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EL DÍA
Tribunales C-LM
MARTES, 12 DE ABRIL DE 2011
Tribunales C-LM TOLEDO
El Tribunal Superior de Justicia ratifica la pena de 14 años de cárcel que impuso la Audiencia
Confirmada la pena para la mujer que mató al ‘rico’ de Casarrubios EL DIA
El jurado popular que procesó a la acusada en septiembre del 2010 la encontró culpable
RESOLUCIÓN JUDICIAL
Las contundencia de las pruebas incriminó a la acusada
El abogado de la defensa interpuso recurso al creer que se vulneró la presunción de inocencia A.PORTILLO TOLEDO
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado la pena de 14 años de prisión para la ‘rubia’ María del Carmen M.N. que fue condenada el pasado mes de octubre por un Jurado Popular por la muerte de Gregorio G.O., también conocido como el ‘rico’ de Casarrubios por haber heredado un millón de euros, al que supuestamente mató estrellándole una botella de cristal en la nuca en las Navidades del 2007. De esta forma, el alto tribunal de Albacete ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de la procesada contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo que condenaba a la acusada por un delito de homicidio. La Sala de lo Civil y de lo Penal del órgano judicial considera la pena impuesta en su justa medida. Si bien la pena del delito de homicidio oscila entre los diez y los quince años de prisión, el tribunal impuso una pena de 14 años, de acuerdo con “la gravedad extraordinaria que supone dar muerte a una persona por un móvil económico, golpeándole hasta causarle heridas mortales, dejándole después morir desangrado”, argumenta el TSJCLM, “ mientras con absoluta frialdad, limpia detenidamente la casa
LA CLAVE Lo que dice el tribunal “La gravedad extraordinaria que supone dar muerte a una persona por un móvil económico, golpeándole hasta causarle heridas mortales”.
en un intento de borrar toda huella del crimen, y la registra en busca de la tarjeta de crédito”. “No hay ningún arrepentimiento, sólo se lamenta de no haber podido hacerse con el dinero”. INTERPOSICIÓN DE RECURSO
El abogado de la defensa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia al entender que el hecho de que el Tribunal del Jurado ampliase la fecha de la posible comisión del delito (entre los días 24 y 31 de diciembre), en lugar de los días 30 y 31 de diciembre como argumentaba la acusación y el Ministerio Fiscal, vulneró el derecho a las garantías pro-
cesales de su defendida. En segundo lugar, alegaba que las pruebas científicas presentadas y las notas manuscritas de la acusada que se encontraron en su poder en el momento de la detención, no son suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Recuerda el Tribunal que son tan válidas las pruebas directas como las indiciarias, sin las cuáles no sería posible castigar la comisión de delitos sin testigos directos. Sin embargo, el hallazgo de restos biológicos de la acusada junto a la sangre y las notas manuscritas, que son casi una confesión de hechos.Las dos peticioneshan sido desestimadas por el tribunal.
María del Carmen N.M., de 62 años, fue juzgada por un Tribunal del Jurado en septiembre del 2010.
TRIBUNAL Será juzgado por estafar 50.000 euros con ese engaño
EL DIA
Organizóuna montería fantasma La Audiencia de Toledo juzgará el próximo día 14 de abril a D.L.D. para el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y un día de prisión por una estafa cometida en septiembre del 2007. Según el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario, el acusado, guiado por el propósito de obtener un ilícito beneficio, con-
tactó con J.F.G.C. y M.G.C. y les propuso, a sabiendas de que no iba a cumplir su palabra, que le adelantaran 50.000 euros, que les serían devueltos en unos días, con el fin de organizar una montería. Convencidos de que el acusado iba a destinar el dinero a pagar al propietario de una finca donde supuestamente iba a tener lugar la actividad cinegética, J.F.G.C. y M.G.C., el 20 de sep-
tiembre en Navahermosa, entregaron al acusado los 50.000 euros. Al no reintegrárseles el dinero ni realizar actuación alguna para organizar la montería, J.F.G.C. y M.G.C. exigieron a D.L.D, el reintegro del dinero. Éste, que ya había incorporado los 50.000 euros a su patrimonio, con el fin de ocultar la verdad el máximo tiempo posible, les citó en su domicilio de
En la imagen, la Audiencia Provincial de Toledo.
El día 1 de enero del 2008, el cadáver de Gregorio G.O., conocido como el rico de Casarrubios por haber heredado una suculenta fortuna, apareció en el salón de su domicilio, tapado con una manta. Las primeras sospechas se centraron en María del Carmen N.M., una mujer a la que había conocido en Madrid, y que rutinariamente ofrecía sexo para subsistir, que supuestamente compartió los últimos días de vida de la víctima. Un elemento fundamental para determinar su culpabilidad fueron la contundencia de las pruebas periciales que se practicaron en la Audiencia de Toledo, muy especialmente los análisis genéticos de las evidencias halladas en la escena del crimen, donde sólo se encontraron restos genéticos de la acusada y de la víctima y de nadie más (en una colilla manchada de sangre, en sus zapatillas de andar por casa y en un pañuelo junto a la casa). Pero si las pruebas periciales eran reveladoras no lo iba a ser menos las notas que recogió en su “diario macabro” la acusada. En un bloc de notas, María del Carmen N.M. se mostraba furiosa por no haber sabido “aprovechar la oportunidad” de hacerse con el número pin de la tarjeta de la víctima, correspondiente a una cuenta de Banesto, “con la que podía haber obtenido entre 80.000 y 100.000 euros”. El abogado de la defensa argumentó que las frases no son significativas, y que la acusación y la fiscal las habían adaptado a su interés en el juicio.
Navahermosa el día 29 de septiembre de 2007 y les hizo entrega de sendos pagarés por importe de 25.000 euros cada uno, fechados el día de su emisión, el 29 de septiembre del 2007, y con igual fecha de vencimiento. Presentados al cobro en la entidad “La Caixa” fueron devueltos por incorrientes o cuenta cancelada, generando unos gastos de devolución de 1.200 euros en total. Los hechos relatados son constitutivos de un delito de pena de 2 años y un día de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 12 euros. A.P.L.