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Analiza El Congreso local estrategias para reclasificar los salarios mínimos en Q Roo Necesario para contrarrestar los efectos inflacionarios y el encarecimiento de la canasta básica

24 de mayo.- El Congreso del Estado analiza solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que ubique a los municipios de Quintana Roo en la zona A de salarios mínimos correspondiente a su desarrollo económico, y se realice un aumento generalizado a los salarios en un cuatro por ciento para contrarrestar los efectos inflacionarios y el encarecimiento de la canasta básica. Se trata de un punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Aguilar Ortega, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. En ella, el legislador detalla que Quintana Roo tiene la tasa más alta de ocupación laboral, en donde el 68.7 por ciento de la población tiene un empleo. Además, el estado se ubica en el cuarto lugar con una economía con el Producto Interno Bruto por habitante de los más altos del país, con 147 mil pesos anuales según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En este sentido, la propuesta indica que Quintana Roo se mantiene en el lugar número uno a nivel nacional por concepto de captación de inversiones privadas. Estos indicadores reflejan la necesidad de una reubicación en la zona salarial, puesto que el crecimiento y desarrollo económico, demuestra que es insuficiente los $56.70 pesos de salario mínimo de la zona C en la que se ubican los municipios del estado, contra los $59.82 de la zona A y los $58.13 de la zona B.

“Quintana Roo se encuentra equivocadamente en la zona C, puesto que no corresponde a su desarrollo económico, ni al encarecimiento de sus productos, pues la canasta básica ya no se cubre con este salario; tan sólo en el segundo trimestre de 2010, el 24 por ciento de los trabajadores del estado recibieron entre 3 y 5 salarios mínimos, mientras que el 12 por ciento de la fuerza laboral percibió un ingreso insuficiente”, expuso Aguilar Ortega. De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo promedio en México en 2000 fue de 35.23 pesos diarios, y para 2010 ascendió a


57.46 pesos. Sin embargo, al descontar los efectos inflacionarios, es decir, restando al salario los incrementos registrados en precios que merman el poder adquisitivo de la población, el salario mínimo real de 2010 resultó ser de 39.81 pesos, contra 39.96 pesos observador n 2001. Como ejemplo de lo anterior, tenemos el reciente aumento al precio de la gasolina y a productos básicos como la tortilla y la leche, y haciendo un análisis entre los aumentos realizados al salario mínimo general en los últimos diez años, se encuentra que los últimos aumentos han oscilado entre un 3 y 4 por ciento, cuando en años anteriores el aumento al salario era de más de 10 por ciento. De ahí que se considere importante incrementar de manera generalizada los salarios mínimos de todas las zonas, para que pueda coincidir tanto el nivel de crecimiento económico como el inflacionario, pues con ello se mejorará el poder adquisitivo de la población y su calidad de vida. Ese punto de acuerdo fue turnado a las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y de Trabajo y


Previsión social para su estudio, discusión análisis y posterior dictamen. En la misma sesión, la diputada del PRI Alondra Herrera Pavón, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, presentó un punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa, a las secretarias de Educación y Salud, de Quintana Roo, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que en ejercicio de sus atribuciones, implementen acciones tendientes a la prevención, atención y erradicación del acoso escolar o “bullying”, para el pleno ejercicio de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En la iniciativa presentada por la legisladora, explica que en Quintana Roo, al igual que en todo el país y en otras partes del mundo, se está presentando el fenómeno de acoso escolar que consta en maltrato psicológico, verbal, social o físico, entre los educandos. Según el estudio “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México” elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE), 2 de cada 10 alumnos de primaria aceptaron haber participado en actos violentos, y 1 de cada 10 de secundaria aceptó participar en peleas en las que se dieron golpes, siendo estas la manifestación más común en las escuelas. El 10.9 por ciento de los educandos encuestados reconoció participar o haberlo hecho en grupo para robar o amenazar a otros alumnos en primaria, un 7.3 por ciento en daño a instalaciones en secundaria, en tercer lugar el daño a instalaciones de primaria con 9 por ciento, y la intimidación en grupo a otros alumnos en secundaria el 6.8 por ciento. De acuerdo con la iniciativa, la misma encuesta señala a Quintana Roo como uno de los estados en los que se presentan altos índices de violencia al interior de las escuelas, sólo por debajo del Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Michoacán. El acoso escolar puede tener su origen en la reproducción de conductas de violencia doméstica, o bien, en ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca mediante el método de ensayoerror, obtener el reconocimiento y la atención de los demás, de lo que carece, configurando un modelo de relación basado en la exclusión y el

menosprecio hacia otros. Alondra Herrera señaló en la iniciativa, que la prevención del acoso escolar es una tarea entre el Estado y la sociedad, su prevención inicia en el núcleo familiar, a través de la educación impartida por los padres, la formación de valores y principios basados en el respeto e igualdad de los seres humanos, para continuar con la formación impartida en los centros escolares. Incluso, tanto la Secretaria de Educación y la de Salud, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen en sus ámbitos de competencia diversas obligaciones y atribuciones para vigilar el acceso de los infantes y los adolescentes a sus derechos. En la sesión ordinaria del martes, el diputado Rubén Darío Rodríguez del Partido Convergencia, presentó su informe como presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes de Ejercicio, tiempo durante el cual se aprobaron tres acuerdos y seis decretos, en tanto que 15 proyectos fueron enviados a Comisiones para su estudio y análisis. Entre los temas importantes abordados durante su presidencia en la Mesa Directiva, destaca la aprobación de la Ley de Ingresos para el municipio de Bacalar, y la demanda que interpondrán los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el INEGI por excluir comunidades quintanarroenses del Censo 2010. Por otra parte, los diputados eligieron a la diputada Yolanda Garmendia del Partido Acción Nacional (PAN) y al diputado Manuel Aguilar Ortega del PRI, como presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el Tercer Mes del Período Único Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.


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