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VIERNES 27 DE ABRIL DE 2012, GUATEMALA • ELPERI DICO


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ELPERI DICO • GUATEMALA, VIERNES 27 DE ABRIL DE 2012

CON ONDENADOS N OS POR OR DESA S PARICIÓN DE SINDICALISTA > Abraham Lancerio Gómez y

Héctor Ramírez Ríos, exagentes de la desaparecida Policía Nacional, fueron condenados a 40 años de prisión por desaparición forzada. El fallo fue dictado en noviembre de 2010, fecha en que el Tribunal

MOISÉS CASTILLO > EL PERIÓDICO

Octavo de Sentencia Penal los encontró culpables en la desaparición del estudiante universitario Fernando García. > El exdirector de la Policía Héctor Mario Bol de la Cruz, procesado en este caso, espera el inicio del debate en su contra. El MP lo acusa de haber ordenado la detención y posterior desaparición de García. Solo

Familiares de Edgar Fernando García a buscan resarcimiento por la desaparición del estudiante universitario y dirigente sindical.

falta que el Juzgado Cuarto de lo Penal reciba la prueba contra el sindicado, para elevar el proceso al Tribunal Octavo Penal. > Otro exagente, Jorge Alberto

Gómez López, está pendiente de la audiencia de apertura a juicio. La Fiscalía lo señala de integrar la patrulla que detuvo al sindicalista.

Estado reconoce violación a los derechos humanos Guatemala presentó en audiencia ante la CIDH un acuerdo alcanzado con los familiares de Fernando García, sindicalista desaparecido en febrero de 1984. ÓSCAR HERRERA/JERSON RAMOS elPeriódico

Durante la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada ayer en Guayaquil, Ecuador, sobre el caso de la desaparición forzada del sindicalista Edgar Fernando García, el Estado guatemalteco reconoció, por medio del secretario de la Paz de la Presidencia (Sepaz), Antonio Arenales, que durante el enfrentamiento armado interno hubo violaciones a los Derechos Humanos, por lo que aseguró que el Gobierno buscará alcanzar acuerdos con las familias de las víctimas. “Guatemala, en este proceso, ya había reconocido responsabilidad por la desaparición. Antes de venir a Guayaquil hablamos con la familia y suscribimos un acuerdo, el cual presentamos ante la CIDH en la audiencia”, dijo el funcionario. Durante la negociación del acuerdo, en el cual participó la madre de García

y su hija, acompañadas del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), se acordó que la 9a. calle, entre 2a. y 3a. avenidas de la zona 1, fuera llamada Edgar Fernando García, ya que la víctima era egresada del Instituto Rafael Aqueche. Los familiares pidieron que con ese mismo nombre también fuera llamada la escuela primaria de la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco, donde García laboró como maestro de grado. Además, se acordó que el Estado por medio del Presidente le pida perdón a la familia en un acto público celebrado en el Palacio Nacional y que, cuando la CIDH emita sentencia, esta se publique en el diario oficial. Entre otras cosas, el Estado se comprometió a promover la aprobación de la propuesta de ley número 35-90, la cual crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la guerra interna que duró 36 años. Mario Polanco, del GAM, quien participó como acompañante en la discusión del acuerdo, dijo que, “para demostrar madurez y voluntad, se convino que el Estado presentaría ante la CIDH el acuerdo alcanzado”. Subrayó que durante el gobierno anterior sus peticiones no encontraron eco y que por el contrario hubo

entorpecimiento.

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de 28 familias de víctimas que son mencionadas en el Diario Militar buscan resarcimiento por medio de un fallo de la CIDH.

ENTRE VÍTORES Y RECLAMOS

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), calificó como positivo el hecho de que el Estado admitiera su responsabilidad en las “violaciones cometidas durante la guerra”. Agregó que es un acto de respeto a las víctimas, pero que debe acompañarse de una petición de perdón. “Se tiene que recordar que en la guerra hubo dos clases de víctimas, entre ellas las directas, que incluye a quienes murieron y sus familias; así como las indirectas, y aquí está la sociedad como conjunto. Por eso el perdón debe pedirse a toda la población, pero con especial énfasis a las víctimas, sus familiares y sobrevivientes”, dijo Reyes. En tanto, el abogado Moisés Galindo, conocido por defender a militares, manifestó su rechazo al pronunciamiento vertido por el titular de la Sepaz. “El proceso para descubrir qué pasó con García aún está vigente, porque todavía no se ha llegado a los autores intelectuales del hecho; y aunque existe una sentencia, aún no ha cobrado firmeza. El Estado, y en este caso el Organismo Ejecutivo, adelantó criterio en el caso”, enfatizó.


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