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Edición No. 57 / Cali, del 27 de julio al 2 de agosto de 2013 / Valor $ 1.500 / www.elpueblo.com.co

La paz que se construye en La Habana

Por Germán Ayala Osorio Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente

El gobierno de Santos apela a la estigmatización de la protesta, al señalamiento y persecución de los líderes de campesinos y mineros, así como a la represión policial, expresiones claras de su debilidad y la del Estado como orden social y político.

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ialogar y negociar por fuera de Colombia, pero especialmente sin abordar las realidades que develan los disturbios en el Catatumbo y las protestas de campesinos y mineros, puede afectar la credibilidad del proceso de paz, pero sobre todo mina la confianza tanto de la sociedad como la de las partes dialogantes, en que es posible que el Estado supere las circunstancias históricas que aún sostienen y explican la naturaleza del conflicto armado interno. De esta forma, el proceso de paz entra en un lento proceso de deslegitimación, que puede llevar a convertirlo en un ejercicio político inocuo y de claro oportunismo político y electoral del actual Presidente; y por parte de las Farc, en una estrategia para salvaguardar la vida de sus dirigentes, replantear la lucha armada y recuperar la toma de decisiones colegiada, bajo la tranquilidad que les ofrece estar juntos fuera del alcance de las balas oficiales. El gobierno de Santos, seguramente presionado por poderosos sectores productivos, por un fuerte sector tropero de las Fuerzas Militares y por el contexto electoral de 2014, en cuando se definirá la reelección presidencial, le ha dado a las legítimas protestas sociales del Catatumbo y a los problemas de orden público por el enfrentamiento entre manifestantes y policías, suscitados en otros puntos geográficos, un tratamiento prepolítico a todas luces equivocado e inconveniente. De esta forma, el Gobierno terminará afectando la confianza social en el proceso de paz de La Habana, específicamente en la real decisión y posibilidad de un gobierno y del Estado, en su conjunto, de modificar sustancialmente un contexto social, económico y político complejo en donde sobresalen la concentración de la riqueza, la debilidad institucional, la inequidad, la exclusión y la extrema pobreza.

Incertidumbre de Cali frente a las Megaobras

El gobierno de Santos apela a la estigmatización de la protesta, al señalamiento y persecución de los líderes de campesinos y mineros, así como a la represión policial, expresiones claras de su debilidad y la del Estado como orden social y político. Ahora, enfila baterías contra el senador Robledo, a quien calificó de liderar y promover las protestas sociales. Juan Manuel Santos Calderón exhibe una enorme incapacidad para liderar procesos de modificación profunda del Estado, fruto de una catastrófica realidad política: los presidentes en Colombia agencian los intereses de sus propios gobiernos, pero no pueden o no están en capacidad de liderar y de manejar las estructuras del Estado. Va quedando claro, entonces, que a Juan Manuel Santos Calderón no le interesa –no puede– liderar cambios sustanciales en las formas como viene operando el Estado. Y lo peor, que está maniatado ante el creciente poder político de los militares y poderosos sectores productivos, que lo presionan para que descalifique a quienes hoy se levantan para exigir condiciones de vida digna para trabajar y vivir. Por ese camino, el proceso de paz en La Habana se aleja cada vez más de las realidades del país, lo que pone de presente la perspectiva de poder y de representación grupales de las partes que hoy están en la mesa de negociaciones instalada en La Habana, Cuba.

Qué hacer hacia delante

El proceso de paz entre el gobierno de Santos y la cúpula de las Farc no puede continuar al margen de las coyunturas sociales y políticas que se expresan en las protestas de campesinos y mineros. Ello exige una presencia más clara y definitiva de actores de la sociedad civil, lo que debe coadyuvar a que las partes dialogantes discutan y aprueben la consolidación de escenarios reales en donde el posconflicto, como concepto y fin último del proceso de paz, adquiera sentido práctico en específicas realidades sociales, económicas y políticas. Lo acordado hasta el momento entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos en lo que concierne al tema agrario requiere de ejercicios de aplicación en zonas y territorios vivos, en donde los conflictos sociales, económicos, políticos y culturales afloran de manera natural, haciendo que las soluciones imaginadas y expuestas en extensos documentos, vayan adquiriendo ese necesario carácter de viabilidad con el que se pueda enfrentar con optimismo y realismo las complejas realidades y los problemas que, por ejemplo, afronta la extensa y geoestratégica zona del Catatumbo. Es urgente que actores sociales de la sociedad civil colombiana coadyuven a sacar de La Habana la discusión y la construcción de la paz. Por lo acontecido hasta el momento, será difícil que Santos reconsidere las medidas y los tratamientos adoptados para frenar las movilizaciones y las crecientes manifestaciones de descontento social. Pero debe hacerlo, no solo para que ponga límites al poder militar que lo presiona a tomar decisiones equivocadas e intente salvar su reelección, sino para que acerque el proceso de paz a las complejas realidades de una Colombia mal administrada.

ACTUALIDAD OPINIÓN

Por Floro Hermes Gómez Pineda Twitter: @Florohermes

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os señores concejales de Santiago de Cali, doctores John Jairo Hoyos, Roy Alejandro Barreras Roy y Michel Maya nos invitaron a un nutrido grupo de columnistas de la ciudad a “dialogar sobre las Megaobras y su financiación” el pasado martes 23 de julio. Allí nos hicieron la pregunta: “¿Qué hacer con las 21 Megaobras?”. ¿Cómo entender esta pregunta cuando ya se han hecho seis, se encuentran en ejecución siete y faltan ocho obras? La respuesta salta a la vista cuando se examina el camino que ha seguido la administración municipal para el logro de este propósito: Primero, el Concejo de Santiago de Cali aprobó a través del Acuerdo 241 del 8 de septiembre de 2008, Artículo 8, el “Plan de Obras a construir con cargo a la Contribución de Valorización por Beneficio General”, conocido eufemísticamente como las “21 Megaobras”, por un valor total de $680.000 millones, no obstante haber fijado en el Artículo 6 en $800.000 millones “el monto distribuible de la Valorización por Beneficio General en el Municipio de Santiago de Cali”. Segundo, señalan los concejales Barreras, Hoyos y Maya que las Megaobras a la fecha han sufrido un incremento en el precio igual al 66 % de lo originalmente presupuestado, cosa de prever si se tiene en cuenta que en 2009 el entonces secretario de Infraestructura y Valorización, Marco Zambrano, declaró al diario El País que “luego de hacer los diseños y análisis técnicos y financieros concluimos que el paquete total costaría cerca de $948.000 millones”, lo cual permite concluir que el Concejo aprobó unas obras sin “los diseños y análisis técnicos y financieros”. Tercero, la administración municipal ha informado que el Parque Longitudinal del Río Cali (que es parte de las 21 Megaobras) está en proceso de diseños por una firma holandesa, lo cual vendría a ratifi-

car la conclusión del segundo punto, pese a que en internet es fácil encontrar el diseño arquitectónico de dicha obra en la siguiente dirección electrónica: http://habitararquitectura.com/servicios/disenoarquitectonico Cuarto, dicho proyecto de obra del río Cali tiene un precio de $16.000 millones en el Acuerdo 241 de 2008, pero la administración municipal dice que cuesta $35.235 millones, lo cual me permite preguntar cómo es posible un precio al centavo de una obra civil sin la existencia de unos diseños, cómo es posible sin contar con unos diseños varias los precios. Sabiendo que el Acuerdo 241 del 8 de septiembre de 2008 impone a la administración municipal la obligación de hacer las obras, conociendo la pregunta planteada por los concejales Barreras, Hoyos y Maya, “¿qué hacer con las 21 Megaobras?, y teniendo en cuenta las cuatro consideraciones gruesas que he realizado, se desprende una difícil situación de orden jurídico. En conclusión, la situación crea tal incertidumbre sobre las Megaobras, que reclama de la administración municipal una actuación guiada por el análisis y no por la simpatía, por el pensamiento y no por el sentimiento de amor y por las relaciones altas jurídicas y políticas y no por el clientelismo y el compadrazgo.

¿Cómo es posible un precio al centavo de una obra civil sin la existencia de unos diseños?

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Edicion 57  
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