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Sรกbado 04 de Agosto de 2.012

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Sábado 04 de Agosto de 2.012

Todos los proyectos a comisión En la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó un proyecto de resolución, 13 pedidos de informe y un paquete de proyectos de declaración y de resolución. La sesión contó con la presencia de 54 de los 60 miembros que componen el cuerpo. Luego de los homenajes, los diputados se detuvieron en las manifestaciones donde se prolongó el debate sobre los casos de presuntos apremios ilegales denunciados en diferentes localidades de la provincia. Los legisladores hicieron hincapié en los hechos que son de público conocimiento que ocurrieron en la localidad de General Güemes, a través de la publicación de un video en YouTube y que fuera reproducido no solo por medios locales, sino también nacionales e internacionales. Los diputados expresaron su preocupación por la existencia de estos sucesos en establecimientos policiales. En otro sentido, los diputados se expresaron sobre la situación en la que se encuentra la salud en la Provincia, y solicitaron la presencia de más agentes sanitarios, enfermeros y médicos en hospitales públicos. Posteriormente se aprobó un proyecto de resolución por el que se autoriza a la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor a presentarse ante el Juzgado de Instrucción Formal que investiga los hechos producidos en la comisaría de General Güemes, a efectos de acompañar el proceso judicial y coadyuvar en el esclarecimiento y condena a los autores de los delitos investigados. A comisión Asimismo se resolvió volver a comisión los proyectos que habían sido incluidos en el Acta de Labor para su tratamiento en esa sesión: Mensaje y proyecto de Ley: Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta (El Legislador Nº 85) Proyecto de Ley: Crear un Juzgado de Paz Lego con asiento en la localidad El Tunal, jurisdicción de El Galpón.

Proyecto de Ley: Atención prioritaria a embarazadas, personas con capacidades diferentes y mayores de 70 años, en todas las dependencias de la Provincia y en los establecimientos privados que brinden atención al público. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, prevea en el Presupuesto - Ejercicio 2.013 la designación de Agentes Interculturales Bilingües en los hospitales. Proyecto de Ley: Promover y garantizar la Convivencia Escolar Pacífica, Integrada y Libre de Violencia Física y Psicológica entre los miembros de la comunidad educativa de la provincia. Proyecto de Ley: En la construcción de nuevos barrios, el Poder Ejecutivo exigirá a los concesionarios de servicios públicos y terceros no concesionarios la instalación de ductos subterráneos destinados a satisfacer las solicitudes de cableados, gas y agua potable. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los medios a fin de que se instrumente el funcionamiento de una farmacia en los centros de atención primaria de la salud de los barrios más alejados de la ciudad de Salta. Proyecto de ley: Programa de alimentación saludable en los kioscos que funcionan en los establecimientos educativos. Pedidos de informe Antes de comenzar el tratamiento de los temas previsto para la sesión, los diputados aprobaron un total de 13 pedidos de informe, entre los que le solicitan al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Roberto Dib Ashur, que in-

forme la Nómina de los colegios que no recibieron las Notebook que el Gobierno Nacional envió a las Provincias. El ministro de Gobierno, Julio Loutaif, deberá informar sobre los archivos históricos pertenecientes a la Provincia se encuentran bajo el servicio de archivo, digitalización, custodia y logística por parte de la empresa Plumada S.A. Además se le solicita al ministro Dib Ashur que informe lo siguiente: Motivo por el cual no esta incorporado en el calendario escolar de la Provincia, el 1º de Agosto Día de la Pachamama, como manifestación que integra la cultura tradicional oral y popular. Ley Nº 7309 sancionada del 2004. Asimismo se resolvió requerir al presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Armando Isasmendi, que informe lo siguiente: Situación financiera de EDESA detallando endeudamiento, fecha, origen y uso de los fondos adquiridos desde 2006 a la fecha, montos de los préstamos, indicando tasa de interés anual, entidad financiera, Balance y Memoria de EDESA. Si por aplicación de la Resolución Nº 16702 de la CNV, u otras, EDESA realizó operaciones de colocación de obligaciones negociables por el periodo 2011 y primer trimestre del 2012, detallando montos, tipo y plazos de la colocación. Remita copia de Resolución Nº 160/2006 del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Informe y fundamente las razones por las cuales se emitieron las Resoluciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta Nº 965/08; 1750/ 09; 533/11, contradiciendo lo establecido en el Articulo Nº 78 de la Ley Nº 6819. Se informe cuál es la taza razonable de rentabilidad (especifique porcentaje).

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Acta de Labor Los presidentes de los diferentes bloques políticos que conforman la Cámara de Diputados de la provincia, elevaron el presidente del cuerpo, Santiago Godoy, los proyectos que serán tratados en la próxima sesión. Proyecto de ley: Crear un Juzgado de Paz Lego con asiento en la localidad El Tunal. Proyecto de ley: Atención prioritaria a embarazadas; personas con capacidades diferentes y personas mayores de 70 años, en todas las dependencias de la Provincia y en los establecimientos con atención al público. Mensaje y proyecto de ley: Autorizar al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta la suma de U$S 680.840 para el financiamiento de los proyectos del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) financiado con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (ver página 5). Proyecto de ley: Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado con la Matrícula Nº 134.282, del departamento Capital, con destino a la ampliación de la zona urbana, construcción de viviendas y de la Nueva Legislatura Provincial. Proyecto de ley: Incluir en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, instituido por la Ley Provincial Nº 7.600, a todas las personas que padezcan cualquiera de las patologías definidas como Trastorno General de Desarrollo. Proyecto de ley: Sistema Provincial de Seguridad Pública. Proyecto de declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los medios a fin de que se instrumente el funcionamiento de una farmacia en los Centros de Atención Primaria de la Salud en los barrios más alejados de la Ciudad de Salta.

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Beneficios jubilatorios

De autoría del diputado Marcelo Bernad, en la Cámara de Diputados de la Provincia se encuentra en estudio un proyecto de ley que busca establecer una serie de beneficios a personas que tienen edad de jubilarse y aún no perciben haberes. En el proyecto se busca establecer que "todos los beneficios y exenciones fiscales e impositivas fijados por las distintas normativas vigentes para los jubilados y pensionados de la provincia de Salta serán aplicables a todas aquellas personas con domicilio real en el territorio provincial que, contando con la edad requerida para acogerse al beneficio jubilatorio, no se encuentran en condiciones de percibir haberes". Asimismo la iniciativa contempla que se establecerá "por vía reglamentaria los requisitos mínimos exigibles para la obtención de los beneficios fijados", al tiempo que se invita a los municipios a adherirse a la norma, en caso de que se convierta en ley. Fundamentos Bernad explica en sus fundamen-

tos que "es frecuente observar, y de manera particular en el interior de nuestra provincia a numerosos ciudadanos que aún teniendo la edad exigida para acceder al beneficio jubilatorio no lo pueden hacer por diferentes motivos. Esos ciudadanos al no estar categorizados como jubilados o pensionados no tienen ninguna posibilidad de gozar de los beneficios fiscales e impositivos que actualmente brinda la provincia y los municipios". En este sentido el legislador manifiesta que "es una responsabilidad ineludible de todos los ciudadanos el pago de los impuestos; porque a través de ellos el Estado, en sus distintos niveles cumple con sus funciones", al tiempo que agrega que "es prudente contemplar la situación particular que pueden revestir las personas responsables de hacer efectivo el pago de los mismos, sobre todo en aquellos casos en los que la subsistencia misma puede estar en juego. Frente a estas circunstancias es una obligación del propio Estado generar alternativas que pongan a resguardo a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social".


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Prohibición de avisos sexuales En la Cámara de Diputados de la Provincia, de autoría de los legisladores Lucas Godoy, Santiago Godoy, Miguel Calabró y Jorge Jarsún, se encuentra en estudio un proyecto de ley por el que cual se busca prohibir en Salta "la publicación de avisos clasificados que promuevan la oferta o demanda sexual, por cualquier medio de comunicación, sea grafico, audiovisual, informático o digital". En el proyecto se establece que "los medios de comunicación están obligados a solicitar a quienes publiquen avisos clasificados que acrediten su identidad y domicilio, ante la oficina receptora, mediante la presentación del documento nacional de identidad y/o acta poder, acompañándose copia de los mismos". En este sentido se instituye que una vez acreditada la identidad del usuario, "las agencias receptoras pueden arbitrar los medios necesarios a fin de operar a través de Internet o por vía telefónica, otorgando un número de usuario y clave personal, garantizando la inviolabilidad del sistema". "Los medios de comunicación deben conservar los datos identificatorios, requeridos, durante el plazo de 5 años y ponerlo a disposición de funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Salta cuando estos lo requirieran", se prevé. Asimismo se contemplan una serie de sanciones en caso de incumplimientos, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: "a.Multa de $ 500 (pesos quinientos) a $

10.000 (pesos diez mil); b.- Suspensión de hasta 5 (cinco) años de publicación oficial del Gobierno de la Provincia; y c.La pérdida de concesiones, privilegios, r e g í m e n e s impositivos o crediticios especiales de que gozare". Además de estas sanciones, se estipula que la Autoridad de Aplicación (La Secretaría de Prensa que deberá trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Derechos Humanos) "podrá publicar a costa del infractor y en el mismo medio en que se publico la infracción, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada". Fundamentos Los diputados firmantes del proyecto sostienen en sus fundamentos que el objeto del proyecto es el de "prohibir la publicación de avisos clasificados que promuevan la oferta o demanda sexual, como así también, todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten capciosos y/o engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna actividad ilícita". En este sentido argumentan que "nos encontramos con clasificados en los que se ofrecen altas remuneraciones a jóvenes para trabajar en el sur del país, las que luego son secuestradas e ingresadas a la red de trata de personas. Tal es el conocido caso del local nocturno ‘Red and White’ de Ushuaia, en el que la red operaba convocando a jóvenes mediante avisos clasificados en los diarios, prometiéndoles trabajo y, una vez llegadas a Ushuaia, les retenían sus documen-

Foto: seniales.blogspot.com

tos, las encerraban y las obligaban a prostituirse, siendo víctima de tal red una joven salteña". Los diputados mencionan también a los "conocidos avisos que ofertan masajes en gabinetes o los que ofrecen dinero o trabajo a cambio de diversión. Sumándose los capciosos que ofrecen trabajo a inocentes jóvenes del interior, que no sugieren más que explotación laboral o sexual; y los engañosos que buscan mayores adultos de buen pasar económico para relación seria, que importan abusar de la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ancianos". Sobre estas cuestiones mencionadas, los legisladores manifiestan que "resulta imperioso adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual, que violan los derechos humanos principalmente de mujeres, niñas y ancianos, y que son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano".


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La provincia contraerá una deuda para desarrollo de áreas rurales En la próxima sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia se dará tratamiento a un proyecto de ley por el que se busca autorizar el Poder Ejecutivo a endeudarse para financiar los proyectos del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR). Si bien el proyecto, hasta el cierre de esta edición, carecía de dictamen de comisión, se descuenta que el mismo será aprobado y girado al Senado en revisión. En el proyecto se instituye la autorización al Poder Ejecutivo para endeudarse hasta la suma de 680.400 dólares estadounidenses, "o su equivalente en otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, para el financiamiento de los proyectos del "Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)", o como en un futuro se denomine, financiado con recursos provenientes del Convenio de Préstamo FIDA N° 713-AR del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y/o aquel préstamo que en el futuro lo complemente o reemplace". Asimismo se contempla que "las condiciones financieras aplicables al endeudamiento mencionado en el artículo precedente, incluida la tasa de interés y periodo de amortización serán las que se determinen en el Convenio de Mutuo que se suscriba en el marco del financiamiento acordado". En el articulado del proyecto también se estipula que se autorice al Poder Ejecutivo "a suscribir convenios y toda otra documentación complementaria, con el Gobierno Nacional, a fin de formalizar la transferencia de derechos y obligaciones emergentes de las operaciones de crédito externo y concertadas por este último con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y demás organismos de crédito externo que eventualmente parti cipen en el financiamiento". Además se faculta al Ejecutivo "para afectar, automáticamente, los recursos provenientes del régimen establecido por la Ley Nacional Nº 23.548 (Ley de Coparticipación Federal) y sus modificatorias o aquel que en el futuro

Foto: saltaagriculturafamiliar.blogspot.com

lo reemplace, en garantía de las obligaciones que se contraigan con el Estado Nacional emergentes del préstamo a suscribirse y hasta la cancelación del mismo". "Las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios que se establezcan en los convenios de préstamo y documentos complementarios prevalecerán en su aplicación específica sobre la legislación local en la materia", se establece en la iniciativa. También se autorizará al Ejecutivo "a recibir transferencias de recursos no reembolsables y a suscribir los convenios y/o documentos que permitan su concreción, los que serán destinados a la ejecución de proyectos y/o tareas encuadradas en el marco del ‘Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)’, o como en un futuro se denomine". Mensaje En el mensaje que se adjunta al proyecto, y que lleva la firma del Gobernador Juan Manuel Urtubey, se menciona que "el Gobierno de la Provincia de Salta se ha Propuesto, entre una de sus

metas, reducir la pobreza mediante la implementación de políticas destinadas a lograr el desarrollo de las zonas rurales agrícolas de la Provincia". En este sentido se señala que "es menester impulsar políticas efectivas, tendientes a favorecer la cohesión e inclusión social y productiva de los habitantes con menores recursos del sector rural, promoviendo la creación de condiciones para un desarrollo sostenible de las áreas rurales de escasos o nulos ingresos, a la vida social y económica del país, desarrollando capacidades que les permitan incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, a través del uso sustentable de los recursos naturales, prestando especial atención a las comunidades indígenas y a los jóvenes". En el mencionado mensaje se explica que el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales es financiado parcialmente con fondos provenientes del Convenio de Prestamos, suscripto entre la República Argentina y el fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), de fecha 17 de Octubre de 2008 y que contempla como objetivos generales como los mencionados.


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Buscan que los funcionarios se sometanb a un Juicio de Residencia En la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en estudio un proyecto de ley, denominado Ley de Juicio de Residencia, orientado a funcionarios de cargos electivos y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto es de autoría del Diputado Nacional Gerardo Milman (Buenos Aires). En la iniciativa se establece que "los funcionarios que ocupen cargos electivos, así como los ministros, secretarios y subsecretarios de estado, quedan sujetos a juicio de residencia por el término de 12 meses contados a partir de la finalización de su mandato o cese de sus funciones, período en el cual no podrán abandonar el territorio de la Nación por un plazo que exceda los 30 días, salvo que mediare autorización expresa del órgano competente". En este sentido se instituye que será competente para entender en el juicio de residencia que se estipula, la Auditoría General de la Nación. Asimismo se contempla que "la iniciación del juicio de residencia se anunciará mediante avisos publicados en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante un día. En los avisos se hará saber que toda persona física o jurídica podrá formular quejas, hacer denuncias o solicitar la investigación de hechos concernientes a la gestión del funcionario". En el proyecto se prevé que "el examen abarcara el control financiero, patrimonial y de legalidad de la gestión del funcionario; como así también su evolución patrimonial", además que "cuando hayan concluido las diligencias preparatorias, la Auditoria General de la Nación dará vista al funcionario sometido a juicio de residencia, quien dispondrá de diez días para contestar los cargos y proponer las pruebas de descargo". Finalizada esta etapa la Auditoría deberá emitir un dictamen por la aprobación o desaprobación de la conducta del funcionario, y la desaprobación "implicará inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, sin per-

juicio de las demás responsabilidades administrativas, penales o civiles en que hubiere incurrido". Fundamentos El Diputado Milman explica en sus fundamentos que "el juicio de residencia es un antiguo instituto del derecho patrio, que consistía en examinar las cuentas de los actos cumplidos por un funcionario público al concluir el desempeño de su cargo". A través de este mecanismo se intentaba conocer "tanto lo malo como lo bueno de la gestión, ya que no sólo se buscaba hacer afectiva la responsabilidad del agente sino también premiar al buen gobernante". "Era, por lo tanto, un procedimiento - no ocasional sino común y ordinario y de carácter público- de revisión de la actuación de algunos oficiales reales a su caso, mediante el cual se depuraban las posibles responsabilidades y negligencias", indica el legislador quien añade que "el juicio de residencia obligaba a todo funcionario (incluido los virreyes) a dar cuenta de su actuación el término del

mandato". "En nuestro país, podemos registrar algunos antecedentes constitucionales sobre el juicio de residencia; el Estatuto Provisional dado por la Junta de Observación y aprobado con modificaciones por el Congreso de Tucumán el 22 de noviembre de 1816, disponía en la sec. 3a. del Poder Ejecutivo, cap. 1º, Art., 1º, Inc. 5º, apart. 7º que el Director del Estado ‘a su conclusión será residenciado en el modo y términos que señalará el Congreso’, (este proyecto, sancionado por el Congreso de Tucumán, fue rechazado por el Director Supremo; y el manuscrito se encuentra en el Archivo General de la Nación)", cita el Diputado. Finalmente el legislador explica que "la responsabilidad que nos cabe a quienes detentamos cargos públicos, debe ser la más amplia y por ello alcanzarnos no solamente durante el ejercicio de nuestras funciones sino especialmente al cese de las mismas y durante un tiempo posterior; para que respondamos por nuestros actos directamente ante quienes nos han depositado su confianza".

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Regulación para cuatriciclos En la última sesión del Concejo Deliberante de la capital salteña se aprobaron un total de 17 proyectos, de los cuales 11 contaban con dictamen de comisión y 6 presentados sobre tablas. Los ediles capitalinos aprobaron, por unanimidad, la creación del Programa de Asesoramiento y Gestión Social y Previsional para la Tercera Edad, en el ámbito del Ejecutivo Municipal. En la ordenanza se establece que el tendrá por funciones las de "brindar orientación y asesoramiento a personas de la tercera edad residentes en la Ciudad de Salta, que se encontraren en situación de vulnerabilidad social, sobre temas previsionales, de seguridad social, inclusión social y otros vinculados a la materia", además se contempla que se brindará "apoyo técnico y administrativo para l a gestión de los derechos previsionales y de la seguridad social a fines de procurar su consecución". A través de este programa se buscará "generar condiciones propicias para paliar la falta de información, y vulnerabilidad de los beneficiarios y canalizar los trámites dirigidos a obtener beneficios sociales, prestacionales, de salud y todos aquellos pertinentes para mejorar la calidad de vida de los ancianos". Se contempla que el Ejecutivo podrá celebrar convenios de colaboración con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) e instituciones de seguridad social para jubilados y pensionados. El Ejecutivo, además, deberá llevar un registro de los beneficiarios en los que consten los datos de las personas a las que se hubieren realizados gestiones, remitiendo copia mensualmente al Concejo Deliberante. Regulan triciclos y cuatriciclos Se aprobó también un Proyecto de Ordenanza por el que se busca regular las exigencias y requisitos para la circulación en la vía y espacios públicos de cuatriciclos y triciclos motorizados. La norma sancionada prohíbe "la circulación de triciclos y cuatriciclos motorizados, de 50 centímetros cúbicos o más, en la vía y espacios públicos, con excepción de aquellos que hubiesen gestionado la Licencia de Configuración de Modelo según lo dispone el Anexo I de la

Resolución 108/03 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería". Se establece también que "quienes conduzcan los vehículos exceptuados deberán reunir los requisitos exigidos para conducir una motocicleta y todos los pasajeros, cuya capacidad admita el vehículo en cuestión, deberán utilizar casco". Torturas en General Güemes Durante el tratamiento de expedientes Sobre Tablas se unificaron dos proyectos de Declaración referidos a repudiar el caso de torturas que hubo en la comisaría de la ciudad de General Güemes y que tomó estado público hace una semana. Previo a la aprobación de la iniciativa, los ediles de todas las bancas se expresaron en defensa por los Derechos Humanos y abogaron porque hechos como los ocurridos no se repitan en un sistema democrático. De este modo el texto acordado del Proyecto de Declaración fue el siguiente: "Artículo Nº 1: Su más enérgico repudio y rechazo a la violación de derechos humanos mediante la utilización de métodos, acciones y procesos de tortura entendidos como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores, amenazas, vejámenes o sufrimientos graves, ya sean físico o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, cometidos por miembros de la Policía de la Provincia de Salta en perjuicio de los jóvenes Miguel Ángel Martínez y Mario Luis Rodríguez en la localidad de General Güemes de nuestra Provincia, en razón de que tales conductas constituyen una fragrante violación a los Derechos Humanos y además se encuentran penados por el art. 143 ter inc.3 del Código Penal, y cuestionados por Amnistía

Internacional como así también por el Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Art. Nº 2: Rechazar enérgicamente que el Gobierno Provincial sea querellante en la causa, ya que la justicia debe investigar a los responsables políticos del funcionamiento de la policía para que en la misma sean castigados todos los responsables. La tortura que constituye un crimen de lesa humanidad y sus responsables deben recibir una condena ejemplificadora. Art. Nº 3: Repudiar los más de 300 casos de apremios ilegales, maltrato y atropello que se cometen por año contra la población. Art. Nº 4: Exigir a la justicia salteña juicio y castigo a todos los responsables, políticos y materiales de las torturas en la comisaría de General Güemes y de todas las denuncias de apremios ilegales existentes". Más colectivos Fue aprobado también por unanimidad un proyecto orientado a incrementar la cantidad de unidades de transporte masivo de pasajeros aptos para el traslado de personas con dificultades motoras o en sillas de rueda. El Proyecto también requiere al DEM el aumento de unidades del corredor 3A y 3B La norma aprobada dispone "solicitar al Ejecutivo Municipal que, a través de su representante en el Directorio de la Sociedad Anónima de Estado de Transporte Automotor (SAETA), realice las acciones necesarias y conducentes para aumentar la cantidad de unidades de transporte masivo de pasajeros equipadas para el ascenso y descenso de personas con dificultades de locomoción que utilizan sillas de ruedas o se adecuen las unidades automotores existentes".


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Prórroga para la inscripción de hijos menores de matrimonios de dos mujeres Desde el Poder Ejecutivo Nacional se remitió a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1006, por el que se amplía el plazo de inscripción de niños menores de 18 años de matrimonios conformados por dos mujeres. El DNU mencionado, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández y de todos los ministros, establece "por el término de un años, contado a partir de la publicación del presente decreto y con carácter excepcional, prorrogable por un años más, un trámite administrativo para completar la inscripción del nacimiento de niños menores de 18 años de edad dematrimonios conformados por dos mujeres y nacidos con anteriorirdad a la sanción de la Ley Nº 26.618, de acuerdo a los términos establecidos por el artículo 36, inciso c) de la Ley Nº 26.413, sustituido por el artículo 36 de la citada Ley". El decreto establece también que la inscripción se hará por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, señala además que ambas cónyuges deberán manifestar expresamente su consentimiento a la inscripción. Asimismo instituye que "el oficial público interviniente deberá completar el acta de nacimiento y la libreta de matrimonio correspondiente". En el decreto se deja establecido que "en ningún caso podrán completarse inscripciones, en los términos del presente decreto, si el menor tuviere una filiación paterna inscripta con anterioridad".

Foto publicada en infobae.com por gentileza del diario Página 12

Considerandos En los considerandos del decreto se argumenta que "debe considerarse la situación de aquellos hijos de matrimonios de personas del mismo sexo nacidos con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 26.618, por lo que por estrictas razones de igualdad ante la ley resulta procedente, con carácter de excepción, un régimen de inscripción en sede administrativa que contemple su situación". En este sentido se considera que "de no disponerse el procedimiento señalado, habría familias con hermanos en la misma situación pero con distinta inscripción y consecuente menoscabo de sus derechos". Además se señala que "es función del Estado asegurar al niño la protección necesaria para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes que deben asumir sus padres como responsables de él ante la ley y, en consecuencia, tomar todas las medidas administrativas para que la aplicación de la Ley Nº 26.618 sea conforme al interés del niño y al respecto de sus derechos, de acuerdo a las modificaciones en ella dispuesta, en cuanto obligan a ambas cónyuges a asumir los derechos y obligaciones para con sus hijos". Se considera también que "la presente medida encuentra fundamento en la urgencia de evitar las excesivas demoras que padecen muchísimos niños, niñas y adolescentes para acceder a su completa inscripción, con todos los prejuicios que tal circunstancia les acarrea y la restricción al ejercicio de sus derechos constitucionalmente protegidos".


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