las obligaciones que le imponía el tratado principal de 30 de abril de 1859 y argumentaba el Foreign Office, en nota del 13 de enero de 1867, que

A partir de esta convención se desarrollan varias actividades de comunicación oficial diplomática entre los dos Estados, (Inglaterra y Guatemala),y todos con la finalidad de buscarle una


solución definitiva a la convención de 1859, y todas fueron infructuosas por la posición negativa y adversa con lo pactado. Entre ellas pueden citarse: 1. Correspondencia diplomática de 1884. 2. Correspondencia de los años de 1931 a 1935 3. Propuestas alternativas del gobierno de Guatemala del año 1936 4. Propuesta de arbitraje del año 1937 Todas estas iniciativas y propuestas por el Estado de Guatemala a Inglaterra, con la finalidad de buscar una fórmula de solución a la controversia que existía por el territorio de Belice, algunas fueron ignoradas y otras desechadas, siempre con argumentos políticos diplomáticos en detrimento de los derechos y de la soberanía del Estado de Guatemala, hasta que se registra un evento sin precedentes hasta ese momento, de forma unilateral por el Estado de Guatemala, en esta ocasión con carácter de política de Estado, establecido en su constitución política, cuerpo legal de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico del Estado. (Constitución política de la República de Guatemala 1945) “…Disposiciones transitorias Artículo 1. Guatemala declara que Belice es parte de su territorio, y considera de interés nacional las gestiones encaminadas a lograr su efectiva reincorporación a la República…”

Así mismo un año más tarde el Congreso de la Republica hace una declaración sobre la caducidad de la convención de 1859, derivado de lo establecido en su reciente Constitución que declaraba que Belice era parte del territorio guatemalteco y de interés general las gestiones que se hicieran para su reincorporación. Como una consecuencia de lo anterior El congreso de la Republica emitió el Decreto número 224 en el que se reafirmó la caducidad de la convención de 1859, por incumplimiento de la Gran Bretaña

, y como consecuencia procedía la restitutio in integrum del territorio de Belice a Guatemala. El Decreto anterior constituye un acto de Estado de trascendental importancia que se puede considerar como una agresiva política exterior para defender la soberanía del Estado de Guatemala, y aunque para ese momento fue muy tarde para esperar una respuesta positiva de parte de Inglaterra, es justo reconocer que sienta las bases para una futura negociación dentro los medios de solución pacífica que pregona el derecho internacional, razón por la cual la última Constitución Política de República de Guatemala (1985), estableciera un procedimiento interno para darle solución definitiva al Diferendo Territorial con Belice. Por supuesto los esfuerzos unilaterales por recuperar los derechos del territorio de Belice y los consecuentes en las áreas insulares y marítimas, no han sido posibles, sin embargo, el Estado de Guatemala y sus gobiernos mantienen la posición de buscarle una solución definitiva al diferendo, y esa política del Estado guatemalteco se proyecta a lo largo de los años de su historia contemporánea, primero con Inglaterra y después con Belice, cuanto este último se independiza de Inglaterra como se apreciara a continuación.

La restitutio in integrum era un remedio extraordinario utilizado por el Pretor en determinadas circunstancias, para anular un acto o negocio jurídico, que si bien perfectamente válido, acarreaba consecuencias inicuas y producía efectos notoriamente injustos y perjudiciales. La restitutio in integrum en la antigua Roma: restablecimiento de la situación jurídica preexistente En definitiva, con tal acto de autoridad, el Pretor no hacía otra cosa que "restablecer" la situación jurídica preexistente, como si el acto o negocio no hubiese tenido lugar: a esto se llama restitutio in integrum. Fuente: Derecho Privado Romano, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz. Página 88.

1.En el año de 1965 los Estados Unidos de América, proponen al mediador Webster, al gobierno


convención de 1859 conocido como convención wyke- Aycinena, convenio que fue nulo por Guatemala, como se explica supra “…El congreso de la Republica emitió el Decreto número 224 en el que se reafirmó la caducidad de la convención de 1859, por incumplimiento de la Gran Bretaña, y como consecuencia procedía la restitutio in integrum del territorio de Belice a Guatemala. Diez años más tarde en 1991, el gobierno de turno de Jorge serrano Elías, le reconoce a Belice su autodeterminación como pueblo libre e independiente, y el status de Estado.

(Herrarte Alberto 2000) “…el 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala publicó un comunicado por medio del cual el Presidente de la República declaraba que, de conformidad con la Constitución y el Derecho Internacional, se reconocía el derecho de Belice a la libre determinación. Asimismo, se dijo que se continuaría negociando y se agotarían las instancias legales para la resolución definitiva del diferendo territorial…”

Estos acontecimientos de independencia y reconocimiento de Belice, marcan una nueva etapa de negociaciones y proposiciones por parte de los dos Estados Guatemala y Belice, con la finalidad de obtener una formula aceptada por ambos para una solución definitiva a su controversia, condición conflictiva trasmitida por un tercero, que se negó a solucionarlo. La restitutio in integrum era un remedio extraordinario utilizado por el Pretor en determinadas circunstancias, para anular un acto o negocio jurídico, que si bien perfectamente válido, acarreaba consecuencias inicuas y producía efectos notoriamente injustos y perjudiciales. La restitutio in integrum en la antigua Roma: restablecimiento de la situación jurídica preexistente En definitiva, con tal acto de autoridad, el Pretor no hacía otra cosa que "restablecer" la situación jurídica preexistente, como si el acto o negocio no hubiese tenido lugar: a esto se llama restitutio in integrum. Fuente: Derecho Privado Romano, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz. Página 88

En ese sentido y posteriormente a los eventos supra descritos se inicia una nueva jornada de

actos, tanto políticos como diplomáticos entre otros, así como unilaterales y bilaterales para sentar la posición oficial de cada uno de los Estados en controversia, con el propósito de buscar y proponer una fórmula de solución pacífica a la disputa. En ese orden ideas el gobierno de Guatemala en el año de 1994, después que la cancillería analizará, la situación actual de ambos Estados, y su antaño problema, envía una nota dirigida al secretario de la Organización de las Naciones Unidas fijando la posición oficial del Estado de Guatemala en relación a la independencia de Belice y su reconocimiento por el Estado de Guatemala. Básicamente la nota fija la posición de Guatemala términos siguientes: La posición de Guatemala sostiene que existe un Diferendo Territorial; y que por lo tanto no existen fronteras entre los países; así mismo Guatemala no acepta el contenido de la Ley de Espacios Marítimos de Belice, en la que unilateralmente se fijan las zonas marítimas que parten del territorio continental e insular que Guatemala reclama, y que en violación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pretende áreas que no corresponden en un espacio como el Mar Caribe. Estos términos se amplían con mayor detalle en el anexo B posición oficial del gobierno de Guatemala, en relación al diferendo Guatemala-Belice. (DE CONFORMIDAD CON LA CANCILERIA GUATEMALTECA) “…La importancia de esta declaración de un Belice independiente estriba en que reconoció la existencia del Diferendo Territorial que incluye continente, islas y áreas marítimas, por lo que no puede alegarse en contra de Guatemala “AQUIESCENCIA ” en


Aquiescencia en derecho El término aquiescencia significa consentimiento o acuerdo. Es por ello, que el término es usado en el ámbito jurídico, específicamente en materia contractual, para que nazca un contrato y se pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada parte debe de existir aquiescencia o consentimiento relación a la ocupación del territorio guatemalteco y tampoco que pudiera en el futuro dar lugar a un “ESTOPPEL ” frente a un Tribunal Internacional…”

Como se podrá inferir hasta este momento del análisis realizado en este estudio, referente al tema del diferendo territorial con Belice ha sido tratado en forma permanente, continua e institucionalmente, como un cuestión de interés a la soberanía nacional, a tal punto de convertirse en tema de política de Estado, por los distintos gobiernos de Guatemala, aun hoy en día se percibe un esfuerzo nacional para resolver el diferendo Guatemala - Belice por los medios que señala el derecho internacional. Sin embargo la solución definitiva parece estar lejos, por mucha voluntad política de las partes, la intervención de componedores amigables (organizaciones, conciliadores, mediadores), de orden internacional, entre otros, no se ha encontrado la fórmula que resuelva la controversia. De conformidad con el reporte de cancillería el último intento de esta naturaleza el más reciente que data del presente siglo (2000-2002), fue el “PROCESO DE CONCILIACION EN EL DIFERENDO TERRITORIAL BELICE/GUATEMALA”

(Ministerio de Relaciones Exteriores 2000) “…Este procedimiento se realiza a instancias del Gobierno de Guatemala y ante la actitud del Gobierno de Belice de negarse a hacerlo y someterse a un tribunal internacional como se había planteado por escrito por parte de Guatemala, se inició el proceso de conciliación bajo los auspicios de la OEA. El 15 de mayo de 2000, ante los oficios del Secretario General de OEA, se acordó nombrar Conciliadores “…cuyo papel sería el de encaminar el proceso de negociaciones a una resolución final del Diferendo Territorial…” para lo cual tendría la atribución de “ayudar a los Gobiernos de Belice y Guatemala a encontrar fórmulas para la solución pacífica y definitiva de su Diferendo Territorial”.

Comisión de Conciliación estuvo integrada por dos conciliadores, nombrados uno por cada Estado y con la participación del Secretario…”

El resultado de este proceso no fue el que se esperaba pues las fórmulas propuestas por los conciliadores no eran aceptables para el Estado de Guatemala, por lo que se procedió a rechazarlas por atentar contra la soberanía del Estado. En ese orden de ideas el gobierno de Guatemala, representado diplomáticamente por el Viceministro de Relaciones Exteriores Gabriel Aguilera Peralta, en nota oficial dirigida al Secretario General de la OEA rechazó las propuestas de los conciliadores y estimó que debe continuarse con el esfuerzo de alcanzar un acuerdo negociado para el Diferendo Territorial, y de no ser esto último posible, someter el mismo a una instancia jurídica internacional. La nota relacionada dice lo siguiente: (Ministerio de Relaciones Exteriores) “…Tras un detenido análisis del documento supra mi Gobierno ha concluido en que las propuestas y recomendaciones no guardan un equilibrio que nos permita identificar los intereses y reclamaciones de Guatemala, lo que las hace no aceptables. Aparte de ello, las propuestas incluyen estipulaciones que riñen con el ordenamiento jurídico de Guatemala Por lo tanto, el Gobierno de Guatemala no encuentra condiciones políticas y legales para someterlas a Consulta Popular, y en consecuencia manifiesta que no acepta, en la forma planteada, las “Propuestas del Panel de Conciliación”. En virtud de lo anterior, y con el propósito de no detener la solución negociada del diferendo territorial y encontrar una fórmula de legítima transacción que reconozca los intereses de las partes, el Gobierno de Guatemala propone que el Gobierno de Belice acepte discutir en reuniones bilaterales que la OEA convoque, aquellas estipulaciones de las recomendaciones que hacen inviable el que sean presentadas a una consulta popular. En el desafortunado caso de que no se llegare a ningún acuerdo, el Gobierno de Guatemala estima que los procedimientos judicial o arbitral recomendados por los Conciliadores sean considerados por ambos gobiernos a fin de precisar el contenido y alcances del proyecto de Acuerdo Compromisorio…”


Como puede colegirse en su parte final de la nota diplomática dirigida al Secretario de la Organización de Estados Americanos, la posición, anuencia y sugerencia de Guatemala es continuar con el proceso por medios jurídicos, para solucionar en definitiva la controversia, en ese orden está anuente de aceptar una de las recomendaciones de los conciliadores, el de acudir a la instancia jurídica internacional y someter a conocimiento y competencia el diferendo a la Corte Internacional de Justicia o en su defecto a una Corte o Tribunal de arbitraje internacional. Es preciso en este momento plantear la siguiente interrogante, anticipando que su respuesta es la hipótesis del tema en referencia, ¿Es La opción jurídica per se, la solución en definitiva al diferendo Territorial, Insular y Marítimo entre Guatemala y Belice? Responder la interrogante implicaría realizar un estudio más profundo del tema, sin embargo para los fines y propósitos del presente análisis teórico, se ha establecido el siguiente objetivo que consiste en: Determinar el compromiso legal internacional de las partes para resolver el diferendo por la vía jurídica; arbitraje internacional o Corte internacional de Justicia. Para aproximarse al objetivo antes establecido es preciso previamente dejar claro que ambos estados tiene la necesidad política y social de convivir como buenos vecinos y de coexistir en términos de paz, armonía y desarrollo, en espacios de proximidad y vecindad, que es una obligación de ambos Estados velar y mantener la paz y seguridad internacional de sus pueblos, y que deben evitar a toda costa resolver sus diferencias por medio de la violencia y el uso de la fuerza, por lo tanto están compelidos a buscar medios de solución pacífica a sus controversias.

¿Por qué y cómo están compelidas las partes en controversia a buscar la opción jurídica internacional para dirimir en definitiva la disputa? La primera de las respuestas es en relación al “porque”, la respuesta es que se han agotado todos los recursos posibles excepto uno, en otras palabras, los procesos o medios de solución pacífica de conflictos, desarrollados para buscar y proponer la salida definitiva, se han concluido y con él, también el principio de definitividad, es decir se han agotado todos los recursos previos políticos, (amigables componedores, mediador, conciliador entre otros), diplomáticos, instancias internacionales, convenios etc. Exceptuando la opción jurídica que también es un medio de solución pacifica de conflictitos, por tal razón es imperante acudir a él.

(Ministerio de Relaciones Exteriores 2007) “…El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en nota de fecha 19 de noviembre de 2007, dirigida al Canciller de Guatemala, manifiesta al respecto lo siguiente: “…Después de haber examinado los mecanismos de solución de controversias que ofrece el derecho internacional contemporáneo, y en cumplimiento de lo que dispone el párrafo 5 del Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza, he llegado a la conclusión de que el procedimiento para resolver este diferendo debe ser de carácter judicial, sea un tribunal arbitral designado por acuerdo de las partes o la Corte Internacional de Justicia. Antes que nada considero necesario recordar al Señor Ministro que los Gobiernos de Guatemala y Belice gozan de absoluta libertad para elegir el procedimiento al cual desean someter el diferendo territorial que los afecta. Ninguno de los dos Estados ha suscrito la llamada “cláusula opcional”, prevista en el artículo 36 , párrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, mediante la cual un Estado declara que acepta como obligatoria ipso facto y sin convenio especial su jurisdicción para resolver controversias que pudieran plantearse con otros Estados que acepten las misma obligación. Por lo tanto, ambos países pueden acordar que la resolución de la controversia sea confiada a una corte de arbitraje internacional, que es la otra alternativa sugerida en el párrafo 5 del Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la confianza. En esta alternativa, las Partes pueden llegar a ejercer un control mayor en la constitución del órgano así como en el


desarrollo de los procedimientos (que en las instancias de arbitraje suelen ser más breves que los que se desarrollan ante la corte Internacional de Justicia). Para ellos las partes deberán ponerse de acuerdo no sólo en la formulación de la cuestión que se somete al tribunal para su resolución, sino también en la composición del Tribunal y en la forma en que el procedimiento debe desarrollarse. La opinión del Secretario General que suscribe no es, por consiguiente, más que una recomendación a dos estados soberanos que, como tales, pueden convenir en el procedimiento que consideren se ajusta mejor a la defensa de los intereses y a los costos materiales que están dispuestos a solventar. En este entendido, dado que se trata de una controversia en la que están comprometidos los más altos intereses nacionales de los países involucrados, donde lo que está en juego es una reivindicación territorial de significativa y trascendental importancia que afecta la integridad territorial de ambos países, me permito recomendar que los Estados sometan este asunto a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas y tiene competencia para resolver las controversias internacionales que le sometan los Estados que son partes de su Estatuto. (Belice y Guatemala son partes del Estatuto por el solo hecho de ser Estados Miembros de las Naciones Unidas). Su función es la de decidir las controversias sobre la base del derecho internacional, salvo que las Partes en la controversia le soliciten que el litigio sea resuelto ex aequo et bono , es decir, aplicando criterios de equidad y justicia en lugar de basar la sentencia exclusivamente en las reglas de derecho…”.

En términos de un lenguaje más usual y coloquial la recomendación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, no deja lugar a dudas que las partes debe someter la disputa a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, como medio de solución al diferendo. Sin embargo esta es una sugerencia de un funcionario internacional muy importante pero no deja de ser una sugerencia, entonces en donde se obliga a las partes a optar por la vía jurídica. Partiendo de lo particular a lo general el compromiso y obligación radican en los siguientes instrumentos internacionales. 1.ACUERDO COMPROMISORIO:

Las partes de acudir y someter la disputa al conocimiento y competencia de una instancia jurídica (Arbitraje Internacional o Corte Internacional de Justicia), como medio de solución pacífico al conflicto.El acuerdo compromisoria que alude el numeral uno, es una realidad producto del esfuerzo de las partes por optar por esta opción de solución.

(Ministerio de Relaciones Exteriores 2007) “…El acuerdo compromisorio quedó contenido en un instrumento que las partes denominaron Acuerdo Especial porque contiene estipulaciones relativas a la legislación interna de las partes que normalmente no forman parte de los acuerdos compromisorios que han suscrito otros países para someter sus diferencias a la Corte Internacional de Justicia. Dicho de otra manera, este tratado internacional reviste enorme importancia porque sujeto al cumplimiento de los trámites internos de las partes, contiene el compromiso formal de los gobiernos de Guatemala y Belice de someter el Diferendo Territorial a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y de sustanciar un proceso que le dará una solución definitiva a esta controversia, a través de una sentencia obligatoria…”

2. CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS:

(CARTA DE LA OEA 1948) NATURALEZA Y PROPOSITOS “…Artículo 1 Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional…”

Esta normativa internacional establece entre otros temas que sus miembros pertenecen a esta organización con el propósito de lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, es irrefutable que las partes (Guatemala y Belice), son miembros de esta organización, as mismo, es incuestionable, que de conformidad y al tenor de los propósitos de esta organización las partes en disputa están comprometidas y obligadas, a buscar fórmulas ecuánim es de fomentar un orden de paz y


justicia así como la defensa de la integridad de su territorio o soberanía, razón por la cual las partes esta constreñidas a optar por resolver sus discrepancias ante un instancia internacional para dirimir de forma pacífica la controversia, que podría ser por lo tanto el Arbitraje internacional o la Corte Internacional de justicia.

(CARTA DE LA OEA 1948) Capítulo V SOLUCION PACÍFICA DE CONTROVERSIAS “…Artículo 24 Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas. “…Artículo 25 Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes. Como se podrá advertir los supra artículos de esta normativa internacional y de la cual las partes en disputan son partes, determina los procedimientos de solución pacífica a los que las partes en disputan deberán someter su controversia, sin embargo, deja a salvo y reservado a las partes de optar por lo establecido en los artículos 34 y 35 de la carta de las Naciones Unidas. Así mismo, enumera los métodos y medios de solución pacifican de los cuales las partes en disputa han optado sin resolver su situación a excepción del procedimiento judicial, que motiva a que esta opción sea de carácter obligatoria a las partes. (CARTA DE LA OEA 1948) “… Artículo 26 Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución…” “…Artículo 27 Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable…”

En armonía con los dos artículos arriba referidos, las partes han iniciado y suscrito un acuerdo compromisorio, al que se le ha denominado “acuerdo especial” con la finalidad de acudir a la instancia jurídica,arbitraje internacional o corte

internacional de justicia, para cumplir con el mandato de no dejar que controversia alguna entre los Estados Americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable. 3. CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS : (Carta de Naciones Unidas 1945) Los Propósitos de las Naciones Unidas son: Artículo 1 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones alcanzar estos propósitos comunes. Los propósitos de la normativa internacional más poderosa del mundo, establece la filosofía de convivencia pacífica entre los miembros de la organización Guatemala y Belice son miembros de esta organización, también acota que en caso de amenazas a la paz y seguridad internacional, (Guatemala y Belice son partes de un conflicto que amenaza la paz y seguridad en la región), que se deben lograr por medios pacíficos, y de


conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; es por esta razón que Guatemala y Belice están compelidos a optar por la vía jurídica para solucionar su disputa. (Carta de Naciones Unidas 1945) arreglo pacífico de controversias: Artículo 1 Artículo 33 1) Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de elección. 2) El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. Artículo 35 1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Artículo 36 3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

Estos artículos guardan relación con el artículo 24 de la Organización de Estados Americanos, y básicamente establecen las reglas de actuación para las Estados que se encuentra dentro de una controversia y que no puedan resolverla por otros medios o que se hayan agotado, como es el caso de Guatemala y Belice, exceptuando la instancia jurídica, según esta normativa interna

cional el propio Consejo que si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios, en el caso concreto para Guatemala y Belice, la instancia jurídica, así mismo se establece que los Estados pueden llevar cualquier controversia a la atención del Consejo de Seguridad o de la misma Asamblea General, sin embargo, hace hincapié en el artículo 36, que el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. Por lo tanto esta disposición establece que las partes (Guatemala y Belice), en disputa deben someter su litigio a jurisdicción de la Corte Internacional de justicia. CONCLUSIONES: I. Con base en las normativas internacionales y del derecho internacional antes referidas es indiscutible e incuestionable el compromiso y la obligación de las partes en discordia (Guatemala y Belice), de acudir y someter del conocimiento, competencia y jurisdicción el conflicto añejo del diferendo territorial, insular y marítimo de las partes aludidas. II. La opción jurídica como medio solución pacífica al diferendo de Guatemala, busca solucionar en definitiva el conflicto, y aunque es una hipótesis que necesita de un estudio más profundo, se infiere que es la puerta que abre opciones complementarias y sue generis o integrales, que coadyuven a una definitiva solución. III. Con base en lo examinado en la normativa legal internacional antes analizada, efectivamente existe un compromiso, que compele a las partes (Guatemala y Belice) resolver el diferendo


por la vía jurídica; arbitraje internacional o Corte internacional de Justicia.

NACIMIENTO, VIDA Y PERMANENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN GUATEMALA

IV. Guatemala y Belice, están obligado a buscar una solución en definitiva a su controversia, son más los beneficios de una certeza jurídica, social, económica para el desarrollo de los pueblos vecinos, que la incertidumbre de mantener sin resolver el conflicto.

INTRODUCCIÓN:

BIBLIOGRAFIA: 1. Carta de la Organización de Estados Americanos. 1948 2. Carta de la Organización de Naciones Unidas 1945 3. Constitución de la República de Guatemala decretada por la asamblea constituyente en 11 de marzo de 1945 4.Herrarte, Alberto. (2000) La cuestión de Belice: estudio histórico-jurídico de la controversia, editorial Graphis Diseño & Asesoría, Guatemala. 5. Herrarte, Alberto. (1980) El Caso de Belice y la Mediación de Estados Unidos. Guatemala: Editorial Académica Centroamericana. 6. Ministerio de Relaciones Exteriores, s/f “Histórica del diferendo territorial” recuperado el 19 de marzo de 2016 de www.minex.gob.gt/ADMINPORTAL/Data/DOC/ 20101001121030027 Historia.PDF

El actual sistema político electoral guatemalteco, surge en la década de los ochentas, producto de la transición desde un régimen autoritario que necesitaba dar paso a elecciones libres y competitivas, para la existencia de gobiernos civiles legitimados por la ciudadanía en dichos procesos. Es en ese momento cuando se formula una nueva Constitución Política, contándose con un Tribunal Supremo Electoral, establecido en 1983, creado para que el ejercicio del sufragio fuese respetado. A partir de la fecha, la historia política de Guatemala, sufre un cambio esencial, pues se da la apertura democrática del país, donde todos los sectores que componen la sociedad guatemalteca, son parte de la transformación política de la nación; de ahí la organización de partidos políticos, donde todos los sectores obtienen representación y por consiguiente pueden participar en el proceso democrático. Se manisifesta su máxima expresión en las elecciones de 1983, donde Guatemala elige una constituyente, para la elaboración de una nueva Constitución Política. Allí surge el Tribunal Supremo Electoral, y se consolida el sistema de partidos políticos. Este fortalecimiento constitucional, viene a garantizar la organización y participación de los partidos políticos en todos los eventos electorales que convoque el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral de Partidos Políticos, plataforma fundamental para la institucionalidad de los partidos políticos. La Constitución Política de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es la sustentación legal de los partidos políticos, que dan origen y operatividad de estas instituciones.


Estas establecen jurídicamente su estructura, su organización a nivel nacional y el papel que deben desempeñar dentro del que hacer político nacional, además dictaminan los cargos a elección popular y señalan el número de afiliados que deben de ostentar todos los partidos políticos. Si algún partido político no cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, se les brinda un tiempo prudente, para que puedan cumplir con tales requisitos, si no lo hicieren, es benevolente, sancionándoles, y si reincide procede su cancelación. A esto último también se adiciona que cuando no obtienen representación alguna en el Congreso de la República, o no alcanzan el porcentaje de votos requeridos induce a la desaparición de los partidos políticos. En el marco de este acoplamiento político, surgen sin número de partidos políticos, que van desde organizaciones que aglutinan gran cantidad de ciudadanos guatemaltecos, lo cual los hace partidos fuertes de forma temporal, pasando a partidos políticos intermedios corolario del desgaste provocado por haber detentado el poder, logrando agrupar regularmente a ciudadanos guatemaltecos que en cierta forma son fieles a los principios partidarios no importando el momento coyuntural en el cual se encuentre inmerso, hasta los partidos políticos que son pequeños, y que no representan fuerza política alguna, siendo únicamente sus integrantes el líder y unos pocos ciudadanos. Este patrón de participación política de las diferentes organizaciones partidarias, es el que se manifiesta en cada evento electoral hasta hoy día, lo que ha venido provocando, la aparición y desaparición de los partidos políticos guatemaltecos. De esa cuenta, el sistema no logra terminar de legitimarse ni de asentarse en la sociedad guatemalteca, debido a estas circunstancias es

es difícil la existencia de partidos políticos institucionalizados, con arraigo social y presencia territorial, con mecanismos de participación de amplia base que permitan niveles adecuados de democracia interna de los mismos. Por lo tanto de esta situación surgen muchas preguntas y dudas, especialmente referidas a la causa de la alta natalidad y mortalidad de los partidos políticos. Es por esto que este trabajo pretende generar reflexiones sobre el nacimiento, vida y permanencia de los partidos políticos en Guatemala. Es importante indicar que este estudio se inserta en un momento en el que se están discutiendo reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), una ventana de oportunidad que el contexto presenta para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad político partidaria y a la volatilidad electoral, la edad de los partidos políticos, el arraigo de los partidos entre los ciudadanos y la fortaleza de la organización partidaria, que son los indicadores tradicionalmente utilizados para medir el grado de estabilidad de un sistema político (Mainwaring y Scully, 1995) electoral en el país. I. PARTIDO POLÍTICO: DEFINCIÓN, NACIMIENTO, VIDA Y PERMANENCIA Es significativo para este estudio puntualizar el enunciado de partidos políticos con una pequeña definición:

Según Aguirre, Begné y Woldenber (1997). Los Partidos políticos son organizaciones que se caracterizan por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines.


Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.

En base a lo anteriormente definido Sartori (1980) expone que un partido político, por consiguiente es una entidad de derecho público dentro de la institucionalidad del Estado, cuyo objetivo es la representación de fracciones determinadas del conglomerado social clase o grupos afines, cuyos fines se dirigen a la búsqueda, ejercicio y el control del poder, con el objetivo de concretar una ideología que incorpora los intereses de esos grupos que se han constituido como partidos políticos. En este contexto Douglas Abadía Cárdenas (2013), en su artículo expresa que en la actualidad es común afirmar que los partidos políticos son vitales para el funcionamiento de la democracia representativa; la mayor parte de las definiciones de democracia opinan que ésta, es un sistema basado agrupaciones que conforman los partidos políticos que compiten por alcanzar y ejercer el poder político, mediante su participación en elecciones universales. De esta cuenta, en las elecciones generales los ciudadanos delegan su representación en quienes eligen, por el voto mayoritario, para que ejerzan las principales funciones de dirección del Estado ya sea en el gobierno central, en el Congreso de la República o en el gobierno municipal durante un período de tiempo previamente establecido en la Constitución de la República de Guatemala. Es oportuno señalar también a manera de antecedente, que la sociedad guatemalteca principió a mediados de la década de los 80 la transición del autoritarismo a la democracia, se reflexionó en cuanto a que los partidos políticos, algunos ya

vigentes en el período autoritario y otros de reciente fundación contribuirían de manera determinante a asegurar tal transición. Sin embargo, a pesar de haberse efectuado 15 procesos electorales de diversa índole entre 1984 y 2015, y que a lo largo de los años han transitado por el escenario político aproximadamente más de 60 partidos, aquellas expectativas no han sido satisfechas; por el contrario, existe una generalizada percepción en cuanto a que el sistema de algunos partidos políticos sufren una severa crisis, la que se ha ido aumentando conforme pasa el tiempo, poniendo en riesgo la sostenibilidad del proceso de democratización del Estado y de la sociedad guatemalteca, en el mediano y largo plazo. Oportuno es añadir otro antecedente, según destaca ASIES (2012), que desde la transición a la democracia en 1985 a la última contienda electoral se han celebrado siete elecciones generales en Guatemala. Durante este tiempo, setenta y cinco partidos políticos han sido inscritos en el Tribunal Supremo Electoral; sesenta y seis de los cuales han participado en al menos un evento electoral a nivel municipal, distrital o nacional. Además de los partidos políticos, año con año se suman a estos varios comités cívicos en la contienda electoral por las alcaldías y luego desaparecen una vez terminado el proceso electoral. En base a lo anteriormente indicado los partidos políticos se encuentran en una fase crítica de su acontecer histórico. Es importante considerar que en un Estado de Derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. En este mismo orden de ideas RODRIGO CHÁVEZ (2013) plantea que uno de los problemas más serios que tiene Guatemala es que, desde que inició su democracia en 1985, ha


tenido un sistema de partidos políticos sumamente débil. En Guatemala, los partidos políticos nacen y mueren con rapidez. La principal causa de esta situación es que en muchos casos no permanece el “voto duro”, es decir, algunos de los partidos de Guatemala no logran mantener un grupo de votantes fieles que los acompañen en sus momentos de crisis para que puedan perdurarse más tiempo como instituciones políticas que expresen la satisfacción de la sociedad guatemalteca.. Conforme a los estudios de ASIES (2012), se entiende, que a pesar de la abundancia de partidos políticos que han sido inscritos, cada uno ha participado solo en un promedio de 1.6 eventos electorales. Es evidente que numerosos partidos participan en cada elección pero pocos de ellos logran sobrevivir más de dos eventos electorales. Entre 1986 y 1996 es decir en diez años se crearon casi tantos partidos como se cancelaban. Esa tendencia ha continuado, aunque algunos partidos escogen entrar en un periodo de hibernación, logrando evitar ser cancelados al dejar de participar en las contiendas políticas. ASIES (Pag. 48) Es así como se observa que por diversas razones algunos de los partidos políticos guatemaltecos nacen y mueren rápidamente, algunos de ellos entran en letargo pocos logran crecer. ASIES (Pag 52) También es importante señalar que la vida de los partidos políticos da paso a la fragmentación del sistema de partidos y que tiene implicaciones directas tanto en la gobernabilidad como en la representatividad. La cantidad y tamaño de los partidos políticos afecta la manera en que estos compiten entre sí para llegar a acuerdos;

especialmente en sociedades diversas, por lo que poca competencia puede significar la exclusión de sectores importantes en la toma de decisiones principalmente en los gobiernos municipales. ASIES (Pag. 54) En este mismo orden de ideas, la estabilidad o volatilidad de un sistema de partidos políticos es importante por su influencia en que los acuerdos políticos perduren en el tiempo. Cuando el apoyo que los partidos reciben varía excesivamente de un momento a otro en el tiempo; se crea incertidumbre respecto a quienes serán los actores relevantes para dar continuidad a los acuerdos políticos en el futuro. Lo que se quiere resaltar es que la institucionalidad de los partidos políticos en un sistema democrático representativo, efectivo y legítimo logrará una permanencia de los partidos políticos en cada concontienda electoral. El estudio realizado por Achard y González (2004) revela que el sistema político guatemalteco, más que ninguno de la región latinoamericana, ha sido testigo de partidos de vida efímera y, de esa cuenta, con bajísimos niveles de institucionalidad. Esta situación de inestabilidad del sistema de partidos políticos conlleva problemas en el cumplimiento de las funciones, tanto de ese sistema, como de los partidos y de otros elementos que lo conforman, esto es evidente en el rápido desgaste y deslegitimación que sufren los personajes de la vida política del país. Sin embargo el hecho de que no hayan cumplido con su papel no significa que dichas organizaciones no deban existir, más bien si desaparecen totalmente, morirá un espacio de representación ciudadana que es fundamental en la democracia, ya que es el espacio donde se lucha por alcanzar el bien común y no solo el de un grupo de interés particular, sino de toda la ciudadanía.


Sin embargo los fundamentos parecen paradójicos, pues en un sistema político débil, partidos que no cumplen con su función, poder político incapaz de responder a las demandas sociales, sociedad apática e incluso crítica de los partidos y de las instituciones públicas, en contra de ese panorama en la reciente contienda electoral la población participa de manera importante en los comicios electorales alcanzando un 70.38%, la cifra más alta en unas elecciones generales desde el retorno a la democracia hace ya 30 años.

algunos casos, su vida es corta. Desde el inicio de la etapa de democracia electoral que vive el país, se tiene como objeto realizar el fin que persiguieron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1985, al facilitar los escenarios para la conformación de partidos políticos como forma de asegurarse mejor representatividad social en el Congreso de la República, así como en el proceso y desarrollo político de Guatemala, con el propósito de afianzar la incipiente vida democrática del país.

Reflexionando sobre esta conducta sorprendente de la población, pues los procesos electorales anteriores se habían caracterizado por el abstencionismo, es ineludible entonces que la ciudadanía tome conciencia que solo organizada podrá contribuir a la consolidación del sistema de partidos políticos, ya que sin duda estos son el foro por excelencia para discutir la conducción del Estado desde la perspectiva general, sin atender a intereses específicos, sino a la voluntad social en general, pues en el concepto de lo que son los partidos políticos se resalta que su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.

BIBLIOGRAFÍA:

CONCLUSIONES: El nacimiento, vida y permencia de los partidos políticos guatemaltecos, han marcado en cierta manera la historia política de Guatemala, es por ello que durante la transición política iniciada en 1985 hasta la fecha, han desfilado en el contexto político nacional, gran cantidad de partidos políticos, lo que refleja la fragilidad del sistema político partidista, lo que trae como consecuencia la falta de proyectos políticos a largo plazo y que los partidos políticos perduren por más tiempo en el escenario político. El aumento de partidos políticos que han nacido en Guatemala, es grande y

Aguirre P., Begné A. y Woldenberg J. 1997. Sistemas Políticos, Partidos y Elecciones. México: Nuevo Horizonte Editores. Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales. ASIES. (2012) Monografía Partidos Políticos, Dinámicas Internas y Desempeño. Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales. ASIES. Monografía de Partidos Políticos de Guatemala 2012. Douglas Abadía Cárdenas (2013). Reflexiones acerca de los Partidos Políticos en Guatemala. Guatemala. Haeussler C. (1983). Diccionario General. Impresos Malumbres. Ley Electoral y de Partidos Políticos 1985. Montenegro Ríos, Carlos Roberto. (2002). Historia de los Partidos Políticos en Guatemala. Talleres litográficos Mayaprim. Guatemala. Rodrigo Chávez (2013) Revista Editorial el Salvador. Reflexiones acerca de los Partidos Políticos en Guatemala. Guatemala. Rudi A. Ruano G. (2009). Tesis de Graduación de Licenciatura en Ciencia Política. Causas que Motivan la Desaparición de los Partidos Políticos en Guatemala”. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Sartori, Giovanni. (1980). Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial. Madrid (versión original 1976). Tribunal Supremo Electoral. Guatemala.


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