El aguante desde el público Hay 28 asientos dispuestos en dos hileras, imagino la incomodidad de las personas que tienen piernas muy largas. Un vidrio nos separa del lugar donde están Jueces, querellantes, imputados, defensa y del protagonista, el testigo, al que vemos de espaldas. De los 28 lugares hay que reservar 2 o 3 para las personas que acompañan a los imputados, entonces van quedando algunos menos. Cerca del comienzo de la audiencia comienzan a pasar en primer lugar Otilia, nuestra querida Madre, luego los familiares de los testigos y finalmente el resto hasta quedar todo cubierto. Generalmente en el receso se produce un recambio. Se distribuyen fotos de los compañeros que murieron en la cárcel, y de desaparecidxs santafesinxs que cada quien coloca en su pecho con un claro mensaje: No olvidamos, no perdonamos. Cuando ingresa el Tribunal nos ponemos de pie, comienza la audiencia y se hace silencio. También circulan caramelos. Algunas veces sonreímos con anécdotas que de tan ridículas son graciosas, nos conmovemos cuando nombran a los que murieron por falta de atención médica. Y cada vez que se menciona a Daniel Gorosito y se describe su despedida, nos emocionamos. Se escucha a la compañera que susurra “es la primera vez que llora”, vemos la hija que quiere rápidamente abrazar a su padre. Y las lágrimas de la hermana que en aquellos años era una adolescente cuando es nombrada. La sala es pequeña, pero nunca encontraremos lugar suficiente que albergue tanto amor, solidaridad y compromiso.
ZIRONE, EL QUE MURIÓ IMPUNE Otro represor murió impune. Uno de los comandantes de Gendarmería que dirigieron la cárcel de Coronda en los años de la dictadura, Octavio Zirone, falleció en Buenos Aires, según informaron ayer fuentes judiciales. Zirone estaba detenido para ser juzgado por el Tribunal Oral de Santa Fe, junto con sus sucesores en el cargo y también comandantes de Gendarmería, Adolfo Kushidonchi y Juan Angel Domínguez. (…) Zirone dirigió la cárcel de Coronda desde el 24 de agosto de 1976 hasta el 7 de diciembre de 1977. Formaba una dupla con Kushidonchi. Y un par de meses lo reemplazó Domínguez. "Durante 1977, los internos eran trasladados a las comisarías 1 y 4 de Santa Fe, en algunos casos sin dejar asiento de su salida del penal, donde fueron sometidos a torturas y permanecieron encapuchados y esposados por días y semanas. Y bajos esas condiciones, se les recibía declaración indagatoria", dice la acusación que pesaba sobre el imputado. "Esta circunstancia también fue utilizada como un instrumento de presión psicológica y de hostigamiento, ya que los internos debían soportar la amenaza de ser sacados del penal, sufrir torturas o bien, no regresar, como sucedió con Daniel Gorosito, quien luego de ser trasladado a Rosario
en octubre de 1976, fue sometido a torturas y asesinado". Para la justicia que ahora no podrá juzgar a Zirone, pero sí a Kushidonchi y Domínguez, los tres formaban parte de "una organización criminal" que aplicó un "plan sistemático" para la "eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos" a la dictadura. "Ocuparon importantes cargos dentro de la estructura represiva estatal y desde la dirección del penal de Coronda comandaron, organizaron y ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos" que les imputó el Ministerio Público: "tormentos agravados" a 39 presos políticos y en el caso de Kushidonchi y Domínguez los "homicidios" de Hormaeche y San Martín. Entre marzo y setiembre de 1976, antes de dirigir la cárcel de Coronda, la dupla Zirone-Kushidonchi estuvo al mando de la unidad penal N3 de Rosario (UP3), un período por el que el fiscal Gonzalo Stara los acusó por la "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos agravados" a 40 ex detenidos políticos. La causa se inició en abril de 2013 ante el juez federal N 4 de Rosario, Marcelo Bailaque. Según la imputación en Santa Fe, Zirone y compañía "tenían absoluto poder de decisión sobre las acciones represivas" en la cárcel de Coronda. "Tenían plena conocimiento de las vejaciones y torturas efectuadas por el personal a su cargo, los traslados a diferentes centros clandestinos de detención y dependencias policiales, las sanciones arbitrarias que se imponían a los detenidos por razones políticas y las condiciones infrahumanas en que se encontraban". Fuente: Rosario 12 Por Juan Carlos Tizziani - 20/06/2014