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VIERNES 30 SEPTIEMBRE 2011

LA RED OCULTA DEL

INFORME ESPECIAL

16 Páginas | Ecuador

30-S

Trece horas de tensión. El Ecuador observó en vivo los hechos que pusieron en riesgo la democracia. Toda la jornada, con la evolución de sus acontecimientos, derivó en el intento de magnicidio, que habría dado la vuelta a la historia. La Policía Nacional desde ese día no pudo ser ya la misma. Durante tres décadas en su interior se gestaron graves deformaciones institucionales y evidentes actos de corrupción. En esta investigación periodística se expone las causas que llevaron a la sublevación, así como un enfoque de la crisis y sus consecuencias hasta hoy. Varios gendarmes y testigos revelan hechos y documentos que explican la red oculta que se tejió antes, durante y después de ese fatídico día.

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EL PROCESO INTERNO QUE LLEVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

El mando La crisis institucional de la Policía es cuestionada por sus propios mandos y por personal de tropa desde hace varios años. El 16 de septiembre se produce el primer llamado de alerta

El tránsito Con la aprobación del Código de Organización Territorial, la planificación, regularización y control del tránsito, hasta ese momento a cargo de la Policía, pasaron a manos de los municipios. La decisión causó malestar entre los policías, quienes exigían continuar al frente de esa tarea. En la reunión del 16 de septiembre, el general Florencio Ruiz propuso hacerlo bajo la supervisión del Municipio. En esa reunión los uniformados cuestionaron la falta de reconocimiento a su labor: “Tenemos un manual de procedimiento, pero los policías de tránsito pasamos 6 a 8 horas parados bajo sol o lluvia, debemos tener un merecido descanso”, dijo un sargento.

Denuncias Los correos electrónicos empezaron a circular entre los policías desde 2007 y alertaban sobre un supuesto perjuicio en el pago de remuneraciones y cesantías. Antes del 30-S, las denuncias iban desde inculpaciones graves (“hay generales que tienen sus manos manchadas de sangre”) hasta que la cúpula policial (“novel, indecisa, empírica”) fue nombrada sin mérito alguno. El grupo de oficiales que hacía las denuncias a través de los correos electrónicos expresaba su voluntad de colaborar con la Fiscalía, siempre y cuando se les ofrecieran garantías necesarias, es decir, incluirlos en el sistema de protección de víctimas y testigos.

Cuando el general Freddy Martínez -en ese entonces comandante general- se dirigió a sus subalternos, recibió insultos y hasta le lanzaron agua. Ahí perdió todo control sobre ellos.

EL DÍA QUE TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Quince días antes se “cocinó” la sublevación, a pesar de la resistencia de algunos policías. Más de 100 gendarmes, entre oficiales, clases y policías, se congregaron en el auditorio del Regimiento Quito Nº 1, el 16 de septiembre de 2010, invitados por el entonces comandante de Policía, Freddy Martínez. El motivo: explicar el contenido del proyecto de Ley de Servicio Público (Losep) que en ese momento se tramitaba en la Asamblea. La cita arrancó antes de las 09:00. En la mesa central estaban sentados los generales Florencio Ruiz, Oswaldo Yépez, Jaime Vaca, Euclides Mantilla, Nelson Argüello, Carlos Arcos, Rodrigo Suárez y el coronel Julio Cueva, en representación del alto mando. La idea era absolver las dudas sobre la ley, pero antes de abrir el debate, el general Martínez se refirió a otros temas que, a su criterio, estaban “dañando” la imagen de la institución. Fustigó a los autores de los correos electrónicos (a los que

El ex comandante Freddy Martínez congregó a un centenar de policías para explicar la Losep tuvo acceso este diario) que desde hace varios días circulaban entre los uniformados, con denuncias de presuntos actos de corrupción en contra de la cúpula y del comandante general. “Usted nunca debe callar cuando conozca de actividades ilícitas, desde el comandante para abajo. ¡Denúncielo! No caigamos en lo que siempre hacemos: ir a un cibercafé para escribir pestes del mando y del comandante. Es lo más fácil, lanzar la piedra y esconder la mano”, expresó Martínez. En esos “pasquines”, como los calificó Martínez, se ventilaron varias irregularidades que involucraban a miembros de la cúpula: problemas de alcoholismo, cobro por pases, uso indebido de los recursos de la institución, entrega discrecional de becas y viajes para familiares de los altos mandos, una

mala administración de comisariatos y la Cooperativa de la Policía, además de beneficios a las esposas de los generales acusados. Los correos estaban firmados por un grupo de oficiales: 10 coroneles, 6 tenientes coroneles, 4 mayores, 5 capitanes, 5 tenientes y 3 subtenientes. Entre sus pedidos estaba la depuración urgente de la cúpula policial, auditar a la Fundación para el Desarrollo y Bienestar del Policía (Fundebip) y los comisariatos. Lo más sensible, según los gendarmes que hablaron a nombre de la tropa, fue la forma en que eran tratados los ex GAO y los juicios penales que pesaban en contra de algunos de sus mandos. Martínez rechazó casi todas las acusaciones y aseguró que las críticas obedecían a su propuesta de cambiar el antiguo modelo institucional: “¿Quiénes eran nuestros generales? Con excepciones, estaban listos para chupar y emborracharse con el mejor whisky (…). Los que estamos aquí sentados debemos dar el ejemplo, porque usted no sabe lo que pasaba antes: entrábamos bien puestos las corbatitas a una ceremonia y salíamos desgarbados, borrachos... Los generales y coroneles nos obligaban a estar con la botella. Eso está cambiando”. Y enfatizó, autocriticándose: “No era el teniente (ahora general) Martínez el único que to-

Un grupo de 32 oficiales firmó dos correos, en los que se acusaba de corrupción a la cúpula policial maba. No tomar (como ahora) debería ser motivo de exaltación y no de censura, menos aún de forma cobarde con pasquines”. Recordó los maltratos físicos y psicológicos que sufrían los cadetes durante los años de entrenamiento: “Era un sistema viciado, donde había el riesgo de matar al cadete, pero hemos cambiado. ¿Cómo podían salir buenos elementos, si formábamos policías resentidos?”. Pero entre los presentes la preocupación era otra: cómo apoyar a sus compañeros, ex agentes del desarticulado Grupo de Apoyo Operacional (GAO), que días atrás fueron detenidos por la desaparición del ciudadano George Cedeño, durante un operativo realizado el 30 de septiembre de 2009. “No abandonen a los detenidos de la Cárcel 4. Mi pedido es que los compañeros sean defendidos por


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pierde... Una reunión en el Regimiento Quito reveló otras motivaciones: los juicios a los ex GAO, el informe de la Comisión de la Verdad, perder el control de tránsito y la grave corrupción interna

abogados de la Policía. Si nosotros aplicamos ciertos procedimientos policiales es por sacar adelante a la institución, más aún cuando el Gobierno nos ha quitado varias cosas: la Navidad, la alegría de nuestros hijos. Como usted dijo, mi comandante, han surgido varios rumores y eso trae consecuencias”, reclamó un sargento segundo en la reunión. Otro sargento, en cambio, cuestionó la reapertura de casos, dispuesta por el ex ministro del Interior, Gustavo Jalkh, en los que se presumía la violación de derechos humanos por parte de la Policía. Al respecto, el general Ruiz dijo: “Los procedimientos que estén en duda deben ser investigados por asuntos internos y por las autoridades competentes, y en el caso Cedeño hay dudas (...). Entonces creemos que es viable una investigación, de la que la Policía saldrá fortalecida”. A consecuencia de ese caso y de otras denuncias, el Gobierno resolvió desarticular al GAO en octubre de 2009, lo que ocasionó una serie de conflictos al interior de la Policía. Unos los apoyaban y otros los responsabilizaban de abusos, torturas y extorsiones. Ese tipo de prácticas se denunciaba en los mismos correos electrónicos por parte de ciertos agentes, “en contra de personas honestas y serias, con la finalidad de entregar resultados al costo que fuere”. A esas demandas se sumaron los temores por una posible supresión de bonificaciones económicas que los uniformados recibían por años de servicio y méritos, una vez que entre en vigencia la Losep. “¿Trabajaremos solo ocho horas como los demás funcionarios públicos?, ¿tendremos compensaciones extras?, ¿cómo afectará a los policías?”, preguntó el teniente coronel Pablo Rodríguez. Él aseguró que se estaban cerrando las posibilidades para que el Ejército y los policías puedan reaccionar en contra de la ley, que la Asamblea debía conocer el 29 de septiembre de 2010. Pero anunció que Ruiz trabajaba en una estrategia para evitar un “perjuicio” a los policías. Quizá esta afirmación explica lo que el asambleísta Rolando Panchana denunció a la prensa: quien cabildeaba en la Asamblea era el general Ruiz. El general Oswaldo Yépez también les informó que sería difícil ganar a través de la Asamblea, por lo que una comisión de actuarios elaboraría una tabla de compensaciones equivalente a lo que recibían por condecoraciones: “Ayer hubo un acercamiento con un general del la Fuerza Aérea, quien está liderando el tema y ha dispuesto que se reúnan actuarios de la Policía y las FF.AA. para presentar un comunicado conjunto”.

la disciplina y el sometimiento de la guardia policial a la autoridad ya quedó en duda. El 29 de septiembre de 2010 la Asamblea dio trámite al veto presidencial a la Losep. Antes de la sesión, Tapia se habría reunido con la entonces vicepresidenta Irina Cabezas para comentarle sobre la preocupación de sus compañeros ante la “eliminación de beneficios” que proponía la ley. Según Cabezas, esas dudas fueron transmitidas enseguida a funcionarios de Gobierno, quienes le aseguraron que esas dudas fueron resueltas oportunamente en los distintos destacamentos. Esa noche, el pleno se allanó a gran parte del veto, con lo cual se eliminaron las bonificaciones por ascensos a cambio del pago de horas extras, pero se mantuvo la entrega de medallas y condecoraciones por actos heroicos. Una asambleísta de PAIS expresó: “El debate fue intenso. María Augusta Calle y Fernando Bustamante explicaron la importancia de sostener el acuerdo

Los cabildeos en la Asamblea Nacional los hicieron altos oficiales y la misma tropa, pero luego no informaron

Uno de los sublevados increpa a sus compañeros mientras Correa lo observa.

Con el compromiso de garantizar una investigación transparente a los ex GAO, concluyó la reunión antes de las 11:00, pues Martínez dijo que tenía una cita con el Presidente de la República. Y anunció que dos días después presentaría a Jalkh su propuesta, en la inauguración del cuartel del GIR, en Manta. Los días posteriores se realizaron distintas reuniones y cabildeos en la Asamblea con el propósito de mantener los incentivos económicos como parte de las condecoraciones. Los más preocupados eran los uni-

formados de tropa: varios de ellos hablaron con los asambleístas de la comisión que procesó la ley. Pero en la Asamblea, la escolta legislativa también estaba pendiente. Algunos legisladores creen que la primera advertencia ocurrió el 23 de septiembre, cuando unos 40 maestros afines al Movimiento Popular Democrático (MPD), ingresaron violentamente al pleno, burlando la seguridad policial. Al día siguiente, Rolando Tapia, ex jefe de la escolta, se comprometió a investigar la falla operativa, pero

de la comisión con las FF.AA. Siempre nos hablaron del malestar que se generaría en los militares, pero nunca de la Policía”. Lo que no se aprobó fue la compra de renuncias obligatorias para el sector público, un aspecto que desmovilizó a los sindicatos, que amenazaban con protestas si pasaba el artículo. Días atrás, maestros, salubristas, e incluso un grupo de policías, se reunieron por el temor a perder algunos “privilegios” y con el fin de establecer una estrategia común que les permita resistir a las intenciones de la Losep. Sin embargo, sus intereses particulares les impidieron consensuar posiciones comunes y conjuntas. Y ahí se rompió un posible acuerdo para hacer un frente común. La resolución del pleno en ese tema provocó que, esa misma noche, la Presidencia analice la posibilidad de ir a la muerte cruzada (disolución de la Asamblea). Mientras tanto, en la Tribuna de los Shyris, un grupo de esposas de policías gritaba “¡Fuera Correa!”, con carteles en mano. Una manifestación que sería la antesala del 30-S, pues en la madrugada de ese día un grupo de sindicalistas y policías se reunió en las inmediaciones de la Universidad Central, pero la alianza no se concretó.

Irrupción En la sesión del 29 de septiembre de 2010, cuando se trataba el veto a la Losep, un grupo de policías de la escolta legislativa ingresó al pleno y rodeó a la asambleísta Rosana Alvarado, de PAIS. Su propósito era conocer si el proyecto de ley afectaba sus derechos, como advertía un sector de la oposición. Dora Aguirre, también militante de PAIS, se acercó a los gendarmes para informarles que, por primera vez, recibirían el pago de horas extras. La explicación los tranquilizó en ese momento, mientras que desde la oposición les gritaban: “El pueblo uniformado también es explotado”.

Difusión Para la socialización de la Losep, el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh, había dispuesto a los generales que acudan a los diferentes destacamentos y recintos policiales. Una semana antes del 30-S, Jalkh acudió al Regimiento Quito Nº 1 para informarse del Sistema 101 y Ojos de Águila, en donde aprovechó para explicar el contenido de la ley. Después asistió al ascenso de alrededor de 150 clases y policías, evento al que también acudieron sus familias. Allí se les explicó que los bonos que recibían con medallas y condecoraciones serían incorporados a sus remuneraciones.


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TRECE HORAS DE TENSIÓN, GASES, SAQUEOS Y DESESTABILIZACIÓN

“Este man de A partir de las 08:00 las instalaciones del Regimiento Quito estaban controladas por más de tres mil policías insurrectos. A esa hora, ciertos políticos se habían reunido en ese lugar

Demandas Antes del mediodía, un policía, acompañado por el general Florencio Ruiz, expone un pliego de peticiones y pide a sus compañeros deponer la medida. Entre sus demandas está que la Asamblea no elimine los bonos y las condecoraciones, que se mantenga el Isspol y que las cesantías no sean en bonos. Que no existan represalias administrativas o judiciales en contra del personal sublevado y, además, que los procesos judiciales iniciados en contra de policías por actos derivados del ejercicio profesional tengan el respaldo de la institución. Piden mayores garantías para el desempeño del policía y que se respeten sus derechos humanos.

La reunión Alrededor de las 11:00, un grupo de asambleístas de la oposición se reúne en el hotel Le Parc, en el norte de Quito. La convocatoria fue realizada por el asambleísta alterno Guido Jalil. Al sitio llegan Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo (PSP), Enrique Herrería (ex MG), Andrés Roche (MG), Fernando González (Ind.), Rafael Dávila (CC), Alfredo Ortiz, Nivea Vélez (ADE), entre otros. La reunión es privada. Observan por televisión lo que ocurre en el Regimiento Quito (más de dos horas) y consumen dos botellas de whisky, sánduches y bocaditos. La cuenta es pagada por Jalil, uno de los estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil que en 2008 intentó agredir a Correa.

Correa fue agredido en varias ocasiones durante la revuelta policial. Además de ser rociado con gases lacrimógeno y pimienta, recibió puntapiés en su rodilla y golpes al retirarse.

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Salen de misa de seis. Se encomiendan a su patrona, la Virgen del Cisne. En las afueras de la capilla, algunos gendarmes gritan consignas en defensa de la Policía. El coronel José Ribadeneira, sorprendido, les increpa: “No molesten y vayan a trabajar”. El Regimiento Quito Nº 1 deja atrás el orden y se convierte en trinchera. Poco después de las 07:00 se huele el humo de la quema de llantas y la sublevación comienza. Con gritos y pancartas en contra de la cúpula policial, aproximadamente 300 gendarmes se amotinan en la puerta principal. En el resto del país la coordinación empieza: tras la formación regular, salen a las calles, no a controlarlas, sino para bloquearlas. Un policía cuenta que durante la eucaristía el plan se habría consolidado sobre la base de una estrategia sin un líder único, sino con varios oficiales y algunos ex GAO. En pocos minutos el ingreso principal a esa dependencia luce abarrotado: policías, esposas y fami-

El comandante Martínez informa a Jalkh que quieren tomarse las cárceles. En la 4 están los ex GAO liares se sublevaron. Su pedido: “Que les devuelvan la alegría a nuestros hijos. Que nos entreguen los juguetes de Navidad”. Pero también están presentes Gonzalo Pérez, Stalin López, Pablo Guerrero y Fidel Araujo, entre otros. El primer intento por persuadir a los sublevados viene del entonces comandante de Policía, Freddy Martínez. Parado sobre el techo de una camioneta, quiere dialogar con la muchedumbre, pero los reclamos opacan sus palabras: “La semana pasada vinimos a conversar con ustedes. Lo que dijimos es verdad. Si no me creen, este rato le llamo al Ministro del Interior”. Le responden: “¡No hace nada por la tropa! ¡Mentiroso! ¡Está con el Gobierno!”. Hasta le lanzan una botella de agua. Pasadas las 08:00, el entonces ministro del Interior, Gustavo Jal-

kh, recibe la noticia de Martínez: “Hay una actitud de brazos caídos en el regimiento”. En esos instantes arriban varios buses interparroquiales (uno es de la cooperativa Tumbaco, de disco número 9), llenos de policías, la mayoría de las unidades de vigilancia del sur de Quito y de los valles. Levantan las manos, gritan consignas y son recibidos con euforia, incluso por personas de la tercera edad, probablemente familiares de los gendarmes. En minutos ya sumaban cerca de 3.000 policías. Al salir de la terapia para su rodilla, Rafael Correa recibió la noticia e inmediatamente se movilizó con su escolta hacia el regimiento. Cerca de las 09:00, las caravanas de Correa y Jalkh coincidieron en el cuartel del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Al constatar que ahí no había revuelta, se dirigieron al regimiento, junto al GOE. Ahí Martínez le menciona a Jalkh un dato alarmante: “Quieren ir a abrir las cárceles, especialmente la Cárcel 4”. En ella se encontraban detenidos 17 ex agentes del GAO. Antes de ingresar, Correa es advertido por Martínez de que están lanzando gases. El Presidente responde enérgicamente: “Primero un tiro en el pecho antes que traicionar a la patria”. Simultáneamente, en la base aé-

Un policía intenta tomar contacto con la FAE para buscar apoyo, pero solo recibe una respuesta negativa rea, miembros de la FAE bloquean la pista, cierran las operaciones y exhiben carteles impresos: “En las Fuerzas Armadas la patria no es de todos, solo de los oficiales”. Al unísono gritaban: “La tropa unida jamás será vencida”. Y hacia allá se dirige el ministro Javier Ponce. Las llamadas entre ministros y autoridades se intensifican. Galo Mora y Vinicio Alvarado, que ya habían llegado al regimiento, llaman a Doris Soliz. Ella está reunida con todos los gobernadores en un seminario en el hotel Crown Plaza. Había que movilizar a todos: “Emergencia total”. Y desde Guayaquil llegan las primeras noticias dramáticas: los policías están en las calles y los jefes de ciertas bandas delictivas, informados sobre la sublevación, inician los saqueos. El saldo fue de cinco muertos. Alrededor de las 09:20, varios


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aquí no sale” La demanda -de 9 puntos- incluye la investigación sobre los ex GAO. En casi dos horas, Correa es insultado, golpeado y amenazado. En el hospital recibe atención, pero las salidas son bloqueadas

militares también se adhieren a la protesta en el complejo militar de La Recoleta. Queman llantas y bloquean la avenida Maldonado. Cuando llega al regimiento, Correa es recibido con gritos, amenazas, insultos y hasta gases lacrimógenos: “Estamos reclamando nuestros derechos. Nos han quitado las condecoraciones que recibíamos cada cinco años, no cada mes”, exclama uno de ellos. Pero un dato sorprende a quienes sintonizan los canales de televisión. A las 09:19, el periodista Freddy Paredes, de Teleamazonas, desde el Regimiento Quito, dice que las FF.AA. se unen a la sublevación. Dada la tensión, Correa intenta hablar, pero siguen las agresiones y su cuerpo de seguridad lo protege. A las 09:45, en una caravana motorizada llega a la base aérea el capitán de Policía Francisco Zúñiga y solicita: “Queremos hablar con el oficial a cargo”. La mirada del aerotécnico es de desconcierto. Se niega y Zúñiga se va. En ese instante es increpado por la prensa y entonces él responde: “¡No es una insubordinación! Estamos defendiendo nuestros derechos, luchando por nuestras familias”. A esa misma hora, en la entrada al Palacio Legislativo, el sargento Mario Flores comunica a la prensa que la protesta es a nivel nacional: “En vista de la resolución tomada ayer por la Asamblea, no permitiremos el ingreso de nadie, ni de asambleístas”. Detrás de él entran Gilmar Gutiérrez y Luis Morales (Prian). Desde ese momento la tensión, los gritos, los reclamos, los golpes y gases son la tónica durante más de dos horas en la sede legislativa. Finalmente el Presidente ingresa al regimiento y una delegación de policías quiere hablar con él. En medio de gritos y empujones entran a una sala. Correa pide un micrófono para dirigirse primero a la multitud. Son las 09:55, tiene la boca seca, se remoja los labios varias veces. Les dice a los policías, entre otras cosas, que los sueldos se han duplicado, pero desde abajo le gritan: “Eso hizo Lucio. Eso hizo Lucio”. Su semblante cambia, su dedo índice señala a todos y responde: “Ahí está, esa es la respuesta a todo lo que está pasando”. Se calla por un momento, vuelve a enumerar lo recibido por la Policía y reconoce que no se puede resolver todo: “Nunca antes se ha dado tanto presupuesto... Jamás me esperé esto de una de las instituciones que más hemos apoyado”. Su discurso lleva siete minutos y, ante el bullicio ensordecedor, toma aire, eleva el tono de voz tras zafarse la corbata por segunda vez y dice enérgicamente: “Señores, si quieren matar al Presidente, aquí está. Mátenlo si les da gana. Mátenlo si tienen

está cerrada. Cuando pasa, baja unas gradas con ayuda de sus escoltas e ingresa a la sala de urgencias del centro médico policial. Recibe los primeros auxilios, le dan oxígeno y luego le ponen suero y también hielo en su rodilla. Detrás de ellos, una turba de policías se aglomera en el ingreso de Emergencia. “Sabemos que sigue adentro, un contacto me ha informado”, dice uno de los policías. Varios de ellos, al no poder ingresar, bloquean la entrada, pero también revisan las ambulancias para comprobar si Correa se va. La primera evidencia de que Correa está en peligro y, además, secuestrado es cuando él habla a través de la Radio Pública, alrededor de las 12:00. Cuenta que los gendarmes intentan ingresar por los techos. En ese momento habría pedido un arma para defenderse, pero su seguridad se la niega. Mientras esto ocurre en los alrededores del hospital, casi a la misma hora un grupo de policías,

La entrada a Emergencia es bloqueada y los policías armados quieren llegar hasta Correa

En el Regimiento Quito, policías sublevados y agentes de seguridad se enfrentaron.

poder. Mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre cobardemente escondidos. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos ni un paso atrás. Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su reglamento, ¡traiciónenlo...!”. Y en un minuto más de alocución decide retirarse, cojeando, junto con Jalkh. En esa sala habla por teléfono con el comandante de la FAE y recibe noticias de la situación

en el aeropuerto. Baja para hablar con los policías, pero es bloqueado y gaseado. El helicóptero que supuestamente lo rescataría no puede aterrizar. Son las 10:15. Lo rodean policías y lo protege su escolta. Dos motocicletas lo embisten. Entre los gritos se escucha: “Este man de aquí no sale”. Y llueven más bombas, lanzan gas pimienta e intentan quitarle la máscara antigás. Es llevado al hospital, por un sendero donde también es asediado y gaseado. Recorre unos 300 metros. La puerta de paso al hospital

encabezado por el entonces jefe del Estado Mayor, Florencio Ruiz, da una rueda de prensa en el Regimiento Quito, alertando a sus demás compañeros del posible aprovechamiento de la protesta por parte de políticos. Ahí mismo llama a deponer la medida, pero no tiene acogida. En el hospital, otros gendarmes exigen llegar hasta Correa, pero los médicos advierten el riesgo porque es el área de neonatología. En Guayaquil y otras ciudades se controlan los saqueos y protestas policiales, a la vez hay marchas de apoyo al Presidente y la atención se concentra en su liberación. En la Plaza Grande están concentradas más de cinco mil personas. Hay agitación. Desde Carondelet, donde están reunidos los principales dirigentes de PAIS, se toma una decisión que cambia la situación de espera: ir a rescatar al Mandatario. Encabezados por Ricardo Patiño, unas tres mil personas avanzan a pie hacia el hospital y se encuentran con otro número mayor de gente que no se mueve de ahí sino hasta cuando Correa es liberado. Dentro del hospital hay una duda: un grupo de policías lo invita a salir con calle de honor. Analizada la situación, todo indica que se trata de una trampa. Los encapuchados de la puerta están armados.

Respaldo Pasadas las 14:00, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, reitera su lealtad al Gobierno. En rueda de prensa, invita a la Policía Nacional y a la sociedad civil, así como a ciertos elementos de la institución armada, a que depongan su actitud para que retorne la calma. Y reitera: “Respetamos el estado de derecho. Las FF.AA. somos una institución subordinada al interés nacional y a la autoridad legítimamente constituida, como es el Presidente de la República”. Pero, además, solicita que la ley sea revisada o dejada sin efecto para que los servidores públicos, policías y militares no sean afectados en sus derechos.

Los bloques El pleno de la Asamblea está convocado para las 17:00 del 30 de septiembre. Previamente, los líderes de varios bloques se reúnen con la presidenta encargada, Irina Cabezas. La cita busca analizar la situación del país. Pero ante el anuncio del secuestro de Rafael Correa en el Hospital de la Policía, uno de los presentes le propone: “Si el Presidente está retenido, el Vicepresidente en Guayaquil y (Fernando) Cordero en España, ¿por qué no asume usted el control del Estado?”. Según Cabezas, rechazó rotundamente la propuesta. Con ese antecedente, resuelve suspender la sesión por “falta de garantías”, pues la Asamblea estaba tomada por los policías.


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OPERACIÓN RESCATE

Una noche Los pasillos del Hospital de la Policía eran un laberinto de terror cuando empezó el rescate. Muchas personas no sabían por dónde salir ni dónde ocultarse. Desde las terrazas de la morgue, los

Las víctimas En la incursión militar hacia el Hospital de la Policía resultó herido el soldado Jacinto Cortez. Murió al día siguiente en el hospital del IESS. El estudiante de Economía, Juan Pablo Bolaños, recibió dos disparos, uno letal en la cabeza y otro en la pierna. En el hospital solo confirmaron su muerte. El soldado Darwin Panchi fue asesinado mientras conducía el vehículo de la Unidad de Inteligencia Militar. Durante la violenta jornada del 30 de septiembre, también murió el policía Efrén Calderón, cuando intentaba evitar un saqueo en el sector de La Marín, en un hecho confuso. Ese día hubo 274 heridos en todo el país.

El sector El Hospital Metropolitano, el edificio Meditrópolis, y las viviendas aledañas se convirtieron en un refugio improvisado. Ahí se prestaba socorro a los ciudadanos y uniformados heridos. En la mañana era común la asfixia, pero caída la noche las heridas eran de bala. Hasta el edificio Meditrópolis llegó la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz. Su intención era entrar a la habitación de Correa, pero la violencia se intensificó en las calles y le fue imposible. Como resultado del ataque, militares y civiles se refugiaron en los domicilios de gente que, por voluntad propia, ese día salió a defender la democracia.

Durante el rescate y salida del hospital policial, Rafael Correa fue protegido por sus cercanos colaboradores, escoltas y personal del GEO, GIR y GOE, en una operación intensa.

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Un video, filmado desde un helicóptero del Ejército, permite ubicar a los francotiradores policiales. Están en los techos y azoteas de los cuatro edificios que rodean al Hospital de la Policía, en donde el presidente Rafael Correa está retenido desde las 10:40. Con el sobrevuelo no caben más dudas: 1.500 policías insubordinados están desplazados en el Regimiento Quito, bloquean el hospital e interrumpen el tránsito en la avenida Occidental y la Mariana de Jesús. Se interceptan sus comunicaciones y la Dirección de Inteligencia Militar detecta la intención de atentar contra la integridad del Presidente. Ante ello, la consigna es rescatar a Rafael Correa de forma inmediata. El operativo debía ser rápido para beneficiarse del factor sorpresa, aplicando el principio de masa, pero con armamento no letal y con la facultad de emplear el uso progresivo de la fuerza. Solo parte del personal podía llevar armamento

A las 17:30, Inteligencia Militar notifica que la integridad del Presidente está en peligro... letal, para emplearlo en caso de ser necesario. En la habitación 302, el Jefe de Estado permanece con hielo en la rodilla y se mantiene al tanto de lo que ocurre afuera. Junto a él están unos cuantos miembros de la Escolta Presidencial y su asesor Francisco Latorre, además de los ministros de Finanzas y Relaciones Laborales, Patricio Rivera y Richard Espinosa, respectivamente. También se hace presente el entonces comandante de Policía, Freddy Martínez. Al mismo tiempo, miles de ciudadanos se alistan para el rescate y avanzan por la Av. Mariana de Jesús. Son madres, abuelas, hijos, profesionales, estudiantes. Llevan en alto las fotos de Correa y exigen respeto a la democracia. Su presencia molesta a los sublevados y empiezan los enfren-

tamientos. Hay gases por doquier, caen los heridos y son cada vez más los asfixiados. Unos se repliegan en el hospital Metropolitano y otros se refugian detrás de muros y aceras de los edificios aledaños. A través de la radiopatrulla los mensajes son cada vez más concluyentes: “¡Maten a Correa para que se acabe esto!, ¡El man no sale hoy!, ¡Mátenle, ahora es el momento!, ¡Que firme, si no sale muerto!”. Al tanto de esas conversaciones, en el colegio militar Eloy Alfaro de Quito, se concentran unos 900 militares, entre ellos 63 del Grupo Especial de Operaciones Ecuador (GEO). Estos últimos tienen la misión de rescatar al Presidente. En Pusuquí, los agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) planifican la incursión al hospital. Pero antes de salir el oficial a cargo aclara: “Nadie, absolutamente nadie, dispara. Si nos disparan, ¡qué pena! Yo iré a la cabeza y si nos disparan, hemos de caer. ¿Usted escuchó a esta gente? ¿Cree que es una actuación propia de la Policía? Están borrachos. Nosotros no iremos en contra de nuestros compañeros policías, porque no son todos, solo es una parte interesada en afectar a la institución y a nuestra gente. Pero el que no quiera ir, que no vaya, no pasará nada”. Y convencidos de su misión, se

El ex comandante Freddy Martínez se habría arrodillado para pedir que se detuviera la incursión militar encomiendan a Dios: “Señor, yo soy policía. Si tú, Señor, me infundiste esta vocación, así como tú velas por el orden del mundo, yo también te ayudo a cuidar al menos una parte del mismo”. Estratégicamente ubicados, el Grupo de Apoyo Operacional (GOE), sigue de cerca el conflicto. Bajo el mando de Cristian Miño, los agentes de élite de la Policía preparan su propio plan de rescate, pese a que por la radio, sus compañeros sublevados los acusan de traición. La decisión de intervenir se toma cuando cae la noche. “55 hombres salimos por atrás del cuartel. Entramos al Regimiento y pasamos al hospital. Antes de entrar a Emergencia constatamos que solo habían civiles. Gracias a Dios, no estaba ninguno de los compañeros, y sin pensarlo dos veces avanzamos hasta el tercer piso”.


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intensa... francotiradores no escatimaron con sus metrallas. Froilán Jiménez abrió la puerta para que entrara Irina Cabezas. El comandante de la Policía lloró y rogó para que el enfrentamiento no fuera sangriento

Por la avenida Occidental llega un escuadrón del GIR. Sus compañeros sublevados los reciben con insultos. Tratan de amedrentarlos lanzándoles palos y llantas, pero la misión de ellos es entrar al hospital. De forma pacífica superan el tumulto. Al poco tiempo, la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas, consigue el “permiso” de los sublevados para ingresar a la habitación de Correa. Un miembro del GIR, a quien identificó como Froilán Jimenez, garantiza el acceso de su vehículo, un Nissan Patrol color plata hasta la puerta de Emergencia. Ella viste una bata y mascarilla. Una vez adentro, Correa es puesto al tanto de las novedades: “La oposición pide la derogatoria de la ley y la amnistía para los sublevados. Solo así le permitirán abandonar el hospital”. La respuesta es enfática: “No cedas, Irina”. En la calle la situación es crítica. Los civiles se aglomeran bajo el hospital, mientras los militares se acercan por dos rutas. Unos forman el primer anillo de seguridad y los miembros del GEO ingresan para rescatar al Presidente. La emoción entre las personas es tal que entonan el Himno Nacional. Ante el inminente riesgo de un enfrentamiento armado entre policías y militares, la tensión se apodera del hospital. Los periodistas que a lo largo del día aguardaron en los pasillos del tercer piso, se ponen a buen recaudo. En la habitación de Correa el comandante Martínez habría suplicado que se detuviera la incursión militar. “Se arrodilló y no controló las lágrimas. Estaba preocupado por su gente, pero ya era tarde. Un miembro de la escolta presidencial le dijo que ya no era su decisión, que se trataba de un asunto de seguridad nacional”, contó uno de los presentes. Durante la incursión, los militares y miembros del GIR se encuentran en los pasillos por cuatro ocasiones. En la puerta de la habitación 302, los militares intentan desarmar al GOE. “¡Manos en la cabeza! ¡Arrodíllense!”. “De rodillas nunca”, les contestan. Los unos no confían en los otros y hay hostilidad entre ellos, pero por un segundo reflexionan y se convencen de que su objetivo es el mismo. Lo que estaba claro es que no había coordinación entre ellos. Cuando llegan hasta el Presidente, él se asegura: “¿Son del Ejército?”. Con esa certeza, le entregan un casco, una mascarrilla antigás y un chaleco antibalas, mientras lo colocan en una silla de ruedas. El Presidente estaba muy tenso. Temía por su vida. Se arregló la camisa y la corbata. Se persignó y todos salieron casi de inmediato tres pisos hacia abajo, a ratos a oscuras. Afuera, el Grupo Especial de Co-

datario. Su vehículo es protegido por un escudo humano formado por miembros del GIR, que confiados en que sus compañeros policías les respetarán la vida abandonan el hospital, pero apenas pasan el acceso principal el cabo segundo Froilán Jiménez cae por la acera de la avenida Mariana de Jesús. A partir de ese instante, el ataque recrudece. “Recibimos fuego indiscriminado. Se reventó el vidrio posterior”, cuenta un oficial que participó en el operativo, quien asegura que la subametralladora HK de 9 mm que portaban los GEO causa menos daño que los fusiles M-16, de 5,56 mm, que “usaban los policías”. Otro soldado relata que una bala 5,56 mm le dio en el pecho, pero gracias a una alimentadora que portaba en el bolsillo del chaleco antibalas no murió de contado. Esa noche hubo 11 GEO heridos. Arrinconados y ocultos tras los muros que protegen los edificios cercanos se esconden los civiles. Los

Los funcionarios de Gobierno se vistieron de médicos y enfermeras para ocultarse de los sublevados

Los militares que entraron en el hospital afrontaron la resistencia policial.

mandos del Ejército se enfrenta a con francotiradores de la Policía, ubicados en la terraza de Medicina Legal (morgue). Quienes lo acompañaron minutos antes se echaron al piso cuando escucharon las primeras detonaciones. Una de ellas impacta en la ventana. En varias tomas de la Inteligencia Militar se observan las llamas que dejan las ráfagas. En los corredores se escuchan los gritos de la gente y más de uno se desmaya a consecuencia del gas lacrimógeno disperso en el ambiente. La idea era llevar a Correa al ve-

hículo blindado que esperaba en el acceso principal, pero el cruce de fuego revela el peligro y los agentes especiales deciden avanzar hacia la puerta de Emergencia. Ahí esperaba el vehículo de Irina Cabezas, resguardado por agentes del GIR, que elevaban sus escudos. Pero al primer intento de evacuar el edificio los reciben con balazos. “Somos policías, ¡no disparen!”, gritan los del GOE y se repliegan hacia la puerta. Cuando creen que todo está controlado, apagan las luces, y en tinieblas embarcan al Primer Man-

más avezados se confunden entre los militares, que repelen el ataque. De a poco caen los heridos, sin distinción. En un video aficionado, registrado por un ciudadano agazapado entre los pilares del edificio Meditrópoli, se ve caer a un joven mientras levanta sus manos. Al interior del hospital se viven minutos de terror. Policías armados buscan a los ministros que acompañaban al Presidente. Richard Espinosa se oculta en un baño, con un traje de médico y una mascarilla. Irina Cabezas es trasladada de habitación en habitación para confundirse entre los pacientes. Cuando todo se calma es posible la evacuación general. En las calles, los ciudadanos celebran la salida de Correa. Los militares son ovacionados por el operativo y retornan a sus cuarteles. En la Plaza de la Independencia, a las 22:00, miles de ciudadanos esperan el arribo del Primer Mandatario. Con el semblante recuperado, se dirige al balcón más alto de Carondelet para agradecer el respaldo ciudadano, pero también confirma la muerte de Jiménez. Desde allí rechaza la actuación de los policías sublevados y desacredita los “motivos” expuestos a lo largo del día. Y dice que en este día “Todos hemos perdido”.

Ecuador TV El ataque al edificio de los medios públicos, que ese día se enlazaron en respuesta al Decreto de Estado de Excepción, fue la otra cara de la sublevación. De forma violenta, un grupo de ciudadanos ingresó al estudio de Ecuador TV para pedir un espacio en donde pudieran expresar su opinión. Entre ellos, se identificó a ciertos activistas y dirigentes vinculados con algunos partidos políticos de la oposición. Fueron vistos el coronel Galo Monteverde, cercano al ex presentador de televisión Carlos Vera; Max Marín; Pablo y José Luis Guerrero, cercanos a Lucio Gutiérrez; y María Alejandra Cevallos, legisladora alterna del Partido Social Cristiano.

El apoyo Varios mandatarios y organismos internacionales rechazaron pública y privadamente la intentona golpista. Por iniciativa del entonces secretario de Unasur, Néstor Kirchner, se reunieron en Buenos Aires seis presidentes para condenar cualquier intento de desestabilización. En menos de ocho horas se movilizaron: de Bolivia, Evo Morales; de Uruguay, José Mujica; de Venezuela, Hugo Chávez; de Perú, Alan García; de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Chile, Sebastián Piñera. La Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazó el “intento de alterar la institucionalidad democrática”.


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LA INSUBORDINACIÓN Y EL RESCATE Calle Díaz de la Madrid

Un día caótico y fatídico

7:30

Los policías insurrectos calcularon mal: si la intención era convulsionar a todo el país con su supuesta protesta reivindicativa, con la llegada del presidente Rafael Correa al Regimiento Quito sus planes fallaron. La atención se concentró en ese espacio que se convirtió en el escenario de la protesta social, la violencia desatada y la incursión militar para el rescate. Durante 13 horas, la zona fue el centro del caos con bombas lacrimógenas, disparos desde varios puntos, agresiones a la ciudadanía y, al final, la muerte de militares, policías y civiles. La actuación del GIR y GEO, leales al Gobierno, dividieron a los ggendarmes.

10:30

09:30

Cientos de policías ocupan y bloquean el Regimiento Quito y la pista del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en protesta -supuestamente- por la eliminación de incentivos y bonificaciones profesionales aprobada por la Asamblea Nacional a través de la Ley de Servicio Público.

Correa abandona el principal cuartel policial de Quito en medio de un tumulto y una nube de gas lacrimógeno.

Correa llega al Regimiento Quito Nº 1 para intentar dialogar con los policías sublevados, pero lo reciben con insultos.

Correa denuncia a la Radio Pública, desde la habitación 302 del hospital, que su gobierno es víctima de un intento de golpe de Estado por parte de sectores opositores.

13:00

El Gobierno de Ecuador declara el estado de excepción para que los militares asuman las tareas de la Policía.

De allí ingresa en una camilla mostrando signos de asfixia por el gas lacrimógeno. Luego permanece cercado por los policías sublevados.

Díaz

bcarranza@telegrafo.com.ec

12:35

Policías toman la sede de la Asamblea Nacional de Ecuador.

El Mandatario logra salir del recinto con una máscara antigás y es trasladado hasta el Hospital de la Policía.

Pasaje

Infografía: Bruno Carranza Peña

12:30

18:00

En declaraciones a la Televisión Pública -las primeras tras cinco horas y media de ausencia en los medios-, Correa asegura que sigue gobernando Ecuador y descarta un diálogo con los policías sublevados.

Aeropuerto

21:00

Anillo Externo de Seguridad

Policías insurrectos se enfrentan a bala con militares leales que se acercaban al hospital en el que estaba retenido Correa.

Militares del Ejército Nacional dotados con equipo antimotines resguardaron esta área.

Hospital de la Policía

El Grupo Especial de Comandos N° 9, elementos de la primera división del Ejército y de la unidad de tarea 4.2.4 fijaron y bloquearon a las fuerzas policiales que se encontraban atrincheradas en la parte externa del hospital, cubriendo el sector y permitiendo la aproximación de los vehículos con el personal del GEO.

QUITO Nicolá

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GOE

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Regimiento Quito 1

 Hospital Metropolitano

OE 78

Simultáneamente, miembros de la Brigada de Infantería N° 13, Batallón de Ingenieros N° 69, Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército y Batallón de Comunicaciones N° 1, fuerzas que conformaban el cerco externo, bloquearon cualquier tipo de refuerzo que podían recibir elementos policiales. También apoyaban la salida de la población civil para facilitar las acciones del cerco interno.

21:35

El Jefe de Estado es rescatado del Hospital de la Policía Nacional por elementos del GOE, GEO y GIR. Su salida se realiza en un Nissan Patrol.

Cascos antimotines

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Vandalismo

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Una camioneta de uso militar fue utilizada para obstaculizar el acceso.

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Edificio Metropolitano

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del Grupo Especial de Operaciones (GEO) accedieron al Hospital de la Policía y rescataron al Presidente.

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63 efectivos

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 Hospital de la Policía

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Miembros de la 1ª División del Ejército bloquearon a los policías apostados en el exterior del hospital.

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Unidad de Intervención

Máscaras antigás

Anillo interno de seguridad

Por más de 10 horas Correa se refugia en el tercer piso del hospital, resguardado por efectivos élite de las FF.AA. y de la Policía.

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Habitación 302

Desde un balcón del Palacio de Carondelet Correa pronuncia un emotivo discurso. Allí admite que ese día fue uno de los más duros de su vida y, sin duda, el más triste de sus casi cuatro años de gobierno.

Jua

lber ndo A Herna

21:50

21:36 Fallecidos durante balacera

Municiones halladas en las víctimas

Francotiradores sublevados

Escudos blindados

 Froilán Jiménez 223 M SS 109

Miembro del GIR

 Jacinto Cortez Equipo de avanzada

 Juan Pablo Bolaños 223 M 193

Estudiante de economía

Fuente: Informe militarr de la operac operación “Rescate” y datos de la Unidad de Investigación del diario El Telégrafo

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Unidad de Inteligencia FF.AA.

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 Darwin Panchi

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Las balas 556 mm (conocidas en Estados Unidos como 223), modelo 193 (núcleo de plomo), son fabricadas para el fusil M16 A1. Mientras que las 223, modelo SS 109 penetrante (núcleo de acero), son para el M16 A2.

Momento en que Froilán Jiménez, miembro del GIR, cumpliendo su deber como escudo de protección del Presidente, cae abatido en la salida del hospital.

 Morgue de la Policía

Grupo Especial de Operaciones (GEO)


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USO INADECUADO DE BIENES PÚBLICOS

Las pérdidas superan el millón de dólares La auditoría determinó que en algunos destacamentos había granadas y más municiones que las registradas. No se detectó faltantes, a pesar de que el 30-S se utilizó materiales de la entidad

Sustento Las notas de prensa y tomas de televisión contribuyeron para identificar los puntos de mayor conflicto y los posibles responsables. La auditoría también analizó los inventarios de las armas, municiones, vehículos y material de dotación; información que fue proporcionada por la Dirección de Logística y de Personal de la misma institución. El Ministerio Coordinador de Seguridad, la Central Metropolitana Ojos de Águila y otras instituciones también aportaron datos importantes. Esa información fue contrastada y verificada con los registros de otras dependencias, por ejemplo, de matriculación vehicular.

Más datos Durante la investigación, el equipo de auditores recibió dos bombas lacrimógenas que fueron recogidas en el desarrollo de los acontecimientos del 30 de septiembre. El propósito era identificar a la institución que las adquirió. La una tenía inscrito en el centro: Defense Tecnology F515CS; y la otra era marca Cóndor, lote AJO-K. Sobre la primera, la Policía y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) aseguraron que no formaba parte de su inventario. El GIR incluso afirmó que no era parte de su material de dotación. De la segunda, la empresa distribuidora informó que un año antes fue adquirida por las FF.AA.

tales laterales, pero no se determinó el costo de los daños. Durante la jornada del 30-S los policías sublevados se desplazaron en motos y vehículos de la institución, tanto en Quito como en otras ciudades. Incluso en el Regimiento Quito los motociclistas se tomaron la pista para evitar que aterrice el helicóptero que debía rescatar al presidente Rafael Correa. No obstante, la auditoría no logró determinar responsabilidades. En recintos policiales no se registró el ingreso o salida de los vehículos. Los nombres del personal eran incorrectos o no coincidían con el vehículo asignado. Lo que sí estableció la investigación es que el día en que la Policía no laboró, representó un costo de 1’386.732,38 dólares. Hasta fines de noviembre de 2010, 19 uniformados fueron sancionados con detención preventiva, 23 con medidas cautelares y 98 a órdenes de los consejos de Generales, Superior y de Clases y Policías.

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A un año de los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no se ha logrado establecer cuánto le costó al país la insubordinación policial. En un intento por determinar si existió o no un uso inadecuado de los bienes públicos, la Contraloría investigó el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2010; pero fue poco lo que se avanzó. La auditoría comparó los inventarios de armas, municiones, personal, vehículos y blindados asignados a la institución con las imágenes captadas por los medios de comunicación; pero fueron más las dudas que las certezas. Sobre los incidentes en la Asamblea Nacional, por ejemplo, el miembro de la escolta legislativa a cargo del rastrillo (bodega) informó que por disposición de sus superiores entregó 18 bombas lacrimógenas y una carabina lanza gases truflite, pues le notificaron que había “manifestantes frente al edificio”. A las 20:00 del mismo día todos los bienes fueron restituidos, por lo que la auditoría concluyó que no se registró ningún faltante. Otra de las inconsistencias evidenciadas en el informe es que se halló municiones y artículos antimotines en exceso, es decir, que no constaban en los registros de la institución. En la Jefatura de Seguridad de Pichincha habían 15 granadas de mano, 14 proyectiles de gas de corto alcance y 2.350 municiones 9 mm. En el Comando de Tránsito se encontró 54 granadas de mano, 95 proyectiles de gas de largo alcance y 12.910 municiones. El Grupo Aeropolicial tenía 100 municiones 9 mm, la Escolta Legislativa 63 escudos antimotines y la Dirección Nacional Antinarcóticos 5 fusiles, entre otras dependencias. También se determinó que después de la jornada del 30-S los uniformados no devolvieron sus armas en dotación y demás material antimotines asignados, como corresponde después de concluir un turno. El ex director general de la Policía justificó el hecho diciendo que por la gravedad de la situación todos los rastrillos fueron asegurados desde temprano, por lo que no se podía recibir el material como en una jornada regular. Pese a ello, la auditoría recomendó establecer controles más estrictos y realizar verificaciones físicas del material que ahí reposa. Además, sugirió tomar acciones correctivas si se llegare a determinar

El 30-S las unidades policiales no registraron la salida, destino y retorno de los vehículos oficiales

El uso indebido de los vehículos de la Policía fue auditado por la Contraloría.

responsabilidades. La noche del 30-S, después de que el Presidente de la República fue rescatado del Hospital de la Policía, un blindado de la misma institución circuló por la avenida Mariana de Jesús para repeler a los militares que participaron en el operativo, lo que quedó registrado en las tomas de televisión y fotografías de aquel día. La Contraloría intentó identificar al conductor, pero fue inútil. Uno de los policías asignados a la vigilancia en el Regimiento Quito aseguró que cerca de las 21:00 “per-

sonal desconocido” violentó las seguridades del blindado de placas SU-216 desde el parqueadero de esa dependencia, para llevarlo a las manifestaciones y luego abandonarlo frente a la prevención. Aunque se identificó a todo el equipo de uniformados que laboró esa noche, ninguno vio cuando el vehículo antimotines fue “sustraído”, pero en lo que sí coinciden es que sólo personal capacitado podría utilizarlo. Los auditores constataron que el vehículo recibió varios impactos de bala en la corona, parabrisas y cris-

El informe también detectó inconsistencias en la entrega de dotaciones al personal y que los registros de los rastrillos se realizan de forma manual, es decir, que no se verifica físicamente los materiales, equipos y municiones que ingresan y salen de la institución. La norma establece, por ejemplo, que un policía debe recibir 50 municiones como dotación y 80 para la práctica de tiro; pero la realidad es diferente. Según el ex director de Logística, consultado por la auditoría, ello se aplica de acuerdo a la tarea del policía: “Los de Tránsito no son iguales a los de Antinarcóticos, ni estos a los de la Policía Judicial”. Por eso era común que los uniformados adquieran por su propia cuenta municiones de diferentes características a las entregadas oficialmente, por lo que el informe concluyó que además de las unidades de rastrillo oficiales existían “mini rastrillos” individuales. El mismo mecanismo operaba con la dotación de esposas, toletes y pistolas. No todos los tenían y los controles eran mínimos cuando alguien reportaba una pérdida. La investigación tomó más de seis meses, pero del informe final se establece que el obstáculo para determinar responsabilidades fue la falta de documentos que respalden la gestión policial.


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AUNQUE LA PROTESTA NO FUE EFECTIVA EN TODAS LAS PROVINCIAS

La ciudadanía quedó sin resguardo policial Los destacamentos policiales de las principales ciudades del país se sumaron a la revuelta. Dejaron sus puestos de trabajo para quemar llantas, bloquear carreteras y elevar consignas en contra del Gobierno

El informe Una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado determinó que los grupos especiales de la Policía del Guayas no se sumaron a las protestas. Según el reporte, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se hizo cargo de la seguridad ciudadana cuando sus compañeros policías abandonaron las calles. Lo mismo hizo el Grupo de Apoyo Operacional (GOE) de esa ciudad. Parte del personal se dirigió a la Penitenciaría del Litoral para evitar intentos de fuga. Otros acudieron a la Feria de Durán, en donde la institución mantenía un stand desde el día anterior.

María Fernanda Restrepo luce un cartel en las inmediaciones del Regimiento Quito. Minutos después los ciudadanos fueron reprimidos por los policías que custodiaban la zona.

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“¿Cómo podemos actuar si los que nos dirigen son ex miembros de Alfaro Vive? ¿Cómo podemos actuar si son ellos los que atacan a los policías? Este es solamente el inicio de una lucha combativa”, anunciaba el teniente coronel de la Policía, Marcelo Vaca, ante decenas de gendarmes que el 30-S se manifestaron en las calles de Guaranda. Al parecer, la protesta era a nivel nacional: “Hemos llamado a la ciudad capital y el glorioso Regimiento Quito no dará un paso atrás hasta que se respeten nuestros derechos. También conocemos que el glorioso Regimiento Guayas se ha tomado el Puente de la Unidad Nacional, para hacer escuchar nuestras voces... La lucha de la Policía no es única, estamos apoyados por compañeros de la Comisión de Tránsito del Guayas y miembros de las FF.AA.”. Según Vaca, a la protesta se habrían sumado también los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, funcionarios de la Prefectura y otros servidores públicos.

En Guaranda los policías sublevados decían tener el respaldo de burócratas y estudiantes Actualmente el oficial es procesado en la etapa de juzgamiento. Es que mientras los policías insurrectos se tomaban el Regimiento Quito, en Guayaquil y otras ciudades se propagaba la protesta. Varios policías y vigilantes de la Comisión de Tránsito bloquearon el Puente de la Unidad Nacional, la avenida de las Américas y la avenida Portete, cerca a la Policía Judicial. Su ausencia en las calles dejó pérdidas millonarias por los desmanes que se produjeron. Hasta el mediodía del 30 de septiembre el puerto principal vivió un caos, por lo que la Marina habría decidido intervenir para despejar a los sublevados. Ante el riesgo de un enfrentamiento armado, los mandos policiales de ese momento se habrían comprometido a que sus subalternos retomarían sus actividades con el fin

de evitar que la Marina actúe. Así, la sublevación empezó a perder fuerza y se concentró en la capital. Los desmanes también se extendieron a Macas. Fuentes informaron a este diario que el coronel Oswaldo Chérrez de la Cueva, entonces comandante de Policía de Morona Santiago, también participó de las protestas. Y con él estuvo Pepe Acacho, el dirigente indígena y director de la radio Arutam, que en septiembre de 2009 participó en las manifestaciones donde murió el profesor shuar Bosco Wisuma. Su familia y la comunidad indígena responsabilizaron de la muerte a los policías que aquel día reprimieron a los manifestantes. Por ese caso, Acacho fue arrestado unos días por el presunto delito de terrorismo, al haber convocado a una movilización a través de la radio. En Cuenca también se intentó plegar a la protesta, pero fue poco lo que se consiguió. Los mandos policiales impidieron cualquier intento de rebelión y los uniformados laboraron casi con normalidad. Al norte del país los policías abandonaron el puente internacional de Rumichaca. Eso permitió el libre tránsito peatonal y vehicular. Aunque los fedatarios del Servicio de Rentas Internas no dejaron de chequear el paso de las mercancías.

En Macas, el dirigente indígena y director de radio Arutam, Pepe Acacho, apoyó a los sublevados En Chimborazo, Tungurahua e Imbabura los policías se sumaron a la causa. Con la quema de llantas y al grito de “la tropa, unida, jamás será vencida”, paralizaron sus actividades. La consigna era recuperar los “derechos” que ellos creían afectados con la Ley de Servicio Público; pero a la protesta también se sumaron algunos estudiantes, vinculados al Movimiento Popular Democrático. “El pueblo uniformado también es explotado”, se escuchaba en las principales avenidas. Algunos cantones de Los Ríos también se quedaron sin resguardo policial. En Esmeraldas, en cambio, los infantes de Marina del Comando de Operaciones Norte tuvieron que patrullar las calles desde las 11:30, ante la ausencia de los policías, para responder a la ola de asaltos que se produjo ese día.

Otros sitios En Galápagos la situación se mantuvo bajo control. En las primeras horas de la mañana se advertía de un posible levantamiento, pero fue controlado. La Contraloría constató que en la región insular no hubo un mal uso de los bienes públicos, como se presumía en el resto del país. En la provincia de El Oro, específicamente en Huaquillas, los policías intentaron bloquear el tránsito vehicular, pero fue momentáneo. La ausencia de la Fuerza Pública dio paso a que una banda de delincuentes asalte la agencia del Banco Nacional de Fomento en el cantón Santa Rosa. El orden se reinstauró por la tarde.


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LA CRISIS INTERNA DE LA POLICÍA LLEVA VARIOS AÑOS

Una cadena de líos y mandos irrespetados En la última década se acumularon muchos problemas. Todos no tuvieron una respuesta oportuna y estructural. Rencillas internas y denuncias de corrupción aceleraron el deterioro institucional

Problemas Problemas Judiciales. Desde hace más de cinco años en la Policía Nacional surgen roces con el sistema judicial. Sus quejas se han enfocado en que los jueces no han permitido que la Policía separe a los malos elementos de la institución, a pesar de que estaban comprobados sus lazos con bandas delictivas. Alrededor de 600 policías fueron investigados por sus conexiones con el crimen organizado, que a decir de especialistas opera a todo nivel y la Policía no es la excepción. Sin embargo, la mayoría de estos policías ha regresado a la institución con los mismos derechos y beneficios, debido a amparos constitucionales que los protegen de acuerdo a las leyes, impidiendo así la depuración.

Críticas Las principales críticas de la ciudadanía aumentaron cuando grupos de veedurías ciudadanas cuestionaron el pago de policías y jueces para que trabajen en espacios descentralizados de atención y seguridad ciudadana. Apoyo económico. Un porcentaje de los impuestos que los ciudadanos pagan en algunas ciudades está destinado también para apoyar logísticamente a la Policía, especialmente a la que realiza labor comunitaria. Investigadores sociales afirman que la poca investigación en lo que se refiere a seguridad ciudadana es uno de los factores que no permite a la Policía implementar las estrategias correctas en cada sector del país.

Desde esos meses, además también se iniciaron acciones de inteligencia para verificar la vinculación de ciertos policías con bandas del crimen organizado y acciones delictivas usando personal y armamento policial. Uno de los principales casos fue el de la desaparición de Jordi Cedeño, ocurrida el 30 de octubre de 2009, en el sector El Inca, en Quito. Y eso dio lugar a una decisión trascendental y dura contra la Policía: la desarticulación del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), además de la detención de varios de sus miembros, algunos son señalados como impulsadores de varias acciones del 30-S. A eso se suman otros eventos que generan más dudas entre ciertos mandos y autoridades civiles: el incremento de la inseguridad, la aparición del sicariato, como la primera forma de homicidio en el Ecuador. Pero había una pista que todavía no tiene una indagación completa y tampoco sanciones: en

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Desde el 2007, la crisis institucional de la Policía se evidenció en el descontento no solo de la tropa, sino también de los oficiales. Había problemas acumulados, rencillas entre los mandos, disputas entre los grupos operacionales y hasta actos de corrupción no procesados. La llegada del nuevo Gobierno, en 2007, puso en alerta a algunos de sus generales. Más de uno advirtió que la llegada de Rafael Correa traería consecuencias. “Imaginamos un escenario de conflicto, pues los principales dirigentes, de algún modo, habían sido señalados como subversivos y hasta fichados”, dice un general en servicio pasivo. En el mismo año se crea una Comisión de Modernización de la Policía, con el objetivo de renovar la institución en los campos operativos, administrativos y también en la imagen frente a la sociedad. Una sospecha también se sembró entre los policías: la creación de la Comisión de la Verdad apuntaba a quienes supuestamente habían violado los derechos humanos. Hubo reuniones entre los generales en servicio pasivo y ellos apelaron a los del servicio activo a pronunciarse directamente con las autoridades. En 2008 se crea el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, diseñado para ser desarrollado durante dos años, al que se le asignó 320 millones de dólares para cubrir las necesidades logísticas. Aparentemente resolvería algunos problemas y se ahogaría cualquier presión desde los mandos hacia abajo y viceversa. Algunos oficiales se quejan de que ese dinero no se invirtió adecuadamente y no cumplió a cabalidad el propósito fijado. En medio de esas circunstancias ocurrió el ataque a Angostura (marzo de 2008) y reveló el trabajo que realizaban ciertas unidades de la Policía: coordinaban con entidades extranjeras, cumplían órdenes y no reportaban a las autoridades civiles. Ahí se destituye a Bolívar Cisneros y se nombra a Jaime Hurtado como comandante general, quien en mayo de 2009 es reemplazado por Freddy Martínez. Con esa designación comenzaron a circular rumores, había sospechas entre los mandos y hasta se hicieron evidentes los correos y panfletos que circulaban entre los cuarteles y regimientos. Una de las supuestas acusaciones era que la cúpula policial no gozaba del prestigio ni el reconocimiento con la tropa y los oficiales más jóvenes, como se evidenció en la reunión del 16 de septiembre de 2010 en el mis-

Las denuncias de corrupción y hasta la vinculación con bandas criminales aceleraron la crisis interna

Los estudiantes han sido tradicionales rivales de los policías en las luchas callejeras.

mo Regimiento Quito, en la que se trataron esos temas y sobre los cuales Martínez hizo una evaluación autocrítica. Con la aprobación de la nueva Constitución también llegaron otros problemas y reclamos. Uno fue el paso de las competencias del tránsito a los municipios. Según el asambleísta Virgilio Hernández, ese cambio se sustentaba en una serie de problemas que se acumularon: corrupción en el trámite de licencias, en la revisión vehicular, semaforización y entrega de permisos, regularización de taxis ilegales,

entre otros. Algunos policías aprovechándose de los trámites de regularización de vehículos habrían invertido en cooperativas de taxi ejecutivo. Y cuando en junio de 2010 se hace público el Informe de la Comisión de la Verdad, al interior de la Policía hubo reuniones y hasta elaboraron manifiestos de protesta. Según el Informe, la Policía fue responsable de 32 ejecuciones extrajudiciales, 9 desapariciones forzosas, 214 privaciones ilegales de libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual, desde 1988 hasta 2007.

algunos de esos delitos habrían participado gendarmes. Pero lo que más sacudía a la institución en los últimos meses, previo al 30-S, fue la intensidad de las denuncias y acusaciones publicadas en los correos y panfletos. Y hasta había rumores de que la salida del comandante general Freddy Martínez era inminente. Igual se decía que había aspirantes al cargo que hacían contactos, lanzaban mensajes y hasta que uno de ellos se mandó a hacer tarjetas de presentación con el nuevo cargo. Igualmente, denuncias de corrupción los pases, manejos arbitrarios de fondos de las entidades ligadas a la Policía, como empresas y comisariatos, sembraron la discordia, los malos entendidos y hasta rencillas con tintes de venganza. La llegada de Gustavo Jalkh puso en otro escenario la situación policial: al plantear una definición institucional sobre la base de ciertos principios, todos supeditados al mando civil, para transformar a la Policía en una entidad moderna, pero comunitaria, al servicio de la ciudadanía, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y también de sus miembros, no gustó del todo a varios mandos. Y en ese momento se pide hablar con el Presidente para expresar sus reclamos. Pero eso ya no ocurrió.


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NUEVA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA ESTÁ EN MARCHA

Una reestructuración para una nueva época Las quejas del personal de tropa se deben al maltrato por parte de los oficiales. Y también los mandos demandan otro tipo de formación, pero agresiva. Los cambios legales, dicen, deben ser socializados

Procesos Las muertes de policías y civiles se encuentran en indagación previa, según la Policía y el Ministerio del Interior. Los policías con procesos administrativos han apelado la decisión de los consejos disciplinarios de sancionarlos con la baja. Estos uniformados siguen trabajando, pero no utilizan uniforme y reciben un porcentaje menor en su salario. Los uniformados procesados por rebelión son en total 47; sin embargo únicamente 15 serán llevados a juicio; aún se espera la fecha para que inicie el proceso de juzgamiento. En las diferentes provincias, los procesos se encuentran en etapa de apelación.

Un ciudadano simpatizante de la Policía intenta poner derecho el cartel, cuando acudía a las instalaciones del Regimiento Quito para apoyar a los sublevados.

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Una Policía fracturada y desacreditada es la consecuencia del 30 de septiembre de 2010. Un antes y un después que marcó a los uniformados. A un año de la revuelta policial, la institución aún debe lidiar, cada día, con las secuelas de la sublevación. Su credibilidad sigue afectada y la cúpula no ha podido borrar la imagen de golpistas que recae sobre los uniformados. Policías, que prefieren ocultar sus nombres, cuentan que en las calles soportan los insultos de la gente que los llama “policías golpistas”. “Perdimos autoridad y prestigio”, afirma uno de ellos. Producto de la insubordinación se ha identificado 100 gendarmes procesados judicialmente por diversos delitos, además de 1.300 trámites y sanciones disciplinarias que siguen su curso internamente. Un policía que afrontó uno de los procesos y fue absuelto, cuenta que la cúpula, en su afán de reivindicarse con el gobierno, dio de baja a todos los involucrados, sin darles derecho a la defensa de manera justa.

100 uniformados fueron procesados penalmente por haberse sublevado el 30 de septiembre Policías retirados, activos y pasivos coinciden en una cosa: “Cuando pasa algo, la institución nos da la espalda inmediatamente. No importa cuánto uno le haya dado a la Policía, al menor malentendido quedamos desprotegidos”. Las investigaciones internas siempre encuentran a todos culpables, asegura otro policía. Después de la sublevación, los cambios estructurales que el Gobierno estaba implementando en diversas instituciones también incluyeron a la Policía Nacional. El borrador del Código Orgánico de la Policía está siendo analizado para su próxima aprobación. Entre las reformas consta la eliminación de los Tribunales de Disciplina, así como igualar las sanciones de los policías con los servidores públicos. Investigadores sociales que si-

guen a profundidad los temas de seguridad, explican que se debe quitar definitivamente el carácter militar a esta institución, ya que su trabajo es directamente con la sociedad y tiene funciones específicas. Incluso aseguran que los cambios deben empezar por definir la doctrina y principios para la formación y preparación formal. Una de las quejas de los policías es que hasta ahora han sido vejados, maltratados, casi torturados como parte de su entrenamiento, lo que “sí influye en una conducta extremadamente represiva”. Por su parte, el Primer Mandatario ha cuestionado duramente la actuación policial del 30 de septiembre. En una de sus declaraciones aseguró que “La Fuerza Pública no puede ser deliberante. Imagínese el momento en que para tomar una medida yo tenga que ir a consultar a los policías o los generales de las Fuerzas Armadas. Absurdo. En todas partes del mundo la Fuerza Pública es obediente”. Algunos de los cambios que se plantean son los roles y tareas encargados a los gendarmes. Uno de los puntos más cuestionados dentro de la institución es el planteamiento de que la protección de autoridades y el control migratorio pase a manos de un grupo de civiles especializados en el tema.

En la institución sigue la inconformidad por los cambios establecidos y las nuevas tareas asignadas Sobre las funciones y responsabilidades de la Policía Judicial se discute la posibilidad de la creación de un grupo de investigadores civiles, que serían personas con estudios en distintas ramas, quienes estarían encargados de recibir todas las pruebas y documentación que la entidad recoja en asesinatos, fraudes y demás casos. Así, este grupo sería el responsable de realizar un trabajo exhaustivo en la fase investigativa de todos los procesos. Sin embargo, los uniformados han expresado su inconformidad, aduciendo que un civil no puede realizar un trabajo de esas características. De igual manera señalan que pasar de tareas administrativas y hasta burocráticas a las operativas de seguridad conlleva un nuevo entrenamiento para esos policías, pues afrontarían problemas que luego se los achacarían solo a ellos.

Cambios El modelo actual que rige en la institución data de 1937. El proyecto de Ley Orgánica de la Policía está dividido en tres libros, para abordar y afrontar temas como la prevención e investigación y un renovado régimen disciplinario. El control migratorio de puertos y aeropuertos estará dirigido por civiles, según el proyecto. Actualmente existen 174 tipos de faltas en los reglamentos disciplinarios de la Ley Orgánica de la Policía; pero en la nueva norma se establecerá 57. Las nuevas Unidades Administrativas para sancionar serán conformadas por policías y personal del Ministerio del Interior, garantizando respeto a los Derechos Humanos.


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EL BALANCE HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN

La Policía necesita cambios simbólicos El 30-S revela una crisis institucional estructural que viene desde hace 30 años. Su autonomía y fragmentación hicieron que su desarrollo histórico no guarde relación con los procesos de cambio del país

Antes Fernando Carrión: “En el 30 de septiembre lo peor fue tener a la Policía en la lógica militar, en los regimientos que son parte de una lógica de cuartel, una concentración de 3.000 policías no debería existir”. “Esa autonomía significaba que la Policía tenía personalidad propia para manejarse, su propio cuerpo, las Fuerzas Armadas no han tenido eso, ellas dependían del Ministerio de Defensa”. “Hay que dignificar la profesión, por ejemplo, yo no quiero ser policía porque es una profesión que no está dignificada, desde el uniforme, a mi manera de ver a mí me atrae más el uniforme de la Armada. Debe haber cambios simbólicos”.

En el futuro Fernando Carrión: “La Policía debe estar regada por todo el territorio, en grupos de 100 ó 200 policías cuando más. Si se hubiese desmilitarizado su estructura, el 30 de septiembre hubiera sido otra cosa”. “El tema de género. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres policías hay? Muy pocas. Eso significa que es una institución machista y su composición es básicamente blanco-mestiza”. “Hace poco la Policía tenía traje de camuflaje. ¿Qué significa esto? ¿Estamos en guerra? ¿Y cómo me voy a acercar a un policía que está en guerra? ¡Nunca!, si le cambias de uniforme, le pones una buena gorra y una buena camisa, hay cambios”.

Además, la institución tiene un conjunto de funciones: turismo, migración y tránsito. Y estas acciones paralelas contribuyeron también a la alta fragmentación estructural. La evolución histórica de la Policía Nacional caminaba a un ritmo distinto del proceso de transformación del país y del proceso real de los delitos acorde a la sociedad. Así perdió piso y legitimidad. En este escenario, el nuevo gobierno llega y actúa en dos frentes, dejando a la Policía en stand by. Por un lado entra con sus políticas específicamente con la creación del Ministerio del Interior, que se dedicaba a la seguridad y al vínculo con la Policía. Y segundo, se decide suprimir la autonomía de la institución y pierde esa condición de ente con personería jurídica, por lo que se subordina al poder político. Estos cambios, entre otros, causaron la revuelta del 30-S. Luego del fallido golpe, la institución queda así: se abrió una

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Los hechos del 30 de septiembre del 2010 pusieron a la institución policial en la palestra pública y social. Dejando serios cuestionamientos sobre su labor y futura responsabilidad ciudadana. Un análisis de la Policía desde su estructura y organización fue lo que realizó Fernando Carrión, experto en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en una entrevista realizada el 28 de septiembre de 2011 para la Radio Pública que se recoge a continuación. Los hechos ocurridos el 30-S no son de tipo causal, responden a una crisis estructural de la institución de larga data que se pueden identificar en dos momentos clave. El primer momento se da en 1979 cuando el país retornó a la democracia, luego de la dictadura militar. En el proceso se tomó en cuenta solo a las Fuerzas Armadas, mas no a la Policía. Y es que las Fuerzas Armadas debían retornar a la democracia y ser transformadas, por ser las causantes de los golpes militares. Esta falta de intervención en el proceso democrático hizo que la Policía tenga cierta autonomía, formándose desde los 80 en un cuerpo muy fuerte que se ha desarrollado hasta ahora así. La independencia de la institución le daba personalidad propia, personería jurídica, con sus normas y propios recursos, a diferencia de las Fuerzas Armadas que dependían del Ministerio de Defensa. El segundo momento se da en los 90. El país comienza a jugar un rol protagónico a partir de la implementación del Plan Colombia en el 2001, la integración de las áreas de producción empiezan a articular los carteles de México. Así Ecuador se ubica en el contexto internacional del narcotráfico y entra en una lógica de presencia de mafias y organizaciones criminales que empiezan a calar hondo en la sociedad nacional e incluso en el mismo Estado. Con este escenario en el 2003 se produce un aumento vertiginoso del número de efectivos policiales, prácticamente desde ese año al 2006 se triplica el número de policías. En el 2004, la misma Policía decide establecer como política la modernización de la institución. Recién en el 2007 el gobierno de la época le asigna recursos económicos: 330 millones de dólares, a cargo del Ministerio del Interior. Los recursos fueron invertidos en

“Para el cambio no se va a sacar a los 41.000 efectivos, se trata de un proceso de composición gradual”

Las mayores críticas a la institución han sido respecto de su concepción militar.

30.600 armas block, chalecos, vehículos, motos, etc. La masiva incorporación de policías y su autonomía dio lugar a ciertas distorsiones y hasta, se dice, la filtración de las mafias locales. Grupos de élite importantes, como el GAO, operaban por su cuenta. Es decir, la Policía no solo actuaba independiente del Estado y la sociedad, sino que también al interior de la propia institución estos grupos actuaban sin control. La cooperación internacional de distintos países juega un rol clave

con el privilegio del combate a cierto tipo de delitos. Por ejemplo, se pone en ese tiempo en agenda el terrorismo, coyoterismo y narcotráfico. Paradójicamente el Ecuador no tenía ampliamente este tipo de delitos, pero en la Policía se formaron grupos dedicados a esos problemas y con muchos recursos. La Policía, con respecto a los delitos, gana autonomía frente al poder público y al interior pierde coherencia por el aparecimiento de estos grupos de élite que actuaban, prácticamente, de manera discrecional.

fractura con el mando cívico y político debido a que no se respetó a su Ministro del Interior, primero, y al Primer Mandatario. Ocurrió un conflicto con las Fuerzas Armadas, que llegó y en 20 minutos solucionó el problema. Y, finalmente, el conflicto con la ciudadanía. Es decir, la Policía después del 30 de septiembre queda muy mal parada con este conjunto de conflictos a su alrededor. Ahora ¿Cómo reconstruir su posición institucional? Se necesita una nueva Policía consensuada desde su interior, ya no con la propuesta de modernización con más armas, sino con una nueva estructura y composición social que incluya diversidad de género y equidad; que no sea solo la Policía de los blancos, mestizos y hombres; con una nueva nomenclatura de las jerarquías y una nueva infraestructura, que ya no sea bajo la estructura militar, de cuarteles y regimientos. Hay que dignificar la profesión, con cambios significativos y simbólicos: dejar de lado el camuflaje de guerra, como uniforme, hay que implementar otro, que no denote que el policía está en guerra. Se requiere un gran consenso nacional para que en este proceso de transición a la democracia la Policía sea partícipe y no sea dejada de lado, como sucedió en los 80.


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RAFAEL CORREA / PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“Cambiamos la relación de fuerzas” Las reflexiones del Presidente del Ecuador señalan una mirada histórica de lo que ocurrió el 30 de septiembre. Y con su enfoque se definen también algunas líneas conceptuales de su visión política

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status quo. Recibimos conspiraciones porque estamos cambiando la relación de fuerzas en función de las grandes mayorías. ¿Cómo ve la perspectiva de su gobierno en relación al corporativismo, se ha quitado esa base antigua de la sociedad ecuatoriana? Se han hecho cambios históricos, la Constitución marcó un hito, el cambio de jugar en la cancha del neoliberalismo, al ahora en donde se juega en la cancha de una de las constituciones más progresistas del mundo. Aunque todavía no logramos un cambio radical respecto a la relación de fuerzas, porque aún existe corporativismo, hay cambios importantes. Para seguir progresando es necesaria la implementación de leyes y políticas públicas en conjunto.

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Cuatro meses después del fallido golpe de Estado, el presidente Rafael Correa ofreció entrevistas al ex director del diario francés Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet y al historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño Cepeda. Aquí se ofrece una edición para destacar lo más significativo de ellas. Presidente ¿por qué considera usted que fue un golpe de Estado y no un simple motín policiaco? En base a la sociología política latinoamericana. Dada por la historia, un motín por parte de una fuerza armada ya se considera golpe de Estado. Y las informaciones de inteligencia posteriores me indican que eso fue planificado con tres semanas de anticipación. Los policías fueron claramente utilizados ese día, en base a la desinformación sobre una ley que era beneficiosa para ellos, como ahora lo reconocen ampliamente. Detrás, había toda una conspiración para desestabilizar al Gobierno. ¿Su vida corrió peligro en ese momento? En el hospital policial, por supuesto. En un momento dado trataron los insurrectos de ingresar al tercer piso, nos habíamos refugiado en el último reducto que pudimos encontrar. Yo tenía una reducida seguridad, cuatro o cinco personas estaban dispuestas a dar la vida por el Presidente. Cuando intentaron tumbar la puerta yo pedí una pistola también para defenderme. Aunque yo no sé disparar, tampoco iba a permitir que me asesinen tan fácilmente. ¿Cuál fue la situación de su familia en esos momentos? A eso de las nueve de la mañana a mi esposa le empiezan a mandar mensajes con amenazas: “Te vamos a matar”. “Hemos secuestrado a Miguelito”. “Ya vamos por ti, ya van las motos”. Ella tuvo que salir a la carrera y así fueron evacuados de forma urgente y enviados a un lugar seguro, que por razones de seguridad no puedo revelar. Entonces nos pusimos en contacto, hablamos dos o tres veces con mi esposa. Le dije: “Cálmate, no pasa nada”, pero evidentemente no se lo creyó. Estaba siguiendo todo por televisión. En un momento determinado, me hacen entrevistas. La mala fe confunde el no estar secuestrado con tener comunicación. O sea como yo tenía comunicación, no estaba se-

El Presidente comprobó personalmente la agresividad de la actitud de los policías.

cuestrado. ¡Por el amor de Dios! Estábamos retenidos a la fuerza contra nuestra voluntad en el Hospital de la Policía. ¿Pensó usted que la “Revolución Ciudadana” se podía terminar con el magnicidio? Todos somos necesarios, pero nadie indispensable. Mi muerte hubiera sido un golpe muy duro para la Revolución Ciudadana, pero esto

“Los países de Iberoamérica han declarado, en la última cumbre de Mar del Plata, su rechazo al 30-S” no depende de una persona, yo estaba seguro que iban a salir miles de ciudadanos a tomar la posta y que por nada se iba a detener la revolución emprendida. ¿Es casualidad que haya habido una sucesión de golpes de Estado en los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA)? No es casualidad. Claramente son intentos de desestabilización orientados a los gobiernos de verdadero cambio. Para la oligarquía latinoamericana, para los grupos norteamericanos más reaccionarios, para los “halcones” norteamericanos, la democracia en América Latina es buena hasta que ellos digan que hay que cambiarla. La democracia no les interesa en ab-

soluto, lo que les importa es mantener sus privilegios, sus posiciones de poder. Por eso, permanentemente, los países progresistas de la región, los de verdadero cambio, tenemos que soportar conspiraciones como en Venezuela, Honduras y Bolivia. Transcurrido el tiempo ¿cómo va ese camino de respaldo ciudadano y social al régimen? Siempre hemos reconocido que el respaldo ciudadano y social es inmenso, histórico, pero no organizado ni orgánico. Este es un desafío que hay que enfrentar en la asamblea del movimiento proponiendo una nueva estructura, con principios, estatutos, una nueva directiva nacional, etc. Nuestro origen político fue sui géneris, nuestro movimiento espontáneo captó a la ciudadanía y de ahí hemos ido construyendo, a diferencia de Evo Morales que viene de una lucha de muchos años de los movimientos sociales y tiene una estructura de base, y a diferencia de Hugo Chávez que tenía el movimiento Quinta República. Ahora el desafío es transformar ese inmenso apoyo ciudadano y social en una fuerza organizada con capacidad de movilización para que defienda su gobierno. ¿Usted cree que estos peligros de desestabilización se han incrementado? ¿Su gobierno cree estar más estable frente a ellos o siempre hay una especie de vigía atrás en alerta a lo que pueda venir? Los peligros siguen ahí. Y seguirán mientras seamos un peligro para el sistema, para los poderosos, para el

Hay una frase de Trotsky que dice: “La revolución necesita el látigo de la contrarrevolución”. ¿Piensa usted acelerar, radicalizar la Revolución Ciudadana? Por supuesto, estamos de acuerdo. No hay revolución sin contrarrevolución. El proceso de cambio en América Latina tiene grandes resistencias que si no se manifiestan no es que dejaron de existir, están esperando la oportunidad para liquidar esos procesos de cambio por todos los medios, como lo demostraron aquí el 30 de septiembre:

Uno de los factores que causa el 30-S, es la prisión de ex miembros del grupo represivo GAO agrediendo, disparando, matando, rompiendo la Constitución, tomándose la Asamblea. A esa gente, lo que menos le interesa es la democracia y el bien público. Por supuesto que, después de esto, hay que ser mucho más contundentes, eficaces, precisos para aplicar la Revolución Ciudadana. La situación de la Policía. ¿Cómo está ahora? Es dura. La Policía ha sido un cuerpo armado que nunca ha tenido control del poder civil. Uno de los factores que desencadenaron el 30-S es que tocamos intereses muy fuertes que responden dentro de la institución a grupos e incluso a otros gobiernos. Ahora hay un desafío enorme que enfrentar.

Textual Rafael Correa : “En el Regimiento Quito, los reclamos no eran para un alza salarial, sino por el rechazo a que estábamos investigando atentados a los derechos humanos y por traspaso de competencia”. “Como he hecho en muchas ocasiones, fui personalmente a conversar, consensuar, explicar. Pero cuando llegamos, nos dimos enseguida cuenta de que se trataba de una trampa política: nos recibieron con violencia”. “Si quieren mátenme, pero no destruyan a la Patria. Esa parte la han editado. No lo dicen los periódicos. Era precisamente, porque ya sabíamos que otros cuarteles policiales se estaban uniendo a la protesta y que empezaron los saqueos”.

Lo íntimo Rafael Correa: “Yo con la pierna todavía convaleciente. Insisto era el primer día que había dejado el andador; tenía muleta y 25 puntos en mi rodilla derecha que estaba hinchada. Tenía una prótesis. Estaba muy debilitado”. “Yo pensaba más bien en las víctimas que podría haber entre civiles, militares y policías. Muy dolido, más que conmigo, tal vez indignado porque nunca esperamos eso de la Policía a la que tanto hemos ayudado”. “Están tratando de introducirse a mi habitación por los techos estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos. Yo solo quiero decirles que mi amor por la Patria es infinito y donde esté siempre amaré a mi familia".


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Un especial de 30 días Diario El Telégrafo desarrolló una investigación a partir de dos conceptos periodísticos: indagar en los documentos, testimonios y evidencias, y destacar lo más significativo de los acontecimientos en función de acercarse a la verdad. En esa búsqueda se revelaron dos ejes temáticos: lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010 fue producto de un proceso político y social que empezó hace más de 10 años, cuando se colocó a la Policía por fuera del control y autoridad del poder civil y político; y, en el vértigo de los acontecimientos, algunos policías exhibieron sus verdaderas intenciones y razones (no aceptar el cambio institucional, desconocer los mandos para imponer los de su conveniencia), para lo cual acudieron y recibieron apoyo de ciertos políticos de la oposición. Asimismo, el llamado 30-S mostró a una ciudadanía mucho más politizada y favorable a los cambios dentro del orden democrático. Desde el 1 de septiembre se publicó informes diarios que ahora reproducimos para su conocimiento en formato JPG.

EL DÍA QUE TRIUNFÓ LA DEMOCRACIA EDICIÓN GENERAL ORLANDO PÉREZ REDACCIÓN GEOVANNA MELENDRES, ANA MARÍA CALERO, OMAR JAÉN DIAGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFOGRAFÍA FOTOS DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA


Especial del 30 de Septiembre