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Opinión
EL MUNDO I Jueves 13/06/2013
EDITORIAL
CLASE POLÍTICA
El bloqueo de fondos en el Tribunal Supremo Electoral
¿Un cambio en la política criminal o ausencia de ella?
Las diferencias políticas, personales y hasta económicas de los magistrados del TSE retrasan los tiempos electorales. Esa institución necesita una reforma profunda.
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ás de $30 milones del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral se encuentran bloqueados por fuertes discrepancias entre los magistrados de esa institución. Algunas de las discrepancias parecen ser razonables, otras muestran cómo las diferencias políticas, económicas y hasta personales pueden afectar el funcionamiento de una institución. Parte del problema es que el TSE tiene a su vez funciones administrativas y funciones de tribunal en sí. Los magistrados no solo deben decidir sobre las elecciones, sino hasta la contratación del último servicio o la compra del último lapicero. Si a eso sumamos que los magistrados pertenecen a partidos diferentes, tradicionalmente rivales, el problema se vuelve más complejo. Uno de los inconvenientes principales del bloqueo de fondos es el desacuerdo en la contratación de la empresa que hará transmisión de los resultados electorales para las elecciones presidenciales del próximo año. Algunos argumentan que en esa contratación pone en vilo la transparencia de los resultados, otros advierten que es un problema de dinero y que buscan ahorrar fondos. Seguramente ambos tienen parte de verdad en sus argumentos, pero es necesario volver transparentes las propuestas para que las naturales sospechas mutuas den paso a la solución de este conflicto que pone en peligro los tiempos electorales y el desarrollo del proceso. Es la segunda vez que un conflicto similar retrasa el trabajo del TSE, en el anterior caso por la agencia de publicidad que se contrataría. Esto demuestra la enorme necesidad de una profunda reforma institucional para evitarlos en el futuro.
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No existe una política nacional sobre el tema de la criminalidad, sino que lo único que se han agregado son cambios cosméticos en el relevo de autoridades de la cartera de seguridad pública.
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el relevo de autoridades de la cartera a improvisación a la hora de de seguridad pública. El recién nomhacer planes de seguridad brado nuevo ministro del ramo, Rio la incapacidad para locardo Perdomo, ha llegado con un disgrarlo, la falta de un enfocurso que se aleja en forma significaque sobre la criminalidad tiva del manejado por su predecesor que tome en cuenta las situaciones de (nos imaginamos que parte de esto tieriesgo social, y el papel populista de ne que ver con el lenguaje de campaalgunas figuras políticas, son algunos ña electoral y parte con la pode los elementos que insición de los EE.UU. frente ciden en las deficiencias a la tal “tregua”) y ahora hadel Estado a la hora de enbla de que lo que se necesifrentar el problema de la ta ya no es una “tregua” enseguridad ciudadana. tre pandillas sino un “pacto Si partimos del claro susocial”. Además declaró repuesto que la política criAldo Álvarez cientemente el ministro: minal del Estado debe reAbogado y “Ahora hay una política de ferirse al control y precatedrático seguridad que debe estar vención del delito, ello deorientada a terminar con la be ser integral y tener un violencia, los robos, extorsiones hurcomponente holístico de las aristas to y homicidios”. ¿Quiere decir que andel fenómeno como lo económico, lo tes de esto o no había política de seeducativo, lo social y lo cultural. Pero guridad orientada a estos fines o defipara desgracia nuestra, éste se ha connitivamente no había una política de vertido en un tema para capitalizar en la política electoral, lo cual ahora nuevamente se entremezcla con el ejercicio de la política criminal en el último año de gobierno de la administración Funes, adonde, ante la ya clara ausencia de una política criminal de Estado coherente y adecuada para resolver el grave problema de la criminalidad en el país, se vuelve otra vez a centrar en el ridículo debate alrededor de la represión y los “manodurismos”, aunque con otras expresiones y otros nomseguridad? En ambos casos la cosa es bres. Un claro síntoma de esa “entregrave, aunque yo me decanto por la semezcla perversa” es cuando el mangunda. datario por ejemplo recurre sin proAfirmar que en El Salvador hay una blema a echarles la culpa a los jueces verdadera política criminal no copor poner en libertad a los delinrresponde a la realidad. Y la verdad es cuentes que tan “ardua” y “afanosaque no ha habido nunca una verdamente” les ha costado capturar. Sin dera política criminal, si se entiende dudas ello provee un excelente “efecésta como una reacción del Estado, to electoral”, sin básicamente ningún estable, coherente y consistente al costo político. La pregunta que surge campo pre-delictual, frente al delito, en este punto es obvia ¿A quién se befrente a la pena y frente al tratamienneficia electoralmente con este tipo to del delincuente condenado. El prode expresiones? blema pues, es estructural, en creer Es claro pues que no existe una polítique la raíz de todos los males está en ca nacional sobre el tema de la crimila ley, es decir, en escoger el mecanisnalidad, sino que lo único que se han mo legislativo como el único instruagregado son cambios cosméticos en
mento de gobierno. ¿Cuántas reformas penales y procesales se han hecho en este país para combatir el delito (muchas de ellas totalmente incoherentes entre sí y desproporcionadas frente a la demanda constitucional)? Ahí tenemos los ejemplos de la Ley “antimaras”, Ley de proscripción de pandillas, etc., por mencionar sólo algunas. El grave problema del mecanismo legislativo sin una verdadera política criminal, es que las normas se hacen o se derogan al vaivén de situaciones puramente coyunturales (y a veces hasta electorales). Pero lo que es realmente perverso en todo esto, es que los tales cambios de personas y discursos como los que se han dado recientemente en la cartera de seguridad, obedezcan a una reacción intuitiva del Ejecutivo y no a una política adecuadamente planificada. Y han sido reactivas y carentes de fundamentos científicos sólidos que permitan determinar con precisión cómo controlar determinados fenómenos delictivos. Es claro que estas medidas han sido adoptadas respondiendo ante el “clamor” de justicia por parte de la opinión pública o para mostrar que se está haciendo algo frente a la criminalidad (algo que evidentemente en la percepción popular no estaba logrando la tal“tregua” entre pandillas), o lo que es aún más perverso, para poner el “combate de la criminalidad” al servicio de una mecánica electoral. Y creo que esto es lo que está pasando. En uno de mis recientes artículos sobre el tema señalaba ¿En qué parte de la política criminal del Estado cupo la tal “tregua” entre pandillas, que el gobierno asegura no propició sino más bien “facilitó” el espacio para que se realizara? Ahora le pregunto yo al ciudadano Presidente: ¿En qué parte de la política criminal del Estado cabe el tal “pacto social” en materia de seguridad que hoy pregona el ministro Perdomo en “sustitución” de la tal “tregua”? Por cierto, sigo sin ver el documento adonde se consigna la política pública criminal de este Gobierno y adonde se me respondan las dudas antes planteadas, si es que existe.