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EL CASO CHOMICKI Debate sobre la pertinencia de iniciar acciones penales contra las vĂ­ctimas del terrorismo de Estado acusadas de colaborar en secuestros, torturas y asesinatos durante la Ăşltima dictadura cĂ­vico-militar.


El 26 de marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario dictó sentencia en la causa Díaz Bessone y otros por homicidio, violación y torturas. Solo uno de los seis acusados fue absuelto, lo que generó la indignación de muchos de los testigos y querellantes de la causa. Se trata de Ricardo Miguel Chomicki, un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Peronista detenido en diciembre de 1976 y que, según consta en actas, fue llevado al Servicio de Informaciones (SI), donde, de acuerdo con su propio testimonio, fue sometido, como el resto de los detenidos, a torturas y vejámenes por parte de las fuerzas represivas. Sin embargo, sobrevivientes, familiares y testigos del Centro Clandestino de Detención del SI lo acusaron de haber colaborado en la captura de otros compañeros y de haber participado activamente de la imposición de tortura a otros detenidos. En el transcurso de la elevación a juicio de la causa se desarrolló un debate trascendente sobre la culpabilidad o inocencia de Chomicki. Declaraciones, comunicados y columnas de opinión en la prensa, tomas de posición a favor y en contra, fueron construyendo a lo largo de dos años un excepcional corpus de opiniones, muchas de ellas de carácter irreconciliable, al tiempo que se fue extendiendo la pregunta en torno a las dimensiones éticas y políticas que asumía el caso. ¿Podía, un militante político


El caso Chomicki Gabriela Águila ... [et.al.]. - 1a ed. - Rosario : Editorial Municipal de Rosario, 2015. 192 p. ; 21x17 cm ISBN 978-987-1912-38-4 1. Derechos Humanos. I. Águila, Gabriela CDD 323

Municipalidad de Rosario Secretaría de Cultura y Educación Año 2015 © AA.VV. Diseño: Lis Mondaini

© Museo de la Memoria Córdoba 2019/25 S2000AXG Rosario, Argentina museomemoria@rosario.gob.ar / www.museodelamemoria.gov.ar

© Editorial Municipal de Rosario Planetario Luis C. Carballo, Parque Urquiza S2000BMF Rosario, Argentina emr@rosario.gob.ar / www.rosariocultura.gov.ar/emr Tirada de 500 ejemplares Interior: bookcel 80 gr Tapa: cartulina 200 gr Tipografías: Unna, Archivo Narrow y Archivo Black Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 ISBN 978-987-1912-38-4 CUIT 30-99900315-6 Impreso en Argentina


Compilación y edición Rubén Chababo Viviana Nardoni Daniel Fernández Lamothe Eliezer Budassoff


Índice Introducción

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Dossier documental

“A los fines y efectos de su accionar concreto fue un feroz represor”

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Diez consideraciones sobre la lucha contra la impunidad

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“Un oscuro día de justicia: el caso Chomicki”

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“La lógica del horror y las razones para desistir de una acusación”

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“Ricardo Chomicki hizo uso ayer de su derecho de defensa en Tribunales”

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Carta de la Asociación de ex Presas y Presos Políticos de Mendoza

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“¿Por qué no podemos enjuiciar a quienes eligieron formar parte del enemigo?”

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“Las víctimas hablan sobre una acusación”

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“La víctima es víctima en cualquier situación”

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“No hay autoridad mayor que la voz de los sobrevivientes”

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Acusación de Ricardo Chomicki

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Fragmento del alegato de la Fiscalía

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Fundamentos de la sentencia

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Reflexiones

El lugar para decidir Federico Lorenz

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Y llegó la noche Griselda Tessio

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El dilema ético del caso Chomicki Lucila Edelman

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¿Quién es culpable? Héctor Schmucler

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El valor de la palabra devenida testimonio Marta Bertolino

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Un partícipe necesario Oscar Bertone

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El mandato de los sobrevivientes Gabriela Durruty

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Justicia, justicia perseguirás. Ecos bíblicos Silvana Rabinovich

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La colaboración civil. Comportamientos individuales y sociales en dictadura Gabriela Águila

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Lo monstruoso que nos pesa Juan Bautista Ritvo

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Introducciรณn


I El mediodía del lunes 26 de marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario dictó sentencia en la causa Díaz Bessone y otros por homicidio, violación y torturas. El juicio había comenzado en julio de 2010 y estaba previsto que terminara doce meses más tarde, pero la gran cantidad de testigos llevó a que el debate oral se extendiera durante un año y ocho meses. La causa Díaz Bessone –antes denominada megacausa Feced– se despliega a lo largo de más de cien cuerpos de doscientas fojas cada uno, por lo que fue dividida en tres etapas. En la primera, concluida con el dictado de sentencia, el Tribunal estuvo abocado a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de noventa personas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, ubicado en la esquina de las calles Dorrego y San Lorenzo de Rosario. En ese lugar estuvieron secuestradas y fueron torturadas cerca de 2.000 personas durante la última dictadura cívico-militar. Aquella mañana de marzo de 2012, el Tribunal condenó al ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; al ex comisario principal José Rubén Lofiego, alias el Ciego; al ex policía Mario Marcote, conocido como el Cura; a Ramón Vergara y a Carlos Scorteccini. Los nombrados recibieron penas que van desde los doce años de prisión a cadena perpetua. Solo uno de los seis acusados fue absuelto, lo que generó la indignación de muchos de los testigos y querellantes de la causa. Se trataba de Ricardo Chomicki, alias el Cady, un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Peronista durante los años 70, que fue detenido en diciembre de 1976 y que, según consta en actas, fue llevado al Servicio de Informaciones. Chomicki permaneció en calidad de desaparecido hasta febrero de 1977, fecha en que pasó a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo con su propio testimonio, allí fue sometido, como el resto de los detenidos, a tortu-

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ras y vejámenes por parte de las fuerzas represivas. Sin embargo, sobrevivientes, familiares y testigos de ese Centro Clandestino de Detención lo acusaron de haber colaborado en la captura de otros compañeros y de haber participado activamente de la imposición de tortura a otros detenidos. La detención de Ricardo Chomicki por las fuerzas represivas se produjo de manera simultánea a la de su pareja, Nilda Folch, conocida como la Polaca, también acusada de haber colaborado activamente con el aparato represivo. En 1984, en la declaración indagatoria prestada ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Agustín Feced –ex Jefe de la Policía provincial y responsable directo de la aplicación de tormentos a centenares de militantes– expresó que tanto Chomicki como Folch eran mantenidos en las oficinas en las que trabajaba el grupo represivo, que a Nilda Folch le tenía afecto porque le encontraba un parecido con su hija mayor, y que cuando no los necesitó más les gestionó la libertad a través del Comando del II Cuerpo de Ejército. El mismo Feced reconoció en su declaratoria que su vinculación con la pareja había llegado a ser tan estrecha que hasta ofició de padrino de casamiento y les proveyó documentos falsos, haciéndoles cambiar también el aspecto exterior. Chomicki explicó esta situación alegando que cuando Feced conoció a su pareja le encontró un parecido con su hija y que ese hecho contribuyó a cambiar su suerte, que les dio protección y los trasladó de “la Favela” –área del SI en la que eran alojados los secuestrados sin destino definido– a un sector donde había dos literas y una pequeña cocina contiguo a la sala de torturas –aclaró que cuando se torturaba a veces los sacaban de ahí y a veces no– y que fue a partir de entonces que empezó a oficiar de “mandadero”, asistiendo a los detenidos, unas veces llevándolos al baño y otras curándoles las heridas producto de la tortura. Con las diferentes declaraciones de testigos y cautivos sobrevivientes del Servicio de Informaciones, se fueron acumulando evidencias sobre el verdadero comportamiento de la pareja respecto de los otros cautivos, el cual dista mucho de la versión “humanitaria” ofrecida por Chomicki. Algunos fragmentos de esos testimonios se reproducen en este libro, extraídos de las declaratorias realizadas ante la Justicia Federal. Stella Maris Hernández reconoció que consiguió hablar con Guzmán Alfaro por intervención de la Polaca; Benito Espinoza detalló que en el Sótano

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del SI estuvo con el Cady y su mujer, Victoria o Mireya, quienes colaboraban con los “servicios”, y que llamaba la atención la libertad con la que se movían; María Inés Luchetti de Bettanin señaló que dichos acusados conocían la situación de los cautivos, contaban con la “protección” del Jefe de Policía, Feced, y que actuaban bajo órdenes directas de este. De similar tenor son las declaraciones realizadas por Juan Alberto Fernández y Carmen Lucero –a través de una carta redactada en Copenhague el 26 de agosto de 1984– y las de otros ex detenidos como Adrián Jorge Sánchez, Máximo Antonio Mur, Francisca Van Bove de Espinoza, Ana Moro y Marcelino Panicali. Ana Moro relata que pudo escuchar que durante un interrogatorio amenazaban a un detenido con decirle al Cady Chomicki que le perforara los ojos con una birome. En otra ocasión, Chomicki le expresó a Moro que no le iban a hacer daño ni a ella ni a su cuñada porque no las consideraban “subversivas”, y ellos –le dijo– estaban en una lucha contra la “subversión”. Moro también señaló que en el lugar se comentaba que el Cady torturaba con el Ciego. José Américo Giusti dice haber escuchado, a través de la pared donde se hallaba la sala de torturas, que una cautiva llamada Victoria torturaba a otra cautiva, apremiándola a preguntas. María Inés Lucchetti de Bettanin aseguró que durante su interrogatorio bajo torturas físicas en el Servicio de Informaciones participó una mujer apodada Victoria o la Polaca. Gustavo Mechetti aseguró que en las sesiones de tortura a las que se lo sometió fue golpeado e interrogado por Chomicki, y que en las mismas estuvo presente su pareja, Nilda Folch, apodada Victoria. Osvaldo Daniel Bas y Mansilla señaló que Chomicki y su mujer, la Polaca, oficiaban de escribientes de las declaraciones de los cautivos extraídas bajo tortura. Mirta Isabel Castelini declaró haber sido torturada con picana eléctrica por el Cady y su mujer Victoria. Francisca Van Bove dijo que en la sala de torturas donde le tomaron declaración pudo ver que una chica joven, Victoria, Mireya o Polaca, era una colaboradora civil. Adrián Sánchez indicó que del lugar de torturas lo retiró una mujer a la que apodaban Victoria, a quién después pudo ver en muchas oportunidades en el Servicio de Informaciones. Oscar Ramón Bustos declaró haber sido secuestrado y trasladado a la Comisaría 7ª, donde pudo ver al marido de la Polaca Folch al que le decían el Cady; de allí fue trasladado al Servicio de Informaciones por más o menos dos meses, donde fue torturado por Folch, a

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quien conocía de su militancia previa en la UES. Y aclaró que su padre también estuvo allí cautivo y también fue torturado por la misma persona. Gustavo Piccolo refiere el caso de un cautivo muy deteriorado por las torturas a quien el Cady presionaba para que colaborara con el interrogatorio. Elba Ferraro de Bettanin señaló que luego de doce horas de terribles torturas el cautivo llamado Alberto Tion pidió agua y el Cady, que colaboraba con la Policía, le explicó que no podía hacerlo porque se moriría; ante la insistencia de Tion, el Cady fue a consultar con los policías y volvió con un sifón de soda, le sirvió tres o cuatro vasos, tras lo cual Tion comenzó a ahogarse, suspiró muy fuerte y murió. Marcelino Panicalli declaró haber sido interrogado por el Cady, quien aplicaba picana eléctrica en las sesiones de tortura, y dijo también que en una oportunidad –cuando se apersonó alguien que se presentó como “juez militar”– le pegó reiteradamente en los testículos. Hugo Cheroni aseguró que el Cady lo torturó y le dijo que “cantara” porque “le convenía”. Durante el juicio no solo se expuso una extensa serie de acusaciones, sino que además hubo lugar para escuchar a la defensa de Chomicki en la voz del abogado Héctor Galarza Azzoni, quien justificó su pedido de absolución diciendo que los casos de “los detenidos en los campos de concentración son todos casos de manual; en el caso de mi asistido es un caso evidente, palmario de la aplicación del estado de necesidad, ya sea justificante o exculpante”. El abogado subrayó que la presión psíquica sufrida por su cliente en el Servicio de Informaciones fue de tal intensidad que no se le puede exigir una conducta conforme a derecho. “No se le podía exigir ser un mártir o un héroe, el mal con el que se amenazaba a mi asistido es el mal mayor, que es la amenaza de muerte”, dijo Galarza Azzoni durante el alegato. En la búsqueda por desarticular los argumentos de la querella que pedía la condena de su cliente, Galarza Azzoni leyó un documento de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fechado en agosto de 2010 en Buenos Aires. El documento sostiene que “es al terrorismo de Estado al que hay que juzgar y no a sus víctimas”, porque “jamás avalaremos la teoría de los dos demonios”. Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados equiparándolos con los jefes del genocidio “no solo es jurídicamente insostenible, porque el Código Penal no se rige por los códigos de honor del militante, sino que políticamente es muy peligroso”, sostuvo el abogado al concluir su alegato, e insistió en el pedido de absolución para su cliente.

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II En el transcurso de la elevación a juicio de la causa Díaz Bessone se desarrolló un debate trascendente sobre la culpabilidad o inocencia de Ricardo Chomicki (el caso de su pareja, por estar en condición de prófuga, no entró por lo general en las discusiones). Declaraciones, comunicados y columnas de opinión en la prensa, tomas de posición a favor y en contra, fueron construyendo a lo largo de dos años un excepcional corpus de opiniones, muchas de ellas de carácter irreconciliable, al tiempo que se fue extendiendo la pregunta en torno a las dimensiones éticas y políticas que asumía el caso. ¿Podía, un militante político que había sucumbido al accionar del aparato represivo, ser enjuiciado en el mismo banquillo que los perpetradores? Su accionar en el Servicio de Informaciones, ¿debía interpretarse como un acto consciente de colaboración con el aparato represivo o como una conducta entendible, una consecuencia del “quiebre” ideológico y moral producido por el aparato represivo? ¿Debía ser Chomicki homologado, en su conducta y en las consecuencias que la misma tuvo sobre la vida y el destino de sus compañeros, con aquellos que decididamente habían planificado y llevado a cabo el plan de exterminio? Si bien el 26 de marzo de 2012 el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario dictó sentencia absolutoria a favor de Chomicki, el debate siguió abierto y todavía no ha sido clausurado. El Museo de la Memoria, consciente de la trascendencia que este tipo de debates tiene en la escena política y social argentina, reunió en este libro un conjunto de documentos y opiniones sobre los pormenores del caso y sus implicancias éticas y jurídicas. En la primera parte del libro se incluyen extractos de la causa Díaz Bessone referentes al caso Chomicki y documentos que aparecieron en la prensa gráfica y en medios digitales durante el desarrollo del juicio. Los textos que integran la segunda parte fueron solicitados a diferentes personalidades para que contribuyeran a ampliar el campo de la reflexión.

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Centro Clandestino de Detención El Pozo que funcionó entre 1976 y 1979 en el Servicio de Informaciones (Dorrego y San Lorenzo) de las Jefatura de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe. Planos realizados por el Equipo de Trabajo de la FAPyD (UNR) dirigido por la Arq. Alejandra Buzaglo.


Dossier documental


“A los fines y efectos de su accionar concreto fue un feroz represor” Documento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario sobre el pedido de enjuiciamiento a Ricardo Chomicki, publicado el 12 de agosto de 2010 en el sitio web de la misma institución.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario siempre ha respetado la diversidad de opiniones en una vasta rama de cuestiones. Pero damos la nuestra, frente a determinadas situaciones puntuales que se nos presentan, tal es la actual discusión sobre Ricardo Chomicki, quien está siendo juzgado en la causa Díaz Bessone. Decimos: que apoyamos los términos de los abogados querellantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de la ciudad de Rosario en su requisitoria de elevación a juicio contra todos los imputados. Por cuanto Ricardo Chomicki ha sido denunciado por cantidad de compañeros y compañeras que pasaron por el Servicio de Informaciones en la dictadura militar. A estos denunciantes les creemos y confiamos en su palabra como siempre lo hemos hecho. Que se deduce de allí que a los fines y efectos de su accionar concreto fue un feroz represor. Y es uno de los más denunciados (ex causa Feced). Que no consta en testimonios que fuera torturado. Sí consta que tenía libertad de movimientos en todo el Servicio de Informaciones. Que no se arrepintió y no habla de todo lo que seguramente sabe por esa misma razón. Incluidos los asesinatos y posterior paradero de los cuerpos desaparecidos. Es uno de los pocos, poquísimos, que compartió con Agustín Feced y su patota

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de criminales, no solo la tortura a los militantes, sino una relación de amistad posterior. Y fundamentalmente, porque nos negamos a igualar a este denunciado torturador, con los miles de militantes del campo popular –desaparecidos y/o sobrevivientes– que sufrieron las más tremendas torturas, enfrentando solo con su coraje y dignidad a sus verdugos. Y continúan hoy señalando a los genocidas en los juicios. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Norma Ríos, presidenta de la APDH Rosario.

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Diez consideraciones sobre la lucha contra la impunidad Declaración de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre publicado en el blog de la institución, agosto de 2010.

1 La Liga Argentina por los Derechos del Hombre entiende su participación en los juicios contra los responsables del genocidio sufrido por el pueblo argentino como una continuidad histórica de su lucha por la libertad de los presos por causas políticas y por las víctimas de la represión estatal, lucha que arranca en la Década Infame (los 30 del siglo XX) y que hemos mantenido en todos los periodos transcurridos desde entonces, bajo todas las dictaduras y en todos los periodos constitucionales de gobierno. Los nombres de Teresa Israel y Baldomero Valera, desaparecidos por la última dictadura, y de Freddy Rojas, asesinado en el periodo institucional abierto en 1983, son prueba incontrastable de nuestra coherencia entre la teoría y la práctica, entre el decir y el hacer; coherencia que procuramos defender en estos días en los juicios testimoniando, querellando, construyendo voluntad colectiva para vencer la impunidad. 2 Desde nuestra fundación en 1937 hemos procurado comprender los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad. Perspectiva que no solo reclama pensar todos los derechos a los cuales los seres humanos deben acceder, sino entender que la vigencia de ellos solo se verifica cuando se accede a todos los derechos para todos. Puesto que los derechos humanos son inescindibles, si alguno de ellos o un grupo de ellos queda fuera del alcance social, no hay vigencia real de los derechos humanos. Por ello, nos esforzamos para no fracturar la lucha contra la impunidad

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histórica como parte de la lucha contra todas las impunidades y todas las violaciones a los derechos de los pueblos. Así, en el último periodo hemos sido parte, y lo seguiremos siendo hasta que se cumpla el reclamo, de los que piden aparición con vida de Julio López y el esclarecimiento de todas las amenazas contra luchadores sociales y por los derechos humanos, contra las torturas y el gatillo fácil, por el derecho a la vivienda digna y el cese de toda discriminación por etnia, religiosidad, género, orientación sexual, identidad de género o convicción ideológica, entre otros muchos campos de disputa. La historia del capitalismo argentino y latinoamericano confirman la idea de que capitalismo y derechos humanos son incompatibles y le dan horizonte político de nuevo tipo al sueño de todos los derechos para todos (consigna de la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado) tal como lo entienden los pueblos que siguen el camino de la lucha por un Socialismo del Siglo XXI que sea coherente con esa historia de lucha, con las culturas originarias y con las conquistas democráticas de nuestros pueblos; todo lo cual nos lleva a resaltar el derecho de los pueblos a la autodeterminación, acaso hoy el más urgente y peligroso para el Imperio y sus cómplices locales.

3 Valoramos altamente los juicios en curso porque fueron conquistados por la lucha popular y para llegar a ellos tuvimos que vencer la política y el discurso de la dictadura militar, de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y las limitaciones de las políticas impulsadas en el actual período. Así, enfrentamos y vencimos, como parte del amplio y plural espacio social y político que luchó por ello, el discurso dictatorial de que los desaparecidos estaban fugados en Europa o el Caribe o muertos y su política de autoamnistía; el discurso de los Dos Demonios y las leyes de impunidad de Alfonsín, el discurso de pretendida reconciliación nacional y los decretos de indulto a los pocos condenados en el juicio a la Junta Militar y los que aun tenían causas abiertas, los decretos de De la Rúa que impedían extraditar a los represores para que fueran juzgados en España dado que en la Argentina reinaba la impunidad y los intentos de Duhalde de impedir los juicios que ya estaban en curso para el 2002. Fuimos parte de los que conquistaron la anulación de las leyes

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de impunidad y la decisión de la Corte Suprema correspondiente, que posibilitaron la reanudación y/o apertura de juicios contra los genocidas y hoy actuamos como querellante en más de cuarenta causas en instrucción en casi todo el país y en los juicios orales que se están sustanciando en estos días en Santa Fe, Santa Rosa, La Pampa; Resistencia, Chaco; La Plata, provincia de Buenos Aires, y los que se llevan adelante en los tribunales de Comodoro Py en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como antes actuamos en los de la causa Campo de Mayo ante los tribunales de San Martín.

4 En estos años hemos tenido que superar también la complicidad del Poder Judicial que fragmentó las causas hasta límites grotescos (se llega a juicios orales por una compañera o compañero y contra un represor), permitió toda clase de maniobras políticas disfrazadas de acciones jurídicas que frenaron y retrasaron las causas teniendo dicha acción un punto de referencia en la Cámara Nacional de Casación, que en diciembre de 2008 pretendió hacer estallar todo el proceso con su decisión de liberar a represores célebres como Astiz, Acosta y otros. Con la toga de la “normalidad procesal” han limitado los juicios, y también hemos debido vencerlos en ese terreno. A pesar de los reclamos del movimiento de derechos humanos, que el propio presidente de la Corte Suprema acaba de recordar y reconocer, tampoco el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron con su deber de ordenar, planificar, financiar adecuadamente y garantizar la difusión pública que los juicios ameritan. 5 A pesar de todo ello, si nos posicionamos para el análisis desde una perspectiva histórica, de proceso de luchas sociales, y consideramos los magros logros de otras experiencias de lucha contra la impunidad (como las de Chile o El Salvador) podemos considerar que nuestra lucha ha superado el límite que los represores y el Poder real estaban dispuestos a soportar en este terreno y han transformado los juicios en una gran victoria contra el Olvido y la Impunidad. De allí la furibunda campaña

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por la impunidad que impulsan Duhalde, Macri, Carrió y otros referentes de una derecha que sabe, que si no detienen los juicios, estos terminarán cuestionando su legitimidad histórica y la de su amo imperial que inspiró y respaldó el Genocidio al tiempo que fingía un discurso de derechos humanos que hoy pretende renovar contra los procesos populares de cambio latinoamericanos. La prensa que inspira y sostiene a la derecha, trata de ocultarlos, minimizarlos, banalizarlos y de instalar –aprovechando cualquier excusa– la idea de que los juicios son incompletos porque solo juzgan a uno de los contendientes, apelando a la teoría de los Dos Demonios y dando crédito al discurso de los jefes del Genocidio, que estos son juicios políticos, de venganza contra quienes “salvaron la patria del comunismo”.

6 En ese marco, el anuncio de la Corte Suprema de seguir adelante con los juicios sin importar los cambios que haya en el gobierno nacional, constituye la expresión de un clima social que se expresó en ocasión del Bicentenario y marca un nuevo tiempo para el movimiento popular en la Argentina, que tiene en la convicción de no conciliar con la impunidad, uno de sus puntos más fuertes. 7 La etapa actual de la lucha es por ampliar los juicios en el sentido de sentar en el banquillo de los acusados a los representantes de los grupos económicos, de los medios de comunicación, a los diplomáticos, a los intelectuales y comunicadores, etc. que formaban parte del bloque de poder al momento de tomar la decisión de arrasar al movimiento popular por medio del terrorismo de Estado, para lo cual comprender el contexto histórico y entender lo ocurrido como un Genocidio sería de gran contribución. Se impone, también, acelerarlos por medio del camino de la unificación de las causas, la designación de tribunales de instrucción que trabajen en exclusividad en estas causas, la multiplicación de Tribunales Orales que emprendan la tarea de llevar a juicio las causas que ya han sido completadas, etc.; lo cual sería un modo simple y concreto de luchar contra la “estrategia Pinochet”,

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aquella que se plantea demorar sin límite los juicios de modo tal que los represores mueran acusados pero sin condena, impunes judicialmente a pesar de la condena social que ya cargan.

8 En este marco, no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas se quebraron y fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre y que fuera uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por las acciones características del terrorismo de Estado. Una vez más, corresponde señalar que como organismo de derechos humanos, es a este, al terrorismo de Estado, a quien juzgamos y no a sus víctimas o a sus acciones cometidas luego de la captura, no importa lo desgraciadas y repugnantes que nos resulten. Desde el momento en que el Estado los capturó, es el Estado el responsable de su suerte y de sus acciones; de haberse cometido delitos en el curso de estas acciones impuestas, directa o indirectamente por el terrorismo de Estado, las mismas no pueden ser achacadas a quienes fueron, al menos inicialmente, víctimas del terrorismo de Estado, sino a sus inspiradores, organizadores, ejecutores y beneficiarios quienes deben ser considerados penalmente responsables de tales actos. Ningún delito debe quedar impune, pero jamás avalaremos la teoría de los Dos Demonios, teoría que se beneficia notablemente de la pretensión de juzgar a aquellas personas que por su condición militante fueron capturadas por el aparato estatal, más allá de que en el transcurso del drama vivido hayan perdido –algunos de ellos– los atributos que distinguieron a la generación del 70 y distinguen desde entonces a la mayoría de los sobrevivientes que han dado una conmovedora batalla por la verdad y son la base fundamental de la acusación contra el genocidio. Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados, equiparándolos a los jefes y perpetradores del Genocidio, no solo es jurídicamente insostenible –pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante, sino que presume que en aras de la supervivencia los individuos realizarán cualquier acción, resultando por tal estado

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de necesidad (de vuelta, jurídicamente hablando) inimputables– sino políticamente muy peligroso pues deja de cuestionar al Estado que organizó el Terrorismo para poner la mira en las limitaciones del movimiento popular, que eso eran los quebrados por la dictadura: muestra de nuestras debilidades como sujeto en busca de la libertad y castigados sin piedad por el bloque de poder real.

9 Por principio, desde nuestra fundación en 1937, no somos partidarios de resolver los problemas del campo popular ante los estrados de la Justicia; así hemos actuado siempre y así será. Los debates sobre las conductas colectivas de las organizaciones, e individuales de los militantes, bajo la dictadura, son debates que venimos haciendo desde el momento mismo de los hechos y que deberán seguir haciéndose en ese plano, no con el ánimo inquisidor de “descubrir el traidor” sino con el espíritu guevarista de aprender de las derrotas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar. Y no es un debate académico: la imposición de un gobierno títere de los EE.UU. por medio de un golpe de Estado en Honduras nos obliga a discutir cómo impedir que los planes imperiales hagan tabla rasa con todos los cambios, grandes y pequeños, que ha habido en América latina. Los que transforman todo debate en un debate oposición/oficialismo pareciera que no han aprendido nada de la historia política argentina y parecieran ignorar la presencia de una derecha fascista que busca incansablemente su oportunidad para revertir los juicios, el modo que se construye la memoria y todos aquellos pasos que molestan al Poder Real como la integración latinoamericana o la Ley de Servicios Audiovisuales. 10 Queremos ser sinceros y contundentes: no es un Tribunal Oral de este Poder Judicial –que en alguna medida y más allá de los cambios positivos que no hemos dejado de señalar, puede pensarse como heredero y continuador del que avaló y acompañó la dictadura y la impunidad– el ámbito adecuado para discernir problemas tan complejos y delicados como la conducta de los militantes ante los torturadores o la

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de sus organizaciones en el momento histórico. Y, si bien no igualamos conductas, ya que no todos los que entraron siendo militantes populares mantuvieron esa condición tras la captura y la tortura, no admitimos que se considere que es este Poder Judicial, o son estos Tribunales, los que tienen los atributos morales para juzgarlos. Nunca hemos hecho culto de la Justicia en abstracto ni lo haremos ahora puesto que hemos luchado toda nuestra existencia por superar los límites del Derecho a través de algunos aportes nada desdeñables (caso Ingalinella, caso Inés Ollero, caso Floreal Avellaneda, caso Etchecolatz, etc.) para la lucha política por un nuevo sentido común jurídico que empieza a expresarse en las condenas contra el terrorismo de Estado que no solo reconocen la preexistencia de un Plan Sistemático sino que hablan de su planificación y ejecución en el marco de genocidio. Identificando sus límites, reconocemos estos juicios como un espacio de combate contra la impunidad y el olvido, para reivindicar los compañeros y construir una mirada sobre nuestra historia que nos haga entender el rol fundante del terrorismo de Estado sobre el modelo capitalista neoliberal que aún nos agobia, procurando aportar para que se llegue a la condena de todos los genocidas por todos los compañeros victimizados. No confundir las etapas de la lucha es acaso la primera exigencia para los que aspiran a la victoria y nosotros queremos derrotar la impunidad y sus defensores, para que la democracia y la lucha por todos los derechos para todos en la Argentina tengan futuro.

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“Un oscuro día de justicia: el caso Chomicki” Artículo de Ricardo Ragendorfer publicado en el periódico Miradas al sur, Buenos Aires, 15 agosto de 2010.

El protagonista de esta historia era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES); su nombre: Ricardo Miguel Chomicki. El 2 de diciembre de 1976 fue secuestrado en Rosario junto a su pareja, Nilda Folch, por un grupo de tareas que respondía al ya fallecido comisario Agustín Feced. Ambos fueron llevados a las mazmorras de la Sección de Informaciones de la policía local. Allí, tras ser objeto de feroces torturas, empezaron a colaborar con los represores en interrogatorios a sus compañeros de infortunio, entre otros menesteres. Pero sin revertir su condición de cautivos. En la actualidad, el Cady –tal era su apodo– es juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario. Sobre él pesan denuncias por crímenes de lesa humanidad, y comparte el banquillo de los acusados con el antiguo mandamás del II Cuerpo del Ejército, ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y cinco policías. Sin embargo, la fiscalía, la querella de la agrupación HIJOS y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistieron de los cargos en su contra con el siguiente criterio: “Quien entra como víctima a un centro clandestino, sale en la misma condición”. Ello es el disparador de un debate cuyo eje gira en torno a la responsabilidad ética y penal de quienes estando privados de su libertad durante la dictadura colaboraron con los represores. Un tema cuya valoración oscila entre la inmediatez y la perspectiva histórica. En cuanto a lo primero, bien vale evocar otro caso no menos emblemático, pero diferente tanto en el epílogo como en su abordaje. Todo empezó cuando el integrante de la conducción de Montoneros, Marcos Osatinsky, fue capturado el 7 de agosto de 1975 por la policía cordobesa. Sus capto-

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res no tardarían en matarlo, arrastrándolo por una ruta encadenado a un auto. Su cadáver fue luego destruido con una carga de dinamita. Osatinsky había sido delatado por Valdez, un militante cuyo verdadero nombre era Fernando Haymal, quien días antes había caído en manos de una patota policial apoyada por efectivos del Ejército. Al delator también se le atribuye la entrega de otros 10 compañeros, algunas casas operativas y un depósito de armas. Después de semejante contribución informativa, recuperó alegremente la libertad. Pero sus confidencias trascendieron. Y fue condenado a muerte por un tribunal revolucionario de la organización. La sentencia fue cumplida el 6 de septiembre de ese año. Su apresurado modo de morir, sin embargo, le permitió llevarse algunos secretos a la tumba. Porque lo suyo no se había limitado solamente a una traición cometida en medio de circunstancias apremiantes. En realidad, Valdez había sido doblado por agentes de inteligencia, antes de su fallido intento por volver a circular entre sus compañeros; en su nueva condición de filtro debía reportarse a un tal Vargas. Este no era otro que el capitán Héctor Vergés. Esa trama guarda semejanza con una historia relatada por Joseph Kessel en su estremecedora crónica El ejército de la noche –publicada en 1943–, sobre el lado más dramático de la Resistencia Francesa: la ejecución de militantes que, presionados por las circunstancias, colaboraban con los alemanes. Uno de sus protagonistas es el jefe de una célula, Félix La Tonsure; otro, su subordinado Philippe Gerbier; este debe ejecutar al joven delator Dounat. Lo cierto es que Gerbier asume dicha misión como un imperativo moral. “No matar a Dounat es matar a Félix. Porque Dounat vivo entregaría a Félix.” Tal es su razonamiento. Pero sabe que la delación no es culpa de Dounat ni su muerte será culpa de quienes lo enviarán al otro mundo. “El único, eterno culpable –piensa– es el enemigo que impone a los franceses la fatalidad del horror.” Esa es la clave del asunto. Y a la vez, el denominador común entre Haymal, Dounat y Chomicki. Solo que los primeros dos cayeron en paralelo a su traición. Esta consistía en vulnerar la vida de sus presuntos compañeros y la estructura de la organización a la que fingían pertenecer. En un tiempo sin ley, sus truculentos finales podrían interpretarse como un acto extremo en defensa propia. El caso de Haymal es paradigmático; él había sido puesto en libertad y tuvo en

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sus manos la chance de eludir el asedio de los represores. Pero no lo hizo; es decir, había cambiado de bando. Sucede que para traicionar en serio hay que tener la posibilidad de semejante elección. Tal fue el caso de Jesús Ranier, el filtro del Batallón 601 en el ERP que propició la emboscada a los guerrilleros en Monte Chingolo. El tipo no había sufrido apremio alguno; por el contrario, su único incentivo fue el dinero. El caso de Chomicki es incomparable a los anteriores. Tanto él como otras personas recluidas en centros clandestinos colaboraron con los represores en situación de cautiverio. Es cierto que pudieron haber consumado actos aberrantes o, simplemente, cebar mate a los verdugos. Pero como mano de obra esclava, en un escenario diseñado para despojar a las víctimas de todo vestigio relacionado con la condición humana, y con el siniestro propósito de que nadie pudiese constituirse en sujeto responsable de sus actos. Ese fue el pecado original de Chomicki. Y así el universo que atravesó como un fantasma apenas disimulado. El secretario de DD.HH. Eduardo Luis Duhalde sostiene al respecto: “Ni uno, el ex represor, ni el otro, el ex secuestrado, más allá de su voluntad, pueden torcer el papel histórico que les correspondió en el momento de los hechos (desde una temporalidad conjugada hace más de tres décadas en el lugar represivo, no desde sus identidades sustantivas, que trascienden toda finitud).Tampoco pueden evitar las consecuencias históricas del destino prefijado voluntariamente por cada uno en el tiempo previo a que la realidad los pusiera frente a frente, aunque en una relación opuesta y absolutamente desigual: la del verdugo, como parte de la estructura represiva, asumiendo una práctica ilegal, y las de sus futuras presas inermes, quienes aún ejercían su compromiso político”. Días atrás, una de las testigos sindicadas como colaboradoras en la ESMA declaró por primera vez en todos estos años. El motivo: necesitó ese tiempo para quitarse la mochila de haber sobrevivido y, además, bajo el rótulo de colaboradora. “Necesitó –según su abogado, Rodolfo Yanzón– más de cinco lustros para rearmarse; para volver a lo que pensaba en aquel entonces. Hasta ese grado de despersonalización los llevaron. Enfrentar a los cautivos era parte del exterminio, algo similar a lo que sucedió en los campos nazis.” Chomicki, en cambio, sigue pagando su pecado original. A su lado, Díaz Bessone sonríe.

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“La lógica del horror y las razones para desistir de una acusación” Columna de opinión de Fabiana Rousseaux, coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado “Dr. Fernando Ulloa” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, publicada en el suplemento Rosario/12 del diario Página/12, Rosario, septiembre de 2010.

En las últimas semanas volvió a ser noticia el caso de un ex militante de la UES y su mujer, quienes fueron secuestrados y llevados a un Centro Clandestino de Detención (CCD), como miles de personas que pasaron por ese infierno, pero hoy él está siendo juzgado junto a Ramón Genaro Díaz Bessone, imputado por haber cometido delitos a la par de sus verdugos, dentro del campo de exterminio. Tanto él, su mujer y tres ex militantes más fueron acusados por varios sobrevivientes de haber sido crueles con otros compañeros, dentro del campo, una vez que comenzaron a colaborar con sus propios captores y torturadores. En estos dos párrafos se concentra el nodo de lo que realmente significa la lógica de un Centro Clandestino de Detención, tortura y exterminio. Cuando hablamos de exterminio y de tortura, y por ende de las condiciones de clandestinidad que rodean estos crímenes, no nos podemos referir solo a la tortura de los cuerpos ni de su asesinato o desaparición; nos referimos muy especialmente al exterminio y tortura de la condición humana, donde el sentido mismo de esa condición, puede quedar suspendido dentro del dispositivo de horror creado precisamente para pulverizar la esencia de la dignidad de los hombres y mujeres obligados a soportar esa experiencia que de tan extrema se nos hace irrepresentable, es decir ajena a nuestra capacidad de ser comprendida. Que esto pueda suceder, no significa decir que esto sucedió en quienes estuvieron secuestrados, sino que en algunos casos la eficacia de la máquina de tortura y exterminio fue máxima. Pero esto ¿de qué depende? ¿De la resistencia de cada

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quien? ¿De los tipos de tortura? ¿De lo que se puso en juego en cada mesa de tortura, los hijos, los compañeros? Y las preguntas siguen sin saber a dónde nos conducen... En un libro de reciente aparición, Ensayo sobre la crueldad, su autora Ana Berezin, dice: “El mal nunca es banal, produce consecuencias destructivas irreparables, por lo tanto cabe preguntarse: ¿Qué tiene de banalidad el mal? En la valiosa y profusa información histórica que Hannah Arendt despliega en su libro sobre el Holocausto se va pergeñando una igualación entre víctimas y victimarios. ¿Por qué no? Todos podemos hacer cosas malas, muy malas, en especial en condiciones de esclavitud, desamparo y crueldad, en una lucha perdida de antemano por la supervivencia. Pero solo los victimarios son los responsables de una política de la crueldad; aunque en alguna ocasión, disculpen la ironía, hayan sido buenos (salvando un niño gitano o a un amigo judío...)”. No es lo mismo quien ingresa a un CCD siendo una víctima y a partir de la crueldad aplicada sobre sí, y en condiciones de absoluta indefensión, termina formando parte de un dispositivo de la crueldad, donde si traspasa esa valla ya nada podrá volver a ser como antes; que quien asumiendo la decisión de formar parte de un engranaje clandestino y asociado a esa política de administración del horror, crueldad y espanto decide formar parte de ese proyecto. La “decisión” no es un tema menor en este ámbito, nadie podrá decir seriamente que un secuestrado en un CCD tiene alguna injerencia sobre su propia vida. Ni aun cuando podría parecer que sí la tiene para poder salvarla. Años de análisis lleva aún la experiencia incomprensible de la Shoá, miles de páginas escritas para tratar de comprender los comportamientos humanos en el reino de lo inhumano, pero precisamente lo inhumano es parte esencial de lo humano. No podemos erigirnos en exculpadores de nadie, eso lo hará la justicia, pero lo que debemos debatir a fondo para no convertirnos en escarmentadores modernos con disfraz de defensores de derechos humanos es si podemos leer las consecuencias irreversibles de los campos de exterminio, pero no solamente sobre los secuestrados y secuestradas, sino sobre toda la sociedad, ya que nunca volveremos a ser como antes, luego de lo sucedido. Tampoco podemos confundir las leyes del Estado con la aplicación de leyes morales, de índole social, que arrastran a una lectura equívoca o al menos par-

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cializada de la verdadera e incomprensible dimensión que adquirieron estos crímenes y cuál debería ser nuestra lectura de ello. Pero lo cierto es que reducir el problema a quién cometió crímenes y quién no, puede resultar un aplastamiento del problema de la lógica concentracionaria. A su vez, perder de vista quienes han sido ingresados a los campos como secuestrados y torturados y quienes han ingresado a los campos como verdugos que formaban parte de un sistema de exterminio, es un error que no podemos permitirnos a esta altura de los acontecimientos, porque estamos reconstruyendo una historia colectiva, con un impresionante esfuerzo de memoria social y es necesario dirimir las aguas para no perder el norte de lo que esta sociedad debe y quiere enjuiciar. Los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado no son lo mismo que los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, ya que los agentes del Estado que formaron parte de los dispositivos del horror planificado debían ejercer una función: precisamente la de ser quienes llevaban adelante una política de Estado, y encarnando la figura de la ley dieron paso al terror más irrepresentable. Las víctimas, entonces, no tuvieron sitio de apelación posible, ya que a quienes podían apelar eran precisamente quienes implementaban con una sistematicidad aberrante el dolor y el exterminio. Esto no significa hacer alarde de la impunidad, por el contrario, es hacer lugar a la verdadera dimensión que lo que vivimos como sociedad tuvo y tendrá. Porque la degradación social ha sido un efecto también de la que llevará años poder revertir. ¿O acaso todavía no escuchamos la terrible fórmula del “yo no sabía”, o “con los militares estábamos mejor” en alusión a los múltiples discursos de la mano dura como garante de la “seguridad” que grandes sectores de la sociedad añoran? La sociedad en su conjunto está atravesada por esa degradación, obscena sin dudas, nadie quiere verla, produce espanto, nadie quiere identificarse con esa obscenidad; y es verdad que no toleramos saber cómo un ex militante aplicó medidas crueles sobre otros secuestrados. Pero clamar por el enjuiciamiento que iguala a víctimas y victimarios significa que aún no hemos entendido qué es un campo. Pero es necesario precisar algo más. Es claro que el haber atravesado por la experiencia de la tortura crea una autorización innegable en quienes la han vivido. Eso está fuera de discusión, pero también debemos decir que eso en nada autoriza a que se exija a la sociedad en su conjunto o a las organizaciones del Estado a cambiar

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la lectura de los acontecimientos. En El furgón de los locos, Carlos Liscano, ex detenido uruguayo, relata: “Antes de caer preso no sabía que este descenso al abismo, era posible. Aterra mirarse en ese espejo. Eso habré aprendido en estos calabozos”. Pero debemos aclarar algo más: cada noche, cada vez que alguien fue llevado a un centro clandestino, esa noche ingresamos todos.

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“Ricardo Chomicki hizo uso ayer de su derecho de defensa en Tribunales” Artículo de Sonia Tessa publicado en Rosario/12, suplemento del diario Página/12, Rosario, 7 de octubre de 2010.

Sentado en el banquillo, Ricardo Chomicki hizo uso ayer de su derecho de defensa. Secuestrado por la patota de Feced, se convirtió en colaborador y está acusado de participar en secuestros y torturas. En su extensa declaración de ayer, subrayó su condición de víctima, aunque esa definición sea rechazada por la mayoría de los sobrevivientes. Una de las grandes incógnitas del juicio a Ramón Genaro Díaz Bessone por delitos de lesa humanidad, si Chomicki iba a declarar, se develó cerca de las 15 de ayer, cuando se sentó frente al Tribunal Oral Federal número 2. “Niego rotundamente haber torturado ni haber apremiado a nadie”, dijo durante su declaración, en la que relató cómo fue secuestrado junto a su ex esposa y entonces novia Nilda Folch y afirmó que ambos fueron torturados. Chomicki señaló específicamente a José “el Ciego” Lofiego y a Mario “el Cura” Marcote como torturadores, además de contar que “todo cambió” para ellos en el Servicio de Informaciones cuando el interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, conoció a Folch, que le hizo recordar “automáticamente” a su hija mayor. Desde ese momento, el mandamás del Servicio de Informaciones comenzó a protegerlos y les mejoró el hábitat. Folch está prófuga, acusada de los mismos delitos que Chomicki, quien explicó haber sido visto por gran cantidad de detenidos en la sala de torturas porque estaban alojados en la pieza contigua, separada solo por un tabique del lugar donde se aplicaban los tormentos. “Era uno más, uno como los demás, siempre fui un secuestrado, un preso”, dijo sobre el final. En ese momento, su nerviosismo era visible. En la sala, entre el público, no había testigos de la causa, ya que no pueden

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presenciar esta etapa de las audiencias. Chomicki es acusado por la mayoría de los querellantes particulares, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Mientras tanto, HIJOS y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistieron de acusarlo, al considerar que aquella persona que ingresa como víctima en un Centro Clandestino de Detención, haga lo que haga dentro de él, sigue siendo una víctima. En uso de su derecho a la defensa, y sin responder preguntas, Chomicki relató: “Mi secuestro fue el 1º de diciembre de 1976, saliendo del bar de Juan José Paso y Alberdi. Siento un fuerte golpe en la cabeza, presumo que con una culata, me reducen y simultáneamente lo hacen con Nilda Folch”. Después de un brevísimo paso por la seccional 10ª, fueron trasladados al Servicio de Informaciones. Respecto de su estadía en ese Centro Clandestino de Detención, relató que fue “llevado a una habitación contigua a la oficina de Lofiego, desnudado, subido a la parrilla y sometido a torturas con picana eléctrica”. Según contó, lo atormentó aún más en esa situación escuchar los gritos “desgarradores” de Folch. Lofiego se le acercó y le dijo: “Escuchá cómo violan a tu noviecita”. “Era intolerable. Para tratar de frenar mi padecimiento, y lo que estaba sucediendo con Folch, digo que podría dar un domicilio, me suben a un vehículo y vamos a la casa de un colaborador periférico, Ramos, que sólo había prestado su casa para algunas reuniones, y estaba junto a un hijo menor de 14 años”, continuó el relato. En realidad, se trataba de un hermano. Los dos fueron secuestrados. Chomicki contó que volvió a la misma oficina, donde Folch era “sistemáticamente” torturada y violada. “No sé cuánto tiempo sucedió entre hecho y hecho, para algunos es muy fácil calcular el tiempo en esas condiciones, pero a mí me cuesta. Vuelven a bajarme para interrogarme. Contigua a la oficina de Lofiego había un sector redondo donde depositaban a la gente que era torturada. Allí estaba yo. La sucesión de caídas hacía que se olvidaran de nosotros por algunos días, teníamos el privilegio de no ser llevados durante un tiempo. Pero donde te levantaban, era insufrible, uno se quería hacer invisible”. Según relató, Feced pasaba cada tanto a conocer a los detenidos. “Ahí sucede un hecho que va a cambiar nuestra historia: Feced conoce a Folch y le hace acordar automáticamente a su hija mayor. Eso hace que se compadezca. Nos llevan a una oficina y Feced dice textualmente que si él

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comprobaba que ninguno de los dos teníamos una boleta, es decir, que no habíamos matado a un policía o un militar, él nos iba a ayudar. Entonces, nos cambió el hábitat de detención”. En ese punto, el imputado pidió un pizarrón para realizar un croquis que le permitiera graficar su versión sobre su presencia permanente cerca de la sala de torturas. “Es muy importante, porque a veces es muy difícil de entender nuestra situación. Nos llevan a vivir a una habitación que tenía dos cuchetas, que estaba pegada a la sala de torturas donde estaba la camilla del Ciego. A partir de ese momento, pasamos a ser sirvientes. Una de las tareas era limpiar la sala de torturas. En la tortura, uno se defeca, se orina, hay sangre. Nosotros vivíamos ahí, con 18 años, en ese ámbito”, expresó Chomicki. En ese momento, en el público, Yoli Medina, hermana del desaparecido Oscar Medina, no pudo soportar el relato, y rompió en llanto. Debió salir de la sala. Ajeno a lo que sucedía en el público, Chomicki continuó su relato. “Cuando llegaban los nuevos torturados, nos sacaban a los gritos de la habitación contigua, nos decían por nuestros apodos: ‘Polaco, Polaca, salgan de acá’. Pasamos días sin dormir. Y cuando terminaba eso, nos mandaban a limpiar”. Sobre las tareas que realizaban en ese espacio, precisó: “Nosotros cebábamos mates, redactábamos informes. Los informes para La Capital los escribí más de una vez, pero no porque yo quería. Yo estaba secuestrado”. Sobre su presencia en la zona donde se torturaba –y mientras explicaba el croquis del Servicio de Inteligencia– Chomicki reconoció: “Hay mucha gente que me ve en el ámbito, ya que por debajo de la venda se ve, uno trata de ver –hizo el gesto de mirar por debajo de la venda–. Pero estar ahí no era una elección mía, yo nunca tuve libre albedrío. Yo no quiero denostar, ni quiero agredir a los testigos, porque entiendo a muchas personas que hablan”. Chomicki también admitió: “En comparación con los otros compañeros, estábamos en mejores condiciones, pero nosotros seguíamos secuestrados, hasta el 15 de febrero de 1977”. Ese día, Feced fue a pedirle por la pareja al entonces comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri. Entonces los legalizaron. A partir de ese momento, comenzaron a recibir visitas y a salir. El acusado también se refirió a su casamiento. “Otro elemento que está próxi-

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mo a mi liberación, en junio de 1977, es uno de los grandes tabúes de este juicio, y es la presencia de Feced como padrino de mi boda. Un día vino a verme. El no me tenía ninguna simpatía. Yo salvé mi vida por Folch. Feced me dijo: ‘Mirá hijo de puta, vos metiste a esta pendeja en esto y te vas a hacer cargo. Vos te vas a casar’. Me casó estando detenido, por civil. Y por iglesia, me llevó a Zavalla, donde tenía un cura amigo. Los padrinos eran mi madre y él, que llevaba una pistola Mágnum”. Chomicki continuó: “Muchos se preguntan por qué llegada la democracia no denuncié estos hechos”. Afirmó que después de ser liberados, él y su esposa se radicaron en Mar del Plata, donde recibían visitas periódicas de personal de inteligencia, que los amenazaba. Dijo también que el Estado le reconoció la condición de víctima al indemnizarlo dos veces, y también se quejó: “Nunca fui llamado a declarar como testigo, me vinieron a detener en 1984, y luego en 2004”. Sobre su detención en 2004, dijo que en el penal de lesa humanidad de Marcos Paz no quisieron dejarlo entrar. “Los únicos que piensan que no he sido montonero son los denunciantes”, afirmó, y relató que el ex comisario Miguel Etchecolatz lo amenazó de muerte. Sobre las acusaciones, negó haber participado de secuestros y torturas. “¿Cómo se puede pensar que yo podía secuestrar. Yo estaba secuestrado. Excepto en el caso de Ramos, no hay un solo testimonio que diga que Cady Chomicki me fue a detener. El gran colaborador que milita desde 1973, conociendo muchos domicilios, ¿no dio ningún domicilio?”, apuntó el imputado. Aunque hay testimonios de su participación en las torturas, Chomicki lo negó. “En cuanto a los tormentos, son 4 las acusaciones que tengo. ¿Cómo es que el terrible torturador se ensañó con cuatro personas de las cientos que pasaron ahí? No tiene un hilo conductor que yo haya estado ahí. El lugar donde yo vivía puede inducir el equívoco. Mi situación privilegiada podía molestar a muchos compañeros. Pero niego rotundamente haber apremiado ni haber torturado a nadie”, dijo el acusado. Chomicki enfatizó su defensa: “No hay una sola mención mía ni de Folch de participación en ningún hecho, posterior a mi liberación, ni en Rosario ni en otro lugar del país. Si me cambié de bando, como dicen, ¿por qué no continué después? Tras mi liberación me fui a Mar del Plata, con la única intención de olvidarme de este infierno, pero eso se convirtió en utopía”. En ese punto, expresó que lleva 34

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años en ese “infierno”. “Tenía 18 años, ahora tengo 53, y sigo siendo perseguido, encarcelado y torturado. ¿Qué son los cuatro años que pasé detenido con mis antiguos captores?”, preguntó. También se refirió al “escarnio público de las acusaciones que tengo que afrontar”. Y terminó: “Si Folch no estuviera ausente estarían sentados al lado suyo su violador y su torturador, el Ciego y el Cura”. Si bien refutó todas las acusaciones en su contra, solo se refirió específicamente al testimonio de María Inés Luchetti de Bettanín, quien lo acusó de haberle suministrado soda a Alberto Tion, que salía de una sesión de torturas, y murió después de tomar el líquido. Chomicki afirmó: “Yo tenía que pedir permiso hasta para dar agua. ¿Me entienden? En el mismo testimonio se ve que era uno más, uno como los demás, siempre fui un secuestrado, un preso”. Después de esas palabras, y con el rostro enrojecido, le dijo al Tribunal: “No quiero declarar más”.

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Carta de la Asociación de ex Presas y Presos Políticos de Mendoza Publicada en el suplemento Rosario/12 del diario Página/12, Rosario, 14 de diciembre de 2010.

Vemos con preocupación que la mayoría de las asociaciones de ex detenidos y desaparecidos del país no respondan al pedido de solidaridad de casi sesenta ex presos y querellantes del juicio que se está llevando a cabo en estos días en Rosario por crímenes de lesa humanidad. El pedido de solidaridad es simple: los compañeros que pasaron por el centro clandestino de la ciudad de Rosario piden que nos expresemos en este sentido. El grado y forma de resistencia de los miles de prisioneros de la dictadura fue distinto en cada caso, pero no es cierto que todos, ni la mayoría, se hayan pasado al enemigo torturando y asesinando a sus propios compañeros, como insinúan los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esos fueron una ínfima minoría en Rosario, 5 entre 2.000 y, dado que cometieron crímenes de lesa humanidad, merecen ser enjuiciados. Por ejemplo, Chomicki y sus cuatro secuaces. Decimos que vemos esta situación preocupados, porque siendo la primera vez que un grupo de compañeros pide el apoyo del resto del país, aun habiendo transcurrido dos reuniones nacionales, nada se ha hablado al respecto. Esperamos que las distintas asociaciones se abran al debate, sin especulaciones mezquinas ni temores. Creemos que, desde el punto de vista ético, el asunto es serio. Creemos imprescindible que nos una la necesidad de debatir cada cosa que nos toca de algún modo. Saludamos fraternalmente a todos los compañeros, organizados o no.

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“¿Por qué no podemos enjuiciar a quienes eligieron formar parte del enemigo?” Cartas de María Inés Luchetti, querellante en la causa Díaz Bessone, publicadas el 23 de mayo de 2011 en el sitio web de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario y en otros sitios y medios gráficos locales.

Primera carta San Pedro, 9 de mayo de 2011. A la Comisión Directiva de la Liga por los Derechos del Hombre. De mi mayor consideración: Me dirijo a ustedes en su carácter de mis representantes en el Juicio Oral “Díaz Bessone y otros s/ homicidio, violación y torturas” Expte. 120/2008, que se desarrolla en la ciudad de Rosario. Desde los duros días de la dictadura hemos compartido con la Liga y otros organismos de Derechos Humanos la búsqueda de la verdad, la justicia y el anhelo de juicio y castigo a los culpables de los delitos de lesa humanidad. Mi suegra Juani Bettanin y yo, recorrimos junto a muchos familiares distintos foros en el extranjero, e iniciamos junto a otros sobrevivientes, la causa Feced en Rosario en diciembre de 1983. Incansablemente hemos reclamado por la aparición con vida de mis cuñados Jaime Colmenares, Guillermo Juan Bettanin y Leticia Jones y denunciamos nuestros propios secuestros y el de mis hijas Mariana y Carolina Bettanin, el nacimiento en cautiverio de mi hija Cristina Inés Bettanin, y los asesinatos de mi marido Leonardo Bettanin y mi cuñada Cristina Bettanin el 2 de enero de 1977. Los avatares de aquella causa Feced ustedes los conocen y hoy nos encontramos al final de las testimoniales del juicio oral a Díaz Bessone. Quiero decirles que antes de declarar en este juicio el pasado 30 de noviembre,

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recorrí los recortes periodísticos del año 1984 que aún preservo. Y no solo en mi testimonio y el de mi suegra, sino en el de casi todos los compañeros que entonces iniciamos la Causa Feced, denunciábamos ante los Tribunales Provinciales de Rosario, a cinco ex militantes que optaron por pasar a formar parte del aparato represivo para preservar sus vidas. Nadie en aquellos días objetó nuestra palabra. Como tampoco se objetó en la elevación a Juicio Oral de la causa Díaz Bessone. En octubre de 2010 se conectaron conmigo compañeras de Rosario y me propusieron adherir a la carta que se entregó a la Secretaría de DD.HH. de la Nación, cuestionando su desistimiento de acusar a Ricardo Chomicki y Nilda Folch, basado en un dictamen de la Procuraduría General de la Nación del año 2008.1 Adherí y firmé esa carta porque las palabras de la misma, tocaron lo más profundo de mi alma y fueron un bálsamo para mi añosa soledad sobre estos temas. Siempre que pensaba sobre esto, me inundaba un profundo sentimiento de injusticia no reparada. Me preguntaba ¿por qué no podemos enjuiciar a Nilda Folch (la Polaca o Victoria), por denunciar a los guardias que mi suegra le había pedido un cigarrillo? A raíz de esta denuncia de Folch, Darío –un miembro de la brigada– pateó y golpeó a mi suegra, quien se encontraba a mi lado después de haber sido torturada y violada. Folch también participó activamente en mi interrogatorio la noche en que me secuestraron, me acusó de mentir y fue la causante de que los policías me pegaran aún más. Yo estaba embarazada a término. Después que terminó el interrogatorio vino a mi lado y me contó, lo lindas que eran las fotos de mis hijas que estaban en mi casa. Estaba vestida con ropa mía, por lo cual supe que había participado del allanamiento y el saqueo de mi casa. Me sigo preguntando, ¿por qué no la puedo acusar? ¿Por qué razón no puedo acusar y pedir juicio y castigo para Ricardo Chomicki (el Cady), que fue quien “marcó” a Marisol Pérez Losada en un bar al que 1. Ver http://www.mpf.gob.ar/lesa/recurso/?pag=0&tipo_de_recurso=analisis-sobre-los-tipos-delderecho-penal y http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Documento-sobre-imputacionesa-personas-secuestradas-en-CCD.pdf

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ella había ido a una cita con un compañero? Esto sucedió en circunstancias en que Chomicki tomaba alegremente un café en ese bar con miembros de la patota de Feced sin estar en operaciones. Así nos contó Marisol Pérez Losada su secuestro. Marisol, hermosa compañera con quien compartí Sótano y lágrimas y aún hoy no sabemos qué hicieron con ella, quien la mató, dónde la enterraron. Baravalle lo sabía y Folch y Chomicki lo saben. Como también saben quién se llevó a Alicia Tierra, embarazada de cuatro meses y dónde y cómo la mataron. ¿Por qué no podemos acusar y enjuiciar a quienes eligieron formar parte del enemigo y en esa condición, no como víctimas, picanearon, golpearon y enterraron compañeros en el Servicio de Informaciones de Rosario? ¿Por qué no podemos demandarlos por años de pacto de silencio con las fuerzas represivas? Jamás ninguno de ellos colaboró para encontrar a ningún compañero, ni muerto, ni desaparecido. Ningún familiar tuvo una sola palabra de ellos sobre el destino de sus seres queridos. La complicidad les dura hasta hoy. Por eso me parecen muy justas las palabras de la Carta Abierta a la Secretaría de DD.HH. de la Nación, cuando dice que no queremos que ningún “expert” en campos de concentración nos venga a decir qué tenemos que pensar ni decir o hacer. Nosotros estuvimos allí. Sé que la memoria es una construcción social, y por lo tanto un territorio de conflicto. Lo que no puede admitirse es que esta conflictividad implique no dar cuenta siquiera del pedido de justicia que los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Rosario realizamos respecto de Nilda Folch y Ricardo Chomicki en este juicio. Tengo muy claro que lo que se está juzgando son delitos de lesa humanidad, perpetrados por un aparato represivo que instrumentó el Terrorismo de Estado para eliminar la resistencia a la dictadura militar. Folch, Chomicki, Brunato y Baravalle decidieron formar parte de él. Me sigo preguntando: ¿aplican ustedes a estos casos la Obediencia Debida contra la cual tanto hemos luchado?

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Nuestras estrategias de supervivencia y resistencia, en la inmensa mayoría de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, no incluyeron la eliminación de nuestros compañeros para preservarnos. Resistimos colectivamente desde el amor, la solidaridad, la comprensión y las convicciones políticas, religiosas y morales que cada uno tuvo. Y elegimos, aun en las peores condiciones, no sobrevivir a cualquier precio. Entiendo que esta es una etapa más por la defensa de la dignidad de nuestra lucha y la de los compañeros que ya no pueden hablar. Por ello, tampoco acepto que se tienda un manto de sospecha generalizado sobre nuestras conductas, en el sentido que marca del Dictamen de la Procuraduría cuando señala que “todos de alguna manera colaboraban”. Porque no ha sido así durante mi cautiverio en el Servicio de Informaciones ni en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario. Adjunto a la presente un pequeño resumen de algunos testimonios de compañeros que han declarado durante el juicio sobre el comportamiento de Folch, Chomicki, Baravalle y Brunato. Para finalizar propongo que la Liga, así como lo ha hecho Familiares, den libertad de acción a cada equipo legal, sin presiones sobre ellos, porque no todos los CCD han sido iguales. Nuestras abogadas han escuchado y compartido cada uno de nuestros testimonios, y tienen la cabal dimensión de lo que ha significado para todos los testigos y querellantes desnudar situaciones que muchos, ni siquiera habían hablado con sus hijos. Tanto dolor necesita una digna reparación. Por todo lo expuesto les solicito consideren escuchar y respetar mi voz, que se une a la de muchos sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Rosario, en tanto estoy realizando una petición concreta. Y en consecuencia instruyan a sus abogadas (que son también quienes llevan adelante mi querella particular) para que acusen a todos los civiles, militares y eclesiásticos del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario y del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, sin exclusiones de ninguna clase. De lo contrario, debo pedirles que se abstengan de acusar en mi nombre al momento de alegar.

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Sin otro particular, y esperando que coloquen los deseos de los sobrevivientes, a los que dicen representar, por sobre cualquier política coyuntural, los saluda atentamente, María Inés Luchetti D.N.I. 6.735.413, sobreviviente del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario desde el 2/1/77 al 11/10/77. Solicito aviso de recepción de esta carta.

Segunda carta San Pedro, 18 de mayo de 2011. Estimados: Como verán he intentado mandar esta carta desde el 9 de mayo. Espero esta vez tener acuse de recibo de la misma. Pero quiero agregar a mi carta algunas reflexiones que, a partir de vuestra falta de respuesta y de la postura que ha adoptado la Liga en la causa Díaz Bessone, he realizado en estos días. Las mismas me han retrotraído a los días durante los cuales muchos familiares y organismos como Madres de Plaza de Mayo, Familiares, Abuelas, APDH, miembros de los COSOFAM de distintas partes del mundo, deambulábamos por los pasillos y oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra para la Asamblea General del mes de febrero de 1980. Como miembro de COSOFAM Madrid y como militante montonera asistí a una reunión en casa de compañeros que residían en Ginebra a la que también asistieron infatigables y entrañables luchadores por los DDHH como Lucas Orfanó, Catalina Guagnini, Fidel Toniolli. Discutíamos entonces las estrategias para lograr la condena de la ONU a la dictadura militar en Argentina. Nos encontrábamos entonces con la postura contraria de parte de la Liga y del Partido Comunista Argentino a pedir la condena a la dictadura militar porque en aquellos días la ex Unión Soviética no quería condenar a la dictadura debido a que, a través de ella, conseguían el trigo que EE.UU. les negaba por el enfrentamiento Este-Oeste. Una triangulación económica que debía a cambio, acallar las voces de

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condena a la dictadura argentina. Voces que provenían de los que habíamos sobrevivido a los centros clandestinos de detención, de madres y padres que buscaban a sus hijos, nuestros compañeros, y de países que habían sufrido el terrorismo de estado en su patria y entendían nuestros reclamos como justos. Pudo más en aquella oportunidad el poder económico que nuestro dolor. Me pregunto hoy, ¿qué intereses se están defendiendo cuando se nos niega a los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario y a nuestras abogadas pedir la condena de quienes decidieron formar parte del aparato represivo, tuvieron sus mismas prácticas y aún hoy no se han arrepentido ni han dado una palabra que nos pueda guiar a saber dónde están y qué pasó con tantos compañeros desaparecidos y muertos en ese centro clandestino? Ricardo Chomicki, Nilda Folch y Brunatto, nos deben la vida de muchos de ellos y han mantenido el mismo pacto de silencio que los militares y policías que acusamos. Espero sinceramente que la Liga reflexione junto a nosotros estos temas y veamos la manera de que finalmente la Justicia los alcance a todos. Atentamente, María Inés Luchetti.

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“Las víctimas hablan sobre una acusación” Carta de repudio de Sobrevivientes y familiares de detenidos/desaparecidos del Servicio de Informaciones de Rosario a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, publicada en suplemento Rosario/12 del diario Página/12, Rosario, septiembre de 2010.

Con todo el respeto que ustedes nos merecen, con la importancia y la repercusión que tienen en nuestro país y en el mundo los juicios contra el terrorismo de Estado que se están realizando en estos años, queremos pedirles humildemente que también ustedes nos respeten. Todos nosotros hemos pasado por la vivencia de secuestros y torturas, no sólo de nosotros mismos sino también de nuestros seres queridos (madres, padres, esposos/as, hermanos/as, hijos nacidos y por nacer, compañeros, amigos), hemos vivido la incertidumbre de la desaparición, la ignominia y el terror del Centro Clandestino de Detención, el encierro prolongado durante años, la persistente impunidad de nuestros verdugos, las pérdidas definitivas. En las primeras audiencias del juicio oral contra Díaz Bessone, Lofiego, Marcote, Vergara, Scortecchini y Chomicki por detenciones ilegales, tormentos y homicidios, más asociación ilícita, nos enteramos que esa Secretaría, en su calidad de querellante, había desistido de acusar a Ricardo Chomicki (y a Nilda Folch, Graciela Porta, Carlos Brunatto, quienes inadmisiblemente siguen estando prófugos y quienes, protegidos por el paraguas que ustedes les brindan, lo seguirán estando). Desisten ustedes de una acción inculpatoria interpuesta por ustedes mismos en tiempo y forma (en oportunidad de presentar vuestra “Requisitoria a elevación a juicio oral”). ¿Habría que agregar que bien fundada? Y para fundamentar vuestro posterior desistimiento (y el inexplicable viraje producido de la noche a la mañana) recurren ustedes a un nefasto documen-

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to de la Unidad Fiscal Nacional del año 2008. Documento que oportunamente impugnamos con dureza aquellos que nos sentimos aludidos por sus aseveraciones. Además de conminados a pensar-obrar-decir-no hacer-no pensar-no decir lo que unos pocos “expertos” allí dictaminan. Decimos que ese documento, que en mala hora emitiera la Unidad Fiscal, es sencillamente nefasto. Y lo es por varios motivos: En primer lugar y sobre todo, porque falsea la realidad de lo ocurrido en los campos de concentración de nuestro país. Y porque al hacerlo nos agravia. Agravia a quienes somos sobrevivientes y nos comprometimos, desde siempre y a lo largo de décadas, en la denuncia de los horrores vividos y en la búsqueda infatigable de verdad y justicia. Y lo que es peor, agravia a nuestros muertos, instalando un relato falso y forzando una interpretación postrera de sus actos que está muy lejos de la verdad tal como esta se perfila en los testimonios de los sobrevivientes. Citamos textual: “La dinámica de los centros de detención, cuyo efecto puede sintetizarse con el lema omnipresencia del terror [hasta acá, coincidimos absolutamente] configuraba un sistema que permitía conducir a los detenidos a efectuar comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio, sin necesidad de que las órdenes ni las amenazas que los generaban y apoyaban se explicitasen o actualizasen a cada momento. El terror constante hacía funcionar un sistema perverso en el cual muchos detenidos pasaban a ser victimarios”. Esto no es sólo una mentira alevosa: se trata simplemente de una infamia. Decir que “muchos detenidos pasaban a ser victimarios” y que efectuaban “comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio” y “sin necesidad de que las órdenes… se explicitasen” es dar a entender que en los Centros Clandestinos de Detención quien más quien menos colaboraba. Esto es mucho más de lo que estamos dispuestos a soportar. Y para limitarnos a lo que compete al juicio “Díaz Bessone y otros”, afirmamos categóricamente: no es cierto que las cosas hayan sucedido así en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario. En segundo lugar, ese documento es nefasto porque pone en un mismo plano tareas tales como barrer, servir la comida, con “tareas que implicaban violencia contra otros detenidos”, las que formarían parte de las “tareas propias del cam-

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po”, sin ningún distingo, y habrían constituido –según el documento citado– “una práctica constante”. Disculpen, doctores, pero por un mínimo de honestidad tenemos que decir –y los invitamos a ustedes a pensar– que entre agarrar la escoba y empuñar la picana o hacer inteligencia para los represores hay un abismo. Y que no cualquier persona lo atraviesa. De hecho, un escasísimo porcentaje de detenidos lo hicieron. Y no reconocer esa diferencia abismal es también agraviante para los detenidos-desaparecidos que fueron llevados a realizar trabajo esclavo, sin por ello identificarse con los represores ni dejar de ser solidarios con sus compañeros. En tercer lugar, ese documento es nefasto porque opera una generalización inaceptable en lugar de habilitar una escucha fina de las voces que desde hace rato están testimoniando a lo largo y a lo ancho del país, y que nos entregan relatos insustituibles, que echan luz sobre la singularidad de cada lugar de detención (incluidas las denominadas “cárceles legales”). Citamos: “En los centros de detención así como en otras experiencias de campos de concentración, la utilización de personas detenidas para cumplir tareas propias del campo y, entre ellas, también tareas que implicaban violencia contra otros detenidos, ha sido una práctica constante”. “El tipo de actividad que cumplía cada detenido dependía de sus habilidades o conocimientos, de las necesidades específicas del campo o del mero azar. Esta colaboración se obtenía por medio de la amenaza constante de muerte y de las torturas que quebraban la voluntad del detenido. Al colaborador se le concedían ciertos ‘privilegios’ que ayudaban a vencer la resistencia: mayores comodidades de alojamiento, permisos de salidas para visitar a familiares, comunicación telefónica con familiares y especialmente el cese de las torturas, y la esperanza –que sin embargo en numerosas ocasiones no se concretó en los hechos–, de recuperar la libertad y sobrevivir. Estos privilegios significaban, al menos temporalmente, no estar sujeto al régimen ‘normal’ de crueles vejámenes y torturas psíquicas y físicas del Centro Clandestino de Detención”. ¿A qué universo se refiere? ¿Qué experiencias investigadas dieron lugar a estas tesis? ¿Están incluidos los gulags, Auschwitz, el Servicio de Informaciones, el Estadio Nacional de Chile, La Perla, las mazmorras de la Inquisición, Automotores Orletti,

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Guantánamo, Miranda de Ebro, Boer, la ESMA, Orduña? ¿Son todos lo mismo? En lo atinente al Centro Clandestino de Detención que nos ocupa (el Servicio de Informaciones de Rosario), por el que pasamos no menos de dos mil personas, debemos consignar que los únicos colaboradores fueron los cinco que siempre hemos denunciado, que las actividades que cumplían eran detener gente, interrogarla y torturarla (¿en base a “sus habilidades y conocimientos” previos?) y que, por cierto, fueron muy bien recompensados y quedaron agradecidos con los represores, no quebrando nunca el pacto de silencio, pese al pedido expreso de familiares de desaparecidos. En el caso de Chomicki-Folch, convirtieron a Feced en su padrino de bodas. En cuarto lugar, el documento es nefasto porque omite cualquier referencia a la resistencia que los detenidos-desaparecidos en los Centros Clandestinos de Detención opusimos al poder omnímodo de nuestros captores, a las estrategias de supervivencia que nos dimos. Citamos: “He aquí un punto neurálgico de los casos analizados: la realización de una conducta bajo una presión psíquica insoportable, guiada por el instinto de supervivencia. La alternativa de no colaborar o de dejar de colaborar implicaba asumir el riesgo cierto de costos altísimos, que se pagaban con nuevas torturas e inclusive con la vida misma. Cumplir con las órdenes, colaborar con los captores, era así, un modo de autoconservación”. Solo desde la ignorancia o el cinismo puede afirmarse, como regla general, que el ser humano, guiado por su instinto de supervivencia, como modo de autoconservación, ataca a miembros de su colectivo de pertenencia, uniéndose a quienes lo destruyen. La supervivencia y la autoconservación de la vida humana no refieren solo –ni principalmente– a la defensa de los órganos del cuerpo, de la vida biológica. No somos cucarachas. Los humanos nos autoconservamos defendiendo nuestros lazos sociales, nuestros afectos, nuestros rasgos identificatorios, nuestros ideales, nuestros lugares de pertenencia, nuestros valores, nuestras representaciones imaginarias acerca de lo que somos y lo que queremos ser. El sentido último de nuestros actos. Esa es la vida que defendimos con uñas y dientes en los Centros Clandestinos de Detención argentinos casi todos los que pasamos por ahí.

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No desconocemos que el plan sistemático de exterminio montado por el terrorismo de Estado –que incluyó persecuciones y secuestros, torturas en centros clandestinos, desaparición y asesinatos de opositores políticos– apuntó a la colaboración. ¿Cómo desconocerlo, si no hemos hecho otra cosa, mientras estuvimos secuestrados, que resistirnos como pudimos a ese propósito? Por último, es nefasto el documento que ustedes toman como verdad revelada para fundamentar vuestro desistimiento de inculpar a Chomicki, porque parte de una certeza que nosotros, disculpen, no tenemos. Parte de la certeza –y busca imponerla a fiscales, querellantes, abogados, testigos ¿y por qué no a la opinión pública?– de que estos colaboradores devinieron tales luego de soportar terribles torturas y a causa de estas. ¿Devinieron auxiliares de las patotas represivas luego de soportar terribles torturas? ¿Chomicki, por ejemplo? ¿Folch? ¿Brunatto? ¿Ustedes están seguros de eso? No podemos menos que expresarles nuestra admiración, porque a nosotros, que transitamos esa historia –y otras tantas historias conexas– no nos queda para nada claro. Y en algunos casos nos inclinamos francamente por pensar que las cosas ocurrieron de otro modo. Es más, nos gustaría que estos imputados, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, puedan volcar informaciones que contribuyan a esclarecer los sucesos que los involucran. Cuestión que jamás sucedería si a partir de esa especie de prejuzgamiento favorable que el citado documento decreta –y que ustedes hacen suyo– se les garantizara su cuota de impunidad. Estimados doctores de la Secretaría de Derechos Humanos: ¿Por qué no conversaron con nosotros cuando decidieron cambiar los fundamentos de vuestra acusación a Chomicki-Folch en fundamentos para no acusarlos? ¿Por qué tomaron, al margen nuestro, sin ningún tipo de comunicación con nosotros, una decisión que repudiamos los sobrevivientes del Servicio de Informaciones, que contradice todos los testimonios prestados en esta causa desde enero de 1984, que va en contra de la voluntad y la conciencia de los propios querellantes? Disculpen, pero no queremos que ningún “expert” en Centros Clandestinos de Detención ni en Leyes venga a decirnos quiénes fueron nuestros verdugos, a contarnos lo que vivimos ni a imponernos cómo debemos interpretarlo. Llevamos décadas reflexionando acerca de lo que nos pasó. Tampoco queremos abrir un debate ético acerca de la colaboración ni acerca

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de su supuesta eficacia como estrategia de supervivencia. No porque carezca de interés –que lo tiene y mucho– sino porque no lo consideramos oportuno en este momento histórico. Y la sala de audiencias de un tribunal Federal no nos parece el escenario más adecuado. Pero, si somos llevados a dar el debate, lo daremos. Estimados doctores de la Secretaría de Derechos Humanos: Por favor, no nos agredan más. No nos resulta fácil exponernos, brindando nuestros testimonios en el juicio. Hacerlo, además, frente a seis imputados que fueron algunos de nuestros verdugos ¡¡¡y que están en libertad!!! No nos agredan con aseveraciones falsas que nos denigran y echan un manto de sospecha sobre nuestro comportamiento, que no nos merecemos. Como tampoco nos merecemos que nos traten como seres insensibles que acusan a sus “pobres compañeros”. No lo somos. No somos insensibles. Por el contrario, hemos dado muestras de solidaridad en los momentos más difíciles y las seguimos dando. Si acusamos, tenemos nuestras razones. ¿No les parece que sería más correcto escuchar los testimonios en el juicio antes de tomar semejante decisión? Lo lamentamos. Lo lamentamos enormemente. Y nos sorprende, realmente nos sorprende. Les pedimos que desistan de vuestro desistimiento, que sostengan el texto de vuestra requisitoria. Y de lo contrario, si sostienen Ustedes la postura de no acusar a uno de los imputados que nosotros acusamos, yendo de este modo en contra de nuestras estrategias jurídicas y de la verdadera ocurrencia de los hechos, tal como la venimos denunciando desde siempre, entonces, que se abstengan de ejercer nuestra representación en el juicio. Esperamos que sepan Ustedes comprender las razones que nos asisten. Hemos sido discretos, hemos sido por demás de discretos. La actitud que Ustedes asumieron nos obliga a expresarnos públicamente. Solo nos resta esperar que el Tribunal, considerando todas las pruebas ofrecidas, al cabo del largo proceso que nos aguarda, haga su dictamen, a conciencia y de ser posible, sin presiones. Marta Bertolino, DNI 10.987.703 (sobreviviente, testigo, querellante), esposa de Oscar Manzur (desaparecido). Juan Carlos Ramos, DNI 14.981.926 (sobreviviente, testigo).

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Eduardo Seminara, DNI 11.871.085 (sobreviviente, testigo, querellante). Azucena Solana, DNI 14.151.889 (sobreviviente, testigo, querellante). José Aloisio, DNI 13.502.503 (sobreviviente, testigo, querellante). Alfredo Vivono, DNI 11.447.294 (sobreviviente, testigo, querellante). Alejandra Manzur, DNI 25.438.997 (sobreviviente, testigo), hija de Oscar Manzur (desaparecido). Juan Girolami, DNI 8.524.017 (sobreviviente, testigo). Héctor Medina, DNI 12.232.216 (sobreviviente, testigo, querellante), hermano de Oscar Medina (desaparecido). Carlos Corbella, DNI 4.695.279 (sobreviviente, testigo). Laura Ferrer, DNI 12.720.253 (sobreviviente, testigo). Oscar Bustos, DNI 13.077.076 (sobreviviente, testigo), hermano de Raúl Bustos (desaparecido). Yolanda Medina, DNI 4.841.098 (querellante), hermana de Oscar Medina (desaparecido). Élida Luna, DNI 6.255.404 (querellante), esposa de Daniel Gorosito (desaparecido). Jorge Rueda, DNI 12.804.804 (sobreviviente, testigo). Liliana Gómez, DNI 11.448.023 (sobreviviente, testigo). Cristina Bernal, DNI 10.183.877 (sobreviviente, testigo). Nicolás Segarra, DNI 13.588.627 (sobreviviente, testigo), hermano de Rodolfo Segarra (desaparecido). Teresita Marciani, DNI 5.269.422 (sobreviviente, testigo), hermana de Tita Marciani (muerta junto a su bebé, nacido muerto, después de pasar por el SI). María Inés Luchetti, DNI 6.735.413 (sobreviviente, testigo), cuñada de Jaime Colmenares (desaparecido). María del C. Sillato, DNI 6.377.804 (sobreviviente, testigo). Daniel Bas y Mansilla, DNI 13.588.032 (sobreviviente, testigo). Stella Hernández, DNI 13.580.362 (sobreviviente, testigo). Laura Torresetti, DNI 12.381.968 (sobreviviente, testigo). Nelly Ballestrini, LC 5.565.922 (sobreviviente, testigo), esposa de Gregorio Larrosa (sobreviviente, testigo, fallecido con posterioridad).

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Patricia Antelo, DNI 13.588.440 (sobreviviente, testigo). Francisco Oyarzabal, DNI 12.522.790 (querellante), hermano de José Antonio Oyarzabal (desaparecido, caso Los Surgentes). Cristina Rinaldi, DNI 12.527.279 (sobreviviente, testigo). Félix Manuel López, DNI 6.043.052 (sobreviviente, testigo). Élida Deheza, DNI 11.826.312 (sobreviviente, testigo). Marcelo Jalil, DNI 10.864.868 (querellante), hermano de Sergio Abdo Jalil (desaparecido, caso Los Surgentes). Gloria Martínez, DNI 10.410.629, esposa de Osvaldo Vermeulen (desaparecido). Patricia Costanzo, DNI 12.522.771, hermana de Cristina Costanzo (desaparecida, caso Los Surgentes). Marcelo Márquez, DNI 16.852.714 (querellante), hermano de María Cristina Márquez (desaparecida, caso Los Surgentes). Jorge Berg, DNI 13.587.390 (sobreviviente, testigo). Daniel Gollán, DNI 12.110.173 (sobreviviente, testigo). Ángel Florindo Ruani, DNI 12.521.359 (sobreviviente, testigo). Enzo Tossi, DNI 6.069.319 (sobreviviente, testigo, querellante). Juan Carlos Cheroni, DNI 8.284.649 (sobreviviente, testigo), cuñado de Miriam Moro y Roberto de Vicenzo (matrimonio; desaparecidos). Mirta Isabel Castelini, DNI 10.538.903 (sobreviviente, testigo), hermana de María Juana Castelini (desaparecida); cuñada de Luis Alberto Esteban (desaparecido). Luis Cuello, DNI 11.874.122 (sobreviviente, testigo). Laura Hanono, DNI 14.704.791 (sobreviviente, testigo). Ana María Ferrari, DNI 12.526.348 (sobreviviente, testigo). Sonia Contardi, DNI 11.751.851 (sobreviviente, testigo, querellante). Olga Cabrera Hansen, DNI 3.243. 692 (sobreviviente, testigo). Alberto R. Chiartano, DNI 8.445.022 (sobreviviente, testigo). Esperanza de Labrador, DNI español 7.985.600 (querellante), madre de M. Ángel Labrador (desaparecido), madre de Palmiro Labrador (asesinado), esposa de Víctor Labrador (asesinado), suegra de Graciela Koatz (asesinada). M. Manuela Labrador, DNI español 7.846.318 (querellante) hermana de M. Ángel Labrador (desaparecido), hermana de Palmiro Labrador (asesinado), hija de Víctor

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Labrador (asesinado), cuñada de Graciela Koatz (asesinada). Rafael Stancanelli, DNI 13.255.272, hermano de Alejandro Stancanelli (asesinado). Verónica Torres, DNI 13.769 795, cuñada de Alejandro Stancanelli (asesinado). Víctor Hugo Salami, DNI 11.723.030 (sobreviviente, testigo). Victorio Paulón (sobreviviente, testigo), hermano de Pedro Paulón (desaparecido). Diana Comini, DNI 11.271.715 (sobreviviente). Marta Corbalán, DNI 5.812.975 (sobreviviente). Hugo Cheroni, DNI 5.077.204 (sobreviviente, testigo). José E. Busaniche, DNI 11.061.590 (querellante), hermano de Susana María Busaniche (desaparecida), hermano de Graciela María Busaniche (desaparecida). Elsa B. Capuchinelli, DNI 10.431.995 (querellante), cuñada de Susana María Busaniche (desaparecida), cuñada de Graciela María Busaniche (desaparecida). Virginia Molina, DNI 13.509.001 (sobreviviente, testigo). Francisco J. Reydó, DNI 11.673.831 (sobreviviente, testigo). Adriana Beade, DNI 12.313.987 (sobreviviente, testigo). Nota: todos los firmantes estuvimos detenidos-desaparecidos y/o tuvimos un familiar directo detenido-desaparecido en el Servicio de Informaciones de Rosario.

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“La víctima es víctima en cualquier situación” Documento del abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, sobre la imputación de Ricardo Chomicki, publicado en el diario Tiempo Argentino, Buenos Aires, julio de 2011.

Algunas partes acusadoras desistieron de acusar a Chomicki. Otras insisten en acusarlo porque participó en sesiones de tortura y brindó información para que otros compañeros fueran secuestrados y torturados. En la ciudad de Rosario se está llevando a cabo un juicio oral contra militares –entre los que está el general Ramón Díaz Bessone– por crímenes de lesa humanidad. También está imputado Ricardo Chomicki, que fue secuestrado cuando tenía 18 años junto a su compañera y llevado a un centro clandestino (CCD), donde fueron torturados y padecieron condiciones inhumanas de vida. Chomicki fue procesado y las partes acusadoras requirieron que estuviera en el banquillo durante el juicio oral. En 2008, la Procuración General de la Nación (PGN) labró un informe, a través de la Unidad Fiscal sobre violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, firmado por Jorge Auat y Pablo Parenti, en el que sentó su postura contraria a imputar a cautivos en CCD por la comisión de hechos que para la ley argentina se califique de delito. Basándose en ese informe, algunas partes acusadoras –como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– desistieron de acusar a Chomicki. Otras insisten en acusar a Chomicki –familiares y sobrevivientes– equiparándolo a Díaz Bessone, porque participó en sesiones de tortura y brindó información para que otros compañeros fueran secuestrados y torturados. Agregan que Chomicki evidenció su cinismo con los cambios en sus manifestaciones producidas durante el proceso. Chomicki, por su parte, relató su secuestro, las torturas que padeció y los gritos desgarradores de su novia (actualmente con pedido de captura) por las torturas y

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violaciones de las que fue víctima. Para detener la violencia sobre ella, brindó a sus captores el domicilio de compañeros de militancia. Así fue que el grupo de tareas se hizo de información que le permitió continuar con más secuestros y torturas. La PGN elaboró su informe teniendo en cuenta estos casos (en Santa Fe, Córdoba y Tucumán), en los cuales las víctimas terminan siendo imputadas como partícipes de crímenes de lesa humanidad. Esas imputaciones, dijo la PGN, fueron posibles porque quienes las formularon no tuvieron en cuenta el contexto en el que se cometieron los hechos. Las personas fueron secuestradas, torturadas, sometidas a condiciones inhumanas. Padecieron permanentes amenazas de perder la vida, o que ellos o sus familiares fueran torturados o abusados. La regla en los juicios por crímenes de lesa humanidad es la de no imputar en esos casos porque en todos ellos existió un estado de coacción sobre las víctimas, que desplaza cualquier posibilidad de imputación penal. Por estos motivos, para la PGN existe una causa para exculparlas, de no promover el proceso penal, de que queden al margen de toda condena. Estos actos de colaboración se dieron en la mayoría de los CCD de distintos modos. Algunos cebaron mate a sus captores, otros elaboraron informes, falsificaron documentos, repararon artefactos –incluso picanas–, con el fin de sobrevivir, de aplazar la condena a muerte que todo cautivo tenía sobre su cabeza. Aunque la presión psíquica en esos CCD era insoportable, los cautivos buscaron aferrarse a toda costa a su instinto de supervivencia. A muchos se les exigió marcar compañeros, brindar el domicilio en el que se hallaban –a veces, incluso, de los propios familiares, hijos, padres, madres– o participar en sesiones de torturas. La PGN dijo que existe una diferencia abismal entre los creadores del CCD, que dieron órdenes y formaron parte de las estructuras de la represión ilegal, con los secuestrados que brindaron algún tipo de colaboración, por cierto forzosa, sin ninguna libertad. Opinión similar brindó el Serpaj en una presentación que hizo en el proceso de Tucumán. El total estado de indefensión, las amenazas permanentes, el terror como método fueron, para muchos, un costo demasiado alto. Uno de los objetivos más perversos de los CCD fue, justamente, volver a la víctima contra sus compañeros, dividirlos, fomentar entre ellos la desconfianza, que lamentablemente existió durante

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años. Hasta no hace mucho era común escuchar sospechas sobre los motivos por los que hubo sobrevivientes. Incluso en estos días ese es uno de los argumentos de las defensas de los militares: que quienes sobrevivieron colaboraron con ellos y, por lo tanto, no pueden ser testigos en su contra. En el juicio oral por crímenes cometidos en el Vesubio, la sobreviviente Elena Alfaro narró los abusos sexuales que sistemáticamente padeció de uno de los jefes del CCD, Pedro Durán Sáenz. “Además de eso tuve que soportar que mis propios compañeros me señalaran como la amante del represor”, dijo durante su testimonio. El paso de la víctima a colaborador fue parte del proceso destructivo de la persona dentro los CCD. Pero la víctima, como tal, persistía. La PGN concluyó que en los CCD no existió libertad para elegir hacer, no hacer o participar y, por lo tanto, no puede existir un reproche penal. El derecho no requiere heroísmo en la persona, como tal vez lo requiera la militancia política o la amistad. Es cierto que dentro de los CCD existieron conductas diversas por parte de los cautivos, pero también lo es que cada uno enfrentó ese horror con sus propias herramientas, sus miedos más íntimos, sus sentimientos más preciados. Muchos fueron los sobrevivientes que narraron actos de solidaridad y valentía por parte de sus compañeros de cautiverio, que en algunos casos hasta costó vidas. Pero no puede tener significancia penal una conducta distinta, por más repudiable que sea ética y políticamente. La víctima es víctima en cualquier situación. Lo contrario no hace más que dar una mano a los represores, a que el campo de exterminio continúe gravitando sobre nosotros.

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“No hay autoridad mayor que la voz de los sobrevivientes” Columna de opinión de Oscar Pellegrini, coordinador de salud del Programa de Acompañamiento a Testigos y Querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado, publicada en el suplemento Rosario/12 del diario Página/12 y en el diario La Capital, Rosario, agosto de 2011.

Me sumo al debate público dado a partir de la Carta Abierta que más de sesenta sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario enviaran a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, relativa a la causa Díaz Bessone. Allí cuestionan la modificación de la posición de la Secretaría al desistir de la imputación que, oportunamente y en forma bien fundada, formulara en la requisitoria de elevación a juicio a los procesados Chomicki y Folch, dos de los cinco colaboradores que habiendo compartido un pasado de militancia, terminaron formando parte de la patota represiva. Estas imputaciones, sostenidas por distintos actores del juicio, hallan razón en las declaraciones de los sobrevivientes, que con sus testimonios de lo vivido allí se convierten en la prueba viva de lo sucedido, develando al conjunto social una aproximación a la verdad histórica sobre ese centro de detenciones clandestinas, tortura y desaparición de personas. Estos juicios orales se producen gracias a la batalla política y cultural dada por más de treinta años por las organizaciones de derechos humanos en la sociedad argentina, y por la decisión del gobierno nacional de dar lugar a ello, pero no serían posibles sin la voz de los sobrevivientes. Tan valiosos testimonios se han dado bajo la presión no solo de lo que significa el relato de los hechos en sí, como causa eficiente de la actualización de angustias asociadas a las experiencias traumáticas, sino que además se producen ante la presencia de sus propios torturadores. Pero lo que es aún más grave si pensamos que lo que se actualiza es del orden del terror, es

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que de los seis verdugos imputados, cinco están en libertad por decisión tanto de la Cámara de Casación como del Tribunal Oral 2, a pesar de la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia. No hay autoridad mayor para tener un concepto sobre este centro de detenciones clandestinas que la surgida a lo largo de las audiencias en la voz de unos 150 sobrevivientes, testigos que han vivido la experiencia en carne propia en el Servicio de Informaciones de la Policía provincial de Rosario y que llevan más de treinta años de reflexiones sobre lo acontecido en ese sitio de horror, por donde han pasado más de dos mil personas, de las cuales más de cuatrocientas se encuentran aún desaparecidas. Desde diciembre del 83, los sobrevivientes han manifestado una y otra vez los pocos nombres de aquellos que habiendo compartido un pasado de militancia, devinieron miembros del aparato represivo. Siendo la Justicia quien debe echar luz sobre estos hechos, el sinceramiento de alguno de estos colaboradores durante este juicio hubiera sido de una valía insustituible, ya que son depositarios de una información que han callado durante décadas, y que podrían haber volcado en esta instancia aportando a la verdad de lo acontecido con el destino de muchos que por allí transcurrieron. Pero estos civiles colaboradores denunciados una y otra vez por todos los sobrevivientes, frente a esta posibilidad histórica, eligieron respetar su pacto de silencio con la barbarie. Lo que implica, entre otras cosas, seguir ocultando información sobre el destino de cientos de desaparecidos. En el caso particular de Chomicki, el único de esos cinco civiles colaboradores que está esperando sentencia en el juicio oral, han cobrado difusión en medios locales las incongruencias que presenta en sus propias declaraciones, lo que, sumado a la masa de testimonios de las víctimas, arrojan dudas no solo acerca de la fecha de su pretendida detención, sino acerca de la existencia misma de tal detención y de su pretendida condición de víctima. Es este el lugar y el momento en donde sus palabras podrían haber cobrado una dimensión ajustada a lo vivido por ellos en su particular relato de la historia y es función de la Justicia fallar en consideración a las verdades expuestas y establecer así las responsabilidades de los distintos imputados. Desestimar esas imputaciones, no ser consecuente con la búsqueda de los aún prófugos de esta causa, genera un cono de sombra sobre lo que debe ser dicho para iluminar al conjunto social lo acontecido en ese sitio de exterminio y que hoy por fin

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se juzga, dando lugar a nichos donde cierta “obediencia debida” parece querer hacerse un lugar dentro de la particularidad de este centro de detenciones clandestinas, generando una suerte de inimputabilidad para ciertos crímenes según su agente. Una especie de “no ha lugar”, que Althusser, en su particular tragedia, reclamando llevar su voz como imputado, nombrara de “lápida sepulcral del silencio”. Lejos de significar un “aplastamiento del problema de la lógica concentracionaria”, dar lugar a estas voces en este juicio oral es introducir en el debate crucial de su sustanciación histórica, la intimidad de sus contradicciones, acercarnos a la verdadera trama de su horror y que la Justicia pueda cumplir más eficazmente su rol en esta construcción colectiva de memoria. Erigirse en quien sabe lo que “esta sociedad debe y quiere enjuiciar” y sostener la “lógica concentracionaria” como una verdad universal ya dada, como argumentos para no acusar a los civiles colaboradores, plantea dos conceptos que nos alejan de la construcción de los procesos de verdad en el marco de las luchas histórico-sociales con sus contradicciones. Pero más aún: usar esos argumentos para no escuchar, o peor aun, para desestimar lo que ha sido dicho por los sobrevivientes en esta causa, tiene el efecto siniestro de tratarlos como si estuvieran aún desaparecidos, desaparecerlos nuevamente en el presente y hablar por ellos de lo allí acontecido. La valiente voz de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario nos exige un esfuerzo de lectura despojado de prejuicios estereotipados, de manual, que obturan una escucha que pueda “darle lugar a lo que no tiene lugar”, sacándolo de la “encerrona trágica”, que nuestro querido maestro Fernando Ulloa nos enseñara a cuestionar en los repliegues mortificantes del “malestar hecho cultura”. Ya que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha desoído a las víctimas de este juicio, sería de un enorme valor que el Ministerio Público Fiscal, en su alegato diera lugar a esta verdad de los hechos, expuesta reiteradamente en innumerables testimonios, valorándolos en su justa dimensión. Y aunque esto cuestione nuestras verdades constituidas, no ver en ello una amenaza, que es como suelen leerse paranoicamente las disidencias desde los lugares de gestión de poder, sino más bien encontrar allí la intención de traernos a la luz los recuerdos desde el lugar más negro de nuestra historia y colectivizarlos para construir sobre la base de esa memoria viva, una sociedad mejor.

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Acusación de Ricardo Chomicki Presentación de la querella, representada por las abogadas Jesica Pellegrini, Leticia Faccendini, Daniela Asinari y Gabriela Durruty, al formular su alegato en la audiencia de debate de la causa Díaz Bessone y otros por homicidio, violación y torturas. Expediente 120/08 y acumulados, octubre 2011. (En la transcripción se respetaron las particularidades del lenguaje hablado.)

Ricardo Miguel Chomicki integró como colaborador civil el grupo represivo que actuó en el Servicio de Informaciones. El período en que prestó colaboración dentro del SI coincide con el de mayor cantidad de detenidos, es decir la segunda mitad de 1976. Chomicki manifestó en esta audiencia que fue secuestrado el 1° de diciembre de 1976 y que decidió colaborar para terminar con el sufrimiento que implicaba ser sometido a torturas y saber que torturaban a su compañera Nilda Folch, mientras el coimputado Lofiego le susurraba al oído que era su responsabilidad. Dijo ante este Tribunal haber sido secuestrado el 1/12/1976, a las 10 de la mañana, al salir de un bar que queda en J. J. Paso y Alberdi. Que de ese lugar lo llevan a la Comisaría 10ª (que –desde ese punto– queda unos 10 minutos hacia el norte de la ciudad). Y desde esa Comisaría –donde permaneció por aproximadamente 10/15 minutos– lo trasladan al SI (que queda –desde la comisaría– a unos 25 minutos). Sin embargo, hay testigos que en esta misma audiencia lo ubican integrando las filas represivas desde antes de la fecha que él mismo señala, el 1º/12/76. Nos referimos particularmente al testimonio de José Aloisio, sobreviviente que fue detenido el 14/09/76 y permanece en el SI hasta el 30/09/76. El mismo expresa que lo conocía a Chomicki porque era militante de la UES, del Colegio Superior de Comercio, que unos días después de su detención le pareció escuchar la voz de Chomicki en el SI, pero que no lo ve en carácter de detenido como si ve a otra gente que menciona. También Oscar Bustos, quien fuera secuestrado a mediados de septiembre de 1976, es decir, dos meses y medio antes de la fecha en que Chomicki dice haber sido detenido, relata que primero lo llevan a la Comisaría 7ª, luego

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al Servicio de Informaciones, y luego a La Calamita. En la comisaría es golpeado e interrogado por las mismas personas que participaron del operativo en su casa. Entre esas personas menciona a Chomicki. En sus palabras: “...uno dice, mirá quién está, el hermano de Pepo. Cuando llegan me empiezan a golpear, me vendan; a quien veo es a uno de los imputados y su señora, me dice ‘dónde está tu hermano’. Me empiezan a pegar, me empiezan a torturar...”. Aclara que a Chomicki lo conocía porque era amigo de su hermano (hoy desaparecido), que se conocían de la escuela. Que este iba frecuentemente a su casa, sus padres lo trataban como a un hijo. Agrega que cuando se hace el allanamiento en su casa era evidente que la patota tenía información, que conocían la casa y los movimientos familiares. Dice que a Chomicki lo ve también en el SI y en La Calamita. Que Chomicki permanentemente le decía que cuando agarraran al hermano se lo iban a devolver hecho pedacitos y que si él no hablaba le iba a pasar lo mismo. Bustos recupera la libertad en mayo de 1977. Cuando el defensor de Chomicki le preguntó si este participó de sus traslados dijo: “del primer traslado hasta la Comisaría no. Del traslado desde la Comisaría hasta el SI, sí”. Por su parte, Juan Carlos Ramos, que alojaba a Chomicki desde hacía unos días en su casa, donde vivía con su padre, su madre y hermanos, cuenta que Chomicki se iba temprano por la mañana y regresaba al lugar por la noche. Nos relató: “El 1° diciembre 1976 yo venía de trabajar, era verdulero, aproximadamente a las 13:15, por la ventana vemos una banda de autos que frenan de golpe, bajan personas armadas y me detienen, comienzan a golpearme en el lugar, a preguntarme por el Piqui, con lo que me di cuenta que me había delatado Chomicki. Salgo sin vendas hacia la calle, me meten a un auto y comienzan a golpearme, lo veo a Chomicki en la parte trasera de un vehículo que tenía la puerta abierta, a mi casa habían llegado por los datos que él había dado porque también había dado los datos del otro compañero que estaba en mi casa”. (El Piqui –Enrique Menegucci– también escondido en la casa de Ramos. Piqui no conocía la dirección de Ramos porque ingresaba al barrio y salía de él con los ojos vendados.) “Llegamos y me bajaron al Servicio de Informaciones sin vendas y pude com-

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probar que Chomicki caminaba sin las manos atadas como lo hicieron conmigo, subí la escalera vendado y me entraron a la sala de torturas al lado del bañito. Indudablemente el nivel de colaboración de Chomicki era muy alto. Me sacaron de ahí y empezaron a golpearme a tal punto que perdí el conocimiento hasta la noche o la madrugada no tengo idea. Mi padre también había sido torturado y golpeado salvajemente. Cuando me despierto toco con el codo a alguien que me dijo que era Pedro (Carlos Izaguirre) y le pregunté quién lo había delatado y me respondió que el Cady, que lo habían ido buscar a la casa y que no lo habían encontrado y estaba en un bar, al que el Cady (Chomicki) bajó con la patota.” Queremos destacar que la detención de Juan Carlos y Generoso Ramos ocurre el mismo día en que Chomicki afirma haber sido secuestrado. Hasta la noche anterior se alojaba en la casa de Ramos. Volvemos sobre estos momentos del 1º de diciembre de 1976: según los dichos de Chomicki, su detención ocurrió a las 10 hs en un bar de la zona norte de Rosario, de allí fue llevado a una comisaría (la 10ª) que está a unas 20/25 cuadras del lugar de la detención enunciada en sentido norte (es decir, se alejaron aún más del SI). Luego de estar unos 10 o 15 minutos en esa comisaría, lo trasladan al Servicio de Informaciones (traslado que no pudo durar menos de 15 o 20 minutos, a muy alta velocidad y sin tránsito). Entonces, Chomicki, según su propio relato escuchado en esta sala en relación al recorrido realizado, habría llegado al SI no antes de las 11 de la mañana aproximadamente. Según sus dichos lo torturan y torturan a Folch y para poner fin a esa tortura decide colaborar “entregando” los datos del domicilio de Ramos y yendo hasta ese domicilio para señalarlo. Chomicki participa en el operativo de secuestro de los Ramos. Secuestro que ocurrió a las 13 hs y en una villa situada en la periferia de la ciudad de Rosario. Según el relato de Juan Carlos Ramos que venimos merituando, a las 13 hs Chomicki se manejaba con libertad fuera y dentro del SI y no mostraba rastros al menos visibles de tormentos. Tanto Generoso Ramos Peralta como Juan Carlos Ramos, relatan que Chomicki participa del operativo de secuestro, que lo ven en el auto, que no estaba atado, que no estaba vendado. No lo ven golpeado. Lo ven bajar y moverse libremente al llegar al SI. A dos horas de su propio secuestro, al menos en su versión prestada ante esta

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sala, participó como uno más del operativo de secuestro de los Ramos. Ramos concluía: “indudablemente el nivel de colaboración de Chomicki era muy alto.” Y ese mismo día 1º/12/76, Ramos habla con otro detenido (conocido como Pedro), quien le cuenta que en su operativo de secuestro había participado también el Cady. Estos datos, sumados a los testimonios de Aloisio y Bustos, nos llevan a la conclusión de que Chomicki colaboraba desde antes del 1º/12/1976. Ya era un civil colaborador cuando pidió alojamiento en la casa de los Ramos. Su colaboración se remonta –por lo menos– al mes de septiembre de ese año, cuando participó del interrogatorio, tortura y traslado de Oscar Bustos. Carlos Pérez Risso en su testimonio manifestó: “Y ahí sube el Cady, se pone al lado del Tony, vendado. Le empieza a sacar de mentira verdad como si fuera un compañero, le empieza a sacar información. El Tony dice ‘gracias al Cabezón no dije nada’. Él está desaparecido y yo gracias a eso me comí una paliza impresionante.” (El Tony es Daniel Farías, era militante de la UES. Era el compañero de Analía Minetti, ambos permanecen desaparecidos.) Chomicki dice que fue sistemáticamente torturado durante los primeros 15 días de cautiverio. Dice que durante casi dos meses estuvo alojado en la Favela del Servicio de Informaciones y que luego Feced les da protección (a él y a Folch) y que luego los traslada a una sala contigua a la de torturas para que durmieran allí. Como pudo observar el Tribunal en el cumplimiento del reconocimiento de lugar realizado al finalizar la producción de la prueba en esta audiencia: el SI es un lugar chico, es la ochava de una esquina. Cada una de sus habitaciones no tiene más de 10 o 15 metros cuadrados, son lugares muy chicos. A estos lugares podemos dividirlos en tres niveles: el Sótano, la Rotonda y la Favela. Y además, al mismo nivel que la Rotonda (que es el descanso de una escalera) están ubicadas las oficinas que funcionaban como tales y como salas de tortura. El Sótano tenía una división formando así dos habitaciones (una para hombres y otra para mujeres). Normalmente, el Sótano era el lugar donde se alojaba a los detenidos como un momento previo a pasarlos a una cárcel o a la alcaidía. Otro de los sectores era el conocido como Favela (o entrepiso), en ese lugar alojaban a los detenidos que seguirían siendo sometidos a interrogatorios y torturas. Estar allí significaba saber que en un momento u otro volverías a ser torturado.

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Y luego estaba la Rotonda, donde quedaban los detenidos esperando por horas hasta ser llevados a la sala de tortura, mientras esperaban allí también eran golpeados por cada uno de los miembros de la patota que pasaba por el lugar. Chomicki en su indagatoria –como ya señalamos– dijo que fue secuestrado el 1º/12/76. Dijo que fue torturado y que su compañera, Nilda Folch, también fue torturada y violada. Que la tortura fue sistemática durante los primeros 15 días. Agregó que permaneció en carácter de desaparecido hasta el 15/02/77 y desde esa fecha hasta el 12 o 13 de junio del 77 estuvo a disposición del PEN, siempre en el SI. Aclaró que durante los primeros 25 días de su “secuestro”, estuvo alojado en la Favela, que a partir de ese momento se produciría un hecho que influiría en sus condiciones de detención, porque los conoce Feced y este decide darles protección (debido a la semejanza física de Folch con su hija). De los testimonios de sobrevivientes que han permanecido secuestrados en el SI durante los meses de diciembre de 1976, enero 1977 y hasta el 15/02/77, no hay uno solo que refiera haber escuchado que Chomicki era torturado, o haber escuchado que se hablara de la tortura infligida a Chomicki. Tampoco hay testigos que mencionen haberlo visto torturado o golpeado. Y entre los compañeros que permanecieron secuestrados en el mismo período en que Chomicki dice haber estado secuestrado, las referencias que se escucharon fueron describiendo su rol de represor, mención que se debe al conocimiento previo que muchos de los testigos tenían de Chomicki por haber compartido con ellos su militancia en la UES. Analicemos puntualmente: José Américo Giusti, Gustavo Piccolo, Francisco Reydó, Manuel Fernández, Germán Telmo López, Juan Carlos Boccanera, Olga Cabrera Hansen, Hermenegildo Acebal, Enzo Tossi, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Marcelo Panicalli, Elba Juana Ferraro de Bettanin, María Inés Luchetti de Bettannin, Elida Deheza, Stella Maris Fernández, Carlos Arroyo, Teresita de Jesús Marciani de Márquez, Marcos Alcides Olivera, Máximo Antonio Mur, Tomasa Verdún de Ortiz, Mario Luis Ortiz, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, y Adrián Sánchez. Todos estos testigos estuvieron secuestrados entre diciembre de 1976 y febrero de 1977. Como ya quedó demostrado al presentar cada caso todos se nombran entre sí, nadie menciona a Chomicki.

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Sigamos analizando las testimoniales: Manuel Fernández, secuestrado el 15 octubre de 1976. Luego de pasar por la Favela y el Sótano, relató que en el mes de diciembre “cuando me suben para la declaración me toman datos personales, me viene a buscar un muchacho joven rubio de ojos claros, le decían Cady. Me dijo quedate tranquilo no te va a pasar nada, te van a tomar declaración… En la oficina estaba Carlos Gómez, me preguntan datos, filiación, cómo estaba compuesta mi familia. Había una persona escribiendo a máquina, le decían la Rubia, después me dijeron en el Sótano que era la novia del Cady en ese momento… me pude comunicar con Mechetti, le dije que era el hermano de Manolita y ahí él me lo cuenta personalmente. (…) Sobre mi hermana (Manolita Fernández) me entero en marzo del 77, cuando compañeros por la ventana me dijeron que había llegado a Coronda el Bicho Mechetti que pidió que me hagan llegar a mí que mi hermana había estado en el SI, que la habían torturado terriblemente, que había una saña personal contra ella de parte de Oscar Gómez y que la habían trasladado. Después de un tiempo, tuve varias sanciones y fui a las tumbas en la cual había una ventanita y me pude comunicar con Mechetti, le dije que era el hermano de Manolita y ahí el me lo cuenta personalmente. Los que la reconocen a Manolita son el Cady y Oscar Gómez, eso lo sé por sus dichos”. Elías Carranza, detenido el 18/02/77. En la Favela estuvo cerca de 2 días, luego lo bajaron al subsuelo donde estuvo 12 o 14 días: “…Estaba la pareja del Cady y la Victoria que militaban en la UES, los habían quebrado totalmente y los utilizaban para secuestrar y torturar… También estaba el Pollo Baravalle, a quien la tortura había quebrado… A diferencia del Cady y la Victoria que se paseaban muy cómodos con los torturadores, cuando el Pollo pasaba se podía pedir agua o ir al baño, si pasaban otros zapatos sólo se podían recibir golpes…”. Obsérvese que el Dr. Carranza no hace mención a Chomicki como un detenido. Lo nombra cuando enumera a quienes vio, pero inmediatamente hace referencia a su rol de colaborador. Stella Maris Hernández, secuestrada el 11 de enero de 1977: “…Después me tiran de nuevo en el Boulevard. Se me acercan el Cady Chomicki y Nilda Folch que está prófuga. Me preguntan qué me había pasado, ellos estaban sin vendas, se manejaban libremente, como los otros guardias. El 25 de enero baja el Pollo y le dice a Marisol que tenía que subir. Ella se sacó los anteojos, tenía el pelo rubio, era muy

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blanca, muy amorosa. Le dice al Pollo que le ponga la venda y él le dice que no, que para qué, ella insistía. Él le pone la venda. La abrazo y le digo lo mismo que ella me había dicho, no tengas miedo, seguro que te dan la libertad o te trasladan. Marisol había dicho que había caído por Chomicki, en una cita en un bar… La suben a las 3 de la tarde. A la noche baja el Pollo y me pide que le prepare la ropa, las cosas de Marisol como si fuera un traslado. Le armo su bolsito con un vestidito que tenía, los anteojos y los remedios. Yo le preguntaba a todos qué pasaba con Marisol y me decían que era un traslado. Al otro día baja la Polaca con el vestidito de Marisol puesto y el Cady andaba con el bolsito de Marisol, toda esperanza se derrumbó. Marisol charlaba mucho con el Pollo, él estaba muy afectado. Le volví a preguntar, con evasivas me dio a entender que la habían matado”. María del Carmen Sillato, al dar la lista de los represores menciona: “Carlitos Cardozo, Cady Chomicki que circulaba en total libertad por ahí”. Elba Juana Ferraro de Bettanin, secuestrada el 2 de noviembre de 1977. El 13/01/84 declaró que después de la tortura “me tiran en un patio interno donde estaban todos los torturados y ahí pude ver a un muchacho que se llamaba Alberto Tion”. Señala que el mismo estaba desfigurado por las torturas y que decía que lo habían torturado por 12 horas. Como pedía agua insistentemente, “se le acercó un preso que estaba colaborando con la policía al que le decían Cady. Este muchacho le decía que no podía tomar líquido porque se iba a morir, por la insistencia del señor Tion, Cady dijo que iba a consultar con los policías y volvió con un sifón de soda, le sirvió tres o cuatro vasos de soda. Él los tomó y comenzó a ahogarse como lo hace una persona que se está muriendo. Tengo la certeza de que ese hombre murió por la ingestión del agua. Yo vi que suspiró muy fuerte y murió; cuatro personas se lo llevaron y nunca más supe de él”. Ana María Moro, secuestrada el 21 de mayo de 1977: “…A un chico que era de Córdoba lo torturaban, le preguntaban nombres, el chico gritaba por la tortura, uno de los torturadores le dice ‘hablá hijo de puta que te voy a reventar el ojo con la birome’, esos gritos me persiguieron durante mucho tiempo. Siguieron horas y horas torturándolo. En un momento sentimos que arrastran algo, un cuerpo. La persona que amenazaba con reventarle el ojo era el Cady Chomicki quien dijo ‘acaba de pasar a un féretro’, al rato la mujer, la Polaca, vino a limpiar la sangre de este

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chico… También subió el Cady Chomicki, dijo que no nos preocupemos porque no éramos subversivas, que iba a tratar de conseguirnos comida pero no lo hizo. Dijo algo que me quedó muy grabado: nosotros estamos empeñados en la lucha contra la subversión. Dijo nosotros, no ellos...” Juan Carlos Cheroni, secuestrado el 21 de mayo de 1977: “… Estábamos en una sala circular, se escuchaban abrir y cerrar puertas. Una de ellas aparentemente daba a la sala de tortura. Se escuchaban los diálogos, interrogatorios de la sala de tortura. Escuché cosas que me quedaron grabadas textual, se preguntarán cómo después de 34 años me acuerdo, hay cosas que no se olvidan nunca. Introdujeron a una persona que aparentemente era cordobés por la tonada, gritaba. El que conducía el interrogatorio dice ‘si no me contestás te clavo la birome en el ojo’. Esa voz me quedó grabada, con posterioridad pude identificarlo. Se abre la puerta y sentimos como que arrastraban una bolsa de papa, un peso muerto, esa misma voz dice en tono burlón ‘acaba de salir un féretro’… Pasó una persona cuya voz reconocí de antes, el Pollo, José Baravalle, le pedimos un abrigo. Trajo una silla y una frazada y se las dio a mi esposa. A la mañana siguiente pasa una persona, dije ‘señor, me podrían devolver mi campera’, se agacha y me habla. Era la voz que condujo el interrogatorio y que dijo lo del féretro. Me dice ‘bajate la venda, boludo, no tengas miedo’. Veo a un muchacho de unos 20 años y me dice ‘yo también estoy en remerita, maricón de mierda, aguantátela’. Pude saber quién era, está en esta sala, se llama Ricardo Chomicki, le decían el Cady… no se comportaba como detenido, tenía la libertad absoluta de moverse y verduguear a sus compañeros y así lo hacía… En particular mi hermano me dijo que a él lo torturaron Lofiego y Chomicki. Era vox populi que Chomicki participaba en las sesiones de tortura y en los interrogatorios, al conocer a los compañeros sabía qué preguntaba, su participación en los interrogatorios era indudable, más allá de que aplique picana o no….” Stella Maris Porotto de Cheroni, secuestrada el 21 de mayo de 1977 con su esposo Hugo Cheroni: “…Estaban torturando a un cordobés, lo torturaron tanto que murió. Estábamos mi cuñado y mi esposo, tirados en el piso... Escuchamos cómo torturaban a este joven cordobés… También me sorprendió Chomicki, estaba muy alegre, tomaba la tortura como patear un guijarro por la calle, nos pateaba, era un joven muy malvado. Lofiego también lo vi… Estaba vendada y tabicada. Estaban

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tiempo completo Marcote, Lofiego, Chomicki, esas mujeres, y las patotas que entraban con los presos. Creo que eran el elenco estable”. Alfredo Vivono: “…Ahí adentro (Coronda) pude hablar con varios compañeros, entre ellos con Mechetti que me dijo que Chomicki, para poder estar en libertad se había tenido que cargar a 22 compañeros… También allí (APDH, año 81 u 82), Olga Cabrera comenta que vio llegar al SI a alguno de los mencionados, incluido Chomicki, con palas y barro en las botas”. Carmen Lucero, secuestrada el 22 de febrero de 1977: “...Ella y el Cady participaban de los interrogatorios, en una oportunidad lo mandan al Cady para que me haga hablar y me agarra a las piñas en la parte redonda. Lo veo porque me levanta las vendas… Estando ahí abajo (Favela), una nochecita Managua me hace buscar una toalla, me venda, me dice que tengo que subir, me lleva por el pasillo a una habitación. Me preguntaban por alguien de mi mismo apellido, la que preguntaba era la Polaca y el que me pega es el Cady… Todos subían y bajaban a la tortura. Todos ellos sabían y veían, estaban y participaban en la tortura… La Polaca y el Cady saben muy bien qué pasó con nuestros compañeros, con la Flaca, el Tony, Manolita”. Francisca van Bove, secuestrada el 19 de marzo de 1977 junto a su esposo Benito Espinoza: “…Me dejaron en un pasillo, estuve un tiempo, me llevaron a la sala de tortura. Antes de entrar al SI fui vendada. De ahí me llevaron a la sala de tortura, me sacaron la ropa, me ataron, me torturaban, era Carlitos lo vi porque me saqué la venda. Me interrogaba el Cady y la Victoria, me preguntaban si conocía más gente, yo no conocía a nadie”. Marcos Alcides Olivera, secuestrado el 11 de enero de 1977. A los dos días lo sacan de ahí y lo llevan a la sala de tortura. : “Me picaneaban siempre preguntando por mi responsable, nombre de guerra, cuánto hacía que estaba en la orga. Estuve 45 minutos atado a la parrilla y me dejan ahí. Se fueron. Digo se terminó, pero no. Al rato vinieron, dos personas y me empiezan a tirar agua. Hablaban entre ellos, uno de ellos era una chica. Con el tiempo supe quiénes eran, le decían la Polaca, creo que Nilda Folch y el Cady, creo que Chomicki. Me decían que para pasarla bien tenía que decir todo lo que yo supiera, ella me echaba el agua y él me pasaba la picana. Esto generalmente se hacía a la madrugada. Se escuchaba la música fuerte, estuve atado ahí en la parrilla, no me daban agua”.

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Osvaldo Daniel Mansilla en su testimonio indica que: “Yo estaba sin venda, la primera persona que veo es a Chomicki, que como lo conocía es fácilmente reconocible. Es la primera persona que hace las primeras preguntas en el interrogatorio. Me preguntaba por conocidos comunes de la militancia. Se produce este primer interrogatorio y luego comienza una etapa de tortura en forma inmediata. Esta primera charla con Chomicki y luego entran otras personas que toman su lugar de interrogadores y él pasa a tomar el lugar de veedor de mi interrogatorio. Él decía sobre la verdad o no de mis respuestas, con lo que eso significaba… Después cuando se interrumpe ese proceso de tortura-descanso-tortura, me llevan a la Favela”. Se le preguntó si recuerda haber escuchado alguna conversación sobre Alberto Pissani: “No recuerdo dónde estaba cuando lo escuché, en qué parte del SI. Escuché que se produce una cita fraguada a Analía Minetti en la cual tuvo intervención la esposa de Chomicki en ese momento. Entonces hacen una cita donde se supone que va un compañero de militancia y ahí detienen a Analía. Y después escucho esa conversación, donde dicen ‘este pibe, es un pelotudo o un tarado, salió corriendo y hubo que bajarlo’. Creo que tenía 15 años en ese momento”. Adrián Sánchez, secuestrado el 22 de febrero de 1977, dijo: “Pude identificar la voz de Nilda Folch que hablaba en voz baja. Me pusieron un polvo en la nariz y me desvanecí. Luego entró alguien que me levantó la venda y me instó a que colaborara. Si yo lo hacía, íbamos a recorrer las calles para marcar gente y me iban a sacar del país. Me pegó un puñete, me volvió a poner la venda y se fue. Era Ricardo Chomicki”. Respecto a los interrogatorios, señaló que el que más lo hacía era el Cady, quien también lo golpeó y le pegó reiteradamente en los testículos. El Cady era el que siempre aplicaba la picana eléctrica en la sala de tortura. Lo ubica entre los miembros de la patota. Gustavo Piccolo, secuestrado en el SI desde el 13/10/76 al 13/01/77. En su declaración, prestada ante CONADEP, recuerda que vio en ese lugar a una persona muy deteriorada por la tortura a quien el Cady Chomicki trataba de sacarle información. Enzo Tossi, secuestrado el 13/11/76. Permaneció en el SI hasta el 07/01/77. Con respecto a Chomicki dijo: “No lo conocí al Cady, pero se hablaba mucho de que era otro de los colaboradores ahí adentro. Pero tiene sentido que no lo haya visto ni me haya interrogado, porque yo pertenecía a otra fuerza política y no me hubiera

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impactado verlo en la tortura porque no lo conocía”. Marcelo Panicalli permanece en el SI del 31/12/76 al 02/02/77. Fue interrogado por un detenido llamado Cady, al que pudo reconocer por la voz, y colaboraba con la policía al igual que la esposa. Por último mencionamos un testimonio que refiere al imputado Chomicki una vez puesto en libertad: Juan Alberto Fernández, secuestrado el 10 de junio de 1977: “…Había una pareja que apodaban el Cady y la Polaca. Creo que el día que lo dejaron en libertad al Cady, escucho una llamada telefónica, a los gritos dice “el Cady habló desde Río de Janeiro entre Córdoba y Rioja, vio entrar al Chicote”. Tomaron las armas, amartillaron y salieron. A los pocos días escucho la radio, que hubo un operativo militar en la zona de Río de Janeiro y Córdoba, el Chicote está desaparecido”. Al ser preguntado por los nombres del Cady y la Polaca dijo que eran Ricardo Chomicki y Nilda Folch. Como puede colegirse, son numerosísimos los testimonios que en forma constante ubican a Chomicki como un integrante del grupo represivo que operó en el SI. Volvamos a las declaraciones prestadas por el imputado, a fines de analizar las mismas. Como dijimos, manifestó en esta sala haber sido aprehendido el 1º de diciembre de 1976 hasta el 15/02/1977, tiempo en el que permaneció como desaparecido, y desde esa fecha hasta el 12/06/1977 quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Que fue trasladado a la Jefatura de Policía donde fue sometido a torturas de modo sistemático. Que a partir de los veinticinco días de su secuestro Agustín Feced toma conocimiento de su pareja, Nilda Folch, encontrándole un parecido con su hija, a partir de lo cual cambia su situación, porque Feced decide darles protección, llevándolos desde la Favela hasta un sector donde había dos literas y una pequeña cocina, contigua a la sala de torturas (y expresa que cuando se torturaba a veces los sacaban y otras no), que empezó a oficiar de “mandadero”, asistiendo a los detenidos, a veces, llevándolos al baño y otras curándoles las heridas. Nos permitimos reproducir esta porción de la declaración porque creemos relevante destacar que los dichos de Chomicki no solo se contradicen con los de testimonios previamente valorados, sino con los que el propio procesado prestara en otra de sus declaraciones indagatorias, esta vez prestada ante la justicia provincial, en esta misma causa,

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en los albores de la democracia, allá por octubre de 1984. Es sorprendente como aquel relato, que tomara estado público a través de los medios de comunicación, difiere en lo esencial con el prestado ante este tribunal. La escena del momento del secuestro del cual el imputado manifiesta haber sido víctima, en su versión de 1984, no ocurrió el 1° de diciembre de 1976, fecha en la cual, recordemos, estaba en el domicilio de la familia Ramos, sino que él mismo refiere haber sido detenido a mediados de enero. En efecto, en la declaración de octubre de 1984, manifiesta haber estado en Mar del Plata, para las fiestas de Navidad y Fin de Año con su novia Nilda Folch, y su señora madre, escapando de la persecución que sufría en Rosario, y que recién a los pocos días de concluidas las fiestas su señora madre se traslada a Rosario para, una semana después, indicarle que podía regresar a esta ciudad sin dificultad aparente para su seguridad. Esta declaración es prestada por Chomicki con todas las garantías, asistido por un defensor particular, el Dr. Absalón Casas, quien más adelante acompañó con un escrito en la causa manifestando que su defendido habría sido aprehendido el 15 de enero. Siguiendo con la versión de 1984, ambos son introducidos en el Renault, donde son vendados y tirados en el piso posterior, uno sobre otro. Y no en dos autos, como le sucede según el relato de 2010. En el 84 manifiesta también haber sido llevado a un lugar que presume era una comisaría, donde fueron torturados por espacio de dos o tres horas. En la versión más reciente esa tortura no existe, y se refiere a la comisaría como la seccional 10ª, donde manifiesta que estuvieron alrededor de diez minutos, siendo luego trasladados en dos autos distintos a las dependencias del SI. A partir de su llegada al SI encontramos una nueva y muy gruesa contradicción: en la versión más actual que contara el imputado, se ve forzado a entregar el domicilio de la familia Ramos debido a los desgarradores gritos de su novia torturada, al tiempo que Lofiego le susurraba al oído “escuchá cómo violan a tu noviecita”. En la versión del tribunal provincial se entera posteriormente de que Nilda Folch fue violada. De acuerdo a las constancias reseñadas, lo único que podemos afirmar objetivamente, probado con la certeza necesaria para una condena penal, es que Ricardo Miguel Chomicki integró como colaborador civil el grupo represivo del SI, al menos desde septiembre de 1976.

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En cuanto a su propias contradicciones, las distintas versiones que brinda en la misma causa, solo pueden entenderse como estrategias defensivas desplegadas por alguien que dista mucho de revestir el carácter de víctima y que se defiende, con todo derecho como cualquier acusado en juicio penal a quien esta querella reconoce el derecho a defenderse aun cuando ello implique la necesidad de mentir. No es propio de una víctima por lo demás, referirse a sus pretendidos compañeros de infortunio como mentirosos complotados en su contra. Ello solo puede entenderse en el mismo sentido antes mencionado. Como el legítimo derecho a ejercer una defensa material de aquel que se encuentra cercado por la copiosa evidencia en su contra, en las postrimerías de un juicio, vale decir, en las cercanías de la sentencia. Concluyendo, la estrategia ensayada por el imputado en esta sala no encuentra respaldo en ninguna prueba incorporada a la causa. No se ha acreditado que haya estado privado de su libertad. La existencia de un procesamiento que lo considera víctima de delitos no implica certeza sobre un hecho sino solo un grado de probabilidad sobre aquellos que la Cámara basa exclusivamente en los dichos del propio Chomicki. Ya hemos analizado sobradamente el valor probatorio que pueden tener los dichos del imputado, denunciante en aquella causa. Sólo se necesita el simple ejercicio de contrastar esos dichos con la totalidad del acervo probatorio de este juicio y con sus propios dichos en otro momento histórico. Sin perjuicio de que consideramos probados, acorde lo meritamos, los hechos de los cuales se lo acusa a Chomicki como integrante del grupo represivo del SI, nos detendremos algunos minutos a evaluar las estrategias que el imputado ensayó en su defensa material. En primer lugar, el imputado intentó basar su accionar en un estado de coacción. Para dirimir si pudo existir coacción, la doctrina penal utiliza una fórmula normativa que es sumamente abstracta –como toda fórmula normativa– y deja un amplio grado de arbitrariedad: si desde el punto de vista de un observador objetivo, ex ante: existió el peligro capaz de presionar a Chomicki. Qué es un hombre sensato es imposible de dirimir ontológicamente; la inteligencia y la sensatez son valoraciones sobre cualidades intelectuales (que pueden

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tener que ver con la formación o no), psíquicas, emocionales, en definitiva internas. ¿Cuál es la sensatez de un hombre medio? Más difícil aún. Por el contrario, si se piensa que la categoría es una fórmula abstracta y puramente normativa, resulta igualmente imprescindible llenarla de contenido, sobre todo para dirimir un caso concreto, y ser respetuosos de la garantía de la legalidad, que implica reconocer los extremos de la eximente. El derecho no exige heroísmos. Es cierto. Pero si se trata de llenar de contenido la fórmula del observador sensato, para saber qué quiere decir, y poder aplicarlo al caso, hay que ubicarse en primer lugar ex ante, en el mismo contexto –hipotéticamente claro–. El peligro debe ser siempre relacionado con la acción que se atribuye a un estado de necesidad, entonces, hay que preguntarse si el peligro que existía se conjuraba con la colaboración, con la delación, con la tortura de sus compañeros. Cuando realizamos esa operación mental, nos encontramos en el lugar y en el tiempo, con 80 víctimas de delitos de lesa humanidad (asociación ilícita, privación de libertad, tortura, etc.) que son las que se han presentado en este juicio. Ninguna de ellas actuó como Chomicki, ninguna advirtió un peligro que fuera conjurable por medio de la delación, el secuestro, la tortura, etc. de los compañeros de militancia. Si bien es cierto que el hecho de que otro no lo haya hecho, no vale como criterio objetivo, no puede dejar de considerarse que si fue unánime la no participación en los hechos, es porque a nadie se le ocurrió que se podía salvar a sí mismo, destruyendo a otros. Esa constante, en todos los protagonistas, nos habla de una línea de conducta de todos, y una conducta excepcional y delictiva de uno solo, el querellado Chomicki. Otra hipótesis jurídica que se nos plantea, siempre según la defensa material esgrimida hasta el momento por el imputado, es que las acciones típicas que realizó lo fueron en virtud de la tortura a la que habría sido sometido. Es evidente que una persona que secuestra y tortura a otras, y participa de una organización dedicada a eso, sufre un deterioro de su subjetividad bastante importante. Ser autor o partícipe de la tortura, significa una destrucción de la personalidad, generada en cada caso particular, por distintos procesos vitales. Desconozco qué le habrá pasado a Lofiego en su vida, para llegar a convertirse

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en un torturador. Desconozco qué le habrá pasado a Marcote, para llegar a ser un torturador, y violador. Desconozco qué le habrá pasado a cada uno de los imputados, para haber degradado de tal manera su condición humana, que su “trabajo profesional” haya sido destruir mediante el sufrimiento a tantos seres humanos. Pero el deterioro de la personalidad de cada uno para llegar a cometer un delito, no está considerado en el derecho penal, como eximente, salvo en casos extremos, como es la incomprensión o dirección de la criminalidad. No hay duda que Chomicki sufrió un deterioro de su personalidad, como los demás torturadores, más grave aún si integró las filas militantes –ya sea sinceramente o como infiltrado–, pero no ha sido acreditado que haya estado privado de su libertad y sometido a una coacción que no le permitiera otra opción más que secuestrar y torturar a otras personas, a las que incluso conocía o con las que había tenido una relación. La hipótesis genérica, sobre que una persona en determinado grado de presión como el que se sufría en los CCD, podía desembocar en convertirlo en un torturador no está acreditada en este juicio, en el que se han presentado más de 80 víctimas y existe un solo supuesto deteriorado. Todas las personas que pasaron por esta audiencia, fueron sometidas a las condiciones de vida de un CCD, y algunas por muchos años (no por meses) y, sin embargo, ninguna terminó secuestrando y torturando a sus propios compañeros. La actitud activa de torturar a otro ser humano requiere un grado de predisposición que no cualquiera puede asumir. Tan es así, que en las propias fuerzas armadas o en los propios ámbitos policiales, se formaron grupos especializados de torturadores, porque ello exige ciertas condiciones personales, cierta capacidad de perversión e indiferencia –o goce– con el dolor ajeno. Entre los mismos equipos de torturadores había especialidades, parece ser que Marcote era el especialista en violaciones, era quien accedía a las víctimas y que Lofiego participaba en las violaciones desde la violencia necesaria para ese sometimiento, y su fuerte era la tortura directa o indirecta por diversos métodos. Para torturar a otro hay que tener aptitud. Chomicki denuncia genéricamente sus propias torturas, no acreditadas con ningún otro testimonio de los que pasaron en la misma época por el SI;

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pero como ya sostuvimos, su versión no es creíble, ni al ser comparada con los demás testimonios ni con sus propios dichos. Reitero, torturar no es lo mismo que dar datos, es una actitud proactiva de destrucción lenta y sufriente de un ser humano. Recuerdo en este momento el comienzo del libro Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, cuando relata el descuartizamiento de Damiens en París. Los detalles que intencionalmente aporta Foucault de esa destrucción física de un ser humano los uso como ejemplo, porque cualquiera que haya leído el libro y lo recuerde, sabe que es difícil tolerar ese relato que pinta una concepción del derecho penal destruyendo el cuerpo humano antes de que se le ocurriera disciplinarlo. Si es difícil tolerar el relato, hay que imaginarse lo difícil que es ser autor o verdugo del descuartizamiento de Damiens. Este relato literario me alivia ejemplificar con los detalles escabrosos de los relatos que hemos escuchado en esta sala. Y sin caer en la morbosidad detallista, podemos imaginarnos a Bustos golpeado por una persona del tamaño de Chomicki o a otras personas torturadas por las manos de Chomicki (y escuchado por otros) o la colaboración presente del mismo en la sala de tortura, interrogando a quien estaba siendo destruido física y moralmente y sumido en un dolor inconmensurable y lento. Otro ejemplo en el plano del arte, que también nos puede ilustrar al respecto, es la obra magistral del cine El Verdugo, de Luis Berlanga, en el que se muestra en plena época del franquismo, en España, cómo desaparece antes el verdugo que el garrote vil. El último verdugo, para no perder los beneficios sociales cuando se jubila del cargo público, lo hace designar a su yerno, quien a pesar del grave apremio económico no logra asumir la actitud de verdugo. No cualquier subjetividad, no cualquier cabeza logra torturar. Por todo lo antes dicho y siguiendo expresas instrucciones de nuestros mandantes, trayendo ante este estrado más de 20 años de reclamos, pedimos a los señores jueces que consideren a Chomicki autor penalmente responsable de los delitos por los cuales fue acusado. Por lo antedicho solicitamos se condene a Ricardo Miguel Chomicki como partícipe necesario en los delitos de la privación ilegal de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración, en perjuicio de José Aloisio, Gustavo

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Piccolo, Ana María Moro de Cheroni, María Inés Luchetti de Bettanin, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Marcelino Panicalli , Francisca van Bove de Espinoza, Benito Espinoza, Máximo Antonio Mur y Analía Minetti. En concurso real con la privación ilegal de libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración, en concurso real con el delito de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos de Mirta Isabel Castellini, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Adrián Jorge Sánchez y Hugo Cheroni. En concurso real con el delito de asociación ilícita agravada en carácter de miembro a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en los términos de los artículos 144 bis, inciso 1; en función del artículo 142 incisos 1 y 5 de la ley 20.642, 144 ter. 2 párr. ley 14.616 y 55 del Código Penal.

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Fragmento del alegato de la Fiscalía El Ministerio Público desiste de pedir condena por los cargos que se le imputan a Ricardo Chomicki en la causa Díaz Bessone. Octubre de 2011.

Ricardo Miguel Chomicki manifestó en esta audiencia de debate que junto a Folch fueron secuestrados por el grupo represivo que actuaba en el Servicio de Informaciones. Su detención ocurrió a las 10 horas del 1º de diciembre de 1976, en un bar de la zona norte de Rosario; de allí fue llevado a una comisaría (la 10ª). Luego de estar unos 10 ó 15 minutos en esa comisaría, es trasladado al Servicio de Informaciones. Según sus dichos, lo torturan y torturan a Folch y para poner fin a esa tortura decide colaborar “entregando” los datos del domicilio de Ramos yendo hasta ese domicilio para señalarlo. Chomicki dice que fue sistemáticamente torturado durante los primeros 15 días de cautiverio, que durante casi 25 días estuvo alojado en la Favela del Servicio de Informaciones, que luego Feced les da protección (a él y a Folch), trasladándolos a una sala contigua a la de torturas para que durmieran allí. Lo afirmado, esto es, que fue secuestrado y sometido a tomento en el SI, se encuentra probado con: 1) Fallo de primera instancia N° 88/B del 11/12/09 del Juzgado Federal Nº 4 (JF4), donde se afirma: “…La Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad también le atribuyó a Ricardo Miguel Chomicki el carácter de ‘víctima’ de la privación ilegítima de la libertad y tormentos que sufriera en la sección Informaciones, concretamente cuando analizó oportunamente la situación particular de Mario Alfredo Marcote en los autos Feced…” (conf. Acuerdo N° 83/06 de fecha 3/11/06). A su vez, en ese Acuerdo 83, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (CFAR) había dicho: “Cabe resaltar que en su declaración de fs. 11.342/11.344, Chomicki, también inicialmente víctima de privación ilegal de su libertad y tormentos en el Sección

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Informaciones, menciona que entre los torturadores que actuaban en dicha unidad policial estaba siempre uno que le decían “el Cura”. 2) El fallo de CFAR N° 023 del 08/04/11, que confirma la resolución de primera instancia. Por ello, debe evaluarse si median en el caso circunstancias eximentes de responsabilidad penal, o sea, causas de justificación o de exculpación, máxime en casos como el que nos ocupa, en donde las conductas típicas pudieron haber sido llevadas a cabo en contextos de amenaza o peligro para bienes jurídicos del que actúa. O dicho de otro modo, debe evaluarse si las conductas típicas efectuadas lo fueron en estado de coacción. Conforme los extensos argumentos del documento de la Procuración que fuera leído en este juicio, a los que me remito, puede admitirse la exculpación en casos –como el que nos ocupa– en los cuales la conducta del imputado lesiona la dignidad humana de un tercero. Corresponde, entonces, analizar si concurren los requisitos del estado de necesidad exculpante (art. 34 inc. 2, segunda parte: el que obrare violentado por sufrir amenazas de sufrir un mal grave e inminente). Como adelantáramos, la razón de la ausencia de pena no reside en la preponderancia de un bien o interés sobre otro, sino esencialmente en la reducción de libertad con que obra el sujeto en la situación concreta. Esta reducción de libertad limita el ámbito de autodeterminación del agente en un grado tal que el derecho ya no le exige un comportamiento conforme a derecho. La idea básica que está detrás del estado de necesidad exculpante es, por ello, la inexigibilidad de un comportamiento adecuado a la norma. Cabe aclarar que la inexigibilidad no ha de entenderse de manera fáctica, sino normativa; pues aun cuando el sujeto pueda, de hecho, actuar de otro modo y tener la conducta debida, en ciertas circunstancias extremas, el derecho no le exige tal comportamiento. Dado que en el estado de necesidad exculpante lo que interesa es la reducción de la libertad, nuestro art. 34 inc. 2 requiere que el mal evitado sea “grave”, pues sólo frente a una amenaza de un mal grave el autor puede considerarse propiamente “violentado”. Respecto entonces del primer y segundo requisito de la norma invocada (peli-

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gro de sufrir un mal y que este sea inminente) la existencia de un peligro y de un estado de coacción para las personas secuestradas en los centros clandestinos de detención y exterminio parece indudable, así como su inminencia; el peligro amenazante podía razonablemente concretarse en daño en cualquier momento. En los supuestos en examen, sucede lo que la doctrina conoce como peligro permanente. Según Roxin, hay peligro permanente cuando “una situación que amenaza con un peligro se puede convertir en cualquier momento en un daño, sin que se pueda decir exactamente cuándo sucederá tal cosa”. Respecto del tercero y cuarto requisito, se exige que la conducta en estado de necesidad sea adecuada y necesaria para evitar el peligro. El primer requisito se refiere a la idoneidad del medio para evitar el peligro y el segundo a que el autor debe utilizar el medio menos lesivo entre aquellos idóneos. En el contexto de los centros clandestinos de detención y exterminio, la negativa a brindar colaboración de distinta índole traía aparejado el aumento de la probabilidad de ser sometido a tratos crueles y de ser eliminado físicamente. En este sentido, los actos de colaboración eran adecuados y necesarios para evitar el peligro. Entendemos cumplidos ambos requisitos. “El autor debe, además, ser extraño al peligro que lo impulsa a actuar” (quinto requisito). La responsabilidad por la creación del conflicto –esto es, su organización defectuosa– impide una exención de responsabilidad. El imputado, según lo sostiene la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, fue detenido contra su voluntad y conducido a un CCD por personal policial; por ello, no puede sostenerse que haya contribuido a crear el peligro que lo amenazaba. En este punto parece necesario aclarar que no es una condición para la aplicación de causas de justificación o de exculpación, su alegación por parte del imputado y los requisitos para la aplicación de esos institutos pueden verificarse a partir de la totalidad de elementos probatorios que permitan reconstruir el hecho histórico. Por ello, puede sostenerse que la reducción de libertad del imputado en un contexto opresivo como lo es el CCD, impide a este Ministerio formularle reproche penal por no haber actuado de otro modo. La cuestión se refiere, entonces, a la inexigibilidad de otro comportamiento y no a que su acto haya sido conforme a derecho.

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Fundamentos de la sentencia Extractos de de la causa Díaz Bessone referentes al caso Chomicki.

Cargos de la imputación Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en doce (12) oportunidades, respecto de: Gustavo Ángel Roberto Piccolo, Ana María Moro, María Inés Luchetti, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Marcelino Panicalli, Francisca van Bove, Benito Espinoza, Máximo Antonio Mur y Analía Minetti, en calidad de partícipe necesario. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en concurso real con tormentos, en cuatro (4) oportunidades, respecto de: Mirta Isabel Castellini, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Adrián Jorge Sánchez y Hugo Daniel Cheroni, en calidad de partícipe necesario. En concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro. Alegato de sus defensores Los señores defensores públicos oficiales ad hoc, doctores Silvio Héctor Galarza Azzoni y José Boxler, en ejercicio de la defensa técnica de Ricardo Miguel Chomicki, al momento de su alegato solicitaron: I La absolución de su asistido por revictimización en el proceso judicial. II La absolución de su asistido por la falta de acusación respecto de los casos Lucero y Mechetti. III La absolución de su asistido por la nulidad de la constitución como querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre por ausencia de poder especial. IV La absolución de su asistido por la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre por la inde-

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terminación fáctica y violación al derecho de defensa, y en relación a este punto, también presentó la nulidad de alegato por encontrarse infundado. V La absolución de su asistido por la nulidad de requerimiento del querellante Aloisio. VI La absolución de su asistido por violación a ser juzgado en un plazo razonable. VII La absolución de su asistido en base a la teoría del caso de la Defensa. Sobre este punto, esa parte anticipa que la querella no tiene derecho a réplica porque no se trata de una cuestión novedosa sino que se trata de valorar los hechos y las pruebas de la causa, circunstancia que ya han hecho las querellas. VIII La absolución de su asistido en base al análisis de la teoría del caso de la acusación, rechazo de los argumentos y el análisis dogmáticos de los tipos penales. También sobre este punto la querella no tiene derechos a réplica, ya que no se trata de una cuestión novedosa. IX La absolución de su asistido por estado de necesidad justificante, subsidiariamente, estado de necesidad exculpante. X La no punibilidad de Chomicki y su absolución. XI Solicitaron la aplicación del mínimo de la escala penal, que es de 3 años. XII Solicitaron que se rechace el pedido de detención.

Respuestas a los planteos defensistas Ante situaciones procesales ya resueltas previamente al debate, no corresponde pronunciarse sobre hechos imputados a Chomicki que no fueron requeridos o, requeridos, fueron desistidos, por un lado por las querellas representadas por los doctores Schujman, Oberlin, Ciarniello y Baella, y por el otro la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, respectivamente. Máxime que continuó la acción instada por el señor fiscal quien solicitó un pronunciamiento absolutorio. Respecto a la solicitud de absolución por nulidad de la constitución como querellante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, debemos recordar que idénticos planteos ya ha sido tratados y decididos en forma negativa por este Tribunal mediante resolución Nº 189/09 del 20/08/09, y se han declarado inadmisibles

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los recursos de Casación interpuestos contra la misma (ver resoluciones Nº 15.475 y 15.474 de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal), por lo que nos remitimos a todo lo allí expresado en mérito al principio de economía procesal. Por aplicación de los principios de preclusión y progresividad corresponde el rechazo de la nulidad interpuesta. En relación a los planteos de nulidad de los requerimientos del querellante Aloisio y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, no queda más que afirmar que el tema y con iguales fundamentos ha sido tratado en el expediente Nº 30/09 caratulado “Chomicki, Ricardo M. s/ nulidad del auto de elevación a juicio Nº 71/B”, por lo que nos remitimos a lo allí expresado también en honor al principio de economía procesal. Por aplicación de los principios de preclusión y progresividad corresponde el rechazo de la nulidad interpuesta. Solicita la absolución por violación al derecho a ser juzgado en plazo razonable. Cabe poner de resalto la gravedad de los hechos investigados, así como la complejidad de la causa, ya que las probanzas se tornan muy dificultosas debido al tiempo transcurrido e, incluso, considerando también que dentro del accionar que obra demostrado en el plan a que aludimos, se incluía el ocultamiento, el escamoteo, la desaparición o la destrucción de los rastros y pruebas posibles, lo que, sumado a la cantidad de hechos, testigos y partes que incluye esta causa, torna al plazo insumido para su investigación y juicio como razonable. Tal temperamento surge de merituar lo resuelto por la Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal, el que, si bien fue expresado para el supuesto de agotamiento del plazo de prisión preventiva –no es el caso analizado–, expresa ciertas pautas obstativas a la liberación, que resultan plenamente aplicables para poder determinar en el caso, el acaecimiento o no de un plazo razonable. Así, la Sala IV de dicho Tribunal sostuvo, en autos “Erlán, Ramón Antonio s/ recurso de casación” (causa Nº 10.355, resuelta el 21/4/2009, registro Nº 11.636), que “la liberación automática por el mero transcurso del tiempo, no solo pone en riesgo –frente al concreto peligro de fuga que se verifica en la especie– los fines propios del proceso –descubrimiento de la verdad y realización de la ley penal– sino, al mismo tiempo, el cumplimiento de la obligación que pesa sobre el Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los

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responsables de los delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, para lo cual el Estado debe desatender y remover los obstáculos –disposiciones de amnistía, prescripción y excluyentes de responsabilidad– que impidan la investigación y sanción de los responsables de estas prácticas (secuestros, torturas, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, desapariciones forzadas de personas), todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos (CIDH, “Barrios Altos”, sentencia Serie C Nº 75 del 14 de marzo de 2001), evitando su impunidad, entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena a los responsables (CIDH, “Castillo Páez”, sentencia Serie C Nº 43).”. De lo que resulta indudable entonces que el cumplimiento de los compromisos internacionales en causas de lesa humanidad es otro de los fundamentales elementos a considerar al evaluar el posible transcurso de un plazo, y si el mismo resulta razonable. Además, el informe del 13 de abril de 1989 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado para la causa “Firmenich”, estableció que el plazo razonable no puede establecerse con precisión absoluta, es decir que no puede medirse en unidades de tiempo (días, semanas, meses, años), sino que debe considerarse, caso por caso, a partir de los siguientes factores: duración efectiva de la detención, gravedad de la infracción, complejidad del caso; asimismo es importante señalar que de la doctrina que surge del presente informe, puede concluirse que un plazo puede exceder el máximo legal establecido para el mismo, y sin embargo seguir siendo razonable, en virtud de los indicadores señalados. En este sentido, la CIDH en el caso “Giménez” (Informe del 1º de marzo de 1996), estableció que la razonabilidad de la duración del proceso debe medirse según los criterios de la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades, señalando que la razonabilidad del plazo del artículo 8.1 (relativa al proceso), es un criterio más flexible que la del artículo 7.5 (relativa a la prisión preventiva), ya que en esta última se afecta su vez el derecho a la libertad personal. Por tal motivo, el planteo de violación al principio de plazo razonable establecido en el punto 8.1 de la Convención mencionada no se ha visto conculcado en el presente caso debiendo rechazarse este planteo formulado por el defensor.

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Sentencia 1. A continuación resta referirnos a la situación de Ricardo Miguel Chomicki. A este respecto, conviene recordar que la querella representada por los doctores Ciarniello Ibáñez, Schujman, Oberlin y Baella, por sus representados, no formuló acusación. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistió de la misma. Y finalmente, el Ministerio Público Fiscal en cabeza de los Fiscales Generales doctores Stara y Gambacorta solicitaron la absolución de Ricardo Miguel Chomicki por los hechos que conforman la plataforma fáctica que damnificaron a Espinosa, Mur, Minetti, Aloisio, Piccolo, Moro, Luchetti de Bettanin, Ferraro de Bettanin, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Lucero, Panicalli, van Bove, Mechetti, Osvaldo Bas y Mansilla, Sánchez, Cheroni y también por el delito de asociación ilícita agravada. Sin embargo la querella representada por las doctoras Durruty, Faccendini, Asinari y Pellegrini formuló acusación solicitando que se considere a Chomicki responsable de las privaciones ilegítimas de la libertad sufridas por José Aloisio, Gustavo Piccolo, Ana María Moro de Cheroni, María Inés Luchetti de Bettanin, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Marcelino Panicalli, Francisca van Bove de Espinoza, Benito Espinoza, Máximo Antonio Mur y Analía Minetti, así como de las privaciones de la libertad y tormentos sufridos por Mirta Isabel Castellini, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Adrián Jorge Sánchez y Hugo Cheroni, y por ser miembro de una asociación ilícita agravada, junto a los demás imputados de esta causa. En punto a la acusación formulada en la figura de privación ilegítima de la libertad, sostiene estar en presencia de un delito especial, puesto que prevé como requisito objetivo del tipo para ser considerado autor, la condición de funcionario público. Sin desconocer que el acusado Chomicki no ostenta esa condición, se apresura a destacar que igual debe responder penalmente en carácter de partícipe necesario, de conformidad a la conocida doctrina al respecto, mantenida incluso por el procurador general de la Nación Dr. Esteban Righi. Por ello solicita que se condene a Ricardo Miguel Chomicki como partícipe necesario en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por su duración en perjuicio de José Aloisio, Gustavo Piccolo, Ana María Moro de Cheroni, María

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Inés Luchetti de Bettanin, Elba Juana Ferraro de Bettanin, Juan Carlos Ramos, Generoso Ramos Peralta, Juan Alberto Fernández, Marcelino Panicalli, Francisca van Bove de Espinoza, Benito Espinoza, Máximo Antonio Mur y Analía Minetti, en concurso real con la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración, en concurso con el delito de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos de Mirta Isabel Castellini, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, Adrián Jorge Sánchez y Hugo Cheroni, todo ello en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada en carácter de miembro, imponiéndole una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua en los términos de los artículos 144 bis, inciso 1º, en función del artículo 142 inciso 1º y 5º de la ley 20.642, 144 ter 2º párrafo, ley 14.616, y artículo 55 del Código Penal. 2. Con base en esta acusación la defensa del nombrado representada por el doctor Galarza Azzoni esgrimió diversos fundamentos, los que se pueden resumir sucintamente en los siguientes planteos: en primer lugar, solicitó la absolución de su pupilo por la revictimización de Chomicki: por violación a su derecho a la tutela judicial efectiva en carácter de víctima (artículo 8.1 de la CADH) como así también la prohibición expresa establecida en el artículo 15 de la Convención Contra la Tortura conforme también el informe Comisión Interamericana de DDHH 28/92 en cuanto a cuál debe ser la política del Estado argentino en materia de la protección de las víctimas que han sido objeto del terrorismo de Estado. En el segundo orden de prelación, se expone el planteo que se relaciona con las garantías constitucionales, el debido proceso y las formas procesales. Así, presentó como segundo punto de su alegato la absolución de su asistido por falta de acusación en los casos de Carmen Lucero y Rafael Mechetti, por aplicación de los precedentes de la CSJN “Tarifeño” y “Mostachio”, y la vigencia del sistema acusatorio. Como tercer punto de alegato esa defensa presentó la absolución por la nulidad de la constitución como querellante de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre por ausencia de poder especial y en consecuencia la violación al debido proceso por aplicación de los precedentes dictados por CNCP en esta causa. Como cuarto punto, esa defensa solicitó la absolución de su asistido por nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por Aloisio por la indeterminación

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del hecho de la acusación, violación al derecho de defensa en juicio, conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH en caso “Barreto Leiva”. El quinto punto del alegato defensista es la absolución de su asistido por nulidad de requerimiento de elevación del querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por indeterminación del hecho de la acusación, violación al derecho de defensa en juicio y la aplicación del precedente de la CIDH caso “Barreto Leiva”. El siguiente argumento absolutorio de su asistido lo es por violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que no le comprendían los parámetros establecidos en las leyes de obediencia debida y punto final. Luego pasa al tercer orden de prelación y desarrolla el argumento de la teoría del caso de la defensa y como octavo punto del alegato realiza un análisis crítico de la teoría del caso de la acusación y consiguientemente con lo expresado solicita la absolución de Chomicki. Continúa la exposición con el noveno punto, donde realiza un análisis dogmático de los tipos penales imputados a su asistido –asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos–, y la atipicidad de los mismos, merced al que concluye también solicitando la absolución de su asistido. En cuarto orden de prelación, esa defensa solicitó la absolución de Chomicki por aplicación del estado de necesidad justificante. Como quinto orden de prelación, y en forma subsidiaria, peticiona la absolución del señor Chomicki por aplicación del estado de necesidad exculpante. Como sexto orden de prelación esa defensa plantea la no punibilidad del señor Chomicki. En séptimo orden de prelación esa defensa peticiona la aplicación del mínimo de la escala penal de los delitos que se le atribuyeron a su asistido. Y como octavo y último orden de prelación de los puntos de su alegato, contesta el pedido de detención de su asistido entendiendo que el querellante no está facultado para peticionarlo y que se afectó el principio de inocencia en juicio. 3. Planteado en estos términos la cuestión a decidir, fácil es reconocer que dentro de los argumentos esgrimidos por la defensa, merced a los cuales solicita la absolución de su pupilo, existen planteos de distinta índole, algunos que son de orden

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procesal y que su recepción impediría arribar a un resolución final de la causa –que fueron ya analizados en el considerando primero, apartados 6, 6.a, 6.b, 6.c y 6.d– mientras que otros hacen a la existencia misma de los distintos aspectos objetivos y subjetivos de los tipos penales traídos a debate por el acusador que, indudablemente, hacen al fondo del asunto en conflicto. Superados del modo a como se ha indicado en el considerando primero apartado 6 todos los planteos formales, a continuación nos habremos de referir a las cuestiones de fondo. Para la única querella que mantuvo su acusación, Chomicki resulta responsable de los delitos que se le imputan porque actuó voluntariamente y con libre albedrío durante las sesiones de tortura e interrogatorio. Agrega que ello surge de los testimonios de las víctimas sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe, entre otros, el de Stella Porotto, el de Juan Carlos Ramos, el de Osvaldo Bas y Mansilla y el de Elías Carranza, testigos todos que manifestaron haber visto a Ricardo Miguel Chomicki en dicho lugar. Además –afirma– que en sus testimonios Alfredo Vivono, Generoso Ramos Peralta, Gustavo Mechetti y Manuel Fernández, no solo dan cuenta sobre el accionar de Chomicki en el lugar de detención, sino que también lo sindican por haber tomado parte en diversos hechos, que lo ubican en la hipótesis de colaborador. Con los fundamentos en lo expresado, esta querella –representada por las Dras. Asinari, Durruty, Pellegrini y Faccendini– considera a Ricardo Miguel Chomicki responsable de tales conductas y así peticiona su condena. Merced a los testimonios ya mencionados supra, resulta, para este Tribunal, innegable la presencia de Chomicki en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe. Hecho admitido en su declaración por el propio imputado. Así, María Inés Luchetti de Bettanin expresó que: “mi suegra preguntaba, y yo le decía que no hablara con ellos porque veíamos que a la guardia no le íbamos a preguntar, pero al ‘Pollo’ que andaba sin vendas, la ‘Polaca’ que andaba sin vendas y el ‘Cady’ que andaba sin vendas”. Y también Víctor Hugo Salami dijo en audiencia que: “Creo que en ese sentido, yo sí voy a hacer un llamado a este compañero, bueno, él dice que era compañero

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nuestro, al Cady Chomicki... Cuando yo estaba en la Favela, en un momento, él llega, yo no lo conocía, llega y se pone al lado mío y entonces don Ramos me pega un pellizcón, me da un pellizcón muy fuerte en la pierna, y yo entendí que tenía que bueno, entendí digamos, después don Ramos me explicó cómo era la situación, y eso de algún modo se confirma cuando a uno de los compañeros, que estaba en la Favela, el Gallego, uno de los integrantes del grupo de tareas, de los torturadores, le dice vos perdiste porque hablaste con alguien acá y dijiste cosas que no tenías que decir, y con el que había hablado era con el Cady. Don Ramos me dijo además, me confesó, que él estaba totalmente convencido, que la responsabilidad de su caída y de su situación era del Cady”. Y Stella Maris Hernández declaró que: “Después de eso me vuelven a llevar al Boulevard, me tiran en el pasillo otra vez. Y se acerca algo que era muy extraño para mí: entender la situación de lo que se venía, se acerca el Cady Chomicki y la que era su novia, la Polaca Nilda Folch que está prófuga y me preguntan que me había pasado –ellos, por supuesto, ya lo sabían porque estaban sin vendas y se manejaban libremente– y si yo los quería denunciar con el jefe que era Guzmán Alfaro, que le decían también el Mudo. Yo les dije que sí. (…) Bueno, el otro hecho conmocionante dentro del SI fue la venida de la Corcho, Graciela Porta. Graciela Porta era, junto con Chomicki, la Folch y el Pollo Baravalle, colaboradores activos junto con la Patota y con el SI”. Además de los precedentemente citados, los testigos Adrián Sánchez, Benito Espinosa, Francisca van Bove, Hugo Cheroni y Carmen Lucero, ubicaron a Ricardo Miguel Chomicki en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe. Del mismo modo, algunos testigos no solo lo ubican en el lugar, sino que lo sindican directamente colaborando con el resto de los captores implicados. Y así declaran María Inés Luchetti de Bettanin, Adrián Sánchez y Carmen Lucero. De manera entonces que si consideramos el marco fáctico descripto y lo comparamos con el resto de las probanzas a que se han hecho referencia en el respectivo acápite, no existe duda alguna que el acusado ha intervenido en el modo, durante el tiempo y en las circunstancias en que los han detallado las víctimas.

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4. Empero, esto no permite a este Tribunal sustentar la acusación en el modo que lo ha hecho la querella, puesto que en la causa obran también otros elementos de prueba que deben ser convenientemente evaluados. Así, de las constancias de autos, de las sucesivas declaraciones indagatorias prestadas por el acusado Ricardo Miguel Chomicki y principalmente de la Resolución Nº 88/B del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, confirmada por acuerdo de Cámara Nº 023/11-DH de fecha 8/04/11, surge que el mismo fue privado de su libertad a fines de noviembre de 1976, en condición de desaparecido hasta el 15 de febrero de 1977 y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 12 o 13 de junio de 1977. También surge que fue detenido en Rosario a la salida de un bar en la avenida Alberdi y Juan José Paso, por personal policial vestido de civil, que eran tres o cuatro aproximadamente. Que lo trasladaron a la seccional Nº 10 de esta ciudad en un vehículo civil y de allí a la Jefatura de Policía de Rosario, específicamente al Servicio de Informaciones, donde fue sometido a todo tipo torturas y tormentos que duraron aproximadamente 15 días “hasta que la gente del SI consideró de que no tenían más información que sacarme”, según sus propios dichos. Lo expuesto surge corroborado por el testimonio de Juan Carlos Ramos, quien expresó en audiencia que: “El día 1º de diciembre de 1976, yo acababa de volver de trabajar… Y entre la una menos cuarto o una y cuarto, no puedo precisar los horarios, de golpe por la ventana vemos una banda de autos que frenan de golpe, estaban personas armadas y me detienen, comienzan a golpearme en el lugar… Salgo sin venda, me esposan a un auto, me comienzan a golpear insistentemente preguntando, en el momento que salgo, veo que Chomicki estaba con las manos atrás, tirado en la parte trasera de un vehículo”. De esta y de las demás declaraciones brindadas en audiencia surge la calidad de detenido de Ricardo Miguel Chomicki. Así lo manifestado, también, por Juan Carlos Ramos quien expresó que: “Chomicki y Folch eran detenidos colaboradores”, en igual sentido lo ubica en el Servicio de Informaciones Marcelino Panicalli, cuya declaración se incorporó por lectura, que aseguró haber estado con el “Pollo” Baravalle; con el “Cady” Chomicki a quien no pudo ver, pero sí lo escuchó, y su esposa Nilda Folch. Stella Porotto se refirió a Ricardo Miguel Chomicki de esta manera: “Tam-

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bién me sorprendió la conducta de Chomicki”. La condición de Ricardo Miguel Chomicki de prisionero y víctima se encuentra acreditada además por el testimonio brindado en audiencia por Elías Carranza quien refirió que: “Entre las personas que estuvieron conmigo, Carmen Lucero, de 16 años; Adrián Sánchez, también 16 o 17 años; otro de la misma edad, Bas y Martínez, creo, estaba también el Cady y la Victoria, tendrían un par de años más pero habían quebrado y los usaban para torturar”. Si analizamos prudentemente lo que surge de los testimonios citados y lo corroboramos con otros elementos que también obran en la causa, surge innegable también la condición en que se encontraba actuando el implicado, esto es, sujeto al control total y discrecional de sus secuestradores, extremo que no ha sido contradicho por ninguna de las víctimas ni probanzas en esta causa. Es que tal era el modo de proceder de la denominada Escuela Francesa, según lo expresa en audiencia la periodista Marie Monique Robin. Sostiene que conforme a la información recabada para su documental denominado “Escuadrones de la muerte y la Escuela Francesa” los militares franceses llegaron a nuestro país a principio de los años 60, se firmó un acuerdo y llegaron los militares de la misión francesa. Con respecto a la tortura expresó que no se encontrará esta palabra en ningún documento, pero ella tuvo acceso a un borrador de un militar francés que denunció la tortura y que él mismo fue destituido, en el mentado borrador habla de la tortura como método para obtener información. El rol preponderante de la acción psicológica y la inteligencia desarrollado por el ejército en el cumplimiento del Plan Sistemático ha quedado plasmado en la entrevista que le formuló la citada periodista francesa al aquí imputado Ramón Genaro Díaz Bessone. El enemigo era ideológico, por lo tanto la acción psicológica resultaba de vital importancia, debía instalar el temor en la población con el fin de quebrar voluntades, conseguir el desprestigio del enemigo. Además, este modo de proceder se encuentra plasmado en el Reglamento RC 5.2 (reservado en Secretaria en sobre 13) que trata las “Operaciones Psicológicas” y las clasifica entre las de acción persuasiva, sugestiva y compulsiva. A estas últimas las conceptualiza como “toda acción que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas. Actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias

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básicas del hombre. La presión, insta por acción compulsiva, apelando casi siempre al factor miedo. La presión psicológica engendrará angustia; la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental. Por lo general este método será impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos o materiales que reemplazarán a los instrumentos de la razón”. De lo expresado, surge de modo elocuente que el imputado Chomicki obró entonces primero como un prisionero y luego, y merced al proceder de su captores, bien pudo haber asumido otro de los roles en que las víctimas lo ubican. 5. Llegado entonces a este punto del razonamiento, corresponde establecer si por el accionar demostrado, Chomicki debe responder penalmente o, por el contrario, existe a su respecto alguna de las causales de eximentes de responsabilidad prevista en el artículo 34 del Código Penal tal como lo reclama su defensa. Existen diversas fuentes normativas, doctrinarias y jurisprudenciales para determinar las circunstancias que eximen de la aplicación de un reproche penal a quien haya cometido un hecho delictivo. Nuestro ordenamiento jurídico contempla en el artículo 34 del Código Penal varias hipótesis en las que un delito debe ser exculpado o, en su caso, justificado, según sea la conducta analizada inculpable o antijurídica (incisos 2 y 3 respectivamente). En el orden internacional, la Comisión de Naciones Unidas logró determinar tres características condicionantes que si se cumplieran positivamente podrían ser aceptadas por el Derecho Internacional como excluyentes de responsabilidad penal: (i) que la conducta que se le incrimina al imputado haya sido cometida para evitar un peligro inmediato, grave e irreparable, (ii) que no hayan existido o que el autor no haya tenido medios adecuados o alternativos para evitar o escapar razonablemente de la situación comprometedora y (iii) que la conducta delictiva incriminada al acusado no haya resultado desproporcionada a la coacción o amenazas del daño al que se veía sometido al momento de cometerla. (Citado en el Reporte de la Comisión de Derecho Internacional, 1996, p. 969.)

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Conforme la doctrina expresada por el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio Zaffaroni (ver Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Bs. As., 2006, pág. 492 y ss.) podemos resumir que en el caso del estado de necesidad exculpante, el mismo se halla contemplado en el artículo 34 inciso 2 del Código Penal, en la parte que reza: “el que obrare violentado por... amenazas de sufrir un mal grave e inminente”. Este supuesto suele considerarse como limitado a la coacción, es decir, al supuesto en que la amenaza proviene de una conducta humana: “te mato si no matas”; el que bajo amenaza es obligado a integrar un pelotón de fusilamiento, por ejemplo. Este supuesto de estado de necesidad exculpante proveniente de la acción de un tercero suele llamarse “vis compulsiva”, para distinguirlo de la “vis absoluta” o fuerza física irresistible, contemplada en la primera parte del mencionado inciso 2 y que es un supuesto de ausencia de conducta. El inciso 2 del artículo 34 del Código Penal requiere que el mal amenazado sea grave e inminente, sin que exija que sea exactamente igual que el mal que se evita. Lógicamente, no puede haber una desproporción notoria entre el mal que se evita y el que se causa, porque en tal caso la magnitud del bien salvado no podrá tomarse en cuenta para disminuir el injusto cometido. Por “mal grave” debe entenderse en su relación respecto “al mal causado”, puesto que debe también requerirse cierta ponderación de males y también, “grave conforme a las circunstancias personales del amenazado”, ya que no cualquier nimiedad da lugar a una inculpabilidad. En cuanto la inminencia, debe entenderse por tal el requerimiento de que el mal pueda producirse en cualquier momento y en forma tal que no deje posibilidad temporal de arbitrar otra solución menos lesiva. El estado de necesidad exculpante se da cuando entran en colisión males, evitándose uno de mayor entidad que el que se causa. La coacción, entendida como la acción de un tercero que amenaza a otro para que cometa un delito, puede ser un estado de necesidad exculpante, pero también puede ser un estado de necesidad justificante: si el mal que se le amenaza es equivalente al que se quiere hacer causar, habrá un estado de necesidad exculpante: en cambio, si el mal que se amenaza es más grave que el que se quiere causar, la coacción será un estado de necesidad justificante. En los casos de coacción cuando el mal que se amenaza es

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equivalente al que se obliga a realizar (coacción exculpante) se resuelve por el estado de necesidad exculpante del inciso 2 del artículo 34 del Código Penal. Y tal parece ser el lineamiento seguido por la Fiscalía General al solicitar la absolución de Chomicki al hacer suyo el informe emitido por la Unidad de Seguimiento para el “Tratamiento Penal de conductas típicas realizadas por personas secuestradas en centros clandestinos de detención”. En conclusión, y en este orden de ideas, debe entenderse que el pedido de absolución solicitado por el Ministerio Público Fiscal se basa en las previsiones del artículo 34 inciso 2 del Código Penal. Por cierto entonces, y retomando la cuestión, e independientemente del análisis doctrinario que se haga respecto de si el mal evitado (en este caso torturas o la propia muerte del autor), resulta mayor o menor que el infringido (torturas o muerte de la víctima), queda claro que el instinto propio de supervivencia hace presumir que la persona puesta en dicha posición de peligro opte por preservar su vida antes que la de los demás. Finalmente, este Tribunal entiende que no se ha probado en autos la participación de Ricardo Miguel Chomicki como integrante del aparato estatal que ejerció una autoridad dictatorial durante la época en que se sucedieron los hechos aquí investigados y por el contrario sí se ha probado que todas las acciones de los opresores y captores generaron en los sobrevivientes de los CCD una existencia servil propia de una relación de sometimientos, sumisión y humillación, en la que, ciertamente, de dicho sometimiento, sumisión y servilismos dependía su propia vida. Así la conducta de Ricardo Miguel Chomicki fue originada por esta situación de opresión con la cual convivía y por la devastación de la propia estima y la coacción de la que fue víctima. No escapa a los integrantes de este Tribunal que la situación que debió padecer Chomicki fue la misma que debieron padecer todas las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, incluso las que sobrevivieron. Pero tampoco escapa que ninguno de nosotros puede establecer a ciencia cierta con ánimo de aproximación a la certeza, cuál es la medida, límite o tope de dolor y de tormento que un ser humano está capacitado para soportar, sin que el instinto de supervivencia lo lleve a ceder a los más espurios deseos de quienes inflingen dichos males.

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Y, considerando entonces que la vivencia de una persona que se encuentra absolutamente desprotegida en manos del Estado, en situación de total indefensión, frente a la aplicación de torturas físicas y psicológicas es, definitivamente, personal e intransferible, no corresponde a este Tribunal abrir un juicio de valor sobre si los medios empleados en Chomicki fueron suficientes o no como para anular su albedrío y voluntad. A tales fines resulta de vital importancia la estructura de pensamiento del personal que llevaba adelante esta organización de poder, que básicamente, consistía en lograr, mediante el uso de amenazas, colocar al otro en un estado de necesidad tal que, independientemente de la promesa de que un daño se concrete, realizara las conductas solicitadas cualesquiera sean, al temer por su integridad física o, incluso, por su vida. En este sentido se pronunció la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en su documento sobre el trato jurídico a las víctimas, de fecha 24 de agosto de 2010, en el que expresa: “no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas se quebraron y fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre y que fuera uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por las acciones características del terrorismo de Estado”. Así, concluye la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que es al terrorismo de Estado a quien pretende juzgar y no a sus víctimas o a sus acciones cometidas luego de la captura, sin importar lo desgraciadas o repugnantes que estas les resulten. Entonces, desde el momento en que el Estado los capturó es el Estado el responsable de su suerte y de sus acciones; por tanto de haberse cometido delitos en el curso de estas acciones impuestas, directa o indirectamente por el terrorismo de Estado, las mismas no pueden ser achacadas a quienes fueron, al menos inicialmente, víctimas del terrorismo de Estado. 6. Por todo lo expuesto corresponde absolver a Ricardo Miguel Chomicki, toda vez que la situación planteada, descripta y probada, importa una circunstancia de eximente de

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responsabilidad penal en los términos del artículo 34 inciso 2 del Código Penal. 7. El resultado a que se arriba en cuanto a la aplicación del artículo 34 inciso 2 del Código Penal, relativa a la responsabilidad del imputado, nos exime de referirnos a las demás cuestiones también planteadas por el doctor Galarza Azzoni, respecto de las que no corresponde formular pronunciamiento alguno.

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Reflexiones


El lugar para decidir por Federico Lorenz Hemos oído: No quieres trabajar más con nosotros. Que estás destruido. Que no puedes seguir de un lado para otro. Que estás demasiado cansado. Que no puedes seguir aprendiendo. Que estás acabado. Ya no se te puede exigir que sigas en la tarea. Para que sepas: nosotros lo exigimos. Bertolt Brecht

I Ni siquiera la más completa de las hazañas está a salvo de las debilidades de los hombres. En 480 a.C., Efialtes –el melio– entregó el secreto de un paso a los persas y provocó la derrota de un puñado de soldados griegos que enfrentaban a fuerzas mucho más numerosas en el desfiladero de las Termópilas. El rey espartano Leónidas y su selecto grupo de guerreros dieron la vida por sus leyes y se constituyeron, con su sacrificio, en paradigma de la entrega en nombre de la patria, y también de ciertas virtudes militares: el sacrificio, la lealtad, la obediencia. Algunas de ellas, con el paso del tiempo, se transformaron en virtudes cívicas y políticas. Efialtes, en cambio, es uno de los villanos de la Historia, y el opuesto perfecto a dichas virtudes: en griego moderno, su nombre significa pesadilla (εφιάλτης). Su traición fue tan necesaria para inmortalizar a los trescientos espartanos y a su rey Federico Lorenz es historiador y novelista. Se especializa en temas de historia argentina reciente. Es autor de numerosos artículos y libros, entre ellos Las guerras por Malvinas 1982-2012 (2012) y Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase trabajadora durante la década del setenta (2013). Publicó además las novelas Montoneros o la ballena blanca (2012) y Los muertos de nuestras guerras (2013).

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como para recordar para siempre la fragilidad de lo humano, la posibilidad de que el proyecto más perfecto, hecho carne, fracase. En 300, el comic de Frank Miller (1998), encontramos algunas claves más: por contraposición a la belleza arquetípica de los héroes griegos, Efialtes es una persona deforme, uno de aquellos seres humanos a quienes las severas leyes espartanas descartaban para educarlos como futuros guerreros. Leónidas lo rechaza, aunque el melio le demuestra que es capaz de manejar las armas. Y, consumada la traición, poco antes de inmolarse, el rey espartano –que sabe que va a morir gloriosamente– le arroja la peor de las maldiciones: “Que vivas para siempre”. Es decir: “Que recuerdes lo que nos hiciste, pero también nuestra gloria. Que recuerdes que, con tu traición, nos diste la posibilidad de entrar en la inmortalidad y de ser recordados con honor”. Episodio histórico donde confluyen lo real y lo legendario, las Termópilas arrojan la cuestión del peso de las acciones individuales en los sucesos históricos. La “decisión”. La “agencia”. Alguien “decide” traicionar, otros “eligen” sacrificarse en nombre de sus leyes, ser obedientes a ellas. El hecho de que cada uno de los roles dramáticos sea claramente identificable en este episodio emblemático de la historia clásica, no debería hacernos perder de vista todo lo que ignoramos acerca de esas decisiones personales: las verdaderas motivaciones de Efialtes, las dudas que hayan podido tener Leónidas o alguno de sus guerreros más allá de su sacrificio final, el espacio que tuvieron para decidir. ¿Tuvieron miedo? ¿Fue más fuerte la presión del grupo? Podemos, tal vez, inferir algo respecto de esto último: dos de los soldados, dispensados de entrar en batalla, no resistieron el deshonor que consideraban significaba no combatir junto a sus compañeros: uno de ellos se ahorcó tiempo después; el otro, Aristodemo, murió en la batalla de Platea al año siguiente, pero no fue honrado porque, aunque hizo prodigios de valor, se había lanzado solo al combate. Orden, lealtad, disciplina y obediencia, virtudes militares que están en la raíz del ideario militante de numerosas formaciones políticas revolucionarias, entre ellas las organizaciones armadas que se desarrollaron en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX.

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II ¿Qué tiene que ver este introito con el caso de Ricardo Chomicki, el Cady, militante montonero acusado por sobrevivientes rosarinos de haber colaborado con la represión durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) al punto de señalar y torturar a sus ex compañeros? En primer lugar, llamar la atención sobre el hecho de que la matriz con la que pensamos estas cuestiones lleva siglos de construcción, sedimentación y revalidación. Luego, que cualquier aproximación que hagamos a este tipo de decisiones será incompleta y, en parte, injusta e incómoda. Esto último, sobre todo, porque en un lugar más o menos consciente –y central o no a nuestro trabajo–, nos lleva a preguntarnos “qué habríamos hecho nosotros en su lugar”: tanto en el del héroe, como en el del traidor. Solo unos pocos pueden responder estas cuestiones de una manera que no sea retórica: los muertos y los desaparecidos, los demás sobrevivientes, y el mismo Chomicki. El punto es que a quién creerle o no deja abierto, siempre, el lugar para la incertidumbre. Esa incertidumbre se acentúa en el caso de la historia reciente: pues discutimos con los vivos, o con la memoria de muertos muy próximos, no con nombres y emblemas que ya ni siquiera son polvo en el polvo. Esa incertidumbre es la evidencia de que algunas condenas son posibles en unos planos, así como incompletas e imposibles en otros. Permite alcanzar la certeza de que, en última instancia, las respuestas quedan limitadas al viejo e íntimo campo de la propia conciencia individual. Me interesa, entonces, reflexionar sobre algunos interrogantes históricos que plantea un caso como el de Chomicki. No solo porque me parece más interesante y estimulante, sino porque además las cuestiones penales me exceden, y está claro también que buena parte del problema deviene de que se han superpuesto los campos de análisis una vez más. Por un lado, se pretende que la Justicia dé respuestas políticas (“los ‘quebrados’ deben ser juzgados”, “a las víctimas no se las debe juzgar nunca”). Por el otro, se pretende hacer justicia desde los parámetros de un paradigma ideológico que organizó un código revolucionario que en su momento “ajustició” tanto a enemigos (sindicalistas burócratas, militares, empresarios) como a militantes considerados “traidores”: el Oso Ranier (entregador de Monte Chingolo),

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Ricardo Haymal, que entregó bajo tortura los datos que condujeron a Roberto Quieto (que a su vez fue juzgado y condenado en ausencia). Está claro que hay muchas más posibilidades de lo primero que de lo segundo, sobre todo porque los proyectos políticos que ejecutaron esas muertes fueron derrotados, y sus sobrevivientes han participado del proceso de memoria en la Argentina desde el lugar principal de víctimas del terrorismo de Estado, lo que desdibujó su carácter de militantes políticos. Esa condición, entre otras cosas, les imponía asumir la captura y la tortura como parte de la batalla que libraban: el ERP, confiando en la fortaleza ideológica de sus cuadros; los Montoneros, por si acaso esta no era suficiente, distribuyendo la pastilla de cianuro que garantizaría el silencio ante la debilidad. El caso Chomicki, entonces, nos conduce al meollo de la cuestión de los sobrevivientes, los militantes y sus proyectos revolucionarios derrotados, de lo que solemos hablar bastante menos que de otras cosas. Es evidente que ante la maquinaria del terror estatal no todos actuaron del mismo modo. Hubo respuestas distintas, como hubo sobrevivientes y desaparecidos. Son cuestiones insolubles en el plano individual, pero que no por eso deben evitar la posibilidad de la reflexión histórica –ayudada, nunca superpuesta– por la judicial, y, de ser posible y a quienes les interese, la política. Una aclaración: parto de la hipótesis de que Chomicki “cambió de bando” como consecuencia de las torturas y amenazas. Eso, según la mayoría de los testimonios, parece no estar en duda. Sin embargo, algunos lo muestran “marcando” a militantes meses antes de su secuestro en diciembre de 1976, lo que habilitaría a pensarlo como un “topo”, como un infiltrado en las estructuras militantes. Esta sola posibilidad ya cambiaría completamente el eje del asunto, porque estaríamos en presencia de uno de los sin duda numerosos infiltrados que tanto contribuyeron a la derrota de las organizaciones armadas y otros frentes políticos.

III Solo queda, descartada esta hipótesis, concentrarnos en qué hacer con los dilemas que plantea el caso Chomicki. Lo primero es que, de haber podido, la organización que traicionó lo habría juzgado y ejecutado. Como señalamos, hay evidencias al

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respecto. Cualquiera que haya trabajado con testimonios de sobrevivientes ha escuchado otros casos además de los ya mencionados. Algunos bajo la forma de rumores, otros con nombres y apellidos concretos, algunos publicados, otros disfrazados de delitos comunes. Pero en este caso los Montoneros no pudieron detener, juzgar ni condenar a Chomicki, entre otras cosas porque el mundo subterráneo de los campos clandestinos les era ajeno. Estaba fuera del alcance de sus armas, aunque habitado por sus militantes capturados. Que ensayaron, sabemos hoy, diversas formas de resistencia. Pero que también, con su existencia, negaban la representación de la batalla que se hacían quienes aún no habían caído y, sobre todo, los militantes que seguían actuando orgánicamente en la Argentina y en el exterior. La lógica del combate “clásico” o “convencional”, que alimentó el repertorio simbólico de los combatientes revolucionarios: vivo, muerto, prisionero, desenganchado, condenado por traidor, pero no en el limbo. Esto abre una lista de posibilidades que enferma de solo pensarla, porque si hay algo que no es posible es una generalización, sobre todo si esta tiende a establecer que el eje de la supervivencia fue la colaboración sin establecer diferencias “entre agarrar la escoba y empuñar la picana”. Quiero decir con claridad que esas diferencias existieron, pero que tan cierto como esto lo es el que los matices son infinitos. En todo caso, desde la voluntad de comprensión histórica, solamente, es que creo relevante preguntarme por el peso de tales diferencias en el resultado final del esfuerzo represivo. Se trata de un equilibrio delicado entre diferentes y legítimas posiciones. Se pregunta, por ejemplo, María Inés Luchetti, sobreviviente querellante en la causa Díaz Bessone: ¿Por qué no podemos acusar y enjuiciar a quienes eligieron formar parte del enemigo y, en esa condición, no como víctimas, picanearon, golpearon y enterraron compañeros en el Servicio de Informaciones de Rosario? (...) Nuestras estrategias de supervivencia y resistencia, en la inmensa mayoría de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, no incluyeron la eliminación de nuestros compañeros para preservarnos. Resistimos colectivamente desde el amor, la solidaridad, la comprensión y las

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convicciones políticas, religiosas y morales que cada uno tuvo. Y elegimos, aun en las peores condiciones, no sobrevivir a cualquier precio.

Le responde (el contrapunto lo armo yo) el abogado Rodolfo Yanzón: Muchos fueron los sobrevivientes que narraron actos de solidaridad y valentía por parte de sus compañeros de cautiverio, que en algunos casos hasta costó vidas. Pero no puede tener significancia penal una conducta distinta, por más repudiable que sea ética y políticamente. La víctima es víctima en cualquier situación. Lo contrario no hace más que dar una mano a los represores, a que el campo de exterminio continúe gravitando sobre nosotros.

Aquí aparecen explicitados dos lugares de enunciación bien diferentes pero con la misma validez: el del sobreviviente derrotado orgulloso de su resistencia, y el del abogado que busca el castigo y para hacerlo ha debido construir una “víctima genérica”. Por mi parte, creo que la Justicia debe juzgar los crímenes cometidos por Chomicki, pero no puede ni debe juzgar su conducta política. Lo que la Justicia haya probado que hizo no está agravado por su condición de “traidor”, aunque lo vuelve imperdonable para algunos de sus antiguos compañeros, que no solo lo vieron actuar sino que en sus acciones palparon la derrota de su proyecto. Dice Luchetti: “No sobrevivir a cualquier precio”. Esto va directamente a la condición de sujetos de víctimas y victimarios, porque ¿cómo establecer la escala de valores para fijar el “precio tolerable”? ¿Cómo empezar a desentrañar esa pregunta sin asumir que es una tarea imposible de llevar hasta su última instancia? Si Chomicki hubiera sido asesinado y desaparecido después de haber actuado como denuncian los sobrevivientes: ¿sería menos víctima? ¿Debería tacharse su nombre de un eventual monumento a las víctimas? O, dicho más crudamente, ¿cuántos de los que honramos como desaparecidos hicieron lo mismo que Chomicki? Una controversia se ha dado a la inversa: la inclusión de los nombres de algunos militantes muertos en enfrentamientos, combatientes, en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado emplazado en Buenos Aires, frente al Río de la

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Plata. Es que la mirada judicial ha teñido la histórica. Cualquier historiador sabe que un ser humano es muchas cosas a la vez. Pero esto es inadmisible tanto para la Justicia como para el dogma revolucionario. A los culpables los condenan la Justicia y los códigos revolucionarios. A los tibios los vomita Dios.

IV Descubrí, gracias a mi trabajo, la existencia de un pariente cercano, un oficial montonero que murió, según testimonios –por ejemplo, el de Raúl “Chito” Cubas–, a consecuencia de las torturas que sufrió en la ESMA. No pude evitar pensar en él cuando me propusieron escribir sobre el caso Chomicki. Capturado el “día de las citas nacionales”, el 20 de octubre de 1976, el “Loro” Onofri murió, según testimonios, sin entregar datos a sus secuestradores. Era un oficial responsable federal de la logística de Montoneros. Conocí a una sobreviviente que presenció sus últimos momentos, que había sido secuestrada unos días antes. Habían militado juntos en la Columna Norte: los marinos la dejaron a solas con él, como parte de esa estrategia consistente en “ablandar” a los secuestrados, convencerlos de la inutilidad de resistir. El Loro, muy torturado, le ordenó: “Yo acá adentro soy el de mayor graduación. Vos hacé lo que yo te digo”. Y a continuación le indicó que hiciera el bosquejo de un falso embute (escondite) para entregarlo a sus captores. Aparentemente, estaba tan mal que no podía dibujarlo él. Ese dato ficticio determinó su “irrecuperabilidad”. Recuerdo que cuando supe la historia de mi tío sentí varias cosas. Un gran orgullo por la actitud del Loro, pero también una profunda pena, tanto por la mujer que me había contado su lugar en esa historia como por él. No sé qué sensación prevalece, se alterna según los días, según lo que uno sigue averiguando de esta época que investiga. ¿Por qué debería sentir orgullo por un pariente prácticamente desconocido? (su historia es un gran silencio familiar). ¿En qué me “alivia” saber que probablemente haya muerto sin entregar datos? Tengo claro que no juzgo a quien me contó esto, pero sí a quienes la secuestraron a ella, a mi tío y a tantos de sus compañeros. No pierdo de vista que hubo un

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aparato represivo que puso a seres humanos en situación de traicionarse y traicionar. Mi trabajo trata de aportar en esa línea desde que pude dedicarme profesionalmente a la Historia. Pero al mismo tiempo, sé que las mujeres y los hombres, en aquellos años, tuvieron espacio para decidir. Muy pequeño, ínfimo en algunos casos, seguramente inexistente en algunos otros, y por eso es un error trasladar a la Justicia la demanda de respuestas que solo son exigibles entre compañeros, a los responsables de un proyecto derrotado, o de los familiares a los sobrevivientes. Hay un plano completamente subjetivo y personal que también atraviesa y confunde estas cuestiones, y en él es imposible entrar, por lo menos desde el análisis histórico. Lograr hacerlo, sería revertir la obra destructiva no ya de la dictadura, sino del tiempo: sería re escribir la historia (escribió Gelman: algunos traicionan a la vida y se dejan matar/ otros traicionan a los vivos y se dejan vivir). Saberlo genera una tremenda impotencia. Los juicios ponen en acto tanto la imposibilidad como la impotencia.

V Pero volvamos al plano histórico. Escribí que sentí “pena”. Porque nada más “desubicado” que el Loro, con su camisa blanca manchada de sangre, maltrecho por las torturas, en la ESMA, dando órdenes como el oficial montonero que era. ¿No se daba cuenta de su situación? ¿Qué sentido podía tener ese falso dibujo, esa arquitectura ficticia que lo llevó a la muerte? Y me respondo: es que desde el punto de vista histórico, es precisamente a la inversa: si estudiamos la época, comprendemos que tenía todo el sentido que actuara así. Es lo que se esperaba de él, lo que sus compañeros esperaban de él. Probablemente lo que él quiso hacer. Lo que tal vez todos hubieran querido poder hacer. La represión ilegal, pero también las formas de la lucha revolucionaria que algunas organizaciones adoptaron, transformaron los cuerpos en campos de batalla. La brecha con el pasado donde se construyeron las tradiciones bélicas de Occidente es muy grande. Una forma clásica de concebir las guerras, con enemigos claramen-

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te identificados, resuelta mediante uno de los arquetipos dramáticos: la traición. Efialtes, el entregador de un grupo de hoplitas formados en un rígido código ético político-militar, a uno de los ejércitos más poderosos de la historia, en un desfiladero de contornos épicos. Esa forma tiñó también las prácticas políticas más recientes: “A un combatiente no se lo llora, se lo reemplaza”; “Ha muerto un combatiente, viva la revolución”; “A vencer o morir por la Argentina”, “Perón o muerte”, y una larga serie de etcéteras.

VI En el siglo XX, a millares de kilómetros y más de dos milenios de las Termópilas, Chomicki marcó a militantes desde la mesa de un bar, torturando a sus compañeros, en sótanos sórdidos, y a cuyas víctimas se les negó hasta la posibilidad del homenaje y la tumba. No tiene la epopeya clásica instrumentos para narrar lo que sucedió durante la dictadura. ¿Es que debería tenerlos? Esa epopeya también perturba. Es más que el “por algo será” trasladado a las víctimas que sobrevivieron a los campos. No se trata de que su supervivencia niegue la forma socialmente elegida para narrar masivamente la matanza, el paradigma victimológico que arraiga, a la vez, en lo martirológico. Es más que eso: el sobreviviente niega la lógica de la muerte del mártir, pero también la del soldado caído en combate. Un sobreviviente de los campos de concentración no es tampoco un veterano de guerra, salvo que aceptemos aunque sea provisoriamente, de manera analítica, que lo que sucedió aquí fue eso, o que al menos así lo concibieron sus actores, por más desproporcionado, alucinado e irreal que resulte en este presente construido desde esos despojos. Pero esa posibilidad analítica, aún hoy, permanece sellada a cal y canto por el proceso jurídico y de memoria que transitamos como sociedad desde 1983. Por eso recuerdo también a Luis Benencio, a “Jaimito”. Un militante sindical a quien entrevisté durante muchos años, hasta que nos hicimos amigos. Fue uno de los organizadores de una agrupación de la Juventud Trabajadora Peronista y miliciano montonero. Hasta su muerte, en 2011, militó incansablemente por la memoria de sus compañeros, por impulsar los juicios a los civiles cómplices. Era uno

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de los pocos con quienes se podía hablar de cualquier cosa: de la lucha, de los proyectos, de la violencia, pero también de los miedos y de las debilidades. Él lo sabía bien, porque en un momento no pudo más, y lo habló con su responsable, Hugo Rivas, actualmente desaparecido. Este le dijo que era un peligro mayor en esas condiciones, y Jaimito “se incilió” (como hay que decir ahora). Una tarde conversábamos, desde esa confianza que habíamos construido, acerca de la posibilidad de un hecho cuestionable que yo creía habían producido ellos. Jaimito no se negó a hablar. Pero dijo que últimamente le estaba molestando que se dedicaran tantos estudios a la rigidez de la moral revolucionaria, y a la violencia de los montos, y a lo equivocado del proyecto, con muchos etcéteras. Y me soltó la pregunta: “¿Por qué no hablás de lo que nos hicieron a nosotros?” Se refería, claro, a los secuestros, a los asesinatos, a las violaciones de esposas en el barrio de trabajadores navales. Pero estoy seguro de que también reaccionaba contra el despojo de sus historias, contra la reducción de la época a la subjetividad de sus actores. Creo que su reclamo tiene que ver con estas reflexiones: con no confundir los planos del análisis. Con no tomar las partes por el todo, y a la inversa, con ubicar en el plano correcto de discusión cada una de esas historias. Muchas veces la profundidad de los dramas humanos que aparecen en los juicios nos impide hacer ambas cosas. Pero estoy seguro de que lo que debemos evitar, sobre todo, es caer en el anacronismo. Como escribió Edward Thompson: “Ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales, y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia; y, si fueron víctimas de la historia, siguen, al condenarse sus propias vidas, siendo víctimas”.1 Para mí, historiador, la forma de no victimizar a las víctimas y, en ese proceso, identificar a los victimarios, pasa precisamente por pensarlos como sujetos históricos, nunca despojados por completo de su propio destino, de su posibilidad de decidir.

1.

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Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra (1963).


Y llegó la noche por Griselda Tessio Y llegó la noche, y fue una noche tal que se sabía que los ojos humanos no habrían podido contemplarla y sobrevivir. Primo Levi

I Un fantasma recorre el entramado de miserias y crueldades, de dolor y de sangre derramada, de complicidades y heroísmos que tejen las terribles verdades que se revelan en los juicios por delitos de lesa humanidad. Es una pregunta que inquieta a muchos, que desgarra el velo de lo real, que evidencia el malestar de una cultura ambigua: ¿cuáles son las opciones morales en situaciones límite? Podemos avanzar aún más en el laberinto de los interrogantes y preguntarnos si hay moral en los campos de exterminio. ¿Hay una ética especial, contaminada o avasallada por la lógica concentracionaria? ¿Hay excusas para la tortura y la delación? No puedo ignorar el carácter opaco, incompleto, de las respuestas que pueden encontrarse, pero es necesario asumir la formulación de las preguntas para ir fracturando los temores y las oscuridades de las respuestas. Es cierto que el horror de la dictadura ahogó en sangre toda posibilidad de reflexión crítica de lo sucedido. Cuando los argentinos recuperamos la democracia y la palabra en 1983, repudiando amnistías y autoamnistías, descubrimos en las

Griselda Tessio es profesora de Ciencias de la Educación y abogada especializada en Derecho Penal, Criminología y tiene una Maestría en Ciencias Sociales. Fue designada por el Procurador General de la Nación para dirigir la Unidad de Investigación a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura militar en la jurisdicción de la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario. Fue fiscal Federal de la Nación ante los Tribunales Federales de Santa Fe (entre 1984 y enero de 2007), vicegobernadora (2007-2011) y actualmente es legisladora provincial.

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investigaciones de la causa contra la Junta de los Comandantes (conocida como Causa 13) lo que muchos sabían pero no querían saber. Fue necesario quebrar la idea histórica, vigente hasta ese momento, de que los crímenes de Estado quedaban siempre impunes. En un país donde las dictaduras sucesivas, las violaciones del Estado a los Derechos Humanos y la anomia colectiva habían echado raíces profundas, donde la ciudadanía estaba envuelta en el escepticismo o el cinismo, se tornaba necesario reforzar la valoración social sobre el respeto del Estado de Derecho y la tolerancia ideológica teniendo como límite la ley, y poner en la cumbre el orden jurídico de los Derechos Humanos. El 12 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín promovió ante el Congreso la derogación de la Ley de Autoamnistía que consagraba la impunidad para los responsables de la represión, y se puso en marcha la investigación y el procesamiento, ya que el Partido Justicialista no había cuestionado la validez y constitucionalidad de la amnistía. El camino fue largo y tortuoso. Las dificultades políticas y las amenazas a jueces y fiscales, también. Pero fue necesario escuchar a los humillados y ofendidos, a las víctimas y a sus familiares, lo que no era poco. La causa contra la Junta de los Comandantes forma parte de la historia política y jurídica de la Argentina. Aquellos fueron los hechos y los procesos documentados. La hermenéutica correrá por cuenta de los historiadores y juristas, de sociólogos y actores políticos. Pero la pregunta que conmueve las conciencias es filosófico-moral. ¿Cómo enfrentar el mal? ¿Cómo responder a las violaciones masivas de los Derechos Humanos? Nos acompañan en el interrogante Kant y luego Radbruch y los frankfurtianos Theodor Adorno y Walter Benjamin, hasta llegar a Zygmunt Bauman. Todo ello supone lo que algunos llaman “el mal absoluto” (Carlos Nino) o “el mal radical” (Kant). Son ofensas tan brutales a la dignidad y a la condición humana que el sentido moral resulta desgarrado ante una realidad que muestra lo imposible de mirar. Para describir ese infierno tan temido no alcanzan las palabras de ninguna lengua. Porque ese mal que trasciende el camino de lo humano impide su comprensión acabada: “Somos incapaces de perdonar aquello que no podemos castigar e incapaces de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable” (Hannah Arendt).

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Hoy ya sabemos que la herencia de las violaciones a los Derechos Humanos marca a fuego a las sociedades que las permitieron. Porque esa herida marca también a las democracias post dictatoriales. De tal forma, dice Nino, que “el uso agresivo del Derecho Penal contrarresta la tendencia a la ilegalidad y refuta la impresión de que algunos grupos están por sobre la ley y el Estado de Derecho”. Por eso es importante pensar que el castigo del mal radical es justo, pero también es necesario para no repetirlo. Nos hemos convertido en “los avisadores del fuego” (Walter Benjamin). Hoy, después de tanto tiempo, es nuestra responsabilidad hacernos cargo de un pasado que vuelve y seguirá volviendo por años, de un pasado que nos pesa, para intentar una reflexión sin concesiones sobre las responsabilidades que nos tocaron en la historia reciente en nuestro país. Caso contrario, seguiremos siendo una sociedad y una Nación cómplice e inmadura, y lo que es peor, el grito del Nunca más se habría perdido en los torbellinos del viento del olvido.

II Las instrucciones para los fiscales emanadas de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, bajo el título de “Tratamiento Penal de conductas típicas realizadas por personas secuestradas en Centros Clandestinos de Detención”, ofrecen la posibilidad de realizar varios niveles de lectura. Primeramente se puede decir que es un conspicuo análisis de la ley a la luz de los aportes de la doctrina penal alemana y de algunos teóricos argentinos sobre diversos aspectos del ilícito y de la culpabilidad, atravesado por la situación fáctica de la coacción, modificante de la responsabilidad penal por la intervención de los conceptos de “estado de necesidad justificante” y “estado de necesidad exculpante”. El edificio conceptual que se despliega deja sentado que hubo miles de personas secuestradas, torturadas, violadas y que muchas de ellas fueron asesinadas y desaparecidas en los Centros Clandestinos de Detención (en lo sucesivo CCD); lo que se tiene probado desde la Causa 13 –o Juicio a las Juntas de Comandantes– en un número que, por aquel entonces, superaba varios centenares.

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Asimismo, el documento toma posición respecto del hecho de que algunas personas entre las víctimas –a decir verdad, pocas– cometieron acciones típicas durante su cautiverio que no deben ser consideradas antijurídicas, y son culpables de acuerdo a la definición de delito del Código Penal. Esto es así porque lo que el documento plantea es la necesidad de analizar dichas conductas en el contexto de aniquilamiento instalado en los CCD. El supuesto básico es entonces que “el que entró como víctima, sale como víctima”, presupuesto que puede ser cierto en la mayoría de los casos, o una falacia en algunos otros. En la primera página de la Introducción se citan como ejemplos de los silogismos teóricos que se desarrollarán a continuación, los nombres de Ricardo Chomicki y Nilda Foch, entre otros en la causa Nº 130/04 caratulada “Feced, Agustín y otros s/ homicidio, violación y torturas” (conocida posteriormente como la causa Díaz Bessone), del Juzgado Federal de Instrucción Nº 4 de Rosario. El extenso libelo podría sintetizarse en una afirmación primigenia: “…Esas conductas típicas fueron cometidas en un contexto tal que no es posible formular reproche penal” (las itálicas me pertenecen). La consigna relevante es evaluar si dada la condición de cautiverio clandestino e inhumano, y a pesar de conductas reprochables, no median circunstancias eximentes de responsabilidad penal. Y ante este planteo no cabe duda que, acreditado el “estado de coacción”, el reproche penal cede dando lugar a la limitación del poder punitivo del Estado por causa de necesidad justificante tanto como de necesidad exculpante, diferencia que refiere a los aspectos de la antijuridicidad o de la culpabilidad. Sabemos que las cruelísimas formas de violencia desatadas en los campos corrompieron muchas veces todas las resistencias y todas las dignidades (David Rousset, El universo concentracionario, 1946). Sabemos que a pesar de haber escuchado el testimonio de cientos y cientos de víctimas sobrevivientes, aún nos cuesta entender más allá de la razón lo que es posible hacer desde el mal absoluto. Durante mucho tiempo se intentó convencernos de que la verdad histórica sería casi imposible de alcanzar, desnaturalizada por el paso de los años y el olvido y sustituida por relatos confusos. No obstante, y así debe ser en las socie-

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dades democráticas modernas, reside en manos del Estado el deber de arbitrar los medios necesarios tendientes a obtener un alto grado de certeza respecto de aquellas verdades. Escuchar lo que fue la vida (si así puede llamarse) en los CCD es una forma de descenso a los infiernos. Nadie sale indemne de la escucha ni mucho menos de la experiencia. Las víctimas que “cavaron su tumba en el aire”, como dijera Paul Celan, o en el océano, decimos nosotros, aún nos gritan desde su silencio ensordecedor. Porque debemos convencernos de que hay una “alianza tácita” (Benjamin), un hilo conductor que acerca a las víctimas de las barbaries del siglo XX, que une el humo de los crematorios con el Río de la Plata, las fosas comunes de Pol Pot con la apropiación de niños, las limpiezas étnicas con el napalm. Los relatos de los sobrevivientes deben ser escuchados también desde las vísceras y las heridas aún no cicatrizadas. Por eso la afirmación del último párrafo del Punto 1 (Introducción) del documento referido expresaba: “Se hará referencia a ciertos tipos de conductas realizadas por personas secuestradas que suelen encontrase en las descripciones existentes sobre la vida en los centros clandestinos de detención y exterminio, y que comprenden, entre otras: el suministro de información a las fuerzas represivas que puede haber permitido la detención, la tortura y hasta el asesinato de otras personas, la intervención en procedimientos de identificación y de secuestro de personas fuera de los centros clandestinos, la intervención en interrogatorios y en la imposición de tormentos”. Por querer describir lo más asépticamente posible las diversas formas de traición, se logró –creo que a pesar de los autores– la descripción de conductas aberrantes de algunos que el documento sigue considerando víctimas. Siempre está la facultad de negar el consentimiento (Primo Levi), pero sin pensar en heroísmos y martirios sabemos que la colaboración de las víctimas es algo que buscan represores y carceleros al menos por un tiempo útil, deshumanizándolas a niveles de carne atormentada sin conciencia y buscando el quiebre en medio de la picana y el aullido. Es cierto que el quiebre puede darse porque se derrumba toda condición humana o para evitar un peligro mayor e inminente como el caso de la tortura de bebés y niños ante los ojos de sus padres, o por el mismo instinto de supervivencia.

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“Lo más cruel de la crueldad es que deshumaniza a sus víctimas antes de destruirlas. Y la más dura de las luchas es seguir siendo humano en condiciones inhumanas” (citado en Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto, 1997). Baste recordar una vez más a Primo Levi trabajando en los talleres de química en Auschwitz o los secuestrados en la ESMA que eran obligados a redactar los discursos mesiánicos de Massera y la plataforma política de su proyecto de partido, o a aquellos que sabían de técnicas de impresión para la elaboración de documentos falsos y así lograban días y meses de vida supletoria. En el 5º párrafo del Punto 2 del dictamen y su casuística desplegada de conductas, se describe la acción de servicios al personal militar –desde cebar mate, actuar de mandaderos o mensajeros y curar las heridas de compañeros hasta delatar, traicionar, y torturar– que tienen entidad diferente. Resulta difícil entender que en una sociedad democrática, ejemplar en el mundo por haber juzgado a los militares responsables del plan sistemático de aniquilación y exterminación, se concluya que “hechos como los mencionados deben ser entendidos como parte de la dinámica de detención y tortura de los CCD”. El informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) e informes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) dan cuenta de conductas de colaboración en distintos campos, logradas a causa de la tortura tenaz y permanente. Se conocen algunos “privilegios” logrados por los prisioneros de la quinta de Funes, tales como escribir o hablar por teléfono con sus familiares dando cuenta de su vida cotidiana y relatando la esperanza de ser liberados en un futuro próximo. Luego del fracaso del “operativo México” fueron aniquilados y el campo fue cerrado. Es claro que en muchos casos los prisioneros alentaban la esperanza de sobrevivir, tomar contacto con sus seres queridos o recuperar la libertad. No cabe duda que el terror constante hace funcionar un sistema perverso en el cual algunos detenidos –y solo algunos– pasan a ser victimarios. Porque más allá o más acá de Günter Jacob o de Claus Roxin, de Zaffaroni o de Bagacigalupo enseñándonos la relación entre el bien salvado y el bien sacrificado, la diferencia entre el artículo 34 inciso 3º, y el inciso 2º, en la 2ª parte del mismo artículo del

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Código Penal1, sabemos –y eso sí que lo sabemos sin necesidad de doctrina– que no cualquiera, a pesar del terror y la amenaza, se convierte de golpe en torturador de sus propios compañeros militantes. Por lo tanto, y siendo el Derecho construcción teórica-doctrinaria y plataforma fáctica, se hace preciso buscar y probar el “anclaje con lo real”, y para ello constan las actuaciones de la causa “Díaz Bessone del T.O.F. de Rosario” (sentencia 26 de marzo de 2012). En ella resultaron condenados el ex Jefe del II Cuerpo del Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara y Carlos Scorteccini. El único acusado absuelto fue Ricardo Chomicki, investigado en autos. De las pruebas surge que este militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y la Juventud Peronista (JP) fue detenido en diciembre de 1976 –aunque no consta con certeza– y permaneció desaparecido hasta febrero de 1977, para luego pasar a ser “legalizado”. De acuerdo con sus declaraciones fue sometido a torturas y vejámenes, estando en iguales condiciones su pareja Nilda Folch, hoy prófuga. Es cierto que en todo orden jurídico penal de raíz liberal el principio de inocencia es un principio constitucional y nadie está obligado a demostrarlo, siendo tarea del Ministerio Público Fiscal demostrar la culpabilidad de un acusado. En los autos referidos obran declaraciones de sobrevivientes y familiares del CCD que acusan a Chomicki de haber colaborado activamente en interrogatorios y torturas de los secuestrados, sus compañeros políticos. Siendo tan controvertidas las declaraciones de uno y de los otros –incluso la del mismo Feced, ex Jefe de la Policía de Rosario y psicópata reconocido– se fueron acumulando testimonios desgarradores de los detenidos sobre las torturas que el mismo Chomicki realizaba. Su defensa invoca como causal de justificación el estado de necesidad justificante o exculpante por la coacción y el terror que lo habría quebrado emocionalmente, no siendo comparable su conducta con las de los jefes de la re1. Código Penal Argentino. Artículo 34. No son punibles: 2º. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente; 3º. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño.

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presión, en un sentido similar a las instrucciones a los fiscales contenidas en el dictamen analizado (Procuraduría General de la Nación, 2008). Por cierto, es evidente que Chomicki no pergeñó ni dirigió la represión en Rosario, pero le puso dedicación a su tarea. El Ministerio Público Fiscal, en representación del Estado, no presentó acusación en contra de Chomicki, y este fue absuelto. Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos fácticos del teorema jurídico aplicable a Chomicki? No aparece claro su secuestro, no surgen evidencias testimoniales del mismo, no hay descripciones realizadas por sus compañeros de las terribles torturas a las que dice haber sido sometido. En un ambiente reducido como lo era el Servicio de Informaciones, con sus distintos pisos y lugares donde los secuestrados se encontraban hacinados, esposados a los barrotes de las rejas y encapuchados, pero donde eran capaces de reconocer voces, lamentos, susurros y hasta silencios, ellos no reconocieron nunca a Chomicki gritando en la tortura, ni encadenado. Solo lo vieron en la etapa de los favores y privilegios de Feced, en la etapa del traslado de la “favela” a la habitación con dos literas y una cocina, ya en activa colaboración con los verdugos. ¿Puede considerarse un caso de necesidad por coacción que Folch participara activamente en los interrogatorios descriptos? ¿O que se paseara provocativamente con la ropa de las secuestradas? ¿Qué causal de justificación le cabe a Chomicki cuando aplica la picana, o cuando le da cuatro vasos de soda a Tion provocándole la muerte, o cuando amenaza a otro prisionero con perforarle un ojo con una birome? ¿Es causal justificante o exculpante elegir a Feced de padrino de bodas? ¿Podrían explicarlo Jacobs o Roxin? Carlos Nino nos enseña que la única consideración que admite una concepción liberal de la sociedad para limitar los derechos es la necesidad de preservar otros derechos de igual o superior rango. ¿Está probado que era vida por vida? ¿O antes de la causal justificante Chomicki ya estaba exculpado? ¿Podríamos convencernos de que todo ello fue posible porque el Comandante le tomó afecto a Nilda Folch porque le recordaba a su hija? ¿Era tan sensible el corazón del Comandante? De un lado, estos dichos; del otro, las innumerables declaraciones de los sobrevivientes.

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Desconocer los testimonios brindados en el juicio por las víctimas y querellantes no resulta posible. La mayoría de los Códigos de Procedimiento modernos consagran la regla de la sana crítica para la valoración del testimonio. Sana crítica y libre apreciación razonada. En los procesos seguidos para las violaciones contra los Derechos Humanos de la dictadura argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor de la prueba testimonial adquiere un valor singular; la naturaleza de los hechos investigados así lo determina. Y continúa, la Corte, en su análisis del fallo sobre este tema tan arduo, sentando jurisprudencia inequívoca hasta la actualidad: Es, tal vez, por ello que la totalidad de las defensas la cuestionan con argumentos que pueden sintetizarse del siguiente modo: la mayoría de los declarantes resultan alcanzados por las generales de la ley (son víctimas o parientes); son parciales y mendaces dado el compromiso ideológico con el “bando vencido”; mienten acerca de su militancia política; individualizan sospechosamente a personas que no conocían hasta ese momento; pormenorizan detalles minúsculos tras varios años de distancia y pese a haber estado encapuchados; la cantidad de coincidencias arroja serias dudas; las contradicciones también; media entre ellos una suerte de espíritu de secta; tomaban contacto entre sí antes de declarar y previamente pasaban por la Fiscalía para que se los asesorase; en la mayoría de los casos repetían su declaración anterior ante Conadep, a la letra.

Esas objeciones merecen ser desechadas, ha dicho la Corte: La inmediación en la recepción de los testimonios, posibilitada por la oralidad, y la magnitud, coincidencia y seriedad del resto del material probatorio acopiado, favorece el examen crítico que el Tribunal ha efectuado sobre aquellos, guiado por las siguientes pautas: 1º) La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejen rastros de su perpetración, o


se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie, la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto. No debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como órganos de prueba revistan la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos necesarios. 2º) El valor suasorio de esos relatos estriba en el juicio de probabilidad acerca de la efectiva ocurrencia de los hechos que narran. Es un hecho notorio –tanto como la existencia del terrorismo– que en el período que comprenden los hechos imputados desaparecían personas; existían lugares clandestinos de detención dependientes de las Fuerzas Armadas; personal uniformado efectuaba permanentes “procedimientos” de detención, allanamientos, y requisas, sin que luego se tuviera noticia acerca de la suerte corrida por los afectados. (Causa 13/84)

Concluyendo: allá, entonces, y aquí, ahora, la probabilidad de que los hechos que narran los testigos haya ocurrido es alta. Además, resulta más que indicio de verdad que los distintos testigos –algunos desde el exterior– hayan declarado coincidentemente acerca de las cuestiones dolorosas de sus vidas en el CCD, y en particular sobre la conducta del que los traicionó. ¿Por qué razón se habría de descreer de los relatos o pretender que los mismos son fábulas de conjurados en contra de Chomicki? No se advierte el rédito de las víctimas sobrevivientes en tal conjura. Pensar lo contrario es atribuirles validez a los argumentos de las defensas de dictadores y represores, lo que implicaría retroceder como sociedad. De acuerdo a todo lo analizado, podemos concluir que a pesar de las causales de justificación y de exculpación invocadas, a pesar de la abstención del Estado de acusar y a pesar de la absolución, hay consenso para afirmar que Chomicki estuvo en el lugar referido, fue reconocido por todos sus compañeros y por los mismos represores, fue denunciado por extrema colaboración y tormentos, fue protegido y sacado del país con documentos falsos obtenidos por Feced y avalados por la

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comandancia del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario. Es decir: tenemos un caso, y más allá de toda duda razonable, Chomicki debió haber sido acusado y sometido a Juicio para el análisis de sus conductas.

III Para algunos este caso está cerrado y es cosa juzgada. Para muchos otros se abre una instancia de reflexión moral planteada como un conflicto entre la interpretación de la ley y la ética, entre justicia e impunidad. No saldarla resultaría peligroso para la democracia y la equidad; y mucho más si estas antinomias fueran saldadas eligiendo la impunidad. Debemos recordar que, a pesar del terror y de las torturas, los secuestrados eligieron sobrevivir como sujetos conscientes, como seres morales de la condición humana. Después del Holocausto, con la caída del nazismo y superada en parte la etapa de los juicios de Núremberg en contra de los jerarcas del Tercer Reich, historiadores, sociólogos y filósofos empezaron a reflexionar, de la mano de Hannah Arendt y de Emmanuel Lévinas, entre otros, sobre las preguntas de la moral: “La presencia del otro como cara, que es un límite al empeño por existir” (Lévinas). Aquí no puede campear el principio de la neutralidad moral de la racionalidad. Algunas circunstancias de la Historia son tan importantes que derrotaron a los verdugos de cada época en sus intentos de borrar las huellas del crimen, de desaparecerlo, de asesinar la memoria. Vuelvo, para finalizar, con un texto paradigmático: “Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos: si hablamos no nos escucharán y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitaron hasta el nombre y si queremos conservarlo debemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombrar algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca” (Primo Levi, Si esto es un hombre, 1947).

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El dilema ético del caso Chomicki por Lucila Edelman

Los juicios Los juicios a los represores expresan en sus particularidades un aspecto del proceso social y constituyen verdaderos analizadores de la complejidad de este período histórico. No pueden ser comprendidos al margen de la profundidad de la lucha democrática antidictatorial y de su continuidad en el masivo y sostenido movimiento contra la impunidad. Estas y otras ideas que desarrollaré en este texto provienen de un trabajo realizado en conjunto con Diana Kordon en el artículo “Procesamiento psicosocial y justicia”1. Ha sido de enorme magnitud el movimiento social que se desplegó y se despliega aún hoy, en cuanto a conseguir la aplicación de justicia con relación a los crímenes cometidos durante la dictadura. Este tuvo momentos de avance y otros de retroceso. Cada uno de los procedimientos conquistados en dirección a la aplicación de justicia que culmina con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso Nacional en el 2003, así como la declaración de inconstitucionalidad de los indultos dada por la Corte Suprema en el 2005, y el inicio de los juicios a los represores han sido posible, fundamentalmente, gracias a la profundi1. Diana Kordon y Lucila Edelman, Elaboración psicosocial y clínica de los traumas colectivos, en Sur, dictadura y después, Psicolibro Ediciones, Buenos Aires, 2010.

Lucila Edelman es médica, psiquiatra y psicoanalista. Miembro del Comité Ejecutivo del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y del Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo (1979-1990). Es coautora, entre otros, de los libros Efectos psicológicos de la represión política (1986), La impunidad: una perspectiva psicosocial y clínica (1995) y PorVenires de la Memoria (1997).

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dad que adquirió en nuestro país la lucha contra la impunidad. Por eso podemos decir que a estos juicios los supimos conseguir. Todo este procesamiento no se ha dado, ni podía haberse dado en una situación neutral. Al no haberse producido un derrocamiento revolucionario de la dictadura, los mecanismos jurídicos llevan la marca del carácter de clase del Estado y de la instrumentación política de los sectores dominantes. Desde ya, los cuerpos jurídicos tienen todo el peso de lo instituido mientras que el movimiento social es el productor de lo nuevo. A pesar de la importancia histórica que han tenido los juicios realizados contra las juntas militares, estos tuvieron el sello de los acuerdos políticos realizados para el pasaje de la dictadura al gobierno constitucional, que estaban muy por detrás de las demandas y expectativas populares. Así los juicios se denominaron por los excesos en la lucha contra la subversión. La valoración de los juicios actuales no es, desde ya, homogénea. Algunos sectores absolutizan los logros conseguidos y los identifican con una “auténtica democracia”, negando todas sus limitaciones. Otros proclaman como una certeza sin cuestionamientos “esto es lo posible”. La extraordinaria movilización popular desplegada durante tantos años impuso la exigencia de justicia como una necesidad del conjunto social. De esta manera se lograron conquistas aun sin cambiar el sistema en su conjunto. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tuvo un carácter instituyente, ya que generó una nueva situación que desconoció normativas precedentes sobre la no retroactividad de las leyes. Su sanción está inscripta en los múltiples efectos que tuvo la rebelión popular de diciembre de 2001. Los juicios que, como consecuencia de esta anulación, se llevan a cabo actualmente, tienen un gran valor simbólico e histórico porque implican, de hecho, y a pesar de todas las maniobras de ocultamiento y dilación, el reconocimiento por parte del Estado del genocidio2 perpetrado. 2. El término genocidio ha sido impuesto por el movimiento social. A pesar de que en la sentencia del juicio a Etchecolatz se refiere a hechos ocurridos “en el marco del genocidio”, la figura jurídica que más se utiliza es la de crímenes de lesa humanidad.

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Si entendemos la cultura como síntesis de las prácticas sociales, los juicios además de constituirse en hechos políticos, se inscriben como acto cultural de reafirmación de enunciados identificatorios sociales. Estos sentidos serán transmitidos transgeneracionalmente y hacen a la construcción de identidad, colectiva y personal. Constituyen un hecho trascendente que hará marca en la memoria histórica. En el desarrollo de los juicios, como no podía ser de otra manera, están presentes los límites de este Estado y de los custodios de la continuidad del poder de las clases dominantes. Por la magnitud de la represión realizada, por su carácter sistemático y planificado, hubiera sido necesaria la adopción de una metodología que garantizara plenamente que el objetivo de justicia se hiciera realidad. Entre estas limitaciones ocupa un lugar importante el hecho de que no se ha logrado aún la apertura de los archivos de la dictadura. Esto nos impide contar con información precisa, sobre si, por ejemplo, Chomicki fue desde el vamos un infiltrado de los servicios de inteligencia, como ha podido conocerse en el caso de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante desde muy joven de los servicios de inteligencia. Por otra parte no se consideran las características excepcionales de los hechos represivos y la masividad de los crímenes de los que aquellos deben dar cuenta, y transcurren como si se juzgara delitos aislados individuales y no una práctica planificada y sistemática. El tiempo que requieren, el número limitado de represores a los que alcanza, la inacabable repetición de testimonios por los pequeños grupos de casos que en cada oportunidad se consideran, el hecho de que haya que probar una y otra vez torturas, asesinatos, violaciones, apropiación de niños ya reiteradamente probadas socialmente, relativizan su eficacia y generan en algunos escepticismo en cuanto a las perspectivas de sus resultados. En síntesis los juicios son un producto que dejará huella en el procesamiento social de la resistencia a la dictadura y a la impunidad.

Los colectivos testimoniantes En el marco del amplísimo movimiento social, se han conformado a lo largo de los años distintos colectivos testimoniantes, en el que participan amplios sectores que han ido atravesando al mismo tiempo vicisitudes traumáticas y reparatorias.

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Las Madres de Plaza de Mayo, avanzada pública de la resistencia antidictatorial, encarnaron el inmenso testimonio social de la denuncia de los crímenes y de la lucha contra la impunidad durante largos años. A partir de 1996 HIJOS integró, con sus características específicas, este colectivo. Las personas que estuvieron detenidas desaparecidas, especialmente aquellas que se agruparon a partir de ese hecho y se comprometieron en un proyecto de justicia y memoria, conforman hoy el núcleo central de ese colectivo que no solo ha dado testimonio social de lo ocurrido sino que ha tenido una activa participación en la lucha contra la impunidad. La exigencia de que sea el Estado el que reconozca y juzgue los crímenes cometidos ha ocupado parte central de su actividad. Sin duda, los 60 testigos y querellantes en la causa del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario conforman uno de estos colectivos testimoniantes. El peso de sus dichos se apoya en el doble carácter de víctimas y de testigos, ya que han conocido y vivido desde adentro cada uno de los hechos que requieren de su narración. Sin lugar a dudas, las personas que hoy dan testimonio porque pasaron por los campos de concentración y que han sufrido en esa experiencia todo tipo de vejaciones tienen, con nombre propio, derecho a reparación por parte de la Justicia. Al mismo tiempo son testigos calificados que testimonian por quienes ya no están. Estas personas son, como se dijo hace ya muchos años a modo de consigna, las que llevan en su cuerpo todas las memorias. Si bien este es el grupo social que sustenta en lo fundamental la tramitación del testimonio jurídico, su rol responde no sólo a su propia necesidad, sino a la necesidad del cuerpo social de saldar una deuda simbólica con todos y cada uno de los desaparecidos, con las personas y también con abstracciones como los ideales comprometidos con ese período histórico. La importancia de los juicios no tiene que ver solo con el pasado, sino que apunta a una necesaria construcción de sentidos, de significaciones, de objetivos, con relación al presente y al futuro. En el colectivo que testimonia hay diferentes posicionamientos: para algunos el sentido es la obtención de justicia y la expectativa de un nunca más como consecuencia. Otros relativizan los logros posibles e inscriben la obtención de justicia

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en un proyecto de transformación revolucionaria más allá de los juicios mismos, transformación que entienden como única garantía de un verdadero nunca más. Entre ambos márgenes hay los más diversos matices. Desde el punto de vista subjetivo, todo proyecto –y en este caso el proyecto de justicia– incluye un deseo y una ilusión que otorga potencia y que lo motoriza. Más allá de esto, en la obstinada demanda de justicia, que compartimos con tantos otros, encontramos un plus ligado a la emoción: un deseo, una cierta ilusión, ya sea de cerrar subjetivamente un período de sufrimiento o de resolver un imposible: la anulación de los hechos traumáticos. La participación en este colectivo testimoniante ha implicado una decisión grupal y personal. La recuperación de la historia vivida, en este marco, tiene un carácter reparatorio, porque implica la comprensión de significaciones y la producción de nuevos sentidos. En las situaciones traumáticas como las vividas la cuestión del sentido de lo ocurrido no es menor. Hemos sostenido que “la problemática del trauma está vinculada no solo al monto desestructurante del estímulo, sino también al sentido que este adquiere para cada persona y a la posibilidad de encontrar o mantener apoyos adecuados para el psiquismo”3. Primo Levi dedicó su vida a testimoniar, más allá del contexto de lo jurídico: 3. Kordon, Edelman, Lagos y Kersner, Trauma social y psiquismo. Consecuencias clínicas de la violación de los derechos humanos, en Paisajes del dolor. Senderos de esperanza. Salud mental y derechos humanos en el Cono Sur, Polemos, Buenos Aires, 2002. “De acuerdo a nuestra concepción del trauma, existe una relación de interioridad entre los factores causales, la conformación previa de la personalidad, la situación vincular, el proceso de traumatización, las apoyaturas y apuntalamientos grupales con los que cuenta el sujeto, los modelos identificatorios, el discurso y los sistemas de ideales colectivos hegemónicos, los efectos psicológicos, las posibilidades de elaboración personal y social de la afectación por el trauma, y los fenómenos de retraumatización. Además de la fortaleza del yo y de las condiciones previas de personalidad, factores indudablemente importantes, la comprensión de la situación, el posicionamiento ideológico previo, el sentirse parte de un conjunto trans-subjetivo, que en el plano social comparte un proyecto, el sostenimiento de un nivel de pertenencia maduro respecto del grupo del que se es miembro, tienen importancia en cuanto a la incidencia de la situación traumática en la subjetividad y a la posibilidad de preservación personal. Tener en cuenta que la situación

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“Estoy en paz conmigo mismo porque he testimoniado”. Sin embargo, los efectos traumáticos pueden ser tan profundos y duraderos, que tanto él como Bruno Bettelheim se suicidaron mucho tiempo después. Jorge Semprún también testimonió, aunque en otra perspectiva, y sólo al final de manera más directa, haciendo la narrativa de sus propias vivencias4. Conocer e interpretar hechos ocurridos en el pasado, comprender la experiencia histórica, permite que un grupo social pueda adueñarse de ella y elaborarla, de modo que las transformaciones del presente y la formulación de proyectos sean consideradas necesarias y deseadas por el conjunto como producto, en ruptura o continuidad de un proceso. Asegura, entonces, la identidad de esa comunidad, en este caso la Argentina toda y no solo del grupo de afectados directos.

Sobre las experiencias de los centros clandestinos de detención Es muy apropiado el reclamo que efectúan los testigos y querellantes sobre que cada experiencia represiva es diferente, y que no puede de ninguna manera generalizarse. Innumerables genocidios se han producido a lo largo de la historia, ya sea como parte de procesos colonialistas o en el marco de guerras regionales o mundiales. También el terrorismo de Estado ha sido práctica común en distintas sociedades a lo largo del siglo XX. A partir de la experiencia de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, se han escrito no solo testimonios sino también teorizaciones. Parecen importantes las palabras de Bruno Bettelheim cuando dice que “la defensa intelectual mediante la comprensión era la seguridad más eficaz de vivida tiene un significado tanto para el poder que ejerce la violencia traumatizante como para aquel que la sufre, no es en absoluto independiente del nivel de afectación que puede producir la situación traumática. Por eso también tiene importancia para la elaboración del trauma la posición, activa o pasiva, que el sujeto asuma. No es indiferente tampoco la resolución que se produzca en el marco social. Este posicionamiento respecto de la situación traumática incide en la consideración que hacemos acerca de la falta de linealidad en la relación causa-efecto, entre situación traumática y efectos en el psiquismo, y está vinculado a que no necesariamente una situación traumática produce enfermedad psíquica.” 4. Jorge Semprún, La escritura o la vida, Tusquets, Barcelona, 1997.

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que no se estaba indefenso del todo, y hasta se podía salvaguardar la personalidad ante una amenaza crítica”5. Agamben, en cambio, , escinde la escena descripta por Primo Levi, una vez liberado el campo: suprime al militante que llora recordando los años de internación y simultáneamente canta la Internacional como una reafirmación identitaria, para quedarse solamente con la desgarradora imagen del niño cuya edad no se conoce y que repite sonidos incomprensibles al menos para los que están presentes6.

Sobre el dilema ético Sin posicionarnos desde ninguna idealización, creemos que hay una diferencia entre aquellos llevados a los campos por su condición étnica o su nacionalidad y aquellos otros que fueron llevados por sus posiciones de enfrentamiento al nazismo, y hasta llegaron a tener una organización interna dentro del campo. También hay diferencias entre cada proceso represivo, las circunstancias históricas, sociales, el proceso de elaboración subjetiva en su doble aspecto individual y colectivo, etcétera. ¿Cuántos años llevó el reconocimiento del genocidio indígena en la Argentina? ¿Qué influencia tuvo esto sobre los pueblos originarios? Los conceptos citados por los querellantes del dictamen de la Procuraduría General de la Nación del año 2008, que sostiene que la omnipresencia del terror llevaba a que “muchos detenidos pasaban a ser victimarios”, efectuando “comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio”, “sin necesidad de que las órdenes se explicitasen”, resultan francamente inadmisibles y hasta adquieren características agraviantes para aquellos que pasaron por los Centros Clandestinos de Detención, enfrentan la declaración en un juicio y se encuentran con estos argumentos para justificar el no juzgamiento de Chomicki. Resultan agraviantes incluso aunque por otras razones se pueda coincidir en la opinión de no acusar a Chomicki u otros. Tengamos en cuenta que declarar en un juicio tiene un aspecto reparador, pero también un aspecto 5. Bruno Bettelheim, El corazón bien informado, FCE, México, 1973. 6. Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz, Pretextos, Valencia, 2000.

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retraumatizante. Es comprensible la reacción indignada de los afectados. Por una parte no se puede desconocer que Chomicki fue un torturador. No un colaborador, sino un torturador, y marco acá un límite, coincidiendo con las opiniones de las abogadas de la querella. Además, un torturador que a lo largo de más de 30 años, en diferentes contextos políticos y sociales del país, nunca se arrepintió, ni brindó información sobre el destino de desaparecidos que podía conocer. Si bien su responsabilidad es indudablemente menor que la de aquellos que implantaron el terrorismo de Estado, planificaron la política de desapariciones, organizaron los CCD, el hecho de conocer a las víctimas y utilizar este conocimiento en la tortura es generador en estas de vivencias de odio y rechazo más personalizadas aún que las que pudieran generarle los responsables principales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en algunos CCD se intentó construir espacios de convivencia entre represores y prisioneros, tratando de naturalizarlos. La posición del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial ha sido siempre de que los juicios legitimen una clara línea demarcadora entre verdugos y víctimas, lo que se expresa en que solo sean juzgados los represores. Esto tiene importancia porque cuestiona la teoría de los dos demonios y sus equivalentes. Sin embargo, en este caso, ante la unanimidad y firmeza de las declaraciones de los testigos, que ubican a Chomicki como torturador, ante la gravedad de lo actuado sistemáticamente por él, ante su actitud posterior, estimo justo el reclamo de ese colectivo testimoniante sobre lo ocurrido en el CCD del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, y me inclino por su juzgamiento, diferenciando su grado de responsabilidad del de los otros acusados.

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¿Quién es culpable? por Héctor Schmucler

¿Se trata de la causa Díaz Bessone o estamos frente a la causa Chomicki? La pregunta, así formulada, solo podría revelar ignorancia: histórica y formalmente es indudable que no existe otra causa judicial fuera de la que estableció sentencias condenatorias en marzo de 2012. Sin embargo, la publicación de un libro sobre el tema, para el cual estoy escribiendo estas líneas, tiene como punto de partida no las condenas sino la absolución de un inculpado en el juicio. De hecho, y aunque distante de los estrados judiciales, para quienes repudian la falta de castigo al exmontonero Ricardo Miguel Chomicki, está abierta una nueva causa cuyo alcance desborda infinitamente los límites de un trámite jurídico. El caso Chomicki, en realidad, reformula un interrogante que no ha dejado de inquietar a los hombres desde siempre: ¿quién es culpable? Estamos en el espacio de lo trágico, es decir, de ese toque de inconmensurabilidad que atraviesa gran parte de los actos humanos. La causa Díaz Bessone acredita crímenes aberrantes ejecutados por perpetradores responsables porque eran conscientes de lo que hacían. El caso Chomicki, aun aceptando la comisión de crímenes similares, no debería homologarse. Cuando un ser humano de 18 años es llevado a perder la noción misma de conciencia, y aun cuando él mismo no lo perciba, ha sido privado de las condiciones elementales que lo hacen responsable. Entre los perpetradores miem-

Héctor Schmucler es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y perteneció al CONICET, del que se  retiró con la categoría de Investigador Principal. Es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y por la de San Luis. Fue profesor de diversas  universidades argentinas y extranjeras. Es autor de varios libros y numerosos trabajos publicados en revistas especializadas.  Fundador de revistas como  Pasado y Presente, Los libros, Comunicación y Cultura y Controversia. Ha sido miembro de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba y dirige el Programa de Estudios sobre la Memoria en la Universidad Nacional de Córdoba.

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bros de los organismos represivos y los delitos de Chomicki media un abismo insuperable. Y lo trágico, la percepción de lo irremediable, tal vez surja de la necesaria convergencia de ambos para que los hechos hayan sido como fueron en el pasado. Aunque nada los iguale, lo uno sería inexplicable sin lo otro. Más allá de la impensable crueldad de la tortura, se yergue la absoluta maldad de intentar reducir la vida humana a mero objeto instrumental. En la “causa”, uno es verdugo y otro víctima, aunque a veces los límites parezcan difusos. Pero el que es víctima, por serlo, no es dueño de ninguna verdad, salvo la de su padecimiento, que tampoco basta para hacerlo necesariamente más justo. Se sigue siendo víctima aun cuando, en otro escenario, la víctima ocupe o haya ocupado el lugar de victimario. Las dolorosas argumentaciones que se pronunciaron durante el largo proceso que demandó la causa Díaz Bessone permiten afirmar convicciones morales que deberían ser incuestionables: bajo ningún pretexto y en ninguna circunstancia es admisible la tortura; de la misma manera que nadie, absolutamente nadie, puede atribuirse el derecho a disponer de la vida del otro. A los perpetradores de los crímenes se los condena porque “sabían lo que hacían” con personas incapaces de defensa; la víctima, en el momento de ser víctima, resulta inocente. Se es inocente porque víctima y esto no habla de las buenas o malas razones que fueron urdiendo la trama en que la víctima se vio envuelta. Ciertos interrogantes, cuando surgen descarnados, vacilan ante el temor de ser erróneamente interpretados, como si ocultaran respuestas categóricas cuando solo pretenden ahondar en la complejidad de los hechos. Algunas preguntas resultan cruciales y a veces inesperadas. Lo peor es evitarlas. Quienes exigen la condena a Chomicki, ¿lo enjuician por traidor? Y en ese caso, ¿traidor a qué? ¿Qué se busca castigar? ¿Qué otro y prioritario pensar se clausura cuando todo parece explicarse por la traición como argumento inapelable? En el ejercicio de la memoria, nada ha servido tanto para oscurecer el pasado (para olvidarlo) como el magro expediente de ver en la traición las causas de los fracasos de los movimientos que se querían emancipadores. El epíteto de “traidor” ha acompañado una innumerable lista de asesinatos infames. Al culpabilizar a otro se busca, con agobiante frecuencia, el ocultamiento y la liberación de las responsabilidades propias. Pero, con la misma frecuencia, la suerte suele admitir que los papeles roten bruscamente. Entonces, el héroe justiciero

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de hoy se hunde bajo la misma acusación con que construyó su figura eliminando a los otros por traidores. Será su turno de ser traidor. La verdad, si es que llega, suele demorarse hasta la desesperanza. Y en todo caso, para los que murieron, la verdad siempre llega tarde. La justicia, como la memoria, sólo alcanza a los vivos. En los muertos, la injusticia se consuma para siempre. Mientras tanto, cuando los “justicieros” de hoy insisten en no admitir otra posibilidad que la de ser héroe o traidor, anulan otras opciones y cancelan el espacio maleable de la vida; niegan ese único tiempo que nos permite ser lo que somos: seres humanos, cuerpos que sufren y que a veces se desesperan porque ya no son dueños de ellos mismos. En el caso de las víctimas del terror desencadenado en los años 70, es difícil precisar con nitidez cuándo empezó, para cada uno, este despojamiento de sí mismo. Pero es claro que cuando toda ilusión se derrumba, el cuerpo martirizado manda; la materialidad irrenunciable del cuerpo se impone sobre cualquier fuerza que antes podría haberlo sostenido. El supliciado, con toda su historia a cuestas, ya no es el mismo. Si aún existe alguna esperanza sostenida en el acto de recordar, la memoria no debería prescindir de esta endeble condición humana. Hace más de treinta años, en 1980, cuando en mi exilio mexicano se conocieron los primeros testimonios de sobrevivientes de los Centros Clandestinos, y cuando algunos de esos sobrevivientes empezaron a convivir con nosotros y a contarnos sus cruentas experiencias, escribí un artículo sobre esos testimonios. Extraigo de allí algunas líneas. Me atrevo a reproducirlas porque ya entonces la confusión estaba instalada: Pocos son sobrevivientes. ¿Cómo pudieron sobrevivir? ¿Por qué no los mataron también a ellos? Una compleja red de motivaciones permitió su sobrevida. Lo cierto es que allí están y algunos de ellos han dado fe de lo que pasaron. Entre otras cosas, de su colaboración con los represores. Según los testimonios, todos los sobrevivientes colaboraron en distintas proporciones, o simularon convincentemente alguna forma de colaboración. El coro de los justicieros en el exilio se levantará una vez más para señalar a los traidores. ¿Traidores a qué? ¿Desde dónde enjuiciarlos? Toda generalización no es más que eso: la afirmación de valores globales

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que no dan cuenta de los hechos reales, históricos. La generalización suele ser un sinsentido. Pensar la situación del torturado en general, nos remitiría a categorías irrelevantes. ¿Por qué colaboraron los torturados en los campos de concentración argentinos? ¿Cuál podría ser el trato con la muerte de estos seres que muchas veces regresaban de la muerte? La pastilla de cianuro que acompañaba permanentemente a gran número de militantes guerrilleros ¿tendía a evitar la traición? ¿Se ha pensado lo que significa como proceso de desgaste y subestimación el sentirse “traidor en potencia”? Para negarse a la posible traición, el militante se transforma en suicida constante. Ante cada riesgo, la pastilla entre los dientes. Una, dos, tres muertes diarias. Entre traidor y suicida, ningún lugar para la vida. El torturado que delata, que colabora, frecuentemente no es derrotado solo por el sufrimiento. Su derrota es previa; cae derrotado porque ha vivido en un diálogo continuo con la muerte, donde el fin de su cuerpo aparece como una instancia táctica al servicio de una técnica política. La derrota, paradójicamente, se produce cuando toma conciencia de que la muerte no es inevitable. De que la vida es posible y que lo único que se le había ofrecido es la muerte. A la máquina terrorista implementadas por las fuerzas armadas, se opone otra máquina que solo confía en su confianza técnica a cuyo servicio están los militantes. Cuando el militante sobrevive (aun a pesar de él) y observa que puede escapar de la máquina a la que estaba enajenado, sufre una conmoción y queda sin asidero. Ya no tiene sentido morir por la máquina a la que servía; entonces ve la posibilidad de la vida que se le impone. En un orden casi espeluznante, ha vencido a la muerte. Pero también por esta razón, porque es máquina versus máquina la realidad que se le ofrece, en algunos casos, cuando sobreviene la ruptura total, la vida es asumida como terror que hay que vencer pasando a servir a la otra máquina destructora. Si no hubiera una matriz sustancialmente similar, sería difícil comprender por qué se puede pasar a la máquina hasta ese momento enemiga. La derrota del militante aparece como una esperanza que se le había negado; porque la organización está construida en función de la muerte. Bruscamente termina el encandilamiento y, en los mejores casos, se vuelve a la vida y se

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desea compartirla. Tal es la situación de los sobrevivientes que aprovecharon favorables circunstancias para salvarse y salvar a otros; salvarse juntos, contra el enemigo y contra los que ayer eran sus amigos y se transformaron en los peores acusadores.1

Lo trágico, en el caso Chomicki, está envuelto en los enigmas que no han dejado de atravesar la existencia humana en todos los tiempos y que los vencedores han tratado de ignorar para sostener el derecho a imponer sus leyes. Antígona, al desafiar las leyes de la ciudad para cumplir con las permanentes y no escritas leyes de lo sagrado, sabe que su hermano Polinices es, para Tebas, un traidor. Pero cuando Creonte, legítimamente, prohíbe que se le dé sepultura, elude una ley superior y lo convierte en víctima. Antígona se apiada de la víctima, no del traidor. El vencedor no cabe en el espacio de las víctimas (aunque alguna vez lo haya sido); la víctima, en cambio, siempre está en el lugar de los vencidos. Se es víctima porque un ojo ajeno puede reconocerla como tal. La víctima es una forma de ser mirado por los otros. Saberse víctima no libera del sentimiento de culpabilidad ni borra el recuerdo de los actos pasados. Se sigue viviendo a pesar de ser víctima. Y a pesar de las culpas que permanecen. Otra cosa es “vivir en condición de víctima”, que bien puede ser la manera de mirarse a uno mismo como si fuera un ajeno y que, a veces, envuelve el esfuerzo por olvidar (encubrir) las culpas propias que parecen deslegitimar la tranquilizante convicción de ser solo víctima. La víctima no puede dejar de ser inocente. Entre todos, ningún argumento contra Chomicki es más sólido que el de aquellos que sostienen que no es un traidor sino que fue “leal” a su decisión previa de incorporarse a las fuerzas represivas. Describirlo como contrincante no solo lo excluye de la condición siempre piadosa de víctima. Si fuera así, la tragedia se desvanece y mis propias argumentaciones carecerían de sustento. Solo permanecería, además de exigir la investigación y el castigo por sus crímenes, la condena moral por haber obrado de mala fe. Pero los mismos que afirman esta hipótesis, ¿condenarían moralmente a alguien de sus propias filas militantes que, en cumplimiento 1.

Controversia, México, diciembre de 1980.

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de sus objetivos, hubiera “penetrado” al enemigo con el afán de destruirlo? Los vencedores no enfrentan juicios por traición. Una causa, como la causa Díaz Bessone, se abre a la incertidumbre del litigio. Sin la aceptación del litigio, de las miradas encontradas, la idea de juicio pierde sentido. En el juicio se juegan –por encima de la severa razón de la justicia– todas las creencias, las pasiones y los laberínticos caminos de la memoria. Una y otra vez se desafían los límites de la verdad. Está el dolor, que sin duda es verdadero tanto para la víctima como para el victimario. Rara vez está presente la tragedia, donde se abisma el recto argumentar de las leyes establecidas por los hombres. No es un defecto del orden jurídico. Sea cual fuere, cualquier ley humana es falible porque para una buena parte de la humanidad resulta inconcebible la idea de un hacedor humano perfecto, indudable, definitivo. Exactamente lo contrario ocurre con los dioses. En el espacio de lo Divino, el concepto mismo de ley resulta incómodo. Dios –en cualquiera de las significaciones que se le adjudiquen– es uno con la ley. Sus actos y el orden que propicia son la ley. Justamente por esa incomprensible condición, para los ojos humanos –impedidos de evitar la duda– los hechos que se les asignan a los dioses aparecen arbitrarios, no sujetos a ninguna norma. Sus designios son inalcanzables aunque resulte abrumadora la idea de que no los tengan. Sin otra coerción que no se identifique con su ser mismo, los actos de Dios son necesariamente perfectos y es entendible que Leibniz propusiera que este mundo, creado por Dios, es el mejor de los mundos posibles. En las antípodas de los dioses, los seres humanos niegan su propio ser cuando desdeñan las leyes que ellos mismos se otorgan. Nos debemos a leyes que sabemos sujetas a errores y, en todo caso, podemos establecer otras que serán igualmente imperfectas: la infinita potestad de los dioses no cabe en ningún ser humano. Lo trágico, tal vez, es la expresión del olvido de esta diferencia. Una y otra vez los hombres han intentado borrar los límites y se creyeron dioses. Solo lograron multiplicar las víctimas y perfeccionar la injusticia. El mal se alimenta de la negación de este conflicto que, sin embargo, parece marcar la condición humana.

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El valor de la palabra devenida testimonio por Marta Bertolino Lo que se borra como no habiendo tenido lugar, no tiene lugar donde escribirse para ser pensado y para articular el curso de las historias individuales con el curso de la historia colectiva. René Kaës, Violencia de Estado y psicoanálisis, 1988.

La gravedad del “acontecimiento Chomicki” excede en mucho el hecho de su absolución por parte del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, en el veredicto hecho público el 26 de marzo de 2012. No porque carezca de importancia una sentencia que todos los sobrevivientes de ese centro de exterminio sin excepción consideramos injusta. Sino porque la peor injusticia para los denunciantes víctimas de Chomicki la constituyen las acciones, enunciados y omisiones de los que se valieron ciertos actores institucionales para lograr una absolución que estaba muy lejos de ser la sentencia más probable. Y más lejos aún de ser la merecida. Quiero decir que, aunque el escenario en que el “acontecimiento Chomicki” se despliega haya sido un juicio, la cuestión desborda por todos lados lo estrictamente jurídico y pasa a formar

Marta Bertolino es psicoanalista, poeta y docente. Profesora de Análisis Institucional en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Coordinadora Clínica de los equipos de profesionales del Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos en los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad. Miembro de la Comisión Directiva del Museo de la Memoria de Rosario en representación del Concejo Municipal. A punto de parir a su primera hija, fue secuestrada por la dictadura junto a su esposo Oscar Manzur, con quien compartió la desaparición y la tortura en el Servicio de Informaciones de Rosario. Alejandra, su hija, permaneció un tiempo desaparecida. Del grupo familiar solo sobrevivieron madre e hija, aunque largos años de prisión las separaron.

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parte de los modos de producción de subjetividad y de los modos de construcción de verdad y memoria en el marco de los conflictos histórico sociales, que incluyen (aunque no se agotan en) lo jurídico. Y cuando digo gravedad pienso sobre todo en el efecto siniestro que tuvo sobre los ex detenidos-desaparecidos del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe la posición negadora asumida por algunos actores de la acusación frente a los hechos denunciados, esa especie de no lugar mortificante adonde fuimos reconducidos al ser desestimadas nuestras palabras. Al chocar contra un muro de silencio lapidario que una vez más nos desaparecía en tanto sujetos, porque ni siquiera se nos daba el estatuto de interlocutores que insistentemente reclamamos. Y no digo ante los jueces. Ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pretendía representarnos, al mismo tiempo que desoía nuestros relatos minuciosos de cada fragmento de lo vivido que nos tuvo por involuntarios protagonistas y esgrimía un “desistimiento de acusar” a Chomicki donde antes había interpuesto una acusación, sin dar cuenta y razón ante sus “representados” de tamaño viraje, apuntalado en la instauración forzada de una versión canónica, a todas luces falsa, acerca de “la dinámica de los centros de detención” y los “comportamientos típicos” de los detenidos, que los propios ex detenidos-desaparecidos en sus testimonios una y otra vez desmienten. Como pudo comprobar fácilmente cualquier ciudadana/o asistente en calidad de público a las audiencias. Pienso en los excesos en que pueden recaer unos actos y una escritura cuando lo que se persigue es la borradura de lo que resulta embarazoso. Hablo de lo que pesó y seguramente seguirá pesando como corolario de ese juicio, y no precisamente para los imputados, ni exclusivamente para los afectados directos. Hablo también de lo grávido de sentido; de gestos, de enunciados, de silencios cargados de significación y que por lo tanto merecen ser desentrañados, interrogados, elucidados. De lo contrario, ¿qué sentido tendría esta publicación? No quiero reiterar cosas sobre las que me explayé en el transcurso del juicio. Remito al lector/a a aquellos textos. Una serie de notas publicadas en diarios de la ciudad (en particular la que forma parte del dossier documental). Y la “Carta Abierta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación” escrita en agosto de 2010, apenas transcurridas las primeras audiencias del juicio que culminaría con la

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primera (y única esperable) condena a prisión perpetua de quien fue Comandante en Jefe del Segundo Cuerpo de Ejército durante todo el año 1976, Ramón Genaro Díaz Bessone, y otras cuatro condenas a policías miembros de las patotas de Feced, más la absolución del colaborador civil Ricardo Chomicki, de quien no obstante quedarían probados los delitos por los que había sido procesado. El hecho de que esa Carta Abierta, concebida como respuesta estrictamente personal, adoptara finalmente una primera persona del plural y fuera firmada en pocos días por más de sesenta sobrevivientes y/o familiares directos de prisioneros asesinados en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, dice algo sobre el enorme malestar y el estado de perplejidad desencadenado en quienes, tras largas décadas de impunidad, se disponían (nos disponíamos) a dar testimonio en el juicio, por la intervención disruptiva de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación constituida en querellante, y el consiguiente alivio experimentado al reconocerse en (y hacer propias) las expresiones vertidas en esa carta. Capaces, al menos en una primera instancia, de desplegar una verdad que amenazaba con quedar hundida en las pantanosas aguas del estupor. Me refiero, claro está, a los sobrevivientes, a los otrora “chupados” (además de algunas madres, hijas/os, hermanas/ os, viudas y viudos de los prisioneros muertos, que pidieron ser firmantes). Actor indispensable en los juicios por crímenes de lesa humanidad, cuyo testimonio brinda la única puerta de acceso posible a lo acontecido en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, el sobreviviente, a quien nadie podría evitarle, a la hora de dar testimonio, la reviviscencia de todas y cada una de las situaciones traumáticas experimentadas en un pasado que durante gran parte de su vida intentó convertir en verdadero pasado y que ahora, en aras de una elaboración colectiva en el marco de los Juicios, se presta a relatar. Los sobrevivientes del Servicio de Informaciones, artífices desde los inicios mismos de la democracia de las investigaciones que darían lugar a la mega causa Feced –que hoy tiene más de cien cuerpos, y de la que este juicio oral “Díaz Bessone, Lofiego, Marcote, Scortecchini, Vergara, Chomicki” es solo un primer fragmento– desde enero de 1984 denunciamos a cinco civiles que colaboraron con los represores: Chomicki, Folch, Baravalle, Brunatto y Porta. No los acusamos “de ser crueles con sus compañeros”, ni de haberse “quebrado”; los acusamos de cometer delitos: colaborar en la detención ilegal de hombres y mujeres, interrogar, torturar,

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hacer inteligencia para los represores, cometer violaciones… En los últimos años fue tomando fuerza una posición, claramente desarrollada en el documento de la Unidad Fiscal que nuestra Carta Abierta desmenuza y responde punto por punto, que intenta diluir la responsabilidad de los colaboradores mediante el sencillo trámite de extender la colaboración a todos los prisioneros, incluidos los muertos, o muchos de los muertos, que habrían colaborado con la esperanza de salir en libertad y no lo lograron. Y –huelga decirlo– no están en condiciones de contestar esas aseveraciones injuriantes, cuando no incriminatorias. Uno de los modos de convertir la colaboración en un hecho de masas es provocar un deslizamiento de sentido que la lengua obviamente habilita, pero que ni quienes sobrevivimos a los campos de exterminio ni quien se ponga dos minutos a pensar puede admitir. Se colaboró “barriendo, repartiendo la comida”, “siendo cruel con otros detenidos… haciendo inteligencia para los represores… y… en fin, otras tareas propias del campo, dependiendo de sus habilidades previas”. Además de lo perverso de homologar estas acciones, queda al desnudo el propósito de involucrar a todos en la comisión de actos equivalentes. Y este es un punto neurálgico en el que quiero detenerme. Si todos robamos nadie es ladrón. Chomicki, entonces, es el nombre propio que toma circunstancialmente una cuestión: la del papel y la responsabilidad de los “colaboradores” en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio durante la dictadura cívicomilitar argentina. Una cuestión se presenta de inmediato: la coacción extrema, la máquina del terror, la “lógica concentracionaria”. Algo de eso sabemos los sobrevivientes, aunque la Coordinadora del Centro de Asistencia a víctimas del Terrorismo de Estado “Dr. Fernando Ulloa”, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostenga que “clamar por el enjuiciamiento que iguala a víctimas y victimarios significa que aún no hemos entendido qué es un campo”1. 1. Fabiana Rousseaux en “La lógica del horror y las razones para desistir de una acusación”, nota publicada en Rosario/12, suplemento del diario Página/12, el 20 de septiembre de 2010. Esa nota (que forma parte del dossier documental), fue la única respuesta, por parte de algún funcionario de gobierno, a nuestra “Carta Abierta a la Secretaría de DDHH de la Nación”.

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Son muchos los interrogantes que se abren cuando nos disponemos a saber, interrogantes que en cambio resultan clausurados si el punto de partida es “que no toleramos saber cómo un ex militante aplicó medidas crueles sobre otros secuestrados”2. ¿Quiénes fueron estos colaboradores? ¿Por qué y cómo colaboraron? ¿Qué recibieron a cambio? ¿Qué responsabilidad civil y penal les cabe, si es que alguna? O si se quiere, por la vía inversa: ¿por qué la inmensa mayoría de los prisioneros nos abstuvimos de colaborar? ¿Qué quiere decir para un ser humano sobrevivir? En la estrechez vital de un centro de exterminio, ¿caben las disquisiciones éticas? ¿Tienen los prisioneros secuestrados, desaparecidos, algún margen de decisión propia que habilite a juzgar sus conductas? ¿O no existe ese margen y habría que “desistir” de acusarlos aunque hayan coadyuvado a la comisión de crímenes horrendos? Entre el polo ideal de libertad absoluta y el de coacción extrema, ¿podemos imaginar una pluralidad de recursos subjetivos a los que los prisioneros puedan haber apelado? O, en lugar de imaginar, ¿podemos escuchar a fondo sus relatos? El relato de todos los sobrevivientes, no solo de quienes colaboraron. Y los pocos que colaboraron, ¿son víctimas, hayan hecho lo que hayan hecho? O, dicho en otros términos: ¿podemos considerar seriamente la consigna que dice que “el que entra víctima sale víctima”? ¿Estamos en condiciones de postular esta “mismidad” existencial sin más? ¿En todos lados o solo en los Centros de Detención? ¿Por qué todos los sobrevivientes del Servicio de Informaciones desde los inicios de la democracia incluyeron en sus declaraciones judiciales acusatorias a ese puñado de cinco colaboradores como claramente diferenciados de los miles que pasaron por ahí? ¿Qué tenor de sujeto antropológico encarnan estos sobrevivientes? ¿Se trata verdaderamente de “escarmentadores modernos disfrazados de defensores de derechos humanos”3? Y finalmente: ¿es la colaboración de unos pocos en los centros de exterminio un hecho que debe ser elucidado? ¿O se trata de un hecho que por lo contrario debería ser ocultado, disimulado, distorsionado? Y en tal caso: ¿con qué fines? ¿Y con qué costos? 2. 3.

Ibídem. Ibídem.

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Son cuestiones que vale la pena preguntarse. Yo no sé lo que “esta sociedad debe y quiere enjuiciar”4. A esta sociedad la hacemos todos, se va haciendo a sí misma cada vez. En el mejor de los casos, habilitando una pluralidad de voces. De lo que me hago plenamente responsable es de lo actuado en nombre propio, y en particular, que es lo que viene al caso, de lo actuado junto a viejos y entrañables compañeros, con el inestimable compromiso de nuestras abogadas de la querella, en el arduo y doloroso juicio que acabamos de transitar, que por primera vez desentrañó –y en esto fue decisiva la labor del fiscal Gonzalo Stara– cómo operó el Terrorismo de Estado en nuestra ciudad y sus alrededores, y el papel jugado por el Servicio de Informaciones, principal Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la Provincia de Santa Fe. El “acontecimiento Chomicki” sumó una cuota de amargura y dejó restos deshilvanados de escritura informe que siguen pugnando por encontrar un sitio donde poder articularse.

4.

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Ibídem.


Un partícipe necesario por Oscar Bertone Cuando tienes la oportunidad de echar un vistazo al archivo que guardan sobre ti en el FBI, es cuando descubres que las agencias de inteligencia en general son extremadamente incompetentes. Noam Chomsky Antes de intentar una reflexión sobre el caso Chomicki, creo imprescindible señalar dos hechos. El primero es que los juicios que se sustancian en nuestro país son un ejemplo que sienta un precedente internacional que nos enorgullece, y que es obra de la constancia y paciencia de los organismos de derechos humanos. El segundo es la actitud de las víctimas y familiares de la represión ilegal, que saldaron de hecho gran parte de la discusión acerca de la violencia de los años 70 al abstenerse de apelar a la venganza personal para cobrar lo que los dictadores les quitaron.

La tortura Al contacto con la picana eléctrica, la piel se licúa y se torna mantecosa; el primer efecto es de quemazón. El olor que despide la piel, lacerada por el calor intenso y puntual, es repugnante; el cuerpo se arquea espasmódicamente tratando evitar el contacto lacerante con el elemento que transmite la corriente. Como la víctima está atada, si el torturador no aparta el elemento, el contacto se producirá fatalmente con cada rebote del cuerpo. Oscar Bertone es periodista. Trabajó en sus comienzos en el diario La Capital y en Canal 5. Condujo diferentes programas en las tres radios AM de Rosario. Fue director del diario Rosario. Actualmente dirige la revista Rosario Express y conduce el programa Mañana Express, que se emite para las principales ciudades de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

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Son detalles que pueden describirse en forma más o menos objetiva, pasado algún tiempo de la maldita experiencia, cuando el shock se atenúa. Pero lo que acompaña para siempre a una persona que sufrió la tortura, es el recuerdo de la situación de vulnerabilidad absoluta, la remisión del propio ser a la categoría de objeto, la violación de cualquier atributo que lo haga sujeto, empezando por sus derechos más elementales. La persona experimenta una completa pérdida de control e imposibilidad de escape, y se ve amenazada por la imposibilidad de predecir lo que hará el torturador (Protocolo de Estambul). Esa vulnerabilidad extrema, la imposibilidad de defensa, la desnudez, la falta de contacto visual con el entorno, el lenguaje obsceno y humillante del torturador, disparan también mecanismos que graban indeleblemente los detalles del episodio. “Los agentes de la tortura tratan con frecuencia de justificar sus actos de tortura y malos tratos por la necesidad de obtener información. Esa racionalización viene a enmascarar cuál es el objetivo de la tortura y sus consecuencias deseadas. Uno de los objetivos fundamentales de la tortura es reducir a la persona a una situación de desvalimiento y angustia extremos que puede producir un deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Así, por ejemplo, la tortura constituye un ataque a los modos fundamentales de funcionamiento psicológico y social de la persona. En esas circunstancias, el torturador trata no solo de incapacitar a la víctima físicamente, sino también de desintegrar su personalidad. El torturador aspira a destruir la sensación de arraigo de la víctima en una familia y una sociedad como ser humano con sus sueños, esperanzas y aspiraciones” (Protocolo de Estambul, § 235). La tortura puede aterrorizar a la población entera, crear un ambiente dominante de amenaza, miedo crónico, terror e inhibición (Kira, 2002). “…Al deshumanizar y quebrar la voluntad de su víctima, el torturador sienta precedentes aterrorizadores para todos aquellos que después se pongan en contacto con la víctima. De esta forma, la tortura puede quebrar o dañar la voluntad y la coherencia de comunidades enteras” (Protocolo de Estambul, § 235). Las citas quizás no aporten nada nuevo para las personas que han seguido los Juicios por la Verdad. Sólo pretenden argumentar que los testimonios de quienes sobrevivieron al Centro Clandestino de Detención del Servicio de Inteligencia de la

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Jefatura de Policía de Rosario, provienen de testigos que, a pesar de la capucha y de la obnubilación del momento, saben perfectamente de qué están hablando. Aquellos que están dispuestos a dar testimonio después de lo vivido, han pasado por una prueba que otorga contundencia a la veracidad de sus dichos: su disposición a hablar supone, necesariamente, el respaldo de una fortaleza moral.

Chomicki no era un topo De la cantidad de relatos a los que pude acceder en el resumen del caso, salvo los que sostienen (a mi criterio sin fundamento) que estamos en presencia de un “topo” –esto es, un personaje que se infiltró deliberadamente en la Unión de Estudiantes Secundarios para espiar a la agrupación–, se desprende que se trata de un “quebrado”, alguien que se transformó en colaborador del Servicio de Informaciones después de su detención. Esta definición es fundante de cualquier análisis. Un topo, un infiltrado, es directamente un represor, sea civil o militar. El caso paradigmático de Alfredo Astiz (capitán de la Marina) o el de Edgardo “el Gato” Andrada (civil, ex arquero de Rosario Central), son ejemplos de fácil identificación. La conducta de Chomicki no encuadra en esta clasificación. Si así fuera, no habría debate posible. Es difícil clasificar –manía peligrosa la de intentar objetivizar una cuestión tan subjetiva como la reacción humana frente a una situación límite– el grado de resistencia a la tortura. Pero hubo desde quienes tuvieron un comportamiento heroico absoluto, hasta quienes, como Chomicki, se pasaron de bando. Entre esos casos extremos seguramente se pueden encontrar muchos matices, que no dependen solamente de la “fortaleza moral” abstracta del torturado. Lo incontrastable es que Chomicki trabajó deliberadamente, con desgraciada eficiencia, como un resorte fundamental para llevar a cabo un trabajo que culminó con la tortura, la muerte y/o la desaparición de decenas de jóvenes en nuestra ciudad. Y que tan cuestionables son las delaciones que aportó al aparato represivo sin la justificación de que estaba en peligro su propia vida, como su conducta posterior, muchos años después, para obstruir el accionar de la Justicia, negándose a aportar información que seguramente solo él puede tener.


Solo existe un parecido circunstancial con otros casos, como el de José Baravalle, ejemplo dramático del desertor que eligió, porque no pudo resistir, salvar el pellejo a costa –entre otras cosas– de su propia dignidad. Baravalle no accedió a colaborar con los juicios, después de la noche negra, y no brindó información para condenar a los responsables del terrorismo de Estado. Pero al menos tuvo la “delicadeza” moral de reconocer el daño perpetrado. Tal reconocimiento no lo exculpa, así como tampoco lo hace el suicidio que llevó a cabo en 2008, cuando advirtió que tendría que venir a declarar a la Argentina, pero estos hechos conducen a otra valoración de su conducta.

Un canalla perfecto La comparación anterior es un intento de aproximación a una conclusión. La conducta de Ricardo el Cady Chomicki es deleznable e imputable no solo por los hechos que protagonizó durante su estadía en la Jefatura de Policía de Rosario. Chomicki no solo delató, torturó, ocultó información a la Justicia y cambió sus testimonios durante el proceso que lo tenía como acusado, sino que en muchos casos lo hizo sin que mediara el atenuante de que actuaba para preservar su propia vida. Y no puede argumentar, todavía hoy, que no dimensiona el daño irreparable que le infringió a tanta gente. Noam Chomsky hace una referencia ilustrativa sobre uno de los servicios de inteligencia que se supone entre los más eficientes del mundo. La observación del ilustre pensador estadounidense viene a cuento para valorar el papel que jugaron y juegan los militantes que se quiebran. La masacre perpetrada durante la dictadura militar no habría alcanzado la dimensión que tuvo sin la participación de quienes señalaron a sus compañeros. Las organizaciones militantes armadas o pacíficas, por más disciplina, tabicamiento y estructura celular que poseyeran, se nutrían de grupos con bases amplias, con el apoyo entusiasta de miles de jóvenes y dentro de una ciudad donde las redes de lazos familiares, laborales y estudiantiles estaban muy conectadas. Estaríamos entonces frente a una conducta que el Código Penal califica como de “partícipe necesario”. En el caso concreto de la inducción y cooperación necesaria, el legislador, por razones de política criminal, ha considerado

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castigar estos supuestos con la misma entidad que para los autores. No obstante, aquí se trata, me parece, de calificar política y moralmente el caso. Hay un consenso generalizado entre quienes siguieron de cerca los juicios por violaciones a los derechos humanos, de que lo más deleznable de la conducta de Chomicki fue su actuación posterior al período de represión salvaje que sufrieron los militantes políticos y amplios sectores de la población durante la dictadura. Nuestro país, que sin duda puede enorgullecerse no solo por el juzgamiento a los represores –de características inéditas y consecuencias globales a nivel jurisprudencia– adolece sin embargo de defectos institucionales que, creo, se derivan de cierta concepción “unitaria” de la administración de justicia. La sustanciación de los juicios por lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada, llevó a la Justicia Federal a aceptar como universal el concepto de que “todo detenido es una víctima”, o que toda persona que sufrió el encierro forzoso y/o la tortura queda eximida de responsabilidad por su eventual participación como colaborador del accionar represivo. Es público que este principio se asumió como válido en aquel caso para facilitar el testimonio de las víctimas, para agilizar la recolección de pruebas objetivas que sirvieran en los tribunales para el juzgamiento de los represores. Es cierto que la Escuela de Mecánica de la Armada no solo fue escenario de crímenes atroces: se transformó, desde el punto de vista simbólico –por su ubicación geográfica en una zona transitada por cientos de miles de personas diariamente, por tratarse de un instituto de formación militar y por la cantidad de oficiales de alto rango involucrados– en el paradigma de la impunidad dictatorial. Las reacciones de todos los detenidos frente a la tortura no fue la misma en la ESMA. Muchas de las víctimas que reconocieron haber colaborado en distintos tipos de tareas –lo que los llevó a tener trato con personal de seguridad–, se ofrecieron no obstante para brindar su testimonio en los juicios. La garantía de ser considerados exclusivamente como víctimas aseguró la presentación de muchas personas, y fue útil en la substanciación de esa mega causa. El problema surge cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación establece esas garantías como principio universal, consagrado después por la Procuraduría. ¿No advirtió el organismo oficial que detrás de la resolución se cobijarían personas como Chomicki? ¿Los funcionarios no deberían, como pidieron decenas

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de sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, haber consultado antes con las víctimas que estaban dispuestas a dar testimonio? “No somos insensibles. Por el contrario, hemos dado muestras de solidaridad en los momentos más difíciles y las seguimos dando. Si acusamos, tenemos nuestras razones. ¿No les parece que sería más correcto escuchar los testimonios en el juicio antes de tomar semejante decisión?” (de la Carta abierta de repudio a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). Una primera conclusión es entonces que no existen fundamentos jurídicos para una medida que, en definitiva, cristalizó la impunidad para Chomicki y su compañera, principalmente por la conducta posterior a los sucesos ocurridos en las mazmorras de la dictadura. Sobran mecanismos institucionales para dar curso al reclamo de las víctimas de “la patota”, sobre todo en un país que, como señalábamos al comienzo, está dando ejemplos al mundo en el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos. Pero también creo que hay algo para decir respecto de las características políticas de este caso.

¿Derechos humanos para todos? La extensa historia de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre esteriliza cualquier comentario de sospecha en torno a la trayectoria de esa institución. Creada en la década del 30 con el objetivo de resistir las persecuciones ideológicas, sus fundadores –demócratas progresistas, comunistas, radicales, socialistas–, consiguieron que prevalezca el concepto de “unidad en la acción” en la lucha contra las prácticas represivas del conservadorismo, incluyendo el auxilio jurídico y material para las víctimas. También tiene el mérito de haber acuñado el concepto de “derechos humanos” tal como se lo conoce hoy, después del cruento aprendizaje de los años 70. Baste señalar, sin ánimo de polémica, que el peronismo recién adhirió a ese concepto hace menos de cuatro décadas. No obstante, la fundamentación política que hace la entidad decana sobre su posición frente al caso Chomicki, más allá de las cuestiones jurídicas, presenta grietas fácilmente detectables:

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Por principio, desde nuestra fundación en 1937, no somos partidarios de resolver los problemas del campo popular ante los estrados de la Justicia; así hemos actuado siempre y así será. Los debates sobre las conductas colectivas de las organizaciones, e individuales de los militantes, bajo la dictadura, son debates que venimos haciendo desde el momento mismo de los hechos y que deberán seguir haciéndose en ese plano, no con el ánimo inquisidor de ‘descubrir el traidor’, sino con el espíritu guevarista de aprender de las derrotas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar.

Maravillosa frase esa: “No somos partidarios de resolver los problemas del campo popular frente a los estrados de la Justicia”. Yo le hubiera agregado a la palabra Justicia –para hacer más enfática e inflamada la proclama– “burguesa”. Porque este tema se ventiló justamente ante la “justicia burguesa”, y abrió una posibilidad sin precedentes de juzgar crímenes que fueron, más allá de la brutal escala argentina, comunes a casi todo el hemisferio sur de América en esos tiempos. Como argumento para perdonar lo imperdonable es muy frágil, y considero que esconde la naturaleza política de las entidades que con mucho esfuerzo y paciencia consiguieron que se sustanciaran los juicios históricos que hoy siguen en curso. ¿“Espíritu guevarista”? Me permito relatar un acontecimiento que me involucró, no con ánimo de denuncia, sino para desnudar la relatividad de algunos conceptos. El domingo 1° de octubre de 1972 fui detenido durante un ampuloso procedimiento policial, llevado a cabo bajo las órdenes de la patota, que ya funcionaba durante los últimos tramos de la dictadura autodenominada “Revolución argentina” de Onganía (la “dictablanda”, según el inefable comunicador de masas Bernardo Neustadt). Personal del Servicio de Informaciones de la Jefatura, de Robos y Hurtos y de Gendarmería, allanaron el domicilio de mis padres, donde se iba a festejar el primer cumpleaños de mi hijo. Para esa fecha, Agustín Feced ya cargaba con la muerte –luego de un intenso interrogatorio con tortura–, de Luis Pujals, militante del incipiente ERP. Cuando me detuvieron había pasado un año de ese hecho. Y 40 días antes, se había producido la masacre de Trelew, donde fueron fusilados 19 militantes, 16 de los cuales murieron en el acto. Los datos de contexto ayudan a entender que no existía posi-

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bilidad alguna de que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre no estuviera al tanto de lo que pasaba con muchos detenidos políticos. Después de liberar a toda mi familia, quedamos detenidos la madre de mi hijo y yo. Hubo un sobreactuado interrogatorio a cargo del propio Feced (inolvidable mirada helada, ojos grises, gestos ampulosos y besos a la bandera argentina izada en un mástil a su derecha), hasta que me colocaron una capucha oscura que cubrió mi cabeza y escuché la frase: “Si no me decís adónde estuviste el sábado pasado, te mando a Trelew: ya sabés lo que te puede pasar allí”. Por el recorrido que me hicieron hacer, y por un reconocimiento posterior, me consta que estuve durante un par de horas en un entrepiso cercano a la esquina de Moreno y Santa Fe, donde personal del Servicio de Inteligencia y de Robos y Hurtos (rescato los apellidos Zárate y Brie), me sometieron a torturas con picana eléctrica y golpes, hasta que se convencieron de que no había participado de algún hecho cuyas características nunca pude determinar. El 5 de octubre, apenas salí de la cárcel, efectué la denuncia correspondiente, que unos años después fue tomada como “caso testigo” de la llamada “Comisión Brandazza”, que durante algunos meses intentó hacer justicia –sin éxito– con los crímenes de la dictadura de Onganía. Hasta ese momento, era el único caso denunciado con pericias médicas que demostraban las lesiones producidas en mi cuerpo por una picana eléctrica, con la biopsia correspondiente, así como la identificación positiva de Feced, Zárate y Brie. Por supuesto, no hubo juez que se animara a sustanciar la investigación. Pero lo que nunca se borrará de mi memoria fue la negativa de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre a firmar una solicitada reclamando justicia. El doctor Adolfo Trumper sí lo hizo, pero “a título personal”. Tampoco olvidaré los balbuceos de aquel hombre íntegro, tratando de explicarme las razones por las que el organismo tardaba en declarar su apoyo a una investigación. No pareciera que en aquella época el “espíritu guevarista” hubiera presidido el accionar de la Liga. Antes bien, yo era un militante de un partido trotskista, considerado en la práctica –al menos cuando yo tenía apenas 20 años–, como agente de la CIA. El Che todavía era visto como un provocador. El radicalismo, la democracia progresista, el peronismo y muchos abogados,

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acompañaron la denuncia y pugnaron por llevar ante la “justicia burguesa” la investigación. Con esto solo quiero significar que detrás de las decisiones de cualquier entidad defensora de los Derechos Humanos, hay una intencionalidad y una estrategia política que no debe ser para nada ocultada, porque, al fin y al cabo, de eso se trata: de una pugna política y, si se quiere, ideológica. Y en eso estamos, con todos los matices que quepan. Las ideas de Francis Fukuyama no pudieron sostenerse más de una década. La lucha por los Derechos Humanos será eterna. Y Chomicki debería pagar, aunque la Justicia no lo alcance.

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El mandato de los sobrevivientes por Gabriela Durruty

La sentencia El 26 de marzo de 2012 se vivió un momento anhelado durante muchos años en Rosario: recaía sentencia en la primera elevación oral de la causa Feced. La sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2 estaba repleta, al igual que la sala alternativa que había sido habilitada para permitir que se presenciaran las audiencias. La hoy mega causa Videla (ex Feced) comenzó en enero de 1984, cuando un grupo de sobrevivientes del centro clandestino montado en las entrañas del poder dictatorial, en la mismísima Jefatura de Policía de la ciudad, en pleno centro rosarino, con las heridas aún abiertas, con el aparato represivo aún intacto, se presentaron ante el tribunal provincial para formular las primeras denuncias de lo que luego sería la causa madre que investiga el accionar del Estado terrorista en nuestra región. Transcurrió mucho desde entonces, desde aquellos primeros intentos de enjuiciar a los responsables. El vergonzoso robo de la causa desde el mismo despacho del juez, el doloroso comienzo para reconstruir la prueba colectada con la convicción de que había que luchar contra la impunidad de esos aberrantes crímenes por el camino de la Justicia. Veintisiete años después de esas primeras denuncias, en julio de 2011 comenzaba el primer juicio oral que permitiría trazar, como nunca antes, el mapa de la represión ilegal en Rosario. Noventa y tres casos, seis imputados: el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, que dio su nombre al juicio –Ramón Genaro Díaz Bessone–, cuatro ex policías –Mario Marcote, José Lofiego, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara–, y un civil: Ricardo Miguel Comicki.

Gabriela Durruty es abogada, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario en los juicios por el accionar del terrorismo de Estado en Rosario y coordinadora del Área de Asesoramiento Jurídico del Museo de la Memoria de Rosario.

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El 26 de marzo de 2012, luego de escuchar cerca de 150 testimonios, de merituar toda la prueba documental agregada y de realizar una inspección judicial en el Servicio de Informaciones, había llegado la hora del veredicto. La vereda del tribunal fue engalanada con banderas y fotografías de los compañeros desaparecidos. Un escenario fue montado para permitir a quienes quisieran expresar sus emociones, tan fuertes e intensas en ese momento histórico; una gran pantalla permitía ver a los integrantes del tribunal y a las partes, y escuchar el veredicto recaído. Cada condena era recibida con aplausos, gritos, expresiones de inmensa alegría y lágrimas que resumían años de dolor y, por qué no, de incredulidad: finalmente era posible un juicio justo, que responsabilizara al menos a algunos de los autores materiales y mediatos del horror sufrido. Pero también llegó el momento de la única absolución: el tribunal absolvió a Ricardo Chomicki por los delitos que cometió, por entender que lo hizo bajo estado de necesidad. No consideraron reprochable penalmente las privaciones ilegítimas de la libertad y los tormentos que cometió. La reacción de las víctimas fue conmovedora. Mucha bronca y dolor igualó a los asistentes, enojados con esa Justicia que les decía que su victimario atravesaría la puerta del tribunal como un hombre libre. La bronca tomó fuerza. La profunda indignación que endurecía los rostros de los sobrevivientes se hizo evidente. Presentamos la única acusación contra Ricardo Miguel Chomicki. No nos habíamos equivocado: fuimos quienes llevamos la voz de las víctimas ante el tribunal, cumpliendo con la función por antonomasia de la querella.

El contexto El enjuiciamiento público de Ricardo Miguel Chomicki llegó en el marco de una firme decisión política emanada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal: la decisión era no acusar a ningún civil colaborador, independientemente de cuál hubiese sido su conducta en el centro clandestino. Sin embargo, el hecho de que Chomicki hubiese sido alguna vez militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), entendíamos, no era motivo suficiente para incluirlo entre quienes debían protegerse a partir de esta decisión política. Entendimos que había que analizar mucho más profundamente la situación, considerando

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la gran cantidad de sobrevivientes que lo acusaban, confiando en el criterio de los testigos que lo denunciaron por años para discernir una víctima de un represor. En Rosario, en el marco de la mega causa Feced (hoy Videla), desde el primer día los denunciantes habían acusado a cinco civiles entre los represores denunciados: Ricardo Miguel Chomicki, Nilda Folch, José Baravalle, Graciela Porta y Carlos Brunato. Durante las dos décadas de trámite de la causa se los acusó por igual, sin distinciones. En 2006 se clausuró la instrucción respecto de Díaz Bessone, Marcote, Lofiego, Scortechini, Vergara, Chomicki y su esposa Nilda Folch. El Ministerio Público Fiscal requirió llevar a juicio a los cinco integrantes de fuerzas de seguridad y a dos civiles colaboradores, al igual que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La querella representada por el equipo jurídico de la Agrupación HIJOS directamente no acusó, sin la necesidad de echar mano de ninguna causa de justificación. El código de procedimientos ordena que los juicios orales comiencen con la lectura de las requisitorias. En este caso, al momento del Juicio, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que no se leyera su acusación primigenia, que incluía a los civiles, e incorporó en su reemplazo un documento en el que desistían de acusar a Folch y a Chomicki, presentado en la instrucción. El Ministerio Público, al momento de alegar, consideró que Chomicki había cometido delitos, pero bajo estado de necesidad, por lo que pidió la absolución. La querella de Familiares, siguiendo expresas instrucciones de nuestros mandantes, fue la única que mantuvo la acusación hasta el final: se pidieron 25 años de prisión para Ricardo Chomicki. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, si bien por un lado nos ordenó acusar –no pudiendo ignorar la decisión de aquellos que debían representar–, emitió a su vez un documento que, en pocas palabras, asumía la posición de no acusar al civil enjuiciado. El documento fue incorporado como prueba documental por la defensa de Ricardo Chomicki, y fue, a la postre, utilizado por el Tribunal como uno de los fundamentos de su absolución. Terrible paradoja de la historia. En consecuencia, renunciamos a la representación de la Liga en todos los juicios. Desde el equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Ra-

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zones Políticas, representamos a sobrevivientes de distintos centros clandestinos de nuestra ciudad y a familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura en las diversas causas en trámite en Rosario. La gran mayoría de los casos se investigan, lógicamente, en la causa Videla (ex Feced). Chomicki llegó al juicio acusado de la comisión de 13 privaciones ilegítimas de la libertad, seis de ellas en concurso real con aplicación de tormentos y asociación ilícita. Al momento de valorar toda la prueba producida en la audiencia, no tuvimos dudas de que el acusado integraba como colaborador civil el grupo represivo que actuó en el Servicio de Informaciones, actuando durante el período en que el centro clandestino se encontraba repleto de detenidos. Su función como veedor de las preguntas y respuestas formuladas en la camilla de tormentos fue fundamental para los interrogatorios bajo tortura. También, dado su pasado militante, tenía la posibilidad de camuflarse como un detenido más para obtener información. Derribamos la hipótesis de que Chomicki había sido secuestrado el 1 de diciembre de 1976, tal como él había manifestado en su indagatoria en la causa, luego de la reapertura de la misma habilitada por la anulación de las leyes de impunidad. Pero además, contrastamos esa declaración con otra muy distinta prestada en el tribunal provincial en los comienzos de la causa, donde manifestaba haber sido secuestrado dos meses después. En un relato, las fiestas de navidad y año nuevo las celebra en Mar del Plata junto a su madre, y en el otro en el Servicio de Informaciones en calidad de detenido. No tiene objeto repetir nuestro alegato en estos momentos, que por lo demás integra el dossier documental. Probamos mas allá de toda duda razonable que Chomicki actuó como colaborador de la patota de Feced, prestando sus servicios como colaborador civil. No obstante, las políticas nacionales mencionadas y la liviandad con que se pretendió que el caso de Chomicki era uno más le valieron su pasaporte a la libertad.

El mandato En materia de violaciones a los Derechos Humanos cometidas y amparadas desde el Estado, estamos acostumbrados a los debates. Tratándose de temas tan caros a quienes militamos en el ámbito de los Derechos Humanos, es lógico que así sea.

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Recuerdo debates muy duros sobre diversos temas: las leyes reparatorias, las diversas formas de instalar los reclamos por verdad y justicia en la agenda mediática y política durante los años de impunidad, el advenimiento de los escraches. Los mismos Juicios por la Verdad provocaron un intenso debate. Pero hubo siempre un acuerdo que creía inconmovible: el respeto por la palabra de los sobrevivientes y su señalamiento de los represores. Decíamos en el alegato: a los sobrevivientes debemos el conocimiento de la existencia de centros clandestinos de detención, de cómo y dónde funcionaron. Debemos a ellos el conocimiento de los últimos momentos de muchos de los compañeros desaparecidos –sus deseos, sus miedos, sus anhelos–, pero también el de la identidad de los verdugos, y esto último se puso en crisis durante los últimos años. Hubo represores que ejercieron materialmente el plan clandestino de represión ilegal y hubo autores intelectuales, que pergeñaron, formularon y retransmitieron las órdenes para mantener en funcionamiento la maquinaria de horror que asoló a Latinoamérica toda, y con particular saña a nuestro país durante la vigencia de la última dictadura. También hubo responsables civiles y eclesiásticos, funcionarios del Poder Judicial y dueños de medios de comunicación, entre otros, cuya contribución fue esencial para la implementación de la represión. Todos ellos deben ser enjuiciados de acuerdo al debido proceso penal y cumplir sus penas en cárceles comunes. Nuestra función como querella debía ceñirse a llevar la palabra de los testigos al tribunal, traducirla a una clave jurídica, desentrañar el lenguaje encriptado del derecho para socializar lo que ocurría en los juicios y acusar en su nombre. Fue una tarea que emprendimos orgullosas, con la seguridad de llevar la verdad ante los jueces y juezas, agradecidas de tener el honor de participar en estos procesos que, sin duda, están haciendo historia: están convirtiendo a nuestro país en un lugar mejor para vivir. La víctima del delito, como señala el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, es “el ser humano concreto cuyo interés debe ser privilegiado al momento de resolver la pena. Dista mucho de responder al estereotipo degradado de un ser sediento de venganza e insaciable en su exigencia de reparación”. Desde esa inteligencia, desde ese mandato ético y jurídico construimos la acusación.

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Nuestro país destaca en el mundo por su lucha contra la impunidad. Es el primer país en juzgar un genocidio puertas adentro y con los jueces naturales. La lucha inclaudicable de las organizaciones de Derechos Humanos y los sobrevivientes que mantuvo durante décadas el reclamo de juicio y castigo vigente en la agenda jurídica y política, sumada a la decisión del Estado a partir de 2003, garantizó un proceso ejemplar de investigación y sanción de los crímenes más aberrantes del pasado siglo, aún en desarrollo. Orgullosa de haber formado parte de ese proceso en Rosario, solo tengo palabras de agradecimiento a quienes me honraron con la tarea de representarlos en las audiencias. La primera elevación oral de la causa Feced (hoy Videla), que tomó el nombre de su principal imputado Ramón Genaro Díaz Bessone, nos enfrentó al horror en primera persona: escuchamos a los sobrevivientes relatar sus historias delante de parte de los responsables de los delitos de los que fueran víctimas durante la vigencia del Estado terrorista. Y estamos convencidas de haber cumplido el rol de representar a la querella de forma digna y respetuosa no solo de la justicia y la memoria, sino también y especialmente, de la verdad.

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Justicia, justicia perseguirás. Ecos bíblicos por Silvana Rabinovich

Cuando suenan los nombres, los cuerpos vibran. Las sensaciones producidas por su resonancia recorren los fluidos corporales y se sedimentan en las memorias. Cuando se pronuncia el nombre de Ricardo Chomicki, el escalofrío se extiende por el cuerpo social. El caso Chomicki es pavoroso porque estrangula a la moral donde se funda nuestro concepto de justicia. El fallo saca a la luz la distancia inconmensurable entre el derecho y la justicia, una especie –si se me permite la metáfora– de falla geológica que con frecuencia cimbra el suelo de nuestras instituciones. De esa falla emana el deseo de venganza como constitutivo del aparato de justicia. Aciago es el nombre por el desdoblamiento que impone la repetición. Chomicki es a la vez víctima y verdugo. Y el veredicto no lo ignora. Pero no caben en él ambas figuras (así como tampoco caben en la indignación que suele provocar el fallo) porque esa repetición, que pone en crisis a la identidad, podría calificarse –con Günther Anders– de supraliminal.1 1. Günter Anders, Nosotros, los hijos de Eichmann, citado en Zygmut Bauman, Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global, FCE, México, 2011, p. 179: “… (überschwellige) fenómenos que no pueden ser captados ni asimilados con el intelecto porque les quedan chicas todas las redes

Silvana Rabinovich es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM; doctora en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Autora de La Biblia y el drone. Sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel y La huella en el palimpsesto. Lecturas de Lévinas (2013).

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La figura de la repetición trae inmediatamente a la memoria la archicitada frase de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”.2 Obviamente Ricardo Chomicki no se convirtió ni antes ni después de sus 18 años –edad que tenía cuando fue capturado por la patota de Feced– en “un gran personaje de la historia universal”. Sin embargo, encarna la falla que fisura el suelo jurídico y moral. Por eso, en una repetición diferente –porque se trata de la misma persona–, su caso es, sucesivamente, tragedia y farsa (víctima y verdugo). Y este diferimiento produce indignación. Pero la repetición a propósito de la justicia también visitó mi memoria con el eco del viejo versículo bíblico que da título a estas reflexiones. En la Biblia hebrea, cuando la Ley aparece por segunda vez (Deuteronomio 16:20)3, ordena “perseguir” la justicia. El objeto de persecución –la palabra “justicia”– se repite dos veces. La formulación justicia justicia perseguirás aparece después del imperativo de poner en todas las ciudades jueces y oficiales insobornables que juzguen al pueblo con juicio justo. Llama la atención la repetición de la palabra “justicia” (tzédek en hebreo). No alcanza con nombrarla una vez sino dos veces. Surgen preguntas. ¿Es la misma justicia que se repite? ¿O se trata de dos sentidos diferentes? De ser la misma, ¿justicia de los jueces y justicia a los jueces? ¿Por qué el verbo “perseguir” (y no “imponer” o “instituir”, por ejemplo)? ¿Perseguir a quién en nombre de la justicia, de las justicias? (¿de cuál de las dos?). Como suele ocurrir con las referencias bíblicas, inmediatamente se extiende una red de asociaciones y el verbo (de la raíz RDF, perseguir) formulado allí en imperativo como tirdof, recuerda a la voz pasiva del sensibles o conceptuales, por lo cual comparten el destino de otros fenómenos en apariencia opuestos, los ‘subliminales’ (unterschwellige), tan minúsculos y rápidos que escapan hasta de la red más densa y desaparecen antes de que puedan ser atrapados y enviados a la razón para que esta los vuelva inteligibles”. 2. Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Alianza Editorial, Buenos Aires, 2003. 3. Deuteros-nomos: por segunda vez la ley. Se trata de una fuente relacionada con las reformas de los reyes Ezequías y Josías (del reino de Judea, siglo VII a.C.).

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Eclesiastés 3:15 que literalmente4 dice: “Dios reclama al perseguido (hanirdaf)”. El versículo completo en traducción de María del Carmen Motos dice: “Lo que fue, sigue siendo; lo que puede llegar a ser, ya fue… y Dios reclama al perseguido”. La potencia temporal de esta traducción, que –insisto– es la más literal, se acerca a Marx y también a la tarea benjaminiana del materialista histórico.5 Se refiere a la insistencia iterativa del pasado en el presente y en el porvenir. Y como consecuencia de la repetición… Dios reclama al perseguido. Dicha iteración insistente del pasado en el presente y en el porvenir, desde otro ángulo puede llamarse, también en lengua bíblica, temporalidad mesiánica –ajarit hayamim– traducible a “lo postrero de los días”, cuyo nombre hebreo sugiere posteridad –ajar– pero también anterioridad –ajor es lo que queda atrás–, alteridad –ajer– y hasta responsabilidad –ajraiút.6Los exegetas se preguntan por “el perseguido” (y adelantemos que, aunque ellos no lo indaguen, hay que aclarar al menos algunos de los sentidos del verbo atribuido a Dios, yevakesh, que puede traducirse también como buscará, solicitará, inquirirá o indagará). El comentario rabínico de Kohelet Rabah 3 dice:7 “‘Y Dios reclama al perseguido’ –R[av] Huna [dice] en nombre de R[av] Yosé que ‘Dios [siempre] reclama al 4. La mayoría de las traducciones prefirieron interpretarlo metafóricamente, como por ejemplo Reina Valera: “Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó”. Más osado (por conocer muy bien la lengua bíblica y las interpretaciones rabínicas), Meschonnic traduce: ‘Ce qui a été/ est déjà/ et ce qui va être/ a été déjà/ Et Dieu/ recherchera ce qui a fui’ (cf. Henri Meschonnic, Les cinq rouleaux, 1986). La única traducción literal que conozco se encuentra en María del Carmen Motos López, Las vanidades del mundo. Comentario rabínico al Eclesiastés (2001). 5. Cf. Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia y otros fragmentos (introducción y traducción de Bolívar Echeverría), México, Ítaca-UACM, 2008. 6. La lengua hebrea es consonántica y tiene raíces triádicas. Lo aquí escrito en letra A en realidad no es la vocal sino la consonante muda alef vocalizada. El tiempo mesiánico ajarít hayamim, la posteridad ajar, lo otro ajer, lo que quedó atrás ajor y la responsabilidad ajraiút comparten la raíz AJR. 7. En J. N. Bialik e Y. Ch Ravnitzky, Sefer Ha’aggadah, Vol. II (2000), versión bilingüe de María del Carmen Motos López, en Las vanidades del mundo. Comentario rabínico al Eclesiastés (2001). Me permito agregar entre corchetes palabras (o completar nombres) que la traductora prefirió muchas veces omitir por apegarse al texto original pero que en este caso van a facilitar la comprensión de quien no esté familiarizado con el estilo de escritura rabínica.

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perseguido’; siempre descubres que, si un justo (tzadik) persigue a un justo –‘Dios reclama al perseguido’; si un malvado persigue a un justo –‘Dios reclama al perseguido’; que, si un malvado persigue a un malvado –‘Dios reclama al perseguido’. Incluso si es un justo el que persigue a un malvado, ‘Dios reclama al perseguido’: de todas maneras ‘reclama al perseguido’”. Con toda la ambigüedad del verbo “reclamar”, por el contexto que da el adverbio con función preposicional “incluso” (afilu), Dios busca o reclama –aboga– por el perseguido, aun cuando este resulta ser el malvado. Acorde con la cosmovisión bíblica, que demuestra abstrusas las razones de Dios, los rabinos sugieren cierta veta injusta de la justicia divina.8 El nombre del “justo”, tzadík, comparte la raíz con “justicia”, tzédek. Ahora bien, la palabra hebrea tzédek no se entiende en sentido abstracto. Si bien se refiere a la justicia divina, atañe a los humanos como la realización de actos justos –con relación al cuidado de los otros, por ejemplo la viuda, el huérfano, el extranjero o el pobre y como consecuencia de esta relación con los otros, también con dios–, como verdad, como redención y justicia eterna de los tiempos mesiánicos, piedad, entre otros sentidos.9Estos son los significados de aquello duplicado que el Deuteronomio ordena perseguir. Para nombrar la justicia en hebreo bíblico hay otro término, práctico, que tiene que ver con lo jurídico, con el juicio: mishpat. Y en este otro marco que es el del derecho –que no el de la justicia tzédek– se encuentra una de las leyes bíblicas fundamentales: la venganza de la sangre, que es el deber de los familiares de vengar la sangre derramada de sus allegados. Por la existencia implícita de esta ley Dios marca a Caín para protegerlo (Génesis 4:14-15) y después del diluvio (Génesis 9:6) la instituye: “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre”. La Biblia hebrea no esconde el fundamento vengativo del derecho y para ponerle un límite, desde la justicia, 8. Al modo del libro de Job, que demuestra que el concepto humano de justicia distributiva no se aplica a Dios por causa de su alteridad absoluta. 9. Cf. Hayim Choen, “Tzedek”, en Arthur A. Cohen y Paul Mendes-Flohr, Contemporary Jewish Religious Thought. Original Essays on Concepts, Movements, and Beliefs , Am Oved, Tel Aviv, 1993.

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crea las ciudades-refugio (Josué 20) que protegerán de los “vengadores de la sangre” solo a quienes mataron sin intención. Sin duda no es el caso que nos ocupa, aunque sí el de reclamar (indagar) al perseguido (nirdaf) y perseguir (lirdof) reiteradamente la justicia.10 Y en las memorias se replica (vuelve una y otra vez de formas diferentes) la reiteración (justicia justicia) del Deuteronomio (que, como comentamos, significa repetición de la Ley). Pero varía en entonaciones y puntuación: Si leemos “Justicia: ¿justicia perseguirás?”, apostrofamos a la Justicia (al aparato que la administra) para inquirirla acerca de su fidelidad y autoexamen, en el marco de una exigencia infinita. Se trata de reclamar un encuentro entre ambos lados de la falla: el derecho y la justicia. Si decimos “Justicia, justicia… ¿perseguirás?” apelamos a ella sea para reclamarle la persecución de los culpables (la venganza) o para tratar de disuadirla exigiendo al derecho misericordia. Se podría dejar oír también: “¿Justicia, justicia? ¡perseguirás!” entonces reclamamos su ausencia, llamándola en voz alta para exigirle que permanezca alerta a su función de persecución. Surgen de aquí otras preguntas: ¿acaso el verbo por antonomasia de la justicia es perseguir? O más aún: ¿justicia y persecución son sinónimos? La justicia no se puede reducir a la persecución, tampoco el derecho debería hacerlo. El fallo, que hace prevalecer la primera condición del acusado, esto es, la de víctima –sin negar su transformación en verdugo–, en muchos despierta legítimos deseos de venganza. Sin embargo, desde otro punto de vista, invita a cicatrizar con una huella indeleble heridas abiertas para que, al modo de la marca de Caín (que funge a la vez como acusación y como protección divina),11

10. Curiosamente en la misma palabra nirdaf (perseguido) se alberga la sinonimia, que en hebreo se dice shem nirdaf, literalmente: nombre perseguido). En nuestro caso, la duplicidad del nombre propio que se desdobla en víctima y verdugo, provoca cierto estado persecutorio en la moral de quien lo escucha. 11. Génesis 4:15 “(…) Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara”.

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se impida tanto borrar la culpa como perpetuar la espiral de violencia. Como ecos provenientes de un pasado cultural remoto, ciertas voces bĂ­blicas de vez en cuando se atribuyen el derecho de revisitar el presente afligido.

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La colaboración civil. Comportamientos individuales y sociales en dictadura por Gabriela Águila I El caso Chomicki refiere a una de las facetas más controversiales de la experiencia concentracionaria verificada durante la última dictadura militar: la colaboración de civiles detenidos con las fuerzas represivas en los centros clandestinos de detención (CCD). El caso no fue el único ventilado en la Justicia argentina en los últimos años, pero sí probablemente fue el que adquirió mayor repercusión pública y política por los debates que generó entre diversos sectores vinculados al ámbito de los Derechos Humanos, la Justicia y la órbita estatal. Los comportamientos de un militante “quebrado” en los espacios que constituyeron el núcleo duro del accionar represivo en los años de la última dictadura, las implicancias éticas, políticas y jurídicas del caso, así como los modos en los que atraviesa y desafía algunas de las representaciones y configuraciones de la memoria del período dictatorial, son ilustrativos de la multiplicidad de aristas que el caso posee. No voy a analizar aquí qué es lo que sucedió en los CCD en la Argentina. Sí mencionar que los comportamientos individuales fueron muy diversos y que las situaciones variaron entre un CCD y otro; y que, en esos contextos –donde se estaba de cara a la amenaza cierta y constante de ser torturado o asesinado–, las actitudes que se consideraban “heroicas” o de resistencia se conjugaron con otras que podrían encuadrarse dentro del complejo rótulo de la colaboración. Ello requiere al menos dejar

Gabriela Águila es Doctora en Historia, profesora de Historia Europea y Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

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planteado como interrogante cómo se deben visualizar algunos comportamientos y actitudes que probablemente expresen diferentes maneras de sobrevivir en situaciones extremas. Tanto como registrar que algunas de esas acciones y comportamientos individuales han sido y/o pueden ser tipificados como crímenes o delitos. Estas consideraciones nos colocan en el centro de los debates jurídicos, éticos y políticos que ha generado el caso Chomicki: por un lado, en la definición de los colaboradores como víctimas o verdugos y, ubicados en tales situaciones, abogar por su absolución o la penalización de sus actos. Por el otro, en la confrontación entre representaciones y memorias dicotómicas respecto de los sobrevivientes de los CCD: entre aquellas perspectivas que definen a los colaboradores y “quebrados” como víctimas, frente al relato alternativo que leyó los comportamientos de los detenidos fundamentalmente a la luz de la resistencia (e incluso la heroicidad), condenando la colaboración como traición. La convocatoria a escribir un texto para este libro ha representado para mí un desafío, no tanto en términos personales sino particularmente en la faz profesional, en tanto historiadora del pasado reciente. Ya que no se trata de emitir una opinión sobre el caso Chomicki, desde el lugar de ciudadana atenta y comprometida con la problemática de la memoria, la justicia y la defensa de los Derechos Humanos, sino más bien de proponer un análisis que no esté exclusivamente centrado –e incluso que eluda– las dimensiones más evidentes del caso: el plano jurídico y el plano ético, sobre los que han expuesto con solvencia y diversos fundamentos un conjunto de juristas, sobrevivientes de CCD y militantes por los Derechos Humanos. En tal sentido, me propongo esbozar una explicación centrada en una faceta no tan central como aquellas pero igualmente relevante, apuntando a los vínculos que existieron entre sociedad y dictadura o, más precisamente, a los comportamientos individuales y las actitudes sociales en el contexto dictatorial.

II Hoy es parte del lenguaje cotidiano referirse a la última dictadura como “cívicomilitar”, enfatizando el carácter compartido –militar y civil– de las responsabilida-

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des del golpe de Estado perpetrado en marzo de 1976 y de lo acaecido en los años que le siguieron. Si bien esa calificación no es nueva, lo cierto es que ha emergido con fuerza o se ha tornado insistente en el lenguaje político y periodístico solo en los años recientes y, en particular, en la coyuntura del último aniversario del golpe de Estado. En tanto esta cuestión atraviesa, en varios sentidos, el problema que es eje del presente libro, quiero introducir brevemente una digresión conceptual. En primer lugar, aunque estamos haciendo referencia a un término (o a un binomio de términos) para calificar a la dictadura de 1976/83, no habría que olvidar que la disputa más significativa en términos políticos, ideológicos e incluso simbólicos a la hora de nominarla refirió a generalizar el uso de la palabra dictadura y no Proceso. Desde el punto de vista de las definiciones, probablemente podría hacerse una historia del uso de ambos términos desde los años del régimen militar, que dé cuenta de la convivencia (¿quién no oyó hablar de la “dictadura procesista”?) tanto como de los conflictos a la hora de elegir una denominación (¿por qué utilizar el término Proceso, a la vez tan poco concreto en su significado como deliberadamente diluyente del carácter del fenómeno, y por añadidura el elegido por el régimen y sus perpetradores para autodenominarse?), así como de la reticencia durante años de parte de muchos sectores, grupos políticos y reconocidos académicos a utilizar el término dictadura para referirse al período 1976/83. Sin entrar aquí en el debate semántico y teórico que el uso de tal concepto habilitaría (¿qué conceptualización utilizamos?, ¿de qué tipo de dictadura hablamos?), lo cierto es que el término dictadura –o dictadura militar– restituye a aquel proceso histórico sus connotaciones más específicas respecto del ejercicio de la dominación, de las principales características del régimen y/o del papel de las Fuerzas Armadas, invisibilizadas por el uso de la palabra Proceso. En segundo lugar, me interesa insistir en otro elemento: todas las dictaduras del siglo XX (y, agrego, no solo las que ocurrieron en Argentina) tuvieron apoyos civiles o complicidades políticas de diverso calibre. En tal sentido, hablar de dictadura “cívico-militar” sería, pura y simplemente, redundar en una de las características que ostentó aquel régimen. Así, todas ellas contaron con la participación de civiles en los elencos guberna-

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mentales, la colaboración activa de partidos políticos o sus dirigentes, la legitimación ideológica provista por diversos sectores de la sociedad civil y las instituciones extra-gubernamentales (Iglesia, corporaciones empresarias, medios de prensa, sectores sindicales, las llamadas “fuerzas vivas”). Más claramente quizás a partir del golpe de 1976, la trama múltiple que unió a las Fuerzas Armadas con diversos sectores de la sociedad civil y política argentina se expresó también en los beneficios económicos que recibieron individuos y grupos a través de negocios con el Estado, e incluso en la colaboración de algunos sectores en el ejercicio directo de la represión (por ejemplo: de empresarios que denunciaron delegados y comisiones internas o facilitaron el uso de instalaciones fabriles para la instalación de CCD). Con todo y estos señalamientos, la calificación “cívico-militar” tiene el mérito de hacer evidente una faceta persistentemente negada u olvidada desde los años de la transición: el hecho inocultable de que la dictadura no fue solo obra de las Fuerzas Armadas y que estas se encontraban profundamente insertas en el contexto social y político del cual eran parte. La difusión de tal denominación tiene diversas razones –entre las que no hay que excluir la construcción y transmisión de un relato o de una memoria dominante y oficial sobre aquel período–, pero claramente se vincula con el devenir de múltiples causas judiciales en las que se han procesado y/o condenado a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante los años de la última dictadura. En muchas de ellas y de diversos modos, los civiles han estado presentes si no en el banquillo de los acusados, sí como partícipes con distintos grados de responsabilidad en los delitos investigados judicialmente: como integrantes de las tramas y circuitos represivos (miembros de grupos de tareas, torturadores, médicos y enfermeras, pilotos de aviones, sacerdotes o capellanes militares), como apropiadores de menores nacidos en cautiverio, como beneficiarios o perpetradores de delitos económicos de diversa índole, como funcionarios de los distintos niveles de gobierno, por solo citar algunos de los roles asumidos por cientos o miles de civiles en las diversas jurisdicciones. Es en este terreno, el de la denuncia o el del registro de las complicidades o las responsabilidades compartidas –cualquiera sea el plano en el que se definan: judicial, político o ético–, donde el calificativo “cívico-militar” se ha difundido y genera-

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lizado. Pero si nos alejamos de él, hay otra dimensión que me interesa notar aquí y a la que alude tal calificativo: el de los apoyos sociales a la dictadura y, con ello, el de los comportamientos o actitudes sociales en el contexto dictatorial.

III Aunque se ha señalado el apoyo explícito brindado al golpe de Estado de marzo de 1976 y al gobierno militar por organizaciones empresarias, por algunos partidos y dirigentes políticos, por la gran prensa o las autoridades eclesiásticas, no ha sucedido lo mismo cuando se trata de analizar a los ciudadanos y ciudadanas “comunes” durante esos años. En general, sus comportamientos y actitudes se han invisibilizado tras el énfasis en el uso irrestricto del terror estatal, la propaganda oficial y la apatía o, en un registro diferente, han permanecido ocultos tras la imagen del desconocimiento social respecto de lo que acontecía. Quizás la expresión más clara de ello fue la teoría de los demonios y su imagen de sociedad “víctima”, a la que muchas veces se yuxtapuso otra imagen: la de una sociedad unánimemente resistente, tan difundida desde el final de la guerra de Malvinas y en los años de la transición, donde (casi) todos los comportamientos fueron leídos en términos de críticas o resistencias al régimen dictatorial. Dirigentes políticos y sindicales, medios de comunicación, intelectuales y artistas tanto como ciudadanos “comunes” se escudaron con comodidad tras estas representaciones o explicaciones dominantes de los comportamientos y actitudes sociales durante el período dictatorial. Sin embargo, esas interpretaciones tienen su contraparte en otras –cada vez más probadas empíricamente– que han insistido en los amplios apoyos de la sociedad civil al golpe de Estado y a algunas de las facetas del régimen militar, explorando un terreno complejo y difícil: el de la existencia de un importante grado de consenso social hacia la dictadura. Medido no solo en las escasas resistencias al régimen sino en diversas expresiones de apoyo activo, de conformidad o acatamiento pasivo a las convocatorias y estrategias del régimen militar. Las manifestaciones públicas de apoyo y la participación de las llamadas “fuerzas vivas” en las diversas convocatorias del gobierno militar o la incorporación de

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un conjunto de civiles a instituciones regidas por las Fuerzas Armadas, participación que se asumía voluntariamente y sin coacción, son ilustrativos de tales comportamientos. Por su parte, si nos referimos a los ciudadanos “comunes”, consignaremos que el clima social dominado por la apatía o la indiferencia se alteró en algunos momentos. Las manifestaciones de apoyo al régimen o hacia algunos de sus representantes más conspicuos que se registraron en distintos momentos y tuvieron sus picos en las coyunturas del Mundial de Fútbol y la guerra de Malvinas, ingresan en un registro que bien podría situarlas como expresiones de un consenso “efectivo” o “activo”. Pero más aún, en todos los sectores de la sociedad hubo “colaboradores”, gente que aceptó y participó gustosa en las convocatorias de la dictadura: directoras de escuelas que informaban a sus superiores sobre maestras “subversivas”, profesores universitarios que ocuparon puestos dejados vacantes por cesanteados, exiliados y desaparecidos, dirigentes políticos que se desempeñaron como gobernadores, intendentes o “asesores civiles” de distintos gobiernos, hombres y mujeres de las artes y la cultura que se entrevistaron con funcionarios militares. Así como hubo algunos que escribieron cartas a miembros de las Fuerzas Armadas, gobernadores y directores de servicios de inteligencia denunciando comportamientos “subversivos” de empleados públicos, maestros o profesores, y personas que alertaron a las fuerzas represivas sobre movimientos extraños o “sospechosos” de sus vecinos, o enviaron cartas de lectores a los diarios expresando su apoyo al gobierno militar o a algunos de sus “logros”. Y también hubo muchos otros que participaron con entusiasmo en los actos públicos y desfiles castrenses que se realizaban en esos años, que saludaron y confraternizaron con los militares en los festejos del Mundial de Fútbol y vivaron a las Fuerzas Armadas y sus representantes en el gobierno en el contexto de la guerra de Malvinas. Incluso considerando que cada una de esas actitudes refiere a los comportamientos de individuos en particular, y sin entrar a analizar los múltiples factores que pueden haberlos motivado (¿por qué lo hicieron?, ¿todos eran fascistas?), es claro que no pueden ser explicados únicamente por la omnipresencia del terror o por el miedo que la represión provocaba, aunque tampoco deberíamos eliminar de plano tal explicación. A la vez, esos comportamientos individuales no deben ser

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separados, aislados, de actitudes sociales más generales de conformidad, apoyo activo o pasivo al gobierno militar que, sin ser unánimes ni permanentes, se mantuvieron durante varios años. En tal sentido, si convenimos en que gran parte de la sociedad argentina exhibió durante años un conjunto de comportamientos que expresaban apoyo o consentimiento hacia la dictadura y sus estrategias, entonces, ¿por qué resulta tan incómodo, tan extraño, tan incomprensible, que esos comportamientos que podemos tipificar como colaboracionistas, se produjeran también en las cárceles (legales o clandestinas) de la dictadura?

IV Cuando se analizan los comportamientos y actitudes individuales y sociales en la dictadura ingresamos en una zona oscura, difusa, compleja, que no ha sido aún suficientemente explorada. Lo que los ciudadanos y ciudadanas hicieron en esos años fue tan variado y diverso como las personas que vivieron el período. La pregunta “¿qué hiciste durante la dictadura?” no solo admite múltiples respuestas individuales, sino que los comportamientos y actitudes se modificaron conforme el régimen militar atravesaba por distintas etapas. Todo ello sin omitir que junto con las actitudes de consentimiento, conformidad o apoyo a la dictadura, también existieron desde el inicio una variedad de comportamientos sociales que incluyeron diversas modalidades de resistencia, crítica u oposición, que se hicieron más visibles a medida que el régimen se desacreditaba. Pero volvamos a las actitudes de consenso social. Es claro que no todos los comportamientos individuales y sociales frente a la dictadura, sus objetivos y convocatorias, puede ser igualados y analizados con los mismos parámetros, que no todos los comportamientos pueden ser explicados a través de una única clave (sea el miedo o, en las antípodas, la plena adhesión ideológica) y que hubo niveles diferenciados de responsabilidad. Y que, más allá de las explicaciones que nos procuremos para caracterizar o interpretar tales comportamientos, también es cierto que no todos son pasibles de ser considerados delitos o penalizados.

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Deslizando los planos del análisis, podríamos plantear que casi lo mismo sucedió en los CCD. En ese contexto micro, con sus propias reglas, por definición extra-ordinario (por oposición a común, ordinario), ajeno a la cotidianeidad de los ciudadanos y ciudadanas que vivieron esos años –y en el marco de una situación de excepción en la que los detenidos indefensos estaban sometidos al poder omnímodo de los perpetradores, responsables de decidir no solo sobre las condiciones de detención sino sobre la vida y la muerte de los prisioneros–, también las actitudes y comportamientos individuales fueron diversos, variaron en los distintos CCD y en los distintos momentos. Vamos a postular que así como hay dinámicas sociales que no son reductibles a una sumatoria de actitudes individuales y que nos permiten analizar y explicar esos comportamientos individuales en una dimensión más amplia (social), también los CCD o los comportamientos de quienes estuvieron alojados allí pueden ser pensados o explicados poniéndolos en relación con la sociedad de la que provenían o con marcos sociales más generales. En este punto es conveniente aclarar que la perspectiva aquí planteada, que intenta echar luz sobre los comportamientos individuales y sociales en el contexto dictatorial, no implica adherir a posiciones exculpatorias que tras el argumento de que “todos fueron cómplices” o “todos fueron colaboradores” libere de responsabilidades a quienes cometieron delitos. Aunque esto último –señalar responsabilidades penales, probarlas y eventualmente castigar a los responsables– dependa de un trámite judicial, de la labor de los jueces, y no de la intervención de los cientistas sociales o de los historiadores. Finalmente, aunque muchos de los comportamientos o actitudes individuales y sociales en el contexto dictatorial interpelan éticamente a quienes los estudian, entiendo que solo es posible avanzar en su explicación y comprensión si se evita la tentación de reemplazar su análisis por la mera condena moral.

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Lo monstruoso que nos pesa por Juan Bautista Ritvo

I Hay un párrafo del texto de presentación de este libro que me interesa subrayar inicialmente: ¿Podía, un militante político que había sucumbido al accionar del aparato represivo, ser enjuiciado en el mismo banquillo que los perpetradores? Su accionar, en el Servicio de Informaciones, ¿debía interpretarse como un acto consciente de colaboración con el aparato represivo o como una conducta entendible, una consecuencia del “quiebre” ideológico y moral producido por el aparato represivo? ¿Debía ser Chomicki homologado, en su conducta y en las consecuencias que la misma tuvo sobre la vida y el destino de sus compañeros, con aquellos que decididamente habían planificado y llevado a cabo el plan de exterminio?

Quiero detenerme, inicialmente, en este adjetivo que el texto mismo subraya: “conducta entendible”. ¿Qué quiere decir entendible? ¿Que se puede restituir una cadena de motivos ad integrum, de modo tal que la conducta quedará amparada por los rasgos esenciales de la naturaleza humana? ¿Comprender es entonces justificar? Una película reciente sobre los últimos días de Hitler fue censurada porque mostraba al autócrata con un aspecto de preocupación y de pesar que podría, eventualmente, suscitar la piedad del espectador…

Juan Bautista Ritvo es psicoanalista, docente universitario y ensayista. Miembro del consejo de redacción de la revista psicoanalítica Conjetural y de otras publicaciones. Es autor de numerosos ensayos y libros; entre estos últimos, Decadentismo y melancolía (2006), Figuras de la feminidad (2009), y Sujeto. Masa. Comunidad (2011).

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Si entiendo, ¿la apariencia1 monstruosa comienza a disiparse? El tema que estas interrogaciones suscita es indudablemente el del mal, al que un extendido prejuicio ha querido acantonar, sin nunca conseguirlo del todo, en el territorio insustancial e incluso vacío de las disputas eclesiásticas. No obstante, la pesadilla de oscura violencia que atraviesa la historia humana nos obliga a inscribir este término incluso con mayúscula alegórica: el Mal. ¿Qué designa el mal, al que quisiera denominar con Kant, “mal radical”, porque no designa ni una traición al deber ni el ejercicio constante de la transgresión sino una complacencia total e irrestricta en someter al prójimo al máximo de degradación posible? No se trata de consideraciones abstractas o circunstanciales… Nada conozco de Chomicki (ni quisiera conocer), pero si tuviera en mis manos algunos datos de su vida, podría, acudiendo al arsenal psicológico, encontrar explicaciones. Por ejemplo (y se trata de una mero ejercicio, claro está) podría pensar que Feced representó para él una figura de padre a la vez cruel y concesivo y que por lo tanto… etc., etc, etc. Razonamiento que podríamos invertir en el caso de Feced, quien confesó que la pareja de Chomicki le recordaba a su propia hija… Y no obstante, la explicación aquí encuentra un límite: nada puede desplegar porque lo plegado se interrumpe bruscamente: estalla. Estalla cuando llegamos a ese punto límite en el cual alguien –no importa quién, incluso si se trata de un grupo– se complace de manera extrema con la inermidad de la víctima, de cuyo destino puede llegar a creerse (y de hecho suele serlo) árbitro absoluto. Todas las disciplinas se estrellan ante esta roca inaccesible, a pesar de que conocemos infinidad de circunstancias económicas, sociales, antropológicas que nos conducen a semejante lugar; a pesar de que este despliegue de maldad no acontece por casualidad. Su tiempo, su espacio, poseen condiciones de posibilidad que podemos y debemos rastrear con el auxilio del saber racional; pero su existencia misma ya no es explicable, cabe el más absoluto de los repudios éticos. Donde el saber se extingue comienza el dominio de la ética. 1. El vocablo “apariencia” es una licencia forzada: en rigor, lo monstruoso como tal no aparece; hace estallar el régimen de la apariencia.


El ejemplo se nos impone. Es conocido el resentimiento, incluso el odio de ciertos sectores de la clase media baja y del llamado lumpenproletariado –allí donde alguien puede indiferentemente volverse policía o ladrón– hacia el universitario. En esos sectores López Rega primero y luego la dictadura militar reclutaron la mano de obra del terror, la que junto con la Policía y sectores de las Fuerzas Armadas se encargó del trabajo sucio. Todo esto es explicable, tan explicable como lo es la psicología de la masa descripta por Freud, capaz de hacer colectivamente lo que uno por uno de los integrantes jamás harían; lo que no es explicable es el goce extremo en el ejercicio de la violencia, en este punto sí uno por uno, tanto como la capacidad de violar todas las reglas, inconscientes y por ello operantes de forma espontánea, que protegen a los seres humanos con el velo del pudor. Y ahora tenemos algunas premisas para juzgar la polémica entre los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ciertamente: no se puede exigir conducta heroica a quien está sometido a apremios terribles y degradantes. A todos la carne nos vuelve extremadamente débiles… De otra parte, no creo que los ideales basten para rehusarse a la colaboración. Transcribo parte de la declaración de los sobrevivientes: Solo desde la ignorancia o el cinismo puede afirmarse, como regla general, que el ser humano, guiado por su instinto de supervivencia, como modo de auto conservación, ataca a miembros de su colectivo de pertenencia, uniéndose a quienes lo destruyen. La supervivencia y la auto conservación de la vida humana no refieren solo –ni principalmente– a la defensa de los órganos del cuerpo, de la vida biológica. No somos cucarachas. Los humanos nos auto conservamos defendiendo nuestros lazos sociales, nuestros afectos, nuestros rasgos identificatorios, nuestros ideales, nuestros lugares de pertenencia, nuestros valores, nuestras representaciones imaginarias acerca de lo que somos y lo que queremos ser. El sentido último de nuestros actos. Esa es la vida que defendimos con uñas y dientes en los Centros Clandestinos de Detención argentinos casi todos los que pasamos por ahí.

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No desconocemos que el plan sistemático de exterminio montado por el terrorismo de Estado –que incluyó persecuciones y secuestros, torturas en centros clandestinos, desaparición y asesinatos de opositores políticos– apuntó a la colaboración. ¿Cómo desconocerlo, si no hemos hecho otra cosa, mientras estuvimos secuestrados, que resistirnos como pudimos a ese propósito?

Que quede claro: doy plena fe a la palabra de los sobrevivientes. Pero si se resistieron, no pienso en modo alguno que fue en virtud exclusiva de los ideales, sino más bien en nombre de una fe religiosa que no necesita a Dios para proclamar las virtudes de un “cuerpo místico” que al reunir a los vivos y a los muertos –reunión que repugna a la razón, pero que el sentimiento constantemente reclama– adquiere una fortaleza imaginaria capaz de superar el dolor infligido al individuo aislado. (La fe religiosa, ya lo sabemos pero conviene subrayarlo aquí, no es privativa de la religión formal. En sus épocas de gloria y de exaltación, el Partido Comunista –el “Partido” a secas para los fieles– era la cabeza visible de un cuerpo místico.) Por supuesto, no pienso que esta creencia en un cuerpo místico que no es mera idea, baste para soportar la tortura; digo que tiene una fuerza mayor que el mero ideal. ¿Apoyo entonces la posición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación? De ninguna manera. No solo desconoce que no todos colaboraron, sino que confunde la colaboración pasiva con la activa. El dolor extremo puede constreñir a realizar actos que en circunstancias normales serían indignos e incluso abominables. Pero Chomicki y otros que compartían su situación, tal y como lo revelan testigos a los que es imposible no concederles crédito, tenían la misma libertad que la patota de verdugos. En mil ocasiones pudo hacer o no hacer y sin embargo no hizo e hizo. De otra parte, durante el juicio mostró la actitud propia de un canalla integral: disimuló cuidadosamente su conducta, se amparó en reflexiones sabias que justificaban a esta y ocultó pruebas que pudieran incriminar a él y al resto de la patota. Con todo, debo admitir que esta resolución –considerar a Chomicki un canalla integral– la he sostenido no sin vacilaciones; y como no soy un juez y el problema jurídico ha pasado ahora a un plano secundario, debo dejar constancia de ellas, precisamente porque las vacilaciones (que no son solo mías) vislumbran un sitio inquietante.

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En primer lugar alguien podría objetarme que la expresión “canalla integral” solapa una categoría psicopatológica, la perversión; con lo cual entraríamos en un terreno espinoso, precisamente porque llamar “perverso” a un agente del terrorismo es un modo de trazar una línea divisoria en última instancia insostenible entre “gente como uno”, es decir simples neuróticos, y los perversos habilitados para las atrocidades, cuando sabemos incontestablemente que “gente como uno” torturó, mató, violó. Y bien: “canalla” no es sinónimo de “perverso”, porque canalla es una categoría antes que nada, y sobre todo, ética. Vayamos a algo más complejo de decidir. No podemos victimizar a las víctimas: para mí es un principio heurístico; tanto como considerar que la tentación de hallar un chivo expiatorio sobre el cual hacer recaer las culpas colectivas es siempre muy grande. (Un ejemplo patético aparece en estos mismos textos documentales: una prisionera reiteradamente violada por su captor es rechazada por los otros prisioneros, quienes decían que era amante del torturador. Todos conocemos, muchas veces de fuente indubitable, ejemplos de esa proyección de las culpas –“No fui yo el que delató, fue Fulano…”– que por otra parte es común al ser humano…) Con todo, pienso que las razones para inculpar a Chomicki son tan evidentes, que es preciso preguntarse por qué la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación procedió con tanta prisa a exculparlo. ¿Para proteger el relato oficial? ¿Para no alterar la visión que quiere que las luchas de la Juventud Peronista y de Montoneros tengan como causa final el actual gobierno nacional y popular? Es muy probable… (Si abrimos la caja de Pandora de la historia, cuyo mayor mal es la confusión de los contrarios, no podríamos cesar de preguntarnos cómo se contaminan entre sí de tanto pensarse y avizorarse y auscultarse –de hecho, cómo se contaminaron– los combatientes en pugna.) De su lado y por motivos enteramente comprensibles, los sobrevivientes tampoco han querido reabrir un debate que reabriría las heridas que no pueden cerrarse y por ello deben de algún modo sepultarse. Mas en este debate hay algo que nos corresponde a todos, algo que nos constriñe a ampliar el debate.

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II ¿Ampliarse en qué dirección? Voy a argumentar, por un instante y ya se verá con qué intención, desde el derecho político liberal-democrático. La última dictadura militar arrestó y masacró a dos tipos bien diferenciados de ciudadanos. Aquellos que protestaban por la eliminación de los derechos y garantías individuales, el primero; el segundo y más decisivo, por cierto, fue el conjunto de militantes de las organizaciones armadas y clandestinas que se levantaron en armas2 incluso durante el gobierno elegido democráticamente del general Perón. El primer grupo no incurrió en delito según el código penal; el segundo, obviamente, sí, y si se juzga al gobierno de la Junta Militar no es porque los arrestó, juzgó y condenó (cosa que no hizo conforme a derecho) sino porque los masacró sin juicio, se apropió de sus bienes, de sus vidas y hasta la de sus hijos. Las organizaciones armadas –y me refiero al ERP y a Montoneros– se levantaron contra un Estado cuyo gobierno fue terrorista, pero asimismo y más allá de él se levantaron contra todas las estructuras burguesas: la propiedad privada, la Justicia, el Parlamento, la división de poderes. El mismo Estado al que agredieron terminó por indemnizarlos y, aunque muchos rechazaron tal indemnización, es ahora evidente la motivación que tuvo el oficialismo kirchnerista: reducirlos al estado de víctimas a las que había que compensar por el daño sufrido. Entretanto, se olvidaba todo lo esencial: el papel de la violencia en aquellos años y sus efectos políticos, algunos de ellos profundamente letales. No me refiero con esta expresión a las presuntas componendas, a las traiciones de cúpulas, al juego sucio que acompaña a la política cuando la delación vuelve inútil el coraje y el horror estupefacto desbarata la ingenuidad principista. No; me refiero a la convicción fanática y ciega, fuertemente desmentida por la práctica, de que el pueblo acompañaría la aventura; lo que no solo no aconteció, sino que terminó por reforzar el temor y el desconcierto de amplias capas de la población (justamente de aquellas que querrían haber movilizado), las que terminaron por 2. No ignoro la tremenda disparidad de fuerzas que obliga a considerar que no había allí dos ejércitos en lucha, sino la fuerza aplastante del Estado que practicaba la caza del hombre…

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dar una aquiescencia, sin duda pasiva pero aquiescencia al fin, a la paz fúnebre que impuso la dictadura militar. Es el papel de la violencia lo que está en cuestión. Discusión que difícilmente pueda desatarse de esas pasiones (de esos dolores, más bien) que la arrastran al olvido del que no se puede volver ni siquiera abruptamente, si persiste el estado de ánimo que conserva con exclusividad a desaparecidos y sobrevivientes en el estatuto de víctimas, de meras víctimas del horror, como si hubieran sido –la comparación, con sus límites, sirve quizá de ilustración– habitantes de un ignoto gueto de Europa Oriental llevados como borregos al matadero. Así se ha creado una leyenda funcional al actual relato populista… Ahora bien, a fines de los 60, el lugar de la violencia también era discutido en los medios liberales, y con notable intensidad3. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Necesito agregar algo más para mostrar un silenciamiento que desde luego tiene una causa más general y englobante, que es el derrumbe de la Unión Soviética y de los movimientos revolucionarios, aunque en ningún caso podríamos eclipsar las peculiaridades de nuestra historia, al menos de la reciente? El marxismo vulgar –el leninismo– ha intentado una visión aséptica de la violencia revolucionaria, juzgada un simple medio para alcanzar un fin humanista… Pero la violencia, lo sabemos hasta el hartazgo, no se somete a una simple discriminación entre medios y fines. Cuando es ejercida sobre el semejante y de manera máxima cuando implica la muerte de este, contamina con su tóxico al que la ejerce. Aun con los justificativos que pueden ofrecer tanto la ley como la ideología, la fe en la violencia engendra la simplificación de los procedimientos mentales que violentan cualquier complejidad, despierta los fantasmas de la paranoia y convoca una y otra vez a la necesidad insana de la purificación. Los defensores del llamado “estado de derecho” creen que la violencia, cuyo polimorfismo yace en el origen de la sociedad, podría ser perfectamente disciplinada por el orden jurídico en su carácter de fuerza legítima. Nada más falso, aunque convengo que la violencia irrestricta es 3. Véase El auge de la violencia, Ediciones Revista Sur, Buenos Aires, 1968, transcripción de un debate del que participaron entre otros Victoria Ocampo, Víctor Massuh, José Luis Romero, Miguel Grinberg. Era el tiempo posterior al asesinato de Kennedy y del auge del Black Power.

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infinitamente más peligrosa que su encauzamiento como fuerza reglada. Pero la lógica del estado de derecho oculta varias cosas. En primer término que el orden represivo fundado en normas, tengan estas la precisión y el equilibrio que se quiera, exige del infractor que se identifique con el objeto degradado hasta tornarse cosa entre las cosas4. En segundo lugar, que esa misma humillación del objeto expulsado, termina por contaminar al representante del orden: uno y otro están unidos por un lazo tan sutil como indestructible. La renovación de la discusión puede entonces nombrar y significar fantasmas que desde hace tiempo ahogan a la sociedad, fantasmas que la democracia –régimen débil frente a las pasiones y tóxicos colectivos– ha disimulado sin suprimirlos.

*** A modo de apéndice, quiero transcribir un artículo que escribí hace un tiempo y que permanece inédito. En él se esclarece la perspectiva desde la cual redacté estas notas.

La memoria y el horror: la responsabilidad Pero de lo que es infernal no debería ser posible hablar más que discretamente, sin depresión y sin bravata. Revista Acéphale Nº 5, París, junio de 1939.

¿Qué más decir sobre el terrorismo de Estado, la memoria, el horror? Desde luego: si la crueldad y la devastación se sostuvieron durante tanto tiempo y con un costo tan inmenso, no podrían haberlo hecho sin la complicidad pasiva de vastos sectores de la población, que incluye no solo ni predominantemente a las clases altas. 4. El criminal, maltratado por la policía, experimenta en su propia carne la humillación que cambiará para siempre su vida.

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Claro: se persiguió y masacró a militantes obreros con la connivencia de burócratas sindicales, pero también hubo clase obrera que atemorizada y desconcertada, dejó de hacer y dejó hacer. La militancia armada se levantó contra la dictadura, pero lo hizo en condiciones tales que terminó por colaborar, de un modo ciego y suicida, en la gestación del vórtice de la violencia, apoyada en una idea en el fondo candorosa, aunque soberbia y deletérea en su ilusión vanguardista, tan nutrida por el mesianismo negro propio de la época, idea de un pueblo montonero de poncho y lanza como podría haberlo imaginado un Abelardo Ramos, o de una clase obrera siempre con el puño en alto, como en un film de Eisenstein. Antes de llamar a elecciones, el gobierno militar había perdido el apoyo, pero más por la humillante derrota de las Malvinas que por el terror, la política neoliberal y el consiguiente debilitamiento del mercado interno; más por el explosivo y recién renacido y rápidamente hollado nacionalismo, brote que sorprendió incluso a los mismos militares, que por la ofensa de los valores democráticos, los cuales, ¿cómo dejar de decirlo?, hacía muchas décadas que buena parte de la población había dejado de apreciar, si es que alguna vez los apreció. Y además ese trasfondo que difícilmente pueda eludirse: sin la aventura malvinense, es casi seguro que Argentina habría tenido un presidente de “transición” apoyado por un amplio espectro político, radical y también peronista. Me refiero, claro está, al “almirante cero”, el célebre chacal: Massera. Trasfondo del trasfondo: la situación del peronismo que explotó a la muerte de Perón, por lo insostenible de una conducción que había reunido extremos incompatibles e ingobernables para un viejo y cansado estadista que cerca del fin cedió a lo peor. Extremos que van desde Gelbard y su proyecto de burguesía nacional, la poco antes denominada “juventud maravillosa”, el sindicalismo de Rucci, tradicional arma de conciliación hacia la derecha y devota del militarismo, hasta el anticipo del horror, horroroso él también: la Triple A fundada, armada y convertida en metralla y tósigo por López Rega, la cara más oscura, despreciada y despreciable, del propio Perón. ¿Qué más? Quizá no hemos llegado –recién empezamos, en verdad– a El corazón de las

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tinieblas, título de una muy conocida novela de Joseph Conrad y emblema de un artículo de Marc Richir publicado hace años,5 que al meditar sobre dicho relato, esboza la socialidad humana de una manera tan certera como ominosa: “La socialidad –dice– es como un gran cuerpo anónimo y adormecido, transido por estremecimientos, terrores oscuros, imaginaciones delirantes y, esto que puede ser lo peor, por solapados placeres, extáticos arrebatos, fascinaciones sin nombre ante esto que sus sueños le proyectaban como espectáculo. Todo indica que este monstruo –la socialidad humana– se deleita devorándose a sí misma, engullendo a los hombres para renacer reforzada por estos lúgubres ágapes”. Quisiera evitar, antes que nada, la por momentos inevitable polémica que palabras como estas suele acarrear: ¿los males del hombre provienen de la sociedad o de la naturaleza? ¿Diremos, al modo de Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza o apelaremos a los teólogos del Mal radical de la naturaleza humana? Ambas posiciones son fácilmente refutables y por ello mismo retornan una y otra vez, irrefutables. Las dos carecen de fundamento, pero lo que carece de fundamento siempre es interrogado obsesivamente en discursos sin salida que postulan algún fundamento último, todavía inalcanzado. La verdad es que ambas posiciones son cómplices de lo mismo: terminan por distraernos de una evidencia fenomenológica irresistible: en los momentos en que el terrorismo de Estado monopoliza las fuerzas sociales, lo que duplica el horror es el deleite ante este mismo horror. Un deleite que, al contrario del pensamiento progresista, no puede ser distribuido según una lógica elemental por la cual la complacencia le incumbe solo al opresor, sobre el cual pueden acumularse y con razón todos los dicterios, y no sobre el oprimido6. Es como si se hubiese formado otra masa –diversa de las masas 5. Marc Richir, “Au coeur des ténèbres”, en Esprit Nº 5, París, mayo de 1984. 6. Esta lógica tiene, como es sabido, su chivo expiatorio, el famoso “pequeño burgués”, que más que una categoría social es una figura moral, bastante lata en su contenido que abarca desde el “resentimiento” de la clase media baja –como si el fenómeno no se registrara en la clase obrera donde hay tantos que juzgan charlatán al intelectual, o consideran, que viene a ser lo mismo, alguien que “vive en las nubes” al tiempo que sueñan en convertirse en patrones–, hasta la clase media alta que delira con campos o ladrillos. La división entre puros e impuros, siempre presenta fallas abismales…

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artificiales de que habla Freud, pero no sin relación con ellas, en particular en lo que respecta a la jerarquía y a la disciplina–, una suerte de cuerpo-Leviatán estremecido por un ciego apetito de destrucción. ¿Qué otra cosa son las guerras modernas?7 No es por casualidad que reflexiones como estas surgen en épocas que son terribles o en las cuales lo terrible se ha tornado inminente. Así, el llamado Colegio de Sociología Sagrada8 que se fundó en París y en 1937. Los nombres –Caillois, Bataille, Klossowski– y la fecha vuelven innecesario todo comentario. Baste sí decir que ellos alertaban sobre los límites de los cautos, tímidos conceptos de las ciencias sociales para captar la virulencia de una actualidad que el nombre del nazismo revelaba sin remedio. Se interesaban no solamente por la contaminación entre lo indigno y lo sagrado, la exaltación de la guerra, la exhibición de la crueldad, sino también por acciones en principio contrarias pero cuyo veneno no es menor: las mezquindades cotidianas hechas de renuncias apenas perceptibles que se acumulan, las acciones culpables que quieren pasar inadvertidas, la pasión por sustraerse a cualquier iniciativa, de la clase que fuera. ¿Cómo no subrayar que los actores de estas últimas acciones u omisiones, al formar masa suelen exaltarse como si los dioses los hubieran parido? Ahora bien, y este es un mérito indudable de los que formaban esa institución de vida tan breve, lo sagrado no es lo trascendente9, no coincide con la religión –y si digo religión digo en este contexto cristianismo–, la que sí apunta a la trascendencia, especialmente en su faz teológica dogmática, especialmente en todo su 7. No pienso solo en lo que habitualmente se menciona. Me basta agregar un nombre que condensa lo peor: Sarajevo. 8. G. Bataille, R. Caillois, P. Klossowski, A. Masson, J. Monnnerot, J. Rollin, J. Wahl, Acéphale, Religión/Filosofía/Sociología, 1936/1939, Caja Negra, Buenos Aires, 2005. Este grupo es revelador de cómo en ciertas épocas un pensamiento indudablemente renovador –y los nombres de Caillois, de Klossowski, entre otros, bastan para certificarlo, porque asoma en ellos la asociación del exceso con la insuficiencia–, está contaminado por aquellas fuerzas epocales a las que declara la guerra. El fervor loco, la virulencia sectaria, el desorden y la promiscuidad (Caillois intentó comprender estos aspectos pero tomando por completo distancia con ellos) forman parte esencial de la atmósfera, de la forma de sensibilidad propia de una época que salida de una guerra total estaba por enfrentarse con otra que era su hipérbole y llevaba angustiosamente los cuerpos al borde del abismo. 9. Es Bataille quien ha dado forma a este concepto de una sacralidad inmanente.

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equilibrio aristotélico entre las causas eficientes y las causas finales. Lo sagrado es lo inmanente; es aquello en lo que estoy inmerso como si se tratara de un sueño del cual es imposible despertar, todo lo cual evoca Richir. En un libro que suelo citar, Roger Caillois habla de los tóxicos que invaden a las estructuras e instituciones sociales cuando la propia sociedad no halla medios de evacuarlos, cuando no puede poner afuera lo que envenena al cuerpo social. Cuando es este el caso, terminan por destruir el tejido social10. No obstante, los tóxicos –un nombre módico para denominar al Mal en lo que tiene de situable y determinable– pierden su espesor o se tornan un museo impresionista del esperpento cuando no son encuadrados en una cierta morfología social. Pero al revés: las descripciones morfológicas ya incluyen en su misma articulación el elemento tóxico que nunca terminamos de explicar porque reúne propiedades contradictorias y al mismo tiempo continuas, sumidas en la inmediatez y en la indivisibilidad, de las cuales es tan difícil hacerlas brotar en términos discretos o casi discretos. Es por ello que hay que recurrir incesantemente a metáforas y alegorías dramáticas y míticas –de golpe a mí se me ocurrió algo nada original, por cierto: el cuerpo-Leviatán– y es asimismo la razón más evidente de la eficacia soberana de la literatura en este plano. (Una ventaja adicional de la literatura: no tiene que adoptar precauciones oratorias como las que yo mismo tomo como para que, pongo por caso y no se trata de un caso cualquiera, no se me juzgue un partidario de la doctrina de los dos demonios. Entonces digo, sin pausa: no se puede poner en el mismo plano al que tortura a un ser inerme con el que mata invocando un ideal, lo cual me habilita a preguntar: ¿qué pasa cuando el fanatismo y el culto a la muerte aparecen, por momentos, en ambos bandos? Véase al respecto la entrevista a Héctor Jouvé: “La guerrilla del Che en Salta, cuarenta años después”, que aparece por segunda vez en el volumen colectivo Sobre la responsabilidad (No matar). Polémica de la revista La intemperie, Ediciones de El Cíclope/editorial de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2007. Todo el volumen es valioso, pero quiero destacar uno de los exergos al testimonio de Jouvé: “Lo primero que nos dijo fue: ‘Bueno, aquí están. Ustedes aceptaron unirse 10. R. Caillois, Instintos y sociedad, Seix Barral, Barcelona, 1964.

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a esto y ahora tenemos que preparar todo, pero a partir de ahora consideren que están muertos. Aquí la única certeza es la muerte; tal vez algunos sobrevivan, pero consideren que a partir de ahora viven de prestado’” (palabras de recepción del Che Guevara al grupo inicial del EGP). En cuanto a las referencias morfológicas están muy dolorosamente a la mano. En primer lugar la descomposición del peronismo, ya anticipada e incluso realizada con la matanza en los bosques de Ezeiza, consumada por la derecha peronista. Los que invocan esa categoría-araña denominada “populismo”, suelen echar un manto de asepsia sobre los aspectos miserables (¿cómo llamarlos, si no?) de un movimiento que ha llegado no diré a expresar sino a constituir el país. Es que el intento de acoger todas las demandas, por más contradictorias que sean entre sí, intentando apaciguarlas, moderarlas y al mismo tiempo controlarlas por medio de una mezcla de aguda percepción y de realismo cínico, en momentos de extrema tensión, cuando las ideologías más feroces imperaban, abrumadoras y abrumadas por el fantasma del comunismo, semejante intento, digo, llevaba directamente al abismo. (Barthes decía que el lenguaje en acción implica guerra y fragmentación y que los lenguajes más serios son los más violentos. Se refería, creo, tanto a los códigos cotidianos como a los intentos teóricos por descifrarlos. Estos últimos encubren cuando quieren controlar y hasta eliminar las connotaciones angustiosas, que no necesitan de estridencias para manifestarse.) Después de la hecatombe, ni el peronismo ni el país son los mismos11. No obstante, bajo el palio de la democracia, se ha ido gestando un lenguaje cada vez más pulcro y vacío, el que termina por invadir incluso las zonas de pensamiento aparentemente más alejadas del espectáculo mediático y de las torpezas de un humanismo que se desconcierta cuando la prédica antidiscriminatoria se enfrenta a la realidad cotidiana –esta vez más sorda e insidiosa, pero no menos efectiva–, de los grupos sociales que practican, como siempre, discriminación y segregación12.

11. ¿Soñaremos con un nuevo reverdecer de los ganados y las mieses ahora que los países centrales sufren el efecto de la medicina que implacablemente nos recomendaron e impusieron? 12. Debería quizá agregar a la enumeración “exterminio”. Pienso en la multiplicación en las

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La segunda referencia morfológica está también a la mano. Es el espíritu más militarista que militar preludiado en sus líneas fundamentales, incluso definitivas, por aquel célebre discurso de Lugones en Ayacucho el 9 de diciembre de 1924, y que vale la pena citar, porque transmite lo que es el huevo de la serpiente fascista: “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada... Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley, porque esta, como expresión de potencia, confúndese con su voluntad”. Desde 1930, con alternativas complejas de idas y vueltas, este espíritu ha ido creciendo y generando más identificaciones que consentimientos y más aquiescencia que repulsas, hasta alcanzar su acta de defunción con la supresión del servicio militar obligatorio.

Finalmente, algunas notas sobre el estatuto de la memoria. Ninguna memoria es individual pero tampoco hay memoria propia de un sujeto colectivo, que no existe13. La memoria de cada cual le viene literalmente de afuera, aunque se modalice internamente de forma absolutamente singular. No obstante, lo que llamamos “memoria colectiva” es un discurso que se transmite de actor en actor, de red en red, en el olvido de sí y que por ello, podemos captarlo en los intersticios y fragmentos de acciones singulares,14 encriptamiento ingrávido y no obstante persistente y, sobre todo, potencialmente traumático. (Un conocido bar de la ciudad, “Londres”, lo cambió por “Malvinas” y a los villas miserias de las pymes del paco, pequeñas familias que luchan ardorosamente por pequeñas ganancias y se disputan a tiros el predominio de sus pequeños territorios. También en las bandas de adolescentes pobrísimos que no tienen otro medio de afirmarse que el coraje criminal y suicida que los lleva a matarse entre sí. No todas son delicias en la Jauja sojera y automotriz… 13. Para existir todos los miembros del grupo deberían participar de las mismas y transparentes y recíprocas convicciones sin separación de ninguna clase entre unos y otros. En suma, un dios encarnado… 14. Es una desdicha que se confunda de continuo individuo –etimológicamente indiviso– con singularidad.

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pocos meses recuperó su antiguo nombre. Cuántos hay que celebraron el advenimiento de los militares y ahora se han vuelto custodios de los valores republicanos. ¿Dónde quedó la vorágine nacionalista que alcanzó una rarísima unanimidad durante la guerra de las Malvinas? Lo cierto es que en esos días, solía escucharse una opinión que a la postre fue tan falsa como reveladora del estado de ánimo colectivo: que los militares podrían ganar o perder la guerra, pero que pelearían sin tregua para hacerse perdonar sus crímenes.) La aserción que dice que la memoria es una función del olvido, precisa de pormenores y fundamentalmente de modalizaciones. Hay memorias y memorias y olvidos y olvidos. Hay olvidos deletéreos y olvidos protectores. Y si memoria y olvido son términos distintos es porque la memoria es lo olvidado que retorna del olvido bajo formas intempestivas: el olvido de algo tan corriente que escandalosamente remite a otra cosa más grave, ya olvidada y que está allí nomás, asomando; el furcio; el fragmento insólito de algo enteramente enigmático. Mas ese movimiento de retorno –llego aquí a lo que en este momento me interesa– puede ser de clases enteramente diversas y hasta contradictorias. Llegamos así a aspectos del ser humano que las circunstancias extremas del terrorismo de Estado nos han hecho de nuevo saber y que, francamente, muchas veces desearíamos no saber, en absoluto. Cuando un cuerpo ha sido profundamente humillado y herido sin tregua, el sujeto que sobrevive adopta (cuando puede) una actitud de rechazo hacia lo sufrido. No es que no conserve la memoria de lo ocurrido; al contrario, esta es intensísima, pero opera como si se tratase de una división radical del psiquismo y del cuerpo; de un lado el horror, encriptado, encapsulado, aguardando allí para retornar como retorna lo rechazado; del otro, una vida que aspira a la cotidiana normalidad y a mantenerse en una economía del placer –términos estos últimos que hay que tomar en su acepción psicoanalítica, no en la vulgar. ¿Es necesario ahondar más? Creo que es suficiente para el objetivo que me propongo: ir hacia las tinieblas para no enviar a la trastienda los aspectos más sombríos de la existencia. (Alguien podría invocar que la humanidad reúne los extremos de la gracia y del

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horror, o, para decirlo con un lenguaje más tonto y obvio, lo más positivo con lo más negativo. Nada tengo que decir al respecto, salvo que uno y otro aspecto poseen la misma raíz.) Esta experiencia de extrema esquizofrenia –uso el vocablo en su acepción etimológica, no psiquiátrica–, nos compete incluso y sobre todo a quienes jamás acordamos de ningún modo con la dictadura. ¿Cómo leer, divertirse, pasear con amigos, contemplar la calma del horizonte marino, si uno tiene constantemente presente que en esos momentos se tortura, se masacra, se humilla, centenares de personas queman sus libros ante el temor de que se les impute una actitud “subversiva”? En otros, esa separación extrema y feroz, ese desmentido que niega perfectamente lo que se admite perfectamente, podemos decir acudiendo al preciso vocablo psicoanalítico, bordea la canallada, como en los habitantes de algunas aldeas alemanas cercanas a los campos de concentración nazis, los que en ciertos días sentían olores a densa materia quemada y veían surgir humo por las chimeneas que se suponía pertenecían a curtiembres.

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El caso Chomicki se diagramรณ y compuso en emr y se terminรณ de imprimir en Xanto Conceptos Grรกficos, Pje. Mattos 3373, Rosario, Argentina, en marzo de 2015.


que había sucumbido al accionar del aparato represivo, ser enjuiciado en el mismo banquillo que los perpetradores? Su accionar en el Servicio de Informaciones, ¿debía interpretarse como un acto consciente de colaboración con el aparato represivo o como una conducta entendible, una consecuencia del “quiebre” ideológico y moral producido por el aparato represivo? ¿Debía ser Chomicki homologado, en su conducta y en las consecuencias que la misma tuvo sobre la vida y el destino de sus compañeros, con aquellos que decididamente habían planificado y llevado a cabo el plan de exterminio? El Museo de la Memoria de Rosario, consciente de la trascendencia que este tipo de debates tiene en la escena política y social argentina, reunió un conjunto de documentos y opiniones sobre los pormenores del caso y sus implicancias éticas y jurídicas. La primera parte del libro incluye extractos de la causa y documentos aparecidos en la prensa gráfica y en medios digitales durante el desarrollo del juicio; la segunda, una serie de reflexiones de Federico Lorenz, Griselda Tessio, Lucila Edelman, Héctor Schmucler, Marta Bertolino, Oscar Bertone, Gabriela Durruty, Silvana Rabinovich, Gabriela Águila y Juan Bautista Ritvo solicitadas especialmente para esta edición.


EL CASO CHOMICKI El testimonio de los sobrevivientes del principal centro clandestino de detención de Rosario. Las posiciones de los Organismos de DDHH y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Las imputaciones de los querellantes. Las declaraciones del acusado. El alegato de la defensa. La sentencia del Tribunal. Reflexiones desde la filosofía, el psicoanálisis, el derecho, y la historia.


El caso Chomiki