TUTELA Y ANEXOS ELITE JORGE ANDRES NAVAS 2021-01-666274 DE 11-11-2021 ELITE

Fecha: miércoles, 10 de noviembre de 2021 (16:54) Remitente: secscesrtbta@notificacion esrj.gov.co Asunto: NOTIFICA ACTUACION JUDICIAL RAD.11001220300020210249701 Cuerpo:

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE BOGOTA BOGOTA ,miércoles, 10 de noviembre de 2021 Notificación No.19622 Radicado:1100122-03-000-2021-02497-01 Señor(a): SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES email: notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co, webmaster@supersociedades.gov.co ASUNTO: NOTIFICA ACTUACIÓN PROCESAL EN PROCESO:ACCIONES DE TUTELA - TITULAR:JORGE ANDRES NAVAS PEREZDEMANDADO:SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 10-nov.-2021 16:24:08 el H. Magistrado(a) Dr(a) OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CARDONA SALA FIJA BOG. de BOGOTA -OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CARDONA - SALA FIJA BOG., dispuso Auto Admite Tutela y Resuelve Medida Provisional en el asunto de la referencia. Se anexarán 3 documentos con los siguientes certificados: 382BB3ADD63500216EAF507CFF9242F6AE5512F6F10B248886239EC12FB72B52, , 7AAE2D0061C53B1C044295CA6D276AA7DA643D3D0EDA4B9B609E6BA1310A448 6, 4A60DA888D263409C0FAC1B8EB87D3D9DF843A2AEB37F155CB34FBDE56E43327 Usted puede validar la integridad y el nombre de los documentos remitidos, ingresando los certificados referidos a través del link: http://restituciontierras.ramajudicial.gov.co/RestitucionTierras/Views/Old/EValidador.aspx Con el envío de esta comunicación electrónica se surte la NOTIFICACIÓN PERSONAL de(l)(la) Auto Admite Tutela y Resuelve Medida Provisional, conforme a los numerales 1 y 2 del Art. 291 del C.G.P. Cordialmente, ANGELA MARIA RODRIGUEZ LEIVA Servidor Judicial 4:54 p. m. - con-234595 Email del despacho Judicial:secscesrtbta@notificacionesrj.gov.co Calle 23 No 7-36 Piso 3 Edificio Kaiser Tel:2822891 Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Ahorre Papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para efectos de compatibilidad AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus

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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C. SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS Bogotá D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) REFERENCIA: ACCIONANTE: ACCIONADO: RADICACIÓN:

ACCIÓN DE TUTELA Jorge Andrés Navas Pérez Superintendencia de Sociedades 110012203000202102497 00

ADMITE TUTELA y NIEGA MEDIDA PROVISIONAL 1. El promotor del amparo expone que el proceso de intervención judicial radicado bajo el n.° 77.054 de conocimiento de la accionada en ejercicio de sus

facultades

jurisdiccionales,

se

han

desconocido

sus

derechos

fundamentales al debido proceso e igualdad al vincularlo al aludido trámite judicial y negar su exclusión una vez solicitada esta.

2. Como medida provisional solicita que se decrete la suspensión provisional del auto n.° 460-000-621 del 28 de enero de 2020, y de las decisiones adoptadas en audiencias del 30 de abril y cinco de mayo del presente año, por medio de las cuales se decidió sobre la vinculación que reprocha, pues “está causando grave afectación sobre los derechos del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que no tiene el deber jurídico de soportar”.

3. El Tribunal admitirá el recurso de amparo por cumplir con las reglas de reparto establecidas en el D. 1382/2002 recopilado en el art. 2.2.3.1.2.1 del D. 1069/15 modificado por el art. 1º del D. 333/2021, pero negará la medida provisional solicitada al no advertir la necesidad, impostergabilidad y urgencia que requiere el decreto de esta, como lo establece el art. 7° del D. 2591/1991.

4. Por lo expuesto, el suscrito magistrado, RESUELVE PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela interpuesta por el ciudadano JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

–

DELEGATURA

FINANCIEROS ESPECIALES.

DE

INTERVENCIÓN

Y

ASUNTOS

TSDJB SCE Restitución de Tierras. Rad. 11001220300020210249700

SEGUNDO: TRAMITAR la presente acción constitucional a través del «Portal de Restitución de Tierras Gestión de Procesos Judiciales en Línea» bajo la modalidad de expediente electrónico. En consecuencia: 2.1. Se hace saber a las partes e intervinientes que toda actuación relacionada con la presente acción de tutela deberá tramitarse a través del correo electrónico secrtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co de la Secretaría de este Tribunal con copia al correo electrónico lbarretm@cendoj.ramajudicial.gov.co.

2.2. La Secretaría de la Sala orientará a las partes e intervinientes sobre el uso del «Portal de Restitución de Tierras Gestión de Procesos Judiciales en Línea» y sobre el mecanismo de validación de las providencias proferidas con firma electrónica.

TERCERO: REMITIR a la accionada copia del escrito de tutela para que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto: 3.1. Dé respuesta a lo allí manifestado, aporte las pruebas que pretenda hacer valer e indique su correo electrónico para efecto de notificaciones.

3.2. Rinda informe sobre las actuaciones reprochadas por el accionante dentro del proceso de intervención judicial n.° 77.054 seguido en contra de Élite Internacional Américas S.A.S y Otros.

3.3. Presente una relación de todas las partes, sus apoderados, secuestres, cesionarios, intervinientes y terceros con interés en el proceso mencionado en el ordinal anterior, y les notifique el inicio de la presente acción constitucional, para que, si a bien lo tienen, en el término de dos (2) días y a los correos electrónicos ya mencionados hagan las manifestaciones que consideren pertinentes respecto de la queja constitucional.

3.4. Publique aviso en su página web informando a las partes y terceros con interés en el proceso concursal ya mencionado, del presente trámite constitucional, garantizando que a través de un enlace puedan descargar el escrito de amparo, sus anexos y la presente providencia, para que, si a bien lo tienen, y en el término señalado en el ordinal anterior, se pronuncien sobre el particular.

La Secretaría, previo ingreso del expediente, deberá verificar de manera estricta que se surtan en debida forma las notificaciones aquí ordenadas y certificará sobre el particular.

2

TSDJB SCE Restitución de Tierras. Rad. 11001220300020210249700

3.5. Por Secretaría de la Sala se FIJARÁ aviso online en la página web de la Rama Judicial por medio del cual se comunique el inicio de la presente acción de tutela. El aviso deberá especificar los datos de identificación de la presente acción constitucional y advertir a las partes, intervinientes, y/o cualquier otro tercero con interés en el proceso relacionado en el numeral 3.2 precedente, para que en el término de un (1) día a partir de la publicación hagan las manifestaciones que a bien tengan sobre el particular a través del correo electrónico secrtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co de la Secretaría de este Tribunal con copia al correo electrónico lbarretm@cendoj.ramajudicial.gov.co.

La publicación deberá contener copia descargable del escrito de tutela, sus anexos y la presente providencia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE OSCAR HUMBERTO RAMÍREZ CARDONA Magistrado (Firmado electrónicamente)

3

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C. SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS SECRETARÍA ___________________________________________________________________________

FORMATO DE SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE USUARIO DEL PORTAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS EN LÍNEA

Ciudad y fecha: _________________________________________________________

Apreciados señores:

Por medio del presente escrito informo al despacho la dirección de correo electrónico donde me pueden enviar todas las notificaciones judiciales que se surtan dentro del proceso de la referencia o cualquier otro donde sea reconocido(a) como parte, es:

E-mail:

____________________________________________________________

Proceso(s):

____________________________________________________________

Manifiesto que me comprometo a efectuar una adecuada custodia y reserva de la información correspondiente al proceso atrás referenciado, información que se utilizará única y exclusivamente para y durante el desarrollo de las funciones asignadas en el expediente y no podrá ser divulgada a terceras partes, igualmente doy por recibidas a satisfacción las correspondientes notificaciones y sus anexos que el despacho envíe a dicho correo electrónico.

Adicionalmente solicito a la Corporación la activación de mi Usuario en el Portal de Restitución de Tierras para la Gestión de Procesos en Línea.

DATOS PERSONALES

Nombre:

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Firma:

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C.C.:

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T.P.:

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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C. SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS SECRETARÍA ___________________________________________________________________________ Dirección y ciudad:

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Celular:

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Teléfono fijo (Ext):

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DATOS SUJETO QUE REPRESENTA

OPOSITOR (

)

SOLICITANTE (

)

Nombre:

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N.I.T ó CC.:

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Dirección y ciudad:

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Correo electrónico:

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Teléfono ():

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Visto Bueno Secretario y/o Despacho:

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Fecha:

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Honorables Magistrados TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SALA CIVIL E. S. D.

Referencia:

Acción de Tutela de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DELEGATURA DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL Accionante: JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ Accionado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DELEGATURA DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES - DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL Asunto: Acción de tutela

JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. e identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.266, actuando en nombre y representación propia y en calidad de intervenido dentro del proceso de intervención que se adelanta a la sociedad ÉLITE INTERNATIONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN, identificada con el NIT. 900437991, de conformidad con la vinculación al proceso de intervención y extensión de la responsabilidad decretada en mi contra mediante auto No. 460-000-621 del 28 de enero de 2020 (2020-01-027544), reiterada mediante los autos proferidos en audiencia del 30 de abril de 2021 y audiencia del 5 de mayo de 2021, de manera respetuosa acudo a este Despacho con el fin de interponer acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades y de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, en los siguientes términos: I. PARTES Son partes de esta actuación: ACCIONANTE: JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.266.

ACCIONADOS: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, entidad descentralizada por servicios del orden nacional, domiciliada en Bogotá D.C. y representada por el Superintendente de Sociedades Andrés Barreto, o quien haga sus veces.

DELEGATURA DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL.

II. PRETENSIONES PRIMERA. - AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, el cual fue vulnerado por las actuaciones de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - Dirección de Intervención Judicial de la Superintendencia de a Sociedades dentro del trámite de Liquidación Judicial como medida de intervención.

SEGUNDA. – AMPARAR el derecho al trato igualitario ante los jueces de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, el cual fue vulnerado por las actuaciones de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - Dirección de Intervención Judicial de la Superintendencia de a Sociedades dentro del trámite de Liquidación Judicial como medida de intervención.

TERCERA. - AMPARAR el derecho fundamental a la IGUALDAD de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, el cual fue vulnerado por las actuaciones de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - Dirección de Intervención Judicial de la Superintendencia de a Sociedades dentro del trámite de Liquidación Judicial como medida de intervención.

CUARTA. - AMPARAR el derecho fundamental a la SEGURIDAD JURÍDICA de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, en razón a la inexistencia en el caso concreto, de seguridad jurídica respecto de las normas que regulan la situación del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PEREZ, en el entendido que se edifican por parte de la señora juez, presunciones inexistentes en el ordenamiento jurídico.

QUINTA. - AMPARAR cualquier otro derecho vulnerado en cabeza del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ del que se advierta su vulneración.

SEXTA. - Como consecuencia del amparo concedido, dejar sin efecto todo el trámite de Liquidación Judicial como medida de intervención, y en especial las siguientes providencias: (I) Auto No. 460-000-621 del 28 de enero de 2020 (2020-01-027544) mediante el cual se decretó la vinculación al proceso de intervención de ÉLITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. (II) Auto proferido en audiencia del 30 de abril de 2021, en la que se decidió sobre la solicitud de exclusión de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ del proceso de intervención.

(III) Auto proferido en audiencia del 5 de mayo de 2021, en el cual se desestimó el recurso de reposición presentado por el apoderado frente a la negativa de la solicitud de exclusión.

SÉPTIMA. - ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y a la DELEGATURA DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL, adoptar las medidas que sean necesarias para impedir que continúe la violación de los derechos fundamentales y para garantizar la seguridad jurídica de la accionante, entre ellas: (i) Dejar sin efecto las providencias mencionadas, (ii) Desvincular a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ del trámite de intervención bajo la medida de liquidación judicial del proceso de ELITE INTERNACIONAL AMÉRICAS S.A.S EN LIQUIDACIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN. OCTAVA. - ADOPTAR cualquier decisión necesaria para proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad jurídica del accionante, los cuales fueron vulnerados por las actuaciones de la Delegatura para Procedimientos para la Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades.

III. HECHOS Se encuentra probado dentro del trámite, según reposa en el expediente, que: 1. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ es ingeniero civil con experiencia de más de 25 años en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

2. Dada la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ siempre tuvo el propósito de crear una compañía que se dedicara a la construcción y venta de proyectos inmobiliarios.

3. Dado lo anterior, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ buscó oportunidades y se reunió con directivos de varias empresas para lograr su objetivo.

3.1. Dentro de las empresas con las que se reunió estuvo ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. (de la cual su primo JOSE ALEJANDRO NAVAS VENGOECHEA ostentaba la presidencia de la compañía), con la que finalmente lograría el propósito de poder ejercer su actividad en un proyecto propio.

4. El proyecto de empresa fue presentado a la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. En primera medida, se presentó ante el Presidente, luego de lo cual, fue presentado ante la Junta Directiva.

5. El órgano de administración de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. impartió su aprobación al proyecto de empresa presentado por el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 6. Como resultado, se creó la sociedad Construcciones y Desarrollo Elite S.A.S CONELITE S.A.S., la cual, fue constituida en el año 2014 por el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ con una participación del 25%, y la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. con una participación del 75%.

7. La sociedad CONELITE S.A.S. se constituyó bajo el objeto social de construcción y venta de proyectos inmobiliarios.

8. Como se mencionó, la compañía se constituyó por iniciativa del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, debido a que éste siempre tuvo el deseo de crear una compañía que se dedicara a las actividades objeto de su experticia.

9. Como se explicó, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, es ingeniero de profesión, con más de 25 años de experiencia en proyectos inmobiliarios. Dado lo anterior, fue designado como representante legal de la sociedad CONELITE S.A.S. 10. Dentro de las condiciones que se establecieron para la constitución y desarrollo de la sociedad CONELITE S.A.S., estuvo que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ aportaba su trabajo mientras la compañía conseguía un proyecto.

Hechos relativos al contrato de mutuo suscrito por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. y CONELITE S.A.S. 11. No obstante, el acuerdo también comprendía que, cuando se consiguiera un proyecto, mientras este empezaba a producir utilidades la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. financiaría los gastos fijos de CONELITE S.A.S. 12. En efecto, fue necesario suscribir un contrato de mutuo una vez se tuvo participación en el que se denominaría proyecto Martinique.

13. El mencionado contrato de mutuo fue celebrado en enero de 2015. Es decir, durante el año 2014, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ aportó su trabajo mientras la compañía conseguía un proyecto.

13.1. El contrato de mutuo tenía la finalidad de contribuir a solventar los gastos fijos de la compañía CONELITE S.A.S. mientras se iniciaba a percibir utilidades para CONELITE S.A.S. y así poder cubrir dichos gastos.

13.2. Por concepto del contrato de mutuo, se desembolsó una suma aproximada de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000), cantidad menor a la inicialmente pactada.

13.3. De acuerdo a los parámetros establecidos, el mutuo no se realizaría mediante un desembolso único. Los desembolsos serían periódicos previa solicitud de CONELITE S.A.S. y se debía desagregar el monto solicitado.

13.4. Cabe anotar que, el monto máximo de desembolso se aprobó por una suma determinada, sin embargo, como quedó probado en el proceso, este monto no se desembolsó en su totalidad.

13.5. La razón de lo anterior, es que, como se explicó en hechos que anteceden, el contrato de mutuo tenía el propósito de solventar los gastos fijos de la compañía hasta tanto no se participara en proyectos que proporcionasen recursos a CONÉLITE S.A.S. para sufragar sus gastos fijos.

14. Siendo la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. la accionista mayoritaria de la sociedad CONELITE S.A.S., como supuesto lógico, el crédito adquirido con la accionista se otorgaría con mejores condiciones a las que se podrían otorgar con una entidad financiera.

15. Para precisar las implicaciones de este contrato, se aclara que, para el momento de la celebración del mencionado contrato de mutuo, no se habían decretado las medidas de intervención mencionadas contra la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 16. Adicionalmente, se aclara que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no tenía posibilidad de conocer las operaciones ilegales en las que iba a incurrir la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. y a causa de las cuales la sociedad sería intervenida.

La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

17. En efecto, no aparece probado a lo largo del proceso la forma en que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ pudo al menos suponer la comisión de operaciones ilegales por parte de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 18. En este sentido, las providencias proferidas por parte de la señora juez se basan en el indicio consistente en que los integrantes de la junta directiva de CONELITE S.A.S. también hacían parte de la junta directiva de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 19. El anterior hecho, no constituye prueba de la configuración de una conducta ilegal por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ y tampoco prueba que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se haya beneficiado de conductas ilegales.

Mucho menos, puede constituir prueba alguna del conocimiento del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ sobre las conductas ilegales en que la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. incurriría y por las cuales sería intervenida.

Hechos sobre el Proyecto Martinique en la ciudad de Cartagena

20. Durante el 2014 el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se dedicó a la búsqueda de alianzas estratégicas con la finalidad de obtener participación en proyectos inmobiliarios, en desarrollo del objeto social de la compañía que representaba.

21. En diciembre de 2014 el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, ejerciendo sus funciones de representante legal de la sociedad CONELITE S.A.S., realizó el contacto con otras tres compañías para dar origen al proyecto inmobiliario Martinique.

22. El denominado proyecto Martinique estaba ubicado en el sector Cielo Mar del Barrio Crespo de la ciudad de Cartagena.

23. Dicho proyecto se desarrollaría en alianza con las sociedades MAS INGENIERIA SC S.A.S., CLV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. y DM DISEÑO CONSTRUCCION S.A.S. 24. Dicha alianza trajo como resultado la celebración del contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Bogotá S.A., y en virtud del cual se constituyó el Fideicomiso Martinique.

25. De la estructuración del proyecto se obtuvo que el requerimiento de aporte inicial necesario para costear la adquisición de predios, estudios técnicos y gastos de promoción, correspondía a la suma de $4.800.000.000.00.

26. De esta forma, la tarea en este punto se centró en la consecución de inversionistas a los cuales se les ofrecería que a cambio del dinero aportado recibirían a título de Beneficiarios de Área, inmuebles con un descuento del 20% sobre la primera lista de precios.

27. Esta opción de negocio fue presentada por parte a los posibles inversionistas, explicando el modelo y ventajas del negocio. De esta forma se consiguieron los recursos por parte de las siguientes empresas: MAS INGENIIERIA SC S.A.S $1.050.000.000 DM DISEÑO CONSTRUCCION S.A.S $1.050.000.000 ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. $2.700.000.000 (A la izquierda está el nombre de la compañía que invirtió y a la derecha la suma que decidió invertir, para quedar como beneficiario de área y accediendo al descuento).

28. Es importante resaltar que, hasta este punto, la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. No había sido objeto de la medida de intervención de la que pasaremos a hacer referencia.

29. Mediante auto del 9 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S y otros.

30. La medida de intervención sobre la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S, se dio en virtud de la comisión de operaciones de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.

31. Cabe resaltar que, en lo que respecta al proyecto Martinique, tal y como ha quedado probado en el proceso, la sociedad CONELITE S.A.S. y tampoco el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ recibieron recursos de parte de los inversionistas. Los recursos fueron entregados directamente a los dueños de los predios localizados en el proyecto Martinique.

32. La remuneración de CONELITE S.A.S. provendría de su actividad como constructora y como aliada del proyecto, cuya condición después perdería por la transferencia de los derechos en dicho proyecto.

33. Dado lo anterior y así se ha probado dentro del proceso, ni la sociedad CONELITE S.A.S. ni su representante legal, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, recibieron dineros para la construcción de este proyecto. Los dineros fueron entregados directamente a los dueños de los terrenos.

34. Los únicos dineros recibidos por parte de la sociedad CONELITE S.A.S. de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. se recibieron por parte de la primera por concepto del mutuo válidamente celebrado con la finalidad de solventar los gastos fijos de la sociedad CONELITE S.A.S. De hecho, a esto se le otorgó una importancia determinante al momento de evaluar negativamente la exclusión del proceso de intervención del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 35. Como se explicó, quien fungió en calidad de sociedad mutuante fue la compañía ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. y la sociedad CONELITE S.A.S. fungió en calidad de mutuaria.

Con el ánimo de brindar mayor precisión sobre las calidades en que actuaban las sociedades intervinientes en el contrato, se recuerda que ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. era accionista mayoritaria de la sociedad CONELITE S.A.S., por lo cual, resultaba beneficioso realizar un contrato de mutuo válidamente celebrado con su mayor accionista.

36. Para precisar las implicaciones de este contrato, se aclara que, para el momento de la celebración del mencionado contrato de mutuo, no se habían decretado las medidas de intervención mencionadas contra la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 37. Valga precisar que, tampoco era posible para el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conocer de las actividades ilegales que la sociedad ELITE

INTERNATIONAL AMÉRICASS.A.S. estaba desarrollando al interior de su compañía. Es decir, no había posibilidad de que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, en calidad de representante legal de la sociedad CONELITE S.A.S conociera de operaciones ilegales que se estuviesen fraguando al interior de una compañía ajena a su participación.

La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

38. En este sentido, se debe aclarar que, El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca fue accionista de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 39. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca fue miembro de la junta directiva ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 40. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no conoció de las actividades ilegales de captación que adelantó la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

41. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no tenía manera de conocer de las actividades ilegales de captación que adelantó la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 42. Como a quedado demostrado en el proceso, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no participó en hechos de captación, pirámides, ni operaciones con libranzas.

43. El hecho determinante por el cual se concluye por parte de la señora juez la participación del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ en la captación llevada a cabo por la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S, es el contrato de mutuo realizado en enero de 2015. Periodo en que la sociedad no se encontraba intervenida y tampoco era posible determinar su participación en operaciones ilegales, máxime si se tiene en cuenta que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ era un tercero, que se dedicaba a sus labores como representante legal de CONELITE

SAS y nunca participó ni como empleado, ni como accionista de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 44. El razonamiento de la señora juez frente a este punto, se ve reforzado por el hecho consistente en que no reposa en el expediente prueba alguna de que el dinero entregado a CONELITE S.A.S. por parte de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S se haya devuelto.

45. Al respecto se expresó por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que, al momento en el que inició el problema de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S con las medidas de intervención, también iniciaron los problemas para el proyecto Martinique.

46. Se debe tener en cuenta que la sociedad CONELITE S.A.S. era una compañía emergente, que se creó alrededor de la ilusión de encontrar proyectos en los cuales trabajar, adquirir experiencia y posteriormente poder realizar contratos de construcción con entidades del Estado. Dado lo anterior, en el contexto descrito la sociedad CONELITE S.A.S. tuvo problemas para pagar su crédito, los cuales, se describirán en hechos posteriores.

47. Ahora bien, retomando el proyecto Martinique, según comunicación con el Banco Colpatria, la entidad no veía con buenos ojos la participación de la sociedad dentro del proyecto. Por lo tanto, se debían tomar medidas en pro de mantener el proyecto Martinique.

48. Dado lo anterior, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tuvo que negociar con los otros accionistas de CONELITE S.A.S. para lograr mantener el proyecto, en el sentido de efectivamente lograr el desembolso del crédito constructor que no se había desembolsado por parte del Banco Colpatria.

Así, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ celebró contrato de compraventa de acciones con sus socios, quedando como único accionista en la sociedad CONELITE S.A.S. 48.1. Para precisar lo anterior, se hace claridad en que para el momento no se contaba con el crédito constructor. Lo que se tenía con el Banco Colpatria era una pre-aprobación para ese momento.

48.2. En ese sentido, para poder lograr el desembolso, luego de que el mismo banco tuviese un acercamiento con los partícipes del proyecto para expresarles su inconformidad con la participación de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. en el proyecto, se tomaron las medidas mencionadas, con miras a lograr el desembolso.

49. Dado lo anterior, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ quedó como accionista único de CONELITE S.A.S. y, además, ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. ya no participaría del proyecto Martinique.

50. De hecho, el mismo banco planteó lo acontecido como una solución inicial, es decir, que ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. saliera del proyecto.

51. La compraventa de acciones se realizó por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). Los soportes de lo pagado por este concepto reposan en el expediente.

52. Posteriormente, directamente del banco le expresó a Jorge Andrés Navas Pérez que, veían con preocupación que el negocio de compraventa de acciones celebrado con ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. sobre las acciones de CONELITE S.A.S. entraba en un periodo de sospecha. Explicando que se podría retrotraer el negocio, con lo cual, ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. podría volver a ser accionista de CONELITE S.A.S. 53. Acontecido esto, los otros socios del proyecto Martinique le expresaron al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que le compraban su participación en el proyecto.

Esto, debido a que no querían ser afectados por la participación de CONELITE S.A.S. en el proyecto Martinique.

54. Lo anterior, quedó consignado en un acuerdo en donde se dispuso como se iba a evaluar el valor de la participación de CONELITE S.A.S. Este documento fue elevado a escritura pública.

55. Finalmente la participación de CONELITE S.A.S. en el proyecto fue mal valorada. En efecto, los peritos determinaron que la valoración de la participación de la sociedad CONELITE S.A.S. en el proyecto equivalía aproximadamente a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000).

55.1. De los quinientos millones de pesos, la sociedad CONELITE S.A.S. ya había realizado avances por concepto de honorarios, por lo cual, el valor neto a pagar a CONELITE S.A.S., realizando las deducciones fue de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000). Estas deducciones constan en el acta de conciliación extrajudicial elevada a escritura pública el día primero (1) de noviembre de 2016 en la notaría 26 del círculo de Bogotá D.C., la cual consta en el expediente.

55.2. En efecto, según lo establecido en el Acta de Conciliación Extrajudicial elevada a escritura pública el día primero (1) de noviembre de 2016 en la notaría 26 del círculo de Bogotá D.C., en su página 7, este dinero fue depositado en un fideicomiso del Banco de Bogotá, el cual, incluye instrucciones precisas para su desembolso a CONELITE dependiendo de lo sucedido con el proceso de intervención de Elite. Tanto el Contrato del Fideicomiso como el Acta de Conciliación contienen las instrucciones claras sobre como se debe proceder con lo depositado.

Lo depositado no ha sido utilizado por parte de Jorge Andrés Navas Pérez ni fue utilizado por CONELITE.

Lo anterior, denota la buena voluntad de Jorge Andrés Navas Pérez al acordar crear el fideicomiso y que los dineros quedaran a disposición, según las resultas del proceso de ELITE. 56. Dado lo anterior, para la sociedad CONELITE S.A.S. se hizo imposible el pago de las obligaciones derivadas del contrato de mutuo celebrado con la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. Sin embargo, el dinero de la valoración de la participación de CONELITE en el proyecto Martinique, únicos recursos con los que podía contar la sociedad CONELITE, quedaron a disposición del fideicomiso en los términos anteriormente mencionados. En consecuencia, Jorge Andrés Navas Pérez tampoco se benefició de estos dineros.

57. No obstante, el reproche hecho por la señora juez, se dirige a endilgarle responsabilidad a causa de no desvirtuar la presunción, que según la señora juez recae sobre el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ por ser beneficiario de los dineros procedentes de la captación.

58. En este sentido, la señora Juez establece que, a causa del contrato de mutuo válidamente celebrado entre ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. y CONELITE S.A.S., la sociedad mutuaria se benefició de los recursos procedentes de las actividades ilegales de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S., con lo cual, JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ también resultó beneficiado. En consecuencia, según el razonamiento de la señora juez, JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tiene una participación indirecta y determinante en las operaciones de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.

58.1. Esto, se presenta en contravención al trato igualitario ante las autoridades judiciales. En efecto, representa un contrasentido según las razones que dan origen a la desintervencion de CÉSAR AUGUSTO CHAVARRO MEDINA, decisión de desintervención que se tomó en la audiencia del 30 de abril de 2021, sobre la cual se ampliará en la parte V, literal B, numeral 1 de este documento. Fundamentos de exclusión del proceso de intervensión que se expresan en el siguiente sentido: “el intervenido fue revisor fiscal de sociedades que aunque se beneficiaron de la captación, no realizaron la captación en sí misma. De igual forma, no existe evidencia del expediente que permita soportar que efectivamente, tenía forma de determinar que la recepción de beneficios, que además tenían apariencia de legalidad, se trataba de dineros relacionados con la actividad de captación”.

Y agrega, “Así, al estar probado que la conducta desplegada por Cesar Chavarro haya producido daños en materia activa u omisiva, se accederá a su solicitud de desintervención y, en consecuencia, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes que conforman su patrimonio”.

De la lectura de lo expuesto, se desprende como conclusión lógica que la decisión de la señora Juez no esta siendo equitativa ni igualitaria frente a individuos que

deberían tratarse en plano de igualdad, por encontrarse en situaciones en las que aplica para ellos el mismo fundamento para desintervenir.

59. Se debe enfatizar en que no existe en el expediente ningún soporte, prueba, documento, ni otro medio de prueba que indique que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conoció, o tenía como conocer de las actividades ilegales de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S., precisamente porque no existía forma de que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conociera las conductas que se iban a desarrollar por parte de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 60. El auto mediante el cual se decreta la intervención solo hace referencia a contratos válidos que se celebraron entre compañías, sin que en dicha providencia exista siquiera reparo sobre dichos contratos.

61. De hecho, las negociaciones constan en actas de asamblea general, que el mismo Despacho cita en la providencia. Si hubieren querido ocultarse operaciones, no se hacen constar en actas, que, por demás, le faltó decir al Despacho, omitiendo de manera grave, que fue el mismo señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ quien las suministró a la señora liquidadora.

Hechos sobre los cuales no hace mención el Despacho – actitud procesal de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ 62. La providencia omite decir que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se reunió en reiteradas ocasiones con la señora María Mercedes Perry Ferreira, en su calidad de liquidadora de Elite. Adicionalmente sostuvo reuniones con los funcionarios que se encontraban a órdenes de la señora liquidadora.

63. El motivo de dichas reuniones era suministrar la información que la señora liquidadora requiriera sobre el proyecto Martinique y de la venta que hiciere a los socios del proyecto, de la participación que CONELITE tenía en el mismo.

64. Se le puso de presente a la señora Perry que se buscaban mecanismos idóneos legales que llevaran a determinar que los socios compradores del proyecto actuaron de mala fe y que el valor pagado a CONELITE derivado de la valoración del proyecto era mucho menor al valor real, y que, por tanto, no sería posible pagar la obligación derivada del contrato de mutuo celebrado con ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS. 64.1. De igual forma, se puso de presente que en el acta de conciliación extrajudicial No. 00179 elevada a escritura pública el día primero (1) de noviembre de 2016, se establece, entre otros, que el dinero resultante de la valoración de la participación de CONELITE en el proyecto Martinique quedaría depositado en un fideicomiso con instrucciones precisas para su pago, según las resultas del proceso de ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S.

65. Adicionalmente, se le manifestó que, si a bien lo tenía, iniciara cualquier tipo de acción en contra de los compradores para que se pagara el precio real, y con cuyo recaudo pudiera pagarse la totalidad de la obligación a favor de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS. 66. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca se negó a suministrar información, de manera verbal y documentaria a la señora liquidadora sobre lo mencionado.

67. El 3 de octubre de 2017, por iniciativa de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se llevó a cabo reunión con la señora liquidadora, de la cual ella solicitó que se le entregara una información, la cual le fue suministrada mediante radicado del 11 de octubre de 2017.

68. Como si fuera poco, la misma Superintendencia de Sociedades citó al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, mediante oficio No. 300-062700 del 4 de mayo de 2018 (2018-01-226187), con el fin de practicarle un interrogatorio sobre los hechos y documentos relacionados con CONELITE S.A.S. Lo expuesto en este interrogatorio se encuentra dentro de las pruebas documentales que obran en el expediente en contra del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 69. De igual forma, le solicitó asistiera con toda la documentación de la misma sociedad que tuviera en su poder, especialmente la relacionada con la cesión de acciones realizada por Elite International Américas S.A.S. y el Proyecto Inmobiliario Martinique en Cartagena.

70. Como consecuencia de lo anterior, el 16 de mayo de 2018, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS asistió al interrogatorio, del cual se levantó acta.

71. Dicha diligencia fue adelantada por Ingrid Zapata Ariza y María Margarita Martínez Cabrera, funcionarias de la Superintendencia de Sociedades.

72. Mediante memorial (con 231 folios) del 24 de mayo de 2018 y radicado número 2018-01-265549, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ allegó toda la información relacionada con el interrogatorio. Sin que posteriormente se le conminara a remitir información adicional.

73. Lo anterior, dos años antes de que se profiriera el auto de intervención al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 74. Las condiciones de aportes y/o inversiones que realizarían los inversionistas consta en el acuerdo suscrito por ellos, el cual se adjunta como prueba.

Hechos que no han sido probados por el Despacho y que llevan inexorablemente a que se excluya de la intervención a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ.

75. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conocía de las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

76. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ participó directa o indirectamente en las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 77. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se benefició de las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 78. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ colaboró en las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 79. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ actuó de mala fe en su obrar, como ingeniero civil, como contratista, como accionista de la sociedad CONELITE. 80. No existe una sola prueba en el Despacho y/o en el expediente, de la cual se pueda concluir o desvirtuar las afirmaciones anteriores.

81. La providencia de intervención es carente de soporte probatorio para una medida tan drástica como la de intervenir a una persona natural.

IV. RESUMEN DE LAS PROVIDENCIAS IMPUGNADAS 1. Auto No. 460-000-621 del 28 de enero de 2020 (2020-01-027544) Mediante auto No. 460-000-621 del 28 de enero de 2020 (2020-01-027544) la Superintendencia de Sociedades, entre otras, resolvió: “Primero. Ordenar la intervención bajo la medida de liquidación judicial y decretar la vinculación al proceso en curso de liquidación judicial como medida de intervención de Élite International Américas S.A.S y otros, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, de Construcciones y Desarrollos Élite S.A.S - CONELITE S.A.S. identificada con Nit. 900.735.811-6, y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, con C.C.

No. 80.417.266, en calidad de representante legal y accionista de Conélite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

La motivación que utilizó la providencia para decretar la intervención fue la siguiente: 1. Que “mediante memorando No. 300-008009 del 23 de agosto de 2018, al que se dio alcance con Memorando 300-000077 de 01 de noviembre de 2019, la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de esta Entidad, solicitó la adopción de las medidas de intervención previstas en el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008 respecto de las actividades, operaciones y negocios de la sociedad Conélite S.A.S y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, identificado con C.C Nº 80.417.266, en su calidad de representante legal principal y accionista de la sociedad referida, por cuanto pudo evidenciarse que fue beneficiaria de la captación ilegal desarrollada por Élite.” (Subrayas fuera del texto original).

2. Que según la Corte Constitucional la medida de intervención tiene dos objetivos fundamentales que son el de suspender las operaciones o negocios que generan la medida y disponer el procedimiento para la pronta devolución de recursos.

3. Que el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008 dispone que son sujetos de las medidas de intervención “las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tiene exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos”.

4. Que deben existir hechos objetivos o notorios que den cuenta de la realización o intermediación en las operaciones prohibidas.

5. Que la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo al artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, debe verificar la existencia del ejercicio de la actividad de captación.

6. Que la sociedad Conelite fue constituida por el señor Jorge Andrés Navas Pérez con una participación del 25%, y la sociedad Elite International Américas S.A.S. con una participación del 75%.

7. Que entre Elite y Conelite se celebró el contrato del 1 de octubre de 2014 cuyo objeto era la ejecución de todas las obras civiles para la adecuación de las nuevas oficinas de Elite International Américas S.A.S., incluido el diseño arquitectónico.

8. Que dicho contrato constituía el único ingreso que percibió Conelite en el periodo 2014.

9. Que la obra fue desarrollada entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.

10. Que el valor del contrato se fijó en la suma de $2.045.434.220.oo.

11. Que si bien los ingresos operacionales de Conelite fueron de $2.020.451.077, estos se redujeron en $808.538.148 por cuanto en la contabilidad fue reconocida esta suma como un ingreso recibido por anticipado y posteriormente reclasificada como provisión para costos y gastos.

12. Que lo anterior permite inferir que los ingresos obtenidos realmente fueron de $1.211.912.929, el cual, dice la providencia, era el valor aproximado al de la ejecución de la obra derivada del contrato suscrito con Elite por valor de $1.215.359.555.95.

13. Que la ejecución del contrato le generó a Conelite una utilidad de $706.538.322, quedando un valor a distribuir de $689.516.852.

14. Que sobre las utilidades del señor Jorge Andrés Navas Pérez se observó que en acta No. 7 del 15 de junio de 2015, se autorizó el giro de las mismas a favor de los señores Francisco Odriozola, Marino Salgado, Alejandro Navas, Claudia Rojas, Luis Guillermo Rodríguez y Jorge Enrique Navas.

15. Hasta este punto, la providencia no presenta ninguna actividad ilícita, ilegal o irregular en la que haya participado el señor Jorge Andrés Navas. Ni siquiera la sugiere, precisamente porque no existe.

16. Que el señor Jorge Andrés Navas Pérez sugirió participar en un proyecto inmobiliario que se realizaría en la ciudad de Cartagena. Esto consta en el numeral 4 del acta No. 23 del 21 de enero de 2015.

17. Que revisadas las cifras, de manera unánime, se autorizó la participación en el proyecto.

18. Que en nombre de Elite se entregaron las siguientes sumas de dinero: $2.700.000.00, destinados para gastos pre operativos y adquisición de tres inmuebles y $573.500.000 para atender los gastos de la oficina Conélite S.A.S., durante la ejecución del proyecto.

19. Debe precisarse que la sociedad Elite, dicha entrega de recursos (Los $2.700.000.000.oo) NO la hizo en su calidad de accionista de la compañía, sino en condición de inversionista del proyecto Martinique, es decir, pretendía comprar inmuebles en dicho proyecto. Además, dicha suma de dinero jamás fue entregadas a Conelite, ni mucho menos al señor Jorge Andrés Navas Pérez.

20. Que supuestamente el señor Jorge Andrés Navas manifestó que Conelite no devolvió a Elite los dineros recibidos. Según concluye ese Despacho, que el señor

aceptó que Conelite no cumplió con la única obligación emanada del contrato de mutuo, que es la devolución de los recursos entregados.

21. Que la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control agregó que: “otro indicio que permite concluir que Conélite recibió dineros de Élite con conocimiento de la ilegalidad de la operación a través de la cual éstos fueron conseguidos, es la configuración de su Junta Directiva por accionistas y administradores de Élite quienes claramente conocían el origen de los dineros de Élite y la ilegalidad de su operación y que, actualmente, están vinculados al proceso de intervención”. (subrayas y negrillas fuera del texto original).

La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

22. Que los miembros de junta directiva de Conelite, desde el 2 de junio de 2015 hasta el 22 de agosto de 2016, se trata de sujetos que fueron intervenidos por captación no autorizada de dineros del público.

23. Que “se pudo concluir” que la actuación del señor Jorge Andrés Navas Pérez en calidad de representante legal de Conelite estuvo viciada de mala fe toda vez que conocía el origen ilegal de los recursos obtenidos de Elite, y por tanto debe ser sujeto de intervención.

Debe tenerse en cuenta la contradicción de la Superintendencia de Sociedades en cuanto a que: La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

24. No obstante lo anterior, en la providencia de manera escueta dicen que se pudo concluir, pero no se expone de dónde se deriva la conclusión. Lo más grave es que mencionan que se actuó de mala fe, cuando la buena fe se presume, y para concluir lo contrario, debe desvirtuarse dicha presunción con medios probatorios.

No se puede endilgar mala fe, cuando: La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS

S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

25. Que Conelite fue beneficiaria de recursos de Elite. Pero en ningún momento, menciona la providencia que lo haya sido el señor Jorge Navas Pérez, o por lo menos no lo prueba, lo cual es necesario para imponer la medida de intervención.

26. Que los sujetos intervenidos son todas aquellas personas que directa o indirectamente han tenido relación con la operación prohibida.

27. Que el decreto 4334 de 2008 previó la intervención de personas distintas al empresario, como son los administradores, socios, contadores, revisores fiscales y beneficiarios de las operaciones de captación de recursos.

28. Que la norma considera tan responsable al que capta como al que tiene con él una participación indirecta en la actividad de captación, “cuando se trata de una colaboración determinante, y las labores de uno y otro están vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico”.

En todo caso, la providencia no señala, cuál fue la colaboración determinante de Jorge Andrés Pérez Navas, ni las supuestas labores que estuvieran vinculadas entre este y Elite International Américas S.A.S. 29. Que el decreto 4334 de 2008 “prevé unos supuestos objetivos de intervención, en la medida en que dependen de la verificación material de la condición del sujeto o la actividad”.

2. AUTO PROFERIDO EN AUDIENCIA DEL 30 DE ABRIL DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA LA SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 1. En su providencia, la señora juez expresa que el tipo de responsabilidad analizada es la subjetiva. Por lo tanto, se realiza un análisis individual en cada intervenido sobre este tipo de responsabilidad.

2. La señora juez expresa que, a causa de encontrarse responsables de operaciones ilegales como la captación masiva y habitual de recursos del público, se genera por ello una responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.

3. La señora juez aduce que lo establecido por el artículo 5 del decreto 4338 de 2008 aunque no es un régimen de responsabilidad objetiva, sí genera una presunción en contra de los sujetos allí enunciados. Se entiende que el hecho de haberse determinado en la investigación la participación en los hechos objetivos y notorios de captación genera una presunción de responsabilidad.

Y agrega, tal disposición presume que las personas respecto de las que se haga una vinculación a los hechos de captación, participaron por dolo o culpa en el ejercicio de las actividades ilegales, por lo tanto, son responsables solidarios por los daños y perjuicios ocasionados a los afectados.

4. En este sentido, la juez concluye que dada la presunción que se establece para los sujetos mencionados en el artículo 5 del decreto 4338 de 2008, se debe permitir desvirtuar la mencionada presunción, so pena de generar una vulneración al debido proceso.

5. En el caso concreto, la juez concluye que las obligaciones derivadas del contrato de mutuo suscrito por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S y CONELITE S.A.S. no fueron cumplidas por parte de CONELITE S.A.S. 6. La señora juez expresa que, el hecho de que parte de la junta directiva de CONELITE S.A.S fuese integrada por miembros de la junta directiva de ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S constituye un indicio del conocimiento de la ilegalidad de las acciones desarrolladas por ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. 7. Análisis de la responsabilidad de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ: 7.1 Existió daño y este hecho consta en el expediente, resultando afectadas 4.907 personas por un valor de ($587.804.373.691).

7.2. Conducta que causa el daño: obrar negligente del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ omitiendo sus deberes como administrador. Se encuentra probado que la sociedad fue beneficiaria de los recursos derivados de la captación masiva y habitual de recursos del público. Con esto, se demuestra de forma clara la omisión del deber de diligencia que como representante legal de la compañía CONELITE S.A.S le asiste al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. De hecho, esto representa un contrasentido en el entendido que, la misma funcionaria judicial en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente.

7.3. Nexo causal entre el daño y la conducta. Se resalta que la sociedad CONELITE S.A.S. recibió dineros de los que se benefició CONELITE S.A.S. y JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 7.4. Culpa. En este caso la culpa se presume. En este punto, la ausencia de diligencia es la que genera la responsabilidad.

3. AUTO PROFERIDO EN AUDIENCIA DEL 5 DE MAYO DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN. 1. La señora juez expone que está suficientemente probado en el proceso que la sociedad CONELITE S.A.S. fue beneficiaria de los recursos de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. provenientes de la captación masiva y habitual de los recursos del público no autorizada.

2. El intervenido también fue beneficiario porque la sociedad que él representaba y de la que era accionista, recibió recursos derivados de la captación ilegal, lo cual, está suficientemente probado dentro del proceso.

3. La juez insiste que el artículo 5 del decreto contempla la intervención de personas beneficiarias de la captación, siendo este el escenario del intervenido. Por lo tanto, expresa la juez, que la medida en el caso del señor JORGE ANDRÉS NAVAS Pérez no se sustenta en que haya llevado a cabo operaciones de captación ilegal, la medida en su caso se sustenta en el hecho de haber sido beneficiario de dineros provenientes de la captación masiva y habitual de los recursos del público no autorizadas llevadas a cabo por ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. 4. Así, según la juez, el artículo quinto del decreto considera tan responsable al que capta como al que tiene con él una participación indirecta en la actividad de captación cuando se trata de una colaboración determinante y las labores de uno y otro están vinculadas en relación al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico.

5. La señora juez expresa que, como bien lo dijo el recurrente, en la sentencia C145 de 2009 se dispone que estas medidas no pueden alcanzar a terceros de buena fe. Sin embargo, la jueza expresa que su despacho lo ha dicho en varias ocasiones, y es que la buena fe no simplemente se debe alegar sino que se debe probar.

Además, es al intervenido a quién le corresponde desvirtuar la presunción establecida en el art 5 y 6 del decreto 4338 de 2008.

6. Dado lo anterior, la señora juez expresa que al despacho únicamente le corresponde analizar las pruebas sobrantes en el expediente y con base en ellas, vislumbrar si la presunción en cabeza del intervenido ha sido desvirtuada y vislumbrar si se logra probar la buena fe del intervenido. Esto, para que sean entendidos como esos terceros de buena fe a los que se refiere la corte constitucional en la sentencia C -145 de 2009.

7. En este caso, hay prueba de control de ÉLITE hacia CONELITE y sobre su participación accionaria.

8. También se encuentra probado la celebración de contratos como el de mutuo, sobre el cual el despacho no tiene que analizar su validez. Lo que cuestiona el despacho, y según la juez, así se encuentra aprobado, es que el contrato de mutuo

fue un instrumento para que ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. entregara recursos a CONELITE S.A.S. producto de la captación.

9. Esto se traduce, como lo arroja la investigación, en que la sociedad CONELITE S.A.S. se benefició de los recursos de la captación. La prueba de qué este beneficio existió es que no obra registro de que CONELITE S.A.S. haya devuelto los recursos a ÉLITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. 10. El intervenido en su rol de representante legal y accionista estaba sometido a unos deberes de diligencia. Para este despacho no se considero diligente que bajo su administración la sociedad que él administraba haya recibido recursos de la captación, máxime que cuando esta sociedad recibió los recursos era controlada por la sociedad captadora y los miembros de la junta directiva de la sociedad CONELITE S.A.S. también eran miembros de la junta directiva de la sociedad ÉLITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. (sociedad captadora).

11. Lo que a juicio de la señora juez es determinante en el caso, es el rol del representante legal de la sociedad el cual, tenía unos deberes de diligencia asignados por la ley.

12. La negligencia del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ está dada porque en el periodo de la captación recibió dineros derivados de dicha captación por parte de la sociedad ELITE de los cuales se benefició la sociedad CONELITE y él mismo.

13. En efecto, como argumentos contundentes para la intervención, precisamente se expresa por parte del Despacho en el minuto 36:00 de esta audiencia que, no se le está exigiendo al señor Jorge Andrés Navas Pérez que conociera de las actividades de captación de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. “porque es cierto, el intervenido no era accionista de ELITE, el intervenido no era representante de ELITE, este no es el estándar bajo el cual se está midiendo la responsabilidad” “lo que se está diciendo, es que la sociedad CONELITE fue beneficiaria de la captación, eso está probado, ¿Cómo fue beneficiaria? Porque recibió recursos de ELITE, también está probado que esos recursos provenían de la captación ilegal del público. Por lo tanto, en su rol de representante legal de CONELITE tenía unos deberes fiduciarios que no se acredita que se hayan cumplido puesto que no existe prueba de que haya cumplido su deber de diligencia”.

En los anteriores términos, el despacho analizó las pruebas obrantes en el proceso.

14. En resumen, se insiste que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no probó su diligencia, no desvirtuó la presunción. Tampoco hay documentos que prueben la diligencia llevada a cabo por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ y no probó su buena fe. Énfasis en un hecho: Solicito al Juez de Tutela de manera muy respetuosa que tenga en cuenta que el motivo por el cual la Superintendencia de Sociedades decidió intervenir al suscrito fue por tener conocimiento sobre las actividades

irregulares de Elite International. Pero como esto no lo pudo probar y fue refutado y desvirtuado en el proceso, al momento de decidir sobre la desintervención manifestó que si bien el suscrito no conocía de las actividades irregulares, no actuó con diligencia, como si actuar sin diligencia fuera una causal para intervenir. Además dijo que no se desvirtuó la presunción para que procediera la desintervención, cuando la misma Superintendencia de Sociedades estaba diciendo que no conocía de las actividades irregulares, razón por la cual no es posible predicar dicha presunción respecto de mí. Es decir, la Superintendencia de Sociedades acomodó cualquier versión para efectos de no modificar su decisión tal y como podrá advertir este Despacho. La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

V. CONSIDERACIONES DE ORDEN JURÍDICO EN TORNO A LA ACCIÓN DE TUTELA – DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS POR LAS PROVIDENCIAS ATACADAS A. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. Frente a la teoría de la denominada vía de hecho, la Corte Constitucional ha cambiado su posición sobre el particular, y mediante una importante evolución jurisprudencial ha consagrado ciertos requisitos de carácter general y otros de carácter específico1 para que puedan ser dables las acciones de tutela contra providencias judiciales que desbordan el imperio de la ley y quebrantan derechos constitucionales fundamentales.

1. Requisitos de carácter general La Corte también los ha denominado “criterios generales de procedibilidad”2 que tratándose de tutelas contra providencias judiciales de manera específica adquieren un matiz especial, pues éstas en principio deben entenderse ajustadas a la Constitución dado el debate jurídico-procesal del cual fueron producto.

La Corte Constitucional ha estimado que procede la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se ajuste a los siguientes requisitos:

1 Estos requisitos son tomados de la Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

2 Corte Constitucional, Sentencia del 30 de agosto de 2010 (T-653/2010), M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

1.1.

Que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional

No le corresponde al Juez Constitucional dirimir controversias que no revistan una notable importancia para su competencia, pues podría estar irrumpiendo asuntos que corresponden a otras jurisdicciones y que sólo ocasionarían inseguridad jurídica. De esta forma corresponde tanto al accionante como al Juez manifestar las razones que convierten en genuinamente importante el caso en concreto, para que sea estudiado a la luz de la Constitución por haberse afectados derechos fundamentales en su curso.

En efecto, en el caso que nos convoca es notoria la relevancia constitucional toda vez que, la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - Dirección de Intervención Judicial, extiende la liquidación como medida de intervención judicial al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ sin el sustento probatorio suficiente. En este sentido, equivocadamente edifica presunciones en detrimento de los derechos del afectado e impone la carga de probar la buena fe al sujeto destinatario de la drástica medida en mención.

Adicionalmente, se supone el conocimiento de conductas ilícitas que se fraguarían en el seno de una sociedad ajena a su participación, lo cual, constituye el factor determinante en el que basa la imposición de la medida que el señor Jorge Andrés Navas Pérez no tiene el deber jurídico de soportar.

Finalmente, la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Dirección de Intervención Judicial, deja de lado la jurisprudencia constitucional aplicable en específico, a saber, C-145 de 2009 en su alcance real. Frente a este punto, en Sentencia C-0816 de 2011 la corte constitucional dijo: “La fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.” (Negrilla fuera del texto) Se puede agregar que, “cuando el precedente emana de los altos tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del sistema”3, siendo estos últimos los desconocidos con la providencia dictada por la Delegatura.

3 Sentencia SU 332 d e2019

En consecuencia, la cuestión discutida resulta de evidente relevancia constitucional, ya que, además de imponerse una medida tan drástica contra el señor Jorge Andrés Navas Pérez sin el sustento probatorio suficiente, edificándose presunciones inexistentes en la ley y contraviniendo el principio de presunción de buena fe, también se contraviene el alcance real de la sentencia C-145 de 2009, que precisamente realiza el examen de constitucionalidad del decreto 4338 de 2008, que contempla la intervención de la que fue sujeto el señor Jorge Andrés Navas Pérez.

1.2. Que se hayan agotado todos los medios de defensa idóneos para hacer prevalecer los derechos en la defensa judicial.

Deben haber sido “agotados todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio fundamental irremediable”4.

En el presente caso, se ordenó la intervención bajo la medida de liquidación judicial, por lo que se solicitó la exclusión del proceso con base en las pruebas y hechos que rodean el caso en concreto. Como resultado de lo anterior, durante la audiencia llevada a cabo el día 30 de abril de 2021, se despachó desfavorablemente la decisión de excluir al señor Jorge Andrés Navas Pérez del proceso de intervención.

Como consecuencia de la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición contra la citada providencia. Sin embargo, la señora juez confirmó su decisión, con lo cual, no se excluyó al señor Jorge Andrés Navas Pérez del trámite de intervención.

1.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez.

Corresponde al actor interponer la acción de tutela en un término razonable y proporcionado a partir de la ocurrencia de los hechos que transgredieron los derechos constitucionales fundamentales. Como se puede constatar, en este caso se cumple con este requisito, debido a que las providencias objeto de impugnación fueron proferidas mediante auto No. 460-000-621 del 28 de enero de 2020 (202001-027544), respecto del cual, se presentó solicitud de exclusión del proceso de intervención en favor del señor Jorge Andrés Navas Pérez mediante memoriales 2020- 01-259290 de 14 de junio de 2020 y 2020-01-406464 de 10 de agosto de 2020. Dado lo anterior, en audiencia del 30 de abril de 2021 la juez reiteró su decisión de la vinculación del señor Jorge Andrés Navas Pérez, respecto de la cual, en desarrollo de la audiencia, se interpuso recurso de reposición. Por lo tanto, en audiencia del 5 de mayo de 2021 en transcurso de la cual se resolvieron los recursos sobre la decisión con respecto a las solicitudes de desintervención, por parte de la señora juez se confirmó la decisión de la vinculación de Jorge Andrés Navas Pérez al proceso de intervención de ELITE INTERNATIONAL S.A.S. por lo que la providencia del 28 de enero de 2020 adquiere firmeza el 5 de mayo de 2021.

4 Corte Constitucional. Sentencia del 11 de mayo de 2010 (T-337/2010) Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.

En consecuencia, se cumple el requisito de la inmediatez para la interposición de tutela en contra de las providencias judiciales en mención.

1.4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

La irregularidad procesal debe tener peso en la decisión que se profirió de tal modo que si no hubiera ocurrido no se hubieran afectado los derechos fundamentales del actor, así mismo debe tener efecto determinante en la sentencia que se impugna.

De otro lado, La Corte ha aceptado la tesis de que, si la irregularidad es de tal entidad que afecta gravemente derechos fundamentales, la protección se otorgará independientemente de la incidencia en el litigio.

Frente a este requisito cabe decir lo que ya ha debido advertir el Juez de Tutela para este momento, dada la notoriedad de las irregularidades procesales en que están soportadas las decisiones de la Superintendencia de Sociedades.

Aquí es de palmaria notoriedad el yerro procesal. Se dejó de aplicar el precedente constitucional, dejando de aplicar las normas en el dispuestas, ya que como se ha demostrado en esta tutela no hubo prueba que mostrara que el señor Jorge Andrés Navas Pérez con sus actuaciones causo un daño y que además debe existir un nexo causal entre los hechos y el daño (hechos que deben ser causados por la persona natural), no se demostró una condición determinante, efectiva, o la contribución de una acción u omisión a la producción de daño.

Tampoco se probó que existía una concurrencia de un vínculo directo o indirecto con la actividad de captación, no se mostró un análisis ponderado de la responsabilidad que le atañe en la configuración de la defraudación a los ahorradores, no explica con claridad cuál es el actuar omisivo o negligente endilgado y que resulta efectivo en la materialización de las actividades de captación de ahorros del público, la Superintendencia de Sociedades no enseña material suasorio, no se realizó en debida forma el análisis de forma conjunta de las pruebas.

Especial mención hay que hacer a la aclaración que la corte realizo a la expresión “indirectamente” abarca a proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales.

En el caso materia de estudio, JORGE ANDRÉS NAVAS ni siquiera participó de manera indirecta en operaciones de ELITE. No suministró ningún conocimiento, ni proveía ningún tipo de servicios o bienes para la actividad de captación o la actividad financiera que la Superintendencia de Sociedades considera irregular. Es decir que Jorge Andrés Navas ni siquiera encuadra dentro del supuesto de la participación indirecta por cuanto las operaciones que pudo celebrar CONELITE con ELITE, no tenían nada que ver y/o ninguna relación con las actividades u operaciones de Elite.

1.5. Que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos que fueron vulnerados.

Tanto los hechos que ocasionaron la vulneración como los derechos que fueron objeto de ella, deberán haber sido manifestados por la parte actora dentro del proceso judicial, siempre y cuando le haya sido posible, pues no puede exigírsele un actuar que no le fue permitido en su momento, pero deberá hacer ver la imposibilidad a la que estuvo enfrentado. Este requisito se funda en que el actor debe tener claro el por qué accede y pretende que se acoja su acción de tutela, lo cual también deberá manifestarlo dentro del proceso cuya providencia afectó derechos fundamentales y debe dar cuenta de todo esto ante el Juez Constitucional.

Los hechos se encuentran relacionados en el acápite de “hechos” de la presente acción de tutela y de los cuales se desprenden las repetidas vulneraciones a los derechos fundamentales cuya protección se invoca. Adicionalmente, también se eleva la petición para que el Juez de Tutela despliegue la protección constitucional frente a los derechos fundamentales que ahí se enuncian.

Ahora bien, es menester mencionar que el derecho al debido proceso exige que las autoridades judiciales y administrativas se sujeten plenamente a los procedimientos y a las garantías sustanciales establecidas en la Constitución y en la ley. En el desarrollo de esta actividad el juez no puede desconocer ni pasar por alto normas5 con base en las cuales debe decidir, so pena del desconocimiento de las condiciones que han sido redefinidas para que proceda la acción de tutela, pero que la finalidad última no es otra que extender la protección de los derechos que fueren violados y que no les queda otro mecanismo para ser cobijados.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso6. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a través de este derecho fundamental se protege al particular frente a las actuaciones de las autoridades públicas, de manera que éstas se sujeten estrictamente a la ley y no 5 “Obviamente, una de las formas -y de las más graves- de desconocer el debido proceso, atropellando los derechos de las partes, radica precisamente en que el fallador, al sentenciar, lo haga sin fundar la resolución que adopta en el completo y exhaustivo análisis o sin la debida valoración del material probatorio aportado al proceso, o lo que es peor, ignorando su existencia.” Corte Constitucional, sentencia T-100 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

6 “ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

sean arbitrarias ni caprichosas, pero que además cumplan con todos los supuestos legales y constitucionales que le son exigidos por la misma calidad de autoridades públicas que ostentan.7 Por esta razón también se encuentra acreditado el correspondiente requisito de carácter general.

1.6. Que no se trate de sentencias de tutela.

Se estarían prolongando en el tiempo de manera indefinida las discusiones que se zanjen en torno a la protección de derechos fundamentales.8 Sobre este requisito, se precisa que las providencias que se pretenden dejar sin efecto por ser violatorias de los derechos fundamentales del actor, no corresponden a sentencias de Tutela.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. 2.1. Defecto fáctico.

Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la decisión, y cuando a pesar de contar con el material probatorio, no lo tiene en cuenta.

En el caso materia de estudio, la señora juez consideró la responsabilidad de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ sin el sustento probatorio suficiente, en especial, al estudiarse los hechos que son determinantes para la imposición de la medida de intervención, los cuales se describen a continuación: a. Contrato de mutuo celebrado por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. en calidad de mutuante y CONELITE S.A.S. en calidad de mutuaria.

7 “El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente "para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas".

Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos.” Corte Constitucional, Sentencia T-467 de 1995, MP Vladimiro Naranjo Mesa.

8 “…mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” Corte Constitucional, Sentencia del 11 de mayo de 2010 (T-337/2010) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

En este sentido, en enero de 2015 se suscribió el contrato de mutuo en mención.

Cómo se estableció desde el principio, los desembolsos eran solicitados por la sociedad CONELITE S.A.S., tal y como consta en los soportes contables y en las solicitudes hechas mediante correo electrónico. Cabe anotar que el monto máximo de desembolso se aprobó por una suma determinada, sin embargo, como quedó probado en el proceso, este monto no se desembolsó en su totalidad, debido a que se empezaron a causar utilidades para la sociedad CONELITE S.A.S., con lo cual, le era posible solventar los gastos fijos operacionales de la compañía.

Como se explicó y así ha resultado probado en el proceso, el mutuo realizado tuvo como finalidad solventar los gastos de funcionamiento de CONELITE S.A.S. mientras los proyectos lograban el punto de equilibrio y se empezare a obtener utilidades por parte de CONELITE S.A.S. Con lo anterior, CONELITE S.A.S. podría solventar sus gastos de funcionamiento.

De acuerdo a los parámetros establecidos, el mutuo no se realizaría mediante un desembolso único. Los desembolsos serían periódicos previa solicitud de CONELITE S.A.S. y se debía desagregar la utilización del monto solicitado. Esto se vislumbra en los soportes contables obrantes en el proceso aportados por el mismo JORGE ANDRÉS NAVAS PEREZ. De hecho, este tema fue objeto del interrogatorio llevado a cabo al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PEREZ el día 16 de mayo de 2018, en donde el interrogado tuvo la oportunidad de pronunciar las aclaraciones al respecto y brindó su entera disposición con el hecho de aportar toda la documentación relacionada con el contrato de mutuo. En efecto, la documentación fue aportada de forma completa por su parte, demostrando una correcta conducta procesal y como se mencionó, de las pruebas que rodean este hecho, no se advierte ninguna actividad ilícita por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PEREZ. Vale la pena resaltar que, la señora juez expone el contrato de mutuo como el hecho determinante por el cual se deriva que la sociedad CONELITE S.A.S. fue beneficiaria de los dineros producto de la captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público llevada a cabo por la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. Este raciocinio lo refuerza con el hecho de no encontrarse prueba en el expediente sobre el pago de la obligación a cargo de la sociedad CONELITE S.A.S. Adicionalmente, se expresa por parte del Despacho que, debido a la omisión del deber de diligencia que le asiste al representante legal de la sociedad CONELITE S.A.S., este es responsable del beneficio recibido por CONELITE S.A.S. a causa del ingreso de recursos captados ilegalmente por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A. Ahora bien, como se avizoró, el contrato de mutuo junto con la inexistencia de prueba en el expediente de la devolución de lo prestado por parte de la sociedad CONELITE S.A.S. es el fundamento del raciocinio de la señora juez para llegar a la

conclusión consistente en que CONELITE S.A.S. se benefició de recursos ilegales y que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ también se benefició por omitir su deber de diligencia.

El beneficio mencionado, según el raciocinio de la juez, adquiere importancia debido a que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conocía de la procedencia ilegal de los dineros. Lo anterior, debido al indicio consistente en que la conformación de la junta directiva de CONELITE S.A.S. también hacía parte de la junta directiva de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A. Los anteriores hechos, no constituyen prueba de la configuración de una conducta ilegal por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ y tampoco prueba que el JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se haya beneficiado de conductas ilegales.

Mucho menos, puede constituir prueba alguna del conocimiento del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ sobre las conductas ilegales en que la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. incurriría y por las cuales sería intervenida.

La misma Superintendencia de Sociedades en la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021), en el minuto 36:00 reconoció y manifestó que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que conociera que ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. estaba desarrollando actividades de captación, sino que actuara de manera diligente, como si la diligencia fuera un criterio para intervenir a una persona de manera ilegal.

Al respecto, debemos expresar que el contraer obligaciones que por hechos sobrevinientes no se hubiesen podido honrar no constituye una conducta ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, como fue expresado a lo largo de nuestra narrativa y así fue aceptado por el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, lo prestado por concepto de mutuo no se devolvió y este hecho se sustentó en situaciones sobrevinientes que afectaron a CONELITE S.A.S. Se debe tener en cuenta que la sociedad CONELITE S.A.S. era una compañía emergente, que se creó alrededor de la ilusión de encontrar proyectos en los cuales trabajar, adquirir experiencia y posteriormente poder realizar contratos de construcción con entidades del Estado. Dado lo anterior, en el contexto descrito la sociedad CONELITE S.A.S. tuvo problemas para pagar su crédito debido a hechos sobrevinientes que afectaron su liquidez.

En efecto, como se expresó por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que, al momento en el que inició el problema de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. con las medidas de intervención, también iniciaron los problemas para el proyecto en el que trabajaba para el momento, denominado proyecto Martinique.

De acuerdo a los hechos expuestos, los otros socios del proyecto Martinique le expresaron al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que le compraban su

participación en el proyecto debido a que no querían ser afectados por la participación de CONELITE S.A.S. en el proyecto Martinique. Lo anterior, ya que ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. era accionista de CONELITE S.A.S. Ahora bien, como lo expresa el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, la participación de CONELITE S.A.S. en el proyecto fue mal valorada. Si bien no hay prueba de este hecho, debido a que no se ejercieron las acciones legales con el fin de retrotraer lo referente a la valoración y compra de la participación en el proyecto Martinique, lo cierto es que lo recibido por CONELITE S.A.S. por su participación en el proyecto fue de aproximadamente a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000).

De los QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000), la sociedad CONELITE S.A.S. ya había realizado avances por concepto de honorarios, por lo cual, el valor neto a pagar a CONELITE S.A.S., realizando las deducciones fue de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000).

Dado lo anterior, los gastos adicionales ocasionados para la sociedad CONELITE S.A.S. hicieron imposible el pago de lo correspondiente al contrato de mutuo celebrado con la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A. No obstante, el reproche hecho por la señora juez, se dirige a endilgarle responsabilidad a causa de no desvirtuar la presunción, que según la señora juez recae sobre el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ por ser beneficiario de los dineros procedentes de la captación.

En este sentido, la señora Juez establece que, a causa del contrato de mutuo válidamente celebrado entre ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. y CONELITE S.A.S., la sociedad mutuaria se benefició de los recursos procedentes de las actividades ilegales de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A., con lo cual, JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ también resultó beneficiado. En consecuencia, según el razonamiento de la señora juez, JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tiene una participación indirecta y determinante en las operaciones de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público. ➢ Sobre el deber de probar la buena fe De manera respetuosa expresamos que la Superintendencia de Sociedades se rehúsa a realizar un examen sobre la buena fe del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. En efecto, la señora juez manifiesta que en su despacho en reiteradas ocasiones se ha advertido que la buena fe debe probarse, que no basta simplemente con alegarse que sobró de buena fe. De forma respetuosa manifestamos que la señora juez se equivoca al suponer que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ como destinatario de una medida tan drástica, a saber la liquidación como medida de intervención, debe probar la buena fe con la que actuó para evitar ser destinatario de esta medida.

En efecto, por disposición constitucional y legal, en el artículo 83 de la constitución política de Colombia y el artículo 871 del código de comercio, la actuación de los particulares está envuelta de la presunción de buena fe.

Sin embargo, si en gracia de discusión se aceptara que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tiene la carga de probar la buena fe de sus actuaciones, resulta realmente necesario mencionar que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ jamás conoció siquiera que la sociedad ELITE llevaría a cabo actividades de captación ilegal de recursos del público, o cualquier otra operación que realizara (no tenía por qué, ni cómo conocerlo). El señor NAVAS PÉREZ solo tenía conocimiento del negocio exitoso que tenía un primo y a quien acudió para que invirtiera en la sociedad constructora que quiso constituir para ejecutar contratos en desarrollo de su profesión. En efecto, la participación en los negocios que tuvo CONELITE, fue en desarrollo de su objeto, la cual coincide con la profesión del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. Por su profesión constituyó una sociedad de obras civiles y le pidió a su primo que invirtiera, quien lo hizo a través de la sociedad de la cual era accionista y directivo.

Esta es la forma en la que todos los emprendedores salen a buscar capital cuando carecen del mismo. Esto no los hace transgresores de la ley. En este caso, se contó con la mala suerte de que la Sociedad que lo apoyó resultó implicada en la comisión de operaciones de captación ilegal. Sin embargo, este hecho no fue previsto ni conocido por el señor JORGE ANDRÉS NAVAS y tampoco había forma en que pudiera conocer de este hecho Así las cosas, JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no fue más que un tercero proveedor de un servicio que procedió de buena fe. Y no solo de buena fe, sino que actuó con diligencia, pues toda la información consta en documentos, de todas las decisiones y operaciones que se llevaron a cabo. No existe ninguna información que la Superintendencia de Sociedades haya advertido o que haya comprobado por cuenta de un tercero o de documentos ocultos, dado que no existen. De hecho, lo que hizo JORGE ANDRÉS NAVAS fue conseguir un Proyecto rentable que tuvo que abandonar por hechos sobrevinientes relacionados con ELITE. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tampoco tuvo la oportunidad de enterarse de las conductas reprochables por el ordenamiento que se estaban cometiendo en ELITE, ¿cómo podría enterarse si nunca tuvo participación de ninguna manera en dicha compañía? Esto se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

Lo que si es cierto es que, la buena fe fue el parámetro de conducta que guio al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ en el desarrollo de sus actividades como representante legal, lo cual se ha demostrado a lo largo del proceso que nos convoca, incluso, con la conducta procesal desplegada por el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tendiente a aportar toda la información necesaria para esclarecer los hechos que rodean el caso y particularmente la actuación que el

propio JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ desempeñó en su calidad de administrador.

De lo anterior puede concluirse que: (i) el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no realizó ninguna actividad ilegal; (ii) las actividades que llevó a cabo corresponden a las que de ordinario realiza y hacen parte de su habitualidad, esto es, la ingeniería civil; (iii) resalta el carácter de absoluta buena fe con la que se actuó, y la diligencia que se tuvo. No solo esto, sino que además no se le puede reprochar a alguien que no haya conocido una situación, cuando por más diligencia que se tuviera, no le era posible conocerlo, tal y como pasa en el asunto que nos convoca.

Visto esto, no procede la determinación de su responsabilidad frente a las víctimas de la operación y su extensión9. ➢ Deber de diligencia y su alcance en el caso en concreto La diligencia exigida en el ordenamiento societario para los administradores es la de “un buen hombre de negocios”. “Este tipo de diligencia equivale a la de un comerciante sobre sus propios asuntos, de manera que su actividad siempre debe ser oportuna y cuidadosa, verificando que la misma siempre esté adecuada a la ley y los estatutos, lo que supone un mayor esfuerzo y una más alta exigencia para los administradores en la conducción de la empresa”10. En este sentido, el deber de diligencia enmarcado en los términos expresados resulta ser el patrón de conducta con el que los administradores deben dirigir sus actuaciones.

Ahora bien, como se menciona en reciente sentencia de septiembre de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, la ley tampoco ha de interpretarse en el sentido de llegar al extremo de qué los administradores sean expertos en cada una de las materias que integran la empresa. En este sentido, la responsabilidad de los administradores, si bien es profesional, no alcanzan los niveles de exigencia de que trata la categoría de culpa levísima11.

Cómo lo explica la corte, el deber de diligencia debe “matizarse en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocios, donde el estándar del buen hombre de negocios se entiende cumplido, cuando ellas se han adoptado de buena fe, sin interés personal en el asunto, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento idóneo”12.

9 “La

determinación de su responsabilidad frente a las víctimas de la operación y su extensión, procede previa la realización de un juicio sobre la licitud de las actividades realizadas por la persona en cuestión, su carácter ordinario o habitual, así como de la buena fe con la que éstas gestionaron las actividades a su cargo.” Superintendencia de Sociedades auto No. 400-005967 del 18 de abril de 2016, p. 6.

10 Circular Externa 100-006 del 2008.

11 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 7 de julio de 2021 (sc2749-2021). MP: Álvaro Fernando García Restrepo.

12 Ibíd.

En este sentido, debemos expresar que la decisión de celebrar el contrato de mutuo con la accionista mayoritaria de la sociedad CONELITE S.A.S. respondió a las mejores condiciones de financiación que le podría brindar su propia accionista (ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.). La decisión se tomó de buena fe, sin ningún interés personal en el asunto más allá de la predilección hacia el surgimiento de la compañía CONELITE S.A.S. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ simplemente procuró por el deber fiduciario que le asiste en el entendido de procurar por la satisfacción del interés social. De hecho, aportó su propio salario mientras la empresa fuese improductiva, solicitando la financiación para cuando tuviesen proyectos con los que se procurara que se iban a honrar los créditos adquiridos.

Adicionalmente, la decisión de realizar el mutuo con la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. se tomó con la información suficiente que se tenía en el momento. Tal como aparece probado, al momento de celebrar el contrato la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. no había sido intervenida, por lo cual, materialmente era imposible conocer que por parte de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. se incurriría en una conducta ilegal. Es palpable que, por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no se tuvo participación accionaria o se formó parte de la junta directiva de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A., por lo que resulta desproporcionado endilgar una medida tan drástica a causa de desatender su deber de diligencia en este sentido.

En efecto, no resulta ajustado a derecho imponer la obligación adicional de garantizar que la sociedad mutuante no incurra en el futuro o no oculte el desarrollo de actividades ilícitas. De hecho, no existen herramientas para vislumbrar tales hechos sobrevinientes. En nuestro ordenamiento existen cláusulas que se incorporan en los contratos mediante las cuales los contratantes declaran o se comprometen a obtener sus recursos lícitamente, este es el caso de las cláusulas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y declaración sobre procedencia de ingresos. Sin embargo, mas allá de una actividad de verificación, no existen herramientas con las que se pueda garantizar lo manifestado por las partes.

Esta actividad de verificación en la práctica puede resultar infértil para el particular.

Esto, en el entendido que, si por parte de una sociedad se está cometiendo algún ilícito, el particular puede saberlo únicamente cuando se dicta una providencia judicial, ya que, ni siquiera la administración de justicia puede afirmar la comisión de actos ilícitos previo a que se conozca una providencia en firme, así se encuentre ya en calidad de investigado, de lo contrario se vulneraría el principio de presunción de inocencia. ➢ Presunción de culpa que según la señora juez aplica para el señor Jorge Andrés Navas Pérez Según el razonamiento de la señora juez, en este caso se configura una presunción en contra del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. En este sentido, de manera respetuosa manifestamos que nuevamente yerra la señora juez, puesto que las

presunciones en nuestro ordenamiento únicamente pueden ser establecidas por el legislador. Por lo tanto, no le es dable a la juzgadora establecer una presunción no dispuesta en el caso del decreto 4334 de 2008.

Ahora bien, si la medida de intervención que se le extiende al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ pretende colocársele a partir del hecho consistente en que no logró desvirtuar la presunción de culpa establecida en el artículo 200 del Código de Comercio, sea primero manifestar que la misma no tiene el alcance de operar en el proceso que nos convoca. Por otro lado, si en gracia de discusión se aceptara que el análisis de lo dispuesto en este enunciado normativo aplica para nuestro caso en concreto, se debe mencionar que el artículo es claro al definir los supuestos de hecho que hacen operante la presunción y el alcance de la norma, así: ARTÍCULO 200. <RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES>. <Artículo subrogado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. (subrayas fuera de texto) De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos”.

En este sentido, solo se presumirá la culpa del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de las funciones del administrador, violación de la ley o de los estatutos. Es decir, se deben materializar unos supuestos mencionados en la norma para que pueda entrar a operar la presunción establecida. En efecto, así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, en especial en su sentencia SC2749-2021. De igual forma, en la sentencia que revisa la constitucionalidad del artículo 24 de la Ley 222 de 1995 que subroga el artículo 200 del código de comercio, a saber, la sentencia C-123/06.

En ese sentido, al realizarse una lectura cuidadosa del artículo precitado, se concluye que quién invoque dicha presunción de culpa tiene que probar el incumplimiento, la extralimitación de funciones, y/o la violación de la ley o de los estatutos por el administrador. Lo anterior, constituye el presupuesto básico para que opere la mencionada presunción.

En efecto, como lo expresa de manera clara la sentencia C-123/06 que revisa la constitucionalidad del artículo que consagra la presunción en comento: “cabe recordar que el legislador consagró la presunción de culpa del administrador solamente para cuando ésta se origine por incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, y para cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas correspondientes. … “tratándose en este caso de presunciones de carácter legal, como lo ha considerado reiteradamente la Corte, los hechos en que se apoya se deben demostrar, y sólo probándolos la presunción opera a favor del que la tiene, a menos que la otra parte demuestre lo contrario. Es decir, que quien se halla favorecido con una presunción legal tiene la carga de probar únicamente los supuestos de la misma, o sea aquellos hechos que siendo ciertos hacen creíble el otro hecho del cual se deduce. Es claro, entonces, que la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunción es apenas parcial ya que solamente opera respecto del hecho deducido”.

Si en gracia de discusión se aceptara que es deber del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ acreditar que no violó los estatutos, no vulneró la ley, no cumplió o extralimitó sus funciones con la celebración del contrato de mutuo, se debe expresar que esto mismo ha quedado probado en el proceso. En efecto, la señora juez lo ha mencionado en diversas ocasiones al expresar que no se cuestiona la legalidad de la actuación del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ ni la legalidad del contrato de mutuo, lo que se cuestiona es que se haya beneficiado de los recursos de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. por recibir un préstamo por parte de esta sociedad y presume que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conocía de los hechos de captación llevados a cabo por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. en el desarrollo de su actividad, la cual es ajena a la actividad del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que, como ha quedado probado en el proceso, es la de ejercer su profesión de ingeniero civil, para el entonces, por medio de la sociedad CONELITE S.A.S., por lo cual, se dedicaba a la búsqueda de proyectos y a la administración y ejecución de los mismos.

Dado lo anterior, aunque la ley no hace referencia a presunción alguna en el marco de la aplicación del decreto 4334 de 2008, si de lo que se trata es de la aplicación de la presunción de culpa en el régimen de responsabilidad de los administradores

establecido en el artículo 200 del Código de Comercio, reiteramos, aunque no se extiende al ámbito de aplicación pretendido por la señora juez, tenemos que expresar que no se prueban los supuestos de hecho que configuran la operancia de la presunción. Sin embargo, como se ha expresado, si en gracia de discusión se aceptara que se configuran los supuestos de hecho necesarios para que opere la presunción de culpa del mencionado artículo, ha quedado probado en el proceso que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no violó los estatutos, no vulneró la ley, no cumplió o extralimitó sus funciones con la celebración del contrato de mutuo y no tenía la posibilidad de conocer de las operaciones ilegales en las que incurriría ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A. Adicionalmente, se debe reiterar que, en el decreto 4334 de 2008 no se configura ninguna presunción diferente a la establecida en el artículo 9 del decreto en mención, la cual, fue declarada condicionalmente exequible por la sentencia que realiza el examen de constitucionalidad del decreto 4334 de 2008. Valga precisar, que esta presunción trata temas muy distintos a los que nos convocan, por lo cual, representa un desgaste innecesario referirnos a esta.

Lo que sí es pertinente reiterar, es la inexistencia en el decreto 4334 de 2008 de presunción que se deba desvirtuar, que cobije el caso del señor Jorge Andrés Navas Pérez. No obstante, si en gracia de discusión se aceptara que existe, se han expuesto las bases, debidamente soportadas por las cuales el señor Jorge Andrés Navas Pérez desplegó una conducta diligente, con apego a la ley, en virtud de satisfacer sus deberes fiduciarios en el marco de la buena fe y desarrolló una conducta procesal tendiente a mostrar su disposición de colaborar con el aporte de todos los elementos materiales probatorios que estuviesen a su alcance. b. Inversión realizada por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. en el proyecto Martinique, la cual iba dirigida directamente a los propietarios de los terrenos en los que se desarrollaría el proyecto.

Como quedó establecido en el proceso, este hecho no reviste relevancia para la participación de CONELITE S.A.S. en las operaciones de captación masiva y habitual llevadas a cabo por ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. Tampoco se puede inferir que por este hecho la sociedad CONELITE S.A.S. o JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ sea beneficiario de los dineros de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A. En efecto, este dinero se entregó directamente a los dueños de los terrenos ubicados en el área de desarrollo del proyecto. Por lo anterior, este dinero se entregó a título de inversión con la finalidad de comprar la participación como beneficiarios de área en el proyecto Martinique. De hecho, esto fue acreditado mediante prueba que se aportó al proceso denominada certificado de vinculación de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. emitido por Fiduciaria Bogotá S.A. Esto ha sido probado a lo largo del proceso y no fue objeto de discusión, por cuanto ha resultado probado que efectivamente ni CONELITE S.A.S. ni JORGE ANDRÉS

NAVAS PÉREZ recibieron dineros de ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. por concepto de la inversión realizada en el proyecto Martinique.

En este sentido, podemos observar que los hechos y las pruebas obrantes relativos al proyecto Martinique, tampoco dan lugar a la interposición de una medida de esta magnitud. c. los miembros de la junta directiva de CONELITE S.A.S. hacen parte de la junta directiva de ÉLITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. lo que configura un indicio de conocimiento de las operaciones ilegales llevadas a cabo por. ÉLITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. En este sentido, debemos mencionar que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no tenía la forma de conocer las operaciones en que incurrirían los miembros de la junta directiva de su compañía en otra compañía ajena a su conocimiento. El señor NAVAS PÉREZ nunca participó dentro de las operaciones ilegales que se gestaron en ÉLITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A., tampoco hizo parte de la junta directiva de esa compañía ni tuvo relación laboral o alguna con la misma. Lo anterior, ha resultado probado en el proceso.

Inicialmente se motivó la intervención de Jorge Andres Navas Perez, en el supuesto de que la Superintendencia asumió como un “indicio” del conocimiento de las operaciones ilegales llevadas a cabo por ELITE, por cuanto los miembros de la junta directiva de CONELITE hacían parte de la junta directiva de ELITE. Pero es la misma Juez la que se encarga de manifestar y precisar que esto no era factible y que no sucedió (el conocimiento por parte de Jorge Andrés Pérez Navas) ya que en el minuto 36:00 de la audiencia en la cual se decidió sobre la exclusión del suscrito y se resolvió el recurso de reposición (audiencia del 5 de mayo de 2021) confirma y afirma que “no le está exigiendo el despacho que conociera que elite estaba desarrollando actividades de captación, porque es cierto, el intervenido no era accionista de elite, el intervenido no era representante de elite”. Así, es la misma Superintendencia de Sociedades quien dejó sin sustento los hechos que llevaron inicialmente a la intervención de Jorge Andres Navas Perez.

No se puede mantener la intervención de alguien, siendo que la misma Superintendencia preciso que los “indicios” que asumió, en la actualidad no prevalecen y no existen. La intervención de Jorge Andres Navas Perez, la misma Superintendencia la dejó sin sustento alguno.

Dado lo anterior, al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ le resultó imposible enterarse de las conductas ilegales desempeñadas por los miembros de la junta directiva de CONELITE S.A.S. en otra compañía distinta, que se dedicaba a actividades muy distintas a las que se dedica la sociedad CONELITE S.A.S. La única posibilidad que había de conocer las operaciones que se desempeñaban en ÉLITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A., consistía en la confesión de la disposición de cometer actos ilícitos por parte de los implicados, lo cual, no sucedió.

En consecuencia, no es posible endilgar una responsabilidad al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ analizando el material probatorio aportado sobre los hechos que, según la señora juez, son determinantes para señalar la responsabilidad en la que se incurrió por parte del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, al beneficiarse él y la compañía CONELITE S.A.S. de las actividades ilegales de ÉLITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A. 2.2. Defecto material o sustantivo.

En la sentencia SU-632 de 2017 se hizo una importante recapitulación en relación con este defecto: “3.4. Por otra parte, la Corte ha establecido que el defecto sustantivo parte del ‘reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta’. En consecuencia este defecto se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.’ La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto, así en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las hipótesis en que configura esta causal, a saber: (i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada. (iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto.

En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia. (v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución.

Adicionalmente, esta Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias

opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados”.

En anterior oportunidad, SU-567 de 2015, la Corte había establecido otros eventos constitutivos de defecto sustantivo, a saber: “(e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación[86] que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[87] sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; [88] o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso”.

En el caso concreto, la providencia de la señora juez es vulneratoria de los derechos fundamentales del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, en el sentido en que se aparta de la providencia proferida por la corte constitucional mediante la cual se realiza el control de constitucionalidad al decreto 4334 de 200813. En este sentido, la misma providencia concluye que el ámbito de aplicación de la intervención prevista en decreto legislativo de emergencia no comprende a terceros de buena fe, supuesto en el cual se encuentra el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. Adicionalmente, edifica presunciones inexistentes en el decreto en mención, sobre las cuales fundamenta su fallo.

Como se expresa en la sentencia C-145 de 2009: “El artículo 5° del Decreto 4334 de 2008 enuncia las actividades, negocios, operaciones y personas que son sujetos de intervención, encontrando que se aviene a la Constitución Política, pues es una medida apta para alcanzar los fines de la intervención, en cuanto permite delimitar el ámbito de actuación de la Superintendencia de Sociedades, así como el de la aplicación de las medidas de excepción, orientadas a combatir las actividades sobrevinientes de personas naturales y jurídicas que atentan contra el interés público mediante la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización del Estado. Sin embargo, la expresión “o indirectamente” presenta problemas constitucionales, toda vez que puede ser interpretada en el sentido de hacer destinatarios de las medidas de excepción reguladas en el Decreto a terceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, v. gr. empleados y proveedores, que en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa, o de sus actividades económicas correctas, legítimamente proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas”.

Por otro lado, la sentencia precitada contempla que las decisiones de intervención deben ser debidamente sustentadas y deben desarrollar sus argumentos con observancia del debido proceso según lo ordena la sentencia C-145 de 2009.

13 Se trata de la sentencia C-145 de 2009.

En este sentido, la señora juez extiende la medida de intervención al señor Jorge Andrés Navas Pérez, por tratarse, según su raciocinio, de un beneficiario de las actividades ilegales de ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. que prestó una colaboración determinante a ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. para el desarrollo de operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico.

Como bien lo menciona la señora juez, siempre que exista un hecho ilícito que ha sido cometido por dos o más personas (como lo dice la norma citada), todos y cada uno de ellos responden solidariamente por su pago, es decir, dicha solidaridad se predica única y exclusivamente de quienes participaron en el hecho ilícito y no puede, por ningún motivo, extendérsele a quien no haya participado en tal.

El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, no participó directa ni indirectamente, no ayudó, no colaboró, no administró, y tampoco conoció, el ilícito que pudiera estar presentándose, todo lo cual se encuentra probado dentro del trámite. Lo que sí se hizo, fue extendérsele la solidaridad de la cual ha hecho estudio el Despacho, sin que existiera fundamento para ello.

No encuentra sustento normativo la extensión de la solidaridad que se hizo, pues no cabe en ninguno de los supuestos que exige la norma del Código Civil para hacer solidariamente responsable a una persona.

No se configura una de las fuentes de las obligaciones que en este caso es el hecho ilícito, y para ser más amplios, haber participado, colaborado o por lo menos conocido de él. Por esta razón no puede endilgársele una obligación a una persona cuando no existe fuente que la soporte.

La Superintendencia de Sociedades lo que hizo fue extender un supuesto normativo a un tercero bajo una interpretación equivocada, con la supuesta conclusión de que conocía de los negocios, cuando no es cierto y es totalmente alejado de la realidad y tampoco existe soporte probatorio para ello. La Superintendencia de Sociedades no puede extender el supuesto normativo a cualquier persona, pues ello atenta contra la seguridad jurídica, contra el principio del debido proceso y el derecho a ser juzgado de acuerdo a normas preexistentes.

En el caso en particular, no existe tipicidad normativa. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no encuadra dentro de los supuestos de la norma, sin embargo, la Superintendencia de Sociedades extendió sin motivos, la norma a dicha persona natural.

El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no captó, ni compró, ni vendió libranzas, ni participó, ni nunca ha participado en negocios que tengan que ver con libranzas, no tuvo participación indirecta en la actividad de captación, colocación o compra venta de libranzas, ni inversión en estas por parte de terceros, no tuvo colaboración determinante y no ejerció ninguna actividad o conducta vinculada al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico.

En conclusión, por parte de la señora juez se deriva la responsabilidad del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ de suposiciones sin que sus argumentos se sustenten y desarrollen con observancia del debido proceso, dejando de lado lo establecido en la sentencia C-145 de 2009.

3. Decisión sin motivación Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de la obligación que tienen de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

Si bien las providencias fueron motivadas, la responsabilidad del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se derivó de suposiciones sin que los argumentos de las providencias se sustenten y desarrollen con observancia del debido proceso, dejando de lado lo establecido en la sentencia C-145 de 2009.

Todo lo anterior, es violatorio de los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad jurídica. Por esta razón se ruega al Juez Constitucional que otorgue la protección solicitada.

4. Desconocimiento del precedente.

La hipótesis que trae la Corte Constitucional14 para describir este requisito, es, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de los derechos fundamentales vulnerados.

Sobre el particular existen innumerables sentencias de la Corte Constitucional en las cuales se reprocha a todo vigor la violación al debido proceso, al derecho a la defensa, a la falta de motivación de las providencias.

Por este motivo, es un requisito más que se configura y obliga a que se despliegue la protección constitucional.

5. Violación directa de la Constitución.

“Se constituye esta causal cuando el fallo cuestionado desconoció de manera directa un precepto constitucional que le era aplicable al caso concreto. La demostración de esta causal no puede fundarse en la oposición de unos puntos de vista del demandante que considera acordes con los postulados de la Carta, a la

14 Corte Constitucional. Sentencia del 11 de mayo de 2010 (T-337/2010) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

valoración probatoria e interpretación normativa efectuada por el fallo impugnado, que califica como contrarios a esos preceptos superiores.”15 (Se Subraya).

Como puede apreciar el Despacho, existe una violación directa a la Constitución y en especial al artículo 29 de la Carta, el cual consagra el derecho al debido proceso, que a su vez conlleva el derecho a la defensa, el derecho al libre y efectivo acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, los cuales han sido y siguen siendo flagrantemente agredidos por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades.

B. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS AL SEÑOR JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 1. DERECHO A LA IGUALDAD Y EL TRATO IGUALITARIO ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES. Como lo expone el doctor Carlos Bernal Pulido16, el principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad bien organizada17 y de todo Estado constitucional18. Este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos19. A su vez, este deber se concreta en cuatro mandatos: i . Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; 2 .

Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; 3 . Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la diferencia), y 4 . Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud).

Por otro lado, el artículo 13 de la CP dispone que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Esta disposición aparece desarrollada en materia 15 Corte Constitucional. Sentencia del 19 de agosto de 2009 (T-555-09) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

16 Carlos Bernal Pulido. (2005). El derecho de los derechos escritos sobre la aplicación.

17 Cfr., por ejemplo, la fórmula de la igualdad que se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, 3, 28: “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”.

18 Cfr., por ejemplo, J. Rawls. Teoría de la justicia, M. D. González (trad.), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 80 y ss., y 187 y ss.; íd. El liberalismo político, A. Doménech (trad.), Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1996, pp. 35 y ss.; R. Dworkin. Virtud soberana, Barcelona, Paidós, 2003.

19 Sobre la relación entre la igualdad y la distribución de cargas y ventajas entre los individuos, P. Westen. Speaking of Equality. An Analisis of the Rhetorical Force of "Equality" in Moral and Legal Discourse, Princeton, Princeton University Press, 1990, cap. v.

procesal civil en el artículo 4.º CGP, precepto según el cual “el juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes”, y es complementada por lo establecido en el numeral 2 del artículo 42 ibídem, que indica que es deber del juez “hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga”. Con idéntica orientación el artículo 11 del mismo estatuto establece que la igualdad de las partes en el proceso es uno de los criterios interpretativos de las normas procesales, pues después de recordar que el principal criterio hermenéutico de las disposiciones adjetivas es el carácter instrumental del derecho procesal, indica que “[l]as dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales”20.

En este orden de ideas, resulta de gran importancia traer a colación la decisión sobre la exclusión del proceso de intervención del señor CÉSAR AUGUSTO CHAVARRO MEDINA. Esto, en consideración a que presentan similitudes más relevantes que sus diferencias, que ameritan igual tratamiento por parte de la funcionaria judicial respecto de las decisiones tomadas en el marco del proceso.

En este sentido, en audiencia del 30 de abril de 2021, pronunciándose respecto de la solicitud de exclusión del proceso de intervención del señor César Augusto Chavarro Medina, la señora juez, de acuerdo a su interpretación, expone que los contadores y revisores fiscales son sujetos de intervención de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del decreto 4338 de 2008. Por lo tanto, no es cierto que estos tengan la calidad de terceros de buena fe, pues se trata de un sujeto de intervención, en tanto fungió como contador y revisor fiscal de sociedades que recibieron dineros de ELITE durante el periodo de captación al que además se determinó su vinculación al proceso.

La señora juez sigue en su intervención expresando: “Responsabilidad de los revisores fiscales y los contadores Los profesionales de la contabilidad cumplen con una función social consistente en dar fe pública sobre confiabilidad de la información contable y financiera preparada por los diferentes responsables. Uno de los destinatarios tradicionales de la información contable y financiera es el Estado, quien la utiliza para fines tales como la determinación de obligaciones legales y supervisión.

De acuerdo con la doctrina “la revisoría fiscal es una institución de orden público cuyo objeto principal es controlar las actuaciones de los administradores de una sociedad a fin de qué no se extralimiten en el ejercicio 20 Sanabria Santos H., Derecho procesal civil general. Bogotá. Universidad Externado de Colombia 2021.

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de sus facultades y omitan cumplir las funciones legales y estatutarias que les corresponden”. Referencia: Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario. Tomo 1. Segunda edición. Temis. Bogotá. Página 679.

En efecto, el revisor fiscal no protege únicamente los intereses de la compañía mercantil para la que presta sus servicios, también, los de sus acreedores, los del Estado y los de el interés general frente a eventuales irregularidades en la administración de ese actor del mercado.

Así lo ha entendido de la corte constitucional, “Al repasar las funciones del revisor fiscal puede advertirse que su labor no se agota en la simple asesoría o conservación de expectativas privadas, la suya es una tarea que involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe por lo tanto a la estabilidad económica y social de la comunidad”. C-062-1998.

Todo lo anterior reviste importancia de conformidad con las funciones asignadas al revisor fiscal en el artículo 207 del código de comercio, entre las cuales está la de dar cuenta a la asamblea, junta directiva o gerente, según sea el caso, de las irregularidades que detecta en el funcionamiento de la sociedad.

Pero además tiene el deber legal de colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia y control sobre la compañía registrada y de rendir los informes a que haya lugar o que le sean solicitados para el efecto. Pero este último, especialmente reforzado por la previsión del artículo 25.5 de la ley 43 de 1990.

En estos casos los revisores Fiscales, de acuerdo con el citado artículo 207 del código de comercio deben encaminar sus funciones a cerciorarse de que las operaciones de la sociedad se ajusten a la ley y a los estatutos sociales.

En consecuencia, omitir la denuncia de captación no autorizada corresponde a un incumplimiento de las funciones legales que les fueron asignadas.

Ahora, la certificación que hace un contador público implica la verificación previa de las afirmaciones que derivan de los estados financieros. Esto, en atención a que el ejercicio de dicha profesión, contiene una función social que se refleja especialmente a través de la fe pública que se otorga a los documentos que firman en beneficio del orden y la seguridad de las relaciones económicas entre el Estado y el particular o de los particulares entre sí.

Adicionalmente, la señora juez expresa que se debe tener en cuenta, de conformidad con el artículo 70 de la ley 43 de 1990 que: Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los contadores públicos deberán cumplir

estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma verás, digna, leal y de buena fe, evitando acto simulado, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tienden a ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas.

La responsabilidad que se predica de los profesionales de la contabilidad por las actividades de captación masiva no autorizadas se debe a sus conocimientos profesionales que resultan esenciales para llevar a cabo la misma, dado que su rol como depositarios de la fe pública implica una responsabilidad frente a la información contable y financiera que suscriben, certifican y dictaminan especialmente frente a los destinatarios, que la utilizan para tomar decisiones.

Es pertinente reiterar que, con la investigación administrativa sobre los hechos objetivos y notorios de captación y la determinación de los sujetos sometidos a la medida de intervención se genera una presunción que puede ser desvirtuado en el proceso judicial al momento de presentar la solicitud de desintervención.

Así, le corresponde el juez de dicha etapa, con base en las pruebas allegadas al proceso, decidir si el sujeto que la solicita debe continuar o no intervenido.

En virtud de la garantía constitucional del debido proceso cada sujeto intervenido luego de la decisión de intervención tiene la posibilidad de solicitar la exclusión del procedimiento cautelar demostrando idóneamente que no debió ser intervenido o, que aún cuando tiene alguna de las calidades que lo ubican como sujeto de intervención, no participó en los hechos antijurídicos o no supo de ellos o no debería saber de ellos en razón de su perfil.

En este orden de ideas, deberá revisarse cuál fue la actuación del intervenido revisor fiscal y contador de las sociedades vinculadas con la captación masiva de dineros llevada a cabo por ELITE, con el fin de determinar si se le puede atribuir responsabilidad frente a la captación ilegal, dada su condición y vínculo con dichas sociedades.

El intervenido indicó que como revisor fiscal no podía ejercer autoridad que con lleve a la subordinación del cliente. Su función no conllevaba la toma de decisiones ni coadministración de los negocios, de igual manera, el contador procesa información y emite estados financieros, certifica la información emitida y si la información emitida es base para la toma de decisiones, éste no tiene injerencia en ellas o coadministra la operación que ejerce una sociedad controlada.

Igualmente, como Contador de las intervenidas y en su estricto cumplimiento frente al procesamiento de la información generada por ellas, la emisión de estados financieros certificada y la presentación de los mismos.

En este caso el intervenido fue revisor fiscal de sociedades que aunque se beneficiaron de la captación, no realizaron la captación en sí misma.

De igual forma, no existe evidencia del expediente que permita soportar que efectivamente, tenía forma de determinar que la recepción de beneficios, que además tenían apariencia de legalidad, se trataba de dineros relacionados con la actividad de captación.

Así, al estar probado que la conducta desplegada por Cesar Chavarro haya producido daños en materia activa u omisiva, se accederá a su solicitud de desintervención y, en consecuencia, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes que conforman su patrimonio”21.

Como se colige de la providencia de la señora juez, expresamente a los revisores fiscales y contadores les competen funciones específicas en cuanto al control, verificación y certificación de operaciones financieras en las sociedades en las que ejercen sus funciones. Estos, por su experticia, tienen deberes de diligencia y control de las sociedades respecto de las operaciones financieras que realizan.

Estos deberes no solo se circunscriben al ámbito de la compañía en la que ejercen su función, sino que prima la función social que cumplen estos profesionales frente al Estado y la sociedad en general.

Ahora bien, según la juez en su providencia, la responsabilidad que se predica de los profesionales de la contabilidad por las actividades de captación masiva no autorizadas se debe a sus conocimientos profesionales que resultan esenciales para llevar a cabo la misma, dado que su rol como depositarios de la fe pública implica una responsabilidad frente a la información contable y financiera que suscriben, certifican y dictaminan especialmente frente a los destinatarios, que la utilizan para tomar decisiones.

No obstante, la señora juez decide acceder a la solicitud de exclusión del proceso de intervención respecto del señor César Augusto Chavarro Medina, con fundamento en que “el intervenido fue revisor fiscal de sociedades que aunque se beneficiaron de la captación, no realizaron la captación en sí misma. De igual forma, no existe evidencia del expediente que permita soportar que efectivamente, tenía forma de determinar que la recepción de beneficios, que además tenían apariencia de legalidad, se trataba de dineros relacionados con la actividad de captación”.

Y agrega, “Así, al estar probado que la conducta desplegada por Cesar Chavarro haya producido daños en materia activa u omisiva, se accederá a su solicitud de desintervención y, en consecuencia, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes que conforman su patrimonio”.

21 Transcripción de providencia proferida en audiencia del 30 de abril de 2021, desde el minuto 1:41:40 hasta el minuto 1:50:43.

De manera respetuosa, manifestamos que atendemos con sorpresa el fundamento de la no desintervencion de Jorge Andrés Navas Pérez, toda vez que, quedó probado y admitido por la señora Juez en el minuto 36:00 de la audiencia del 5 de mayo de 2021, que el mismo Despacho no le estaba exigiendo a Jorge Andrés Navas Pérez que conociera sobre las actividades de captación ilegal que estaba desarrollando ÉLITE, que este no era el estándar bajo el cual se estaba analizando la responsabilidad. En este sentido, aplica en este contexto el mismo principio que dio origen a la desintervención del señor Chavarro, ya que, esta fue motivada, según expone la señora Juez, en el entendido que “De igual forma, no existe evidencia en el expediente que permita soportar que efectivamente, tenía forma de determinar que la recepción de beneficios, que además tenían apariencia de legalidad, se trataba de dineros relacionados con la actividad de captación”.

Vale aclarar que, al momento de la celebración del contrato de mutuo válidamente celebrado entre las sociedades CONELITE y ELITE INTERNATIONAL AMERICAS, esta última no había sido destinataria de la medida de intervención. Por lo tanto, al señor Jorge Andrés Navas Pérez le era imposible prever que la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS incurriría en operaciones ilegales.

Dado lo anterior, resulta sorprendente que se tomen decisiones tan desiguales, en el entendido que, en este caso, las similitudes de los sujetos son de suma relevancia, por lo que merecen un trato igualitario.

En efecto, se vislumbra de igual forma que la conducta procesal de ambas partes siempre estuvo presta a proporcionar toda la información con respecto a las operaciones celebradas con la sociedad que llevó a cabo la captación ilegal. Sin embargo, la diferencia es que, sobre la suma prestada a la sociedad CONELITE no se encuentran registros de su devolución a la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS. Lo anterior, como se expresó, debido a hechos sobrevinientes que imposibilitaron el pago de lo prestado a la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS. Lo cual, no constituye delito en el ordenamiento jurídico colombiano. Incluso, nuestro ordenamiento ofrece herramientas jurídicas frente a las distintas situaciones para efectos de reconstituir el patrimonio, retrotraer los efectos de negocios jurídicos o incluso, protección legal para los deudores que cumplen los supuestos subjetivos y objetivos del régimen de insolvencia.

Por otro lado, para la señora juez constituye un indicio relevante que miembros de la junta directiva de ELITE fuesen miembros de la junta de CONELITE. Lo anterior, era apenas lógico en el entendido que ELITE era la accionista mayoritaria de CONELITE. Sin embargo, frente a la sociedad SERODRI SAS, con Nit N° 900.701.073, de la cual el señor CÉSAR AUGUSTO CHAVARRO MEDINA era revisor fiscal, perteneció al señor Francisco Javier Odriozola Juan, quien, a su vez, era accionista y miembro de la junta directiva de ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S.

En efecto, mediante auto 400-000275 de fecha 5 de enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial, como medida de intervención, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad SERODRI SAS, con Nit N° 900.701.073 (liquidada), sustentada en el antecedente de que, “Con la investigación se pudo corroborar que: “la sociedad SERODRI SAS, perteneció al señor Francisco Javier Odriozola Juan, quien suscribió los contratos de consultoría y de colaboración con la sociedad Elite y que recibió $4.796.319.340 pesos de la sociedad”. En consecuencia, se puede concluir que dicha sociedad estuvo estrechamente vinculada con la captación de dineros que de manera ilegal adelantaron varias personas, entre ellas Élite y el señor Francisco Javier Odriozola22.”

En segundo lugar, con respecto a la sociedad AFECAFÉ SAS, sociedad de la cual el señor CÉSAR AUGUSTO CHAVARRO MEDINA era contador, se debe expresar que, el señor Marino Constantino Salgado Carvajal fue quien constituyó esta sociedad como accionista único, quien además fungía como miembro de la junta directiva y accionista de ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. Respecto de la sociedad AFECAFÉ SAS, mediante auto 400-000275 de fecha 5 de enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial, como medida de intervención, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad AFECAFÉ SAS, con Nit N° 900.774.100 (liquidada), sustentada en el antecedente de que, “Con la investigación se pudo corroborar que: “El intervenido Marino Constantino Salgado Carvajal, socio de Elite International S.A.S., constituyó la sociedad AFECAFÉ SAS, con el fin de suscribir con esta, los contratos de consultoría y de colaboración o participación. De acuerdo a lo señalado en el Memorando remitido por la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, “conforme a los soportes contables aportados, la Agente Liquidadora logró establecer que entre 2014 y 2016 la empresa Élite le canceló a la sociedad AFECAFÉ SAS la suma total de cuatro mil ciento cincuenta y un mil millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos ($4.151.641.667)23”.

En tercer lugar, la sociedad THINK COOL SAS, de la cual, el señor FRANCISCO JAVIER ODRIOZOLA era accionista, luego de que mediante acta número 1 del 10 de junio de 2015, se determinara la cesión de las acciones que poseía el accionista FELIPE ANDRÉS CARRILLO FORERO al señor FRANCISCO JAVIER ODRIOZOLA, quien simultáneamente es nombrado suplente del Representante Legal. Esta sociedad fue constituida mediante documento privado sin número, de accionista único, del 5 de febrero de 2015, inscrita el 6 de febrero de 2015 ante la cámara de comercio de Bogotá, bajo el número 01909196 del libro IX. Respecto de la sociedad THINK COOL SAS, mediante auto 400-000275 de fecha 22 Auto 400-000275 de fecha 5 de enero de 2018.

23 Ibíd.

5 de enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial, como medida de intervención, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad THINK COOL SAS, con Nit N° 900.818.487 (liquidada), sustentada en el antecedente de que, “Se observa que “una vez el señor Francisco Javier Odriozola asume como representante legal suplente de la sociedad (se designa el 10 de junio de 2015), se iniciaron actividades a través de las cuales los dineros captados ilegalmente por Élite se giraban a esta sociedad con lo cual se comprueba la vinculación de la misma con la actividad ilegal24.”

En cuarto lugar, respecto de la fundación NUEVO SER (HOY FUNDACIÓN SAMADHI), respecto de la cual, el señor CÉSAR AUGUSTO CHAVARRO MEDINA era el revisor fiscal, mediante auto 400-000275 de fecha 5 de enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial, como medida de intervención, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la FUNDACIÓN SAMADHI, con Nit N° 900.248.478, sustentada en el antecedente de que, “…la Superintendencia logró establecer que, “además de los vínculos con Claudia Esther Rojas Mocetón y José Alejandro Navas Vengoechea, Élite le giró, por lo menos $650.000.000, recursos girados, supuestamente por cuenta de las sumas adeudadas a la sociedad New Gaia Investments”. En consecuencia, la FUNDACIÓN SAMADHI se encuentra vinculada con la actividad de captación no autorizada de dineros del público llevada a cabo por Élite, entre otras personas25.”

Según se expresa por el señor CÉSAR AUGUSTO CHAVARRO MEDINA, “los recursos recibidos fueron utilizados en el proyecto de la sede propia y una parte en la operación de la fundación; igualmente, no se recibió por parte de ente de control alguno una mínima advertencia que me permitiera concluir en la posibilidad de que dicho contrato tuviese visos de ilegalidad”.

Valga aclarar que, la entrega de los dineros a estas sociedades se materializó durante la vigencia de las funciones ejercidas en calidad de revisor fiscal y contador del señor César Chavarro. Sin embargo, según el fundamento de la decisión de exclusión del proceso de intervención, “el intervenido fue revisor fiscal de sociedades que aunque se beneficiaron de la captación, no realizaron la captación en sí misma. De igual forma, no existe evidencia del expediente que permita soportar que efectivamente, tenía forma de determinar que la recepción de beneficios, que además tenían apariencia de legalidad, se trataba de dineros relacionados con la actividad de captación”.

“Así, al estar probado que la conducta desplegada por Cesar Chavarro haya producido daños en materia activa u omisiva, se accederá a su solicitud de desintervención y, en consecuencia, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes que conforman su patrimonio”.

24 Ibíd.

25 Ibíd.

De esta forma, de manera respetuosa exponemos que, saltan a la vista similitudes relevantes que ameritan un trato igualitario por parte de la funcionaria judicial, so pena de vulnerar los derechos fundamentales del señor Jorge Andrés Navas Pérez.

En efecto, como se ha argumentado y demostrado con la conducta procesal del señor Jorge Andrés Navas Pérez, este celebró un contrato de mutuo de acuerdo a los parámetros legales y estatutarios, en razón del interés social de la compañía, sin la posibilidad de conocer que la sociedad mutuante incurriría en operaciones económicas ilegales. Con la mala suerte, que por hechos sobrevinientes no hubiese podido honrar su obligación, que, como se dijo, tampoco constituye un acto ilícito o indicio de ello en nuestro ordenamiento jurídico.

2. DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA En este punto, aunque ya se ha desarrollado en otros apartados con suficiencia la argumentación sobre la vulneración de este derecho fundamental, vale la pena precisar el contenido y alcance constitucional del derecho fundamental al debido proceso: “ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”26.

En este contexto, se vislumbra de manera clara la forma en que la señora juez edifica una presunción inexistente en el decreto 4338 de 2008 que sirve de fundamento para imponer la drástica medida de liquidación como medida de intervención en contra del señor Jorge Andrés Navas Pérez. Lo anterior, se ha explicado de manera suficiente en la argumentación precedente, lo cual, constituye una evidente transgresión al núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.

26 Constitución Política de Colombia.

En efecto, la juez fundamenta su decisión en un elemento inexistente en la ley, lo cual, transgrede el principio de seguridad jurídica en el entendido que no existe certeza sobre las normas que regulan la situación concreta del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PEREZ, ya que, por parte de la señora juez, se edifican presunciones inexistentes en el ordenamiento jurídico que lo afectan de manera grave, hasta el punto de que dichas presunciones, sirvan de base para fundamentar una decisión que impone en su contra una medida tan drástica como la de intervención De hecho, vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, en el entendido que, precisamente la presunción que se edifica para el caso que nos convoca, contraviene lo dispuesto por la constitución en este sentido.

Adicionalmente, de manera respetuosa se observa que, a lo largo del fallo y como fundamento de la decisión de la señora juez, se utilizan suposiciones carentes de soporte probatorio para efectos de imponer la drástica medida al señor Jorge Andrés Navas Pérez.

En efecto, la señora juez en el caso concreto, asume el haber celebrado un contrato de mutuo que, por hechos sobrevinientes no pudo pagarse, como prueba principal que demuestra el beneficio recibido del señor Jorge Andrés Navas Pérez sobre los recursos ilegales procedentes de las actividades de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. Adicionalmente, refuerza su conclusión con el indicio consistente en que los miembros de la junta de ELITE hacían parte de la junta directiva de CONELITE. Valga precisar que la actividad de CONELITE se restringió únicamente a las actividades de construcción y que era imposible que el señor Jorge Andrés Navas Pérez obtuviese conocimiento de la realización de las actividades ilegales por parte de los accionistas de ELITE. En este sentido, la juez concluye que el señor Jorge Andrés Navas Pérez tenía conocimiento de las conductas que se cometerían por parte de los accionistas de ELITE y que el contrato de mutuo lo celebró con ese conocimiento. No obstante, no se exponen elementos materiales probatorios que relacionen al señor Jorge Andrés Navas Pérez con actividades ilegales.

VI. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL Respetado Señor Juez de Tutela: En atención a la urgencia y al daño irreparable que se está ocasionando al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, le solicito y le ruego que se otorgue la medida de SUSPENSIÓN PROVISIONAL del Auto No. 460000-621 DEL 28 de Enero de 2020 (2020-01-027544) y de las providencias proferidas por la Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - Dirección de Intervención Judicial, en audiencia del 30 de abril de 2021 y 5 de mayo de 2021, mediante las cuales ese Despacho decidió sobre la vinculación y extensión de la liquidación judicial como medida de

intervención al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, dentro del proceso de intervención judicial de la sociedad ELITE INTERNATIONAL S.A. Esta solicitud se realiza, toda vez que, está causando gran afectación sobre los derechos del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ que no tiene el deber jurídico de soportar.

Sírvase señor Juez de Tutela a decretar la medida provisional solicitada.

VII. MANIFESTACIÓN ESPECIAL De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he promovido acción de tutela anteriormente, por los mismos hechos y con la misma pretensión.

VIII. COMPETENCIA Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela conforme a lo previsto por el Artículo primero (1) numeral 10, del Decreto 333 del 6 de abril del 2021.

IX. PRUEBAS DOCUMENTALES 1. Auto 460-000621 del 28 de enero de 2020 con radicación 2020-01-027544, que ordena la intervención bajo la medida de liquidación judicial y decreta la vinculación al proceso en curso de liquidación judicial como medida de intervención de Élite International Américas S.A.S a Jorge Andrés Navas Pérez.

2. Solicitudes de desintervención del señor Jorge Andrés Navas Pérez presentadas mediante memoriales 2020- 01-259290 de 14 de junio de 2020 y 2020-01-406464 de 10 de agosto de 2020.

3. Auto 910-004392 con radicación 2021-01-177468, que convoca a audiencia de resolución de solicitudes de exclusión del proceso de intervención.

4. Traslado de las Pruebas Documentales decretadas de oficio por esta Superintendencia con radicado 2021-01-125402.

5. Pruebas documentales obrantes en el proceso del señor Jorge Andrés Navas Pérez mediante radicados 2018-01-251034 del 17 de mayo de 2018, 2018-01265549 del 24 de mayo de 2018, 2016-01-508694 del 13 de octubre de 2016.

De igual forma, se anexa el link del traslado de las Pruebas Documentales decretadas de oficio por esta Superintendencia que se tuvieron en cuenta para

ordenar la intervención bajo la medida de liquidación judicial y decreta la vinculación al proceso en curso de liquidación judicial como medida de intervención de Élite International Américas S.A.S a Jorge Andrés Navas Pérez. https://supersociedades365my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariamc_supersociedades_gov_co/Em2ZLX943tDvazcAhWjpfIBtUNr6iLfAKvdk4c-Jx4MJQ?e=bZPzKF X. ANEXOS 1. Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas XI. NOTIFICACIONES ACCIONANTE: El señor Jorge Andrés Navas Pérez recibirá notificaciones en el correo electrónico jnpconsultores@hotmail.com ACCIONADA: Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales - Dirección de Intervención Judicial recibirán notificaciones en la Avenida el Dorado No. 51-80 de la ciudad de Bogotá D.C. y en el correo electrónico: webmaster@supersociedades.gov.co Cordialmente,

JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ C.C. No. 80.417.266.

AUTO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Sujetos Intervenidos Élite International Américas S.A.S y otros en liquidación judicial Auxiliar María Mercedes Perry Ferreira Asunto Ordena intervención bajo la medida de liquidación judicial y vinculación al proceso de Élite International Américas S.A.S y otros, de la sociedad Construcciones y Desarrollos Élite S.A.S, en adelante Conélite S.A.S y del señor Jorge Andrés Navas Pérez.

Proceso Intervención Expediente 77.054 I. ANTECEDENTES 1. La Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de esta Superintendencia, mediante Memorando 300-000935 de 9 de diciembre de 2016, informó a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, que la sociedad Élite International Américas S.A.S., habría captado de manera no autorizada dineros del público, configurándose los supuestos enunciados en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008. En consecuencia, mediante Auto 400-018449 de 9 de diciembre de 2016, se ordenó por parte de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la liquidación judicial como medida de intervención respecto de la sociedad referida y de otras personas naturales y jurídicas.

2. Mediante Memorando 300-008009 de 23 de agosto de 2018, al que se dio alcance con Memorando 300-000077 de 01 de noviembre de 2019, la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de esta Entidad, solicitó la adopción de las medidas de intervención previstas en el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008 respecto de las actividades, operaciones y negocios de la sociedad Conélite S.A.S y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, identificado con C.C Nº 80.417.266, en su calidad de representante legal principal y accionista de la sociedad referida, por cuanto pudo evidenciarse que fue beneficiaria de la captación ilegal desarrollada por Élite.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 1. Con ocasión de la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4333 de 2008, se establecen medidas de intervención que propendan a la toma de posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

2. La Honorable Corte Constitucional estableció que: “Tal intervención tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, “generan abuso del derecho y fraude a la ley” al ejercer la actividad financiera irregular; y (ii) disponer la

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organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades” (Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009. MP. Nilson Pinilla Pinilla).

3. Así las cosas, el artículo 1 del Decreto 4334 de 2008 establece: “Declarar la intervención del Gobierno Nacional, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las persona naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual se otorgan a dicha Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de dichas personas con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado”.

4. La Corte Constitucional, encontró esta norma acorde a los mandatos superiores, entendiendo que lo buscado por el Gobierno es hacer frente a una situación excepcional, generada por la captación masiva y habitual de dineros del público. Dicha Corporación manifestó, que la medida de intervención está justificada en el marco de la declaratoria de emergencia económica y social adoptada por medio del Decreto 4333 de 2008, que entre sus motivaciones establece: “Que se han venido proliferando de manera desbordada en el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades; (…)

Que tales actividades llevan implícito un grave riesgo y amenaza para los recursos entregados por el público, toda vez que no están sujetas a ningún régimen prudencial y carecen de las garantías y seguridades que ofrece el Sector Financiero autorizado por el Estado” (Resaltado agregado por el Despacho).

5. A su vez, la Corte Constitucional estimó que la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público sin la debida autorización estatal, afectaba de manera grave e inminente al orden social del país, haciendo necesaria la intervención por parte de las autoridades. En este sentido, dicha Corporación encontró que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, desarrollaban el mandato constitucional de la intervención del Estado en las actividades financiera, bursátil y aseguradora, derivado de los artículos 333, 334 y 335 superiores. En palabras de la Corte Constitucional: “Así mismo, es imperativo constitucional que se realice intervención sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley ( Arts. 150-19-d, 128-24 y 335 de la Constitución); al respecto conviene acotar que, ni en la Constitución ni en la ley Estatutaria de Estado de Excepción, se prohíbe ni limita la intervención del Estado en las mencionadas actividades”1.

6. En desarrollo de la mencionada intervención, se establece con claridad en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, los sujetos de las medidas de intervención así: “Son sujeto de la intervención las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tiene exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos.”

1

Corte Constitucional. Sentencia C-145-09. MP. Nilson Pinilla Pinilla.

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7. A su vez, el artículo 6 prevé los supuestos para la adopción de las medidas de intervención así: “La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos y notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a persona naturales o jurídicas, directa o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bines, servicio o rendimientos financieros sin explicación financiera razonable”.

8. El artículo 7 se establecen las medidas de intervención que podrán decretarse por parte de la Superintendencia de Sociedades, al verificarse la existencia del ejercicio de la actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización estatal. Así, el mencionado artículo establece: “En desarrollo de la intervención administrativa, la Superintendencia de Sociedades podrá adoptar las siguientes medidas: (…) e) La suspensión inmediata de las actividades en cuestión (…) f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier contrato u otra forma de asociación que no genere personificación jurídica, ante la Superintendencia de Sociedades, independientemente a que esté incursa en una situación de cesación de pagos. g) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de persona natural sin consideración a su calidad de comerciante; (…)”

9. Los efectos de la medida se encuentran regulados en el artículo 9 del mencionado Decreto. Frente a estos, la Honorable Corte Constitucional estableció: “Las anteriores medidas están conformes a la Carta Política, pues garantizan que la toma de posesión se desarrolle atendiendo al principio superior de legalidad de la función pública (…) que según se ha explicado, persigue que la administración someta sus actuaciones a normas previamente establecidas y respete el debido proceso.

Además, satisfacen las exigencias constitucionales de aptitud y conducencia, pues resultan idóneas para lograr los fines propuestos por la emergencia social (…); tampoco se advierte que las mismas restrinjan derechos fundamentales sin razón justificada” (Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009. MP. Nilson Pinilla Pinilla).

10. En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en los Memorandos 300-008009 de 23 de agosto de 2018, y 300-000077 de 01 de noviembre de 2019, la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control pudo constatar lo siguiente: Sobre el análisis de los estados financieros de Conélite S.A.S 10.1 Conélite fue constituida el 16 de mayo de 2014, por los señores Jorge Andrés Navas Pérez, y la sociedad Élite International Américas S.A.S., representada por el señor Alejandro Navas Vengoechea con un capital suscrito de $15.000.000 y participación en el capital social de 25 y 75%, respectivamente.

10.2 Entre Élite (como contratante) y Conélite (como contratista), se celebró un contrato el 01 de octubre de 2014, que tenía como objeto la ejecución por parte de Conélite de todas las obras civiles necesarias para la adecuación de las nuevas oficinas de Elite

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International Américas S.A.S., incluido el diseño arquitectónico, constituyéndose así en el único ingreso que percibiría la compañía para el período 2014, obra que fue desarrollada entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. El valor del contrato referido se fijó en la suma de $2.045.434.220.00.

10.3 En relación al contrato de obra y con base en el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2014, se estableció que si bien la Sociedad reflejó unos ingresos operacionales de $2.020.451.077, éstos se vieron reducidos en la suma de $808.538.148, debido a que inicialmente esta última cifra fue reconocida en la contabilidad como un “ingreso recibido por anticipado” y posteriormente reclasificada como una “provisión para costos y gastos”, lo cual permite inferir que los ingresos obtenidos realmente fueron de $1.211.912.929, valor aproximado al de la ejecución de la obra derivada del contrato suscrito con Élite por valor de $1.215.359.555.95.

10.4 La ejecución del contrato, le generó a Conélite una utilidad de $706.538.322, quedando una vez deducidas las apropiaciones para el pago de impuestos y la reserva, un valor a distribuir de $689.516.852. Sobre las utilidades del señor Jorge Andrés Navas Pérez, se observó que en acta No. 7 del 15 de junio de 2015, se autorizó el giro de las mismas a favor de los señores Francisco Odriozola, Marino Salgado, Alejandro Navas, Claudia Rojas, Luis Guillermo Rodríguez y Jorge Enrique Navas.

Sobre el análisis del material probatorio que obra en el expediente 10.5 En relación con las sumas de dinero que entregó Élite a Conélite para su sostenimiento, en Acta N° 23 del 21 de enero de 2015 de reunión extraordinaria de asamblea de accionistas de Élite en la cual se encontraban reunidos todos los accionistas, en el numeral 4 el señor Jorge Andrés Navas Pérez, en su condición de gerente de Conélite, sugiere participar en un proyecto inmobiliario que se realizaría en la ciudad de Cartagena.

10.6 Una vez revisadas y analizadas las cifras de manera unánime, se autorizó la participación en el proyecto para lo cual se entregan en nombre de Élite las siguientes sumas de dinero: $2.700.000.00, destinados para gastos pre operativos y adquisición de tres inmuebles y $573.500.000 para atender los gastos de la oficina Conélite S.A.S., durante la ejecución del proyecto.

10.7 El señor Navas Pérez manifestó que, Conélite no había devuelto a Élite los dineros recibidos, es decir, aceptó que no había cumplido con la única obligación emanada del contrato de mutuo, que es la devolución de los recursos entregados.

10.8 Agregó la Delegatura para Inspección, Vigilancia y control que “otro indicio que permite concluir que Conélite recibió dineros de Élite con conocimiento de la ilegalidad de la operación a través de la cual éstos fueron conseguidos, es la configuración de su Junta Directiva por accionistas y administradores de Élite quienes claramente conocían el origen de los dineros de Élite y la ilegalidad de su operación y que, actualmente, están vinculados al proceso de intervención”.

10.9 Según pruebas que obran en el expediente de Conélite y en la radicación 2017-01060903 del 20 de febrero de 2017, desde el 2 de junio de 2015 hasta el 22 de agosto de 2016, la Sociedad contó con una Junta Directiva conformada por los señores José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Constantino Salgado Carvajal y Francisco Javier Odriozola Juan, como principales. Con suplencia, en su orden, de los señores Claudia Esther Rojas Mocetón, Jorge Enrique Navas Vengoechea y Luis Guillermo Rodríguez Gutiérrez, sujetos que han sido intervenidos por captación no autorizada de dineros del público.

10.10 De igual forma durante la investigación se pudo concluir que la actuación del señor Jorge Andrés Navas Pérez en calidad de representante legal de Conélite estuvo

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viciada de mala fe toda vez que conocía el origen ilegal de los recursos obtenidos de Élite y, por ende, debe ser sujeto de intervención en los términos del artículo 5º del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con la sentencia C-145 de 2009.

10.11 Por último, la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control concluyó que Conélite fue beneficiaria de los recursos de Élite, tal como se describe a continuación: -

-

La suma de $542.631.807, fue pagada por Élite International Américas S.A.S e ingresó a Conélite a través de la cuenta corriente 833003320 del Banco BBVA. La suma de $210.673.000, también fue pagada por Elite International Américas S.A.S. y está soportada en comprobantes de egreso.

La suma de $462.054.749, fue acreditada por concepto de dividendos por pagar, reclasificación y cruce de cuentas y está soportada con notas de contabilidad.

Para un total de estos ítems de $1.215.359.556.

Al ser creada una provisión para costos y gastos de $808.538.148.00, los ingresos obtenidos por Conélite durante el período 2014 de $2.020.451.077.00, se vieron disminuidos en esta suma.

11. Descrito lo anterior, el Despacho pone de presente que los hechos que dan origen a la intervención consisten en una actividad ilícita y los sujetos intervenidos son todas aquellas personas que, directa o indirectamente, han tenido relación con dicha operación. Por ello, el Decreto Legislativo 4334 de 2008 también previó la intervención de personas distintas al empresario, como son administradores, socios, contadores, revisores fiscales y beneficiarios de las operaciones de captación de recursos2.

12. La norma citada considera tan responsable al que capta como al que tiene con él una participación indirecta en la actividad de captación, cuando se trata de una colaboración determinante, y las labores de uno y otro están vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la responsabilidad de los beneficiarios de la captación se ciñe por las reglas de la solidaridad. Por lo tanto, en el trámite del proceso concursal es posible exigir de todos ellos el pago de la totalidad de las devoluciones en las que los beneficiarios comparten la calidad de codeudores con el captador y el estructurador de la operación.

13. La lista de personas y actividades prevista en el Decreto de Intervención como sujetos probables de intervención, da cuenta de situaciones y condiciones objetivas, de modo que para definir la intervención basta con que se determine la calidad de estos, a fin de ordenar la medida y disponer el procedimiento para lograr la pronta devolución de los recursos a los afectados. En otras palabras, el Decreto 4334 de 2008 prevé unos supuestos objetivos de intervención, en la medida en que dependen de la verificación material de la condición del sujeto o la actividad, en relación al listado contenido en la norma.

14. Por lo tanto, se hará extensiva la medida de intervención, a la sociedad Conélite S.A.S, en calidad de beneficiaria de la captación ilegal de recursos desarrollada por Élite International Américas S.A.S; y al señor Jorge Andrés Navas Pérez, en su calidad de representante legal y accionista de la sociedad referida, durante el periodo de captación de Élite. Lo anterior, con soporte en la previsión legal citada, esto es el Decreto 4334 de 2008, y la información remitida a través de los distintos Memorandos proferidos por la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control.

15. En adición a lo anterior, se proferirán las órdenes complementarias de rigor, tendentes a dotar de eficacia a este proceso que, como lo resaltó la Corte Constitucional, es de naturaleza cautelar y, en consecuencia, eficiente, concentrado y expedito.

En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Admisiones, 2

Auto 400-005967 de 18 de abril de 2016. Alternativas Financieras Altefín S.A.S y otros.

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RESUELVE Primero. Ordenar la intervención bajo la medida de liquidación judicial y decretar la vinculación al proceso en curso de liquidación judicial como medida de intervención de Élite International Américas S.A.S y otros, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, de Construcciones y Desarrollos Élite S.A.S - CONELITE S.A.S. identificada con Nit. 900.735.811-6, y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, con C.C. No. 80.417.266, en calidad de representante legal y accionista de Conélite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Designar como agente liquidadora de entre los inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia, a María Mercedes Perry Ferreira, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.902.555, quien tendrá la administración de los bienes de los intervenidos.

Por el Grupo de Apoyo Judicial, líbrense los oficios respectivos y comuníquese por el medio más expedito esta designación y ordenar su inscripción en el registro mercantil.

La auxiliar de la justicia tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, en la Calle 72 No. 9 – 66 Oficina 402, Pbx 6533000, correo electrónico liquidadora.elite@elite.net.co.

Tercero. Advertir a la agente liquidadora que de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, los gastos propios de la intervención competen a los estrictamente necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, atendiendo la pertinencia, razonabilidad y soporte de los mismos, y que su gestión deberá ser austera y eficaz.

Cuarto. Ordenar a la liquidadora que preste, dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión, caución judicial por el 0,3% del valor total de los activos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar, la cual deberá amparar el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de los sujetos intervenidos, de conformidad con la Resolución 100-000867 de 2011, la referida caución judicial deberá amparar toda la gestión del auxiliar de la justicia y, hasta por cinco (5) años contados a partir de la cesación de sus funciones.

Quinto. Los gastos en que incurra la referida auxiliar para la constitución de la citada caución serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a los sujetos intervenidos.

Sexto. Advertir que el valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún caso ser inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV), lo anterior en caso de que los intervenidos no cuenten con activos, o los mismos sean inferiores a la suma anteriormente señalada.

Séptimo. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de Construcciones y Desarrollos Élite S.A.S - CONELITE S.A.S. identificada con Nit. 900.735.811-6, y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, con C.C. No. 80.417.266, susceptibles de ser embargados.

Octavo. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan bienes de los intervenidos.

Noveno. Ordenar a los comandos de policía por conducto de la alcaldía respectiva, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar

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la confianza al público (parágrafo 3 del artículo 7 del Decreto 4334 de 2008), en los establecimientos que no hayan sido objeto de la medida. Líbrese el oficio respectivo.

Décimo. Ordenar a las oficinas de tránsito, comunicar de forma inmediata a la liquidadora la captura de vehículos que realice en virtud de este auto a los sujetos intervenidos. Dicha comunicación deberá surtirse en Bogotá, en la Calle 72 No. 9 – 66 Oficina 402, Pbx 6533000, correo electrónico liquidadora.elite@elite.net.co. Adicionalmente, poner a su disposición el vehículo capturado y avisar de ello a este Despacho.

Décimo Primero. Ordenar a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la consignación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sea titular los sujetos intervenidos a orden de la Superintendencia de Sociedades – Grupo de Intervenidas, en el Banco Agrario de Colombia, Depósitos Judiciales, en la cuenta No. 110019196105 por concepto 1 (Depósitos Judiciales) y al número de proceso 110019196105-01642077054.

En consecuencia, deberán comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los saldos y conceptos de los recursos que se llegaren a congelar como consecuencia de esta medida.

Por tratarse de un proceso de intervención por captación ilegal, el embargo no tiene límite de cuantía, por lo que únicamente quedarán libres de embargo aquellos recursos que la ley les reconozca el carácter de inembargables.

Décimo Segundo. Ordenar a los establecimientos de crédito, remitir los extractos de aquellas cuentas de las que los intervenidos han sido titulares, en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018.

Décimo Tercero. Ordenar a las cámaras de comercio, oficinas de registro de instrumentos públicos junto con Superintendencia de Notariado y Registro, Aeronáutica Civil y Dimar, que inscriban la intervención y en consecuencia se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de los sujetos intervenidos, levanten las medidas cautelares que pesan sobre los mismos, de conformidad con los numerales 8 y 14 del artículo 9 del Decreto 4334 del 2008, salvo que dicho acto haya sido realizado por la agente liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndoles que deben comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los bienes que de acuerdo con sus actuaciones, pertenecen a los intervenidos.

Décimo Cuarto. Ordenar a los Ministerios de Transporte y, Minas y Energía, que, en su orden, impartan instrucción a las Secretarías de Tránsito y Transporte, y a las entidades competentes para certificar títulos mineros, naves, aeronaves y embarcaciones dentro del territorio nacional, con el fin de que inscriban la intervención y se abstengan de registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de los intervenidos, salvo que dicho acto haya sido realizado por la agente interventora designada por la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndoles que deben comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los bienes que, de acuerdo con sus actuaciones, pertenecen a los intervenidos.

Décimo Quinto. Ordenar a los juzgados con jurisdicción en el país, que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, informen a este Despacho si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o parte en procesos de los que pueda derivar algún derecho y de los bienes sobre los que recaen, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa y procedan a inscribir la intervención.

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Décimo Sexto. Ordenar la remisión de todos los procesos de ejecución contra de los sujetos intervenidos de conformidad con el artículo 50.12 de la ley 1116 de 2006. Para tal efecto, la auxiliar de la justicia deberá oficiar a los jueces de conocimiento respectivo.

Décimo Séptimo. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, ponga a disposición de la agente liquidadora todos los bienes que hayan sido aprehendidos o incautados dentro de las investigaciones penales que se adelanten contra los sujetos intervenidos.

Décimo Octavo. Ordenar la consignación del dinero aprehendido, recuperado o incautado a orden de la Superintendencia de Sociedades – Grupo de Intervenidas, en el Banco Agrario de Colombia, Depósitos Judiciales, en la cuenta No. 110019196105 por concepto 1 (Depósitos Judiciales) y al número de proceso 110019196105-01642077054, de conformidad con el artículo 9.14 del Decreto 4334 de 2008.

Décimo Noveno. Requerir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que arrime al expediente de intervención las declaraciones de renta y toda la información exógena correspondiente a los años 2013 al 2018 de las personas intervenidas a través de este auto.

Vigésimo. Requerir a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, para que presente al Despacho la información financiera y económica que tenga en su poder respecto de los años 2014 a 2018 de los sujetos intervenidos mediante este proveído.

Líbrese oficio a la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF para que ejerza la labor de acompañamiento en este proceso.

Vigésimo Primero. Líbrense los oficios masivos correspondientes a las mencionadas entidades a través del Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia. Solicítese la expedición y remisión a este Despacho de los certificados o documentos correspondientes que acrediten los derechos, si a ello hubiere lugar.

Vigésimo Segundo. Ordenar a los grupos de Apoyo Judicial y Gestión Documental, que los oficios de respuesta que remita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respecto de la información solicitada sean agregados a una carpeta de reserva dentro del expediente, y que sean radicadas con seguridad jerárquica dentro del sistema de gestión documental Postal.

Vigésimo Tercero. Ordenar a la auxiliar de la justicia que una vez posesionada, proceda de manera inmediata, a inscribir la presente providencia en las oficinas de registro correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos.

Vigésimo Cuarto. Advertir a la auxiliar de la justicia, que con la firma del acta de posesión queda obligada a acatar el Manual de Ética para auxiliares de la justicia (Resolución 100-000083 de 19 de enero de 2016), que hace parte de la reglamentación del Decreto 2130 de 2015 e inmediatamente después del acta de posesión deberá suscribir el compromiso de confidencialidad (Resoluciones 130 - 000161 de 4 de febrero de 2016) e informar sobre el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de interés o que pueda afectar negativamente el ejercicio de sus funciones.

Vigésimo Quinto. Instruir a la liquidadora para que atienda las consideraciones expuestas en la circular 100-000005 de 27 de julio de 2014, sobre autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, como quiera que por sus funciones de administración y representación legal, tiene el deber y la obligación de revisar en todas y cada una de las listas de chequeo disponibles para el efecto, la información de los potenciales compradores de los bienes de los deudores intervenidos.

Vigésimo Sexto. Ordenar a la liquidadora de conformidad con la Circular Externa 400000002 del 30 de marzo de 2011, que tratándose de personas obligadas a llevar contabilidad, deberá remitir, por cada persona intervenida, un balance general y un estado

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de resultados, cada seis meses, esto es con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada año; y con relación a las demás personas intervenidas no obligadas a llevar contabilidad, presentará, con la periodicidad señalada en el párrafo anterior, un estado de derechos, bienes y obligaciones que contengan los activos y pasivos de los intervenidos y un estado de ingresos y gastos. En todo caso, al concluir el proceso de intervención presentará una rendición final de cuentas.

Vigésimo Séptimo. Advertir a la liquidadora que el marco técnico normativo de información financiera que debe aplicar durante el proceso, es el previsto en el Decreto 2101 de 22 de diciembre de 2016, por medio del cual se adiciona un título al Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento de la Información.

Vigésimo Octavo. En consecuencia, sin perjuicio de la información periódica, la liquidadora deberá presentar dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrega de libros y documentos de la sociedad, un estimativo de gastos del proceso, indicando concepto, valor mensual y término. En todo caso el juez ejercerá las facultades del artículo 5.3 de la Ley 1116 de 2006, cuando se remitan los respectivos contratos o nombramientos.

Vigésimo Noveno. Ordenar la fijación, en el Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades, por un término de diez (10) días, del aviso que informa acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial como medida de intervención, el nombre de la liquidadora y el lugar donde los afectados y acreedores deberán presentar sus créditos. Copia del aviso será fijado en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la del deudor, en la sede, sucursales, agencias y la de la liquidadora durante todo el trámite.

Trigésimo. Prevenir a los deudores de los intervenidos, que a partir de la fecha sólo pueden pagar sus obligaciones a la liquidadora, y que todo pago hecho a persona distinta será ineficaz.

Trigésimo Primero. Advertir a los acreedores, que disponen de un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que de conformidad con el artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su crédito y/o reclamación al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.

Trigésimo Segundo. Advertir a los afectados de los sujetos intervenidos que como quiera que este proceso de intervención está intrínsecamente relacionado con el de Liquidación Judicial como medida de intervención de Élite International Américas S.A.S. y otros, en caso de haber presentado su reclamación al proceso de Élite International Américas S.A.S. y otros, no es necesario que presenten su reclamación nuevamente en este proceso.

Trigésimo Tercero. Ordenar a Apoyo Judicial que libre los oficios correspondientes.

Notifíquese y cúmplase

VERONICA ORTEGA ALVAREZ Coordinadora Grupo de Admisiones TRD: ACTUACIONES 2019-01-396747

Señor SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES E. S. D.

Referencia: Nit: Expediente: Asunto:

Proceso de Liquidación Judicial como medida de intervención de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ y OTROS 900.437.991 75040 SOLICITUD EXCLUSIÓN INMEDIATA DEL TRÁMITE DE INTERVENCIÓN

CARLOS MARIO MONTIEL FUENTES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.879.558 de Bogotá, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 201.567 del C. S. de la J., en mi condición de apoderado del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. e identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.266, de conformidad con el poder que se anexa, acudo a este Despacho con el fin de formular una solicitud de exclusión del trámite de intervención bajo la medida de liquidación judicial del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, la cual hago en los siguientes términos: I. LA PROVIDENCIA QUE DECRETÓ LA INTERVENCIÓN Mediante auto No. 460-000-621 del 28 de enero de 2020 (2020-01-027544) la Superintendencia de Sociedades, entre otras, resolvió: “Primero. Ordenar la intervención bajo la medida de liquidación judicial y decretar la vinculación al proceso en curso de liquidación judicial como medida de intervención de Élite International Américas S.A.S y otros, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, de Construcciones y Desarrollos Élite S.A.S - CONELITE S.A.S. identificada con Nit. 900.735.811-6, y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, con C.C. No. 80.417.266, en calidad de representante legal y accionista de Conélite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

La motivación que utilizó la providencia para decretar la intervención fue la siguiente: 1. Que “mediante memorando No. 300-008009 del 23 de agosto de 2018, al que se dio alcance con Memorando 300-000077 de 01 de noviembre de 2019, la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de esta Entidad, solicitó la adopción

de las medidas de intervención previstas en el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008 respecto de las actividades, operaciones y negocios de la sociedad Conélite S.A.S y del señor Jorge Andrés Navas Pérez, identificado con C.C Nº 80.417.266, en su calidad de representante legal principal y accionista de la sociedad referida, por cuanto pudo evidenciarse que fue beneficiaria de la captación ilegal desarrollada por Élite.” (Subrayas fuera del texto original).

2. Que según la Corte Constitucional la medida de intervención tiene dos objetivos fundamentales que son el de suspender las operaciones o negocios que generan la medida y disponer el procedimiento para la pronta devolución de recursos.

3. Que el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008 dispone que son sujetos de las medidas de intervención “las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tiene exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos”.

4. Sin embargo, la providencia olvidó mencionar que dicha norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-14509 de 12 de marzo de 2009, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla, en el entendido de que no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales.

5. Que deben existir hechos objetivos o notorios que den cuenta de la realización o intermediación en las operaciones prohibidas.

6. Que la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo al artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, debe verificar la existencia del ejercicio de la actividad de captación.

7. Que la sociedad Conelite fue constituida por el señor Jorge Andrés Navas Pérez con una participación del 25%, y la sociedad Elite International Américas S.A.S. con una participación del 75%.

8. Que entre Elite y Conelite se celebró el contrato del 1 de octubre de 2014 cuyo objeto era la ejecución de todas las obras civiles para la adecuación de las nuevas oficinas de Elite International Américas S.A.S., incluido el diseño arquitectónico.

9. Que dicho contrato constituía el único ingreso que percibió Conelite en el periodo 2014.

10. Que la obra fue desarrollada entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.

11. Que el valor del contrato se fijó en la suma de $2.045.434.220.oo.

12. Que si bien los ingresos operacionales de Conelite fueron de $2.020.451.077, estos se redujeron en $808.538.148 por cuanto en la contabilidad fue reconocida esta suma como un ingreso recibido por anticipado y posteriormente reclasificada como provisión para costos y gastos.

13. Que lo anterior permite inferir que los ingresos obtenidos realmente fueron de $1.211.912.929, el cual, dice la providencia, era el valor aproximado al de la ejecución de la obra derivada del contrato suscrito con Elite por valor de $1.215.359.555.95.

14. Que la ejecución del contrato le generó a Conelite una utilidad de $706.538.322, quedando un valor a distribuir de $689.516.852.

15. Que sobre las utilidades del señor Jorge Andrés Navas Pérez se observó que en acta No. 7 del 15 de junio de 2015, se autorizó el giro de las mismas a favor de los señores Francisco Odriozola, Marino Salgado, Alejandro Navas, Claudia Rojas, Luis Guillermo Rodríguez y Jorge Enrique Navas.

16. Hasta este punto, la providencia no presenta ninguna actividad ilícita, ilegal o irregular en la que haya participado el señor Jorge Andrés Navas. Ni siquiera la sugiere, precisamente porque no existe.

17. Que el señor Jorge Andrés Navas Pérez sugirió participar en un proyecto inmobiliario que se realizaría en la ciudad de Cartagena. Esto consta en el numeral 4 del acta No. 23 del 21 de enero de 2015.

18. Que revisadas las cifras, de manera unánime, se autorizó la participación en el proyecto.

19. Que en nombre de Elite se entregaron las siguientes sumas de dinero: $2.700.000.00, destinados para gastos pre operativos y adquisición de tres inmuebles y $573.500.000 para atender los gastos de la oficina Conélite S.A.S., durante la ejecución del proyecto.

20. No obstante la tergiversación de la realidad que la Superintendencia de Sociedades pretende hacer, según se revela en el numeral anterior, debe precisarse que la sociedad Elite, dicha entrega de recursos (Los $2.700.000.000.oo) NO la hizo en su calidad de accionista de la compañía, sino en condición de inversionista del proyecto Martinique, es decir, pretendía comprar inmuebles en dicho proyecto.

Además, dicha suma de dinero jamás fue entregadas a Conelite, ni mucho menos al señor Jorge Andrés Navas Pérez.

21. Que supuestamente el señor Jorge Andrés Navas manifestó que Conelite no devolvió a Elite los dineros recibidos. Según concluye ese Despacho, que el señor aceptó que Conelite no cumplió con la única obligación emanada del contrato de mutuo, que es la devolución de los recursos entregados.

22. Que la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control agregó que: “otro indicio que permite concluir que Conélite recibió dineros de Élite con conocimiento de la ilegalidad de la operación a través de la cual éstos fueron conseguidos, es la configuración de su Junta Directiva por accionistas y administradores de Élite quienes claramente conocían el origen de los dineros de Élite y la ilegalidad de su operación y que, actualmente, están vinculados al proceso de intervención”. (subrayas y negrillas fuera del texto original).

No obstante, echa de menos la providencia que el señor Jorge Andrés Navas Pérez nunca tuvo la condición de miembro de junta directiva, ni empleado, ni ningún tipo de relación con la sociedad Elite International Américas S.A.S. El hecho de que administradores de Elite fueran miembros de junta directiva de una sociedad, léase Conelite) no se traduce en que los accionistas de esta deban conocer las andanzas de aquellos. La conclusión que saca la Superintendencia de Sociedades de este supuesto, además de ligera, es errada. Esto es tanto como decir que si los administradores de Elite hubieren sido miembros de junta directiva en Ecopetrol, por ejemplo, los accionistas de dicha empresa petrolera, también debieran ser intervenidos.

23. Que los miembros de junta directiva de Conelite, desde el 2 de junio de 2015 hasta el 22 de agosto de 2016, se trata de sujetos que fueron intervenidos por captación no autorizada de dineros del público.

24. Que “se pudo concluir” que la actuación del señor Jorge Andrés Navas Pérez en calidad de representante legal de Conelite estuvo viciada de mala fe toda vez que conocía el origen ilegal de los recursos obtenidos de Elite, y por tanto debe ser sujeto de intervención.

25. No obstante lo anterior, en la providencia de manera escueta dicen que se pudo concluir, pero no dicen de dónde sacan la conclusión, si es de la manga, o de medios probatorios. Lo más grave es que mencionan que se actuó de mala fe, cuando la buena fe se presume, y para concluir lo contrario, debe desvirtuarse dicha presunción, con medios probatorios, y no con meras afirmaciones caprichosas y arbitrarias en una providencia.

26. Que Conelite fue beneficiaria de recursos de Elite. Pero en ningún momento, menciona la providencia que lo haya sido el señor Jorge Navas Pérez, o por lo menos no lo prueba, lo cual es necesario para imponer la medida de intervención.

Además, en el numeral 10.11 de la providencia, la Superintendencia de Sociedades detalla una operación financiera realizada durante el año 2014 entre Elite y Conelite, respecto de la cual no existe ningún reproche por cuanto se trató de una operación válida y legal, y soportada en los contratos que dan cuenta de ella, así como en la contabilidad, y que hacen referencia a una obra cierta. No obstante esto, es decir, de una operación real, válida y soportada, el Despacho desemboca en una supuesta actividad ilícita, pero sin mencionar las causas que dan lugar a la misma, o los hechos que soportan la supuesta ilegalidad. En síntesis, para esta entidad una operación lícita, legal y soportada, es convenientemente constitutiva de una actividad ilícita, lo cual es a todas luces abiertamente equivocado, e ilegal, tratándose de la actuación de la entidad.

27. Que los sujetos intervenidos son todas aquellas personas que directa o indirectamente han tenido relación con la operación prohibida.

28. Que el decreto 4334 de 2008 previó la intervención de personas distintas al empresario, como son los administradores, socios, contadores, revisores fiscales y beneficiarios de las operaciones de captación de recursos.

29. Desde ya, es necesario mencionar que en la providencia no se dice en calidad de qué fue intervenido el señor Jorge Andrés Navas Pérez. Solo, de manera escueta, dice que actuó de mala fe, pero sin soporte para realizar tal afirmación.

30. Que la norma considera tan responsable al que capta como al que tiene con él una participación indirecta en la actividad de captación, “cuando se trata de una colaboración determinante, y las labores de uno y otro están vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico”.

En todo caso, la providencia no señala, cuál fue la colaboración determinante de Jorge Andrés Pérez Navas, ni las supuestas labores que estuvieran vinculadas entre este y Elite International Américas S.A.S. 31. Que el decreto 4334 de 2008 “prevé unos supuestos objetivos de intervención, en la medida en que dependen de la verificación material de la condición del sujeto o la actividad”.

No obstante, la providencia no tiene muestra de ningún tipo de verificación de la condición en que fue intervenido el señor Jorge Andrés Navas Pérez.

El solo resumen de la parte motiva de la providencia, ya hace que la misma quede sin piso, no obstante, es necesario precisarle al Despacho los hechos soporte de la presente solicitud de exclusión y que dan lugar a que se acceda a la misma.

II. HECHOS Se encuentra probado dentro del trámite, según reposa en el expediente, que: 1. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca fue accionista de Elite International Américas S.A.S. 2. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca fue miembro de la junta directiva Elite International Américas S.A.S. 3. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no conoció de las actividades ilegales de captación que adelantó la sociedad Elite International Américas S.A.S. 4. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no tenía manera de conocer de las actividades ilegales de captación que adelantó la sociedad Elite International Américas S.A.S. 5. Por tanto, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no participó en hechos de captación, pirámides, ni operaciones con libranzas.

6. No existe en el expediente ningún soporte, prueba, documento, ni otro medio de prueba que indique que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conoció, o tenía como conocer de las actividades ilegales de la sociedad Elite International Américas S.A.S., razón misma por la que tampoco pudo haber participado en las mismas.

7. La providencia no hace referencia a ningún soporte, prueba, documento que lleve a tamaña conclusión.

8. El auto mediante el cual se decreta la intervención solo hace referencia a contratos válidos que se celebraron entre compañías, sin que en dicha providencia exista siquiera reparo sobre dichos contratos.

9. De hecho, las negociaciones constan en actas de asamblea general, que el mismo Despacho cita en la providencia. Si hubieren querido ocultarse operaciones, no se hacen constar en actas, que por demás, le faltó decir al Despacho, omitiendo de manera grave, que fue el mismo señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ quien las suministró a la señora liquidadora.

Hechos sobre los cuales no hace mención el Despacho – actitud procesal de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ 10. La providencia omite decir que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se reunió en reiteradas ocasiones con la señora María Mercedes Perry Ferreira, en su calidad de liquidadora de Elite. Adicionalmente sostuvo reuniones con los funcionarios que se encontraban a órdenes de la señora liquidadora.

11. El motivo de dichas reuniones era suministrar la información que la señora liquidadora requiriera sobre el proyecto Martinique y de la venta que hiciere a los socios del proyecto, de la participación que Conelite tenía en el mismo.

12. Se le puso de presente a la señora Perry que se buscaban mecanismos idóneos legales que llevaran a determinar que los socios compradores del proyecto actuaron de mala fe y que el valor pagado a Conelite derivado de la valoración del proyecto era mucho menor al valor real, y que, por tanto no sería posible pagar la obligación derivada del contrato de mutuo celebrado con Elite.

13. Adicionalmente, se le manifestó que si a bien lo tenía, iniciara cualquier tipo de acción en contra de los compradores para que se pagara el precio real, y con cuyo recaudo pudiera pagarse la totalidad de la obligación a favor de Elite.

14. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca se negó a suministrar información, de manera verbal y documentaria a la señora liquidadora sobre lo mencionado.

15. El 3 de octubre de 2017, por iniciativa de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se llevó a cabo reunión con la señora liquidadora, de la cual ella solicitó que se le entregara una información, la cual le fue suministrada mediante radicado del 11 de octubre de 2017, la cual se adjunta. Se anexa prueba documental.

16. De igual forma, se le suministró otro cúmulo de información el 4 de diciembre de 2017, la cual se adjunta. Se anexa prueba documental.

17. Como si fuera poco, la misma Superintendencia de Sociedades citó al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, mediante oficio No. 300-062700 del 4 de mayo de 2018 (2018-01-226187), con el fin de practicarle un interrogatorio sobre hecho y documento relacionados con CONELITE S.A.S. Se anexa prueba documental.

18. De igual forma, le solicitó asistiera con toda la documentación de la misma sociedad que tuviera en su poder, especialmente la relacionada con la cesión de acciones realizada por Elite International Américas S.A.S. y el Proyecto Inmobiliario Manrique en Cartagena. Se anexa prueba documental.

19. Como consecuencia de lo anterior, el 16 de mayo de 2018, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS asistió al interrogatorio, del cual se levantó acta. Se anexa prueba documental.

20. Dicha diligencia fue adelantada por Ingreed Zapata Ariza y María Margarita Martínez Cabrera, funcionarias de la Superintendencia de Sociedades. Se anexa prueba documental.

21. Mediante memorial (con 231 folios) del 24 de mayo de 2018 y radicado número 2018-01-265549, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ allegó toda la información relacionada con el interrogatorio. Sin que posteriormente se le conminara a remitir información adicional. Se anexa prueba documental.

22. Lo anterior, dos años antes de que se profiriera el auto de intervención al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. Hechos sobre el Proyecto Martinique en la ciudad de Cartagena Valga mencionar que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento del Despacho en demasía, y al parecer, no fueron tenidos en cuenta por el mismo, y más bien pareciera que se obrara con omisión activa para efectos de proferir la providencia contentiva de la intervención.

23. La sociedad Conelite se hizo partícipe en un proyecto inmobiliario ubicado en el sector Cielo Mar del Barrio Crespo de la ciudad de Cartagena, denominado Proyecto Martinique.

24. Dicho proyecto se desarrollaría en alianza con las sociedades MAS INGENIERIA SC S.A.S, CLV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. y DM DISEÑO CONSTRUCCION S.A.S. Esto también fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, y por el hecho de llevar a cabo contratos con una sociedad cuya accionista fuera Elite, no da pie para que sean intervenidas también.

O cabe preguntar al Despacho, si la sola relación contractual en este caso, también produciría la intervención de dichas compañías.

25. La alianza con dichas compañías consta en el Acuerdo Privado de Colaboración, el cual se adjunta como prueba a la presente solicitud. Se anexa prueba documental.

26. Dicho acuerdo trajo como consecuencia la celebración del contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Bogotá S.A., y en virtud del cual se constituyó el Fideicomiso Martinique. Se anexa prueba documental.

27. Vale mencionar aquí también que la Fiduciaria celebró contrato con una sociedad que tenía como accionista a Elite. ¿Será posible concluir que por ello debe intervenirse a la Fiduciaria? Tan solo pensarlo resulta descabellado, pero el Despacho lo ha hecho con una persona, teniendo como sustento única y exclusivamente que celebró contratos con Elite, cuando ni siquiera cuestionó la existencia o validez de dichos negocios, los cuales, dicho sea de paso, hacen parte del giro ordinario de los negocios de una compañía cuyo objeto social era el de llevar a cabo obras de ingeniería civil y cualquier contrato de obra. Cosa distinta hubiere sido que la compañía hubiere celebrado contratos para criar pollos, pues sí sería entendible la generación del indicio, porque ni siquiera una prueba, sino solo un indicio.

Pero lo que resulta de la providencia de intervención, es que al parecer el Despacho imaginó pruebas sin que existieran, máxime si los contratos hacían parte del giro ordinario de los negocios de la compañía. Eso por un lado, por el otro, menos aún podría extenderse la medida al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, cuando los contratos los celebró la sociedad, y no él como persona natural, si en gracia de discusión se aceptara que los negocios jurídicos de naturaleza contractual fueran espurios.

28. De la estructuración del proyecto se obtuvo que el requerimiento de aporte inicial necesario para costear la adquisición de predios, estudios técnicos y gastos de promoción, correspondía a la suma de $4.800.000.000.00.

29. De esta forma, la tarea en este punto se centró en la consecución de inversionistas a los cuales se les ofrecería que a cambio del dinero aportado recibirían a título de Beneficiarios de Área, inmuebles con un descuento del 20% sobre la primera lista de precios.

30. Esta opción de negocio fue presentada por parte a los posibles inversionistas, explicando el modelo y ventajas del negocio. De esta forma se consiguieron los recursos por parte de las siguientes empresas: MAS INGENIIERIA SC S.A.S DM DISEÑO CONSTRUCCION S.A.S ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S.

$1.050.000.000 $1.050.000.000 $2.700.000.000

(A la izquierda está el nombre de la compañía que invirtió y a la derecha la suma que decidió invertir, para quedar como beneficiario de área y accediendo al descuento).

31. Las condiciones de aportes y/o inversiones que realizarían los inversionistas consta en el acuerdo suscrito por ellos, el cual se adjunta como prueba. Se anexa prueba documental.

32. En dicho documento consta además que, dado que dichos aportes estarían destinados para comprar los inmuebles o lotes en los cuales se desarrollaría el proyecto, los dineros serían pagados por dichos inversionistas directamente a los propietarios de los lotes o terrenos y los demás proveedores del proyecto. Por otro lado, también se dirigirían una parte de los recursos, a pagar las comisiones a las personas que vendieran inmuebles, tal y como funciona en este tipo de proyectos.

33. Lo anterior se traduce en que la sociedad Conelite no recibió las sumas, ni siquiera como intermediaria, y mucho menos el señor Jorge Andrés Navas Pérez.

Si el contrato de colaboración se celebró entre otras compañías ¿Cuál es la razón para que este Despacho involucre en estas sumas o el recibimiento de ellas a Conelite y a la persona natural Jorge Andrés Navas Pérez, y hacerlos objeto de intervención? Porque la providencia no lo dice, y no lo dice porque no existen razones.

34. Una vez Elite y los demás inversionistas realizaron los pagos completos a los cuales se comprometieron, fueron vinculados como beneficiarios de área al fideicomiso Martinique, en la Fiduciaria Bogotá S.A. 35. Para el anterior efecto y como prueba de lo manifestado se allega al Despacho el certificado de vinculación de Elite emitido por Fiduciaria Bogotá S.A. Se anexa prueba documental.

36. De igual forma, la propietaria de uno de los lotes en los que se desarrollaría el proyecto, señora Martha Ortiz, lo aportó parcialmente, con el fin de que le entregaran una porción como beneficiaria de área y otra parte en efectivo, con las resultas del proyecto.

37. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad ELITE adquirió los correspondientes inmuebles, los cuales probablemente pasaron a hacer parte de la masa objeto de la liquidación que se adelantó a dicha compañía.

38. La remuneración de Conelite provendría de su actividad como constructora o como aliada del proyecto, cuya condición después perdería por la transferencia de los derechos en dicho proyecto.

39. No obstante, el relato de estos hechos, este ha sido el mayor fundamento para determinar la intervención de una persona natural, ajena a las actividades que pudo realizar Elite. Ninguno de estos hechos tiene que ver en lo absoluto con vender o

comprar o revender libranzas o captar dineros de manera ilegal, y la Superintendencia de Sociedades olímpicamente “concluye” que por este negocio, el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conoció de las actividades ilegales de Elite. Esto es tanto como decir que quienes vendieron sus terrenos y la fiduciaria Bogotá S.A., como recibieron dineros de Elite, también conocían de las actividades de Elite y por tanto deben ser intervenidos. La verdad, la intervención de la persona natural JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ ha sido sacada de la manga, sin que exista material probatorio que lo sustente, que lo soporte, y ni siquiera indicios que indiquen que debió actuarse en dicho sentido.

40. Además, resulta una medida inconstitucional, por cuanto el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, ni siquiera encuadra dentro de los supuestos que trae el decreto 4334 de 2008, no obstante lo cual la Superintendencia de Sociedades decidió intervenirlo.

Hechos nuevos que debe tener en cuenta para tomar la decisión – y que también se encuentran probados 41. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ es ingeniero civil, lo cual también conoce el Despacho desde hace varios años.

42. En el ejercicio de su profesión quiso constituir una sociedad en la cual pudiera desarrollar su profesión, para lo cual además buscó y consiguió un inversionista, 43. Su propósito, como también lo conoció el Despacho en interrogatorio que le practicara, era el de lograr la obtención de experiencia para luego participar en licitaciones y concursos y le fueran adjudicados contratos.

44. El objeto social de CONELITE era el de desarrollar o ejecutar obras de ingeniería civil, construcciones y en general todo tipo de obras civiles.

45. Todos los contratos celebrados por la sociedad estaban dentro de su objeto social y dentro del giro ordinario de sus negocios.

46. Este Despacho no anota en su providencia que la compañía haya recurrido a celebrar cualquier tipo de contratos fuera de su giro ordinario de los negocios que llevara a generar un indicio y mucho menos una prueba.

Hechos indispensables para que una persona natural sea intervenida 47. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no participó ni directa ni indirectamente en la administración de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S.

48. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no se benefició de los negocios ilegales y/o legales de ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. 49. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no realizó ninguna actividad ilícita, no colaboró de ninguna forma en las actividades de captación, colocación, generación de libranzas, compra o venta de las mismas, que pudiera adelantar ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. 50. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, NO CONOCIÓ las actividades u operaciones que realizó o pudiera realizar ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. 51. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, nunca trabajó para la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRCIAS S.A.S. 52. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no cuenta con recursos adicionales, ni nunca ha contado con recursos adicionales a los que provienen del ejercicio de su profesión como ingeniero civil.

53. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no causó perjuicios por el ejercicio de sus actividades de ingeniería civil, todas enmarcadas dentro de la legalidad.

54. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ siempre ha actuado de buena fe y dentro de ese mismo marco se han desarrollado todas sus actuaciones.

Hechos que no han sido probados por el Despacho y que llevan inexorablemente a que se excluya de la intervención a JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. 55. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ conocía de las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 56. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ participó directa o indirectamente en las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 57. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ se benefició de las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S.

58. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ colaboró en las operaciones que realizaba o pudiera realizar la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. 59. La Superintendencia de Sociedades no ha probado, ni podrá probar que JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ actuó de mala fe en su obrar, como ingeniero civil, como contratista, como accionista de la sociedad CONELITE. 60. No existe una sola prueba en el Despacho y/o en el expediente, de la cual se pueda concluir o desvirtuar las afirmaciones anteriores.

61. La providencia de intervención es carente de soporte probatorio para una medida tan drástica como la de intervenir a una persona natural.

Estigmatización respecto del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ en el caso materia de estudio 62. De la providencia mediante la cual se decretó la intervención, se puede observar que la misma se debe a una estigmatización de mi representado, por cuanto no existe prueba para soportar dicha intervención.

63. El error del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, fue pedirle a su primo adinerado para el momento, que invirtiera en la sociedad de construcción que tenía ideada, y cuyos proyectos fueron conseguidos por el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, y no por otras personas. Este es tal vez, el mayor soporte con el que cuenta el Despacho y respecto del cual quiso concluir que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ actuó de mala fe y además que conocía de una actividad de una sociedad de la cual nunca participó en manera alguna.

64. Como consecuencia de los contratos, accedió al no pago de utilidades, y solo al pago de salarios, con el único fin de que su compañía obtuviera poco a poco experiencia. Esto no lo observó el Despacho, y prefirió manifestar de manera arbitraria y sin que obrara prueba alguna, que actuó de mala fe.

65. El otro error, de nacimiento además, es tener el mismo apellido de su primo, quien tuvo la condición de directiva de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. Las facultades de la Superintendencia de Sociedades no pueden ser desbordadas

66. La Superintendencia de sociedad no cuenta con indicios, ni con pruebas formadas a partir de indicios, para determinar que el señor actuó con mala fe o que conocía los negocios de ELITE. 67. Llamo especialmente la atención del Despacho respecto de que esto es un proceso, o un trámite previamente establecido en la Ley, con connotaciones sancionadoras por actuaciones ilegales, las cuales deben PROBARSE, y no actuar de manera caprichosa y arbitraria lanzando intervenciones por doquier a cualquier persona, sin que se cuenten con soportes probatorios para el efecto.

68. La capacidad sancionatoria de una entidad administrativa (con facultades jurisdiccionales o no) debe soportarse en la certeza de que se actuó de manera indebida, ilegal o dañosa a la sociedad, para proceder con las medidas, y no partir de una duda, o de estigmatizaciones, o de los supuestos, para proceder a intervenir a una persona.

69. Este Despacho debe comportarse como juez de la república, si se encuentra actuando en calidad de tal, o como entidad administrativa investigadora y respetuosa del debido proceso respecto de sus administrados, si actúa en calidad de tal. Pero de ninguna manera, puede partir de supuestos no probados para intervenir e imponer una sanción vitalicia a una persona natural que no ha tenido ninguna injerencia en las compañías que realizaban operaciones ilegales.

70. La Superintendencia de Sociedades debe advertir con el presente documento de solicitud de exclusión y con el soporte probatorio, que en este caso sí existe, que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ resulta ser una víctima de la intervención que se decretó en su contra.

No obstante que lo hasta aquí relatado resulta suficiente para que la Superintendencia de Sociedades proceda a la exclusión de la medida de intervención del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, procedo además a exponer los fundamentos de orden jurídico y constitucional que soportan las solicitudes y que dan soporte real a las mismas, así: III. FUNDAMENTOS DE ORDEN JURÍDICO Y CONSTITUCIONAL 1. La motivación de la providencia que ordena la intervención no concuerda con los hechos relacionados con el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ Mediante auto No. 460-000621 del 28 de enero de 2020, la Superintendencia de Sociedades consideró, entre otras cosas, que:

1.1. “Tal intervención tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, “generan abuso del derecho y fraude a la ley” al ejercer la actividad financiera irregular; y (ii) disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades (Corte Constitucional.

Sentencia C-145 de 2009. MP. Nilson Pinilla Pinilla). (…)

La Corte Constitucional, encontró esta norma acorde a los mandatos superiores, entendiendo que lo buscado por el Gobierno es hacer frente a una situación excepcional, generada por la captación masiva y habitual de dineros del público.

Dicha Corporación manifestó, que la medida de intervención está justificada en el marco de la declaratoria de emergencia económica y social adoptada por medio del Decreto 4333 de 2008, que entre sus motivaciones establece: “Que se han venido proliferando de manera desbordada en el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades; (…)

Que tales actividades llevan implícito un grave riesgo y amenaza para los recursos entregados por el público, toda vez que no están sujetas a ningún régimen prudencial y carecen de las garantías y seguridades que ofrece el Sector Financiero autorizado por el Estado” A su vez, la Corte Constitucional estimó que la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público sin la debida autorización estatal, afectaba de manera grave e inminente al orden social del país, haciendo necesaria la intervención por parte de las autoridades. En este sentido, dicha Corporación encontró que las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, desarrollaban el mandato constitucional de la intervención del Estado en las actividades financiera, bursátil y aseguradora, derivado de los artículos 333, 334 y 335 superiores. En palabras de la Corte Constitucional: “Así mismo, es imperativo constitucional que se realice intervención sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley ( Arts. 15019-d, 128-24 y 335 de la Constitución); al respecto conviene acotar que, ni en la Constitución ni en la ley Estatutaria de Estado de Excepción, se prohíbe ni limita la intervención del Estado en las mencionadas actividades”.

De lo dicho por en la providencia se extrae que:

a. La intención del legislador con la expedición del decreto fue conjurar conductas y actividades que atentan contra el interés público: Sobre esto, es necesario manifestar que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no realizó ninguna actividad que atentara o pudiera atentar siquiera contra el interés público, razón por la cual su inclusión dentro de los trámites que se le adelantan, contravienen la voluntad legislativa que se refleja en la exposición de motivos del decreto. b. Con la expedición de la norma se busca paliar esas conductas y actividades que generan abuso del derecho y fraude a la ley al ocultar en fachadas jurídicas legales: Se insiste, se encuentra probado dentro del trámite que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no llevó a cabo ninguna conducta o actividad que generara abuso del derecho o fraude a la ley. Tampoco ha ocultado fachadas jurídicas legales. Así pues, que de aplicársele la norma también se estaría contraviniendo esta voluntad del legislador. c. Que para la aplicación de la norma (art. 5 decreto 4334 de 2008) debe existir un ejercicio no autorizado de una actividad financiera: Dentro del trámite se encuentra probado que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ nunca ha ejercido una actividad financiera no autorizada, no ha participado en ellas ni directa ni indirectamente, y como si fuera poco, no conocía que las mismas estuvieran siendo ejercidas por otra persona. Esto, saca al interesado del supuesto de la norma y lleva a que se declare su exclusión. d. Que para la aplicación de la norma (art. 5 decreto 4334 de 2008) deben causarse graves perjuicios al orden social y se encuentre amenazado el orden público: De los supuestos antes explicados es claro que de no haberse incurrido en ninguna actividad o conducta contra el interés público, que genere abuso del derecho y fraude a la ley, de no ejercerse actividad financiera no autorizada, y de no existir ocultamiento de fachadas jurídicas legales, tampoco podrían haberse causado perjuicios de ningún tipo, como tampoco se encuentra amenazado el orden público.

Continúa la providencia, ahora refiriéndose a los sujetos a los que se le aplica la medida y la solidaridad de quienes deben ser intervenidos, así: 1.2. “En desarrollo de la mencionada intervención, se establece con claridad en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, los sujetos de las medidas de intervención así: “Son sujeto de la intervención las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás

personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tiene exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos.”. (…)

Descrito lo anterior, el Despacho pone de presente que los hechos que dan origen a la intervención consisten en una actividad ilícita y los sujetos intervenidos son todas aquellas personas que, directa o indirectamente, han tenido relación con dicha operación. Por ello, el Decreto Legislativo 4334 de 2008 también previó la intervención de personas distintas al empresario, como son administradores, socios, contadores, revisores fiscales y beneficiarios de las operaciones de captación de recursos2.

12. La norma citada considera tan responsable al que capta como al que tiene con él una participación indirecta en la actividad de captación, cuando se trata de una colaboración determinante, y las labores de uno y otro están vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la responsabilidad de los beneficiarios de la captación se ciñe por las reglas de la solidaridad. Por lo tanto, en el trámite del proceso concursal es posible exigir de todos ellos el pago de la totalidad de las devoluciones en las que los beneficiarios comparten la calidad de codeudores con el captador y el estructurador de la operación.

13. La lista de personas y actividades prevista en el Decreto de Intervención como sujetos probables de intervención, da cuenta de situaciones y condiciones objetivas, de modo que para definir la intervención basta con que se determine la calidad de estos, a fin de ordenar la medida y disponer el procedimiento para lograr la pronta devolución de los recursos a los afectados. En otras palabras, el Decreto 4334 de 2008 prevé unos supuestos objetivos de intervención, en la medida en que dependen de la verificación material de la condición del sujeto o la actividad, en relación al listado contenido en la norma.

14. Por lo tanto, se hará extensiva la medida de intervención, a la sociedad Conélite S.A.S, en calidad de beneficiaria de la captación ilegal de recursos desarrollada por Élite International Américas S.A.S; y al señor Jorge Andrés Navas Pérez, en su calidad de representante legal y accionista de la sociedad referida, durante el periodo de captación de Élite. Lo anterior, con soporte en la previsión legal citada, esto es el Decreto 4334 de 2008, y la información remitida a través de los distintos Memorandos proferidos por la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control.”

Como bien lo menciona la providencia, siempre que exista un hecho ilícito que ha sido cometido por dos o más personas (como lo dice la norma citada), todos y cada uno de ellos responden solidariamente por su pago, es decir, dicha solidaridad se predica única y exclusivamente de quienes participaron en el hecho ilícito y no puede, por ningún motivo, extendérsele a quien no haya participado en tal.

El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, no participó directa ni indirectamente, no ayudó, no colaboró, no administró, y tampoco conoció, el ilícito que pudiera estar presentándose, todo lo cual se encuentra probado dentro del trámite. Lo que sí se hizo, fue extendérsele la solidaridad de la cual ha hecho estudio el Despacho, sin que existiera fundamento para ello.

No encuentra sustento normativo la extensión de la solidaridad que se hizo, pues no cabe en ninguno de los supuestos que exige la norma del Código Civil para hacer solidariamente responsable a una persona.

No se configura una de las fuentes de las obligaciones que en este caso es el hecho ilícito, y para ser más amplios, haber participado, colaborado o por lo menos conocido de él. Por esta razón no puede endilgársele una obligación a una persona cuando no existe fuente que la soporte.

Así pues que, dentro del contexto que propone la Superintendencia de Sociedades, no puede aplicársele el artículo 5 del decreto ya mencionado al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. O más bien, Señores Superintendencia de Sociedades, no puede hacérsele extensiva la norma, por cuanto el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ ni siquiera está dentro de los supuestos normativos.

La Superintendencia de Sociedades lo que hizo fue extender un supuesto normativo a un tercero que no encuadra en él, con la supuesta conclusión de que conocía de los negocios, cuando no es cierto y es totalmente alejado de la realidad y tampoco existe soporte probatorio para ello. La Superintendencia de Sociedades no puede extender el supuesto normativo a cualquier persona, pues ello atenta contra la seguridad jurídica, contra el principio del debido proceso y el derecho a ser juzgado de acuerdo a normas preexistentes.

En el caso en particular, no existe tipicidad normativa. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no encuadra dentro de los supuestos de la norma, y sin embargo, la Superintendencia de Sociedades extendió sin motivos, la norma a dicha persona natural. Éste no captó, ni compró, ni vendió libranzas, ni participó, ni nunca ha participado en negocios que tengan que ver con libranzas, no tuvo participación indirecta en la actividad de captación, colocación o compra venta de libranzas, ni inversión en estas por parte de terceros, no tuvo colaboración determinante y no ejerció ninguna actividad o conducta vinculada al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico.

Entonces, teniendo en cuenta que la responsabilidad de los beneficiarios de la captación se ciñe por las reglas de la solidaridad1, no es posible exigir el pago de la totalidad de las devoluciones en un trámite de, de quien no ha incurrido en ninguna de las conductas detalladas. El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no comparte la condición que da la solidaridad y por tanto no puede ser vinculado sin que exista respaldo legal para ello.

1.3. La Superintendencia de Sociedades no tuvo en cuenta, para tomar su decisión, lo manifestado por la sentencia C-145 de 2009, la cual dispuso que la responsabilidad derivada de lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 no es predicable de los “terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales”.

La determinación de su responsabilidad frente a las víctimas de la operación y su extensión, procede previa la realización de un juicio sobre la licitud de las actividades realizadas por la persona en cuestión, su carácter ordinario o habitual, así como de la buena fe con la que éstas gestionaron las actividades a su cargo.

Señores Superintendencia de Sociedades, este juicio previo sobre la licitud de las actividades realizadas por JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, NO SE HIZO. Háganlo y tendrán como conclusión que deberán excluir del trámite a dicha persona.

La Corte Constitucional respecto de este tipo de sujetos, pone de presente que la responsabilidad no es predicable de terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas, ordinarias y habituales. La Superintendencia de Sociedades no hace un examen sobre la buena fe, no desvirtúa la presunción de buena fe integradora y constitutiva del estado social de derecho. Háganlo y tendrán como conclusión que deberán excluir del trámite a dicha persona.

Resulta realmente necesario mencionar que el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ jamás conoció siquiera que la sociedad Elite estaba llevando a cabo actividades de captación ilegal de dineros, de captación por venta de libranzas, o 1 “La

norma citada considera tan responsable al que capta como al que tiene con él una participación indirecta en la actividad de captación, cuando se trata de una colaboración determinante, y las labores de uno y otro están vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jurídico. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la responsabilidad de los beneficiarios de la captación se ciñe por las reglas de la solidaridad. Por lo tanto, en el trámite del proceso concursal es posible exigir de todos ellos el pago de la totalidad de las devoluciones en las que los beneficiarios comparten la calidad de codeudores con el captador y el estructurador de la operación.” Superintendencia de Sociedades auto No. 400-005967 del 18 de abril de 2016, p. 4.

cualquier otra operación que realizara (no tenía por qué, ni cómo concerlo). El señor NAVAS PÉREZ solo tenía conocimiento del negocio exitoso que tenía un primo y a quien acudió para que invirtiera en la sociedad constructora que quiso constituir para ejecutar contratos en desarrollo de su profesión. Es que no se trataba de un negocio ajeno a su profesión, CONELITE se dedicaba a la ingeniería civil señores Superintendencia de Sociedades. ¿No se detuvieron a preguntarse esto? ¿ni a hacer ningún otro examen previo? ¿solo se limitaron a transcribir la acostumbrada providencia y pegar el nombre de los intervenidos? Esto no se compadece con la actividad administrativa ni jurisdiccional que dicen ejercer, y muy por el contrario va en detrimento de una persona que ha actuado de buena fe y no tiene ninguna injerencia en actividades ilegales.

Por su profesión constituyó una sociedad de obras civiles y le pidió a su primo que invirtiera, quien lo hizo a través de la sociedad de la cual era accionista y directivo.

Así las cosas, JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no fue más que un tercero proveedor de un servicio que procedió de buena fe. Y no solo de buena fe, sino que actuó con diligencia, pues toda la información consta en documentos, de todas las decisiones y operaciones que se llevaron a cabo. No existe ninguna información que la Superintendencia de Sociedades haya advertido o que haya comprobado por cuenta de un tercero o de documentos ocultos, dado que no existen.

El señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ tampoco tuvo la oportunidad de enterarse de las conductas reprochables por el ordenamiento que se estaban cometiendo en ELITE, cómo podría enterarse si nunca tuvo participación de ninguna manera en dicha compañía. Esto se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

De lo anterior puede concluirse que: (i) el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ no realizó ninguna actividad ilegal; (ii) las actividades que llevó a cabo corresponden a las que de ordinario realiza y hacen parte de su habitualidad, esto es, la ingeniería civil; (iii) resalta el carácter de absoluta buena fe con la que se actuó, y la diligencia que se tuvo. No solo esto, sino que además no se le puede reprochar a alguien que no haya conocido una situación, cuando por más diligencia que se tuviera, no le era posible conocerlo, tal y como pasa en el asunto que nos acaece.

Visto esto, no procede la determinación de su responsabilidad frente a las víctimas de la operación y su extensión2.

2“

La determinación de su responsabilidad frente a las víctimas de la operación y su extensión, procede previa la realización de un juicio sobre la licitud de las actividades realizadas por la persona en cuestión, su carácter ordinario o habitual, así como de la buena fe con la que éstas gestionaron las actividades a su cargo.”

Superintendencia de Sociedades auto No. 400-005967 del 18 de abril de 2016, p. 6.

Entonces, si una persona se encuentra dentro del supuesto que ordena la Corte Constitucional, quiere decir que no se le puede aplicar el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008. En el caso que le sea aplicado, dicha aplicación será inconstitucional, tal y como sucede en el caso materia de estudio. Pero en este caso es más grave la situación, dado que el señor NAVAS PÉREZ ni siquiera encuadra dentro del supuesto normativo y la Superintendencia de Sociedades LO EXTENDIÓ, esto es inexplicable.

De advertir esto el Despacho, estará en el deber3 de declarar la exclusión del trámite respecto del supuesto en particular, pues la norma sigue siendo ajustada a la Constitución dentro del ordenamiento jurídico, pero no para el evento en que se hubieren desplegado sus efectos a una persona que se encuentre dentro del supuesto exacto e ineludible que trae la Corte Constitucional y que ha sido citado e incorporado a su decisión, por la Superintendencia de Sociedades.

2. En el evento en que el señor NAVAS PÉREZ encuadre en el supuesto normativo (lo cual no sucede) en el caso materia de estudio se configura y procede la excepción de constitucionalidad La excepción de inconstitucionalidad o control de constitucionalidad por vía de excepción se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política4.

La anterior definición traída por la jurisprudencia constitucional, describe en un todo la situación que atraviesa JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, pues se le aplicó una norma cuyos supuestos no se predican de él, de conformidad con el sentido expuesto por la Superintendencia de Sociedades en el auto No. 400-005967 del 18 de abril de 2016.

La declaratoria de la excepción de constitucionalidad en el caso en concreto encuentra respaldo en que la Constitución es norma de normas5, que la aplicación del artículo 5 del decreto 4334 de 2008 afecta directamente los derechos fundamentales de mi poderdante, que su aplicación en este asunto contraría de “La excepción de constitucionalidad se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales” Corte Constitucional. Sentencia SU – 132 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

4 Ibídem, Corte Constitucional. Sentencia SU – 132 de 2013.

5 Constitución Política. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…)”

3

forma directa a la Constitución y a la jurisprudencia constitucional, tratándose de la sentencia C-145 de 2009 citada por la Superintendencia de Sociedades en la providencia objeto de desglose en el presente memorial. Entonces si una persona no está estrictamente ligado al supuesto traído por la Corte Constitucional, la norma no podrá aplicársele, NI MUCHO MENOS EXTENDÉRSELE, pues de lo contrario se estará violando la Constitución y de paso contradiciendo lo dispuesto por el máximo órgano de protección Constitucional.

La excepción de constitucionalidad o control de constitucionalidad por vía de excepción se fundamenta6 y es procedente por lo siguiente: a. El artículo 4 de la Constitución dispone que “La Constitución es norma de normas.

En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. b. Si bien el control constitucional se encuentra concentrado en cabeza de la Corte Constitucional, cualquier autoridad puede dejar de aplicar una ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. c. Puede ser realizado por cualquier juez, autoridad administrativa, e incluso particulares que deban aplicar una norma jurídica en un caso en concreto. d. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o de oficio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución.

6

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas.

En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no. Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto. Corte Constitucional. Sentencia C - 122 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

e. La norma legal que sea exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida, pues los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución.

En este contexto es claro que la aplicación de la norma cuya excepción de constitucionalidad se solicita, se debió a un defecto sustantivo, es decir, que el juez en su momento empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental, razón por la cual se profirió una decisión con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política y generándose un quebrantamiento de la misma.

Respecto del deber de aplicar la excepción de constitucionalidad, la jurisprudencia ha establecido que cuando se inaplica la excepción solicitada por las partes, siendo procedente, también se genera un defecto sustantivo por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad, el cual se presenta cuando el contenido de la disposición aplicada no tiene conexidad material con los presupuestos del caso, tal y como sucede en el presente.

También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce un grave error en la interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución.

Es alentador el hecho de que la Superintendencia de Sociedades en la providencia de abril de 2016 (aquí citada) diera correcta interpretación a la norma y además haya puesto en evidencia la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se detallan los supuestos dentro de los cuales debe aplicarse el artículo 5 del decreto.

Esto permite que las solicitudes aquí elevadas sean atendidas favorablemente y se acceda a ellas.

Es necesario decir que no puede aplicarse una norma en la misma medida de interpretación ni de sanción, a una persona que abiertamente cometió conductas ilegales y las cuales reconoció, que a otra que probó no haber actuado por fuera de la legalidad, que todas sus actividades se encuentran ajustadas a derecho, que no intervino de forma directa ni indirecta en actividades de captación, así como tampoco las conoció. Llamo muy respetuosamente la atención del Despacho respecto de que en este asunto la justicia y el derecho reclaman una decisión ejemplarizante.

En virtud de todo lo expuesto, ruego al Despacho que estime favorablemente lo presentado en el presente documento, razón por la cual elevo respetuosamente la siguientes IV. SOLICITUDES PRIMERA: ORDENAR la exclusión de la medida de intervención y/o terminación del proceso de liquidación judicial respecto del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. SEGUNDA: ORDENAR la exclusión de la masa de bienes a liquidar en el proceso de la referencia de los bienes, haberes y derechos de propiedad del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. TERCERA: ORDENAR que se informe al señor liquidador - de forma urgente sobre la providencia que acceda a las anteriores solicitudes, a fin de que restituya los bienes, haberes y derechos de propiedad del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. CUARTA: LEVANTAR las medidas cautelares que pesan sobre los bienes, haberes y derechos de propiedad del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. QUINTA: TOMAR cualquier medida adicional que el Despacho considere necesaria a fin de proteger los derechos fundamentales de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. De manera subsidiaria, única y exclusivamente cuando remotamente decida que no accede a las solicitudes antes expuestas, solicito al Despacho SEXTA: DECLARAR la excepción de constitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción del artículo 5 del decreto 4334 de 2008 respecto de su aplicación a la intervención y posterior liquidación judicial del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ. V. SOLICITUD DE NULIDAD En el evento en que el Despacho no acceda a las anteriores solicitudes, elevo ante el mismo la solicitud de nulidad, como paso a explicarlo: ➢ Causales invocadas: Se invoca las causales consagradas en el numeral 2 y 5 del artículo 133 del Código General del Proceso.

Adicionalmente, invoco como nulidad constitucional la que se deriva de la falta de competencia y jurisdicción, y la derivada del trámite indebido o llevarse la actuación por un trámite distinto al dispuesto en la Ley. Sustento de la solicitud de nulidad: ➢ La intervención a la que han sometido al señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ es la que regula el decreto 4334 de 2008. ➢ El artículo 2 de dicho decreto establece que: “La intervención es el conjunto de medidas administrativas tendientes, entre otras, a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas…” ➢ Lo anterior se traduce en que la intervención es una medida administrativa y no judicial. ➢ El artículo 3 del mismo decreto establece que: “El presente procedimiento de intervención administrativa se sujetará exclusivamente a las reglas especiales que establece el presente decreto y, en lo no previsto, el Código Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de posesión para devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional.” ➢ Lo anterior se traduce en varias cosas: (i) Que se trata de un procedimiento administrativo, de intervención administrativa, y no judicial. (ii) Que el procedimiento es el dispuesto en el mismo decreto, y no en ninguna otra regulación o régimen distinto. El legislador para este caso dispuso, como en cualquier estado social de derecho, el procedimiento de manera previa. (iii) Que en lo no dispuesto en el decreto, debemos irnos al Código Contencioso Administrativo. Claramente el estatuto que rige las actuaciones administrativas y de la administración en función de tal, y no aquellas actuaciones que cumplen los jueces de la república. ➢ En consecuencia, no existe duda de que se trata de una intervención administrativa, que tiene procedimiento previamente regulado y al cual debe someterse el mismo. ➢ El artículo 4 del mismo decreto dispone: “La Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera será la autoridad administrativa competente, de manera privativa, para adelantar la intervención administrativa a que alude este decreto.”

➢ Lo anterior se traduce, en que si bien la competente es la Superintendencia de Sociedades, lo es en cumplimiento de funciones administrativas o en su calidad de tal, y no en cumplimiento de funciones jurisdiccionales como lo viene haciendo. ➢ En el artículo 7 también reitera el decreto que se trata de una intervención administrativa. Sin perjuicio de que en desarrollo de la misma y posteriormente se decrete una liquidación judicial. Pero la intervención como tal es una medida administrativa y debe tomarse por la autoridad administrativa, y no por el juez de un proceso concursal, que por demás, no tuvo en cuenta ninguna prueba para determinar la medida. ➢ La intención de la norma es clara de que la intervención sea administrativa por cuanto es la entidad administrativa la que investiga y recopila las pruebas, y no el juez de un proceso de insolvencia, y puede suceder lo que en el caso en particular, que no se valoren las pruebas y de manera apresurada y sin soporte se proceda a decretar una intervención judicial, cuando la misma es administrativa. ➢ Llamo la atención respecto de que las normas procesales son completamente aparte y distintas a las normas sustanciales, y ninguna de ellas reviste mayor importancia que la otra, y que de igual forma, tanto la autoridad administrativa, como la jurisdiccional, debe estarse al principio de legalidad y disponer el trámite dispuesto en la ley para cada procedimiento. ➢ El régimen de insolvencia no otorga competencia al juez del concurso para llevar a cabo o conocer de las medidas de intervención de carácter administrativas. ➢ Los procesos están regulados previamente en la ley precisamente para respetar y proteger los derechos a la seguridad jurídica y el derecho que toda persona tiene a ser juzgada de acuerdo a normas preexistentes. En el caso en particular, el procedimiento que ha tomado la Superintendencia de Sociedades es distinto al dispuesto en el decreto 4334 de 2008 y por tanto debe ajustarlo al mismo. ➢ Es un aspecto esencial del estado social de derecho, la preexistencia de los procesos y las reglas de los mismos. Precisamente para proteger a los administrados de que autoridades caprichosas y de manera arbitraria juzguen o inicien procedimientos sin que se encuentre ajustado a ninguna ley. Esto es violatorio de los elementos esenciales del estado.

En consecuencia, solicito al Despacho que DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en el proceso de liquidación judicial de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. y OTROS, (incluyendo lo que tiene que ver con el trámite de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ) dado que el juez de insolvencia actuó sin jurisdicción ni competencia, dado que no se llevó a cabo el procedimiento

dispuesto en la ley, dado que la intervención es una medida administrativa y no judicial, y que quien decretó la medida de intervención fue el juez de insolvencia según competencia dada para los procesos de liquidación judicial en la ley 1116 de 2006 y sin tener en cuenta que el Decreto regula su propio procedimiento para las intervenciones.

VI. SOLICITUD ESPECIAL Solicito al Despacho, que en el remoto evento en que despache desfavorablemente las solicitudes elevadas, se pronuncie sobre todos los hechos y argumentos traídos a colación, en virtud del principio de la debida motivación de las providencias.

VII. PRUEBAS DOCUMENTALES Solicito al Despacho tener como pruebas las que se allegan con el presente documento y que son mencionadas a lo largo del documento.

TESTIMONIALES Y/O INTERROGATORIOS Solicito al Despacho que ordene la comparecencia de la señora MARÍA MERCEDES PERRY FEREIRA, en su condición de interventora y/o liquidadora de la sociedad Elite International Américas S.A.S., para que rinda testimonios basado en los hechos que supuestamente dieron lugar a la intervención el señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, los de la presente solicitud de exclusión, y respecto de los cuales ella tiene conocimiento que supuestamente lleven a concluir que el intervenido tuvo participación directa o indirecta en las actividades de la sociedad Elite.

Solicito al Despacho que ordene la comparecencia del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ para que responda el interrogatorio que a bien tenga hacerle el Despacho, y el que el suscrito le hará, con miras a probar los hechos que dan lugar a su inminente exclusión.

VIII. ANEXOS 1. Poder en virtud del cual obro.

2. Las pruebas relacionadas en el documento.

IX. NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado y el poderdante las recibirán en la carrera 5 No. 71 – 45, oficina 502 de la ciudad de Bogotá D.C. o en la secretaría de su Despacho.

Cordialmente,

CARLOS MARIO MONTIEL FUENTES C.C. No. 1.136.879.558 de Bogotá T.P. No. 201.567 del C. S. de la J.

Señor SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES E. S. D.

Referencia: Nit: Expediente: Asunto: Radicación:

Proceso de Liquidación Judicial como medida de intervención de JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ y OTROS 900.437.991 75040 ALCANCE SOLICITUD EXCLUSIÓN INMEDIATA DEL TRÁMITE DE INTERVENCIÓN 2020-01-259290

CARLOS MARIO MONTIEL FUENTES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.136.879.558 de Bogotá, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 201.567 del C. S. de la J., en mi condición de apoderado del señor JORGE ANDRÉS NAVAS PÉREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. e identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.266, acudo a este Despacho con el fin de dar alcance a la solicitud de exclusión radicada con No. 2020-01-259290, en el sentido de allegar una prueba adicional y poner de presente un precedente que debe ser aplicado por este Despacho, en los siguientes términos: I. SE ALLEGA CERTIFICACIÓN DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO MATERIAL PROBATORIO 1. En primer lugar, allego certificación emitida por la Fiduciaria Bogotá S.A. en la que certifica que las sociedades MAS INGENIERÍA SC S.A.S., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ELITE S.A.S, DM DISEÑO CONSTRUCCIÓN S.A.S., CLV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. y MARTHA CECILIA ORTÍZ DE NIETO, en calidad de fideicomitente, suscribieron contrato de encargo fiduciario No. 2-1-3178 del 4 de mayo de 2015.

2. Mediante dicho contrato se desarrollaría el Proyecto Martinique, cuyo objeto fue recibir y administrar los inmuebles sobre los cuales se desarrollaría dicho proyecto.

3. Adicionalmente, en la misma certificación se pone de presente que la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMÉRICAS S.A.S. realizó aportes, para la adquisición de inmuebles por un valor de $2.701.446.977, los cuales fueron recibidos por la fideicomitente, tal y como lo dice la misma certificación.

4. Estos recursos nunca fueron entregados a la sociedad Conelite y mucho menos al señor Jorge Andrés Navas Pérez.

5. Como se dijo en la solicitud de exclusión, dichos recursos fueron destinados por la compañía aportante para adquirir inmuebles y/o en calidad de inversionista.

Insisto, si esta relación o el hecho de firmar en conjunto el encargo fiduciario, conlleva la intervención, se traduciría en que las otras compañías firmantes también debieran ser intervenidas, lo cual resulta irrazonable desde cualquier punto de vista.

Tanto como haber intervenido al señor Jorge Andrés Navas Pérez, sin tener ningún tipo de relación con las actividades de Elite International Américas S.A.S. 6. En consecuencia, solicito al Despacho tener como prueba la certificación que se allega.

II. SE PONE DE PRESENTE PRECEDENTE CONSTITUCIONAL RECIENTE SOBRE CASO SEMEJANTE Es deber de este Despacho aplicar la jurisprudencia constitucional y los precedentes que según la jurisprudencia constitucional deben aplicarse, máxime si se trata de asuntos semejantes.

El precedente que se pone de presente es la sentencia de tutela del 9 de marzo de 2020 con radicación No. 11001-22-03-000-2020-00054-01 proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y con Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona. Además fue radicado por la Corte, ante esta entidad con radicado No. 2020-01-104355 del 12 de marzo de 2020.

El fallo contiene las siguientes consideraciones, que deben ser tenidas en cuenta para decretar la exclusión de Jorge Andrés Navas Pérez del trámite de intervención, así: 1. Debe existir discusión sobre los hechos que motiven la exclusión de responsabilidad solidaria de los participantes por vía directa o indirecta en las operaciones financieras no autorizadas.

Esto se traduce en que inexorablemente deben probarse los hechos que dan cuenta de la participación directa o indirecta del señor Jorge Andrés Navas Pérez en operaciones que dieron lugar a la intervención de Elite International Américas S.A.S. La investigación administrativa no arrojó ningún resultado, como puede apreciarse en el memorando remitido a la delegatura de insolvencia, el cual ni siquiera fue objeto de análisis fáctico ni jurídico, sino que se procedió de inmediato a la intervención injustificada del señor Jorge Andrés Navas Pérez.

Es por esto, que la solicitud de exclusión es la oportunidad para que este Despacho verifique la inexistencia de hechos circunstanciales que lleven a una medida de intervención.

2. Que para intervenir a las personas naturales debe verificarse que de sus actuaciones se derive un daño, y que además debe existir un nexo causal, entre los hechos y el daño. Hechos que deben ser causados por la persona natural.

En el caso de Jorge Andrés Navas Pérez, no se causó ningún daño, ni la Superintendencia de Sociedades ha puesto de presente la generación de un daño exclusivo, verificado o particular. Razón por la cual tampoco existe nexo causal, máxime si se tiene en cuenta que Jorge Andrés Navas Pérez no actuó de ninguna manera en las actividades de Elite International Américas S.A.S. 3. Dice la Corte, que debe existir una condición determinante, efectiva, o la contribución de la acción u omisión a la producción del daño.

En el caso de Jorge Andrés Navas Pérez la Superintendencia de Sociedades no tiene cómo probar la condición determinante, efectiva o contribución, ni directa, ni indirecta y ni siquiera cercana, a hechos que generaran un daño. Lo anterior porque no existen hechos en los que haya participado el señor Navas Pérez relacionados con Elite y las actividades que esta adelantaba.

4. Dice la Corte que el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008 exige la “concurrencia de un vínculo directo o indirecto con la actividad de captación”.

Dentro del memorando de la delegatura de inspección, vigilancia y control de esta entidad se refieren a varias operaciones contractuales y/o mercantiles que pudo llevar a cabo la sociedad Conelite con la sociedad Elite, pero que no tienen ninguna relación con la actividad de captación. Y ahora, mucho menos la persona natural Jorge Andrés Navas Pérez, quien nunca participó en operaciones de captación y ni siquiera conocía las operaciones que desempeñaba Elite.

Ni la delegatura de inspección vigilancia y control en su memorando, ni la delegatura de insolvencia, han puesto de presente un solo hecho en el que el señor Jorge Andrés Navas haya siquiera conocido las operaciones de Elite. Se insiste, tomaron unas relaciones contractuales, y de ahí “concluyeron” que por esas relaciones el señor Jorge Andrés Navas Pérez debía ser intervenido. Cuando no existe relación de ningún tipo con las actividades de captación.

5. Dice la Corte que la expresión “indirectamente” abarca a proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales.

En el caso materia de estudio, es que Jorge Andrés Navas ni siquiera participó de manera indirecta en operaciones de Elite. No suministró ningún conocimiento, ni proveía ningún tipo de servicios o bienes para la actividad de captación o la actividad financiera que la Superintendencia de Sociedades considera irregular. Es decir que Jorge Andrés Navas ni siquiera encuadra dentro del supuesto de la participación indirecta por cuanto las operaciones que pudo celebrar Conelite con Elite, no tenían nada que ver y/o ninguna relación con las actividades u operaciones de Elite.

Así pues, que mucho menos tenía relación el señor Jorge Andrés Navas con las operaciones de Elite.

6. La Corte es clara al decir que la medida de intervención lleva implícita un juicio de responsabilidad en el que endilgue una falta de diligencia.

Nuevamente, esto tampoco podría extender a la actuación de Jorge Andrés Navas Pérez porque no existe ningún hecho relacionado con la actividad de captación.

Adicionalmente, este Despacho no ha realizado ningún juicio de responsabilidad en contra de Jorge Andrés Navas Pérez en el que se obtengan hecho, un daño y un nexo causal. Entre otras cosas, porque los hechos realizados por Jorge Andrés Navas Pérez relacionados con captación o con las actividades de Elite, no existen.

7. Dice la Corte que el análisis de la Superintendencia de Sociedades debe tener un análisis ponderado del grado de responsabilidad que le atañe en la configuración de la defraudación a los ahorradores.

Sobre este asunto, es necesario que la Superintendencia de Sociedades señale cuál es el grado de responsabilidad que le atañe a Jorge Andrés Navas Pérez en la defraudación de ahorradores. O por lo menos que indique cuáles son los hechos que llevan a concluir que en efecto participó en una actividad defraudatoria, o que por lo menos, que participó en operaciones relacionadas con las actividades de Elite International Américas S.A.S. Es que, señores Superintendencia de Sociedades, el señor Jorge Andrés Navas Pérez no tiene ni tuvo la condición de funcionario ni colaborador de ninguna de las compañías o personas jurídicas que llevaron a cabo actividades defraudatorias o de captación de dineros de forma ilegal. Endilgan su responsabilidad por supuestas operaciones que una sociedad realizó con Elite, y que nada tienen que ver con actividades de captación, y mucho menos tienen relación con mi prohijado.

Por esta razón, Jorge Andrés Navas Pérez no tenía la facultad siquiera de actuar de manera negligente ni omisiva, por cuanto no podía actuar en relación con las actividades de Elite, pues nunca participó en sus operaciones. No fue ni siquiera trabajador, ni colaborador, ni directivo, ni operario, ni tuvo relación con esa compañía. Se equivoca esta entidad cuando ordenó la intervención de una persona que no tiene relación con ninguna actividad de personas jurídicas que defraudaron a terceros.

8. Dice la Corte que la Superintendencia de Sociedades debe explicar cuál es el actuar omisivo o negligente endilgado y que resulta efectivo en la materialización de las actividades de captación de ahorros del público.

En este punto, nuevamente debe decirse que el señor Jorge Andrés Navas Pérez no pudo siquiera actuar de manera negligente u omisivo, pues no tenía facultades dentro de las compañías que ejercieron actividades irregulares. No es posible endilgar responsabilidad a quien no tiene ningún tipo de relación, y que ni siquiera conocía, ni tenía cómo conocer, las actividades de Elite.

9. Dice la Corte que debe la Superintendencia de Sociedades otorgar mérito suasorio a las probanzas.

Resulta que la Superintendencia de Sociedades no cuenta con material probatorio en contra de Jorge Andrés Pérez Navas. Los soportes a los cuales tuvo acceso la entidad en los que consta la relación contractual con Elite por parte de Conelite, de hecho fueron allegados por el mismo Jorge Andrés Navas Pérez, tal y como se señala en la solicitud de exclusión. Lo cual además de ser una conducta de lealtad, de buena fe y de proba actitud procesal, no muestran ninguna relación con actividades irregulares o de captación.

10. Dice la Corte que a los funcionarios judiciales les corresponde evaluar medio de juicio de forma conjunta y exponer razonadamente el mérito que le asignen, pues de lo contrario pueden cometer una vía de hecho.

Vía de hecho que en este caso se configura, en la medida en que no existen probanzas en contra de Jorge Andrés Pérez Navas, no se hizo juicio de responsabilidad en su contra, no existen medios de juicio que lleven a determinar que participó de alguna manera en actividades irregulares.

11. Adicionalmente, pone de presente la Corte que los funcionarios deben observar los derechos humanos, la dignidad humana para tomar decisiones sancionatorias de este tipo. Lo anterior porque se pueden producir daños irreparables a las personas intervenidas, como sucede en el caso materia de estudio, en el cual una persona natural nunca tuvo relación con actividades de captación, no conocía las

actividades de Elite, y no obstante lo cual este Despacho decide de manera sorprendente decretar una intervención en su contra. Además, sin respaldo probatorio.

Debe tener en cuenta que si existen dudas en cuanto a la participación de Jorge Andrés Navas, debe obrarse en su favor, pues las decisiones de carácter sancionatorio deben contar con certeza para que procedan.

En los términos anteriores doy alcance a la solicitud de exclusión con el fin de allegar una prueba adicional y además de poner de presente la compaginación que existe entre el precedente constitucional y el caso del señor Jorge Andrés Navas Pérez.

Cordialmente,

CARLOS MARIO MONTIEL FUENTES C.C. No. 1.136.879.558 de Bogotá T.P. No. 201.567 del C. S. de la J.

AUTO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Sujeto del proceso Élite International Américas S.A.S en liquidación judicial como medida de intervención y otros.

Auxiliar María Mercedes Perry Ferreira Asunto Convoca audiencia Proceso Intervención Judicial Expediente 77.054 I. ANTECEDENTES 1. Mediante Auto 2021-01-096338 de 25 de marzo de 2021, se dispuso tener como pruebas para resolver las objeciones presentadas contra el inventario valorado de bienes y el proyecto de calificación y graduación de créditos y decidir sobre las solicitudes de desintervención relacionadas en esa misma providencia, las documentales aportadas oportunamente por las partes tanto al formular las objeciones como al remitir los escritos de desintervención y sus respectivos traslados, así como las que reposan en el expediente.

2. En la misma providencia se decretó de oficio, una prueba documental para resolver las solicitudes de desintervención, referente a solicitar al Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, los documentos que hacen parte de los papeles de trabajo y la investigación administrativa que dieron lugar a los Memorandos 2018-01385307 de 23 de agosto de 2018, 2018-01-448328 de 11 de octubre de 2018 y 201801-074368 de 1 de marzo de 2018, 2018-01-449206 del 11 de octubre de 2018 y 201701-638500 de 15 de diciembre de 2017, relacionadas con la investigaciones que llevaron a la intervención de Jorge Andrés Navas Pérez, César Chavarro Medina y Ana Cristina Álvarez Leyva.

3. Con Memorando 2021-01-105396 de 31 de marzo de 2021, el Grupo de Investigaciones Administrativas por captación de esta Superintendencia remitió los documentos relacionados con la prueba decretada así: Intervenido Jorge Andrés Navas Pérez

Memorando 2018-01-385307

Pruebas 2018-01-251034 del 17 de mayo de 2018 2018-01-265549 del 24 de mayo de 2018 2016-01-508694 del 13 de octubre de 2016

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Cesar Augusto Chavarro Medina

2018-01-448328 2018-01-074368

Ana Cristina Álvarez Leyva

2019-01-346347

2017-01-478236 del 11 de septiembre de 2017 2017-01-475956 del 8 de septiembre de 2017 2018-01-389103 del 28 de agosto del 2018 2018-01-372952 del 14 de agosto del 2018 2018-01-495708 del 21 de noviembre de 2018 2018-01-348586 del 31 de julio del 2018 2017-01-512316 de 04 de octubre de 2017 2018-01-449206 del 11 de octubre de 2018

4. La prueba documental fue puesta en traslado del 14 al 16 de abril de 2021, como consta en el consecutivo 2021-01-125402 de 13 de marzo de 2021.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 1. Como se mencionó en los antecedentes del auto por medio del cual se decretaron las distintas pruebas, en atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1116 de 2006, las cuestiones que deberán ser resueltas en audiencia, de acuerdo con los distintos memoriales presentados y los traslados realizados, son las siguientes: a. Objeciones al inventario y solicitudes de desintervención: Objeciones Inventario valorado 2020-01-582531

Solicitudes desintervención

Fecha 04/11/2020

Intervenido/ bien

04/11/2020

070-101828

2020-01-419777

13/08/2020

Silapi S.A.S. Ana Cristina Alvarez

13/08/2020 2020-01-259290

Fecha

2020-01-595512

13/11/2020

2020-01-442441

21/08/2020

2020-01-391874

5/08/2020

2020-01-543584

15/15/2020

2021-01-045957

19/09/2021

070-101828

2020-01-586153

2020-01-420052

Traslado

14/06/2020 Jorge Andrés Navas Pérez

2020-01-406464

10/08/2020

2020-01-587769

09/11/2020

2021-01-028749

8/02/2021

César Augusto Chavarro Medina Ana Cristina Álvarez Leyva

Término de traslado 17 a 19 noviembre 2020 24 a 26 agosto de 2020 6 a 11 agosto 2020 16 al 20 octubre 2021

Objeciones

Fecha 14/10/2020

2020-01-392245

05/08/2020

Intervenido Jorge Andrés Navas Pérez Silapi S.A.S Ana Cristina Álvarez Leyva

Traslado

Fecha

2020-01-551669

20/10/2020

2020-01-405377

10/08/2020

de

de de de de

22 al 24 de febrero de 2021

b. Objeciones a los proyectos de calificación y graduación de créditos

2020-01-542961

de de

Término de traslado 21 de octubre a 4 de noviembre de 2020 11 a 25 de agosto de 2020

c. Solicitudes de desintervención (i) Jorge Andrés Navas Pérez 2. Fue intervenido por haber sido Representante legal y accionista de Conélite en liquidación judicial como medida de intervención, sociedad vinculada al proceso de Élite Internacional Américas S.A.S. en liquidación judicial como medida de intervención, como beneficiario de la captación desplegada por esta. A través de memoriales 202001-259290 de 14 de junio de 2020 y 2020-01-406464 de 10 de agosto de 2020, Jorge Andrés Navas Pérez presentó solicitud de desintervención, aplicación de excepción de inconstitucionalidad y nulidad del proceso.

3. En síntesis, expuso lo siguiente: En primer lugar, se refirió a las afirmaciones del Despacho en la providencia de su intervención: (i) olvidó mencionar que el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008 fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, en el sentido que no abarca terceros proveedores de bienes y servicios

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que hayan procedido de buena fe, (ii) no tuvo en cuenta que Jorge Andrés Navas nunca tuvo la condición de miembro de junta directiva, ni empleado, ni ningún tipo de relación con Elite (iii) no presentó ninguna actividad ilícita, ilegal o irregular en que haya participado Jorge Andrés Navas porque no existe. (iv) menciona que se actuó de mala fe, cuando la buena fe se presume (v) Se detalla una operación financiera realizada durante el año 2014 entre Elite y Conelite, respecto de la cual no existe ningún reproche por cuanto se trató de una operación válida y legal, y soportada en los contratos que dan cuenta de ella, así como en la contabilidad, y que hacen referencia a una obra cierta, (vi) no se menciona nada sobre la calidad por la que intervenido el señor Jorge Andrés Navas Pérez. Solo, de manera escueta, dice que actuó de mala fe, pero sin soporte para realizar tal afirmación, tampoco se mencionó cuál fue la colaboración determinante de Jorge Andrés Pérez Navas, ni las supuestas labores que estuvieran vinculadas entre este y Elite International Américas S.A.S. (vii) omitió que fue Jorge Andrés Navas quien suministró las actas de asamblea a la liquidadora.

4. En segundo lugar, se refirió a los hechos que están probados en el expediente y los hechos a tener en cuenta para decidir: (i) Jorge Andrés Navas Pérez nunca fue accionista de Elite, ni miembro de junta directiva, no conoció de las actividades ilegales de captación que adelanto Elite, ni tenía manera de conocerlas. (ii) es ingeniero civil, en el ejercicio de su profesión quiso constituir una sociedad en la cual pudiera desarrollar su profesión, para lo cual además buscó y consiguió un inversionista, esto fue puesto en conocimiento del Despacho, en interrogatorio que le practicara, era el de lograr la obtención de experiencia para luego participar en licitaciones y concursos y le fueran adjudicados contratos, (iii) el objeto social de CONELITE era el de desarrollar o ejecutar obras de ingeniería civil, construcciones y en general todo tipo de obras civiles, (iv) todos los contratos celebrados por la sociedad estaban dentro de su objeto social y dentro del giro ordinario de sus negocios.

5. En tercer lugar, mencionó los hechos sobre los cuales no hace mención el Despacho: (i) Jorge Andrés Navas se reunió en muchas ocasiones con la liquidadora, para suministrar información del proyecto Martinique, la venta que hiciere a los socios y la participación que tenía cliente en el mismo, (ii) acudió al interrogatorio citado por la Superintendencia de Sociedades y allegó toda la información relacionada con el interrogatorio.

6. Respecto al Proyecto Martinique: Expuso que, se celebró un acuerdo privado de colaboración con las sociedades Mas Ingeniería S.A.S., Arquitectura y construcción S.A.S. y DM Diseño Construcción S.A.S. y un contrato de fiducia con Fiduciaria Bogotá con el cual se constituyó el Fideicomiso Martinique. Los contratos celebrados hacían parte del giro ordinario de los negocios de la compañía. No pueden extenderse la responsabilidad de Conelite a Jorge Andrés Navas, cuando los contratos los celebró la sociedad, y no él como persona natural, si en gracia de discusión se aceptara que los negocios jurídicos de naturaleza contractual fueran espurios.

7. El requerimiento de aporte inicial necesario para costear la adquisición de predios, estudios técnicos y gastos de promoción de $4.800.000.000. De esta forma se consiguieron los recursos por parte de las siguientes empresas: Mas Ingeniería Sc S.A.S $1.050.000.000, Dm Diseño Construcción S.A.S $1.050.000.000 y Elite International Américas S.A.S. $2.700.000.000.

8. En dicho documento consta además que, los aportes estarían destinados para la compra los inmuebles en los cuales se desarrollaría el proyecto y los dineros serían pagados por a los propietarios los mismos y los demás proveedores del proyecto.

También se dirigirían una parte de los recursos, a pagar las comisiones a las personas que vendieran inmuebles.

9. Por lo anterior resaltó que la sociedad Conelite ni Jorge Andrés Navas Pérez recibieron sumas de dinero. Indicó que si el contrato de colaboración se celebró entre otras compañías, no es clara la razón para que se le involucre por las sumas recibidas o el recibimiento de ellas, a Conelite y a la persona natural Jorge Andrés Navas Pérez. De

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igual manera expuso que, probablemente los inmuebles del proyecto Martinique hacen parte del proceso.

10.

Sobre los fundamentos de la solicitud, indicó que la motivación de la providencia que ordena la intervención no concuerda con los hechos relacionados con Jorge Andrés Navas, esto debido a que: (i) no realizó ninguna actividad que atentara contra el orden público, (ii) no llevó a cabo ninguna conducta que generara abuso del derecho o fraude a la ley, (iii) ejerció actividad financiera no autorizada, no ha participó en ellas ni directa ni indirectamente, y como si fuera poco, no conocía que las mismas estuvieran siendo ejercidas por otra persona. Consideró que al no estar inmerso en el supuesto de la norma deberá ser excluido.

11.

Indicó que la Superintendencia de Sociedades no tuvo en cuenta, para tomar su decisión, lo manifestado por la sentencia C-145 de 2009, la cual dispuso que la responsabilidad derivada de lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008 no es predicable de los “terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales”.

12.

Consideró que en el evento en que Jorge Andrés Navas encuadre en el supuesto normativo procede la excepción de constitucionalidad. En este contexto es claro que la aplicación de la norma (artículo 5 del Decreto 4334 de 2008) cuya excepción de constitucionalidad se solicita, se debió a un defecto sustantivo, es decir, que el juez en su momento empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental, razón por la cual se profirió una decisión con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política y generándose un quebrantamiento de la misma.

13.

Solicitó la nulidad de la decisión de intervención, invocando las causales 2 y 5 del artículo 133 del CGP y como nulidad constitucional la que se deriva de la falta de competencia y jurisdicción, y la derivada del trámite indebido o llevarse la actuación por un trámite distinto al dispuesto en la Ley, ya que, según el Decreto 4334 de 2008 el proceso de intervención es de naturaleza administrativa y no judicial.

14.

Manifestó el deber de aplicación del precedente constitucional sobre un caso semejante. Expuso como precedente la sentencia de tutela 2020-0054-01 proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que fue remitida con radicado 2020-01104355 del 12 de marzo de 2020, fallo que contiene las siguientes consideraciones: (i) Debe existir discusión sobre los hechos que motiven la exclusión de responsabilidad solidaria de los participantes por vía directa o indirecta en las operaciones financieras no autorizadas, (ii) que para intervenir a las personas naturales debe verificarse que de sus actuaciones se derive un daño, y que además debe existir un nexo causal, entre los hechos y el daño. Hechos que deben ser causados por la persona natural, (iii) debe existir una condición determinante, efectiva, o la contribución de la acción u omisión a la producción del daño, (iv) el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008 exige la “concurrencia de un vínculo directo o indirecto con la actividad de captación”, (v) expresión “indirectamente” abarca a proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, (vi) medida de intervención lleva implícita un juicio de responsabilidad en el que endilgue una falta de diligencia, (vii) el análisis de la Superintendencia de Sociedades debe tener un análisis ponderado del grado de responsabilidad que le atañe en la configuración de la defraudación a los ahorradores, (viii) la Superintendencia de Sociedades debe explicar cuál es el actuar omisivo o negligente endilgado y que resulta efectivo en la materialización de las actividades de captación de ahorros del público, (ix) la Superintendencia de Sociedades otorgar mérito suasorio a las probanzas, (x) los funcionarios judiciales les corresponde evaluar medio de juicio de forma conjunta y exponer razonadamente el mérito que le asignen, pues de lo contrario pueden cometer una vía de hecho, (xi) los funcionarios deben observar los derechos humanos, la dignidad humana para tomar decisiones sancionatorias de este tipo. (ii) Pronunciamientos en el traslado de la solicitud

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15.

Con memoriales 2020-01-420089 de 13 de agosto de 2020 y 2020-01-558472 de 22 de octubre de 2020, la apoderada de afectados, Carolina Arenas, señaló que, respecto a los sujetos pasivos del proceso, el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, señaló como sujetos de la intervención a los representantes legales y a todos aquellos que se encuentren vinculados directa o indirectamente con la actividad de captación, con excepción de los terceros proveedores de bienes y servicios de buena fe que tengan una mera relación indirecta con la persona captadora, actuando en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, situación en la que no se encuentra el intervenido.

16.

Expuso que la razón de extender la intervención a los representantes legales, como el caso del intervenido, se deriva de las obligaciones y facultades que tiene cuando asumen y aceptan este tipo de cargos. Advirtió que las personas que aceptan y ocupan dichos cargos no pueden omitir las cargas y responsabilidades que conllevan.

Consideró que en su condición de representante legal y accionista conoció o debió conocer de las actividades de captación ilegal de dineros.

17.

Expresó que, aunque la sociedad Conelite de la que era representante legal Jorge Andrés Navas, no captó recursos del publico directamente sí participó en la estructura utilizada por los captadores y recibió recursos provenientes de la actividad de Elite, situación que sería suficiente para su intervención.

18.

De igual manera indicó que Conelite fue constituida el 16 de mayo de 2014 por el intervenido Jorge Andrés Navas Pérez y por la sociedad Elite International Américas S.A.S., que dichas sociedades celebraron un contrato que tenía por objeto la ejecución de obras civiles por parte de Conelite, para las oficinas de Elite. Sin embargo, se encontró que recibió más recursos para un proyecto inmobiliario que Conélite no retornó. Adicionalmente, la composición de la Junta directiva de Conelite por sujetos que han sido intervenidos dentro del proceso por su participación en diferentes cargos en otras sociedades utilizadas en el esquema de captación, es otro indicio que permitió concluir que Conelite recibió los recursos a sabiendas de su origen. Así las cosas, la sociedad se vio beneficiada de la captación ilegal masiva de dineros, así como Jorge Andrés Navas como representante legal.

19.

Sobre la ausencia de motivación de la intervención, reitera que las causales de intervención son objetivas y se dan por las calidades especiales de los sujetos descritos en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, porque en efecto existe un vínculo directo o indirecto – tal y como ocurre en el presente caso-. La Superintendencia de Sociedades no está obligada, ni en función de realizar juicio de responsabilidad para la intervención de sujetos, así para la intervención solo basta demostrar la calidad de los intervenidos y el beneficio económico que recibieron, por lo que, con el auto de la intervención realizó un estudio juicioso acerca de las razones por las cuales se dio la intervención.

20.

Finalmente, indicó que al estar acreditado la calidad del intervenido, y los nexos de Conelite con Elite, no existe ausencia de motivación. Frente a la solicitud de nulidad indicó que no se configuraron las causales de los numerales 2 y 5, respecto a la falta de competencia indicó que la competencia de la Superintendencia de Sociedades en este tipo de procesos tiene origen en un mandato legal, por lo que la nulidad invocada carene de sustento jurídico. (iii) César Augusto Chavarro Medina 21.

Fue intervenido por ostentar la calidad de Revisor Fiscal de Serodri y fundación Samadhi y contador de Afecafé y Tink Cool, personas jurídicas vinculadas al proceso de Élite Internacional Américas S.A.S. en liquidación judicial como medida de intervención. Con memorial 2020-01-587769 de 9 de noviembre de 2020 solicitó la revocatoria del auto de intervención y su exclusión del proceso.

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22.

En resumen, el intervenido expuso que de acuerdo con la sentencia C-145 de 2009, la Corte Constitucional dispuso que los terceros proveedores de bienes y servicios que actuaran de buena fe no eran sujetos de intervención. De igual manera expuso que la sentencia C-533 de 2019, manifestó que los contadores y revisores fiscales no son sujetos de intervención.

23.

Indicó que, en su rol como revisor fiscal, no puede ejercer autoridad que conlleve la subordinación del cliente, su función no conlleva toma de decisiones ni coadministración de los negocios. De igual manera, tanto en el Código de Comercio como en la Ley 43 de 1990, determinan que el contador, procesa información, emite estados financieros, certifica y da fe sobre la información emitida y si la información emitida es base para la toma de decisiones, no tiene injerencia en ellas, o coadministra la operación que ejerce una sociedad controlados.

24.

En su caso como revisor fiscal de Serodri y la fundación Samadhi, afirmó que: (i) Las actividades de revisoría fiscal no constituyen una auditoria forense; (ii) Las pruebas de auditoria practicadas tiene carácter de aleatorias y selectivas, no son sobre el universo de operaciones; (iii) La información de terceros que reposa en poder del auditado, tiene limitaciones impuestas por la ley de habeas data y (iv) No era legalmente posible conciliar la información más allá de las bases de datos del auditado, es decir, no era legal ni físicamente posible cruzar y confirmar la información de las sociedades intervenidas con la propia información de Elite International Américas SAS, en la misma medida que las operaciones de las primeras tenían el sustento formal que permitía inferir en la transparencia de las transacciones.

25.

Respecto a su rol como contador de Afecafe y Think Cool S.A.S., expuso que dio estricto cumplimiento frente al procesamiento de la información generado por ellas, la emisión de estados financieros certificados y la presentación de los mismos.

26.

Adicionalmente, cuando la Superintendencia, requirió contable sobre las sociedades intervenidas, en las que Cesar Chavarro actuó como contador o revisor fiscal, aportó toda la información de manera oportuna e integral.

27.

Finalmente, señaló la importancia de aclarar que en su condición de Contador o Revisor Fiscal de las compañías objeto de mi intervención, no puede ser el único elemento que determine su corresponsabilidad, tomando en cuenta que no existe conocimiento, ni puede existir, de posibles actuaciones irregulares que hubiesen realizado los administradores, en la medida que las labores por mi desarrolladas se sustentan en documentos fuentes acordes con las normatividades.

28.

Sobre la conducta de César Augusto Chavarro, expuso que, ni el contador ni el revisor fiscal son coadministradores, ni los competentes para autorizar las operaciones de los administradores o impedirlas, su conducta se enmarca en el procesamiento, emisión de información o control que se contrae al periodo al cual fue consignado, por lo que no es jurídicamente aceptable la teoría de responsabilidad objetiva extendida a todos los contadores y revisores fiscales de una entidad intervenida.

29.

Sobre su actuación como revisor fiscal de la sociedad Serodri S.A.S., indicó que, desde la fecha de su nombramiento como revisor fiscal hasta su retiro, cumplió sus responsabilidades como revisor fiscal, así: (i) Verificó los saldos iniciales de diciembre de 2014, dado que el periodo no requirió revisor fiscal y cuyos estados financieros fueron avalados por otro contador; (ii) Confirmó la existencia de bienes, derechos de propiedad de la sociedad; (iii) Confirmó la existencia de las obligaciones a cargo de la sociedad; (iv) Confirmó la existencia de los contratos de colaboración y consultoría, firmado entre Serodri y Elite, por los respectivos representantes legales, los cuales fueron sustento, junto con las respectivas facturas de ingresos generados por la compañía y reconocidos debidamente en la contabilidad; (v) Se confirmó la radicación de facturas de venta emitidas, y se comprobó que no hubo objeción a ellas, con lo que se concluye que el servicio cobrado fue prestado; (vi) Se avalaron las declaraciones de renta correspondientes al periodo 2015 y fracción del 2016, que se encuentran debidamente sustentadas en la contabilidad; (vii) Se dictaminaron los estados

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financieros de 2015; (viii) Se determinó que la sociedad cumplió los requisitos exigidos en la ley 1429 de 2010, frente a la gradualidad de rentas exentas.

30.

En conclusión, el contrato que dio origen a la intervención, existía antes de la posesión como revisor fiscal, de las pruebas practicadas a toda la operación durante las vigencias 2015 y 2016 no se detectaron anomalías que permitieran inferir irregularidad o ilegalidad alguna; igualmente, no se recibió por parte de ente de control alguno una mínima advertencia que me permitiera concluir en la posibilidad de que dicho contrato tuviese visos de ilegalidad.

31.

Sobre su actuación como contador de la sociedad Afecafe S.A.S. indicó que, dio cumplimiento estricto a sus responsabilidades como contador, así: (i) Realizó las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a los requisitos que daban acceso a las rentas exentas; (ii) Se procesaron los documentos soportes que permitían sustentar las diferentes actividades realizadas por la compañía; (iii) Se confirmó la existencia de bienes y derechos de propiedad de la sociedad; (iv) Se confirmó la existencia de las obligaciones a cargo de la sociedad; (v) Se confirmó la existencia del contrato de colaboración firmado entre Afecafe y Elite, por sus respectivos representantes legales, los cuales fueron sustento, junto con sus respectivas facturas de los ingresos generados por la compañía y reconocidos debidamente en la contabilidad; (vi) Se confirmó la radicación de facturas de venta emitidas, y se comprobó que no hubo objeción a ellas, con lo que se concluye que el servicios cobrado fue prestado; (vii) Se avalaron las declaraciones de renta de 2014, 2015 y fracción de 2016; (viii) Se emitieron estados financieros; (ix) Se determinó que la sociedad cumplió exigidos en la ley 1429 de 2010, sobre la gradualidad de rentas exentas.

32.

En conclusión, el contrato origen de la intervención existía desde antes de su posesión como Contador y de las pruebas practicadas a toda la operación durante las vigencias 2014, 2015 y 2016 no se detectaron anomalías que permitieran inferir irregularidad o ilegalidad alguna; igualmente, no se recibió por parte de ente alguno una mínima advertencia que me permitiera concluir en la posibilidad de que dicho contrato tuviese visos de ilegalidad.

33.

Sobre su actuación como contador de la sociedad Think Cool S.A.S. indicó que, cumplió con sus responsabilidades, así: (i) Se procesaron los documentos soportes que permitían sustentar las diferentes actividades realizadas por la compañía; (ii) Se confirmó la existencia de los bienes y derechos de propiedad de la sociedad; (iii) Se confirmó la existencia de las obligaciones a cargo de la sociedad; (iv) Se confirmó la existencia del contrato de colaboración, firmado entre Think Cool y Elite, por sus representantes legales, los que fueron sustento, junto con las facturas por ingresos generados y reconocidos en la contabilidad; (v) Se confirmó la radicación de facturas de venta emitidas, y se comprobó que no hubo objeción a ellas, con lo que se concluye que el servicio cobrado fue prestado; (vi) Se avalan las declaraciones de renta de 2014, 205 y fracción 2016, que se encuentran sustentadas en la contabilidad; (vii) Se emitieron los estados financieros; (viii) Se determinó que la sociedad cumplió exigidos en la ley 1429 de 2010, sobre la gradualidad de rentas exentas.

34.

En conclusión, el contrato origen de la intervención fue firmado por los representantes legales de las sociedades; en ejercicio de la designación como Contador y de las pruebas practicadas a toda la operación durante las vigencias 2015 y 2016 no se detectaron anomalías que permitieran inferir irregularidad o ilegalidad alguna; igualmente, no se recibió por parte de ente alguno una mínima advertencia que me permitiera concluir en la posibilidad de que dicho contrato tuviese visos de ilegalidad.

35.

Sobre su actuación como revisor fiscal de la sociedad de la fundación Samadhi, informó que, desde la fecha de su nombramiento, cumplió sus responsabilidades como revisor fiscal así: (i) Se recibió la información auditada hasta 30 de abril de 2015, momento hasta el cual el anterior revisor fiscal ejerció; (ii) Se rectificaron los saldos iniciales a 31 de diciembre de 2014, cuyos estados financieros fueron avalados por otro contador y revisor fiscal; (iii) Se confirmó la existencia de los bienes y derechos de la

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sociedad; (iv) Se confirmó la existencia de obligaciones a cargo de la sociedad; (v) Se confirmó el ingreso de donaciones recibidas, las cuales fueron recaudadas a través de las cuentas bancarias de la fundación; (vi) Se emitieron los respectivos certificados de donación; (vii) Se confirmó que las donaciones recibidas se utilizaron en alto porcentaje en la construcción de la sede la fundación, los cuales arrojaron excedentes a cierre de ejercicio 2015, reflejados en el patrimonio de la fundación; (viii) Se avala la declaración de renta correspondiente al periodo 2015, que se encuentra debidamente sustentada en la contabilidad; (ix) Se dictaminaron los estados financieros de 2015.

36.

En conclusión, las razones, origen de la intervención, existían desde antes de su posesión como Revisor Fiscal y de las pruebas practicadas a toda la operación durante las vigencias 2015 y parte de 2016 no se detectaron anomalías que permitieran inferir irregularidad o ilegalidad alguna, los recursos recibidos fueron utilizados en el proyecto de la sede propia y una parte en la operación de la fundación; igualmente, no se recibió por parte de ente de control alguno una mínima advertencia que me permitiera concluir en la posibilidad de que dicho contrato tuviese visos de ilegalidad.

37.

Por lo anterior indicó que su conducta no enmarcada por la negligencia o el incumplimiento de disposiciones legales; tampoco en la omisión de señalar alguna conducta indebida detectada en las decisiones de la administración de las empresas señaladas. Por el contrario, está demostrado que los contratos, razón de la intervención, fueron firmados por los representantes legales de las compañías, estando acordes con la legislación comercial y civil y por lo tanto no podía, siquiera, presumirse visos de ilegalidad o irregularidad alguna. En cuanto a la fundación, percibió donaciones, que fueron debidamente confirmadas respecto al ingreso, certificadas acorde a lo normado y confirmado la utilización apropiada en el desarrollo de las actividades propias de la misma. Aún en la más estricta de la calificación de su conducta, es evidente que, si la entidad concluye que la contabilización era contraria a alguno de esos criterios, un error de interpretación de una norma jurídica, no puede considerarse una conducta dolosa o siquiera culposa cuando estuvo precedida de la diligencia del profesional.

38.

En ninguna de las compañías o en la fundación, se encontró dictamen con salvedad, nota a los estados financieros previos o cualquier otro elemento que permitiera determinar alguna mínima sospecha de los profesionales que atendieron previamente tales entidades, sobre las actuaciones de los administradores de las mismas. Así mismo, indicó que las diligencias adelantadas no permitieron concluir cosa diferente. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable la responsabilidad por una situación que escapaba a su conocimiento y por lo tanto al control que podría haber ejercido sobre tales situaciones, como tampoco el hecho de responsabilizarlo frente a situaciones propias de la administración que conoció de buena fe y sobre las que realizó todas las pruebas pertinentes con absoluta diligencia, frente a los contratos objeto de la intervención, sobre los cuales no tenía la capacidad de oponerse. (iv) Ana Cristina Álvarez Leyva 39.

Fue intervenida por haber sido representante legal y accionista de Silapi S.A.S. sociedad beneficiaria de la captación de Elite a través de Afecafé en liquidación judicial como mediada de intervención. Mediante memorial 2021-01-028749 de 8 de febrero de 2021, solicitó la revocatoria del auto de intervención y se manera subsidiaria la exclusión del proceso.

40.

A través de apoderado expuso que, el Auto 460-001206 de 17 de febrero de 2020, es contrario a la ley y por lo tanto no ha cobrado ejecutoria, teniendo en cuenta que las providencias ilegales no atan al juez, su contenido no se ajusta ni a la constitución, ni a la ley ni a la jurisprudencia constitucional.

41.

Las razones que tuvo la entidad para la intervención no demuestran de manera suficiente que la señora Álvarez, haya ejercido conductas de captación ilegal, como equivocadamente afirmó la providencia, no se describen circunstancia de tiempo, modo y lugar de esta conducta que está tipificada en el Código Penal.

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42.

Indicó que, las afirmaciones del auto no son ciertas, Ana Cristina Álvarez dejó de ser accionistas de Elite desde el 16 de abril de 2012 (anexa prueba), igualmente, no es cierto que su mandante haya recibido 99% de las utilidades de Silapi, según reforma estatutaria que consta en acta 5 de asamblea extraordinaria de accionista de 25 de febrero de 2016.

43.

Expuso que con Oficio 300-100029 de 11 de julio de 2018, se indicó que: “ en cuanto a la posible vinculación de la señora Ana Cristina Álvarez Leyva, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, determinó que con base en los elementos de juicio recaudados hasta aquel momento, no habría tenido relación con la captación masiva y habitual de dineros adelantada por Elite International Americas Sas., la mencionada delegatura arribó a esta conclusión, en vista de que la señora Álvarez Leyva fue representante legal y accionista de Afecafe SAS., únicamente durante 24 días, en los cuales sus actuaciones estuvieron encaminadas a disolver y a liquidar la sociedad.

Esta determinación se comunicó a la doctora María Mercedes Perry mediante oficio No. 300-032532 del 1 de marzo de 2018”.

44.

Indicó que, es totalmente contradictorio e incongruente lo que se afirman en el Auto objeto de revocatoria, pues no existen elementos materiales probatorios que puedan demostrar que mi mandante tuvo intervención en las conductas que se le atribuyen a la Sociedad Elite International Américas SAS., y Afecafe, pues es esa misma entidad es la que confiesa la inocencia de mi mandante en esa intervención judicial.

45.

Indicó que su mandante no está dentro de los supuestos de 4334 de 2008, ya que, nunca ha realizado las actividades financieras propias de los organismos que el Estado ha legitimado para tal propósito. Tampoco ha tenido relación con empresas captadoras de dinero, pues las actividades que realizó en Afecafé tuvieron lugar en un período en el cual no existe la menor sospecha de que se estaban realizando las operaciones ilegales que la Superintendencia le atribuye a tal empresa. De manera concreta, no se demostró que su mandante tenía conocimiento de actividades ilegales, e incluso de la ocurrencia de las mismas para tal fecha.

46.

Manifestó que, si el Despacho persiste en el equívoco y pretende establecer responsabilidad objetiva que esta proscrita, tendrá que haberse demostrado que actuó con conocimiento de causa, esto es, que se debió desvirtuar la presunción de buena fe, so pena de incurrir en responsabilidad por falla del servicio, en incluso responsabilidades de tipo penal por los delitos de injuria, calumnia y fraude procesal.

47.

De igual manera consideró desproporcionado que se extienda una responsabilidad ilimitada por solidaridad, cuando el objeto de establecer una sociedad es responder con el capital con el cual fue constituida la forma societaria. Así, indicó que no pueden intervenirse todos los bienes la intervenida, cuando su adquisición no tuvo relación causal con un defraudamiento del público por captación ilegal, así como tampoco fueron adquiridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la sociedad cuyos negocios fueron intervenidos en virtud de la relación con la organización intervenida (en este caso Afecafe).

48.

Expuso que, en todo caso, Ana Cristina Álvarez es un tercero de buena fe, no se determinaron, las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar en que surgió la supuesta “captación” y por el contrario los imples indicios de que perteneció a la junta directiva o que fue socia no son suficientes elementos probatorios, para concluir que se estaban captando dineros del público. Expresó que se condena a su cliente por simple sospecha, sin elementos probatorios para imputarle esa conducta punible, por la sencilla razón de que la misma no la cometió mi defendida.

49.

Respecto a la no explicación de los contratos de cuentas en participación trascribió su significado legal.

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50.

Sobre los derechos fundamentales violados, tales como el derecho al buen nombre, la captación ilegal es un delito tipificado por el código penal y hasta el momento no hay sentencia condenatoria, pero el auto objeto de la revocatoria ha decretado y materializado medidas cautelares contra su mandante, sin que se haya adelantado una investigación penal. Indicó que también se vulneró la presunción de inocencia y indicó que hay una vía de hecho por violación del precedente constitucional.

51.

Finalmente indicó que, los terceros proveedores de buena fe no pueden ser intervenidos, dado que las operaciones son del rol ordinario de sus negocios legales, no puede la Superintendencia extender responsabilidad de ninguna especie a estos y si esta es la interpretación que le da la Corte Constitucional, como puede el Juez de la intervención ir más allá cuando no le está permitido, pues su mandante estaba actuando de buena fe y entre las actividades habituales de su negocio.

52.

De otra parte, indica la Corte que los terceros de buena fe, puedan presentar pruebas y controvertir las decisiones del Juez del concurso para reclamar y ejercer sus derechos para probar su legitimidad, así pues, el juez no puede negar esta intervención, debe pronunciarse en derecho y atender las reclamaciones aquí impetradas, de lo contrario estaría incurriendo en vías de hecho, y ajustarse al contenido de la jurisprudencia de exequibilidad condicionada o de lo contrario se verá abocado a enfrentar procesos disciplinarios y penales. (v) Pronunciamientos en el traslado de la solicitud 53.

Con memorial 2021-01-054293 de 25 de febrero de 2021, Carolina Arenas, actuando como apoderada de afectados, sobre las intervenciones de César Chavarro y Ana Cristina Álvarez expuso que, con relación a los sujetos pasivos del proceso, el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, incluye entre otros, a los representantes legales, accionistas, revisores fiscales y a todos aquellos que se encuentren vinculados directa o indirectamente con la actividad de captación, con excepción de los terceros proveedores de bienes y servicios de buena fe que tengan una mera relación indirecta con la persona captadora, actuando en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, situación en la que no se encuentra los intervenidos.

54.

Indicó que el artículo determina que no solo el que capta dinero directamente, es sujeto pasivo de la intervención, sino también aquellos que fungen como representantes legales, miembros de juntas directivas, revisores fiscales, contadores y socios, entre otros, de las personas jurídicas vinculadas, sea directa o indirectamente con la captación. En este caso, se tiene la vinculación de un contador, revisor fiscal y una representante legal que fueron beneficiarias de la actividad de captación masiva no autorizada, que como quedó expuesto, tiene sustento en la ley, con excepción de los terceros proveedores de bienes y servicios de buena fe que tengan una mera relación indirecta con la persona captadora, actuando en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, situación en la que no se encuentran los intervenidos.

55.

Respecto a la aplicación de lo dispuesto en la sentencia C 533 de 2019, indicó que esta resolvió estarse a lo dispuesto en la sentencia C145 de 2009. Expuso que, la razón extender la intervención a los sujetos mencionado en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008 se soporta en las obligaciones y facultades que estos tienen cuando asumen y aceptan esta clase de cargos. Los señores Ana Cristina Álvarez Leyva y Cesar Augusto Chavarro, no pueden pretender ocupar este tipo de cargos como representante legal, contador y revisor fiscal y luego restarle importancia y omitir las cargas y responsabilidades a lo que esto conlleva.

56.

De igual manera, considero que respecto de los beneficiarios, su vinculación es fundamental para el proceso debido a que, usualmente la actividad de captación masiva, se realiza mediante esquemas organizados, así Elite desvió recursos del público a sociedades que no estaban vinculadas pero que sirvieron de instrumentos para defraudar al público.

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57.

Respecto de la ilegalidad de los autos presentada, aclaró que el proceso de intervención no es una sanción sino un proceso que busca la pronta devolución de los dineros captados a los afectados, las causas de la intervención son dadas por las calidades especiales de los sujetos listados en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, o porque existe un beneficio directo o indirecto (como ocurre en los presentes casos).

58.

Siendo así, la Superintendencia de Sociedades no está obligada a realizar un juicio de culpabilidad para realizar la intervención de los sujetos, por el contrario, basta con demostrar la calidad de intervenidos y el beneficio económico recibido en virtud de la captación, como ocurre en ambos casos. Si se tienen las calidades indicadas por la norma, procederá la intervención, pero en sede de responsabilidad, los intervenidos para excluirse deben probar que no tuvieron las calidades por la norma indicadas o morigerar su responsabilidad aportando pruebas que configuren una demostración de que su conducta no tuvo interferencia alguna en las actividades de captación., como no ocurre en el caso de Cesar Chavarro y Ana Cristina Álvarez.

59.

Concluyó que los intervenidos no lograr demostrar que no ostentaron las calidades por las cuales fueron intervenidos o no haberse beneficiado de las actividades de captación, por lo que las decisiones se ajustan a la normatividad que rige el proceso.

60.

Finalmente, afirmó que la Superintendencia de Sociedades ha actuado conforme a derecho y por tal razón no se han visto los derechos fundamentales de las intervenidas vulnerados de manera alguna. d. Objeciones al inventario valorado adicional (i) Maria Fernanda Navas, frente al inventario de Jorge Andres Navas Pérez 61.

Mediante escrito 2020-01-582531, la señora Maria Fernanda Navas, actuando en nombre propio, solicita que el bien identificado con número de matrícula inmobiliaria 070-101828 se excluya, argumentando lo siguiente:  Por medio de escritura No. 01656, su padre Jorge Navas Pinzón adquirió un lote de mayor extensión en la vereda el roble alto del municipio de Villa de Leyva, sobre dicho lote, se creó la parcelación “El Recreo de San Miguel”, la cual se compone de 19 lotes, cada uno con su folio de matrícula y cedula catastral respectiva.  La mencionada parcela cuenta con zonas comunes, compuestas por zonas verdes, con un área total de 2.3 Hectáreas, y con folio de matrícula 070-101828, y una zona de celaduría con un área de 10X10 m2, la cual no cuenta con folio de matrícula, sino está establecida como una zona de usa común para este propósito.  Su padre desarrollo un proyecto de siembra de manzanos, para lo cual inicio la construcción de una bodega para el almacenamiento de la cosecha, la mencionada construcción no pudo ser terminada por falta de recursos económicos, y con el fin de obtener recursos, le compro dicha construcción en obra negra a su señor padre, la bodega no cuenta con folio de matrícula al igual que la zona de celaduría en la que se construyó.  Posteriormente, en el año 2002, decidió convertir la bodega en una casa, la cual ha sido alquilada en diversas ocasiones, y sobre las cuales manifiesta que se han celebrado diferentes contratos de arrendamiento.  Dado que la casa estaba construida en el área de celaduría, no contaba con el área de jardín, por lo tanto se destinó un área de 1.000 m2, área perteneciente al lote No. 4, propiedad de su señor padre.  El lote No. 4 cuenta con un área de 4.212 m2 y matricula No. 070-101812, es colindante a la zona de celaduría, siendo así sus linderos. NORTE: en diez metros (10 m) con la celaduría de la parcelación y en ochenta y cinco metros cuadrados (85 m2) y veintisiete centímetros y 27 cm2 con la propiedad de Eduardo Castellanos. SUR: en 50 m2 con el lote No. 5 de la misma parcelación y 44,45 m2 con el lote No. 7 de la misma parcelación. ORIENTE: en 46,57 m2 con el lote No. 8 de la misma parcelación.

OCCIDENTE: en 10 m2 con la zona de celaduría de la parcelación y 32,95 m2 con la vía interna vehicular No. 2 denominada las Acacias.

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 En el mes de junio del año 2003, fallece su señor padre y como parte del proceso de sucesión, se hace la restitución de fiducia a FiduBancoop, relacionada con la transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil, así: a) Jorge Andres Navas Pérez el 44%, b) Luz Ángela Navas Pérez 20% y c) Maria Fernanda Navas Pérez el 36%.  En la fecha 20-11-2019, promovió demanda de dominio de pertenencia por los 1000 m2 de área del lote No. 4 utilizada como zona de jardín de mi casa construida en la zona de celaduría de la parcelación.  Por tanto, el área del lote No. 4 de 4212 m2, no incluye la casa ni debe valorarse como parte de los bienes de Jorge Andrés Navas Pérez, por cuanto no se encuentra en el lote en cuestión y alega tener la posesión de esta desde hace más de 20 años. Lo mismo, respecto del área de 1000 m2 sobre la cual ha tenido posesión desde hace más de 18 años y sobre la cual existe demanda de posesión previo a la diligencia de secuestro.  Igualmente, la casa de bareque fue construida por el inquilino actual hace menos de 6 meses, y se encuentra en el área alegada de posesión.  Dichos antecedentes no fueron expuestos por la liquidadora, y considera la objetante deben ser de público conocimiento por las partes.  La parte que corresponde al intervenido Jorge Andres Navas Pérez, no fue adquirida de manera ilegal, sino en la manera que lo manifiesta en su escrito.  Indica la objetante adjuntar copia de la demanda de pertenencia promovida y el auto admisorio de la misma, sin embargo, dichos documentos no se adjuntaron a la objeción. (ii) Carlos Mario Montiel Fuentes, apoderado de Jorge Andres Navas Pérez 62.

Mediante radicado 2020-01-586153, el objetante reitera la solicitud de exclusión del trámite de intervención adelantado sobre el señor Jorge Andres Navas Pérez.

Adicionalmente, sobre el inventario indicó que: a) sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 070-101812 único bien de su representado, en cuota equivalente al 44% se encuentra inscrita una demanda de proceso de pertenencia; b) el Despacho debe pronunciarse si el bien fue adquirido como consecuencia de alguna actividad ilegal; c) tener en cuenta que existe una solicitud de exclusión; d) la forma de adquirir el dominio por parte de su representado fue la transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil en virtud de escritura pública otorgada en el año 2012; e) esta adquisición se hizo aún con anterioridad a la constitución de la sociedad CONELITE S.A.S., compañía respecto de la cual se predica la intervención del señor Jorge Andrés Navas Pérez; f) no existen bienes adquiridos por su representado producto de actividades de captación ilegal. e. Objeciones a los proyectos de calificación y graduación de créditos (i) DIAN frente al proyecto de calificación y graduación de créditos de Silapi S.A.S. 63.

Con memorial 2020-01-419777 de 13 de agosto de 2020, manifestó que presentó acreencia fiscal a cargo de la sociedad concursada por concepto de renta y complementarios 2019, como crédito condicional en cuantía indeterminada, teniendo en cuenta que si bien la obligación se causó a 31 de diciembre de 2019, aún no había vencido el plazo máximo para su presentación.

64.

De igual manera informó que se advirtió a la liquidadora que debía cumplir con el deber formal de presentación y en caso de liquidarse, el saldo ser incluido en el proyecto de graduación y calificación de créditos, incluyendo los valores de impuesto, sanción.

65.

Advirtió que, el impuesto de renta y complementarios 2019, se causó a 31 de diciembre de 2019, antes que se decretara la apertura del proceso, pero la fecha máxima para cumplir oportunamente la obligación formal de presentar la declaración era el 19 de junio de 2020. Por esta razón la liquidadora debió hacer la respectiva provisión de conformidad con la información contable de la anualidad correspondiente

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y cumplir, según el plazo establecido, con la obligación formal de presentar la declaración y en caso de liquidarse valores a pagar por impuesto, sanción e intereses incluirlos en el proyecto de graduación y calificación de créditos en la categoría correspondiente.

66.

Finalmente, precisó que el valor de la sanción por extemporaneidad, deberá ser asumido por la liquidadora, quien en su calidad de representante legal es la llamada a cumplir con la obligación formal de declarar oportunamente.

67.

Por lo anterior solicitó: (i) que se conmine a la liquidadora para que cumpla con el deber formal de presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios de 2019, liquidando el valor del impuesto, sanción y intereses; (ii) que se modifique el proyecto de graduación y calificación de créditos, en el sentido de que los eventuales valores a cargo de Silapi, sean reconocidos como créditos de primera clase, en categoría de fiscales y como postergados, con la misma calificación los conceptos cuantificados por concepto de intereses según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1116 de 2006. (ii) Bancolombia frente al al proyecto de calificación y graduación de créditos de Ana Cristina Álvarez Leyva 68.

Con memorial 2020-01-420052 de 13 de agosto de 2021, solicitó se ordene a la liquidadora, ajustar el proyecto de calificación y graduación de créditos en el sentido de reconocer a favor Bancolombia la suma de $47.354.357,96 por concepto de capital y $367.638,99 por concepto de intereses, discriminado de la siguiente manera: OPRERACIONES DE CRÉDITO Obligación Saldo Capital Intereses 5491580422459806 (MasterCard dólares) $16.218.664,52 $325.748,99 5491580422459806 (MasterCard pesos) $1.091.839,00 $41.890,00 TOTAL $17.310.503,52 $367.638,99 OPERACIONES DE LEASING Contrato N°.

Total 12775617 $30.043.854,44

69.

Se ordene a la liquidadora, hacer los reajustes solicitados al “proyecto de determinación de derechos de votos”, en el sentido de que se determinen los votos y porcentaje de participación de BANCOLOMBIA S.A., teniendo como saldo por capital de las obligaciones la suma de $47.354.357,96, pesos colombianos.

70.

Se ordene a la liquidadora la restitución del vehículo KIA RIO Modelo 2018, contrato 12775617 celebrado con BANCOLOMBIA S.A. – SUFI BANCOLOMBIA, y cuyo activo es de propiedad única y exclusiva de BANCOLOMBIA S.A., y solo fueron entregados a la señora Ana Cristina Álvarez Leyva en virtud de la celebración del contrato de Leasing Financiero previamente relacionado. f. Informe de conciliación 71.

Con memorial 2020-02-024332 de 5 de noviembre de 2020, la liquidadora remitió informe de conciliación en el cual informó de la no conciliación con la DIAN e informó de la conciliación con Bancolombia sobre el crédito reclamado reconociéndolo como una obligación de quinta clase por valor de $47.354.357,96 equivalentes al capital y como un crédito postergado lo correspondiente a los intereses por valor de $367.638,99.

72.

Sobre la entrega del vehículo KIA RIO MODELO 2018, la auxiliar de la justicia no se pronunció y manifestó que esperaría a las resultas de la audiencia respectiva. g. Convocatoria a audiencia 73.

Se convocará a audiencia de resolución de objeciones al inventario valorado de bienes y al proyecto de graduación y calificación de créditos, así como a su aprobación

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y la resolución de solicitudes de desintervención, advirtiendo que la misma tendrá lugar a través de medios virtuales. Para estos efectos, el vínculo de acceso a la diligencia estará disponible a través de la página web de la Superintendencia de Sociedad, según se señalará en la parte resolutiva de esta providencia.

74.

Por lo tanto, de conformidad con el protocolo definido para las audiencias virtuales que hace parte del anexo de la Resolución 100-005027 de 31 de julio de 2020, se seguirán los lineamientos que se establecen a continuación: (i) Requerimientos Técnicos 75.

Aplicaciones: Las diligencias se llevarán a cabo haciendo uso de la aplicación tecnológica Microsoft Teams, que permite el acceso del Juez, así como de las partes, y su conexión simultánea, de tal forma que sea posible su participación virtual.

76.

Equipo de cómputo, tabletas y móviles: Las aplicaciones tecnológicas se podrán descargar e instalar en dispositivos computadores con windows 7 en adelante y con mac OS X 10.11 en adelante, así como en dispositivos móviles android e iOS. 77.

Micrófono y cámara: El equipo de cómputo, tableta o móvil utilizado, deberá contar con dispositivos de audio y video que permitan visualizar la diligencia e intervenir en la misma, a fin de garantizar la participación de todos los interesados.

78.

Capacidad de acceso a internet: Para participar en la diligencia, los intervinientes deben contar con una conexión de internet con ancho de banda de mínimo 5 megas.

79.

Certificación de cumplimiento de requerimientos técnicos: En el vínculo de acceso a la diligencia, se incluirá una casilla en la cual los intervinientes certificarán el cumplimiento de su parte, de los requerimientos técnicos mínimos que garanticen su participación. (ii) Acceso virtual a la diligencia.

80.

El acceso virtual a la diligencia se hará por parte de los intervinientes a través del vínculo establecido para el efecto. Para ingresar al vínculo de acceso virtual los intervinientes deberán ingresar su nombre y cédula.

81.

Una vez abierto el vínculo, se deberá certificar por parte del interviniente el cumplimiento de los requerimientos técnicos como prerrequisito para acceder a la diligencia. Una vez realizada la certificación, el interviniente deberá seleccionar su audiencia o actuación, e identificarse para efecto de que el Funcionario de Soporte Técnico de la Superintendencia le conceda acceso a la misma.

82.

Podrán acceder virtualmente a la diligencia el Juez, los funcionarios de la Superintendencia autorizados, las partes, los apoderados y los terceros intervinientes, conforme a la ley.

83.

Los canales virtuales estarán habilitados 1 hora antes del inicio de la diligencia, con el propósito de que los intervinientes accedan a la plataforma y reporten al Funcionario de Soporte Técnico de la Superintendencia, los inconvenientes que presenten, a afectos de superarlos antes del inicio de la diligencia. Para tal fin, se podrá hacer uso del chat previsto para la diligencia o de la línea telefónica indicada en el vínculo denominado “Audiencias Virtuales”. (iii) Desarrollo de la diligencia a través de medios virtuales 84.

El Juez dará inicio a la audiencia, solicitando a los intervinientes su identificación, quienes deberán indicar: (i) su nombre, (ii) su número de identificación, y, (iii) su número de tarjeta profesional, en caso de actuar en calidad de apoderado y presentar sus documentos en la cámara de su dispositivo. El Juez dejará constancia en el

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expediente sobre los intervinientes que hayan accedido, previamente al inicio de la diligencia.

85.

La diligencia se desarrollará de la misma manera prevista en las normas procesales para una audiencia o actuación presencial.

86.

Para realizar intervenciones, los intervinientes deben pedir la palabra a través del chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams interno, en el momento en que quien dirige la diligencia abra el espacio para la participación.

87.

Los intervinientes deberán mantener siempre sus micrófonos desactivados y solamente lo activarán al momento en que se le haya concedido el uso de la palabra por el Juez. Una vez el interviniente finalice su intervención, deberá desactivar su micrófono. Solamente se permitirá el uso de la palabra de un interviniente a la vez.

88.

Los intervinientes deberán mantener siempre sus cámaras desactivadas. Únicamente las activarán en el momento en que el Juez le haya concedido el uso de la palabra.

89.

Los intervinientes no podrán conectarse simultáneamente a través de dos dispositivos (computador, tabletas o teléfonos móviles, por ejemplo).

90.

El chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams sólo puede ser utilizado para solicitar el uso de la palabra, en los momentos procesales correspondientes. La palabra será otorgada por quien dirige la diligencia. No tendrán efectos procesales las manifestaciones realizadas por ese medio.

91.

Si durante el desarrollo de la diligencia se presenta algún inconveniente, el interviniente deberá tomar una imagen de la pantalla en donde se pueda evidenciar el error y comunicarse inmediatamente con el Funcionario de Soporte Técnico de la Superintendencia a las líneas de atención dispuestas para tal fin, conforme se indique en el vínculo denominado “Audiencias Virtuales”, según corresponda. El Juez, como director del proceso, tomará las decisiones que en estos eventos sean pertinentes, siempre garantizando el debido proceso.

92.

Si en el curso de la diligencia se presentan documentos, los mismos deberán radicarse a través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, indicando el número de expediente y la identificación de la parte. La Superintendencia ha previsto los mecanismos necesarios para que el Juez tenga acceso a estos documentos en la medida en la cual así lo considere.

93.

La actuación adelantada en desarrollo de las diligencias realizadas a través de medios virtuales será grabada por la Superintendencia de Sociedades en su integridad en medios audiovisuales que ofrezcan seguridad para el registro de lo actuado, en los términos del numeral 4 del artículo 107 del Código General del Proceso. Esta grabación obrará como prueba de lo acontecido en la diligencia, en los términos del artículo citado y de la misma se levantará la correspondiente acta.

94.

El uso de los medios virtuales para el desarrollo de las diligencias en ningún momento varía las reglas y etapas procesales o de las actuaciones previstas en las normas aplicables, entre otras, el decreto 4334 de 2008, en la Ley 1116 de 2006, Código General del Proceso, Decreto 1074 de 2015, y las demás que resulten aplicables.

95.

El texto completo del Anexo a la Resolución 100-005027 de 2020, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_resol uciones/Resolucion_100-005027_de_31_de_julio_de_2020.pdf 96.

En todo caso, se advierte que las personas que no cuentan con mecanismos de acceso a la audiencia virtual, pondrán informarlo previamente, con al menos un día

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hábil de anticipación, a esta Entidad a la dirección electrónica diligenciasvirtuales@supersociedades.gov.co, con el nombre de la parte y su identificación, si asiste o no con apoderado, nombre del proceso o del intervenido, número de expediente, a fin de que se habilite una sala en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, para asistir a la audiencia desde la misma.

97.

Así mismo, se advierte a los intervenidos, acreedores, objetantes y terceros interesados, sobre su deber de estar atentos del expediente por medio de la baranda virtual en la página de la Entidad, respecto a cualquier modificación u adición que se realice relacionado con la convocatoria de la citada audiencia.

En mérito de lo expuesto, la Directora de Intervención Judicial, RESUELVE Primero. Convocar a audiencia de resolución de objeciones al inventario valorado de bienes y al proyecto de calificación y graduación de créditos, y resolución de solicitudes de desintervención, para el 30 de abril de 2020 a partir de las 2:00 p.m.

Se advierte que, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, la audiencia citada se adelantará mediante el uso de herramientas tecnológicas, a la cual se podrá acceder través del siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtualesterminos.aspx Segundo. En todo caso, las personas que no cuentan con mecanismos de acceso a la audiencia virtual, pondrán informarlo previamente, con al menos un día hábil de anticipación, a esta Entidad a la dirección electrónica diligenciasvirtuales@supersociedades.gov.co, con el nombre de la parte y su identificación, si asiste o no con apoderado, nombre del intervenido, número de expediente, a fin de que se habilite una sala en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, para asistir a la audiencia desde la misma Tercero. Ordenar al Grupo de Apoyo judicial que remita copia este auto a los siguientes correos electrónicos carlosmario@montielfuentes.com, cesar.chavarro@gmail.com, robertocharris@hotmail.com, carolina.arenas@cms-ra.com, ycipamocham@dian.gov.co, laulozan@bancolombia.com.co, mariafnavas@gmail.com, carlosmario@montielfuentes.com.

Notifíquese y cúmplase,

DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA Directora de Intervención Judicial TRD: ACTUACIONES RAD 2021-01-125402 L6848/ J7898

TRASLADO PROCESOS DE INTERVENCIÓN

TRASLADO De las Pruebas Documentales decretadas de oficio por esta Superintendencia, mediante Auto identificado con radicado No. 2021-01-096338 del 25 de marzo de 2021, proferido dentro del proceso de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S. Y OTROS EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN, pruebas éstas allegadas mediante Memorando identificado con radicado No. 2021-01-105396 del 31 de marzo de 2021 y las cuales se pueden consultar en el link que más adelante se relaciona, CORRASE TRASLADO a los interesados, por el término de tres (3) días hábiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Código General de Proceso.

SE FIJA HOY:

13 DE ABRIL DE 2021

COMIENZA A CORRER EL:

14 DE ABRIL DE 2021

VENCE EL:

16 DE ABRIL DE 2021

Se informa a las partes que las pruebas objeto del presente traslado se pueden consultar y descargar a través del siguiente enlace: https://supersociedades365my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariamc_supersociedades_gov_co/Em2ZLX943tDvazcAhWjpfIBtUNr6iLfAKvdk4c-Jx4MJQ?e=bZPzKF

Así mismo, se informa a las partes que el Auto citado en el presente traslado, se puede consultar y descargar en la página web de la Superintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co sección Baranda Virtual – Radicaciones y digitando número de radicado – ver documento, o a través del siguiente link: https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/radicaciones

ANA BETTY LOPEZ GUTIERREZ Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial TRD:ACTUACIONES RADS: 2021-01-105396 Memorando / 2021-01-096338 Auto FUN: S1466 2021-04-12

ACLARACIÓN DE LAS PRUEBAS Y ANEXOS

https://uexternadoedumy.sharepoint.com/:f:/g/personal/hernando_castro01_est_uexternado_edu_co/Et W0mEsX9etHsZTdJXtkBr8BzaZVmfyynfYcmW5m9jvNmw?e=wHanTJ En el primer link que se remite, se encuentran alojados para su visualización y descarga, (i) el interrogatorio del señor Jorge Andrés Navas pérez realizado el 16 de mayo de 2018, (ii) la audiencia en la que se resolvieron las solicitudes de desintervención y (iii) la audiencia del 5 de mayo en la que se resolvieron los recursos de reposición en contra de las decisiones sobre las solicitudes resueltas en audiencia del 30 de abril de 2021. https://supersociedades365my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariamc_supersociedades_gov_co/Em2ZLX943tDvazcAhWjpfIBtUNr6iLfAKvdk4c-Jx4MJQ?e=bZPzKF En el primer link que se remite, se encuentran alojados para su visualización y descarga, (i) el interrogatorio del señor Jorge Andrés Navas pérez realizado el 16 de mayo de 2018, (ii) la audiencia en la que se resolvieron las solicitudes de desintervención y (iii) la audiencia del 5 de mayo en la que se resolvieron los recursos de reposición en contra de las decisiones sobre las solicitudes resueltas en audiencia del 30 de abril de 2021.

En el segundo link, se encuentran las pruebas enunciadas en el numeral 5 del acápite de pruebas, objeto del traslado con radicado 2021-01-125402, las cuales no pudieron ser adjuntadas en forma de documento debido a la capacidad máxima de carga en la plataforma de radicación Tutela en línea. Estos documentos son de suma importancia dentro de los que se encuentra el acta de conciliación extrajudicial, en el que se estipula la destinación de la suma por concepto de valoración de la participación de CONELITE S.A.S. en el proyecto Martinique.

De igual forma, todos los documentos adjuntos contienen un radicado con el cual, pueden ser consultados en la página Baranda virtual, en la pestaña de radicaciones de la Superintendencia de Sociedades. Todos estos documentos contienen anexos que no se incorporaron a los anexos de esta tutela, debido a la capacidad de carga. Sin embargo, de manera respetuosa, resaltamos que se encuentran en el expediente, bajo los radicados que figuran en cada documento.

Por lo tanto, en tanto sean necesarios, solicitamos de manera respetuosa, sean tenidos en cuenta.

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO Fecha : 05/nov./2021 CORPORACION GRUPO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA CIRCUITO JUZGADOS DEL CIRCUITO DE BOGOTA SECUENCIA: CD. DESP REPARTIDO AL DESPACHO 100 22015

*´¨ 1

Página

FECHA DE REPARTO

05/11/2021 1:34:16p. m.

JUZGADO 33 PENAL CTO BTA-CONOC -BLOQ B PISO 3 NOMBRE

IDENTIFICACION

8999990862 80417266 900437991 SD207044

APELLLIDO

SUJETO PROCESAL

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES JORGE ANDRES NAVAS PEREZ SOCIEDAD ELITE INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS SAS Tutela en Línea con número 586046

C01007APJ001

CUADERNOS

cmartino

FOLIOS EMPLEADO

OBSERVACIONES

02 01 03

*´¨ *´¨ *´¨ *´¨

www.ramajudicial.gov.co JUZGADO TREINTA Y TRES PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ Bogotá D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) AUTO AT Expediente:

2021-00204-00

Accionante:

JORGE ANDRES NAVAS PEREZ

Accionado:

SUPERINTENDENCIA

DE

SOCIEDADES,

DELEGATURA DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES Referencia:

ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA

A este despacho, le fue asignada por reparto aleatorio del 05 de noviembre de 2021, la demanda de tutela interpuesta por el JORGE ANDRES NAVAS PEREZ en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,

DELEGATURA

DE

INTERVENCIÓN

Y

ASUNTOS

FINANCIEROS ESPECIALES, autoridad administrativa contra la cual, al momento de emitirse el fallo respectivo, es posible se tomen decisiones que le lleguen a afectar.

Frente a lo anterior, es importante recordar el reciente decreto 333 de 2021 en el cual en su Artículo 1°. Modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

(…)Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 4. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. (…)

AUTO _______________________________________________________________________________________________

De suerte que, durante el trámite constitucional de tutela no pueden obviarse las normas de reparto, pues tal como lo ha señalado la Corte la Constitucional, éstas “deben respetarse para no quebrantar el debido proceso en el trámite de la acción de tutela, en consonancia con el artículo 29 de la Constitución”, de acatamiento obligatorio porque a su vez implica la efectividad real de la informalidad, sumariedad y celeridad como características propias de aquella, prevista en el artículo 86 superior.

Lo anterior, implica que, por reglas del reparto, la solicitud de amparo presentada por el señor JORGE ANDRES NAVAS PEREZ, deba ser conocida a prevención por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por cuanto en el presente asunto, de los hechos de la demanda de tutela, enmarcan que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DELEGATURA DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS FINANCIEROS ESPECIALES, actuó en ejercicio de sus funciones jurisdicciones, por lo que nos es viable el conocimiento del asunto a este despacho.

En consecuencia, se ordena remitir el expediente de manera inmediata, a la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que sea repartida ante la autoridad judicial que corresponda. Así mismo deberá comunicarse la presente decisión al interesado, como lo imponen las anteriores disposiciones.

CÚMPLASE

9/11/21 8:57

Correo: Juzgado 33 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

REMITE ACCION DE TUTELA POR COMPETENCIA- SECRETARIA SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA-REPARTO -MEDIDA PROVISONAL Juzgado 33 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j33pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co> Lun 8/11/2021 8:33 PM Para: Secretaria Sala Penal Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co> CC: jnpconsultores@hotmail.com <jnpconsultores@hotmail.com>

CORDIAL Y RESPETUOSO SALUDO, EN ATENCION A LO ORDENADO EN AUTO ADJUNTO ME PERMITO REMITIR ACCION DE TUTELA PARA QUE SEA SOMETIDA A REPARTO ANTE ESE HONORABLE TRIBUNAL TUTELA 2021-00204 REMITE POR COMPETENCIA TRIBUNAL SUP DISTRITO JUDICIAL

CORDIALEMNTE, MIGUEL ARTURO PRIETO RAMIREZ SECRETARIO

Juzgado 33 Penal Del Circuito Con Función de Conocimiento de Bogotá D.C. Complejo Judicial de Paloquemao - Piso 3 - Blq. B Teléfono: +57(1) 201 8707

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