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El Universal / 29 - 04 de Febrero 2012 09

Especial tablecimiento de salud bajo amenaza de denuncia por parte de la fiscalía de prevención del delito. Este tipo de iniciativas por parte de normas equívocas y políticas desorientadas nos hacen reflexionar sobre este tema ¿Las restricciones impuestas el Estado son o no efectivas? ¿acaso penalizando el inicio de una relación sexual, esta va a disminuir? Para Rossina Guerrero, directora de Promsex, señala que desde en 2006 - fecha en que penalizaron las relaciones sexuales, estos se convirtieron en un problema de salud pública debido a que esta norma lo único que han hecho es retroceder en materia legislativa – y las cifras así lo confirman. Desde que entro en vigencia esta cuestionada norma el índice de embarazos no deseados en adolecentes aumentaron en un 13.7% , esto a raíz de que los centros de salud y nosocomios de todo el país tenían que regirse a la norma vigente – la cual consideraban como una violación los embarazos de jóvenes menores de edad – por lo que estaban en la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que se presente, siendo las relaciones la prueba del delito. Es por esa razón señala la especialista – que en la actualidad existen jóvenes que prefieren mantenerse en la clandestinidad sus embarazos – poniendo en riesgo no solo su vida sino la de su hijo. Guerrero agrega que a raíz de mantener embarazos sin ninguna atención médica, estos han generados trastornos emocionales y

psicológicos en la joven – provocando en muchos casos el aborto inducido, así como reiterados intentos de suicidio de la menor que terminaron de mala manera. “No es posible que no se pueda modificar esta ley que lo único que ha traído es que el problema de los embarazos se halla incrementado, esto nos da un pésimo indicativo de lo que se nos viene. Las autoridades están equivocados si piensan de que prohibiendo las relaciones entre menores estos van a dejar de hacerlo – es una idea equivocada del problema que se debe modificar de inmediato”, acotó. Una opinión similar es la que tiene Teresa Carpio, directora de la Ong Save the Children, quién señala que mediante estudios realizados el año pasado se llegó a la conclusión de que el inicio sexual de los jóvenes se incremento a un 35%, siendo las regiones de Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Piura y Huánuco los que más presentan este incremento, por lo que recomienda que el Estado no debe estar ajeno a los problemas reproductivos, en donde los jóvenes en pleno siglo XXI vienen siendo objeto de cambios en su vida sexual por lo que es más que importante que reciba una orientación profesional adecuada – en donde debe estar enfocada básicamente al uso de métodos anticonceptivos adecuados, así como ayuda psicológica y terapias familiares que busquen reducir esa cifra de embarazos no deseados. Ante este hecho han salido en defensas numerosas ONGs en defen-

Rossana Guerrero: “Las mejores de de escasos recursos son las que están pagando el precio de esta ley”

El último año se incrementó en un 35% los embarazos en adolecentes según el INEI. sa de este derecho, exponiendo sus argumentos sobre el problema. Dentro de los que se resalta el Concejo Nacional de Adolecentes y Jóvenes para la Prevención del Embarazo (Conaajpea), quienes señalan que la exclusión de de las adolecentes de los servicios de salud como lo indica el artículo 4 de la Ley General de Salud, en donde se especifica que la menor no puede ser atendida si no es acompañada de sus padres o apoderados, situación que es por lo demás incómoda para la joven – dado que en nuestro país por ser un sociedad conservadora, no es habitual que esto ocurra – por lo que se hace inviable que esto ocurra. Norma es autoexcluyente Desde el año 2006 se viene penalizando las relaciones sexuales entre o con adolescentes menores de 18 años, que originó un problema de salud pública. Uno de los proyectos de ley que propuso modificar la Ley N° 28704 fue elaborado por la congresista Rosa Mavila. Otra iniciativa legal en el

mismo sentido fue presentada por el congresista Juan Carlos Eguren. Como se hace evidente, iniciativas sobre este problema se han dado, lo que falta es compromiso de las autoridades. Entre tanto para el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, señala que esta data de abril del 2006 y que modificó el Código Penal (artículo 173 inciso 3). La modificación señala que son delito las relaciones sexuales libres y consentidas con una persona mayor de 14 años y menor de 18. De esta manera, se establece que el consentimiento de dichos adolescentes carece de valor. Es decir, si un joven de 19 años tiene relaciones sexuales voluntarias con su enamorada de 17 años habrá cometido delito y se le impone una pena privativa de la libertad no menor de 25 años ni mayor de 30 años. Esta ley resulta inconstitucional y, además, desconoce la realidad. Eso explica que haya sido cuestionada por el Poder Judicial. En mayo del 2007 la Corte Superior de Arequipa consideró que esta

DATO - Anualmente se realizan en la Maternidad de Lima cerca de 3 mil partos de adolecentes, de los cuales un 19% tiene menos de 16 años, 1% menos de 13 años y el resto no supera los 19 años. norma violaba la Constitución y no la aplicó a un caso concreto, es decir, hizo uso del control difuso. En julio del 2008 la Corte Suprema concluyó que si se trataba de una relación sexual voluntaria no había responsabilidad penal. No obstante, la norma sigue vigente y viene siendo aplicada. Mayda Ramos Ballón, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, también se pronuncia: “Nuestra posición es la de modificar la ley porque esta no responde a la realidad del país. Nosotros hemos pedido al Congreso modificar la ley 28704 porque desconoce la realidad y sanciona las relaciones sexuales consentidas con menores de 14 años”.

EDICION 104  

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