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Las políticas de Reconstrucción están empeorando la distribución del ingreso en Chile. Por  Nicolás  Valenzuela  Levi,  Arquitecto  y  Magister  ©  en  Desarrollo  Urbano  UC.  Fundador  de  la  ONG   Reconstruye.org  y  miembro  de  los  programas  Global  Changemakers  del  British  Council  y  Global   Shapers  del  Foro  Económico  Mundial.  Asesor  del  Movimiento  Nacional  por  la  Reconstrucción  Justa.  

La distribución del ingreso América Latina es al mismo tiempo el continente más desigual – según el PNUD – y más violento – según la OEA. Existen múltiples estudios que permiten vincular ambos fenómenos: más desiguales, más violentos. Desde el 2008 que en Chile se inauguró en forma oficial la agenda de la distribución del ingreso, con el llamado “Informe Meller”, elaborado por los economistas Patricio Meller y Oscar Landerretche, por encargo de la administración Bachelet. A nivel continental, el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD del 2010 planteó en forma enérgica la necesidad de que las políticas sociales dejen de considerar sólo la línea de pobreza y pasen a preocuparse por la diferencia relativa entre los niveles de ingresos de ricos y pobres. El 2011, las movilizaciones sociales en Chile levantaron también el problema de la desigualdad. La comparación entre el primer y último decil de ingresos es de 27 veces, lo cuál se ha transformado en un dato más para apoyar las demandas estudiantiles. Hace pocas semanas, en un país como Nueva Zelanda, que Chile acostumbra observar como alternativa para su modelo de desarrollo, hubo una tremenda discusión nacional cuando la misma comparación mostró un aumento de la desigualdad: de 5 a 10 veces. ¿Qué tiene que ver esto con las políticas de Reconstrucción después del 27F? Una investigación que realizamos con el apoyo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, la Universidad Católica del Maule y la ONG Reconstruye.org demuestra que hay razones para afirmar que las políticas de reconstrucción adoptadas hasta ahora están propiciando un empeoramiento de la distribución del ingreso. La causa es la adopción de las mismas políticas de subsidio a la demanda y oferta privada de vivienda por parte del mercado inmobiliario, que era ya criticada por sus resultados antes del terremoto, ahora aplicadas a un problema distinto a la demanda habitual por viviendas. Éstas son causante de aumentos en las brechas de ingreso, de la forma que explicaremos a continuación. Efectos de las políticas de reconstrucción En el mencionado Informe Meller, ya en 2008, se mencionaba en base a las cifras de la encuesta Casen que si bien no se había logrado disminuir las brechas de ingreso autónomo de los hogares, las transferencias monetarias del Estado, a través de políticas sociales, corregía estas disparidades. De esta manera, entonces la comparación entre el primer y último quintil pasaba de 13,1 a 6,8 veces considerando el ingreso autónomo versus el ingreso total “corregido”, respectivamente. De estas transferencias, dentro de las más cuantiosas está el subsidio a la vivienda, pudiendo llegar a montos cercanos a los 14 millones de pesos de una sola vez. La pregunta es cómo se valoriza en el tiempo, puesto que al cabo de unos años las familias pueden vender la propiedad – aspiración natural de cualquier propietario – o ésta puede ser tazada y definir disponibilidad financiera gracias al acceso a crédito. La investigación arrojó tremendas diferencias entre viviendas localizadas en zonas valorizadas – apetecidas por el mercado inmobiliario – y otras alejadas de centros urbanos y pobladas sólo por hogares pobres que acceden a subsidios y resultan segregados. El valor del mismo inmueble en estas dos ubicaciones diferentes podía ser de 42 y 24 millones respectivamente, diferencia que se acentúa en numerosos casos en los que la zona valorizada continúa subiendo de precio y la zona segregada pierde valor. Esta diferencia de 18 millones es el equivalente al pago completo de una carrera universitaria sin deuda. Lo anterior importa producto de dos realidades que exhibe Chile. La primera es que el acceso a la educación superior sigue siendo el mayor predictor del nivel de ingresos, según


investigaciones reiteradas durante las últimas dos décadas por distintos investigadores como Dante Contreras y Herald Beyer – ése último, el nuevo Ministro de Educación. La segunda es que, de toda la OCDE, Chile es al mismo tiempo el país más desigual y aquel donde la educación es financiada en mayor porcentaje por dinero que sale directamente del bolsillo de los hogares. En este contexto, los 18 millones de diferencia inciden directamente en la capacidad financiera, que en Chile determina el acceso a Educación Superior, el cual a su vez determina el ingreso. La reconstrucción está afectando de tres maneras: La primera es que se restringe el acceso a propiedades en suelos valorizados por parte de los damnificados. En el modelo de reconstrucción de viviendas, éstas son construidas cuando entidades externas al Estado encuentran un atractivo en ejecutar proyectos pagados con subsidios. La mayor parte se produce puesto que empresas inmobiliarias operan negocios con rentabilidades considerables, ejecutando proyectos con el monto de compra asegurado por los subsidios, con demanda garantizada por la cantidad de damnificados. Las formas de aumentar las ganancias son dos: generar los proyectos en terrenos baratos, y hacer economía de escala construyendo muchas unidades al mismo tiempo en terrenos de gran tamaño. La tierra con estas dos características se encuentra en las afueras de las ciudades, por lo que es ahí donde se construyen viviendas. Por esta misma razón no es atractivo construir viviendas “de a una” en los sitios de los afectados, puesto que no hay economía de escala ni posibilidad de rentar con el suelo. El resultado es que los proyectos de reconstrucción se ubican en las periferias: en la ciudad de Talca, durante todo el primer año no se entrego ni un solo subsidio de reconstrucción en la Comuna, pero ese año en los registros del SERVIU se incluyen 92 viviendas en la comuna de Maule, donde la diferencia del valor del suelo puede ser de hasta 10 veces respecto a la ubicación original de las familias. Lo mismo está ocurriendo en otras comunas. La segunda es que se aumentan los costos por el acceso a la educación, incluso aunque no se pague por ella. En Chile existe una correlación entre el nivel de ingresos y el tipo de establecimiento educacional al que se asiste. A su vez, el tipo de establecimiento educacional determina los umbrales de puntaje en la Prueba de Selección Universitaria, la que determina tres cosas: (1) la posibilidad de acceder o no a la educación superior, (2) la perspectiva de ingresos determinada por el tipo de carrera elegida – a mayor puntaje mejores perspectivas – y (3) el financiamiento posible puesto que éste depende de obtener un puntaje mínimo y del tipo de establecimiento. La mejor situación es, bajo el funcionamiento actual, obtener el mejor puntaje posible asistiendo a un establecimiento municipal – y gratuito, mezclando buenas posibilidades de acceso y financiamiento. Los establecimientos municipales con buenos resultados son, sin embargo, escasos. Pero no inexistentes: nuevamente utilizando el caso de Talca, existen casos de excelentes resultados en establecimientos como el emblemático Liceo Abate Molina y un par de otros más. La totalidad de los afectados de la ciudad vivían en zonas de suelo de alto valor, a menos de 15 minutos a pie – 800 metros, 8 cuadras – de 9 de los 13 liceos de la comuna. Las nuevas viviendas en Maule, donde los precios de suelo son baratos, se ubican a distancias de hasta 11 kilómetros del lugar donde vivían antes del terremoto: ésta es la comuna que más creció desde 2002 según el pre-censo, y no dispone de establecimientos municipales para las zonas que se están poblando. La nueva ubicación agrega necesariamente más de $30.000 mensuales en locomoción por adulto activo en el hogar, lo que significa sumar un gasto de alrededor de 20% de un Sueldo Mínimo. Todo lo anterior encarece y disminuye las posibilidades de acceso a educación para la movilidad social entre los damnificados. La tercera corresponde a la eliminación de actividad económica que los damnificados tenían gracias a la localización. El mejor ejemplo es un lugar turístico como Dichato: en una reciente entrevista a mujeres afectadas por el terremoto, se describía el conflicto por la decisión de expropiar el borde costero y restringir su uso habitacional. Una de las mujeres alegaba que cualquier tasación para la expropiación, por muy favorable que fuera, no era conveniente para ella puesto que antes del terremoto desarrollaba diversos emprendimientos para atender turistas, gracias a que su vivienda estaba cerca de la playa. Según el INE, en Chile entre el 15% y el 20% de los empleos corresponden a trabajadores por cuenta propia: en las zonas turísticas costeras estas cifras probablemente aumentan, y éstos se encuentran obviamente en


los lugares atractivos cerca del mar, asociadas a la actividad turística o pesquera. Una vivienda bien ubicada significa posibilidades de mayores ingresos mediante emprendimientos estivales o permanentes. La política de expropiación y restricción del uso habitacional, sumado al funcionamiento del mercado de suelos, que solo proveerá una oferta alternativa en las zonas alejadas de las zonas de concentración de turistas, implica la eliminación inmediata de la fuente de ingreso adicional que estos hogares tenían antes del terremoto. En los casos de ciudades del interior, como Talca y otras, la situación es similar, solo que en vez de la cercanía a zonas turísticas lo que permitía la instalación de negocios independientes o sub-arriendo de locales de pequeño tamaño en las antiguas viviendas se daba producto de encontrarse en las zonas céntricas, donde se concentra el comercio y los servicios. Se trata de tres evidencias que son constatables hoy día. La reconstrucción está dejando un panorama de diferencias de ingreso peor que antes del terremoto: en cuanto a la valorización de las transferencias monetarias que entrega el Estado, en cuanto a la educación que es la herramienta para mejorar ingresos, y en cuanto a las fuentes adicionales de ingreso por emprendimientos derivados de la localización. Éstas se aplican tanto a la situación inmediata como a las perspectivas de movilidad social intergeneracional: nos estamos haciendo más desiguales. La experiencia de terremotos recientes en Japón, Estados Unidos y América Latina hacen prever que la reconstrucción durará al menos diez años. Esto supone que quedan ocho para enmendar el rumbo. Casos en Chile y experiencias como la Colombiana demuestran que no se puede reconstruir promoviendo la equidad dejando el problema al funcionamiento del mercado de suelos, sino que se requiere un papel activo e innovador del Estado en el diseño de proyectos, la participación ciudadana y el manejo del suelo, delegando a los privados la labor exclusivamente productiva mediante licitaciones para la construcción. Existen casos exitosos que pueden mezclar la acción del Gobierno central, los Servius y los Municipios. Valdría la pena sentarse a conversar y diseñar mejor los próximos ocho años, para hacer de la reconstrucción un aporte a disminuir la desigualdad en Chile. O al menos dejar de empeorarla.

Políticas de Reconstrucción Nicolás Valenzuela Levi  
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