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Sรกbado 16 de Julio de 2.011

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Sábado 16 de Julio de 2.011

Registro Nacional de Datos Genéticos En el Senado de la Nación, por iniciativa de la senadora por Salta, Sonia Escudero, se encuentra en tratamiento un proyecto de ley por el cual se busca crear un Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. El proyecto establece que este registro "tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual (…), con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables". Asimismo se prevé que en dicho registro se almacenará "y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme" por delitos contra la integridad sexual. Además se contempla que la información registrada "consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la pobla-

ción, carezcan de asociación directa en la expres ión de genes y aportes solo información identificatoria apta para s er sistematizada y codificada en una base de datos informatizada". El proyecto establece además que el registro "contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firma por la comisión de los delitos" contra la integridad sexual. También contará con una sección especial destinada a autores "no individualizados" por los delitos mencionados, "en la que constará la información genética identificada en las víctimas de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida en el curso de su investigación que presumiblemente correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada por el juez de oficio, o a requerimiento de parte". Además se instituye que "las constancias obrantes en el registro serán consideradas datos sensible y de carácter reservado, por lo que sólo será suministrado a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y/o a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos" contra la integridad sexual. Asimismo se prevé que el registro "dispondrá de los necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos", y además su información "será dada de baja transcurridos 100 años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su incorporación o por orden judicial". Finalmente se advierte que "queda prohibida la utilización de muestras de ADN para cualquier fin que no sea la identificación de personas a los efectos

de esta ley". Fundamentos Escudero manifiesta en sus fundamentos que este registro "tiene por finalidad facilitar, sin agravio alguno a derechos y garantías constitucionales, las investigaciones judiciales originadas en la comisión de delitos contra la integridad sexual". La legislador afirma además que "no podemos dejar de advertir dos aspectos con relación a los delitos contra la integridad sexual: un alto grado de reincidencia y la dificultad en la prueba, pues generalmente los delincuentes buscan un ámbito aislado donde no haya testigos, y en el que la víctima sienta una gran debilidad". Finalmente la senadora considera que "a la luz de los avances científicos registrados en los últimos años, (la no creación de este registro) constituiría una inaceptable omisión de cara al mandato constitucional de afianzar justicia, privar al Poder Judicial de la posibilidad de contar con un medio que, como el propuesto, estará enderezando a agilizar la investigación y eventuales juicio y castigo a quienes resulten autores de delitos tan especialmente deleznables como los que comprometen la integridad sexual de las personas".

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Exención de IVA a las garrafas del programa Garrafa Social En el Senado de la Nación, por iniciativa del senador santafesino Rubén Giustiniani, se encuentra en estudio un proyecto de ley referido a la exención impositiva para garrafas del programa Garrafa Social. El proyecto busca que se modifique parcialmente la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo referido al capítulo de exenciones, para que se exima de este impuesto a "la venta a consumidor de la garrafa social". Se establece que "se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría de Comercio Interior, establezca un sistema de información y monitoreo de forma de garantizar que las exenciones incorporadas tengan un reflejo inmediato en la disminución de los precios de venta al público de dichos productos". Fundamentos En los fundamentos del proyecto Giustiniani explica que "aproximadamente 16 millones de usuarios consumen gas licuado de petróleo, habitando la mayor parte de ellos en los cordones pobres del Gran Buenos Aires, y en el interior. Este producto desde su desregulación sufrió aumentos de más del 300% desde la salida de la convertibilidad". En este sentido el senador manifiesta que "mientras tanto los sectores medios y altos de la población gozan del gas subsidiado que le llega a través de las redes, significando ello una evidente inequidad entre distintos sectores de la población, que conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen pagan menos por un producto esencial, mientras que los que menos tienen abonan cifras

altamente onerosas para sus bolsillos". Asimismo agrega que "dicha inequidad se agrava año a año, tras la aparición del invierno, cuando los precios de la garrafa aumentan y se disparan a precios irrazonables producto de la especulación y la avaricia".

Finalmente el legislador señala que "esta medida, permitirá también atenuar en parte la profunda regresividad de nuestro sistema tributario sustentado fuertemente en los impuestos al consumo de los sectores de bajos y medios ingresos".

Casa de la Cultura Indígena Por iniciativa de la diputada provincial, Fani Ceballos de Marín, la Cámara baja de Salta está estudiando un proyecto de ley por el cual se busca establecer que "las manifestaciones culturales indígenas, serán protegidas, preservadas, promovidas e incentivadas en su desarrollo por el Estado Provincial y serán parte integrante de su Patrimonio Cultural, reconociendo a las respectivas etnias como productoras y actoras de elementos de significación cultural". Se establece además la creación de la Casa de la Cultura Indígena, que "tendrá por objeto primordial rescatar, preservar y promover el desarrollo pleno de los valores culturales indígenas, reforzando y difundiendo los distintos aspectos de sus manifestaciones humanas, artísticas e intelectuales", se enuncia en el proyecto. En este sentido también se prevé que la Casa de la Cultura Indígena "incentivará acciones que rescaten, reconozcan y garanticen la identidad cultural de las distintas etnias", y tendrá su domicilio "en el Departamento San Martín". Además se instituye que "los poderes públicos facilitarán a las autoridades de la Casa de la Cultura Indígena el acceso a créditos en las mejores condi-

ciones posibles, proveyendo garantías y asesoramiento en la formulación y aplicación de proyectos". En cuanto a su composición, estará representada por un director, y 8 miembros "que compondrán el Consejo de Dirección que representen a cada etnia". Fundamentos Ceballos de Marín indica en sus fundamentos que "es conocida en la Historia la condición inhumana en la que vivieron las poblaciones indígenas de América durante la conquista y colonización. Su tierra, sus costumbres, riquezas, identidad cultural y demás posesiones propias, fueron despojadas por la ideología dominante". Ceballos manifiesta que "el desarrollo histórico de la violación de los derechos, se debió en primera instancia, al apoderamiento y aniquilación de los grupos indígenas, sus riquezas y su cultura. Posteriormente, debido al ‘atraso’ social y cultural del indígena; la violación consistió en negar su realidad como pueblo; y por último, y hasta nuestros días, la tendencia ha sido la de asimilación e integración con el objeto de incorporar a la vida nacional a las poblaciones indígenas".


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Libertad de expresión, publicidad y prostitución Luego de la publicación del decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos sexuales en medios gráficos, comenzó la andanada de debates y publicaciones a favor y en contra de este decreto, hasta que apareció un amparo del Diario Río Negro que busca impugnar lo resuelto por la presidenta; al respecto el abogado constitucionalista y periodista cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafañe expone una serie de argumentos que justifican el Decreto 936. Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe

El Decreto 936 dictado por la Presidente de la República, el 6 de julio de este año 2011, es un instrumento constitucional valioso, fundado en normas nacionales y tratados internacionales. En dicho Decreto se estableció: "prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres". Lo que se ha dispuesto coincide en la preocupación de fondo sobre lo que ya FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) se ha expresado y ha merecido lo resuelto el apoyo de dicha entidad y de gran cantidad de ONGs ocupadas del tema. El Diario Río Negro dedujo un amparo en contra del Decreto. Se lo fundó, esencialmente, sosteniendo que se ataca la libertad de prensa. Al respecto, comparto algunos argumentos de acompañamiento al decreto que se cuestiona por el diario patagónico: 1.- Con independencia de la actitud ética que no puede obligarse por ley, pero que es básica en la temática de la publicidad de la prostitución, ello no implica que no se pueda normativamente prohibir dicha publicidad en los medios, bajo pena de no asegurarse el respeto a otros derechos humanos que se deben garantizar también por el Estado. 2.- Si bien el ejercicio de la prostitución no es una actividad prohibida, ello

no implica que deba incentivarse y menos que su difusión se lleve adelante sin reglas, máxime cuando la publicidad es un presupuesto necesario para hacer más rentable la trata de personas, la denigración de las mujeres y hombres sometidos a ella y los delitos como la pedofilia, el proxenetismo, entre muchos otros asociados a la actividad del negocio del sexo pago. Con independencia que el medio en el que se publicite tenga sentada posición en contra de los delitos referidos y no desee directamente la denigración de las personas. 3.- El desalentar la publicidad de la prostitución es central en la lógica de mercado que impera y va más allá de una cuestión de moral. Hay que reparar que la publicidad busca impulsar la demanda y a más demanda de algo, se desarrolla más necesidad de contar con quienes presten el servicio. La publicidad es un acelerador que potencia el negocio de la prostitución, lo hace expandir y cada vez más rentable y por ende, empuja a la trata de personas, la rufianería, entre otras actividades delictivas. 4.- En el amparo del Diario Río Negro, se impugna el decreto sosteniendo que la prohibición debería haber salido por ley y no por Decreto. Es facultad de la presidente de la República conforme lo dispone el art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional poner en funcionamiento las leyes del Congreso, en este caso, particularmente la Ley 26.485

de "Protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra lñas mujeres en los ámbitos en que desarrollesn sus relaciones interpersonales", en coordinación con la Ley 26.485 "convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los derechos de los niños" y la Ley 26.061 de "Protección integral de los derechos de las niás, niños y adolescentes". El Decreto 986 permite llevar adelante objetivos operativos de la norma y de ninguna manera es una restricción no querida por la norma. Es función específica del Poder Ejecutivo el volver operativas las leyes. 5.- Al respecto, el Decreto dice que, "por la Ley Nº 26.485 quedan especialmente comprendidas en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Entre las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma incluye a la violencia mediática, definida como `aquella publicación o difusi ón de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de


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las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres´". 6.- La libertad de expresión, no es un derecho absoluto, tiene límites que se deben respetar. Asimismo, hay que referir que tampoco puede hablarse de la libertad de expresión en juego, en este caso, con el mismo nivel de las opiniones o ideas que deben dejarse expresar libremente y sin censura previa. Estamos ante lo que se llama libertad de expresión comercial, porque publicita una transacción económica, como es el sexo pago e implica otra transacción comercial que es la que se da respecto del medio de difusión que cobra por el aviso. En este aspecto la jurisprudencia de USA ha dejado sentado que "La Constitución acuerda a la expresión comercial un menor grado de protección que a otras formas protegidas de expresión. El grado de protección que goza una determinada forma de expresión comercial depende de su natura-leza y de los intereses gubernamentales que la reglamentación tiende a satisfacer", ("Ohralik vs. Ohio State Bar Association", -436 US 447 -1978- y "Bates vs. State Bar of Arizona", -433 US 350 -1977-). 7.- La limitación publicitaria de la prostitución en el Decreto presidencial, además de cuidar que no se incentive la trata de personas, los abusos sexuales y la denigración de la mujer, contempla la tutela de los menores, respecto de la cual la norma se funda también en la Ley 26.061 de "Protección integral de los derechos de las niás, niños y adolescentes". Respecto de lo cual no se dice nada en el amparo del diario Río Negro. A lo que debemos agregar que encuentra su justificativo además, en la Convención Internacional de los derechos del Niño, tratado este de jerarquía constitucional. 8.- En materia de menores ya existen otras normas que limitan la publicidad. Tal es el caso de la Ley 23.344, de "Limitación a la publicidad de cigarrillos". En dicha norma, se determina que no se puede hacer publicidad sobre cigarrillos o tabacos en radio y televisión entre las ocho (8) y las veintidós (22) horas de cada día; no se practicará en publicaciones dirigidas e menores de edad y tampoco, en salas de espectácu-

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los en que se admita la presencia de menores de dieciocho (18) años de edad; no participarán, modelos menores de edad, ni podrán vestirse o maquillarse quienes participen de modo que representen la edad de un menor; no podrán emplearse expresiones o vocabulario propios de menores de edad; los procedimientos de tratamiento o producción que disminuyan el contenido nicótico o alquitrán no podrán presentarse como beneficiosos o convenientes para la salud; entre otras disposiciones al respecto. 9.- Ley 24.778 de lucha contra el alcoholismo prohíbe la publicidad que sea dirigida o utilice a menores y también la Ley 26.522 de Servicios de comunicación audiovisual, regula la publicidad en atención a los menores y la dignidad de las personas. 10.- A lo que se puede sumar las regulaciones que disponen la exhibición de revistas de adultos en los Kioscos en sobres no transparentes, (las revistas en bolsas negras). Así lo dispone para la Ciudad de Buenos Aires la Ordenanza numero 40852/ CJD/85. 11.- Lo antes referido, ha sido declarado constitucional y de ninguna manera puede decirse que ataca a la libertad de expresión y el ejercicio de industrias lícitas, y está de acuerdo a lo

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que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13 inciso 2. 12.- A lo que hay que agregar que, si nos atenemos a lo antes referido, atento, en general, los diarios son productos que se tipifican como aptos para todo público, una publicidad sobre la prostitución, atenta con la defensa también de los menores y dichos aspectos no pueden quedar librados a eventuales criterios éticos. Además, la realidad demuestra que existía en muchos medios gráficos, una verdadera publicidad desenfrenada en el tema, que hubiera merecido que la sección de l os avisos clasificados se presentaran en bolsas negras no traslúcidas, propias de las publicaciones condicionadas. 13.- Por último, si de lo que se trata es que el Congreso intervenga por otra ley, porque se considera que deba aclarar si hubo un exceso reglamentario, en todo caso dicha preocupación debe planteársela al Congreso Nacional y que sea dicho órgano el que diga el Decreto 936 no respeta la Ley 26.485, pero en todo caso la demora de la discusión es a favor de la prevención y no al revés. La duda a favor de la dignidad. 14.- La libertad de expresión debe hacernos libres y no colaborar a degradarnos.


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Régimen Laboral del Trabajador de la Salud en Formación De autoría de los diputados nacionales Elisa Carca (Ciudad de Buenos Aires), Susana García (Santa Fe), Héctor Piemonte (Buenos Aires), Griselda Baldata (Córdoba) y Héctor Flores (Buenos Aires), en la Cámara baja se encuentra en estudio un proyecto de ley por el cual se busca establecer el Régimen Laboral del Trabajador de la Salud en Formación. En el proyecto se establece primeramente que quedarán exceptuados "aquellos programas clasificados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) como maestrías y doctorados", se prevé además que este régimen se aplicará a "los establecimientos públicos nacionales según lo establecido en las modalidades de contratación reguladas en la ley de Empleo Público y a los establecimientos privados en lo establecido por la ley de Régimen de Contrato de Trabajo y sus modificatorias". El proyecto indica que tiene por finalidad "establecer las condiciones mínimas de labor en las que los profesionales de la salud deben realizar su formación de postgrado bajo la modalidad de entrenamiento práctico-asistencial, reconocer sus derechos como trabajadores y la plena incorporación de los mismos a la legislación vigente". Asimismo se instituye que quedan incluidos en la aplicación de la ley, de ser promulgada, "todos los profesionales con título universitario que formen parte de un programa de formación de postgrado en ciencias de la salud a cargo de instituciones nacionales". En este sentido se establece que "los programas de residencia se realizarán con un régimen de trabajo de no más de 8 horas diarias, a excepción de los días de guardia", al tiempo que se aclara que esta limitación es "máxima y no impide una duración menor de la jornada". En cuanto a las guardias se fija que tanto las activas como las pasivas

"no podrá exceder en ninguna situación de las 12 horas corridas", y se marca que "el límite de horas de guardia será de 70 al mes, con una guardia entre lunes y viernes por semana y una guardia en día sábado o domingo al mes. El límite también se aplica a los meses que cuenten con cinco fines de semana". Además se prevé que "los trabajadores de salud en formación que así lo deseen podrán realizar hasta 2 guardias extraordinarias de 12 horas de duración, previo acuerdo por escrito con la institución en la cual se desempeñan, el cual deberá ser refrendado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al menos un sindicato representativo de la actividad". En cuanto a los descansos la iniciativa prevé que "si el período de guar-

dia finaliza después de las 20 horas, el profesional está obligado a tomar un descanso compensatorio de un mínimo de 24 horas, y que durará hasta el inicio de la jornada laboral siguiente a la finalización del mismo". Además se explicita que "el establecimiento o jurisdicción estatal responsable del programa deberá proveer al residente de equipos completos de ropa de labor en cantidad adecuada. Asimismo deberá garantizar una habitación o alojamiento adecuado para el personal de guardia y proveerle de almuerzo y/o cena de acuerdo al horario en que tenga lugar la misma". En el proyecto también se establecen una serie de "zonas diferenciadas para los profesionales que realicen su especialización en las mismas, íntegramente o bajo la modalidad de retorno de servicio obligatorio o voluntario no inferior a 1 año", como: a) Zona inhóspita: Los lugares que carecen de una comunidad organizada en Municipalidad y de la prestación de servicios públicos; b) Zona muy desfavorable: Los lugares que contaren con una comunidad organizada en Municipalidad y que disponga de servicios públicos esenciales; c) Zona desfavorable: Los lugares situados en el resto de los territorios provinciales y que, no encontrándose en los Departamentos Capitales, cuenten con los servicios públicos esenciales y corresponden a una comunidad organizada administrativamente en Mu-

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Sábado 16 de Julio de 2.011 nicipalidad; d) Zona favorable: Los lugares correspondientes a ciudades de las Provincias o cabeceras de Departamento que no resulten comprendidos en los restantes incisos". En este sentido se contempla además que "los profesionales que se desempeñen con residencia permanente o transitoria bajo el régimen de retorno de servicio obligatorio e inmediato a la finalización del programa de especialización, en las zonas diferenciadas a las que se refiere este ordenamiento, gozarán de un adicional que se retribuirá con los porcentajes que a continuación se establecen: a) Zona inhóspita: Un adicional equivalente al 120% del Salario Básico de la asignación de la categoría del profesional; b) Zona muy desfavorable: Un adicional equivalente al 60% del Salario Básico de la asignación correspondiente a la categoría del profesional; c) Zona desfavorable: Un adicional equivalente al 40% del Salario Básico de la asignación correspondiente a la categoría del profesional".

El Legislador "A los profesionales enrolados en programas de especialidades prioritarias para la Atención Primaria de la Salud, específicamente Pediatría y Medicina General o Medicina de Familia, se les otorgará un adicional estímulo equivalente al 35% del Salario Básico de la asignación correspondiente a la categoría del profesional", establece la iniciativa. Fundamentos En sus fundamentos los diputados mencionan que en la Ley de Contrato de Trabajo se establece que se presumirá la existencia de un contrato de trabajo por el sólo hecho de la prestación de servicios a favor de un tercero a cambio de una remuneración. Asimismo se aclara en el siguiente artículo que "esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato". En este sentido los legisladores señalan que "la formación de postgrado de los profesionales de la salud es una de esas ‘figuras no laborales’. A pesar

7 de que estas personas, prestan servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y a cambio de una remuneración, aún existen tecnicismos legales que precarizan la actividad de éstos profesionales". Además explican que "los residentes, jóvenes egresados enrolados en programas de formación de postgrado a cambio de una remuneración, y que hasta gozan de los beneficios de la seguridad social en algunos casos, aún no poseen derechos como lo que son: trabajadores. El hecho de que su remuneración sea una ‘beca de formación’ y no un salario es un resquicio jurídico para evitar reconocerlos como tales". Asimismo aclaran que "la situación legal de los llamados ‘concurrentes’, quienes tienen las mismas responsabilidades y obligaciones que los residentes pero no perciben remuneración alguna, y se ven obligados a tener un segundo empleo como médicos de ambulancia o realizar guardias extra para afrontar sus necesidades básicas".

Promueven Quioscos saludables en escuelas de Salta En la Cámara baja provincial, a instancias del diputado Omar Soches López, se encuentra en estudio un proyecto de ley por el cual se busca crear un programa de alimentación Saludable "en los quioscos que funcionan dentro de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada". Según se establece en el proyecto, este programa "consiste en la venta de aquellos alimentos y bebidas que establezca la autoridad de aplicación, que sean bajos en tenor graso y en calorías", y se aclara que en los establecimientos "en donde hay alumnos declarados celíacos y diabéticos, debe incluirse la venta de alimentos y bebidas aptos para el consumo de quienes padecen tales enfermedades". En la iniciativa se explica que se debe entender por "Quioscos Saludables" a "aquellos puestos de venta de alimentos y bebidas saludables, que funcionan dentro de los establecimientos educativos". Asimismo se prevé que "los alimentos y bebidas expendidos por los Quioscos Saludables, son aquellos que determine la autoridad de aplicación". En el proyecto se indica también que "la autoridad de aplicación debe realizar campañas de concientización sobre la

sana alimentación en etapa de crecimiento y sobre una alimentación educada y saludable, articulando para ello a grupos de padres, docentes y alumnos". A través de esta iniciativa la autoridad de aplicación deberá "publicar para conocimiento de toda la comunidad educativa, al comienzo de cada año lectivo, una lista de alimentos y bebidas con bajo tenor graso y calórico, como así también aquellos alimentos aptos para celíacos y diabéticos". Finalmente se establece que la autoridad de aplicación serán los ministerios de Educación, de Salud y la Secretaría de Relaciones Institucionales y Defensa del Consumidor. Soches explica en sus fundamentos que "la niñez es una etapa en la que es posible cambiar conductas. Es el momento en que se consienten los hábitos, se estructura la personalidad y se pueden establecer patrones que en el futuro será más difícil cambiar. Por ello es importante que todo aquel que esté involucrado en la educación, la familia en primer lugar, reúna esfuerzos en promocionar un estilo de vida saludable, dieta equilibrada, práctica regular de ejercicio. No se trata sólo de establecer una conducta, sino de que en el entorno familiar del niño se practiquen costumbres correctas".


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Plan de uso racional de energía

En la Cámara de Diputados de la Provincia, por iniciativa del diputado Oscar Villa Nougues, se encuentra en estudio un proyecto de ley por el cual se busca crear un Plan Racional de Energía, en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía y el Decreto Presidencial Nº 140/07, con fecha 21 de Diciembre de 2007, en donde "se refleja el propósito de propender a un uso eficiente de la energía". En el proyecto se establece que se crea este plan "teniendo en cuenta que en su mayoría proviene de recursos naturales no renovables y considerando que propender a la eficiencia energética no es un actividad coyuntural, sino de carácter permanente de mediano a largo plazo". Asimismo se contempla que "se deben iniciar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de una Campaña Masiva de Educación, Concientización e Información a la población en general, a fin de transmitir la naturaleza de la energía, su impacto en la vida diaria y la necesidad de adoptar pautas de consumo prudentes de la misma". Además se instituye que se incorpore a los planes educativos, "conceptos generales de energía, eficiencia energética, energías renovables y am-

biente". En la iniciativa se instituye también que se promueva "el desarrollo e implementación de metodologías de relevamiento de los Sistemas de Alumbrado Público y Semaforización, y de una base de datos donde consten las características principales de dichos sistemas. Evaluar la conveniencia de la implementación de equipos y sistemas economizadores e energía de los Sistemas de Alumbrado Público y Semaforización en todo el territorio provincial". En el proyecto se establece además la temperatura de refrigeración de los equipos de aire acondicionado deberán estar a una temperatura de 24ºC, en todos los edificios de la Administración Pública Provincial, y además se deberán "adoptar en cada caso las medidas necesarias para evitar pérdidas de energía por intercambio de calor con el exterior", en el mismo sentido se instituya que se deberá proceder "al apagado de las luces ornamentales a las 00:00 horas, en todos los edificios de la Administración Pública Provincial". Asimismo se prevé que "al finalizar las actividades de la Administración Pública Provincial, se deberán apagar las luces, el aire acondicionado y el stand by (modo espera) de los equipos de computación, y para realizar la limpieza de los edificios, disponer de los horarios de

utilización óptima de luz natural". Fundamentos En sus fundamentos, el diputado Villa Nougues menciona como antecedentes en el ámbito internacional, la adhesión de nuestro país, mediante Ley de Nº 24.295, que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) y por la Ley Nº 25.438, en el año 2.001, se aprobó el Protocolo de Kyoto (PK) de esa Convención. "La experiencia registrada muestra que el éxito de las políticas de eficiencia energética requiere, además de la adopción de tecnologías de alta eficiencia, la generación de profundos cambios estructurales basados en la modificación de las conductas individuales mediante programas y planes que deben ser conducidos por organismos altamente especializados y que deben contemplar una estrategia cultural-educacional, cuyo objetivo último sea el cambio hacia una cultura de uso eficiente de la energía", destaca el diputado salteño. Finalmente el legislador remarca que "resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función ejemplificadora ente el resto de la sociedad, implementando medidas orientadas a optimizar el desempeño energético en sus instalaciones".


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