Page 1

Violaciones de Derechos Humanos en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

La documentaci贸n fue recopilada por miembros de la Coordinaci贸n Alemana por los Derechos Humanos en M茅xico


Violaciones de Derechos Humanos en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

La presente documentación fue recopilada por miembros de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. Está basada en testimonios reunidos durante el viaje de la delegación del 20 de octubre al 4 de noviembre de 2008.

Autores y participantes: Heike Gulatz (Amnistia Internacional) Carola Hausotter (Secretaria Ejecutiva de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Mexico) Heike Kammer (Brigadas Internacionales de Paz) Brigitte Lang (Iniciativa México Colonia/Bonn) Rosa Lehmann (Carea) Steffi Neumann (FIAN Alemania) Anne Schuster (promovio e.V. Asociación para el Fomento del Movimiento Indígena de Derechos Humanos en Oaxaca/México) Valeria Tapia Díaz (Iniciativa México) Daniel Tapia (Oficina Ecuménica Munich)

Edición: Editor y distribuidor: Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Mexico Blumenstr. 19, D-70182 Stuttgart, Deutschland/Alemania fon: +49.(0)711-248 397 28, fax: +49.(0)711-248 397 22 mail: mexmrkoordination@gmx.de http://www.mexiko-koordination.de Editorial y adaptación: Carola Hausotter y Rosa Lehmann Diseño gráfico: Spunc., Andrea Bolton, www.spunc.de

La documentación fue suministrada por los miembros de la delegación. La revisión y traducción de la misma solo fue posible gracias a la ayuda de todo un equipo de colaboradores voluntarios. A todos ellos queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento. De la misma forma damos las gracias en especial a toda la gente en México que nos dio su testimonio y nos ayudó a recopilar los casos aquí presentados. Stuttgart, Alemania, septiembre de 2009


Contenido

Prefacio

4

I. Introducción al tema de los DESC y los derechos indígenas

5

II. México Política y Economía Política frente a los pueblos indígenas

7 7 8

III. Los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca

8

A. Chiapas

10

1. Información general 1.1 Factores sociales 1.2 Factores económicos 1.3 Estructura política, actores de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 1.3.1 Gobierno y Partidos 1.3.2 Procesos de organizaciones indígenas, organizaciones y protagonistas 1.4 El conflicto agrario y la batalla por los recursos 1.5 Programas y proyectos

10 10 10 10 10 11 12 12

2. Casos de violación a los derechos humanos en Chiapas 2.1 Viejo Velasco 2.1.1 Resumen 2.1.2 Exposición del caso 2.1.3 Diego Arcos 2.1.4 Violaciones de derechos humanos en el caso Viejo Velasco 2.2 San Manuel – Desalojo de comunidades en la Reserva de la Biósfera Montes Azules 2.2.1. Resumen 2.2.2 Antecedentes 2.2.3 Exposición del caso 2.2.4 Violaciones a los derechos humanos en las comunidades dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules

13 13 13 13 15 15 17 17 17 17

3. Exigencias y recomendaciones

20

B. Oaxaca

21

1. Información general 1.1 Economía - presencia de transnacionales 1.2 Turismo 1.3 Actores políticos 1.4 Conflictos agrarios 1.5 Usos y Costumbres 1.6 Movimientos de protesta 1.7 Criminalización de la protesta social 1.8 Falta del estado de derecho

21 21 22 22 23 23 23 24 25

19


2. Casos de violaciones de derechos humanos en Oaxaca 2.1 Santiago Xanica - Trasfondo 2.2 Influencia del turismo y de empresas transnacionales 2.3 Desprecio de tradicionales sistemas electorales de las comunidades indígenas 2.4 Los casos de Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz 2.4.1 Resumen 2.4.2 Exposición del caso 2.5 Los casos de Alejandro Cruz López y César Luis Díaz 2.6 Violaciones de los DDHH en los casos de Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz 2.7 La mina de Capulálpam 2.7.1 Resumen 2.7.2 Transfondo 2.7.3 Exposición del caso 2.7.4 Violaciones de derechos humanos en el caso de Capulálpam

26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30

3. Exigencias y recomendaciones

32

C. Guerrero

33

1.

Información general 1.1 Introducción 1.2 Actores políticos 1.3 El rol de la población civil 1.4 El contexto social 1.5 Militarización

33 33 33 34 34 35

2. Casos de violaciones a los derechos humanos en Guerrero 2.1 Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) 2.1.1 Resumen 2.1.2 Antecedentes 2.1.3 Exposición del caso 2.1.4 Violaciones a los derechos humanos en el caso de la OMESP 2.2 Organización del Pueblo Indígena Me`Phaa (OPIM), Ayutla de los Libres 2.2.1 Resumen 2.2.2 Surgimiento 2.2.3 Violaciones: “Violencia sexual específica como mecanismo de represión” 2.2.4 Esterilizaciones 2.2.5 Violaciones de los derechos humanos en el caso de la OPIM 2.3 Comunidad de Mini-Numa, Município Metlatónoc 2.3.1 Resumen 2.3.2 Exposición del caso 2.3.3 Violaciones a los derechos humanos en el caso de Mini-Numa 2.4 Procesos de reforma en el sistema judicial de Guerrero

36 36 36 36 37 38 39 39 39 39

3. Exigencias y recomendaciones

45

IV. Exigencias y recomendaciones

47

Pies de Pagina

49

Organizaciones miembros de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

56

Bibliografía

58

Glosario

61

39 41 42 42 42 44 44


Prefacio

Hace tiempo que se puede constatar el tópico que dice que mientras los Estados son los verdaderos actores llamados a proteger los derechos humanos, son organizaciones no estatales las que hacen el trabajo de base. El trabajo por los derechos humanos a nivel local, nacional e internacional tiene como destinatario al Estado, es decir a los gobiernos, los parlamentos, la justicia, bien para denunciarlos por violaciones a los derechos humanos o para insitarles a intervenir más activamente en pro de estos. En las organizaciones no gubernamentales se unen ciudadanas y ciudadanos para posibilitar la resistencia contra la violencia y la omnipotencia del Estado. El individuo es demasiado débil o vulnerable para resistir. Al fin y al cabo, la oportunidad de cambiar las estructuras represivas residen únicamente en una sociedad civil alerta y fuerte.1

A partir de esta comprensión se fundó en el año de 1999 la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Coordinación Alemana), una agrupación de 15 organizaciones no gubernamentales que junto con sus organizaciones amigas mexicanas interceden a favor del respeto por los derechos humanos en México y protesta contra la violación de estos por actores estatales en dicho país. La Coordinación Alemana en su reunión estratégica del 2008, decidió enfocarse con especial intensidad, para el periodo 2008 – 2009, en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ambientales e indígenas como raíz de conflictos y protestas sociales así como de las violaciones de derechos civiles y políticos resultantes, considerando al mismo tiempo aspectos de género. El enfoque geográfico dentro del tema central reside en los tres Estados del sur de México: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En cuanto al contenido, dedicamos atención especial a la situación en las zonas rurales. La presente documentación es el resultado de un viaje de investigación que la Coordinación Alemana se planteó en la implementación de sus objetivos estratégicos en 2008. El objetivo fue llevar a cabo una revisión extensa de casos sintomáticos de violaciones de los derechos humanos. El equipo de investigación fue conformado por nueve participantes que a su vez se dividieron en tres subgrupos para recorrer los Estados Guerrero, Oaxaca y Chiapas, respectivamente. Durante su viaje, la delegación de la Coordinación Alemana se reunió tanto con personas afectadas como con las organizaciones mexicanas por los derechos humanos que las acompañaban y con los representantes de instituciones estatales.

Encuentro de los representantes mexicanos y alemanes de las ONG´s con Raúl Romeva, miembro del Parlamento Europeo. Ciudad de México, 31 de octubre de 2008.

Esta documentación contiene, además de la revisión de casos seleccionados de violaciones de los derechos humanos, referencias a un análisis de los problemas estructurales in situ. Después de la exposición de los casos se analiza cuáles son los derechos violados por actores estatales y qué reivindaciones resultan frente al Estado mexicano así como frente a responsables políticos alemanes y europeos. En las recomendaciones concluyentes se concretiza como se puede llegar a que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones relacionadas a los derechos humanos que ratificó.

4


I. Introducción al tema de los DESC y los derechos indígenas

A continuación se presenta una introducción a las bases de derecho internacional en las que se apoyan los delegados de la Coordinación Alemana en su argumentación. Con el enfoque en los DESC y en los derechos indígenas y ambientales, la Coordinación Alemana se dedica a una materia que es de central importancia especialmente para la población rural en el sur de México. A través de la reivindicación de derechos indígenas la población de fuerte índole indígena en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas pone en claro que está marcada por una concepción de la sociedad que difiere del concepto estatal. Esta se orienta fundamentalmente hacia el bien común de la comunidad respectiva y se manifiesta especialmente en la relación de los hombres con la tierra que la habitan y la cultivan. Los derechos de la tierra son de importancia esencial para los pueblos indígenas y la lucha por la conservación o la recuperación de sus títulos terrenales es uno de sus empeños primordiales. La tierra y los diversos recursos naturales (bosques, agua, venado y las riquezas del subsuelo) son considerados bienes colectivos y comunales, lo cual difiere del concepto de la propiedad privada. Entretanto, las poblaciones indígenas pueden basar el reconocimiento de sus conceptos no solo en leyes nacionales y constituciones (estatales) en México, sino que también en convenios y declaraciones internacionales vigentes. Gracias a la adopción de la Declaración de Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la posición legal de los pueblos indígenas ha conocido un fortalecimiento considerable y aunque la declaración carezca de carácter vinculante, demuestra la voluntad concorde de los 144 Estados signatarios en otorgar un estatus especial con derechos correspondientes a los pueblos indígenas. Además, en el año de 1990, México firmó y ratificó el convenio 169 de la OIT, a cuyas disposiciones está sujeto desde entonces. Con ello, México se ha comprometido no sólo a conservar las culturas indígenas, sino que también a permitirles que decidan autodeterminadamente sobre su desarrollo social, económico y a que participen en los asuntos que a ellos atañen. México también firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que representa la codificación de estos a nivel universal. Los derechos que figuran en el pacto son establecidos como derechos humanos individuales y establecen en parte una obligación de actuar para los Estados signatarios.2 Los artículos del 6 al 8 engloban el derecho al trabajo y los derechos laborales, el artículo 11 contiene el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo los derechos a la alimentación y vivienda y los artículos del 12 al 14, abordan los derechos a la salud y educación. Según la categorización clásica, los derechos al trabajo y a la seguridad social se consideran derechos económicos porque están más estrechamente vinculados al mundo laboral y a sus riesgos. En cambio, el derecho a un nivel de vida adecuado es atribuído a los derechos sociales3, junto con los derechos a la salud y a la educación. Para asegurar la efectividad del pacto, los Estados Partes se comprometen a presentar periódicamente informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo (Art. 16). La entidad competente para el procedimiento de informes de los Estados es el Consejo Económico y Social de la ONU que ha delegado sus atribuciones respectivas al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A pesar de que los DESC así como los derechos ambientales derivados de estos juegan un papel cada vez más importante en relación a los esfuerzos internacionales por mejorar las condiciones legales y fácticas de los hombres, la posibilidad de que el ciudadano pueda exigir judicialmente sus derechos (su justiciabilidad) se torna difícil en varios Estados, este es un problema que se viene acarreando desde el pasado, por ejemplo por la falta de leyes de implementación, además de que todavía se hacen objeciones según las cuales estos derechos –a diferencia de los derechos civiles y políticos– no son revisables por los tribunales. La evolución efectiva de la jurisprudencia en cuanto a los DESC en muchas partes del mundo hace ver que son utilizados en muchos países delante de los tribunales desde hace mucho tiempo.4

5


El 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de la ONU adoptó un protocolo adicional al pacto de DESC, que en el futuro permite que se responda jurídicamente a quejas individuales5. Por lo tanto en un futuro cercano los individuos podrán reclamar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la violación de sus derechos por los Estados Partes del Pacto de DESC. Este paso histórico subraya la nueva evolución en el derecho internacional público que el Pacto de DESC igual que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, crean obligaciones vinculantes para los Estados signatarios. La Coordinación Alemana apoya expresamente esta evolución e intercede por el cumplimiento y la realización de las obligaciones por los Estados respectivos. Los Estados están sujetos al respeto, la protección y la garantización de los derechos humanos. Esto quiere decir que deben no adoptar medidas que restringen el acceso de las personas a sus derechos, que deben garantizar que un tercero (p.ej. empresas o personas) no destruya la posibilidad de ejercer los derechos, y que deben actuar activamente en pro de medidas que contribuyan a una mayor posibilidad de efectividad de los derechos humanos dentro del Estado respectivo. Los Estados Partes son exhortados a demostrar que dedican el máximo de los recursos disponibles de forma preferente a grupos especialmente desfavorecidos. En vista de la presente documentación y de su enfoque en los DESC así como en derechos ambientales, el Estado debe respetar, proteger y garantizar las posibilidades de cada individuo de mejorar sus condiciones de vida. En sociedades tales como en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que viven en gran parte de la agricultura, el acceso a la tierra es con frecuencia el centro de interés. En relación a los casos de violaciones de derechos humanos estudiados, en el capítulo sobre el Estado se analiza de qué clase de violaciones se trata en cada caso y en qué medida el Estado mexicano no cumple con sus obligaciones. En esto, los autores se ocupan tanto de la violación de derechos indígenas como de DESC y derechos ambientales.

6


II. México

Política y Economía Con la elección de Vicente Fox, el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN; partido conservador) en el año 2000, México logró la transición hacia una democracia formalmente consolidada a nivel institucional, después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernara el país como partido único por décadas. El precedente sistema del PRI puede calificarse de corporatista, el partido logró integrar en los años 1920 y 1930 a las corrientes de la oposición (en muchos casos enfrentadas) así como a caudillos, mediante cargos y ventajas. A partir de 1940 el régimen del PRI fue consolidándose, incorporanso a sindicatos, otros sectores de la sociedad así como corrientes y partidos de la oposición De esta manera el PRI alcanzó una amplia base de masas, entre otras mediante la aplicación de subvenciones sociales y agrícolas. Grupos y movimientos de oposición fueron impedidos de organizarse, fueron criminalizados y perseguidos. Las víctimas del gobierno eran sobre todo campesinos, indígenas, estudiantes y opositores políticos.6 Ante la crisis de la deuda y la inminente insolvencia de México, el gobierno mexicano abandonó en los años 1980 el hasta entonces perseguido modelo de substitución de importaciones. A continuación, los gobiernos de Miguel de la Madrid (1982-1988) y Salinas de Gortari (1988-1994) se consagraron a una industrialización orientada hacia las exportaciones a los Estados Unidos.7 Las reestructuraciones económicas según el modelo neoliberal culminaron en la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCN o NAFTA) celebrado entre México, EE.UU y Canadá, que entró en vigor en 1994. En consecuencia, los sistemas de protección social existentes fueron expuestos a presiones y reducidos considerablemente, beneficios de apoyo y disposiciones de protección para la pequeña agricultura fueron derogados, aranceles fueron suprimidos y se facilitó el acceso al mercado de consumo mexicano a empresas norteamericanas. Si bien alimentos básicos tales como frijoles y maíz blanco quedaron sujetos a restricciones de importación hasta el 1 de enero de 2008, la situación económica de los pequeños agricultores empeoró dramáticamente. Muchos pequeños agricultores se vieron obligados a abandonar su producción agrícola, ya que no podían competir con el maíz altamente subvencionado de EE.UU. Después de la eliminación de las restricciones de importación a partir del 2008, la crisis alimentaria se ha agravado aún más.8 El tratado de libre comercio además contribuyó al deterioro de la política económica y social, cuyos efectos negativos afectaron sobre todo a las clases bajas de la población mexicana. Además, en 1992, en el transcurso de la liberalización del sector agrícola, se abolió el artículo 27 de la Constitución sobre las tierras ejidales inalienables.9 A causa de las evoluciones mencionadas, la tasa de pobreza aumentó de forma drástica. Así, desde 1994 el salario mínimo perdió un 20% de su poder adquisitivo. El salario mínimo actual es de aprox. 49,50 pesos (aprox. $4 USD) por día. El número de migrantes a las ciudades o a EE.UU aumentó considerablemente.10

7


Política frente a los pueblos indígenas A través de la conquista colonial los pueblos indígenas de México fueron privados de su base de vida y marginalizados política, socioeconómica y culturalmente. Al mismo tiempo fueron privados de cualquier tipo de derechos civiles. A pesar de esta discriminación estructural y del racismo que persiste hasta hoy, los pueblos indígenas emergieron como actores y procuraron negociar sus derechos con las instituciones coloniales, asimismo, jugaron un papel considerable en el período de las guerras de independencia a comienzos del siglo XIX y durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Por ejemplo, la fijación de la inalienabilidad de ejidos en el artículo 27 de la Constitución mexicana fue un logro importante de las corrientes revolucionarias y basadas de manera decisiva en pequeños agricultores indígenas y mestizos. Finalmente, bajo el régimen de partido único del PRI, la población indígena fue incorporada al sistema del PRI por su pertenencia a la clase de pequeños agricultores, o fue oprimida por ser un poder de oposición. Desde la revolución mexicana la política gubernamental frente a los pueblos indígenas vacila entre integración y asimilación. La institución ejecutiva de la política indígena es el Instituto Nacional Indigenista (INI), fundado en 1949 que hasta el día de hoy está encargado de cuestiones de política indígena e integración social.11 A pesar de todos los intentos se puede constatar que hasta ahora no ha habido un cambio fundamental de las condiciones socioeconómicas de la población indígena. En lugar de eso se impuso el concepto de la asimilación social y política. El hecho de ser culturalmente diferente es todavía considerado retrógrado. Además, la pequeña agricultura mayoritariamente practicada por los pueblos indígenas es considerada ,según conceptos de teorías de modernización, un obstáculo en el camino del desarrollo rural. Aspectos de justicia social o cultural son omitidos en este discurso. Expuestos a discriminaciones racistas abiertas o sutiles, los pueblos indígenas deben someterse “al progreso nacional”.12

III. Los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca En una comparación de todo México, los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas muestran el grado más elevado de marginalización socioeconómica y política. Las comunas y los distritos de esos tres Estados son los más afectados por el desabastecimiento en el sector de la salud. El analfabetismo, un bajo nivel de educación, una tasa de mortalidad infantil alta y el nivel insuficiente de otros indicadores sociales son los más acentuados en estos Estados. A parte de esto, el porcentaje de población indígena es el más alto en Guerrero13, Oaxaca y Chiapas. Sobre todo a la población indígena se le deniega en gran parte la participación política y socioeconómica a pesar de la fijación de tales derechos en leyes y constituciones. Los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son ricos en recursos naturales como madera, agua dulce, petróleo, y poseen una biodiversidad impresionante, así como lugares y regiones (playas, zonas arqueológicas, bosques) de gran importancia para el turismo. En el año 2001, el entonces presidente de México, Vicente Fox (2000-2006) firmó junto con otros países centroamericanos un tratado sobre un megaproyecto infraestructural para el desarrollo económico de nueve Estados mexicanos y de las siete repúblicas centroamericanas. El enfoque del llamado Plan-Puebla-Panamá (PPP) reside en una mayor liberalización de los mercados, en el desarrollo de la infraestructura de transportes y de comunicación así como en la modernización y el desarrollo del suministro de energía. Esto implica la construcción de carreteras y presas hidroeléctricas. Además han de realizarse proyectos para la reestructuración territorial, la producción (fábricas maquiladoras para el mercado mundial) y para fines de servicios (p.ej. plantaciones agroindustriales, grandes empresas agrícolas, parques temáticos “eco-arqueológicos” para el turismo, etc.)14. Asimismo, el plan es explotar la biodiversidad.15

8


Después de años de estancamiento, entre otros por las continuas protestas de parte de la población indígena de pequeños agricultores en los Estados mexicanos, así como en los Estados centroamericanos, el PPP esta teniendo una reactivación notable desde la asunción del mando del presidente mexicano Felipe Calderón (PAN) en el año 2006 y del gobernador chiapaneco Juan Sabines (PRD). Entretanto, se va a perseguir el Plan Puebla Panamá bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica.16 Este cambio de nombre y la division del PPP en programas regionales, como por ejemplo el Programa del Sur para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen como objetivo impedir un procedimiento colectivo contra el plan, cuyo nombre original es cargado discursivamente y asociado con movimientos de resistencia masiva. Hasta el momento, la población no es incluída en la planificación de los proyectos infraestructurales contenidos en el Proyecto Mesoamérica. Desde 1990 se efectúa un asentamiento sistemático de las fuerzas armadas en los tres Estados. En Chiapas sobre todo desde mediados de 1990 y en Oaxaca y Guerrero en los años pasados. Esta evolución es comúnmente legitimada con la lucha contra el narcotráfico. En particular, el presidente Felipe Calderón (PAN) ha declarado la guerra a los carteles de droga. Al mismo tiempo, el ejército es desplegado para la vigilancia de proyectos económicos así como para la lucha contra la resistencia contra ésta.17 La ampliación cuantitativa y cualitativa del ejército en los Estados del sur de México marcados por conflictos sociales se realiza al mismo tiempo en el contexto del tratado ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte). En el marco del Plan México, también conocido como la Iniciativa Mérida, México no sólo recibe ayuda técnica sino también financiera, sobre todo de EE.UU, para poder combatir de manera más eficaz el tráfico de drogas y de armas.18 Es de temer que estos fondos sean utilizados también para la contención de la migración desde Centroamérica así como para la lucha contra los movimientos sociales.19

Santiago Xanica, Oaxaca

Sierra de Petatlán, Guerrero

9


A. Chiapas 1. Información general El estado de Chiapas tiene una superficie de 74,000 km2 y una población de 4.3 millones de habitantes distribuídos en 119 municipios. Se ubica en el sureste de México y limita con Guatemala.20 Aproximadamente el 20% de la población en Chiapas es indígena. La proporción de población indígena en la Zona Norte en las montañas y en la selva es significativamente más alta.

1.1 Factores sociales Una gran parte de la población de Chiapas (76%) es rural.21 El crecimiento de población representa un 5.3% ubicándose con ello sobre la media en México. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Chiapas ocupa desde el año 2000 el segundo lugar nacional en marginación.22 La situación en el ámbito de la educación en Chiapas es deficiente.23 En 2005 ocupó el primer lugar en analfabetismo de todo México.24 La ausencia de recursos financieros y una infraestructura extremadamente deficitaria impiden el acceso al sistema de salud especialmente a la población indígena. 25 Después del estado de Guerero, Chiapas presenta la tasa más alta de desnutrición en el país. Los más afectados son poblaciones rurales, en su mayoría comunidades indígenas.26 La desnutrición en Chiapas es frecuentemente causa de mortalidad.27

1.2 Factores económicos Chiapas es el estado más rico en recursos naturales de México. De especial significado son las reservas de petróleo, agua dulce y selva. Además de ello, el estado posee una altísima biodiversidad. La diversidad de especies de flora y fauna es de las mas altas en Centroamérica.28 La aportación de la producción nacional en cuanto a maíz es del 13%, energía hidroeléctrica 54 % y gas natural del 13 %.29 El modelo económico más común entre los pequeños productores en Chiapas, es el de la economía de subsistencia. Esto significa que junto a la producción agraria para el autoabastecimiento se producen pequeños excedentes que permiten un ingreso. El ingreso per cápita de la población indígena representa solo un 32% del ingreso del resto de la población. Los salarios del 42% de los empleados indígenas se ubican por debajo del salario mínimo.30 Las reestructuraciones en la economía mexicana ya advertidas en el capítulo preliminar, así como las consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) han agravado también en Chiapas la situación de los pequeños productores y productoras.31 El empobrecimiento de una gran parte de la población (rural)- chiapaneca, que de ello ha resultado, obliga hasta hoy a muchas personas a emigrar hacia otros lugares de la República o hacia los Estados Unidos. El aumento en la expulsión es un fenómeno relativamente nuevo en Chiapas. Desde la década de los años 30 la propia Selva Lacandona en Chiapas sirvió como refugio ante tensiones sociales y la escasez de tierra de grupos afectados de la población. De los más de cuatro millones de chiapanecos y chiapanecas emigran anualmente entre 30 y 50 mil hacia los Estados Unidos. Las “remesas” en este contexto son de creciente significado económico.32

1.3 Estructura política, actores de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 1.3.1 Gobierno y Partidos A finales de 2006 Juan Sabines Guerrero (PRD) asumió su cargo como Gobernador de Chiapas. Antes, como miembro del PRI, había sido presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Èl sucedió a Pablo Salazar en la gobernatura y al igual que Sabines, ganó la gobernatura del estado como candidato del PRD habiendo sido priísta. Debe recalcarse que muchos actores de partidos políticos siguen las coyunturas políticas en lo que se refiere a su afiliación a un partido. El oportunismo partidista es un fenómeno muy recurrente en Chiapas. Con especial frecuencia miembros del PRI se cambian al PRD.

10


El partido del presidente Calderón, el PAN, adopta solo un papel subordinado, mientras el PRI dominado por terratenientes y caciques determina quien gobierna las diferentes áreas. 1.3.2 Procesos de organizaciones indígenas, organizaciones y protagonistas Las primeras exigencias de autonomía indígena fueron formuladas a raíz del Congreso Indígena en San Cristóbal de las Casas Chiapas en 1974. Más tarde muchas organizaciones indígenas se afiliaron a éste, entre ellas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN en su declaración leída en marco del levantamiento armado.33 En las décadas de los 70 y 80, hubo una fuerte movilización de grupos indígenas, en su mayoría surgidos de la movilización de catequistas vinculados a la Teología de la Liberación. Un ejemplo de ello es una organización que resultó de la unión de variadas organizaciones indígenas y que en 1991 fuera nombrada Xi´Nich, que está orientada por la Teología de la Liberación y sus orígenes se remontan a las movilizaciones de los 70. Hasta hoy Xi´Nich enfoca su trabajo a la gestión para la liberación de presos. El EZLN se constituyó en los años 80. En ese tiempo la represión contra la oposición política en Chiapas igual que en resto del país empeoró.34 El levantamiento armado del EZLN es el resultado de numerosos intentos fallidos de organizaciones indígenas de llamar la atención por medios legales y políticos hacia su situación para lograr un mejoramiento en su calidad de vida. El 1 de enero de 1994, día en que entrara en vigor el TLC de América del Norte, el EZLN tomó varias ciudades exigiendo entre otras cosas la dotación de tierra y el respeto a los derechos básicos de la población indígena. Además exigían la renuncia del Presidente de la República y la democratización de México, la reorientación del curso neoliberal y el restablecimiento del Artículo 27 Constitucional. Como reacción, el gobierno mexicano movilizó 12,000 soldados.35 Pueblos en los que se sospechaba había miembros de la guerrilla fueron bombardeados y sitiados.36 Solo por la enorme presión que ejerció la opinión pública nacional e internacional sobre el gobierno mexicano y el EZLN se determinó un alto al fuego después de doce días de guerra civil. Este alto al fuego está oficialmente vigente hasta hoy y no ha sido roto por parte del EZLN a pesar de la estrategia de guerra de baja intensidad del gobierno.37 Hasta el año 2001 el EZLN y representantes del Gobierno sostuvieron un diálogo que se enfocó especialmente a la negociación de la tregua y fracasó por las promesas rotas por parte del Gobierno.38 Tras complicadas negociaciones en 1996 se pudieron finalmente amarrar en los Acuerdo de San Andrés (“sobre Derechos y Cultura Indígena“), derechos sobre la autonomía cultural y política para las comunidades Indígenas.39 Además en este acuerdo se establecieron aspectos sobre la cogestión o participación de las comunidades indígenas en las decisiones sobre explotación y aprovechamiento de recursos económicos en sus territorios. Sin embargo, la instrumentación legal de los acuerdos fue postergada por años. En el marco de una reforma a la Constitución, los Acuerdos de San Andrés fueron modificados sustancialmente por el Presidente Fox (pan) y presentado para su aprobación ante las dos Cámaras de Legisladores como Ley Indígena. La enorme distorsión de lo que realmente eran los Acuerdos de San Andrés provocó el rechazo y la resistencia de muchas organizaciones indígenas en todo México y el irrevocable retiro del ezln que desde entonces se niega a cooperar con el Gobierno.40 A partir de ello las comunidades fortalecen su autonomía, poseen un sistema de administración, prestación de servicios de salud y un sistema de educación autónomos, tambien muchas cooperativas en las que entre otras cosas mediante la venta de café y artesanías se intenta generar ingresos.41 Estas estructuras son de especial significado para la situación política en Chiapas, dado que un protagonista se niega a cooperar con las instituciones oficiales. Además de ello, otras organizaciones indígenas tienen una postura muy crítica frente a las instituciones oficiales y una gran parte de ellas se niega a colaborar con éstas.42 En Chiapas se pudo constatar que en el ámbito de los grupos sociales organizados existe una desconfianza generalizada frente a las instancias gubernamentales y poca confianza en el sistema judicial.

11


1.4 El conflicto agrario y la batalla por los recursos Como en muchas regiones de México, el reparto agrario es un problema central y rezagado. Mientras que en el resto de México después de la revolución y especialmente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se repartiera mucha tierra, a Chiapas no llegó la aplicación de la reforma agraria.43 La gran parte de la tierra fértil del estado sigue en manos de algunos terratenientes y ganaderos. La explotación de recursos naturales, la ganadería así como la inmigración de refugiados de la guerra de Guatemala recrudecieron en las décadas siguientes la batalla por la tierra fértil.44 A partir de los años 50 muchos campesinos e indígenas se vieron obligados a internarse en la Selva Lacandona. El cambio en el curso económico y la consiguiente desregulación, privatización y el incremento de la producción agraria para el mercado mundial, agravaron los conflictos de intereses en la región de la selva. Así mismo, la explotación de los recursos naturales, por ejemplo la tala de los bosques y la construcción de presas, provocaron una creciente presión sobre la tierra.45 Esta situación no cambió mucho hasta el levantamiento zapatista en el año 1994. Las presuntas más de 100.000 hectáreas de tierra que después del levantamiento armado de 1994 fueran ocupadas y redistribuídas por el EZLN y parcialmente por organizaciones campesinas independientes del EZLN, se encuentran igual que antes en una situación jurídica indefinida. Esto a pesar de que los grandes propietarios fueron indemnizados por el Gobierno.46 Desde hace algun tiempo ha aumentado la extensión de títulos de propiedad de la tierra a personas físicas y familias. Se trata de tierra que desde 1994 está ocupada y en las que se encuentran asentadas comunidades rebeldes organizadas como ejidos. A través de la extensión de títulos agrarios a organizaciones y grupos campesinos afiliados y fieles al gobierno se intenta por mecanismos administrativos desplazar y despojar a las organizaciones no afines al gobierno de los territorios ocupados en los 80 y en el marco del levantamiento del EZLN. La concesión de títulos de propiedad se da a través de instancias oficiales, especialmente a través de la SRA (Secretaría de la Reforma Agraria) y la Procuraduría Agraria que colaboran con la OPDDIC que se ha impuesto a través de grupos paramilitares.47 Así, la inseguridad jurídica en relación con los títulos de propiedad de la tierra y los conflictos entre las comunidades por la tierra fértil son utilizados por instancias del gobierno para trabajar en colaboración con comunidades afiliadas al gobierno. Hasta la fecha el conflicto entre el EZLN o bien los grupos de base zapatistas y el gobierno se arraiga en un rezago agrario y el acceso a los recursos. Además los conflictos de intereses económicos recrudecen el conflicto agrario.

1.5 Programas y proyectos Como se mencionó anteriormente, hoy el proyecto de infraestructura Plan Puebla-Panamá está siendo reactivado con un nuevo nombre. De acuerdo al centro de investigación CIEPAC, los proyectos implican para la población indígena y campesina el despojo de la tierra.48 En la instrumentación del Proyecto Mesoamérica o de algunos de sus programas como por ejemplo “Programa del Sur” para los estados Guerrero, Oaxaca y Chiapas, no son tomados en cuenta aspectos sociales, ni medidas para la protección ambiental. El aquí contemplado programa gubernamental chiapaneco (Declaración de Comitán), impone entre otras cosas el desarrollo del turismo. El punto clave es el Eje San Cristóbal de las Casas–Agua Azul–Palenque.49 A través del proyecto Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), Palenque debe convertirse en un segundo Cancún. La construcción de una autopista de varios carriles de San Cristóbal a Palenque, pasando por las Cascadas de Agua Azul está planeada.50 Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos critican especialmente la ausencia de transparencia en las instancias oficiales en relación a los proyectos económicos y de infraestructura.51 Además de ello otras reestructuraciones de espacios físicos en la planeación ya fueron ejecutadas. Según la organización no gubernamental CIEPAC, parte de la población campesina indígena será trasladada a las llamadas ciudades rurales en la cercanía de centros de producción. CIEPAC contempla estos planes de reasentamiento como medio social de control de la población rural así como como medida para combatir la resistencia de población indígena y campesina contra el Proyecto Mesoamérica. Especialmente los pueblos con una población civil comprometida como indígenas o bien organizaciones campesinas, (grupos de base zapatistas como la ARIC, las Abejas, Xi’nich) que son apoyadas a través de ONG´s así como a través de organizaciones religiosas.52

12


En los últimos años, han aumentado considerablemente la militarización y la paramilitarización en la región de Chiapas. Ya en los años noventa del siglo pasado, el PRI y otras entidades gubernamentales eran responsables para la formación y el financiamiento de grupos paramilitares. Desde que Felipe Calderón asumió la presidencia de la República y Juan Sabines la gobernatura de Chiapas se consolidó la tendencia a tratar de terminar el conflicto en Chiapas mediante la violencia. Indicadores de ellos son entre otros la intensificación de los ataques a comunidades indígenas, no sólo por grupos paramilitares sino también por grupos de la fuerza pública, frecuentemente con el argumento de la búsqueda de cultivo de estupefacientes. Tan sólo en el período comprendido entre el 27 de Abril y el 4 de Junio de 2008, tuvieron lugar ocho operativos militares en comunidades indígenas, en algunos de ellos tomaron parte hasta 500 elementos. Se realizaron tanto en comunidades de zapatistas como en comunidades no zapatistas.53 Las expulsiones iniciadas durante la administración de Salazar en territorio de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules se han recrudecido. Además la desaparición de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas54 motivó que el grupo de prominentes Paz con Democracia hablara de una nueva escalada bélica en Chiapas.55 Considerando la reestructuración dentro del ejército y el aumento de las actividades paramilitares, se debe constatar que militares, la policía y organizaciones infiltradas por paramilitares allanan el terreno para proyectos de infraestructura que supuestamente deberían traer bienestar y desarrollo para la población.

Miembros de la delegación preparando su viaje a Chiapas. 22 de octubre de 2008.

2. Casos de violación a los derechos humanos en Chiapas 2.1 Viejo Velasco 2.1.1 Resumen En la madrugada del 13 de Noviembre de 2006 los habitantes de una pequeña comunidad Tzeltal56 llamada Viejo Velasco, ubicada dentro del llamado “territorio de la Comunidad Lacandona“ fueron atacados por un grupo de aproximadamente 40 hombres vestidos de civil, armados con machetes, rifles y palos. El saldo de ese día eran cuatro muertos, cuatro desaparecidos y una comunidad desalojada con violencia. Fuentes oficiales afirman que las fuerzas públicas llegaron después del ataque. Según testigos de los hechos, los 40 civiles que provenían de la vecina comunidad Palestina entraron seguidos por alrededor de 300 elementos policíacos.

2.1.2 Exposición del caso Viejo Velasco fue fundado a mediados de 1980 por indígenas Tzeltales de la Ranchería Paraíso. Los habitantes de Paraíso habían sido desalojados por órdenes del entonces gobernador de Chiapas General Abasalón Castellanos para la construcción de la Carretera Internacional. En aquel entonces, los desplazados de ésta y otras comunidades, aceptaron la reubicación y firmaron un convenio con la Comunidad Lacandona57 que les permitía establecer su comunidad en la zona de Desempeño. Los documentos que regularían la propiedad de la tierra iban a ser formalizados por la Secretaría de la Reforma Agraria lo cual nunca ocurrió. Así pasaron tres décadas en las que los habitantes de Viejo Velasco como los de otras comunidades tuvieron que resistir la constante amenaza de ser desalojados nuevamente. Por la falta de claridad en cuanto a la tenencia de la tierra se originaron tensiones con la comunidad vecina.

13


Viejo Velasco presenta un alto grado de marginación. El Estado nunca cumplió su obligación de dotar a la comunidad de los servicios básicos. Hasta el día de la masacre, en noviembre de 2006, la comunidad carecía de servicios de salud, de escuela, electricidad, agua potable y drenaje. Con el tiempo la comunidad se afilió al EZLN,58 con recursos y esfuerzos propios lograron dotarse de servicios como una pequeña escuela autónoma. En la década de los 90, Viejo Velasco sufrió varias incursiones de gente de la comunidad vecina Palestina, quienes exigían el desalojo del poblado. Algunas fuentes reportan el inculpamiento por delitos fabricados ante el Gobierno de Chiapas así como hechos que van desde la incursión de grupos armados de la comunidad Palestina en casas hasta el abuso sexual contra mujeres de la comunidad.59 El 13 de noviembre de 2006, seguidos de aproximadamente 300 elementos de la Policía Sectorial del Estado, unos 40 hombres vestidos de civil procedentes de la comunidad Palestina, armados con rifles y palos irrumpieron en Viejo Velasco.60 Con violencia entraron a las viviendas, entre ellas la de la familia Nuñez González. Ahí asesinaron de un disparo a una de las hijas que trataba de proteger a su hermana enferma.61 La enferma, así como otras tres personas fueron apresadas por los agresores quienes los ataron y los llevaron por la fuerza hacia Palestina. En el camino ejecutaron a dos de ellos que hasta la fecha se cuentan como „desaparecidos“. “Los incidentes fueron denunciados a la Procuraduría Regional de Palenque, que admitió el fallecimiento de tres personas de los atacados y uno de los agresores, pero sin reconocer la desaparición de cuatro más de los atacados. Descubieron los despojos mortales de dos personas ocho meses después de sus desapariciones.“62

Reunión con Xi´nich. Palenque, Chiapas, 25 de octubre de 2008.

A pesar de que las ejecuciones de las dos personas aprisionadas fueron denunciadas por los sobrevivientes, las autoridades nunca realizaron la búsqueda de los desaparecidos. Por ello en el mes de junio de 2007, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y representantes de la Misión de Observación Civil acompañaron a familiares de los desaparecidos a la vereda por la que fueran conducidos los rehenes ejecutados, ahí, el grupo encontró los restos de dos ejecutados, al parecer Pedro Núñez Pérez y Miguel Montejo. Hasta diciembre del 2008 las autoridades no han realizado la identificación de esos cuerpos. Viejo Velasco es hasta el 2008 una comunidad abandonada. La vegetación cubre los restos de las casas. Los agresores de Palestina no solo quemaron las casas sino también saquearon hasta las últimas pertenencias. Algunos sobrevivientes de Viejo Velasco se asentaron en la comunidad del Chamizal, otros encontraron refugio en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. A pesar de la marginación en Viejo Velasco, la economía de subsistencia había permitido a sus pobladores alimentarse. Hasta finales del 2008, 20 hombres, ocho mujeres, cinco niños y tres niñas enfrentan el hacinamiento, el subempleo, la pobreza y el hambre. Solo uno de los agresores de la comunidad Palestina fue apresado y acusado de asesinato después de la masacre. Los análisis de pólvora en manos prueban que disparó armas. Es hijo del palestino muerto en el ataque. No hay investigación en torno a la participación de los cuerpos de seguridad pública, pero sí órdenes de aprehensión en contra de sobrevivientes de la masacre por el asesinato del palestino caído.63

14


2.1.3 Diego Arcos Un día después de la masacre de Viejo Velasco, el 14 de noviembre del 2006, Diego Arcos, catequista y promotor de salud de la comunidad vecina Nuevo Tila, fue a Viejo Velasco. Diego Arcos había sido alertado por sobrevivientes de la masacre y quería informarse sobre la situación y prestar primeros auxilios. Cuando llegó a Viejo Velasco se encontró el lugar repleto de policías. Éstos le ordenaron ayudar a llevar un cadáver al helicóptero. Al hacerlo le obligaron a subir y lo llevaron a la estación policiaca. Ahí fue torturado y trató de obligársele a firmar un documento en el que confesaba el asesinato de cuatro personas en Viejo Velasco. Se negó, Arcos no fué presentado al Ministerio Público sino que se le mantuvo en “arraigo”.64 Declaraciones de testigos y otras pruebas documentaban que el 13 de noviembre de 2006 Diego Arcos había estado en Nuevo Tila y no en Viejo Velasco. Se le mantuvo un año en la cárcel acusado de homicidio. Para representantes de la organización Xi’nich, el inculpamiento de Diego Arcos obedece a una razón política: Diego Arcos es miembro de la comunidad Nuevo Tila que se ha resistido al desalojo y se había retirado de la mesa de negociaciones, pues no veían posibilidades de solución satisfactoria al problema de la regularización de la tierra en ese espacio. El caso Diego Arcos, desde la perspectiva de Xi´Nich, es un acto más de amenaza e intimidación contra aquellas comunidades que no aceptan la reubicación y exigen la regularización de sus tierras.65

2.1.4 Violaciones de derechos humanos en el caso Viejo Velasco A continuación se clasificará jurídicamente el caso ya descrito de Viejo Velasco en relación a los Derechos a la vida (PIDCP, Art. 6), a una calidad de vida digna (PIDESC, Art. 11 (1)), a la alimentación (PIDESC, Art. 11) y a los comentarios generales (Nr. 6, Nr. 4 und 7, Nr. 12). Aquí juegan un papel sustancial las obligaciones del Estado (PIDESC Art. 2 (1); Comentarios generales Nr. 3). Por último se plantearán las violaciones a los derechos humanos en el contexto socioeconómico y político de Chiapas. Ya antes de la masacre del 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco, el Estado mexicano repetidamente incumplió sus obligaciones referidas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a alimentación y vivienda como parte de los derechos a una vida digna, pues no se preocupó de que los habitantes de la comunidad gozaran de seguridad, paz y una vida digna. La comunidad se mantuvo durante tres décadas bajo la permanente amenaza de un nuevo desplazamiento en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria jamás extendiera los títulos de propiedad. Ésto había quedado asentado en el convenio firmado el 24 de octubre de 1984 en las instalaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria.66 Otras tres comunidades que como Viejo Velasco se retiraron de la mesa de negociaciones con representantes del gobierno (entre ellos la SEMARNAT, Secretaría de la Reforma Agraria y Comunidad Lacandona),67 se encuentran aun en peligro de ser desalojados o incluso de una masacre como la ocurrida en Viejo Velasco. En virtud de que Viejo Velasco no contaba con ninguna infraestructura urbana (centro de salud, escuela, servicios de electricidad, agua etc), el Estado no cumplió sus obligaciones de proporcionar a la comunidad de la infraestructura básica y con ello violó los derechos de sus habitantes a una calidad de vida apropiada.68 Con el asesinato de cuatro personas el 13 de noviembre de 2006 por aproximadamente 40 civiles de la Palestina, seguidos por alrededor de 300 elementos de la Policía Sectorial del Estado en Viejo Velasco, se violó el derecho humano a la vida. La Comisión de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU exige a los Estados no solo tomar medidas para proteger la vida de las personas de delitos y de la muerte, sino también impedir el asesinato arbitrario a manos de las fuerzas de seguridad pública.69 Como ya se ha descrito en el punto 2.1.2 de este documento, la Fiscalía Regional de Palenque reconoció 4 personas pero no la desaparición de cuatro más de los agredidos. Hasta hoy no se ha realizado ninguna búsqueda. Con ello se ha violado también el derecho a la vida. En la Observación General número 6, referente al derecho a la vida (PIDCP, Art.6, 4) se establece que “los Estados deben establecer servicios y procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de personas desaparecidas en circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a la vida“ .70

15


Tan solo la violenta expulsión de los habitantes de Viejo Velasco por actores de Instituciones del Estado de Chiapas que ya se mencionaran, constituye una violación a los derechos humanos y una violación a los derechos a la alimentación y a la vivienda (PIDESC Art. 11 und Art. 11 (1)).71 Los habitantes de Viejo Velasco que fueran desalojados violentamente el 13 de noviembre del 2006, no han recibido por parte del Estado indemnización alguna por la pérdida de sus casas incendiadas o de su propiedad y ni siquiera pueden procurarse alimentación. Los antes habitantes del poblado no pueden regresar a Viejo Velasco y viven dispersos en distintas comunidades y ciudades de los alrededores. En Viejo Velasco los habitantes como pequeños agricultores cosechaban en sus terrenos frutos y legumbres como maíz, frijoles, chile, mango, aguacate, caña de azúcar, etc., para autoconsumo. Poseían gallinas, cerdos y otros animales. Con la expulsión violenta perdieron su sustento y no recibieron indemnización o apoyo financiero ni de ningún otro tipo. A causa de la mala situación alimenticia, los desplazados padecen hambre y enfermedades.72 La Observación General número 12 referente al derecho humano a la alimentación establece que cada Estado está obligado a asegurar para todas las personas bajo su jurisdicción, el acceso mínimo a una nutrición adecuada y segura, una alimentación esencial que sea suficiente y a asegurar que estén libres de hambre.73 Especial atención debe prestar el Estado a grupos vulnerables. A éste grupo pertenecen quienes no poseen tierra y otros grupos de la población empobrecidos.74 Es importante que las personas puedan proveerse a sí mismas de alimento. Esto lo pueden hacer por ejemplo a través de la agricultura de subsistencia a través del acceso al mercado.75 Para los expulsados de Viejo Velasco ninguna de las opciones es posible pues fueron echados de las tierras cultivables en las que producían sus alimentos. Por su alta marginación y pobreza tampoco les es posible alimentarse en la economía de mercado. Un empleado de la CONANP afirmó esto en una entrevista con la Coordinación Alemana.76 El Estado mexicano viola en este caso el derecho a la alimentación en las dimensiones abordadas, en la medida en que este derecho no es protegido ni garantizado. Viejo Velasco se ubica en una región marcada por una biodiversidad especialmente alta. Esto y la cercanía con el sitio arqueológico Yaxchilán lo hizo especialmente atractivo para el turismo y las inversiones extranjeras. Estas condiciones llevan a sospechar que la comunidad no fue desalojada “casualmente”, sino por los intereses económicos del Estado y de inversionistas extranjeros (Ver punto 1).

„En la región de Guerrero-Oaxaca-Chiapas-Guatemala, se trata de un asunto económico, una cuestión de control político estratégico. Esta es la razón de las expulsiones y de las violaciones a los derechos humanos en las comunidades. La expropiación y el control sobre la tierra bajo el pretexto de la protección ambiental y la filantropía”; dice un colaborador de la organización Maderas del Pueblo. 77

Si bien el Estado Mexicano y el gobierno del estado de Chiapas están involucrados en los sucesos y que tienen responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, evaden cualquier responsabilidad. Así, un responsable de la CONANP, dijo que la Masacre de Viejo Velasco había sido un resultado de peleas entre las comunidades Viejo Velasco y Palestina y que de parte del gobierno de Chiapas se hicieron todas las gestiones para encontrar una solución al caso.78 En entrevistas, habitantes de diferentes comunidades indígenas, reportaron miedo a ser amenazados por el gobierno.79 Ellos perciben que el gobierno provoca una división dentro de las comunidades en las que viven. Los entrevistados y entrevistadas por ejemplo reportan sobre órdenes de arresto contra habitantes de las comunidades. Los delitos que los perseguidos habrían cometido son fabricados. Frecuentemente cuentan que una y otra vez indígenas de las comunidades que se han retirado de las negociaciones son arrestados sin órdenes de aprehensión. Un ejemplo de ello es el caso Diego Arcos anteriormente descrito. Repetidamente presos políticos como él, permanecen años en la cárcel sin sentencia o proceso en condiciones en las que se violan sus derechos humanos.80 En estos casos el Estado contraviene el derecho a la libertad y a la seguridad, estipulado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.81 El Estado vulnera aquí su obligación de respetar este derecho humano.

16


2.2 San Manuel – Desalojo de comunidades en la Reserva de la Biósfera Montes Azules 2.2.1 Resumen El sábado 18 de agosto de 2007, San Manuel (o Nuevo Salvador Allende), comunidad ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules fue desalojada por aproximadamente 90 policías. En total 39 personas (11 niñas, 15 niños, 7 mujeres y 6 hombres) fueron expulsados de sus casas.

2.2.2 Antecedentes La Reserva de la Biósfera Montes Azules se encuentra ubicada en la región de la Selva Lacandona. Una gran parte de los orígenes del conflicto actual en esta región se encuentran en la década de los 70 durante las administraciones del Presidente de la República Luis Echeverría y el Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Suárez. En abril de 1971 tres pueblos de origen Caribe: Metzaboc, Nahá y Lacanjá Chansayab solicitaron la dotación de cerca de 10,000 hectáreas de tierra ejidal. A la solicitud se dió respuesta positiva y se confirmó mediante una orden presidencial de Echeverría. En lugar de las 10.000 hectáreas solicitadas, el título agrario atribuía una superficie de 614,321 hectáreas, es decir, una superficie 60 veces mayor a la que había sido solicitada originalmente. Esta tierra ya estaba habitada por diferentes pueblos indígenas y algunos de ellos sí poseían títulos de propiedas de la tierra. Los grupos indígenas de los pueblos Tzeltal y Chol poblaban algunas áreas de la Selva Lacandona y poseían en suma títulos que amparaban a 17 ejidos que por su tamaño resultaban insuficientes. En aquel entonces, sus solicitudes de dotación de más tierras fueron rechazadas constantemente. En la zona también habitaban otras 4.000 familias de las etnias Tojolabal y Tzotzil en los llamados centros agrarios que no contaban con títulos agrarios. Tan solo dos familias poseen hasta hoy documentos que amparan la propiedad de grandes extensiones de tierra que hasta la fecha no han sido afectadas. Ya en 1972 el Gobierno empezó a utilizar al ejército en su política de desplazamiento en la Región de la Selva Lacandona. A partir de 1974 se inició la extracción maderera en esta región. En 1975 los Centros Agrarios de los pueblos indígenas ya asentados, aceptaron su reubicación en dos pueblos nuevos: Frontera Echeverría (hoy Nueva Palestina) y Velasco Suárez (hoy Frontera Corozal). A estas nuevas comunidades se les ofrecieron proyectos de desarrollo y servicios públicos. En virtud de que estas promesas en gran parte no fueran cumplidas muchas familias emprendieron el regreso a sus anteriores asentamientos. Los Centros Agrarios, que se habían opuesto a la reubicación fundaron la Organización Unión de Ejidos “Quiptic ta lecubtesel”. De este surgió en los 80 la organización Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. Entre sus objetivos estaba la defensa de sus derechos agrarios así como la legalización de los ejidos tzeltales, tzotziles, ch´oles y tojolabales. La organización que siguió a ésta, la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (por ejemplo la ARIC, y sus diferentes derivaciones) luchan hasta hoy por estos derechos y juegan un papel importante en cuestión de defensa de Derechos indígenas en la región. Con la adjudicación de un título de propiedad por una cantidad extraordinaria de tierras a los pueblos caribes llamados „Comunidad Lacandona“, las instituciones del Estado han contribuído drásticamente a la existencia del conflicto en la Selva. Hasta el día de hoy el conflicto provoca desconfianza y tensión dentro de las comunidades, de la misma manera que muertes y desplazamientos. En enero de 1978 fue decretada por el Gobierno Federal la Reserva de la Biósfera de Montes Azules dentro del territorio de la Comunidad Lacandona. Abarca una superficie de 331 200 hectáreas. En aquel entonces se argumentó como justificación la determinación de proteger y conservar la biodiversidad y la fragilidad de los ecosistemas en la región de la Selva Lacandona. 2.2.3 Exposición del caso La comunidad no había recibido ninguna notificación por parte de las autoridades sobre un inminente desalojo. Los policías entraron con lujo de violencia a las casas y les obligaron a los habitantes, (niños, mujeres y hombres) a subir a varios helicópteros sin dejarles tomar pertenencia alguna. Algunos afectados y afectadas reportaron que en ese momento se prendió fuego a sus casas.82

17


Las mujeres y los niños fueron separados de los hombres y llevados a un auditorío en el municipio La Trinitaria. No fue hasta la tarde del día siguiente, el 19 de agosto de 2007, cuando les dieron alimentos, agua, colchonetas, cobijas, ropa, pañales, ropa y recibieron atención médica. Mientras estuvieron bajo resguardo policíaco se les mantuvo incomunicados. Unos días más tarde fueron nuevamente trasladados a las instalaciones de lo que fuera un prostíbulo, donde se les mantuvo en condiciones insalubres hasta el 6 de septiembre. De ahí se les llevó a una bodega de la ARIC, un lugar totalmente inadecuado para albergar familias. Todo este tiempo los niños y mujeres se mantuvieron bajo vigilancia policíaca. Los seis hombres de San Manuel fueron llevados inmediatamente después del desalojo a las oficinas generales de la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez acusados de despojo y daños a la ecología del estado entre otros cargos y recluídos en el Centro de Readaptación Social Numero 14 “El Amate”. Los afectados fueron asistidos legalmente por el Centro Fray Bartolomé de las Casas. Instancias oficiales declararon lo siguiente: “El Gobierno del Estado y la Fiscalía General como garantes de la paz y el respeto al orden jurídico que permite la sana convivencia social, han procurado evitar las invasiones de tierras en cualquiera de sus formas de propiedad, siempre agotando la instancia del diálogo, como sucedió en este caso, para restituir a los propietarios el goce de sus derechos...” y continúa ”...que su actuación se deriva de la necesidad de proteger el derecho a la propiedad de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, restituyendo sus tierras y la protección de derechos ambientales...” 83 En el comunicado oficial se declara que había una denuncia por despojo presentada por el Comisariado de Bienes Comunales de la Selva Lacandona con fecha del 30 de mayo del 2007, asunto que fue corroborado por los abogados del FrayBa. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) declaró que es vital la conservación de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y que este hecho ocurre en seguimiento a la denuncia que realizó la comunidad Lacandona -dueña legítima de los terrenos afectados- ante la Fiscalía General del Estado y la Profepa por los delitos de despojo y daño ambiental (…), se procedió al desalojo conforme a lo que establece la ley y en pleno respeto al Estado de Derechos Humanos.84 La Junta del Buen Gobierno Zapatista recibió y reubicó a los expulsados en sus comunidades y exigió la liberación de los encarcelados. Gracias a la gestión de los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) se logró la liberación de los detenidos, así como la indemnización por la destrucción de las pertenencias de estas familias que fue calculada en $189,480 pesos y pagada por el Gobierno del Estado de Chiapas.

Reunión con integrantes de Aric-UU-ID. 24 de octubre de 2008.

18


2.2.4 Violaciones a los derechos humanos en las comunidades dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules Como ya se ha mencionado en este documento, Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza en recursos de México, específicamente en el territorio de Montes Azules.85 Proyectos de infraestructura (por ejemplo el Plan Puebla-Panamá (PPP), el Plan México, el Centro Integralmente Planeado de Palenque (CIPP) etc.) han sido planeados e instrumentados ahí desde hace décadas. La organización Maderas del Pueblo critica la lógica reinante en la que sobre la protección de los derechos humanos se pone a la protección del ambiente y la naturaleza. En esta lógica, protección ambiental y aspectos sociales son excluyentes. La protección de los recursos naturales dentro de Montes Azules se practica no “con” sino “en contra” de los seres humanos que ahí habitan, según dijo un miembro de la organización: “Los funcionarios e instituciones del Estado cumplen el cometido de facilitar la tarea de entregar los recursos a transnacionales. Habló de concesiones de agua y yacimientos de barita a empresas transnacionales o que en el mejor de los casos son “ecologistas de Disney” -como él mismo lo fue algún día- que quieren conservar los recursos por sí mismos y no para el bien común. Mencionó a Israelitas que llegaron con vehículos a recorrer la reserva y concesiones de agua a la Coca Cola“86 Con el desalojo violento de la comunidad de San Manuel el Gobierno de México y el del Estado de Chiapas violaron el derecho humano a una alimentación adecuada ((PIDESC Art.11(1)). Las expulsiones no son compatibles con el Art. 11(1)87. También a través de la instrumentación de proyectos de infraestructura sin involucrar a los pobladores locales, el Estado Mexicano y el Gobierno del Estado de Chiapas violan sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales de la población local como el derecho a la alimentación.88 Los actores mencionados no garantizan aqui la llamada; como fuera formulada por la Comisión de la ONU para la vigilancia de los DESC.89 Los conflictos descritos desde el punto de vista de Maderas del Pueblo no se limitan solamente a Chiapas, los Estados de Guerrero, Oaxaca y también el vecino país Guatemala, son ricos en recursos de selva húmeda y por ello regiones de importancia estratégica. El ecoturismo es consecuentemente promovido en estas regiones y así derechos fundamentales de la población local desatendidos. Según declaraciones de un colaborador de la organización Escuela de Paz, el gobierno mexicano sostiene que la tierra se requiere para proteger a los pueblos indígenas y al ambiente. Los verdaderos motivos radican, según la perspectiva de entrevistados en la concesión de tierra a firmas extranjeras.90 En este contexto no sorprende la posición por la que optara la institución oficial del gobierno de Chiapas arriba mencionada, en la que personas del pueblo Indígena son acusadas de despojo de tierras y daño ecológico y por ello fueran recluídos en el Centro de Readaptación Social No. 14 “El Amate“. Miembros de la organización ARIC-UU-ID recalcaron en la entrevista y en una carta a la Coordinación Alemana que las comunidades aprovechan la tierra de una manera en la que se protege el medio ambiente y que han acordado la protección de los árboles y otros recursos naturales.91 El Estado mexicano y el gobierno del estado de Chiapas violan con la detención de personas indígenas no solo sus obligaciones de Estado sino que además criminalizan a seres humanos que viven en áreas de importancia estratégica. De la anterior información contenida en citas y declaraciones lleva a sospechar que la población de Montes Azules “estorba“ para la explotación económica de la zona.

19


3. Exigencias y recomendaciones Por la obligación que el Gobierno de México ha adquirido por la firma y ratificación de pactos internacionales sobre Derechos Humanos, la Coordinación Alemana exige:92 La aplicación del Acuerdo para el uso de la tierra que en la década de los ochenta fuera firmada por la comunidad de Viejo Velasco para el uso de la tierra, en la que se concedieron los títulos de propiedad. El esclarecimiento en el caso de los desaparecidos por la masacre de Viejo Velasco y la identificación de los cuerpos encontrados. La persecución y castigo de los responsables de la masacre en Viejo Velasco. El cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en relación a la seguridad de los habitantes de las comunidades en la region de Montes Azules,93 especialmente en lo relacionado al derecho a la alimentación y la vivienda, pues el respeto a este este derecho es condicionante para el cumplimiento de otros derechos humanos.94 El reconocimiento, respeto y protección del derecho a la Tierra de todas las comunidades indígenas y de los campesinos en Chiapas. La ampliación y adecuación de la infraestructura para comunidades apartadas con respecto al acceso a recursos económicos, educación y sistemas de salud bajo la consideración de las necesidades de los habitantes de las comunidades y mediante la consulta y participación de las comunidades en estas medidas.95 Transparencia y evaluación de los efectos sobre la aplicación de derechos DESCA de los programas y proyectos internacionales de naturaleza económica o militar en la población afectada.96 La inclusión de los seres humanos que ahí viven en la determinación de las medidas de protección ambiental que el Estado instrumenta no solo en materia de turismo, sino también en todos los otros ámbitos de la vida cotidiana. Respeto y cumplimiento del Acuerdo Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas y la consulta de las Comunidades Indígenas, cuando se trata de transformaciones en los ámbitos en los que se afecta su forma de vida (OIT 169).97 La inmediata suspensión de desalojos violentos y el cumplimiento del derecho humano a una vivienda adecuada (PIDESC, Art. 11(1)).98 La instrumentación constitucional de los Acuerdos de San Andrés como se pactaron y firmaron en 1996.99

20


B. Oaxaca 1. Información general El Estado de Oaxaca, tiene 3.506.821100 habitantes y junto a Chiapas y Guerrero es uno de los estados más pobres de México. Más de dos millones de la población de Oaxaca pertenecen a alguna etnia Indígena. Con 16 de los 56 Pueblos Indígenas de México, Oaxaca tiene uno de los índices más grandes de Pueblos Indígenas. Los grupos más numerosos son los Zapotecos y los Mixtecos. Oaxaca cuenta con 570 municipios, 463 son considerados de alta y muy alta marginación.101 Sobre todo las regiones rurales como la Mixteca, la Sierra Sur, la Cañada y la Costa son las más afectadas, social y políticamente excluídos. Los servicios de luz eléctrica, desagüe, agua potable y vivienda digna son insuficientes. Dos terceras partes de la población viven en pobreza o miseria. Esto afecta más que todo a la educación y a la salud.102 Cada tercer niño mayor de 5 años no va a la escuela.103 La mayoría de la población está desnutrida.104 Según el Instituto Nacional de Nutrición, hay 337 municipios calificados con desnutrición severa.105 Oaxaca registra altos índices de mortalidad materna, superiores a la media nacional.

Gráfica: grado de marginalización de los municipios de Oaxaca – SIPAZ 2000106

1.1 Economía - presencia de transnacionales El Estado de Oaxaca es una entidad rica en recursos naturales. Agua, madera, minerales como oro, plata, hierro y carbón despiertan el interés de inversionistas e iniciadores de megaproyectos (por ejemplo el Plan-Puebla-Panamá). Aproximadamente 150.000 oaxaqueños emigran por año al Norte (norte de México o EEUU). Las remesas constituyen la tercera fuente de ingresos después del turismo y el café.107 En el año 2000, habían registradas 69 empresas con Inversión Extranjera Directa (IED) en el Estado de Oaxaca, provenientes mayoritariamente de los Estados Unidos, seguidos por Francia, Canadá, Italia, Alemania y Suiza.108 Con el proyecto del corredor económico EEUU–México–Centroamérica por las empresas transnacionales, también las organizaciones sociales de Oaxaca luchan más y más contra la explotación de minas, presas hidroeléctricas, proyectos eólicos y turísticos, todo ello por el respeto al territorio de la población.109 La siguente descripción del caso es de un pueblo de la montaña, Capulálpam, en el cual se describe la resistencia de una comunidad contra la explotación de una mina, en este caso canadiense. Se critica más que todo la violación de los derechos de consulta e información del pueblo afectado en la planificación y ejecución de proyectos, en los que se deciden el uso de los recursos naturales y los terrenos de esta población. En cuanto a los Pueblos Indígenas, el Estado está obligado a consultar e involucrar a los pueblos en la planificación, según sus normas nacionales e internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Cuando el Estado empieza un proceso de consulta se encuentran diferentes opiniones como seguir el proceso concretamente. En 2008 eso fué muy claro en el caso del proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina“ planificado en el suroeste de Oaxaca.

21


1.2 Turismo Con sus riquezas culturales y naturales Oaxaca es uno de los lugares favoritos de México para vacacionar con la visita de más de tres millones de turistas cada año. Los ingresos del turismo son la fuente de dinero más importante del Estado. Un papel clave en este proceso ocupa el Fondo Nacional del Turismo Fonatur. Cada vez más playas son vendidas a empresas hoteleras de todo el mundo, mediante Fonatur.110 Organizaciones no gubernamentales mexicanas consideran en ello una violación al artículo 27 de la Constitución mexicana.111 Desde 1983 Fonatur promueve la construcción de muelles y playas con hoteles de lujo para el ”ecoturismo“. Las comunidades en la región de la costa denuncian la privatización de tierras comunales, el cercado de los hoteles con las playas, la contaminación del medio ambiente, la violación del derecho de consulta e información (según la legislación mexicana e internacional) así como la no participación del pueblo en las ganancias por los proyectos turísticos.112

1.3 Actores políticos Aunque los gobiernos priistas de Oaxaca se comportaron formalmente democráticos en cuanto al desarrollo de instituciones para procesos de democratización, la práctica política del sistema tradicional de cooptación y represión no ha cambiado. A través de su mayoría absoluta en el Congreso, mantiene el PRI el statu quo autoritario en Oaxaca, manteniéndose así desde hace décadas en el poder. El poder judicial trabaja pareja con el gobierno PRI. En todo los niveles domina el clientilismo, la corrupción, la cooptación y la represión.113 Tras la toma de poder de Ulises Ruiz en el 2004 como Gobernador del Estado, se mostró pronto que los pocos avances en la democratización retrocedieron y que la represión domina la práctica política. Por ejemplo no se respeta la ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, firmado en 1998, que atribuye a estos el derecho de elegir sus representantes por usos y costumbres. También en la ciudad de Oaxaca se agudizó la situación. Las protestas sociales fueron reprimidas cada vez más por la fuerza policiaca. Los medios de comunicación fueron restringidos progresivamente en su espacio de actuar. Un ejemplo que vale mencionar es el caso del periódico “Noticias”. Miembros del sindicato priísta sitiaron el edificio del periódico por varias semanas tomando como rehenes a 31 trabajadores en el 2005. Después de un mes los sindicalistas junto con policías vestidos de civil tomaron por la fuerza el edificio y destruyeron el inventario técnico, bajo la protección del procurador general adjunto y otros empleados de la autoridad.114

Actividades guerrilleras En Oaxaca hay actividades de varios grupos guerrilleros, el más combativo entre ellos es el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Fue fundado en 1994 y salió a la luz pública por primera vez el 28 de junio de 1996 en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero. El EPR actuaba en Oaxaca y en los estados de Guerrero, Michoacán, México, Puebla y Chiapas. En 1996 desarrollaron una serie de atentados, matando a decenas de soldados.115 Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo del 2007 pertenecieron a este grupo. Según el EPR los dos fueron capturados arbitrariamente en un hotel de Oaxaca. Las instituciones estatales de Oaxaca negaron toda responsabilidad en la desaparición de los dos hombres. También una comisión de mediación iniciada en abril del 2008 con personalidades como el escritor Carlos Montemayor, y el antiguo obispo de San Cristóbal de las Casas, Chaipas, Samuel Ruiz, el científico Gilberto López y Rivas y la senadora Rosario Ibarra de Piedra no han podido esclarecer la desaparición de los dos miembros del EPR. Además actúan otros grupos guerrilleros más pequeños sobre todo con trabajo político.

22


1.4 Conflictos agrarios Oaxaca es un estado predominantemente rural. El 90% de los indígenas se dedican a actividades primarias, agrícolas y ganaderas. Del uso comunal histórico de las tierras se desarrolló la forma del Ejido. Cada ejidatario recibe una parcela de tierra y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo la tiene que tomar la asamblea de ejidatarios en su totalidad. En la historia de México caciques locales y políticos continuamente han violado esta forma de pertenencia de tierras. Por ejemplo en 1967, en el marco de una resolución del entonces gobernador Brena Torres (PRI, 1962-1968), fueron reubicadas en la región de Chimalapas 28 comunidades, históricamente pertenecientes al Estado de Oaxaca, creando un conflicto que hasta hoy no ha sido resuelto.116 La falta de claridad sobre límites de tierras, desconocimiento de derechos agrarios, falsificación de documentos por caciques locales y tomas de tierra ilegales por ganaderos apoyados por las autoridades, son responsables de los 650 conflictos agrarios y territoriales en Oaxaca. Muchas veces conducen a confrontaciones armadas.117 Las instancias estatales no reaccionan en estos conflictos de tierra, ni en los actos violentos resultando de dichos conflictos o intervienen a favor de uno de los actores agudizando así la situación. Un ejemplo es la masacre de Agua Fría el 31 de mayo del 2002, donde fueron emboscados 26 campesinos del pueblo de Santiago Xochiltepec y luego asesinados con más de 100 disparos. En esta zona, de las más pobres del estado, existen seis pueblos que tienen antiguas rencillas por la tenencia de miles de hectáreas boscosas y de tierras fértiles para sembrar. De hecho, el conflicto entre sus habitantes ya había dejado alrededor de 300 muertos en los últimos años antes de la matanza de Agua Fría.118 No hubo acciones del Estado para esclarecer y buscar una solución de las raíces del conflicto.

1.5 Usos y Costumbres La Constitución Política de Oaxaca y otras normas garantizan a los pueblos indígenas una serie de derechos. Sin embargo, gran parte de ellos no se ponen en práctica o son minados políticamente. Los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas al nivel de comunidades son reconocidos parcialmente en la Constitución del estado como “usos y costumbres“ desde 1995. La legislación electoral reconoce los artículos 25, 29 y 98 de la Constitución Política local para hacer más explícito al reconocimiento de los derechos electorales de los pueblos indígenas de Oaxaca desde 1997. Finalmente en 1998 se promulgó la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas,119 sin tomar en consideración las diferentes identidades étnicas. En el 2004, 418 de los 570 municipios eligieron a su Presidente Municipal por un sistema sin partidos.120 Desde 1998 existe el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO), el cual asegura a los pueblos del Estado sus derechos en cuanto a practicar su propio sistema de elecciones. A pesar de este marco legal todavía no se ha logrado un reconocimiento completo del sistema tradicional. Se carece todavía de un instrumento legal y de gremios imparciales que pueden mediar en conflictos electorales.

1.6 Movimientos de protesta Desde hace décadas, numerosas organizaciones sociales, políticas, indígenas y sindicales de Oaxaca luchan por el reconocimiento de sus derechos de tierra, por mejores servicios de salud y educación, por el reconocimiento de los derechos indigenas etc. La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reclamaba mejoras salariales para los maestros, desayunos escolares, material didáctico para estudio, entre otros. Maestras y maestros pidieron apoyo a sus familiares y a organizaciones y así unas 30,000 personas en total, acamparon en el centro de Oaxaca. El gobernador Ulises Ruíz Ortíz del (PRI) ordenó el desalojo del Centro Histórico por las fuerzas de seguridad. El 14 de junio 2006 la policía invadió la ciudad. Según datos oficiales 870 policías participaron en el operativo, en su mayoría fuertemente armados. Los periódicos hablaban de 1000 a 3000 policías. La policía logró alcanzar su objetivo declarado de desalojar el centro histórico. El balance del día: más de 100 heridos, 11 detenciones por la policía, y los maestros manifestantes tenían como rehenes a 8 personas, entre ellos policías y funcionarios del estado.121 En solidaridad con los maestros y por la crítica a la actuación del gobierno de Ulises Ruíz se formó un movimiento amplio de protesta.

23


El 20 de junio del 2006 más de 350 grupos fundaron la “Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca” (APPO). Entre los fundadores se encuentran a lado del Sindicato de Trabajadores de la Educación, otros sindicalistas y organizaciones indígenas campesinas de mujeres y jóvenes. Junto con los representantes elegidos de las comunidades se encontraban activistas de organizaciones de base y miembros de organizaciones no gubernamentales, ONGs dentro de la APPO. La diversidad temática de las organizaciones miembros se ve reflejada en el documento final de la asamblea constitutiva. En éste, la APPO formula sus propuestas para unos procesos de transformación profunda política, económica y social.122 Los reclamos contienen la ejecución de separaciones de poder en la práctica política, la independencia de las instituciones estatales de derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad multiétnica, pluricultural de la sociedad, el fortalecimiento de nuevas formas de organización social, el reconocimiento y respeto de la autonomía de los pueblos indígenas, la participación mayor de las mujeres en la vida política y la división estricta entre Estado e Iglesia. Además la APPO consideraba como necesarias nuevas formas de participación del pueblo en procesos y reformas de instituciones políticas y procesos electorales. En el marco económico la APPO menciona el fortalecimiento de la relación directa entre productores y consumidores, la promoción de cooperativas y otros grupos alternativos económicos, el apoyo a proyectos regionales de desarrollo sustentables y una reforma fiscal. En el marco social exige reformas al sistema de salud y educación incluyendo el desarrollo de un sistema bilingüe intercultural de educación. Finalizando la APPO formula la necesidad de hacer efectivo los derechos obreros y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos agrarios. La exigencia más famosa del movimiento de masas fue la suspensión del gobernador Ulises Ruíz. La toma del centro historico de la ciudad de Oaxaca fue con la finalidad de dar fuerza a esta exigencia. Desde su principio la protesta fué criminalizada por el gobierno de Oaxaca. En los medios de comunicación el gobernador Ruíz atacó a los manifestantes como criminales. Lizbeth Caña Cadeza, Procuradora general de Oaxaca calificó las organizaciones sociales de terroristas.123 El próximo paso del Gobierno fué mandar a la policía para reprimir las protestas con uso de violencia. En el campo las amenazas y allanamientos de casas pretendían presionar a la población. En la ciudad de Oaxaca los elementos de policía usaron palos para golpear, ejecutaron detenciones arbitrarias y torturaron a los detenidos. Según testigos también se emplearon grupos paramilitares con miembros del PRI y de la policía. Los grupos civiles armados actuaron bajo la mirada de las fuerzas de seguridad oficiales haciendo allanamientos de casas, deteniendo a personas arbitrariamente y disparando contra manifestantes. A finales de octubre del 2006 el gobernador Ruíz Ortíz reprimió la insurgencia popular con apoyo del Gobierno Federal con fuerzas especiales de la PFP y del ejército mexicano. Durante los meses de la insurgencia hubo muchas detenciones arbitrarias, torturas y hostigamientos sexuales de parte de la policía y del ejército.124 Se contaba por lo menos 23 muertos, todos ellos simpatizantes o miembros de la APPO.125

1.7 Criminalización de la protesta social Organizaciones sociales y civiles de Oaxaca observan la creciente relación entre violaciones de los derechos DESCA (económicos, sociales, culturales y ambientales) y la fuerte represión contra la protesta social. Este va junto a la violación de los derechos civiles y políticos. Oaxaca sufrió la más violenta represión masiva en las protestas de los años 2006 y 2007. En la mayoría de los casos, las detenciones eran arbitrarias con maltratos y torturas sin consecuencias legales ni juicios. Los detenidos fueron acusados por actos de terrorismo y crímenes prefabricados que nunca habían cometido. Desde 2006 regularmente ha habido asaltos a organizaciones o simpatizantes de la APPO. En la madrugada del 25 de octubre del 2008 miembros de la PFP y de la AFI entraron violentamente a la casa de la organización indígena CODEP en la ciudad de Oaxaca. Destruyeron el inmueble, golpearon y amenazaron fisica y psicológicamente a Luíz Ramón González López (miembro de CODEP), una mujer y sus hijos con el pretexto de lucha contra el crimen organizado.126

24


Otro ejemplo fue el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, detenido y encarcelado en la prisión de Santa María Ixcotel desde octubre de 2008, donde lo torturaron y maltrataron para que confesara un acto que no había cometido. Lo detuvieron el 16 de octubre 2008 junto con otros dos integrantes de la APPO, acusándoles del asesinato del reportero y fotógrafo estadounidense Bradley Roland Will (quien había sido fusilado el 27 de octubre 2006 en un bloqueo de carretera).127 En 2006 ya habían sido detenidos dos hombres presuntos integrantes de un grupo paramilitar como asesinos de Bradley Will, pero por la desaparición de un conjunto de pruebas fueron puestos en libertad. El asesinato de Bradley Will muestra la situación peligrosa para periodistas. Otro caso sintomático de violaciones a la libertad de prensa en combinación con asesinatos, lo describe el acto sangriento a las dos reporteras jóvenes Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes trabajaban para la radio indígena La voz que rompe el silencio. Fueron asesinadas el 7 de abril del 2008 con una Kalaschnikow en camino a San Juan Copala para un encuentro sobre el tema: “Defensa de los derechos de los pueblos de Oaxaca“.128 En los últimos doce años, junto al combate del narcotráfico y al crimen organizado, la lucha contra la guerrilla ha sido un pretexto para los ataques arbitrarios de los órganos del Estado en contra de comunidades indígenas. Atrás de estos ataques se sospechan tácticas a largo plazo para proteger los recursos estratégicos y desarrollar megaproyectos. Las ONGs de resistencia y organizaciones de base son un ”estorbo que se quiere quitar“ para poder ejecutar sus propios intereses, sin obstáculos.129 En muy pocas ocasiones los actos arbitrarios de los órganos del Estado han sido castigados.

1.8 Falta del estado de derecho La represión violenta de las protestas por los gobiernos estatal y federal muestra la situación alarmante de los derechos humanos de Oaxaca. El gobierno no busca soluciones pacíficas a los conflictos ni intenta fortalecer un estado de derecho o una política social sustentable. Se dice que en México solamente del 1% al 2% de los delitos son esclarecidos.130 En Oaxaca se necesitan reformas y amplios cambios estructurales, más que todo en el sistema de justicia y en el aparato policíaco. Para los múltiples focos rojos ecónomicos, políticos y sociales se responsabiliza al gobierno del PRI que ya tiene décadas en el poder. El procesamiento jurídico de muchos casos de muerte y otras violaciones de los derechos humanos queda totalmente estancado desde la toma de poder de Ulises Ruíz Ortíz. Desde 2008 sigue en Oaxaca un ambiente como de “estado de sitio permanente“ que significa una de facto anulación de las garantías individuales y los derechos constitucionales. Muchos centros de derechos humanos estatales y federales no denuncian los casos de violaciones de derechos humanos e incluso se vuelven cómplices de los actores.Tampoco las leyes y reformas adicionales para salvaguardar la cultura indígena pueden detener las violaciones de derechos humanos en Oaxaca. Varias ONGs presumen que también instituciones públicas trabajan bajo presión de intereses partidarios.

Encuentro con ONG´s en Oaxaca, 23 de octubre de 2008.

Con una campaña legal de la ONG “Comité 25 de noviembre“, junto con ex-presos, lanzaron en noviembre del 2008 una denuncia colectiva contra empleados del Estado, a quienes acusan de ser responsables de la represión del 2006. 131

25


2. Casos de violaciones de derechos humanos en Oaxaca 2.1 Santiago Xanica - Trasfondo La comunidad zapoteca de Santiago Xanica en la Sierra Sur pertenece a las comunidades con muy alto grado de marginación. Más del 60% de los mayores de 15 años no asistieron más que a la escuela primaria, 30% de los mayores de 15 años son analfabetas, 50% de las viviendas no cuentan con agua potable y más del 30% no tienen luz eléctrica, así también 90% de la población trabajadora gana menos que el salario mínimo de 43 Pesos (2,50 €) al día.132 Hace 10 años la comunidad tenía un conflicto con los partidos políticos y el gobierno del estado de Oaxaca. Se trataba de implementar sus derechos de la Ley de usos y costumbres. La comuna cuenta con unos 2.800 habitantes y se encuentra más o menos a dos horas de la región turística Bahías de Huatulco, en un lugar rico de agua. Los conflictos del pueblo también tienen relación con su cercanía a esta región turística.

2.2 Influencia del turismo y de empresas transnacionales Según algunos habitantes de Santiago Xanica, se han construído varias maquinarias de bombas de agua en el Río Copalita, que provee a las comunidades de la Sierra Sur con agua. Con estas maquinarias se bombea gran cantidad de agua a los centros turísticos de Bahías de Huatulco y no como esperaban para servicios públicos. El Estado responde a estas críticas con la perspectiva de puestos de empleo en los hoteles y las ganancias del turismo. Hasta ahora instituciones del Estado e inversionistas extranjeros aprovechan las ganancias.133 Los habitantes reclaman que con eso les violan sus derechos del uso de recursos locales. A los hoteleros de Huatulco les acusan de contaminar el Río Copalita con sus paseos turísticos en el río. Además los habitantes temen la privatización de cuevas y saltos de agua en la región de Santiago Xanica para atractivos ecoturísticos.

2.3 Desprecio de tradicionales sistemas electorales de las comunidades indígenas En Oaxaca, el derecho de los pueblos indígenas a sus ”usos y costumbres“ es parte de las leyes sencillas de la consitución del Estado, para que puedan planificar su política, educación, salud y actividades culturales según su costumbre independientemente de las instituciones del Estado. Las posibilidades de practicar estos derechos son muy limitadas además de que con frecuencia hay violaciones de sus derechos. Desde 1998, año en que ratificaron la segunda parte de la Ley de usos y costumbres en el estado de Oaxaca, una parte de la población de Santiago Xanica intenta elegir sus autoridades por las tradiciones locales sin intervención de los partidos políticos. En 1998 nominaron por primera vez a su Presidente Municipal en Santiago Xanica por usos y costumbres. En enero de 1999 el entonces gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, puso en la administración a su seguidor Juan Cruz López en vez del Presidente Municipal Alejandro Díaz Ramírez, nominado por la asamblea del pueblo.134 Como reacción a este acontecimiento se fundó el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI). Dicho comité lucha por el respeto de las decisiones de la asamblea del pueblo y la realización de elecciones conforme a sus usos y costumbres, que garantiza la Constitución del Estado de Oaxaca. Con la toma del Palacio Municipal CODEDI logró la degradación de Juan Cruz López y la restitución de un Ayuntamiento Popula, y en 2001 otra vez hubo negociaciones con el gobernador para nuevas elecciones. En dichas elecciones nuevamente ganó Alejandro Díaz Ramírez como presidente municipal. Esta vez se quedó en su puesto hasta 2004 trabajando para fortalecer los usos y costumbres en su pueblo.135 En agosto del 2004 Sergio Cruz García ganó las elecciones a Presidente Municipal. En el pueblo hay divisiones de opiniones y dudas sobre sus capacidades profesionales para este puesto, pero los partidos políticos locales apoyaron su candidatura y así entró al poder. En diciembre como en años anteriores, aumentó la presencia militar en el pueblo. Más que todo con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno mandó soldados y elementos de distintas fuerzas policiacas a Santiago Xanica.

26


2.4 Los casos de Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz 2.4.1 Resumen La Organización CODEDI lucha por el cumplimiento de los Derechos de usos y costumbres de los Pueblos Indígenas en la región. Durante un conflicto violento entre miembros de CODEDI y la policía local el 15 de enero del 2005 murió un policía. En consecuencia fueron detenidos Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz. Desde entonces están presos en el penal de Pochutla y se les niega un proceso jurídico conforme a la ley.

2.4.2 Exposición del caso La presencia militar condujo a mayores tensiones y el 15 de enero del 2005 a un enfrentamiento violento entre la Policía Preventiva con unas 80 personas del pueblo de Xanica quienes estaban ocupados en un tequio, es decir, en trabajo comunal. (…) “No, queremos que hagan a un lado el camión”, y en eso se estaba dialogando y como pues éramos bastantes compañeros ahí, los demás decían “no pues permítenos”, todos empezaron a hablar, “ya vamos a terminar”, porque estaban mujeres, niños, todos estábamos acarreando ladrillos, ya le decíamos entre todos rápido terminamos, pero en eso esta patrulla se comunica con la que estaba allá en el palacio, allá había otra patrulla, se comunica por radio de que “No nos quieren dar paso”, entonces de ahí baja esa patrulla que estaba en el Palacio para llegar ahí donde estábamos, pero antes de llegar, como unos, qué será unos 50 metros de lejos, venía, delante de la patrulla venía el comandante, pero ya con su arma en la mano, ya venía caminando con el arma en la mano y al llegar le dice, directamente, ya no dialogó con nadie, sino que ya todos estábamos ahí, directamente pregunta por Abraham, ¿quién es Abraham?, Y pues Abraham estaba ahí, dice “Yo soy”, entonces en ese momento el Comandante baja el arma y se va sobre Abraham, entonces ya no dio tiempo ni de decir más cosas, cuando nos dimos cuenta, los que venían atrás del comandante, venían con el comandante pero que estaban en su camioneta, porque la habían dejado a unos metros, cuando el comandante se baja, y empiezan los disparos, solamente eso vimos ahí, el comandante llega y le habla a Abraham pero ya con el arma en la mano y le dispara, en ese momento vimos que Abraham cae, y algunos compañeros que estaban ahí pues ya este, con los ladrillos y lo que teníamos ahí pues empezaron a aventarlo por lo menos para que no nos dispararan, nos diera chance de correr.”(...)136 En este asalto hubo tres heridos de bala que sufrieron heridas graves: Abraham Ramírez Vázquez, Noel y Juventino García Cruz, todos ellos integrantes de CODEDI. Los tres fueron detenidos por la policía. A Abraham Ramírez Vázquez le negaron servicio médico por 36 horas y sólo por la intervención de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), una red de diferentes organizaciónes y movimientos sociales de Oaxaca se pudo trasladarlo a un hospital de la ciudad de Oaxaca y con eso salvarle la pierna herida. Los tres presos que todavía se encuentran en la cárcel de Santa María Pochutla están acusados de asesinato a un policía. Es casi imposible haber cometido dicho asesinato por la distancia física del lugar a la hora de los hechos. (...) Nosotros vimos el trabajo que se había hecho, lo que faltaba y lo que era necesario para demostrar la inocencia de estas personas, es asi como nosotros empezamos a estudiar el expediente y nos dimos cuenta de muchas inconsistencias tanto lógicas como jurídicas que existen dentro del procedimiento. Un ejemplo: Nos dimos cuenta que en cuanto a la distancia víctima-autor del delito, la versión oficial no correspondía a la lesión que pudo haber causado un proyectil a la distancia en que dicen que supuestamente se encontraba Abraham. La trayectoria del proyectil de acuerdo a lo que describe el protocolo oficial no corresponde a la dirección y a la distancia (...).137

Reunión con miembros de CODEDI. Santiago Xanica, 25 de octubre de 2008.

Reunión con miembros de CODEDI. Santiago Xanica, 25 de octubre de 2008.

27

Reunión con miembros de OIDHO y CODEDI. Oaxaca, 24 de octubre de 2008.


Además se les acusa de secuestro y lesiones graves.138 Se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los casos de Abraham Ramírez, Noel y Juventino García Cruz.139 Por falta de recursos económicos la esposa de Abraham Ramírez, a veces se queda a vivir con sus tres hijos en la cárcel de Pochutla. Ella denuncia amenazas por la policía.140 La situación en el penal de Pochutla es precario. Corrupción, pago de rescate para huir de trabajos forzosos y maltratos en celdas de castigo, son parte de la vida cotidiana. Los presos reciben 260 pesos al mes (unos 15,- €) para pagar su alimentación, su cama y sus medicinas. Ellos elaboran algunas artesanías que mandan a vender con sus familiares fuera del penal, para tener algún ingreso que les permite sobrevivir. Hasta octubre del 2008 hubo varios casos de tuberculosis en el penal. En Pochutla hay una clínica y un médico, pero muy poca medicina.141

2.5 Los casos de Alejandro Cruz López y César Luis Díaz El 3 de febrero 2005 fueron detenidos Alejandro Cruz López, abogado y miembro fundador de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca A.C. (OIDHO), Jaquelina López Almazán y Samuel Hernández Morales, ambos representantes del Comité para la Defensa del Pueblo (CODEP) de Santiago Xanica, cuando ayudaban a los presos de Xanica. OIDHO fué fundado 1989 como alianza y plataforma para las comunidades y organizaciones indígenas, quienes igual que CODEDI y CODEP luchan activamente por el cumplimiento de los Derechos Indígenas. La detención de Alejandro Cruz López fue inmediatamente después de una reunión con representantes del gobierno de Oaxaca. Esta reunión tuvo lugar gracias a la mediación de la CNDH y tendría que haber servido para preparar otra reunión con el gobernador Ulises Ruíz Ortíz. Jaquelina López Almazán y Samuel Hernández Morales fueron detenidos con presencia de un representante de la CNDH. Alejandro Cruz López fué liberado después de tres meses de detención.142 Las demandas contra Samuel Hernández Morales y Alejandro Cruz López (en diciembre 2008) todavía siguen vigentes.143 César Luis Díaz, miembro de CODEDI y consejal de la APPO fue desaparecido en junio 2007 en Xanica por un corto tiempo. Existen diversas versiones acerca de su desaparición. Según el reporte de Garretón, Díaz fue detenido y desaparecido el 16 de junio del 2007 sin orden judicial.144 La Caravana de Salud y Resistencia contra la Represión y Marginación de los Pueblos Indios de Oaxaca acusa a paramlitares del PRI de haber cometido este delito. Ellos habian colgado a Luis Díaz en la plaza del pueblo, solamente la intervención de mujeres y niños salvó su vida. El 18 de junio del 2007 fue detenido por la Policía Preventiva y en camino a Huatulco lo habían torturado. También dicen que le dieron una pistola, para acusarlo de haber cometido un homicidio. El 26 de junio del 2008 Díaz fué puesto en libertad bajo fianza.145 Además existen ocho órdenes de aprehensión contra otros activistas.146 Miembros y simpatizantes de CODEDI en resistencia contra las violaciones de derechos indígenas sufren de amenazas por elementos de la policía y del ejército, quienes estaban encuartelados en el pueblo.

2.6 Violaciones de los DDHH en los casos de Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz Los habitantes de Santiago Xanica reclaman que el Estado no cumple con sus derechos DESC, como son el derecho a la alimentación, el acceso a los servicios de educación y salud, según ICESCR Art. 11 y 12. Represiónes como la detención en los casos de Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz al igual que la de Alejandro Cruz López y César Luis Díaz fueron a consecuencia de la lucha de su organización para lograr el cumplimiento de derechos DESC y a los usos y costumbres. Al mismo tiempo parece una muestra de la política represiva del gobierno en criminalizar a las organizaciónes sociales e indígenas acusando a sus miembros de delitos prefabricados. Con estas detenciones arbitrarias se violaron fundamentalmente los derechos humanos, civiles y politicos de los afectados. Negando el acceso a la atención médica a los detenidos Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz, a pesar de presentar graves heridas, violaron su derecho a la integridad física y a la atención médica, además el Estado tiene el deber especial de atender a los reclusos porque tiene a estas personas bajo su custodia y no pueden satisfacer sus necesidades por su propia cuenta.

28


Las pruebas de sus defensores para mostrar la inocencia de los tres reclusos no han sido tomados en cuenta, no hay un proceso jurídico legal. Con esto se viola el derecho a ser protegido de detenciónes arbitrarias (ICCPR Art. 9.1) de los tres reclusos, al igual que como el derecho a la dignidad de las personas privadas de su libertad (ICCPR Art. 10.1). No hubo esclarecimiento jurídico tras las detenciónes arbitrarias de Alejandro Cruz López y César Luis Díaz, al contrario siguen las órdenes de aprehensión en el caso de Alejandro Cruz López.

2.7 La mina de Capulálpam 2.7.1 Resumen En el caso de la mina de Calpulálpam de Méndez la comunidad lucha conjuntamente en contra de reabrir una mina de oro y plata. Durante decadas la explotación minera ha causado graves daños al medio ambiente. Las consecuencias para la salud de los habitantes del pueblo siguen igual como los daños al medio ambiente, sobre todo por la contaminación del agua. 2.7.2 Transfondo Las minas de oro y de plata pueden dar mucha riqueza para los que tienen las concesiones de explotación y venden estos minerales preciosos. En México son muchas las empresas canadienses que se benefician con este negocio. Los mineros y sus familiares trabajan bajo condiciones precarias y se enferman por el uso de químicos. La explotación minera contamina los ríos con plomo y mercurio y los manantiales se van secando. En el territorio de Capulálpam de Méndez en la Sierra Norte de Oaxaca, la empresa minera mexicana Natividad explota oro y plata desde el siglo XVIII. En 1990 vendió la mina a la empresa canadiense Continuum Ressources Ltd. El trabajo de la mina ya no era rentable. Por eso la empresa canadiense decidió la explotación de la mina a cielo abierto. Con su lucha civil y organizada la comunidad logró el cierre de la mina en el año del 2003. Actualmente luchan por el cierre definitivo de la mina.

2.7.3 Exposición del caso Capulálpam de Méndez se encuentra ubicada en la parte baja de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca y cuenta con una extensión territorial de 7.470,50 hectáreas.147 En el año de 1952 Capulálpam recibió la Resolución Presidencial de titulación de bienes comunales. Tanto el municipio como la comunidad agraria se rigen mediante el sistema de usos y costumbres, donde se reconocen los derechos ancestrales sobre la tierra, territorio y recursos naturales. Entre los comuneros de Capulálpam existe la convicción de la conveniencia y de mantener el estatus comunal de la propiedad de la tierra, territorio y recursos naturales. Para la comunidad de Capulálpam el vínculo con la tierra es inherente a ellos ya que no tiene la lógica comercial. Para ellos la conservación y cuidado de la tierra, territorio y recursos naturales es una prioridad y parte de su identidad como comunidad indígena, incluso en 1995 Capulálpam obtuvo la certificación de buen manejo forestal bajo el esquema del Consejo Mundial de Manejo Forestal y en 1996 recibió el Premio Nacional al Mérito Forestal y en 1997 obtuvo el Premio Nacional al Mérito Ecológico.148

Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 28 de octubre de 2008.

29


De 1785 a 1882 se inicia la explotación minera. Empresas privadas se posesionaron ilegalmente de alrededor de 50 hectáreas de territorio comunal de Capulálpam para establecer haciendas de beneficio. En 1906 La Compañía Minera de La Natividad y Anexas se convierte en propietaria de las haciendas de beneficio y las minas de oro y plata. De 1920 a 1980 se da la explotación intensiva de trabajadores indígenas y recursos minerales (muerte de obreros en la mina, salarios bajos, enfermedades, desaparición paulatina de manantiales, contaminación del agua). De 1930 a 1980 se extrajeron más de un millón de onzas de oro y más de 23 millones de onzas de plata (datos empresa Continuum). De 1980 a 1990 colapsó la actividad minera: Despido de trabajadores, agotamiento de recursos minerales, insalubridad y contaminación. De 1990 a 2005 empresas extranjeras adquieren la empresa minera y obtienen nuevas concesiones para la exploración. Trabajadores mineros fueron despedidos y la explotación de minas subterráneas ya no era rentable. Se quería explotar a cielo abierto. En estos años se formó la resistencia de parte del pueblo y de los mineros. En 2003 lograron el cierre temporal de la mina.

La empresa minera La empresa Continnum Resources Ltd., es una empresa canadiense que se encuentra en Vancouver, Canadá. Es la principal inversionista para exploración y explotación de los recursos minerales en Oaxaca teniendo concesionadas más de 50 mil hectáreas sobre todo en el estado de Oaxaca (oro y plata). La empresa canadiense es a quien el Gobierno Federal a partir del 2002, le ha cedido la mayor parte de las concesiones mineras en la región, alrededor de 54,653 hectáreas con el propósito de iniciar proyectos de prospección minera sin el conocimiento ni la autorización de las comunidades afectadas. De esta forma reciben también la concesión para la exploración y explotación de más de 5,300 hectáreas en el territorio de Capulálpam y otras comunidades.

2.7.4 Violaciones de derechos humanos en el caso de Capulálpam La comunidad de Capulálpan está defendiendo sus derechos frente a la empresa minera transnacional canadiense Continium Resources, debido a que ésta se encuentra explotando el mineral en su territorio sin que se haya respetado el derecho a la información y consulta. Además, dicha compañía minera está generando un daño ambiental irreversible lo cual viola el derecho al medio ambiente sano y a recursos naturales de la comunidad. ”Durante el tiempo que lleva de vida la compañía minera han desaparecido alrededor de trece o catorce manantiales y ojos de agua que servían en un tiempo para el riego de los terrenos cultivados, para uso doméstico, bañarse, lavar alimentos y para que los animales tomaran agua. Se hizo la denuncia ante la Comisión Nacional del Agua, se hicieron estudios hidrogeológicos y quedó demostrado de que efectivamente los trabajos de minería habían sido la causa por la cual desaparecieron los manantiales. El riesgo más grande era bajar el nivel de agua, el nivel freático (nivel de agua subterránea) ya que se ponía así en peligro el abastecimiento del agua para la población. Además necesitamos el agua para mantener nuestro proyecto de ecoturismo”.149 El gobierno de Oaxaca minimiza el impacto de los daños ambientales, según ellos la desaparición de los manantiales se debe al cambio climático mundial y no a la actividad minera.150 Los estudios que contrató el gobierno indican mucho menos peligro de baja del nivel del agua subterránea y así la problemática de falta de acceso al agua potable. La Constitución Mexicana formula en el artículo 27 la obligación del Estado de proteger el territorio de los Pueblos Indígenas.151 Esta obligación incluye la protección de los recursos naturales. Al explotar la mina, las empresas Natividad y Anexas S.A. de C.V., y Continuum Ressources Ltd., fueron responsables de la contaminación del agua y del agotamiento de los manantiales. El Estado al no intervenir, violó su obligacion de protección descrito en el artículo 27 constitucional.

30


El derecho al agua y el derecho a la salud se derivan del derecho a un nivel digno de vida (Artículo 11 y 12 de DESC). El comentario general No. 15 del Comité de Control y Vigilancia de la ONU para el pacto DESCA del año 2002, incluye la obligación de respetar tal derecho. Ésto significa que no se debe afectar el acceso al agua existente. Dado que el Estado mexicano no impidió la contaminación de Capulálpam con jales de la mineras Natividad y Anexas S.A. de C.V., y Continuum Ressources Ltd., permitió la desaparición de 13 manantiales por la actividad minera, violando así el derecho al agua derivado de los artículos 11 y 12 del pacto de DESCA. En este sentido el Estado Mexicano no sólo viola el derecho al agua de los habitantes de Capulálpam sino también el de las comunidades vecinas afectadas por la contaminación del Río Grande, que desemboca en el Río Papalaopan. México ha ratificado el Convenio 169 de la OIT en el año 1990 y con su entrada en vigor el 5 de septiembre de 1991, que según el Artículo 133 de la Constitución mexicana debe cumplirse. Ante las constantes violaciones de los DESCA y derechos indígenas se exige al Estado Mexicano el cumplimiento de las reglas del Convenio 169 de la OIT. El Estado mexicano formuló, firmó y ratificó el Convenio 169, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y tiene que cumplirlo. El Artículo 6 del Convenio 169 prescribe la obligación de consulta amplia y general.152 Los Pueblos Indígenas deben ser parte de la decisión sobre planificación y ejecución de proyectos legislativos y administrativos en caso de resultar afectados. Otorgar las concesiones a la minería canadiense en Capulálpam afecta directamente a la comunidad porque la mina se encuentra en su territorio y el pueblo recibe los efectos directos de la contaminación del agua y la tierra. El Estado mexicano no involucró a los habitantes en el proceso de las concesiones no respetando así el derecho de consulta del Artículo 6 del Convenio 169.

Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 28 de octubre de 2008.

31


3. Exigencias y recomendaciones Santiago Xanica: Reconocimiento de los derechos indígenas, sobre todo los de usos y costumbres, como está prescrito en la Constitución de Oaxaca. Proceso jurídico legal, justo en los casos de Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz. El desarrollo de condiciones dignas de vida en la cárcel según las obligaciones internacionales contraídas por parte de México (Art. 9, párrafo 1 y Art. 10 párrafo 1).

Capulálpam: Suspensión de las concesiones a la empresa minera Continuum Ressources Ltd. en Capulálpam, tomando en cuenta su deber de respetar los derechos DESCA (Derechos economicos, sociales, culturales y ambientales) así como el derecho al agua. Reconocimiento del derecho a la información y consulta según el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Reconocimiento e indemnizaciones por los daños ecológicos a la comunidad de Capulálpam Cierre definitivo de la mina de Capulálpam. Recuperación del territorio comunal que la empresa invadió para que la comunidad construya un museo comunitario.

Oaxaca: Libertad de labores para las organizaciónes sociales e indígenas en Oaxaca. Cancelar las ordenes arbitrarias de aprehensión contra miembros de organizaciónes sociales e indígenas. Una reforma democrática de la policía para recuperar la seguridad del pueblo y prevenir la corrupción. Fin del uso de la violencia para solucionar conflictos y cumplimiento de la protección de derechos humanos aprobados por la Consitución mexicana y por los tratados internacionales. Trato legal e indemnizaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos tras los acontecimientos de extralimitación del 2006. No obstaculizar a las ONGs en su labor legal para esclarecer los casos jurídicos.

32


C. Guerrero 1. Información general 1.1 Introducción El Estado de Guerrero linda en el Norte con los Estados de Michoacán, México, Morelos y Puebla, al Este con Puebla y Oaxaca, al Sur con Oaxaca y el Océano Pacífico y al Oeste con el Océano Pacífico y Michoacán. Su superficie es de 64, 282 Km2 que corresponde al 3.3% de la superficie total del país.153 154 Guerrero se divide en siete regiones: Costa Grande, Tierra Caliente, Norte, Centro, Acapulco, Costa Chica y La Montaña. A la par con Oaxaca y Chiapas, Guerrero pertenece a los Estados Mexicanos con mayor riqueza natural, es rico en minerales preciosos, sobre todo en plata, oro, hierro y plomo. El 75% del suelo cultivable (campos y bosques) son tierras ejidales y comunales (pertenecientes a comunidades indígenas). Debido a la tala inmoderada y a la erosión se dio entre los años 80 y 1995 una reducción de la superficie del suelo con vegetación natural de 74.4% a 35.5%. En la lista de los estados mexicanos más pobres Guerreo ocupa el tercer lugar (INEGI).155 La tasa de analfabetismo es el doble del promedio del país. De los 3,079,649 habitantes del estado (año 2000), el 17.2% se cuenta como población indigena, la cual se divide en cuatro etnias.156 La población Indigena se concentra en las regiones de La Montaña y en menor proporción en la Costa Chica al Este del Estado. De 17 municipios de la región de La Montaña 11 se consideran como extremadamente marginados.

1.2 Actores políticos La estructura del poder en Guerrero aún se caracteriza por la fuerte influencia que ejercen unos pocos caciques de la región, la cual se dice es debida a sus estrechas relaciones con los militares, la policía y con los círculos de gobierno, así como con los narcotraficantes. En Guerrero se siembra el 60% de la produción nacional de amapola, además existen en el estado siembras de mariguana. Guerrero es una importante zona de paso para la cocaína colombiana.157 Desde el 2005 –originada en Acapulco- la violencia por drogas plaga a todo el estado. El fuerte aumento de asesinatos, secuestros, tortura y violaciones sexuales en los últimos años se anota a los conflictos entre las mafias de drogas rivales. El primero de abril del 2005 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó la gobernatura del Estado con el empresario Zeferino Torreblanca Galindo, dando por teminada la dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‚«Tlachinollan»‘, caracteriza los tres primeros años del gobierno del PRD de la siguiente manera: “En esos tres años la memoria colectiva de los trabajadores experimentó: represión y detenciones, como un método común del gobierno del «cambio» para supuestamente terminar con la política clientelar, el soborno y chantaje politico. La mejor forma de no hacer promesas o deber algo a los pobres, es aplicar la ley sin miramientos, sin concesiones a las organizaciones sociales, demostrando un supuesto gobierno democrático (…) Quién se atreviese a poner en duda al sistema, se le declaraba un enemigo peligroso, el cual se debía neutralizar y colocar fuera de la legalidad. Evitando así que este individuo “contaminase” a otros trabajadores. Durante esta fase el nuevo gobierno en lugar de hacer alianzas para crear un proceso de entendimiento social, sobre todo con los trabajadores del campo, optó por distanciarse de las luchas legítimas del pueblo, huyendo del diálogo, buscando la confrontación y criminalizando la protesta social.”158 Las organizaciones no gubernamentales se encuentran más que decepcionadas del gobierno del PRD durante esos tres años. No nada más se negó el diálogo, sino también se constató un deterioro de la situación de los derechos humanos en todos los ámbitos: Aumento de la presencia militar a la par de la negación del gobierno a garantizar los derechos básicos en educación y salud. La tortura es parte de la vida cotidiana y es tolerada por parte del Ministerio Público estatal. A ello se agrega el aumento de la criminalidad debida al narcotráfico, un tema que sobrepasa a las organizaciones de derechos humanos y del cual éstas intentan mantenerse alejadas.

33


En el año 1996 aparece en Guerrero con el ERP159 un nuevo grupo guerrillero, que se forma después de los violentos conflictos de los años sesenta y setenta. En 1998 se forma con el ERPI160 otra organización. En los días de la masacre del 7 de junio en El Charco (Guerrero), en los que el ejército asesinó once personas, cuando menos dos ataques a patrullas de policías y militares fueron realizados por una organización guerrillera. Según fuentes oficiales cinco miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida durante esos ataques. El ERPI reclamó haber tomado completamente la antigua estructura del ERP en el estado de Guerrero.

1.3 El rol de la población civil Desde los años noventa diferentes movimientos indígenas, organizados regionalmente, han reforzado e intentado proteger sus comunidades en un ámbito de violencia e impunidad. Ellos se remiten a sus costumbres y derechos heredados, reforzando su cultura, y el idioma de su etnia, por ejemplo a través de radiotransmisoras locales. Se hizo famoso el caso de Radio Ñomndaa en Xochistlahuaca, en el sureste del estado, cuyos empleados y empleadas fueron sometidos a amenazas e intimidaciones durante años y cuya radiodifusora fue destruída durante un operativo policíaco el 10 de julio de 2008. La radio con el nombre « La palabra del agua » transmite desde 2004 para el pueblo Amuzgo.161 En 1995 se funda en la Costa Chica una policía indígena comunitaria autónoma propia, la cual se orienta en conceptos indígenas de sanción contra violaciones al derecho. El derecho a formar una policia comunitaria lo deriva la organización del artículo 4 y 115 de la Constitución Mexicana, así como del Art. 61 de la Ley Municipal del Estado de Guerreo y del Convenio OIT 169.162 El cumplimiento de sanciones se realiza por ejemplo a través de trabajo comunitario, lo que conlleva a un conflicto hasta ahora no resuelto con el Estado. Existen cerca de 30 órdenes de detención contra miembros de la policía comunitaria. Los movimientos y las asociaciónes indígenas se defienden en contra de grandes proyectos que deben ejecutarse sin previa consultación o bien en contra de la voluntad explícita de las comunidades afectadas. El proyecto de la presa «La Parota», planeado desde hace más de 30 años, provocó la atención internacional. Posterior a la anulación legal de las primeras votaciones, se ejecutó una nueva consulta a las comunidades en agosto del 2007. El gobierno de Guerrero comunicó antes de la consulta que aceptaría los resultados. Cuando solo 20 de aproximadamente 8,000 personas votaron a favor de la presa, el gobierno entonces declaró de “caracter informativo” a la votación. Había ya en los círculos de gobierno, declaraciones públicas que la presa se construiría en el año 2009.163 En vista del alto grado de violencia y de las agresiones permanentes, sobre todo frente a las comunidades indígenas, tienen gran importancia tanto las y los defensores de derechos humanos a todos los niveles de la sociedad así como también las organizaciones de derechos humanos. A la par con algunos centros que trabajan localmente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» en Tlapa actúa en amplias partes de Guerrero.164

1.4 El contexto social Los pobladores del campo y los pueblos indígenas viven bajo una economía de subsistencia. Los derechos económicos y sociales del pueblo se les restringen, por lo que ellos no tienen acceso a la asistencia médica básica, educación y a una vivienda digna, así como al derecho a la alimentación.165 El derecho a la salud es, probablemente, el derecho que más se vulnera, o sea el derecho que menos se garantiza para gran parte de los pueblos en la región de La Montaña, sobre todo en las comunidades indígenas.166 El 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso ni a los servicios de salud, ni a hospitales con personal calificado y con infraestructura básica adecuada. En la región de La Montaña existe un hospital general en Tlapa, seis casas hospital, y aproximadamente 166 módulos de atención médica, para los cuales ni la mitad de ellos cuenta con un médico responsable.167 En la región de La Montaña hay un médico por cada 3,500 habitantes, un ginecólogo por cada 20,000 mujeres. La tasa de mortalidad infantil, que se toma como un indicador de pobreza, es de 283 casos por cada 100,000 habitantes en la Montaña y con ellos cinco veces más alto que el promedio nacional.168 Aunado a esto el derecho a servicios de salud gratuitos no es garantizado. No existe ninguna forma de asistencia médica para casos de salud mental, psicológico o psiquiátrico.169

34


La tasa de analfabetismo en La Montaña es del 75%, 15% de los niños no visitan escuela alguna, y de los que las visitan pocas veces terminan la escuela primaria. En la comunidad Metlatónoc, la más pobre del Estado se eleva el porcentaje a 35%. Estos porcentajes se deterioran aún más cuando se toma en cuenta la migración, la cual es muchas veces la única posibilidad de sobrevivencia de las familias. Si los padres emigran a los Estados Unidos, los hijos tienen que abandonar frecuentemente la escuela para trabajar en el campo. Cuando los padres emigran a los Estados del Norte, para emplearse como jornaleros, la familia completa emigra con ellos. Esto significa que los niños interrumpen la escuela por algunos meses para trabajar en el campo.170 Partiendo de los indicadores para la marginación en relación a la vivienda, Guerrero se ubica, según el INEGI en el segundo lugar en México.171 El porcentaje de viviendas en Guerrero que no poseen agua corriente o agua a través de un grifo de agua público es de 29%. El abastecimiento de alimentos no se garantiza satisfactoriamente. Frecuentemente los alimentos que cosechan los pequeños agricultores no alcanzan para el consumo propio. Ante la crisis alimentaria y el alza de precios la situación se vuelve más difícil. “….proteger el derecho a la alimentación es prioritario en México, sobre todo en el contexto de los actuales precios de los alimentos en el mercado mundial, los cuales afectan sobre todo a quienes padecen hambre[…] De 14.4 millones de mexicanos que padecen hambre, 65% viven en el campo.”172 Debido al deficitario desarrollo del comercio regional y local, muchos productos agrícolas carecen de mercado.173 En la región de La Montaña los indicadores de desarrollo se ubican a nivel de los estados africanos. Los niños mueren a causa de infecciones gastrointestinales no tratadas, en conjunto con desnutrición. “La crisis del sector agrario ha desvastado a los poblados y los ha remontado a condiciones de miseria extrema. Esto ha expulsado a la gente de la región, las cuales se van de asalariados al campo. En los estados con industria agrícola como Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Baja California Norte se emplean como jornaleros. Es triste que los niños no pueden ir más a la escuela ya que deben estar disponibles como trabajadores eventuales. Hasta mujeres embarazadas trabajan en las tareas de la cosecha, con sus hijos a cuestas en la espalda. Lo peor es que la gente deja de sembrar maíz y se ven tentados a sembrar amapola. Esto agudiza los problemas sociales y dificulta la vida comunitaria de la región debido a la violencia que se genera en un contexto de comercio con drogas. Esto conduce a más pobreza, más militarización y más violencia.”174

1.5 Militarización Guerrero es uno de los estados más militarizados en México. Una primera ola de militarización se dio en el combate a la guerrila y el control de la población durante la llamada “guerra sucia” 1965-1983. En el reporte de la Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) del año 2006 “¡Qué no vuelva a suceder!” se dedica un capítulo a “a las actuaciones violentas del ejército mexicano y otras organizaciones del Estado Mexicano en Guerrero”.175 El reporte nombra crimenes de lesa humanidad, crimenes de guerra y genocidios. En los años ochenta, cuando el problema del movimiento guerrillero se decía resuelto, muchos militares se integraron a las diversas corporaciónes de la policía mexicana. En la mitad de los años noventa se empleó nuevamente al ejército para combatir el nuevo movimiento guerrillero y reforzó la “lucha en contra del comercio de droga”. Según SIPAZ, en Guerrero se encuentra activo una sexta parte de los soldados del ejército mexicano que se utilzan en México para combatir el comercio de droga. “La presencia militar se utiliza como un medio para estabilizar la región, mas la politica del Estado Mexicano no se ha ocupado de las causas estructurales que dan origen a la pobreza, la miseria y la migración masiva.”176 Las comunidades indígenas son las más afectadas debido a los efectos de la militarización.177 Como lo documentó el Centro Tlachinollan, la cantidad de violaciones a los derechos humanos en esas regiones ha aumentado considerablemente. Para esto es el ejército el causante directo de ataques a la vez que se muestrea como “el poder protector” en cuyas sombras los culpables se dejan libres de condena. Tan sólo en el lapso de 1996 al 2004 el Centro Tlachinollan registró 68 casos de violaciones a los derechos humanos a través de los militares, que van de detenciones arbitrarias hasta violaciones sexuales, sin procesos legales en contra y/o compensación o restitución alguna para las víctimas.

35


2. Casos de violaciones a los derechos humanos en Guerrero A continuación se ejemplificarán tres casos, los cuales fueron elegidos para Guerrero e investigados durante el viaje. El foco está en los casos de amenaza aguda y en aquellos de violación a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

2.1 Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) 2.1.1 Resumen La Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) surgió en 2001 tras la amenaza que representó para las condiciones de vida de la población, la desforestación masiva de los bosques por parte de latifundistas y caciques locales, quienes pueden vincularse con el cultivo y el tráfico de drogas. En condiciones extremadamente difíciles marcadas por la militarización, la violencia abierta, la impunidad y la pobreza, esta organización de mujeres intenta mediante pequeños proyectos productivos y trabajo de capacitación alcanzar una nueva base para vivir ellas y sus familias. Como principal problema concreto mencionaron las mujeres la falta de educación escolar para los niños, lo que provoca una falta de perspectivas y la emigración.

2.1.2 Antecedentes La OMESP está activa en distintas comunidades cuya población sufre de militarización, violencia, falta de participación así como marginalización socioeconómica, política y cultural.178 En charla con la Coordinación Alemana las mujeres de OMESP subrayaron la preocupante situación de la educación en las comunidades. En muchas de ellas no existe de hecho. En la escuela primaria de El Zapotillal, por ejemplo, un maestro atiende a 54 niños en turnos consecutivos de sólo dos horas al día. El bajo nivel escolar y las pocas posibilidades de desarrollo van a la par. Una mujer explicó que eso la llevó a emigrar. Algunos niños son enviados solos a la escuela costera en Petatlán. Según un maestro del CONAFE179 las causas radican en el precario estado del sistema educativo, primordialmente en la falta de capacitación de los maestros. Al inicio de sus estudios, los estudiantes normalistas son enviados a las escuelas rurales por un año a enseñar a fin de poder solicitar una beca. A veces se envía solamente a un estudiante por escuela. Ello ocasiona que el personal aún sin preparación ni conocimientos pedagógicos atienda grupos escolares de hasta 50 niños. Para las mujeres de la OMESP la disponibilidad y la calidad de la educación primaria son de gran importancia para la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida locales, y condición para romper el círculo vicioso de marginación y pobreza.

“[…] en el campo la educación es un problema serio que tiene que ver con la diseminación de los poblados y la falta de planeación del gobierno para considerar este derecho constitucional. En cuanto a la educación, hay una contradicción en la política gubernamental, ya que por un lado se disuelven escuelas en que se forman maestros porque dicen que no hay lugares de trabajo para ellos, y por el otro, faltan maestros en los poblados.[…] Actualmente es el problema educativo uno de los más graves que se mantienen en el área rural en general […].180” Reunión con Mujeres Ecologistas. Sierra de Petatlán, Guerrero, 23 de octubre de 2008.

36


También el sistema de salud muestra graves carencias. El Centro de Salud de la región casi no funciona: „Cuando hay doctor no hay medicina, cuando hay medicina no hay doctor.”181 Aunque las mujeres tengan un seguro médico estatal, deben pagar por los servicios médicos cuando los desean utilizar en horarios fuera de servicio. Por lo tanto, el derecho a la salud no se cumple. La infraestructura muestra por lo regular enormes carencias. Gran parte de la población está prácticamente excluída de los hospitales, oficinas de gobierno y mercados. En muchas comunidades no existen tuberías de agua, instalaciones de teléfonos o correo; corriente eléctrica sólo en parte. A causa de las difíciles condiciones de vida emigran hacia los estados del Norte de México o incluso hacia los EE.UU., sobre todo los hombres de las comunidades para buscar empleo como jornaleros y apoyar a sus familias mediante remesas de dinero.

2.1.3 Exposición del caso Ya antes de la fundación de esta organización, en 2001 la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) intentó combatir la tala legal e ilegal de los bosques que había ocasionado falta de agua, que se secaran los ríos y que hubiera erosión.182 Las mujeres de la OMESP quieren también tomar un rol activo en la protección del medio ambiente. Su enfoque es sobre todo lograr mediante la reforestación y la plantación de frutas y legumbres un desarrollo sostenido en la región. A causa de la enorme elevación de los precios de los alimentos, las mujeres han aprendido, por ejemplo, a cultivar el arroz. “ […] en la organización hablamos en la junta de la urgencia de cultivar arroz, ya que el precio subió tanto: de 7 a 15 pesos en IDEMUS, de manera que la gente se siente presionada de tal forma que dijeron que volverían a cultivar […]“183 “Así se logró econtrar una alternativa para resolver el problema de la crisis alimentaria en la propia forma original de vida de los campesinos. Se tenía que volver a ella y necesitaban apoyo. La siembra de arroz fue una iniciativa de la Organización que fue retomada por otras familias que no pertenecían a ésta, porque vieron los beneficios que tal cultivo trae consigo.”184 El trabajo de la OMESP consiste sobre todo en la participación de las mujeres de las comunidades en cursos de capacitación en que se traten temas ecológicos y la producción de alimentos para su propio consumo185 El énfasis principal de las actividades de la OMESP radica en el cultivo biológico y sostenible de productos, la prevención de incendios en los bosques –repetidas veces una forma ilegal de desforestar-, la reforestación, la conservación del agua y de los suelos, así como el reciclamiento. Bajo la dirección de Celsa Valdovinos (presidenta de la organización), la OMESP ha crecido a cerca de 100 miembros186 Desde 2003 se han planteado en 13 comunidades proyectos de reforestación, para lo cual se implementaron viveros con 5000 árboles. La siembra de caobo, cedro, árboles frutales y yaca es una ayuda para la comunidad. La meta es la reconstitución del ecosistema y proteger tanto a la flora como a la fauna. En las comunidades se forman grupos encargados de reforestar y de plantar frutas y legumbres187, a fin de poder autoabastecer las necesidades alimentarias básicas: “[…] a fin de cuentas para nosotros es un paso importante el que ha tomado la Organización. Una prueba de ello fue el que el gobierno retomara parte de esta experiencia llamándola “Por un Guerrero sin hambre” referido a todo el Estado. Promueve la ayuda a las mujeres para establecer en los patios traseros de sus casas una hortaliza, asegurando con ello la producción de su propio alimento.“188

Celsa Valdovinas, Mujeres Ecologistas, Guerrero

37


Otro proyecto de las mujeres abarca una caja de ahorros, incluye a 70 miembros. En caso necesario se otorgan pequeños créditos de hasta 10 000 pesos, por lo general en caso de enfermedades. La cuota de reembolso es alta, los intereses (del 5%) entran en la caja común y sirven para créditos subsecuentes. La organización enfrenta diversos problemas: Por la contaminación del agua se destruyó por años el ecosistema con el cual perecieron muchos animalitos tales como los cangrejos. Además, en el pasado se quemaron árboles y los herbicidas destruyeron las colmenas. Otro problema es el abastecimiento de agua para regar los viveros. Hace un año fue robada la cuatrimoto, el medio de transporte indispensable. Además no encuentra apoyo el trabajo de proyectos o de capacitación de la OMESP entre todos los miembros de la comunidad, sino que provoca también rechazo. De ahí que, por ejemplo, se esparza públicamente información falsa sobre el supuesto enriquecimiento personal de los directivos de la organización. Las mujeres activas en la OMESP tienen que romper el rol impuesto socialmente en México, limitado principalmente al hogar y a la educación de los hijos, y luchar por su derecho de poder hablar con la comunidad y ser escuchadas. A través del trabajo en los proyectos de la OMESP les será posible participar en el desarrollo autónomo de la familia y de la comunidad: [...] Veo que las mujeres han tenido grandes avances en su comportamiento: Tienen mayor conciencia y seguridad de si mismas y hablan sobre sus problemas. La organización que han creado les ha ayudado a vincularse entre sí para resolver los problemas a que se enfrentan. Hay algo así como un rosario, una larga lista de cosas que aprende Celsa de cómo se expresa este cambio en la actitud de las mujeres, de manera que aprenden sus derechos […]“189 La OMESP presenta un extraordinario caso de lograda autoayuda, es decir, ellas contribuyen activamente en la realización de sus derechos humanos. El Estado debería cumplir su obligación y fomentar los proyectros surgidos por iniciativa propia en el marco de programas de lucha contra la pobreza. En última instancia los programas podrían ser parte del trabajo conjunto de desarrollo que realizaran los representantes locales y nacionales, y la ayuda del exterior.

2.1.4 Violaciones a los derechos humanos en el caso de la OMESP La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) considera a la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán entre las 100 zonas forestales más críticas del país. Desde 1998, cuando se dieron talas masivas también para fines de siembra de drogas y que la Organizaciòn Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) se opuso a tan exagerada tala, los campesinos han sido objeto de persecución y de acciones vengativas por parte de los caciques. Éstos gozan al parecer de un amplio apoyo por parte de la administración gubernamental local y de las mejores relaciones con la policía, los militares, la procuraduría de justicia y oficinas de gobierno. Miembros de la OCESP fueron amenazados, perseguidos, asesinados o bajo falsas acusaciones encarcelados. El caso de Felipe Arreaga ganó la atención mundial junto con el caso de la familia de Albertano Peñalosa Domínguez.190 A Felipe Arreaga se le encarceló por falsas acusaciones. Como consecuencia de una campaña internacional iniciada por la Coordinación Alemana pudo ser liberado finalmente –el primer caso de este tipo en Guerrero que termina con la liberación y primer triunfo sobre la manipulación de la justicia por caciques locales. Desde 1999 existe en la constitución mexicana el derecho de cada persona a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar191 Por consiguiente, el gobierno ha planteado un Programa de protección a la Ecología y de Recursos Naturales 2007-2012. “[…] con los objetivos de asegurar el abastecimiento funcional de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, la reforestación y la ampliación de reservas ecológicas protegidas. Por primera vez incluye un programa sectorial de este tipo, el respeto de los derechos humanos como línea estratégica de la políca ambiental. [En el año 2009 entra en vigor un Programa de Derechos Humanos para la protección ambiental] .“192 El Estado se obliga así a proteger el ambiente. Sin embargo, hasta ahora no se ha observado el cumplimento de tal obligación en la región de Petatlán. Habrá que esperar a ver la eficacia del Programa de Derechos Humanos para la protección ambiental que entra en vigor en 2009. Sin la imposición de relaciones de un estado de derecho y la eliminación de la impunidad no serán posibles una vida segura ni un desarrollo positivo en la región de Petatlán. Ni el Gobierno de Guerrero ni el Estado Mexicano cumplen con sus obligaciones básicas, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, en particular para asegurar el acceso al agua (ICESCR, Art. 11), a la alimentación (idem), a una atención adecuada de la salud (Art. 12) y a la educación (Art. 13 y 14).

38


2.2 Organización del Pueblo Indígena Me`Phaa (OPIM), Ayutla de los Libres 2.2.1 Resumen La Organización del Pueblo Indígena Me`Phaa (OPIM), fue fundada en el 2002 proteger y fomentar los derechos de los Indígenas Me‘phaa (Tlapanecas) en México. Miembros de OPIM han abogado por la justicia en una serie de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo tras la violación sexual de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú por soldados, así como la esterilización forzada de 14 hombres indígenas en 1998. El 17 de abril de 2008 fueron detenidos cinco miembros de la Organización de los Me`Phaa, acusados de haber asesinado a Alejandro Feliciano García el 1º de enero de 2008 en el poblado El Camalote. Los prisioneros fueron reconocidos por Amnesty International como presos de conciencia. Miembros de la OPIM son amenazados y perseguidos sistemáticamente.

2.2.2 Surgimiento La OPIM trabaja sobre todo en las comunidades de los Me`Phaa de la región que rodea a Ayutla. Su trabajo consiste en la defensa completa de las comunidades indígenas afectadas por la militarización. Además apoyan la difusión de los derechos humanos básicos en estas comunidades y fungen como intérpretes de los pueblos indígenas.

2.2.3 Violaciones: “Violencia sexual específica como mecanismo de represión”193 Miembros dirigentes y representantes de la OPIM han sido agredidos y amenazados desde hace varios años. Entre los casos en que han apoyado la aplicación de justicia están las violaciones a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por fuerzas militares en el 2002. Los responsables no fueron llevados ante un jurado ni fueron juzgados. Ambos casos fueron llevados en el 2007 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que investiga actualmente el porqué el gobierno les negó a ambas el acceso efectivo a la justicia.194

2.2.4 Esterilizaciones La OPIM denunció a la Secretaría de la Salud del Estado de Guerrero debido a la esterilización forzada a 14 hombres procedentes de El Camalote entre 1998 y 2001. El 15 de abril de 1998 llegó la Brigada de Salud No. 3 formada por el Dr. Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y Rafael Almazán Solis, encargado de dar charlas para mujeres sobre la salud en la comunidad El Camalote. En una junta comunitaria subrayaron los miembros de la brigada de salud la necesidad de que todos los hombres que ya tenían cuatro o más hijos, se sometieran a una operación para esterilizarlos. En contrapartida se construiría una clínica con disponibilidad de suficientes medicamentos en la comunidad, en donde atendería un médico de tiempo completo, para asegurar la atención de la salud adecuada. Además prometieron comida, vestido, cobijas y becas anuales para los niños. Los 13 hombres aceptaron en 1998 y uno más en 2001 dejarse esterilizar. Las promesas dadas nunca fueron cumplidas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobierno en el 2007 el pago de indemnizaciones a los hombres esterilizados. A la fecha les fueron pagadas indemnizaciones a los 14 afectados debido a la recomendación 066/2007 de la CNDH, si bien la suma de 30 mil pesos no corresponde a la indemnización prevista por la ley. El 9 de febrero fue encontrado en Ayutla el cadáver de un miembro de la OPIM, Lorenzo Fernández Ortega con señas de tortura. Para noviembre del 2008 todavía no se había hecho la autopsia del cadáver y se detuvieron las averiguaciones. El 2 de abril del 2008 fue detenido Miguel Ángel Tornez Hernández, después de que fueron robados y asesinados cuatro policías y un funcionario. Él y su hermana, que así mismo fue detenida, fueron torturados para dar con el paradero de dos líderes de la OPIM, con la clara intención de relacionarlos con la organización. Cinco miembros del pueblo indígena Me´phaa de la comunidad El Camalote fueron detenidos el 17 de abril del 2008 en un control militar, acusados del asesinato de Alejandro García Feliciano, quien el 1 de enero del mismo año fue encontrado muerto en la comunidad.

39


En este mismo contexto fueron dictadas diez órdenes de detención contra miembros de la OPIM, que sin embargo no llegaron a ser ejecutadas. Por consiguiente, es de temer que las detenciones de los cinco miembros de la OPIM, Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, fueran arbitrarias. Tres de ellos declararon y aportaron pruebas el 19 de aogosto de 2008 ante el tribunal de Acapulco. Todos ellos provienen de la comunidad El Camalote, la cual se defendió jurídicamente frente a la esterilización forzada . El 15 de octubre de 2008 una juez federal aceptó el recurso de amparo interpuesto por cuatro de los cinco acusados debido a la falta de pruebas por lo que fue ordenada su puesta en libertad. Sin embargo, los cuatro detenidos no fueron puestos en libertad pues el 3 de noviembre el Ministerio Público Federal impugnó la decisión de la juez interponiendo recurso de casación. En conversación con la Coordinación Alemana, la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Fernández, resaltaba que se mantiene la situación de amenazas que sufren los miembros de la organización.

„(...),,en lugar de que investigara a la persona que estoy acusando, me están investigando a mí. Entonces por eso es que tenemos mucho problemas, y yo sigo siendo amenazada, pero nada más, me están haciendo creo yo, de que nada más quieren de que yo me vaya de la organización, para que yo no siga con la gente, para que ya no esté yo acá en la oficina, (...).”195 Ella misma se siente presionada a abandonar la organización. Su marido ya ha huido. Las mujeres violadas por los militares viven en miedo permanente. Los miembros de la OPIM informan de la precaria situación en los sistemas de educación y sanidad. El seguro de salud es calificado de puro engaño del gobierno.

Obtilia Eugenio Fernández (derecha). Ayutla, Guerrero, 25 de octubre de 2008.

La gente tiene que pagar por los médicos y medicamentos, el suministro en el centro de salud es extremadamente malo. Los niños no van al colegio, los padres reciben a través del sistema estatal “Oportunidad” una prestación mínima, de la que sin embargo tienen que pagar a las maestras y maestros. “[...] tengas tu dinero para pagar, el pretexto que va a hacer el Gobierno, pues a ti ya te doy un apoyo de OPORTUNIDAD, qué quieres más, si tus hijos ya reciben becas de OPORTUNIDAD, de ahí tiene posibilidad de pagar un maestro particular que enseñe a tus hijos, eso es la forma que quiere buscar el gobierno dice, por eso nosotros lo manifestamos, y vamos a seguir luchando, nuestro derecho, lo que debemos de ser en las comunidades [...].”196 La militarización de la región representa un problema añadido para la población. Ésta se siente cohibida por la presencia de la armada, las intimidaciones son cosa de todos los días. La situación de los cinco miembros de la OPIM detenidos en la prisión de Ayutla es alarmante. Los detenidos reciben poca y mala alimentación, deben ser abastecidos complementariamente por sus mujeres. El agua potable de la prisión provoca enfermedades.197 A través de trabajillos en la prisión los hombres pueden obtener unos pocos ingresos. Debido a que durante la temporada de la siembra los hombres se encuentran en prisión, existe el temor de que tampoco a medio plazo dispongan de ingresos y comida. La Coordinación Alemana deseaba transmitir al director de la prisión, en el encuentro previsto del día siguiente, la exigencia de cumplir con las medidas cautelares en la prisión. Sin embargo, éste no se presentó a la cita acordada.198 Una gran preocupación son las amenazas e intimidaciones contra los miembros de la OPIM detenidos incluso una vez puestos en libertad. Así mismo, las mujeres de los detenidos tienen mucho miedo cuando van de visita el fin de semana a la ciudad. Por la noche nunca salen a la calle. Especialmente la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Fernández es repetidamente amenazada. Adición: (19.03.2009) Cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) fueron puestos en libertad el día 19 de marzo de 2009. Raúl Hernández Abundió es el quinto indígena me´phaa que permanece recluído.

40


2.2.5 Violaciones de los derechos humanos en el caso de la OPIM Debido a la situación de extrema precariedad de la población indígena de la Montaña se dan repetidas violaciones a los derechos humanos. La no observancia de los DESC: derecho al agua, salud y educación conlleva una elevada vulnerabilidad de la población. Los hombres afectados por la esterilización han claudicado de sus derechos de reproducción sexual ante enormes presiones y falsas promesas de una supuesta atención sanitaria. El Estado no sólo no ha cumplido con la obligación de asegurar la atención sanitaria fundamental sino que además ha intentado extorsionar logrando concesiones. El gobierno de Guerrero y también el federal mexicano no hacen frente a sus obligaciones para con la etnia Me´phaa. Aquí se muestra claramente la violación sistemática de los derechos fundamentales del hombre y el desprecio hacia la población indígena (Convenio OIT 169). Ante este trasfondo se producen graves violaciones a los derechos políticos y civiles de los derechos humanos. De la evaluación de las prisiones realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha resultado que de los 31 Estados Federados y una prisión evaluada en la Ciudad de México, Guerrero se sitúa en el puesto 31o. La prisión de Ayutla es, a su vez, considerada como la peor del estado de Guerrero. A pesar de la firma de tratados nacionales e internacionales, el estado mexicano no cumple con las medidas cautelares acordadas para las prisiones.199 El encarcelamiento de cinco miembros del grupo indígena Me´phaa, reconocidos en noviembre de 2008 como presos de conciencia por Amnistía Internacional bajo una presunta inculpación ficticia, presumiblemente se encuentra motivada políticamente, dado que se enfrentaron a las violaciones de los derechos humanos en su comunidad. Esto es lo que se entiende por criminalización de los movimientos sociales:200 “[...] es que el gobierno nos dice que nosotros somos delincuente, el gobierno nos dice de que somos grupo armado, dice pero no somos grupo armado, nos levantamos porque la pobreza nos está matando, si no hubiera pobreza no hay organizaciones [...].”201 Según Alejandra Gonzáles Marín del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan los costos sociales de dicha estrategia recaen en la vulneración de la dignidad de las personas y de los Pueblos Indígenas a causa de la violación sistemática de los derechos humanos.202 Entre otros temas, Alejandra González explicó la estrategia estatal de intimidación y detenciones a fin de desviar de su trabajo y fines a los grupos que expresan su protesta: “[…] no hay que desviar el trabajo de la organización por la criminalización porque al final ese es el objetivo del Estado también, desgastar, desviar incluso los objetivos, entonces por eso es que ha sido bien importante el trabajo organizativo con ellos para que justo sigan trabajando en objetivos antes ya planteados, que siguen en construcción, además de buscar la liberación de los presos, porque lo que le ha pasado a muchas organizaciones es que se enfocan a situaciones de criminalización o de defensas jurídicas o sea todo lo que implica una defensa y dejan a un lado todo este proceso […].“203 Los integrantes de la OPIM se exponen aún a mayores peligros al realizar una labor de defensa de los derechos humanos.

41


2.3 Comunidad de Mini-Numa, Município Metlatónoc 2.3.1 Resumen La pequeña comunidad mixteca de Mini Numa con 300 habitantes en una de las regiones más pobres de México que reclamaba desde el 2003 una cobertura básica de salud a las autoridades competenetes, luego de que muchos niños murieran a causa de enfermedades curables no tratadas. Finalmente con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se siguio la vía jurídica. En Julio del 2008 se resolvió favorablemente la querella de Mini Numa: El veredicto del Juzgado de Distríto de Chilpancingo obliga a las autoridades de Guerrero a garantizar el derecho a la cobertura de salud a la comunidad de Mini Numa consagrado por la Constitución Mexicana y el derecho internacional a través del envio de un médico y otras medidas. Este es el primer caso en México donde se resolvió favorablemente un reclamo de DESC.

2.3.2 Exposición del caso La comunidad indígena de Mini Numa es una comunidad mixteca (Na´savi) en el municipio de Metlatónoc en el Noreste de Guerrero, al Este de Tlapa. El municipio de Metlatónoc es el segundo más pobre de México y hasta hace poco pertenecía a los diez más pobres de América Latina, sus indíces de desarrollo se encuentran al nivel de los estados africanos.204 En el caso de Mini Numa se trata de una comunidad extremamente pobre con 331 habitantes que en su mayoría no hablan castellano. No hay servicio de agua potable ni alcantarillado como tampoco ningún medio de transporte público. Los caminos son de terraceria inclusive el principal. Los habitantes viven de una economía de subsistencia mínima, especialmente cultivo de maíz. El abastecimineto de alimentos es deficitario, los niños sufren en parte de desnutrición. En Mini Numa hay tres maestros de primaria y preescolar. La escuela fue construida por la cumunidad y presenta fallas. El índice de analfabetismo alcanza el 80%.205 La cobertura de salud en Mini Numa fue desastrosa durante años. En el lugar no había médico ni otra forma de cobertura básica de salud tampoco habia ambulancia ni transporte público. Los habitantes estaban obligados a cargar a sus enfermos 1.5 horas a pie hasta el próximo puesto de salud Metlatónoc, de donde eran rechazados muchas veces por no disponer de médico ni medicamentos.206 En el año 2003 la comunidad resolvió crear un puesto de salud y reclamar la presencia de un médico al igual que el suministro de medicamentos. La secretaría de salud puso como condición para el envío de un médico la construcción de un espacio adecuado. En el año 2005 la comunidad construyó con trabajo comunitario una pequeña casa de adobe, que deberia servir como centro de salud. A pesar de esto no fue enviado el personal médico al lugar, solamente el personal del TAPS (Técnico en Asistencia Primaria a la Salud), que pasaba regularmente cada dos o tres meses trayendo consigo pocos medicamentos.207 En ese tiempo murieron dos niños de 7 y 9 años de edad.208 En el 2006 los delegados de la comunidad y la recién formada comisión de salud repitieron sus reclamos por escrito.209 El 7 de mayo del 2007 debido a las repetidas muertes y basados en la ley N° 159 de Salud en el Estado de Guerrero la comunidad presentó un amparo al gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo.210 Como resultado de ese amparo la Secretaría de Salud suspendió la vacunación de niños y la visita del delegado del Programa federal “Oportunidades” al lugar. Dos meses y medio más tarde el secretario de salud de Guerrero, Luis Barrera Ríos, rechazó tanto el envío de un médico como también de medicamentos a Mini Numa argumentando el no cumplimiento de una serie de condiciones del programa MIDAS211 para la creación de centros de salud regionales. El 10 de agosto de 2007 la comunidad de Mini Numa presento con el acompañamiento legal del Centro de DDHH Tlachinollan un recurso de apelación ante la secretaria de salud ya que en su caso un bien público no les fue puesto a disposición.212 El 9 de noviembre de 2007 presentó la comunidad un amparo ante el 7° Juzgado distrital en Chilpancingo (Expediente Nr. 1157/ 2007-II).213

42


„De las autoridades senaladas como ordenadoras y ejecutoras reclamamos la violación al derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política Mexicana, debido a que los amparistas no contamos con acceso a los servicios de salud que pro ley debe garantizar la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero.” En relación a los casos de enfermedad no atendidas por el médico de Metlatónoc se hace constar: „Estos son únicamente algunos casos de defunción que se han presentado en la comunidad, los cuales sirven para ilustrar una situación de marginación, olvido y exclusión asi como de una sistemática violación a uno de los derechos más fundamentales como es la salud…”

Ramiro Cortés Saavedra y Abel Vásquez López de la comunidad Mini Numa, Guerrero. 29 de octubre de 2008.

El amparo se resolvió favorablemente. El 11 de julio de 2008 decidió el juez del 7° Juzgado distrital en Chilpancingo, Luís Almazán Barrera, sobre la querella por la violación del derecho a la salud en Mini Numa. Barrera resolvió contra la secretaría de salud de Guerrero y ratificó el derecho de la comunidad indígena de Mini Numa a una cobertura básica de salud garantizada por el gobierno del estado. “… es evidente que se vulnera en perjuicio de los quejosos, las garantías contenidas en el artículo 4º constitucional, ya que no tienen posibilidades de acceder ellos y sus hijos, en condiciones de igualdad, a los servicios de salud; …como se trata de un derecho prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones de hacer por parte de los poderes públicos y para hacerlo realidad, el acceso a la salud debe ser universal, equitativo y de calidad; sin que en el caso los poderes públicos puedan alegar motivos no justificados, como la escasez presupuestal, para dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales.”214 El veredicto del juez obliga al gobierno e instituciones de Guerrero al inmediato cumplimiento del derecho al acceso al centro de salud, especialmente en lo que se refiere al equipamiento y servicios del puesto de salud en la comunidad de Mini Numa. Aparte de eso se constato que el centro de salud de Metlatónoc no cumplía con los requisitos mínimos del MIDAS y que debía ser ampliado inmediatamente.215 En octubre del 2008, señalaron los dos delegados de la comuniadad de Mini Numa Ramiro Cortez Saavedra y Abel Vasquez Lopez en una entrevista con la delegación de la Coordinación Alemana: La “Clínica Mini Numa” está en condiciones de funcionar. El puesto de salud ha sido mejorado en lo que se refiere a las instalaciones por la Secretaría de Salud y dotado de medicamentos. Sin embargo la conexión a los servicios de agua y luz debió correr por cuenta de la comunidad.216 Desde el 28 de junio de 2008 hay un médico de Acapulco en Mini Numa, que por parte del gobierno permanece tres semanas al mes en el lugar. El Centro de DDHH Tlachinollan organiza en Tlapa –basado en su trabajo integral– junto con otras ONGs la formación de cinco promotores de salud para Mini Numa y cinco más para otra comunidad (Temas de la formación son p.ej. agua, desagüe, higiene, primeros auxilios, etc.). Conjuntamente con ellos se ha creado una pequeña farmacia que será atendida por los promotores. Los delegados de la comunidad están conformes con lo alcanzado hasta el momento en materia de cobertura médica. Pero se mostraron preocupados por si esa cobertura estuviese garantizada a mediano plazo. A pesar de la resolución del juez, de que la atención debe ser permanente en octubre del 2008 todavía no se les habia asignado la clave (CLUES) por la Secretaría de Salud.217 Para el centro de salud de Metlatónoc se ordenó por via judicial un servicio de 24 hrs. En octubre del 2008 había cinco medicos empleados, y un nuevo pabellón estaba en construccción que deberia ser también dotado de camas para internos. A mediano plazo se presenta la pregunta de como se puede garantizar el servicio de las demás comunidades de la región. Algunas comunidades están a 10 horas a pie de Metlatónoc. En otoño del 2008 murieron dos mujeres por complicaciones de parto. Los casos complicados aún deben ser trasladados a Tlapa por sus propios medios y a veces deben ser trasladados nuevamente ya que en Tlapa faltan los especialistas. 218

43


2.3.3 Violaciones a los derechos humanos en el caso de Mini-Numa Ineficiencia de la administración regional, un alto grado de corrupción y malversación de fondos públicos así como repetidas afirmaciones a consecuencia también de discriminacion racista contra la población indígena y rural, llevan a un total subdesarrollo de las estructuras del sistema de salud en buena parte de Guerrero. El desinterés de los responsables políticos y de quienes tienen poder de decisión en materia de salud juegan un papel importante. Según declaraciones del centro de DDHH Tlachinollan no han sido ejecutadas importantes sumas de dinero del presupuesto para la salud. El caso de Mini Numa es ejemplar porque ni siquiera los estándares mínimos del sistema de salud fijados por ley y mucho menos otros DESC pueden ser garantizados por las instancias correspondientes. Aparte es también un precedente de que la vía legal, a pesar del fundamentado escepticismo hacia el sistema de justicia mexicano, no es inútil y si puede ser un medio para lograr la vigencia de los DDHH. El juicio en el caso Mini Numa se basó especialmente en el Art. 4 de la Constitución Mexicana y en el derecho estatal (Ley No. 159 de Salud del Estado de Guerrero) además del derecho a la salud de acuerdo al art 25 de la Declaración Universal de los DDHH. Aparte de eso en el juicio se tomaron en cuenta diversos tratados de derecho internacional: la Convención Internacional para Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, art. 5, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 12, la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 24 y el Convenio OIT 169, art. 25. El puesto de salud en Mini Numa y la ampliación del centro de Metlatónoc no representan de ninguna manera una solución al problema de la cobertura de salud en la región, sino que simplemente significan un comienzo. Imprescindible para su mejoramiento en toda la región es la construcción y equipamiento adecuado de un hospital regional, un mejoramiento de la red de comunicación, la ampliación de las vías de transporte y el sistema de ambulancias sin costos en casos de enfermedad. Hay que dejar claro que la resolucion del juzgado en Chilpancingo, Guerrero, es de vital importancia; por un lado se llamó a la reponsabilidad de las autoridades regionales de salud y se puso un proceso en marcha. Por el otro la resolución sienta un precedente para casos futuros. El juzgado distrital ractifica la protección de la constitución mexicana a una pequeña comunidad indígena frente a la administración que no cumple con sus obligaciones. Este es el primer caso en México, donde se gana un proceso por un derecho social, como el de la salud. La decisión adquiere aún más importancia, si se tiene en cuenta que fue lograda por y para una comuniad indígena.

2.4 Procesos de reforma en el sistema judicial de Guerrero En una extensa conversación en Chilpancingo con Edmundo Román Pinzón, el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Guerrero, se informó a la Coordinación Alemana sobre los planes de reforma de dicha instancia. Por medio de un programa de ocho años se reformará el sistema en Guerrero en un moderno aparato judicial.219 Aparte de aspectos técnicos en el área administrativa como la instalación de un sistema de computación con una base de datos, se han presentado algunos proyectos en el area de la formación del personal. Especialmente se ha planeado y parcialmente ya concretado la capacitación de jueces y fiscales en temas como DDHH, derecho interaméricano, derecho indígena y derecho de las mujeres.

44

Visita en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero, 28 de octubre de 2008.


Aparte de eso se planea también la construcción de pequeños centros de justicia regionales, la traducción del Código penal a las lenguas indígenas y la asignación de intérpretes para las diferentes lenguas indígenas. A través de la instalación de centros para la atención de víctimas, cursos de sensibilizacón para jueces dirigidos por sicólogos, se planea alcanzar una mejora en la contemplación de la dignidad de las víctimas. Durante la entrevista se discutió como problema, los falsos testimonios ante un juzgado para los que se tiene una baja penalización, por lo que es fácil encarcelar a personas basandose en declaraciones “compradas“.

3. Exigencias y recomendaciones El Estado Mexicano no cumple con su obligación de garantizar los DDHH elementales. Estos son violados especialmente en regiones apartadas con un alto porcentaje de población indígena, la cual se muestra más vulnerable. No se ataca las causas estructurales de la pobreza en Guerrero. Simultaneamente con la extrema pobreza y el alto nivel de violencia a las que están expuestas especialmente las comunidades indígenas se da una permanente violación de los DESCA. Repetidamente se dan graves violaciones de los derechos civiles y políticos llegando hasta la tortura y el homicidio, el alto índice de militarización no soluciona el problema sino que a todas luces lo agudiza. Para personas comprometidas de la sociedad civil y muy especialmente en organizaciones indígenas se presenta un cuadro de amenaza constante y amedrentamiento agresivo. La impunidad extendida ampliamente, cimenta la sensación de impotencia en la sociedad civil. Un ejemplo de ello es el asesinato aún impune de la abogada Digna Ochoa en la Ciudad de México en el 2001, que según colegas comprometidos con los derechos humanos; como abogada de los campesinos ecologistas de Petatlán se había vuelto incómoda para el cacique regional. Una serie de muertes y secuestros hasta en tiempos recientes claramente pretenden borrar las huellas en la región.220 Por eso, se debe de tener más en cuenta el valor que tienen los compañeros y compañeras comprometidos con los derechos humanos y la sociedad civil. También los jueces y fiscales que desde sus posiciones se empeñan en desarrollar el estado de derecho en Guerrero y poner límite al poder de los caciques y narcotraficantes. Abel Barrera Hernández, director del centro de DDHH Tlachinollan, afirma: “Constatamos que la lucha organizada que tienen los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero está inspirada en sus deseos de justicia y desarrollo comunitario pero las autoridades estatales y municipales no han tenido la sensibilidad y la atención para entender las causas de sus movimientos y manifestaciones públicas, que tienen como único fin hacer visibles sus demandas legítimas relacionadas con el derecho a la educación, la salud, y el acceso a la justicia.”221

45


En cooperación con el centro de DDHH se concretaron las siguientes peticiones y recomendaciones a las instituciones mexicanas pertinentes (octubre 2008): Sierra de Petatlán: Para las comunidades rurales de la Sierra de Petatlán la garantía de sus derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, en especial el derecho al acceso a los servicios básicos de salud y educación así como la asignación de profesores para las clases de primaria, en especial en la comunidad de “El Zapotillal”. Brindar apoyo a la Organización de las Mujeres Ecologistas (OMESP) por parte de las autoridades guberna mentales (Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) para promover las iniciativas que mejoren sus condiciones de vida. Protección del ambiente y de los recursos de la región (bosque, agua) como la base de vida de la población.

OPIM: Garantizar la seguridad de los detenidos de la OPIM, así como también la de sus esposas. Investigar las amenazas y hostigamiento de las que han sido objeto la Secretaría Ejecutiva de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y otros integrantes de la Organización. Investigar el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega muerto en febrero del 2008 y encontrado con señales de tortura. Asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad personal de 41 miembros de la OPIM, particularmente de los cinco detenidos en Ayutla, de Obtilia Eugenio Manuel y sus familiares.

Mini Numa: Cumplir con la resolución emitida por el Juez en el caso de Mini Numa y que se asigne la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES) para asegurar su reconocimiento en el Servicio Nacional de Salud y su permanencia. Agilizar la terminación de la obra de construcción de la clínica de salud de Metlatónoc para garantizar el acceso a la salud de una de las comunidades más pobres de México. Garantizar a las comunidades campesinas de la Sierra de Petatlán los servicios básicos de salud y el acceso a la educación con la asignación de suficientes maestros, como en el caso de la comunidad del Zapotillal.

Estado de Guerrero: Reconocer y respetar las diferentes formas de organización de los pueblos indígenas y campesinos, como la OPIM, OMESP, Radio Ñomndaa, la comunidad mixteca de Mini Numa, la Policía Comunitaria. En lugar de que se les persiga, puedan encontrar los espacios adecuados para dialogar con las autoridades competentes. Finalizar la impunidad. Comenzar un diálogo regular con las organizaciones de derechos humanos y las demás organizaciones sociales y sus actores para tratar las graves violaciones de derechos humanos y para evitarlas en un futuro. Desarrollo de una estrategia para combatir la pobreza, teniendo en cuenta las necessidades y el contexto socio-cultural de la población rural e indígena, considerando y respetando sus deseos e ideas para un desarrollo sostenible.

46


IV. Resultados y Recomendaciones Las numerosas violaciones de los Derechos DESCA (económicos, sociales, culturales y ambientales) y de los derechos de los pueblos indígenas, resultan en su mayor parte de casos de lucha por la tierra y los recursos. En los estados visitados por la Coordinación Alemana, obviamente, la planificación y ejecución de proyectos económicos y de infraestructura regularmente no respeta los intereses de la población. En cuanto a los pueblos indígenas, en muchas ocasiones no se cumple con el derecho de consulta, del articulo 6 del convenio 169 de la OIT. No se respetan las situaciones, costumbres, necesidades y exigencias de la población local. Ni se considera las circunstancias locales y regionales ni las necessidades y demandas de la población. Además estos proyectos no ayudan a mejorar la vida de la población afectada. Al contrario: las comunidades y regiones afectadas sufren la destrucción del medio ambiente, desalojo y desplazamiento por la planificación, y ejecución de deforestación y de presas hidroeléctricas en Guerrero y Oaxaca, o por los proyectos de turismo e infraestructura, por ejemplo en Chiapas y Oaxaca. Violaciones de los DESCA y derechos indígenas se agudizan por la problemática agraria no resuelta. Por la escasez de servicios sociales el Estado Mexicano viola sus obligaciones del pacto DESC de la ONU. El caso de la comunidad Mini Numa en Guerrero es un ejemplo de la falta de cumplimiento de las garantías legales y mucho menos de los DESC por parte de las instancias estatales. Al mismo tiempo es un caso ejemplar que demuestra que el camino legal, a pesar del escepticismo ante la justicia mexicana, puede tener éxito y por eso ser una herramienta para exigir y cumplir los Derechos Humanos. En los estados visitados del sur de México, las comunidades indígenas y campesinas tienen sobretodo un alto grado de marginación en cuanto a educación, salud y alimentación. Tratados de libre comercio agudizan la situación de los pequeños campesinos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La delegación de la Coordinación Alemana se encontró con algunos proyectos comunitarios exitosos de ayuda propia de comunidades y organizaciones, por ejemplo el de las “Mujeres Ecologistas” en la Sierra de Petatlán. Éstos tienen el riesgo que el estado no cumpla con sus deberes, refiriéndose a los proyectos ya existentes. Por eso se deben buscar formas de colaboración entre estado y actores locales que faciliten espacios para iniciativas propias y autonomía y encontrar soluciones en conjunto. En los tres estados visitados sigue siendo preocupante la creciente militarización en el marco de acuerdos internacionales y sus consecuencias en la política de seguridad nacional. Muchas veces la militarización está unida a ataques contra la población civil que quedan impunes porque no hay persecución judicial. La lucha contra las drogas muchas veces sirve como pretexto del gobierno Calderón para militarizar regiones rurales con un alto porcentaje de población indígena. Además constatamos la paramilitarización en los estados Guerrero y Oaxaca, que también ha aumentado en Chiapas hasta diciembre 2008. El informe de los casos trabajados confirman que a las violaciones de los DESA y derechos indígenas les siguen luego violaciones a los derechos civiles y políticos. Desalojos ejecutados por un conjunto de fuerzas de seguridad del estado, comunidades y personas que se oponen a las políticas oficiales son intimidadas, tienen ordenes de aprehensión, son encarcelados arbitrariamente, en muchos casos torturados u hostigados sexualmente. Normalmente no hay seguimiento ni juicios legales contra estas violaciones. La tendencia de la criminalización de protesta social contra defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales fue visible. La denuncia contra miembros de la APPO por el asesinato del reportero Brad Will en octubre 2008 solo es un ejemplo reciente de los múltiples intentos de criminalizar movimientos sociales. Organizaciones y defensores de Derechos Humanos son intimidados con órdenes de aprehensión y capturas arbitrarias, impidiéndoles de esta forma seguir luchando por sus exigencias políticas. El código penal mexicano agudiza procedimientos jurídicos y leyes. Así el sistema de arraigo sirve como una medida para mantener bajo control a los actores de movimientos de protesta social. Bajo el arraigo de persona sospechosa ya no puede cumplir con su trabajo. El estado tiene 30 días de tiempo para comunicar las razones jurídicas por este arraigo.

47


Debido a las investigaciones de estos casos la Coordinación Alemana llega a los siguientes postulados: México ha ratificado el convenio 169 de la OIT en el año 1990 y con su entrada en vigor en México el 5 de septiembre 1991, según articulo 133 de la Constitución mexicana, debe cumplir. Ante las constantes violaciones de los DESCA y Derechos indígenas se exige al Estado Mexicano el cumplimiento de las reglas del convenio 169 de la OIT. Más que todo se debe cumplir con el articulo 6 del convenio 169 de la OIT sobre la consulta a los pueblos indígenas. Ellos deben ser parte en la decisión sobre planificación y ejecución de proyectos legislativos y administrativos, si resultan afectados. En el año 1981 Méxcio ratificó el pacto DESC de la ONU. La presente documentación ha comprobado que México no cumple sus obligaciones según el pacto. Eso se refiere especialmente al derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 11) –que contiene los derechos a la alimentación y vivienda– así como los derechos a la salud y educación (Art. 12-14) en los estados Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Exigimos al gobierno mexicano que cumpla con los derechos del pacto DESC y que mejore las condiciones de vida de la gente en sus comunidades dialogando con ellos. Además requerimos que el Estado Mexicano ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado el 10 de diciembre 2008 por la Asamblea General de la ONU. Además la Coordinación Alemana apoya la exigencia de las organizaciones de derechos humanos de México que el Estado Mexicano deje de promover y apoyar grupos con matices de agitación paramilitares. Se debe terminar con el uso de las fuerzas militares mexicanas en conflictos internos del Estado y empezar una profunda reforma de la policía. Las violaciones de derechos humanos por parte de elementos de la policía y del ejército mexicano deben ser juzgadas por el Código Penal en un estado de derecho. En el nivel de justicia legal se debe dar una formación a nivel nacional a los jueces en la ejecución de estándares internacionales de Derechos Humanos. En cuanto a los pueblos indígenas, esto significa, posibilitarles el acceso a la justicia ofreciendo traductores. A los políticos alemanes y europeos se les pide usar su influencia para que la situación de los derechos humanos en México sea mejorada profundamente: En el informe de la Coordinación Alemana se pueden ver algunas posibilidades de acción teniendo en cuenta los casos documentados. Las fundadas informaciones del informe ofrecen la posibilidad de mencionar casos concretos de violaciones de los derechos humanos ante los mexicanos responsables y a requerirles una solución a los problemas estructurales, sobre todo a asegurar las condiciones básicas de vida en el campo, a fomentar proyectos viables de ayuda propia, la inclusión de la población afectada en la toma de decisiones de planificación y en las medidas a aplicar, el control de ataques militares y paramilitares contra la población y la protección de los defensores de los derechos humanos. Se propone intercambiar posibles soluciones a la problemática con los responsables en México incluyendo experiencias vividas en Europa. El gobierno alemán se mostró solidario con los los pueblos indígenas del mundo en la votación sobre la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas el 13 de septiembre 2007 en la Asamblea General de la ONU y así ha fortalecido sus derechos considerablemente. Podría fortalecer esta disposición firmando y ratificando el Convenio OIT 169. Por eso la Coordinación Alemana propone nuevamente la firma y ratificación de este convenio por parte del gobierno alemán para apoyar a los pueblos indígenas en lograr el cumplimiento de sus derechos. Del mismo modo nos basamos en que la República Federal Alemana firmará el Protocolo facultativo adicional al PIDESC aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008. Por ende pedimos a todas las personas con poder de decisión en el Bundestag (parlamento federal) de poner mucha voluntad en esto. En cuanto al cumplimiento y ejecución de tratados internacionales de derechos de los pueblos, se llama a los gremios pertenecientes de la ONU a una función de vigilancia y exigencia. El gobierno mexicano se comprometió con la ratificación de los pactos de Derechos Humanos más importantes a nivel internacional a cumplir su ejecución a nivel nacional. Políticos en Alemania, Europa, la ONU y por fin, en el mismo México, tienen responsabilidad de promover su cumplimiento. Coordinación Alemana por los derechos humanos en México Stuttgart, marzo de 2009.

48


Pies de Pagina

1 2

3 4 5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24

25

26

Lottje, W.: Das „Forum Menschenrechte“, Chancen und Grenzen der Kooperation nichtstaatlicher Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, en: Menschenrechte im Umbruch: 50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Neuwied 1998. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, responsable de la supervisión del pacto, ya ha adoptado „Comentarios Generales“ jurídicos para la mayoría de los derechos contenidos en el pacto, que definen de forma precisa las obligaciones de los Estados respecto a cada derecho. Cf.: Deutsches Intitut für Menschenrechte (Ed.).: Die `General Comments´ zu den VN-Menschenrechtsverträgen, Baden-Baden, 2005. Exposiciones detalladas sobre las clases de obligaciones (protección de omisión y obligaciones de garantías) se hallan en: Kälin, Walter und Künzli, Jörg: Universeller Menschenrechtsschutz, Basel 2008, pág. 100s. Cf. la clasificación que ha hecho Asbjörn Eide: Eide, Asbjorn (Hrsg.) Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook, 2. Ed., pp. 17s., 2001. A los derechos económicos también se atribuye el derecho a la propiedad, que está contenido en Art. 17 DDH. Para detalles, véase: Suarez, Anna-Maria: Justiziabilität von WSK-Rechten, pág. 240ss. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/624/87/PDF/N0862487.pdf?OpenElement. Véase también: http://www.amnesty.ch/de/aktuell/goodnews/2008/historischer-durchbruch-fur-die-wirtschaftlichen-sozialen und-kulturellen Rechte. cf. Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue!, pág. 6 s. cf. Schirm, Stefan A.: Internationale Politische Ökonomie. pág. 201ss. En cuanto a la crítica y la aclaración del concepto, véase: Dussel Peters, Enrique: Globalisierung auf Mexikanisch: die Transnationalisierung der mexikanischen verarbeitenden Industrie. Véase también del mismo autor: Polarizing Mexico. The Impact of Liberalization Strategy, pp. 26-37 y pp. 39-61. cf. Hernández Navarro, Luis: Alimentos: silencioso asesinato en masa en países en desarrollo, en: La Jornada, 12 de mayo de 2008, que sitúa la crisis alimentaria mexicana en el contexto global y que trata de la inundación del mercado alimenticio latinoamericano por el mercado estadounidense. cf. Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue! pág. 80. cf. las fuentes siguientes: CIEPAC 2004, CONAPO 2005, INEGI 2005, ECOSUR 2003, CDI 2000, Banco Mundial 2003. Visto en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. cf. Müller, Wolfgang: Rechte indigener Gemeinschaften im Mexikanischen Verfassungsrecht, pág. 36. Kastner, Jens: Land und Freiheit. Indigenität als kulturelle Form von Selbst- und Fremdbestimmung. pág. 4. Particularmente en las regiones Montaña y Costa Chica. cf. Entrevista con CIEPAC el 28 de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. cf. Wilson, J.: La Nueva Fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas. Entrevista con Maderas del Pueblo el 23 de octubre de 2008 y con Ciepac el 28/10/2008 en San Cristóbal de las Casas. Estas evoluciones y estos problemas son tratados más profundamente en los capítulos de los Estados respectivos. cf. el proceso de adopción en el congreso estadounidense y en el senado: Latin American Weekly, 12 June 2008, WR-08-23, pág. 13. cf.. Kerkeling, Luz: Die Multis diktieren den militarisierten Kapitalismus. pág. 7. INEGI 2007. Fix-Fierro, Héctor, Martínez-Uriarte, Jacqueline: Chiapas: El escenario de un levantamiento, pag. 89. En el estudio del 2005 Comunidades de los Altos de Chiapas el grado más alto de marginación. Así mismo hay comunidades del norte de la Selva que presentan un alto grado de marginación. Así comunidades como Sitalá ocupan el segundo lugar en la lista de comunidades con mayor marginación. Referencia: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. CONAPO se orienta a estadísticas sobre el acceso de la población a bienes y servicios básicos, „para desarrollar sus habilidades psicológicas“. Referencia: CONAPO (2005): 25.9% de la población no cuentan con agua potable, 5.88% no tienen electricidad, 8.07% no tienen ni drenaje ni servicios sanitarios, 32.% tienen piso de tierra y un 85.7% cocinan con carbón o leña. Fuentes: CDI 2000, Maderas del Pueblo del Sureste 2005. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Según censos del CONAPO (2005), de los mayores de 15 años en Chiapas el 42.76% no terminaron la educación primaria, 20.4% nunca fueron a la escuela. En el 2005, 14.1% de los niños entre 6 y 14 años no iban a la escuela. En 2005, los indigenas mayores de 15 años, habían visitado en promedio 3.9 años la escuela. INEGI 2005. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Aquí debe recalcarse que el trabajo de educación fue generalmente un instrumento de la política indigenista con el objetivo de adaptar a los pueblos indígenas a la mayoría en México sin permitir el desarrollo de sus propias culturas. Por otro lado muchas comunidades no tuvieron nunca acceso a la educación pública Referencia: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. En el 2005, 9.6% de la población total de Chiapas entre 8 y 14 años, (promedio mexicano: 3,3%) así como 21.4% de los mayores de 15 años. No podían leer ni escribir. 39.2% de los mayores de 15 años de la población indígena son analfabetas. De ellos el 27.9% de los hombres y un 50.1% de las mujeres. Fuentes: INEGI 2005. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, en 2007 había un médico para mil habitantes, cifra más baja en todo México. Debido al hecho de que en las zonas rurales hay pocos lugares fiables y que las entidades oficiales calculan que un 80% de la población no es registrado, se supone que la situación real es aún mucho peor, ante todo en lo que se refiere a la mortalidad de niños. Oficialmente se basa en que un millón de chiapanecas y chiapanecos no tienen acceso al sistema sanitario, o sea un 25% de los habitantes del estado federal (véase: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm). CIEPAC 2001, Comunicación e información de las mujeres A.C. (CIMAC) 2004, Cuarto Poder 2008, Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas 2003, La Jornada 2003. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm.

49


27

28 29 30

31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60

61 62

63 64

La desnutrición como causa de enfermedades se encuentra en el séptimo lugar y como causa de muerte en el décimo lugar. En 1994 se encontraba en el sexto lugar como causa de muerte entre la población indígena. Referencia: Fuentes: CIEPAC 2001, Comunicación e Información de las Mujeres A.C. (CIMAC) 2004, Cuarto Poder 2008, Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas 2003, La Jornada 2003. Consultado en http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue! Pág. 114. Collier, G.A., Lowery Quaratiello, E.: Basta! Tierra y Rebelion Zapatista en Chiapas. 304.018 indígenas en Chiapas son empleados: 42% (122.345) no tienen ingreso. 42% (127.682) sobreviven con menos de un salario mínimo mensual. Solo el 9.9% de la población indígena en Chiapas, gana hasta dos salarios mínimos mensuales. 83% de la población indígena trabajan en la agricultura en comparación con el 58.3% de la población total en Chiapas. - 5.5% de los indígenas trabajan en la industria y otro 8.6% en servicios. Fuentes: CIEPAC 2004, CONAPO 2005, INEGI 2005, ECOSUR 2003, CDI 2000, Banco Mundial 2003. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Además, en ningún otro estado de la República, los ingresos se concentran en tan pocas personas o familias como en Chiapas. La situación solo puede compararse con algunas de los países más pobres de Africa. Fuente: CIEPAC 2004, CONAPO 2005, INEGI 2005, ECOSUR 2003, CDI 2000, Banco Mundial 2003. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Kanzleiter, Boris: Libre mercado –Fronteras cerradas. La reestructuración neoliberal en México y su efecto en los procesos de migración. Pag. 33-75. Así las remesas de chiapanecos y chiapanecas en el 2004 se calculan en 500 millones de dólares americanos, esto representó el valor de toda la producción de maíz así como la cosecha de frijol, plátano y mango. En 2006 los emigrados enviaron 807.6 millones de dólares a Chiapas con lo que Chiapas ocupó el décimo primer lugar nacional. Fuente: CIEPAC 2004, CONAPO 2005, INEGI 2005, ECOSUR 2003, CDI 2000, Banco Mundial 2003. Consultado en: http://www.sipaz.org/data/chis_de_02.htm. Kastner: Tierra y Libertad, Indigenismo como forma cultural de afirmación y autoafirmación. pag. 6. Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue! Pag. 131. Durán de Huerta, Martha: Yo Marcos. Conversaciones sobre el movimiento zapatista. pag. 91 Fix-Fierro, Héctor, Martínez-Uriarte, Jacqueline: Chiapas: El escenario de un levantamiento. pag. 80. op.cit., pág. 83. Kerkeling, op.cit., pág. 164ff. op.cit., pág. 276. op.cit., pág. 187 ff. Gerber, Philipp: El Aroma de la Rebelión. pag. 151-165. Entrevista con SERAPAZ el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas. Harvey, N.: La rebelión de Chiapas. Pag.56-57 y Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue! pág. 104. Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue! pág. 100. op.cit., pág. 101ff; y Zwischenzeit e.V.: Entwicklung kritisch betrachten, 2006. Zapf, T.: OPDDIC – Dossier sobre un grupo con rasgos paramilitares. op.cit. Entrevista con Ciepac, el 28.de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. San Cristóbal es una pequeña ciudad en los Altos de Chiapas, importante para la infraestructura regional. La ciudad, fundada en la época colonial es un lugar turístico de mayor importancia en la región. Agua Azul con sus cascadas, conocido por el agua azul turquesa, es otra atracción turística. Palenque es conocido por las ruínas mayas bien conservadas y de fácil acceso. Entrevista con Maderas del Pueblo, el 23 de octubre de 2008, y con Ciepac (véase nota 48). Entrevistas con Ciepac el 28 de octubre de 2008 y FrayBa el 29 de octubre de 2008 en San Cristóbal. p.ej. FrayBa, Ciepac, CAPISE, CIDECI, SADEC, COFEMO, CODIMUJ, Fray Pedro Lorenzo de la Nada. http://www.chiapas98.de/news.php?id=3877. Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas. Paz con Democracia. Ver glosario. Convenio firmado el 24 de Octubre de 1984 en las Instalaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria y firmado por Juan Chambor entonces Comisariado de Bienes Comunaes de la Comunidad Lacandona y Mateo Pérez, Subcomisariado de Palestina y Luis Sota Garza Torres de la Secretaría de la Reforma Agraria. En entrevistas con Xi´nich y Maderas del Pueblo, en octubre de 2008, se mencionó que ahí había uno de los típicos letreros con caracol y leyenda “Está usted en territorio zapatista.en rebeldía”. Entrevista con Maderas del Pueblo, el 23 de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con Xi’Nich, el 25 de octubre de 2008 en Palenque, Chiapas; así como el documental sobre Viejo Velasco del CDLI/ Xi’Nich. En el Comunicado Oficial del Gobierno del Estado dice: „El 13 de noviembre del 2006, se llevó a cabo un operativo en el Ejido Viejo Velasco, en el que participaron 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, 7 elementos a su mando, así como 300 elementos de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y un representante de la Secretaría de Desarrollo.” Consultado en: http:// www.aprendamos.org/lanetachiapas/documento.php?id=29, Consultado: 25.01.2009. Entrevista con sobreviviente de la masacre, Estela N. tomada del Video documental Viejo Velasco del Comité de defensa de la libertad indígena Xi´Nich. Entrevista con sobreviviente de la masacre, Estela N. tomada del Video documental Viejo Velasco del Comité de defensa de la libertad indígena Xi´Nich. (Minuto Entrevista con sobreviviente de la masacre, Estela N. tomada del Video documental Viejo Velasco del Comité de defensa de la libertad indígena Xi´Nich. 28:03). Fuente: Entrevista con Xi´Nich y un familiar de una de los desaparecidos de la masacre que según su hija fue ejecutado en el camino hacia Palestina. El inculpado Diego Arcos pertenece a la organización Xi’nich. Anteriormente el “arraigo” significaba que sujetos a investigación debían permanecer en su casa. Ahora las autoridades determinan el lugar del arraigo y el arraigado se mantiene bajo custodia policiaca e incomunicado por tiempo indefinido.

50


65 66 67 68 69

70

71

72 73

74

75

76 77

78 79 80

81

82 83 84 85 86 87

88

89

Fuente: Entrevista con Xi’Nich el 25 de octubre de 2008 en Palenque, Chiapas. Ver en apartado 2. Casos investigados. Entrevista con personal de FrayBa el 29.10.2008 en San Christóbal de las Casas. Se trataría de las comunidades Ojo de Agua, Flor de Cacao y Lacanjá Chansayab. The right to adequate housing (ICESCR, Art. 11 (1), General Comment Nr. 4(8b)): „An adequate house must contain certain facilities essential for health, security, comfort and nutrition […]. “ General Comment Nr. 6. (3),The right to life (ICCPR, Art. 6): „The Committee considers that State parties should take measures not only to prevent and punish deprivation of life by criminal acts, but also to prevent arbitrary killing by their own security forces.“ General Comment Nr. 6 (4), The right to life (ICCPR, Art.6): „[...] states should establish effective facilities and procedures to investigate thoroughly cases of missing and disappeared persons in circumstances which may involve a violation of the right to life.“ General Comment Nr. 7 (1), The right to adequate housing (ICESCR, Art.11 (1): „[...] the committee observed that all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced evection, harassment and other threats. It concludes that forced evictions are prima facie incompatible with the requirements of the covenant […].” Entrevista con un familiar de víctimas de la masacre de Viejo Velasco el 28 de octubre de 2008, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. The right to adequate food (ICESCR Art: 11), General Comment No. 12, Art.14: “[...] Every state is obliged to ensure for everyone under its jurisdiction access to the minimum essential food which is sufficient, nutritionally adequate and safe, to ensure their freedom from hunger.” Referencia: The right to adequate food (ICESCR Art: 11), General Comment No. 12, Art.13: “[...] Socially vulnerable groups such as landless persons and other particularly impoverished segments of the population may need attention through special programmes.” Referencia: The right to adequate food (ICESCR Art: 11), General Comment No. 12, Art.12: “Availability refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or other natural resources, or for well functioning distribution, processing and market systems that can move food from the site of production to where it is needed in accordance with demand.” Fuente: Entrevista CONANP el 27 de octubre de 2008 in Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Fuente: Entrevista con Maderas del Pueblo, el 23 de octubre de 2008, San Cristóbal de las Casas, Chiapas: “[...] Es un negocio económico, es un control estratégico político y están en ese eje, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Guatemala y entonces esa es la disputa que se da en el fondo, eso es lo que nosotros seguimos sosteniendo, en el fondo de estos desalojos y violaciones de derechos de los pueblos, despojos, violencia. Están los intereses de apropiarse de esos, del control de los territorios disfrazados de ecología es bajo el disfraz de la filantropía verde.[...]” Fuente: Entrevista con CONANP el27.10.2008 in Tuxtla Gutierrez, México. Fuentes: Entrevistas con SERAPAZ, ARIC-UU-ID, Escuela de Paz, Enlace Comunicación y Capacitación, Fray Pedro de la Nada el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas; Entrevista con Xi´Nich el 25 de octubre de 2008 en Palenque, Chiapas. Fuentes: Entrevistas con SERAPAZ, ARIC-UU-ID, Escuela de Paz, Enlace Comunicación y Capacitación, Fray Pedro de la Nada el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas; Entrevista con Xi´Nich el 25 de octubre de 2008 en Palenque, Chiapas; Entrevista con un sobreviviente de Viejo Velasco el 28 de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Entrevista con FrayBa el 29 de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Referencia: ICCPR Art. 9(1): „Cada persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Nadie puede arrestarlo arbitrariamente o mantenerlo apresado. No se puede privar a nadie de su libertad si no es por motivos legales y bajo la observación de los procedimientos de ley“. Ese mismo día se desalojó también el asentamiento Buen Samaritano un rancho de una familia extensa que se había establecido para dedicarse a la ganadería. Fuente: Boletín de prensa del Gobierno del Estado de Chiapas del 18 de Agosto del 2007. http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070819032926 Consultado: 25 de enero del 2009. Boletín de Prensa del 19 de agosto de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas. Según Sipaz la Unión Europea promueve de esta manera con su programa Prodesis, la Producción para el mercado mundial (por ejemplo: lichis, nueces). Fuente: Entrevista con Sipaz el 29 de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entrevista con Maderas del Pueblo, el 23 de octubre de 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. General Comment Nr. 7 (1), The right to adequate housing (ICESCR, Art.11 (1): „[...] the committee observed that all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced evection, harassment and other threats. It concludes that forced evictions are prima facie incompatible with the requirements of the covenant […].” The right to adequate food (ICESCR Art: 11), General Comment No. 12 (15): “[...]The obligation to respect existing access to adequate food requires States parties not to take any measures that result in preventing such access. The obligation to protect requires measures by the State to ensure that enterprises or individuals do not deprive individuals of their access to adequate food. The obligation to fulfil (facilitate) means the State must proactively engage in activities intended to strengthen people’s access to and utilization of resources and means to ensure their livelihood, including food security.” The nature of state party obligations (Art. 2, 1) CESCR General comment No. 3 (10): “[...]On the basis of the extensive experience gained by the Committee, as well as by the body that preceded it, over a period of more than a decade of examining States parties‘ reports the Committee is of the view that a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights is incumbent upon every State party. Thus, for example, a State party in which any significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, of essential primary health care, of basic shelter and housing, or of the most basic forms of education is, prima facie, failing to discharge its obligations under the Covenant. If the Covenant were to be read in such a way as not to establish such a minimum core obligation, it would be largely deprived of its raison d‘être.”

51


90

91

92 93

94

95

96

97

98

99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Entrevista con Escuela de Paz, el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas: “Bueno lo que nos dice es que es para la nación para conservar y todo, pero sabemos que atrás de todo esto hay un proyecto extranjero con las empresas trasnacionales. Eso es lo que sabemos, no para una conservación no sino que hay un proyecto a tras de este.” Carta de la ARIC-UU-ID a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, leída y entregada el 24.10.2008 en Ocosingo, Chiapas “[...] Es importante destacar que nuestras comunidades asentadas en los Montes Azules cuentan con planes de manejo integral para convivir y no dañar el medio ambiente y tienen acuerdos internos para no talar árboles, quemar y cuidar los recursos naturales que se encuentran en su mano.” Muchas de esas exigencias fueron expuestas por entrevistados al grupo de investigación de la coordinación. Carta de la ARIC-UU-ID a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, leída y entregada el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas: « […] estamos preocupados por la situación de la violación permanente de los DDHH en nu estras comunidades. [….] y sobre todo exigimos a nuestras autoridades gubernamentales el cumplimiento cabal de los Derechos Humanos». Véase General Comment No. 12(1), The right to adequate food: “[…] The human right to adequate food is of crucial importance for the enjoyment of all rights. […]” y carta de Enlace Capacitación y Comunicación a la Coordinación Alemana de Derechos Humanos para México , entregada el 24.10.2008:” […] Las politicas sociales deben tener de un enfoque de derechos y fortelacer la soberania alimentaria, es decir la capacidad de un estado, en su sentido integral, de formentar la producción sostenible de granos y otros cultivos basicos, al tiempo que se genera el ingreso necesario para que su población pueda acceder a dichos bienes.” Carta de la ARIC-UU-ID a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, leída y entregada el 24.10.2008 en Ocosingo, Chiapas: “[...] La falta de recursos económicos y las condiciones de vida en las cuales se encuentran las comunidades lejanas, con pocos servicios básicos impide su acceso a servicios educativos. [...]”. Carta de Enlace Capacitacación y Comunicación a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, leída y entregada el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas: „[…] La incidencia en las políticas públicas en torno a los programas para el campo en donde se contemplen los derechos a la alimentación y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y comunidades. Así mismo la evaluación de los pogramas públicos sociales como Oportunidades, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Ttitulación de Solares (PROCEDE), Programa Integral de Desarollo Sustentable en la Selva (PIDDS) y el Proyecto de Desarollo Social Integrado y Sostenible (PRODESIS). […]” y entrevista con CIEPAC el 28 de octubre 2008 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Carta de la ARIC-UU-ID a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, leída y entregada el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas: “La política social gubernamental no considera ni busca la participación ciudadana de las organizaciones sociales o comunidades a las que se pretenden beneficiar. Una vez diseñados los programas no se realizan consultas comunitarias u organizativas.” Carta de la ARIC-UU-ID a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México leída y entregada el 24 de octubre de 2008 en Ocosingo, Chiapas:: “[…] las instancias oficiales desconocen los Derechos Agrarios de miles de indígenas en el territorio, expropiando tierras a las comundidades aún más a la comunidad lacandona.“ Entrevista con Xi´nich el 25 de octubre de 2008, en Palenque, Chiapas y Carta de la ARIC-UU-ID a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México leída y entregada el 24.10.2008 en Ocosingo, Chiapas: “[...] La Ley de Derechos y Cultura Indígena modificada por el Congreso en el 2001 no reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación, al derecho de la tierra y el territorio y las formas de autogobierno, aunque los pactos internacionales respaldan estos como esenciales de los pueblos indígenas[...].“ http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob02&c=3179.,Consultado: 30.11.2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. 67% de la población vive en pobreza. Fuente: http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. 34% mayores de cinco anos no van a la escuela fuente: http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. 76,9% de la población son desnutridos. fuente: http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. Grado de marginación en los municipios de Oaxaca. Fuente: http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consulado: 30.11.2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. CIEPAC. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. Abogado Mario Patrón de la organización ”Prodesc“, 22.10.2008 en reunión en la ciudad de México. www.fonatur.gob.mx, Consultado: 30.11.2008. Articulo. 27 de la Constitucion mexicana en sus cambios del año 1992 permite propiedad privada, pero que los recursos naturales pertenecen a la Nación ver. Reunión con habitantes de Santiago Xanica. 25.10.2008. Schulz, Christiane, Oaxaca – hat Mexikos Rechtsstaat eine Zukunft?, en GIGA-Focus 2, 2007, pp. 1-8. Amnesty International: UA-175/2005-1, véase. www.amnesty.de. Sterr, Albert: Mexikos Linke – Ein Überblick 2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Consultado: 30.11.2008. Artículo 25: “Sobre la obligación del estado de vigilar que el desarrollo nacional fortalezca la Soberanía de la Nación“. Oficina ecuménica para la paz y la justicia, München: ”Formas de autonomía política en las comunidades de Oaxaca“, pág. 37. Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (Coordinación, Julio 2006): Informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el desalojo del plantón magisterial. Congreso Constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (2006): Resúmen general de los resultados de las mesas de trabajo. Lizbeth Caña Cadeza en ‘La Jornada’ (10.11.2006).

52


124 EDUCA, Comité 25, LIMEDDH, BARACADH, Consorcio para el Diálogo parlamentario y la equalidad: Informe Alternativo „El Estado Mexicano en la mira de la ONU“ – Los Derechos Humanos en Oaxaca 2004-2008, pág. 6. 125 Véase: CCIODH: Informe de la situación de los derechos humanos en Chiaps, Oaxaca y Atenco VI visita 2008, S.195. 126 Entrevista con Luíz Ramón González López, 27 de octubre de 2008 en Oaxaca. 127 http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-287-2008/drohende-folter-rechtslage, Consultado: 09.12.2008. 128 http://www.amnesty.de/umleitung/2008/amr41/020?lang=de%26mimetype%3Dtext%2Fhtml, Consultado: 09.12.2008. 129 http://www.jornada.unam.mx/2000/03/13/oja-oaxaca.html, Consultado: 15.11.2008. 130 Reunión de la Coordinación Alemana de DDHH México con Gabi Küppers 31.10.2008 en México-DF. 131 Véase: http://comite25denoviembre.org/, Consultado: 13.12.2008. 132 Véase: inegi.gob.mx, Consultado: 15.06.2008. 133 Reunion con Isaìas Martìnez López (CODEDI) 24.10.2008 en Oaxaca. 134 Reunión con Isaìas Maríìnez López (CODEDI) 24.10.2008 en Oaxaca. 135 Informe de la Caravana de Salud y Resistencia contra la Represión y Marginación de los Pueblos Indios de Oaxaca, S.3f., http://www.ainfos.ca/07/aug/ainfos00192.html, Consultado: 15.06.2008. 136 Reunión con Isaìas Martìnez López (CODEDI) 24.10.2008 en Oaxaca. 137 Reunión con el abogado de A. Ramírez Vásquez 24.10.2008 en Oaxaca. 138 Informe de la Caravana de Salud y Resistencia contra la Represión y Marginación de los Pueblos Indios de Oaxaca, pág. 5. http://www.ainfos.ca/07/aug/ainfos00192.html, Consultado: 15.06.2008. 139 op.cit. 140 op.cit., pág. 6. 141 Entrevista con Abraham Ramírez Vásquez, Noel y Juventino García Cruz 25.10.2008 en el penal de Pochutla, Oaxaca. 142 Red Oaxaqueña de Derechos Humanos: Situación de los Derechos Humanos en Oaxaca. pág. 20. 143 Declaración de OIDHO 19.6.2007. 144 Comisión Internacional de Juristas y la Obra Diacónica a Oaxaca. pág.31. 145 Informe de la Caravana de Salud y Resistencia contra la Represión y Marginación de los Pueblos Indios de Oaxaca pág. 7. http://www.ainfos.ca/07/aug/ainfos00192.html, Consultado: 15.06.2008. 146 op.cit. 147 www.precesam.colmex.mx. 148 www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones. 149 Entrevista con habitantes de la comunidad Capulálpam 28.10.09 150 Entrevista en la Oficina de Derechos Humanos del gobierno estatal con Licda. Rosario Villalobos, 27.10.2008. El encargado de la mina de Capulálpam: “Los daños a los manantiales no son resultado de la actividad minera. Este tiene que ver con el cambio global climático y las lluvias ácidas y otros factores. Para una investigación exhaustiva se tiene que buscar testigos..” 151 Art. 27 de la constitución méxica: La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 152 Articulo 6, Convenio 169 de la OIT: 1. En la ejecución disposiciones legales de los acuerdos los gobiernos deben: a) consultar los pueblos afectados mediante procesos adecuados y en particular sus insituciones represetativas, siempre cuando los medidas, administrativasie les afecta directamente. b) ofrecer recursos, para que estes pueblos pueden por lo menos participar en todos los niveles de decisión como otras partes de la poblacion. Que puedan participar en los niveles de los principios electorales en instituciones y organos de administracion y otros responsables de sus procedimientos y programas; c) Ofrecer recursos que permiten a los pueblos de desarrollar plenamente sus propios instituciones y iniciativas 2. Las consultas ejecutadas en estos acuerdos deben desarrollarse con buena fe y con la forma adecuada con el fin de lograr acuerdos para las medidas propuestas. 153 Consultado en: http://www.sipaz.org/gfini_deu.htm. 154 Mapa: http://www.sipaz.org/gfini_esp.htm. 155 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 156 40% Nahuatls (Nauas), 28% Mixtecos (Na Savi), 22% Tlapanecos (Me´Phaa), 9% Amuzgos (Suljaa´): http://www.sipaz.org/gfini_deu.htm, Consultado 12.2008. 157 Consultado en: www.tlachinollan.org/. 158 Consultado en: http://www.suracapulco.com.mx/opinion02.php?id_nota=2946. 159 Ejército Popular Revolucionario. 160 Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. 161 El relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, recomendó que, el Estado mexicano debe garantizar a los pueblos indígenas la utilización de sus propios medios de comunicación. La Convención 169 de la OIT para los pueblos indígenas y el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sostienen que: “Los pueblos indígenas tienen el de derecho a crear sus propios medios de comunicación en su propia lengua”. Véase: PBI, Focus de Interés No. 27, Juli 2008, pág. 3. 162 Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan: Contra el Silencio y el Olvido, Tlapa 2004, pág. 117.

53


163 Entrevista con miembros de Tlachinollan, 29.10.2008, Tlapa. 164 Desde hace casi 15 años, el Centro apoya no solo jurídicamente sino que también presta ayuda psicológica y acompaña a personas y grupos que han sido víctimas de agresiones. Cuando es necesario se realiza en la comunidad trabajo con la prensa, en relaciones públicas así como trabajo educativo concerniente a los derechos humanos. Los casos ejemplificados fueron elegidos por el Centro de Derechos Humanos en Tlanchinollan y actualmente siguen acompañandolos. 165 Véase pagina web de Tlachinollan. 166 Entre esto se cuenta el acceso a las instalaciones, deficiencia en la atención médica, falta de medicinas y equipo en los centros de salud y hospitales, carencia de personal calificado, entre otras. 167 http://www.sipaz.org/gfini_deu.htm. 168 Tlachinollan. Human Rights Center of the Montaña: Denied Justice an account of grave violations and the fight for the guarantee and respect of fundamental rights in Guerrero. pág. 119. 169 Tlachinollan. Human Rights Center of the Montaña: Denied Justice an account of grave violations and the fight for the guarantee and respect of fundamental rights in Guerrero, S. 134. 170 Tlachinollan. Human Rights Center of the Montaña: Denied Justice an account of grave violations and the fight for the guarantee and respect of fundamental rights in Guerrero. S. 119. 171 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 172 Boletín informativo Derechos Humanos: Agenda Internacional de México. DGDH.SRE. No 103, 28 de noviembre de 2008, Art. 77. 173 Organización del Pueblo Indígena Me´phaa et al.: Agenda Estatal para el desarrollo y la autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero. Abril 2007, pág. 78. 174 Kerkeling, Luz: Die Marginalisierung und Militarisierung der indigenen Gemeinden in der Region Montaña, Guerrero. Entrevista con Abel Barrera. 175 www.sipaz.org/gro_problem/impunidad/gimpunidadd.htm. 176 Peace Brigades International: Menschenrechtsverteidiger im Bundesstaat Guerrero. pág. 32 s. 177 Peace Brigades International: Menschenrechtsverteidiger im Bundesstaat Guerrero. pág. 34 s. 178 La Pasión, Los Huapinoles, Parotitas, La Botella, Barranca del Bálsamo, Canalejas y Zapotillal. 179 Consejo Nacional de Fomento Educativo. 180 Fuente: Entrevista con Silvestre Pacheco sobre derechos DESC, Zihuatanejo, 24. Oct. 2008. 181 Fuente: Entrevista con Celsa Valdevinos en el encuentro con OMESP en El Zapotitllal el 23. Oct. 2008. 182 Vgl. Peace Brigades International: Menschenrechtsverteidiger im Bundesstaat Guerrero. Pág. 59. 183 Fuente: Entrevista con Silvestre Pacheco, Celsa Valdovinos, Felipe Arreaga, 24. Oct. 2008 Zihuatanejo, Cita de Celsa Valdovinos. 184 Fuente: Entrevista con Silvestre Pacheco, Celsa Valdovinos, Felipe Arreaga, 24. Oct. 2008 Zihuatanejo, Cita de Silvestre Pacheco. 185 Peace Brigades International: Menschenrechtsverteidiger im Bundesstaat Guerrero. S. 63. 186 Fuente: http://alainet.org/active/19968&lang=es. 187 En talleres se enseña la producción de abonos orgánicos. Además hay un proyecto de criadero de iguanas en la fase de preparación. Las mujeres aplican en la páctica lo aprendido: mantienen limpia la comunidad, intentan proteger el medio ambiente y entierran la basura en un foso. Aprenden junto con sus familias cómo alimentarse sanamente. También crían pollos que intercambian por otros productos o que venden. 188 Fuente: Entrevista con Silvestre Pacheco, Celsa Valdovinos, Felipe Arreaga, 24. Oct. 2008 Zihuatanejo, Cita de Silvestre Pacheco. 189 Fuente: Entrevista con Silvestre Pacheco, Celsa Valdovinos, Felipe Arreaga, 24. Oct. 2008 Zihuatanejo, Cita de Silvestre Pacheco. 190 Varios parientes de Albertino Peñalosa fueron asesinados en mayo de 2005. Véase antecedentes a ambos casos en la publicación „In Focus“ de amnesty international, marzo 2006, Documento ACT 60/006/2006. 191 Boletín Informativo, Derechos Humanos: Agenda Internacional de México. No 103, 28 de noviembre de 2008. Art 90. 192 Idem, Art. l 91. 193 Acerca de este aspecto consúltese también: Peace Brigades International. Menschenrechtsverteidiger im Bundesstaat Guerrero. Widerstand und Initiativen der mexikanischen Zivilgesellschaft zur Verteidigung und Förderung der Grundrechte, pp.41s. 194 Compárese con Tlachinollan. Human Rights Center of the Montaña: Denied Justice an account of grave violations and the fight fort he guarantee and respect of fundamental rights in Guerrero. pp. 43ss. 195 Entrevista con los miembros de la OPIM y con Obtilia Manuel el 25 de octubre de 2008, Ayutla. 196 Entrevista con una mujer indígena, integrante de la OPIM, traducida por Obtilia Manuel el 26 de octubre de 2008, Ayutla. 197 Comp. Elena Azaola Marcelo Bergmann: De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles mexicanas, en: Nueva Sociedad, Núm. 208: ¿Sin salida? Las cárceles en América Latina. Pág. 121 s., 2007. 198 Artículo “La Jornada” 28.10.2008: El gobierno de Guerrero niega atención a ONG. 199 Comp. Elena Azaola/ Marcelo Bergmann: De mal en peor: Las condiciones de vida en las cárceles mexicanas, pg. 124. 200 Véase: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. como insumo para el Examen Periódico Universal en el que será evaluado el Estado Mexicano en Febrero del 2009, pág.4. 201 Entrevista con una mujer indígena, integrante de la OPIM, traducida por Obtilia Manuel el 26.10.2008, Ayutla. 202 „(…) se puede entrever que la población civil organizada es vista por el Estado como una amenaza a la seguridad nacional, lo cual se traduce judicialización de la protesta social y la militarización de los territorios de los pueblos organizados en pro de sus derechos. El costo social de esta estrategia es el perjuicio a la dignidad de las personas y los pueblos, mediante la violación sistemática de los derechos humanos de la población.” Véase también: Alejandra González Marín, Tlachinollan, Tlapa de Comonfort, IX Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, 14 a 16 noviembre de 2008 en San Cristóbal de las Casas (Chiapas). 203 Entrevista con Alejandra González Marín, Centro de derechos Humanos Tlachinollan, Ayutla el 25 de octubre de 2008..

54


204 Al nivel Kenia und Malawi; véase Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan: La defensa integral de casos de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de Guerrero, México, pág. 3. 205 Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, Comunicado 035: Otorga juez federal amparo a la comunidad de Mini Numa que exige su derecho a la salud, pág. 1s. 206 Entrevista con Ramiro Cortez Savedra y Abel Vasquez Lopez, representantes de Mini Numa, 29.10.08, Tlapa. 207 Amparo al Juez de Distrito, Chilpancingo, Guerrero, 8.11.2007. 208 Los Hermanos Fidel y Ofelia Montealegre Rojas muieron en cinco días a causa de diarreas no tratatadas; véase Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan: Comunicado 035, pág.2 209 Ese año murieron otro niño y una mujer: Olivia Vázquez Cano de 7 y Silvestra de los Santos de 22 años, las dos de diarrea; véase arriba. 210 En 2007 murieron más personas a raíz de la diarrea: Leonides Montealegre Hernández de 4 y Cayetano Hernández Guevara de 54 años; véase arriba. 211 Modelo Integrador de Atención a la Salud. 212 Además la comunidad presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y solicitó medidas de prevención relacionadas a la violación de sus derechos a la salud, la vida y la no discriminación por parte del Governador, la secretaria de Salud y el médico de la Clínica de Metlatónoc. El 7 de septiembre de 2007 la CODDEHUM exigió al gobierno del estado de tomar todas las medidas administrativas, legislativas y demás para garantizar la vida y la salud de la población de Mini Numa. Véase comunicado 035, pág. 2. 213 Documento: Amparo al Juez de Distrito, Chilpancingo, Guerrero, 8.11.2007. 214 Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan: „La defensa integral de casos de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de Guerrero, México. 215 Véase arriba. 216 Entrevista con Ramiro Cortez Savedra y Abel Vasquez Lopez, representantes de Mini Numa. 29.10.08, Tlapa. 217 „Clave Unica de establecimiento de salud“ (CLUES). Aparte de eso se cumplieron solo parcialmente las condiciones del juzgado, ya que muebles e instrumental aún no estan completos y los medicamentos, según la información del Centro de DDHH Tlachinollan cumplen con la norma legal (Cuadro básico). 218 Del centro de salud de Metlatónoc dependen 100 comunidades con condiciones similares a las de Mini Numa. Al municipio de Metlatónoc pertenecen 71 comunidades con cerca de 17.00 habitantes en total, esparcidas por una región montañosa. 80 % viven en centros de menos de 100 pobladores. Entrevista con Ramiro Cortez Savedra y Abel Vásquez López, representantes de Mini Numa, 29.10.08, Tlapa. 219 Entrevista con Edmundo Román Pinzón, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 28 de octubre de 2008, Chilpancingo . 220 Iniciativa México Hamburg/Lawyers’ Rights Watch, Vancouver: Carta abierta a Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador de Guerrero, 22.12.2008. 221 Abel Barrera Hernandéz, Tlapa, 30.10.08.

55


Organizaciones miembros de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México Amnistía Internacional: Amnistía Internacional es una organización mundial de derechos humanos independiente de los gobiernos, grupos políticos, intereses económicos y religiones. Fundamentándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía aboga por un mundo en el que los derechos de todos los individuos sean respetados. Pan para el Mundo: “Pan para el Mundo” es una acción de la Iglesias Protestantes en Alemania de cooperación para el desarrollo, que apoya desde hace 50 años -a base de donaciones particulares- a los pobres en África, Asia, América Latina y Europa del Este para que éstos puedan desarrollar una vida en condiciones dignas. A través de 1.200 proyectos, “Pan para el Mundo” presta conjuntamente con iglesias y organizaciones locales ayuda para la autoayuda. CAREA: En cooperación con el Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, CAREA e.V., prepara voluntarios como observadores de derechos humanos para la región de Chiapas en México. En Guatemala prepara y envía voluntarios al proyecto de acompañamiento internacional para la protección de testigos de genocidios y defensores de derechos humanos amenazadas. Obra Diacónica Alemana, Departamento de Derechos Humanos: El Departamento de Derechos Humanos de la Obra Diacónica Alemana fue fundado en 1977 para atender a las víctimas de violaciones de estos derechos. Propone iniciativas para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos y apoya a organizaciones dedicadas a estos objetivos tanto nacional como internacionalmente. El trabajo en América Latina se concentra en estos momentos en México, Colombia y Guatemala. Universidad Luterana para Trabajo Social y Diaconía: Las actividades internacionales de la Universidad Luterana para el Trabajo Social y Diaconía son coordinadas por KIOS (siglas en alemán de: Coordinación para el Intercambio Internacional y Ecuménico de Estudios). Las actividades enfocadas en México se realizan en colaboración estrecha con la Iniciativa México, una red integrada por ciudadanos y ciudadanas de México y Alemania radicados en Europa. FIAN Alemania: FIAN (por sus siglas en inglés: FoodFirst Information and Action Network), es una organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. La Procura de las misiones de los Jesuitas: La Procura de las misiones de los Jesuitas es una institución creada por Jesuitas alemanes. Con alrededor de 20,000 integrantes, los Jesuitas es la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. Apoyan a lo ancho del mundo el trabajo social y pastoral de los mismos Jesuitas, de ordenes hermanas y laicos comprometidos. Promueven cerca de 600 proyectos de ayuda en más de 50 países y prestan asistencia en diversas áreas como catástrofes y refugiados, salud y trabajo social, formación escolar y profesional, ecología y agricultura, trabajo de derechos humanos y pastoral, así como – aunque en pequeña escala- la promoción de cultura y arte. Iniciativa México Colonia/Bonn: Nuestros objetivos principales son el intercambio intercultural y los derechos humanos. La cultura es para nosotros un factor muy importante ya que puede conectar a los individuos y también ponerlos en conflicto. Junto con fotógrafos, escultores, pintores y periodistas de México y Alemania, creamos exposiciones, proyectos murales, radiodocumentales y mesas redondas. Somos miembros fundadores de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: www.allerweltshaus.de; www.alleweltonair.de.

56


Misereor: Obra Episcopal de Cooperación al Desarrollo. En su carácter de organización de desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania, MISEROR tiene la misión de combatir las causas de la miseria, tal como se manifiesta sobre todo en los países de Asia, África y América Latina, en forma de hambre, enfermedad, pobreza y otras formas de sufrimiento, así como posibilitar a los afectados una vida digna y promover la justicia, la libertad, la reconciliación y la paz en el mundo. Centro Franciscano de Desarrollo y Misión: El Centro Franciscano de Desarrollo y Misión (MZF), es una organización sin fines de lucro fundada por los Franciscanos de Europa central que cuenta con miembros afiliados en todo el mundo. Su oficina principal se encuentra en Bonn, Alemania. MZF presta ayuda a proyectos de desarrollo sociales y pastorales, iniciados y ejecutados por parte de asociados locales en más de 70 países en el mundo. Guiada por el principio franciscano a favor de los pobres y marginados que San Francisco de Asís nos transmitió, concentra sus actividades en proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de los más necesitados, reforzando sus propias capacidades de desarrollo. Es por esto que una cantidad considerable de los fondos se destinan a la educación básica, a la generación de ingresos, asistencia sanitaria, reforzamiento de estructuras y organizaciones locales. Paz, justicia y protección del medio ambiente forman también parte de las actividades principales de MZF. Oficina Ecuménica Munich: Desde 1983 la Oficina representa un punto de encuentro para personas de Munich y los alrededores que se interesan por la problemática “Norte-Sur”. Aparte de las cuatro personas pagadas a tiempo parcial, participan unas veinte personas de forma honoraria, que son quienes en los grupos de trabajo sobre Nicaragua, México, El Salvador, DDHH, Brigadas de Solidaridad y Economía determinan el contenido y la dirección del trabajo que realizamos. Nuestras prioridades en el trabajo para México son: La impunidad entorno a los feminicidios y la criminalización de la protesta social. Pax Christi: Pax Christi Fondo de Solidaridad “Un Mundo” fue creada en 1948 después de las dos guerras mundiales con el objetivo de ofrecer una política alternativa donde “La justicia Social crea la Paz”, es desde entonces y bajo esta premisa Pax Christi se compromete a la defensa de los derechos humanos. Trabajo intensivo de cabildeo en el espacio político, servicio cívico de paz en los países del sur para la prevención de crisis, así como apoyo al trabajo educativo y proyectos sociales para mejorar las condiciones de vida son los objetivos principales de esta organización. Especial atención se dedica a los pueblos indígenas de América Latina ayudándoles a resguardar su cultura y sus derechos. Brigadas Internacionales de Paz: Brigadas Internacionales de Paz (pbi, por sus siglas en inglés: Peace Brigades International) es una organización de derechos humanos reconocida por las Naciones Unidas (ONU) que trabaja desde 1981 en regiones de conflicto. A petición de grupos locales amenazados por violencia política, pbi organiza con ayuda de equipos internacionales el acompañamiento para la protección de estos. El trabajo de información, cabildeo, asistencia y seminarios, complementan esta labor para la no-violencia activa. Desde 1999 pbi esta presente en México con un equipo de paz. Promovio e.V. Asociación para el Fomento del Movimiento Indígena de Derechos Humanos en Oaxaca, México: Promovio e.V. es una asociación de utilidad pública que apoya la organización base indígena OIDHO en Oaxaca desde finales de 1990 en su lucha pacífica por los derechos de sus miembros rurales. Por medio de actos y acciones en Alemania, informamos al público de la situación de los derechos humanos en México. Desde 2007 mantenemos un grupo local en Dresden. www.promovio.org email: info@promovio.org.

57


Bibliografía Literatura Alvarado, Benjamín Maldonado: Autonomía y Comunalidad India – Enfoques y Propuestas desde Oaxaca. Oaxaca 2002. Azaola, Elena und Bergmann, Marcelo: De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles mexicanas, in: Nueva Sociedad No. 208: Sin salida? Las cárceles en América Latina. 2007. Collier, G.A., Lowery Quaratiello, E.: Basta! Land & the Zapatista Rebellion in Chiapas. Oakland 1999. Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg).: Die `General Comments´ zu den VN-Menschenrechtsverträgen, Baden-Baden 2005. Durán de Huerta, Martha: Acteal, Chiapas … Weihnachten in der Hölle. Bremen 1999. Durán de Huerta, Martha: Yo Marcos. Gespräche über die zapatistische Bewegung. Hamburg 2001. Dussel Peters, Enrique: Polarizing Mexico. The Impact of Liberalization Strategy, 2000. Dussel Peters, Enrique: Globalisierung auf Mexikanisch: die Transnationalisierung der mexikanischen verarbeitenden Industrie. En: Journal für Entwicklungspolitik XVII/3,4, 2001, pp. 223-240. Eide, Asbjorn (Ed.) Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook, 2. Auflage, Dordrecht 2001. Fix-Fierro, Héctor, Martínez Uriarte, Jacqueline: Chiapas: Der Schauplatz eines Aufstandes, in: Lauth Hans- Joachim und Horn, Hans- Rudolf: Mexiko im Wandel- Bilanz und Perspektiven in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, Frankfurt am Main 1995, pp. 79-99. Gerber, Philipp: Das Aroma der Rebellion. Zapatistischer Kaffee, indigener Aufstand und autonome Kooperativen in Chiapas, Mexiko. Münster 2005. Harvey, N.: The Chiapas Rebellion. S.56/57. London 1998. Kälin, Walter und Künzli, Jörg: Universeller Menschenrechtsschutz, Basel 2008. Kampkötter, Markus: Emiliano Zapata. Vom Bauernführer zur Legende. Münster 2003. Kanzleiter, Boris: Freier Markt – geschlossene Grenze. Die neoliberale Umstrukturierung in Mexiko und ihre Wirkung auf Migrationsprozesse. In: Azzellini, Dario: Nach Norden. Mexikanische ArbeitsmigrantInnen zwischen neoliberaler Umstrukturierung, Militarisierung der US-Grenze und amerikanischer Traum. Forschungsgesellschaft Flucht und Migration. Berlin, Göttingen 1999, pp. 33-75. Kastner, Jens: Land und Freiheit. Indigenität als kulturelle Form von Selbst- und Fremdbestimmung, in: iz3w (Informationszentrum 3. Welt) Freiburg, Nov./Dez. 2007. Kerkeling, Luz: ¡La lucha sigue! EZLN – Ursachen und Entwicklungen des zapatistischen Aufstands. Münster 2003. Lottje,Werner: Das „Forum Menschenrechte“,Chancen und Grenzen der Kooperation nichtstaatlicher Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, in: Menschenrechte im Umbruch: 50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Neuwied 1998. Lourdes de León, Pasquel: Costumbres, leyes y movimientos indio en Oaxaca y Chiapas. Mexiko 2001. Müller, Wolfgang: Rechte indigener Gemeinschaften im Mexikanischen Verfassungsrecht, Köln 2001. Peace Brigades International (Ed.): Menschenrechtsverteidiger im Bundesstaat Guerrero. Widerstand und Initiativen der mexikanischen Zivilgesellschaft zur Verteidigung und Förderung der Grundrechte, Mexiko 2007. Schirm, Stefan A.: Internationale Politische Ökonomie. Eine Einführung, Baden-Baden 2004. Schmidt-Eule, Matthias: Chiapas 1994-2001. Analyse eines Konfliktes im Süden Mexikos, Frankfurt am Main 2001. Schulz, Christiane: Oaxaca – hat Mexikos Rechtsstaat eine Zukunft?, in: GIGA-Focus 2, 2007, p. 1-8.

58


Fuentes: Agenda Estatal para el desarrollo de la autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero, 2. Ed., April 2007. Amnistía Internacional: „México – Oaxaca: Clamor por Justícia”, London 2007. BARCA-DH, Comité de Liberación 25 de Noviembre, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, EDUCA, LIMEDDH: Los Derechos Humanos en Oaxaca 2004-2008. Boletín Informativo, Derechos Humanos: Agenda Internacional de México. DGDH.SRE. No 103, 28 noviembre de 2008. Centro de Derechos Humanos Miguel Augustín pro Juárez: Human rights under siege: public security and criminal justice in Mexico. México 2008. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: XIII Informe. Por los caminos de la restistencia junio 2006 - mayo 2007, Tlapa de Comonfort, Guerrero, México, 2007. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: Denied Justice: an account of grave violations and the fight for the guaratee and respect of fundamental rights in Guerrero. Tlapa de Comonfort, Guerrero, México, 2007. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Ed.): Contra el Silencio y el Olvido, Tlapa 2004. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: La defensa integral de casos de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de Guerrero, México. Comisión Internacional de Juristas: Informe de la Visita de la Comisión International de Juristas y la Obra Diacónica Alemana a Oaxaca/México, Ginebra/Stuttgart 2007. Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH): Informe de la situación de los Derechos Humanos en Chiaps, Oaxaca y Atenco VI visita 2008, Barcelona 2008. Häntzschel, Jörg: Die Verteidigten Staaten, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 169, 22 Julio de 2008, S. 13. Hernández Navarro, Luis: Alimentos: silencioso asesinato en masa en países en desarrollo, in: La Jornada, 12.5.2008. Kerkeling, Luz: Die Multis diktieren den militarisierten Kapitalismus, in: Graswurzelrevolution, Sommer 2008/330. S. 7. Kerkeling, Luz: Die Marginalisierung und Militarisierung der indigenen Gemeinden in der Region Montaña, Guerrero. Interview mit Abel Barrera. Centro de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan 31. 05. 2008. Komitee zur Verteidigung der Freiheit der indigenen Völker/ Xi´Nich: Viejo Velasco. Documental Palenque/Chiapas 2008. Friedrich Eberst-Stiftung: ¿Sin salida? Las cárceles en América Latina. Nueva Sociedad No. 208. Buenos Aires 2008. Oficina Ecuménica Munich: Formen politischer Autonomie in den Indigenen Gemeinden des Mexikanischen Bundesstaates Oaxaca. München 2004. PBI (Peace Brigades International), Focus de Interés No. 27, Julio de 2008. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. Documento para el Exámen Periódico Universal. México 2008. Red Oaxaqueña de Derechos Humanos: Situación de los Derechos Humanos en Oaxaca. VI Informe. Oaxaca 2005. RungeI, Richard: Der Konflikt Oaxaca vor dem Hintergrund des Mexikanischen Wahlausgangs. En: Info Blatt69 des Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit. München 2006. (http://www.oekubuero.de/veroeff/inf69/sl_veroeff_inf69_26mxengan.html). Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ): Oaxaca, un conflicto todavía abierto: actualización – Situación socio-politica y violaciones a derechos humanos en Oaxaca. México 2007. Suarez, Anna-Maria: Justiziabilität von WSK-Rechten. Wilson, J.: La Nueva Fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas. Chiapas al Dia Nr. 560-562 (2008). Zapf, Thomas: OPDDIC – Dossier über eine Gruppe mit paramilitärischen Zügen. Berlin 2007.

59


Referencias en Internet: http://www.chiapas98.de/news.php?id=3877. Fecha: 11.12.2008. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: Balance Anual 2007. http://www.chiapas98.de/news.php?id=3877. Fecha: 11.12.2008. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: Boletín 27 http://www.frayba.org.mx/informes.php. Mai 2008. Fecha: 14.11.2008. Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas:: http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/070821_au_10_desplazados_montes_azules.pdf, Fecha: 13.12.2008. Entrevista con Ernesto Ledesma: Militärische Eskalation ist möglich. En: Tierra y Libertád, Nr. 62; 2008, 13. Jg. p. 3. Guerrero, Gonzalo: Breve historia de la llamada “Comunidad Lacandona”. Maderas del Pueblo del Sureste, 2001: http://www.maderasdelpueblo.org.mx/pdf/Historia_Comunidad_Lacandona.pdf, Fecha: 13.12.2008. http://www.sipaz.org. Fecha: 11.12.2008. http://www.sipaz.org/ofini_deu.htm, Fecha: 30.11.2008. http://www.sipaz.org/data/oax_de_01.htm, Fecha: 30.11.2008. Zwischenzeit e.V.: Entwicklung kritisch betrachten. Münster 2006: http://www.zwischenzeit-muenster.de/Zwischenzeit_PPP.pdf. Fecha: 13.12.2008. Informe de la Caravana de Salud y Resistencia contra la Represión y Marginación de los Pueblos Indios de Oaxaca del 2007: http://www.ainfos.ca/07/aug/ainfos00192.html, Fecha: 15.06.2008. http://www.inegi.gob.mx, Fecha: 15.06.2008. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob02&c=3179. http://comite25denoviembre.org/, Fecha: 13.12.2008. http://www.jornada.unam.mx/2000/03/13/oja-oaxaca.html, Fecha: 15.11.2008. http://www.amnesty.de/umleitung/2008/amr41/020?lang=de%26mimetype%3Dtext%2Fhtml, Fecha: 09.12.2008. http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-287-2008/drohende-folter-rechtslage, Fecha: 09.12.2008. http://www.amnesty.ch/de/aktuell/goodnews/2008/historischer-durchbruch-fur-die-wirtschaftlichen-sozialen-und-kulturellen-rechte, Fecha 20.12.2008. http://www.fonatur.gob.mx, Fecha: 30.11.2008. http://www.tlachinollan.org, Fecha: 11.2008.

60


Glosario Abejas, Las Organización católica y pacifista en la tradición de la teología de la liberación en los Altos de Chiapas. Las Abejas luchan de manera pacífica por sus derechos civiles, politicos y sociales así como por su autonomía.

Acuerdo de San Andrés Documento que trata los derechos indígenas (incluyendo autonomía, justicia e igualdad para los pueblos autóctonos y los pobres del país). Firmado en San Andrés, Chiapas en febrero del 1996 por el gobierno federal y el EZLN. La mayoría de los movimientos indígenas y el CNI (Congreso Nacional Indígena) appoyaron este acuerdo.

AFI Agencia Federal de Investigaciones.

APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Es un conjunto de organizaciones sociales unificadas después de un intento de desalojo de profesores en protesta, por parte del gobierno estatal en la capital de Oaxaca, México. Fue constituida formalmente entre los días 17 y 21 de junio de 2006, exigiendo entre otras cosas la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz (PRI).

ARIC Asociación Rural de Interés Colectivo. Organización de indígenas y campesinos en Chiapas, sobre todo en la región de la selva lacandona. La ARIC se ha seccionado en diferentes organizaciones: ARIC Oficial, ARIC Union de Uniones (ARIC-UU), ARIC-UU Histórico, ARIC-UU Independiente y Democrático, entre otras.

ASPAN Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, pactado en marzo de 2005 en Waco, Texas, sin la consulta de los parlamentos nacionales por el appoyo en la seguridad pública y la formación de los ejercitos de los tres países.

Bienes Comunales de la Selva Lacandona Territorio de la Comunidad Lacandona en el estado de Chiapas.

CDLI/Xi`Nich Comité para la Defensa de la Libertad de los Indígenas. Fundado en 1980 en Palenque, Chiapas.

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.

CDLI Comité para la Defensa de la Libertád de los Indígenas = Komitee zur Verteidigung der Freiheit der indigenen Völker; Organisation, die sich in den 1980er Jahren in Palenque, Chiapas gründete und später in der Xi’Nich aufging.

Chol Los Choles son una etnia indígena que habita en los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco. Pertenece a la gran Cultura Maya.

CIDECI Centro Indígena de Capacitación Integral. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

CIEPAC Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

CIPP Centro Integralmente Planeado Palenque - Cascadas Agua Azul. Proyecto turístico del gobierno de Juan Sabines, gobernador de Chiapas.

CIPPEO Código de Instituciones Políticas y procedimientos Electorales de Oaxaca.

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos.

CNI Congreso Nacional Indígena.

CODEDI Comité de Defensa de los Derechos Indígenas. Oaxaca.

61


CODEP Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Oaxaca.

CODIMUJ Coordinación Diocesana de Mujeres. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

COFEMO Colectivo Feminista Mercedes Olivera. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

CONAPO Consejo Nacional de Población.

Declaración de Comitán Proyecto del gobierno de Sabines (PRD) para implementar el Programa del Sur que pretende el desarollo de proyectos turísticos en Chiapas.

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

EPR Ejército Popular Revolucionario.

ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turísmo.

FrayBa Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Fray Pedro Lorenzo de la Nada Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C. Ocosingo, Chiapas.

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights - Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Ratificado por México en 1981.

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado por México en 1981.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INI Instituto Nacional Indigenista. Desde 2003 mejor conocido como Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo público del gobierno federal, encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental con y hacia los pueblos indígenas de México.

Iniciativa Mérida A veces llamada Plan Mérida o Plan México, es un proyecto de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México.

JBG Junta de Buen Gobierno. Las juntas de buen gobierno en Chiapas son: La Realidad, Oventic, Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios.

Ley Indígena Con la ley indígena (abril de 2001) cambiaron la Constitución mexicana en matería de derechos de pueblos indígenas.

62


Maquiladora Una maquiladora en México (país en el que resurgió el término), es una empresa que importa materiales sin pagar aranceles, siendo su producto uno que no se va a comercializar en el país.

Masacre de Acteal Ataque paramilitar en la zona zapatista de Los Altos de Chiapas el 22 de diciembre de 1997. Durante dicha incursión, indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban en el interior de una capilla rezando, fueron atacados. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas.

Mixtecos Los mixtecos son un pueblo indígena de México, que habita en un área cultural y geográfica que comprende el poniente de Oaxaca, el oriente de Guerrero y el sur de Puebla. El etnónimo mixteco es de origen náhuatl, y significa gente de la nube.

Montes Azules Reserva de la Biósfera en el Suroeste de Chiapas.

NAFTA North American Free Trade Agreement. Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) firmado entre México, Estados Unidos y Canada.

OCESP Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero.

OIDHO Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca A.C.

OMESP Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, en Guerrero.

OPDDIC Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos. Grupo paramilitar en el estado de Chiapas.

PA Procuraduría Agraría. Es la dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria que se encarga de administrar los trámites agrarios.

PAN Partido de Acción Nacional.

Paramilitares Son organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército, pero no pertenecen formalmente a las fuerzas militares de un Estado.

PFP Policía Federal Preventiva.

Plan México Ver Iniciativa Mérida.

PPP Plan Puebla Panamá. El Plan Puebla Panamá es una propuesta de los ocho países mesoamericanos para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los estados del Sur-Sureste de México y el Istmo Centroamericano. Desde sus inicios, el PPP ha sido fuertemente cuestionado por diversas ONGs por considerar que el objetivo de dicho plan es servir a los intereses de las grandes transnacionales.

PRD Partido de la Revolución Democrática.

PRI Partido Revolucionario Institucional.

PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Este programa ha sido de gran controversia debido a que se acusa que el motivo de la privatización de los ejidos tiene como trasfondo pasar a manos de transnacionales las tierras comunitarias.

63


PRODESIS Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Chiapas, México (ALA/B7-310/ 2003/ 5756). Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política firmado por México y la Unión Europea (UE) que se propone instrumentar procesos y prácticas de desarrollo territorial con un enfoque participativo y sustentable.

PROFEPA Comisión de SERMANAT para controlar la protección del medio ambiente.

Programa del Sur Programa de desarollo e infraestructura en el marco del Proyecto Mesoamerica.

Proyecto Mesoamerica Antes Plan-Puebla-Panamá. al sur de la sierra de Oaxaca y otro en el sur del istmo de Tehuantepec; también hay pequeños grupos en Veracruz, Guerrero y Chiapas.

SADEC Salud y Desarollo Comunitario. ONG en Chiapas.

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SERAPAZ Servicios y Asesoría para la Paz. ONG en Mexico D.F.

SIPAZ Servicio Internacional para la Paz. San Cristóbal de las Casas, Chiapas

SRA Secretaría de la Reforma Agraría.

TLCAN Ver NAFTA.

Tojolabal Los tojolabales son una comunidad indígena que habita en las zonas rurales de los municipios de Las Margaritas y Comitán, en el Estado de Chiapas.

Tzeltal/ Tseltal Los tseltales conforman el grupo indígena más numeroso de Chiapas. Ellos se refieren a sí mismos como winik atel, „hombres trabajadores“.

Tzotzil La etnia tzotzil forma parte de la familia Maya junto con otras etnias en los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí (etnia tenek) y en los países centroamericanos de Guatemala, Belice y Honduras.

Xi’Nich Organización indígena en Chiapas. Ver CDLI.

Zapotecos En la actualidad, los Zapotecas consisten en dos grupos principales; el más grande está ubicado en los valles al sur de la sierra de Oaxaca y otro en el sur del istmo de Tehuantepec; también hay pequeños grupos en Veracruz, Guerrero y Chiapas.

Zona Norte Región en Chiapas.

64


Š Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, 2009

Violaciones de Derechos Humanos en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero  
Violaciones de Derechos Humanos en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero  

El informe está basado en testimonios reunidos durante el viaje de la delegación del 20 de octubre al 4 de noviembre de 2008.

Advertisement