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NOTICIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS RIOS MONTT Representantes de víctimas de la guerra civil (1960-1996) denunciaron en mayo por prevaricato a tres exmagistrados al haber anulado en 2013, una sentencia por genocidio contra José Efraín Ríos Montt (1982-1983). Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo que presentaron la denuncia ante la Fiscalía contra Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, y una querella contra Alejandro Maldonado Aguirre, todos ellos exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Según el activista, la querella contra Maldonado –también expresidente de la República luego de ocupar el cargo tras la renuncia de Otto Pérez Molina en septiembre de 2015 a raíz de casos de corrupción– se planteó debido a que goza de inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Él explicó que los tres exjueces “tergiversaron” los recursos legales que se plantearon ante la CC para exonerar a Ríos Montt, tras la sentencia de 80 años de prisión dictada por un tribunal el 10 de mayo de 2013 por la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles en el noroeste del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983. La anulación se basó en supuestos errores durante el proceso judicial, alegados por la defensa del militar y con una sentencia de 90 años, por lo que se ordenó repetir el juicio. Según se expresa en el artículo 462 del Código Penal, el prevaricato lo comete un juez cuando, de manera consciente, dicta resoluciones contra la ley o fundadas en hechos falsos. Los culpables de este delito podrían ser sancionados con entre dos a seis años de prisión, aunque “si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal”, se aumentaría de tres a 10 años de cárcel. Juan Francisco Soto, director de CALDH, aseguró que dichos exmagistrados incurrieron en “ilegalidades” en la resolución emitida el 20 de mayo de 2013, en la que suspendió la sentencia de genocidio, y en una ampliación emitida siete días después, al haber falseado las constancias procesales. La organización humanitaria, que participó en el proceso como querellante adhesivo, asegura que la CC tergiversó los recursos presentados por el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, en contra de las decisiones dictadas por el Tribunal A de Mayor Riesgo a lo largo del

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juicio oral, con el objetivo de favorecer a Ríos Montt.

presentado por el Procurador de los Derechos Humanos.

En su fallo del 20 de mayo, la CC dejó sin efecto la condena de 80 años de cárcel, invalidó lo actuado por el tribunal y ordenó repetir el proceso desde la fase intermedia. Después de ello, el juicio se estancó.

El informe detalla que la disminución puede interpretarse de dos maneras: la primera, en que podría tratarse de resultados reales producto de las acciones realizadas para combatir el flagelo, y en otro escenario, se puede referir a la dificultad en la identificación de víctimas por parte de las autoridades.

CASO HOGAR SEGURO

En 2016, la Procuraduría General de la Nación (PGN) rescató a 170 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas. El 64 por ciento de estas eran explotadas laboralmente, el 16 por ciento sometidas a explotación sexual, el 4 por ciento a mendicidad, el 2 por ciento a adopciones ilegales y trabajo forzado, y otro 2 por ciento que habría sido secuestrado por los grupos del narcotráfico, señala el informe.

Las progenitoras de dos menores que murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción denunciaron que las niñas eran violadas y prostituidas mientras se encontraban internas en el recinto. La madre de una de las víctimas denunció que las niñas y adolescentes eran violentadas, puesto que les daban comida en mal estado y las agredían sexualmente. “Las encerraban, violaban, les daban comida con gusanos, todos los monitores abusaban de ellas y hasta las mujeres las violaban. Eso no era un hogar seguro, era un hogar de muerte”, relató. Otra de las madres, que pidió no ser citada, aseguró que luchó para sacar a su hija, pero se negaron a entregársela, por lo cual se cuestiona “¿para qué la querían?, ¿para asesinarla?”. Las menores eran sacadas por supuestas citaciones judiciales, pero al salir del Hogar eran obligadas a prostituirse, incluso con los narcotraficantes, dijo. Organizaciones civiles culparon al Gobierno de la muerte de las menores, ya que ellas estaban bajo su resguardo. Se señala la falta de atención de la administración de Jimmy Morales a las familias de las niñas, debido a que éstos se comprometieron a cubrir los gastos y trámites necesarios ante las lamentables pérdidas, pero a la fecha no han cumplido. Las organizaciones también aseguraron que las familias no son informadas sobre el estado de salud de las menores que se encuentran hospitalizadas en Estados Unidos.

TRATA DE PERSONAS El número de víctimas detectadas y rescatadas de las redes de trata de personas registró una disminución del 11 por ciento en 2016, comparado con el año anterior, mientras que la cantidad de denuncias también descendió en un 14 por ciento, según el documento

www.entremundos.org

De esa cuenta, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, recomendó a las instituciones implementar la guía para la identificación de víctimas de trata de personas, desarrollada por la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas (CIT) en 2016.

CASO SEPUR ZARCO La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público realiza exhumaciones en la comunidad de Paraná, ubicada a tres kilómetros aproximadamente de Sepur Zarco, en seguimiento a las investigaciones por las desapariciones forzadas ocurridas durante el Conflicto Armado Interno en la región. Dichas diligencias cumplen con las medidas de reparación que ordenó el Tribunal de Mayor Riesgo “A” al momento de dictar sentencia en el caso denominado Sepur Zarco. Las exhumaciones son apoyadas por personal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y se busca dar con el paradero de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y sus alrededores. Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando el Mundo, informó que comunitarios, bajo la supervisión de los antropólogos de la FAFG, se encuentran colaborando en las excavaciones. Asimismo, también se conversó con testigos para determinar la posibilidad de que se encuentren osamentas en el lugar, dijo Barrios.

Migración final  
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