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PRECIO SOLIDARIO $250

CARTELERA DE ACTIVIDADES

ELCHASQUI

Sábado 31 de agosto: Plaza de armas de Cabildo. 11 am - 10 pm. "Expo Feria de Comercio y Turismo". Sábado 7 de septiembre: Salón de la cultura. Desde las 3 pm. "Tocata hiphop".

Información autónoma e independiente

COMUNA DE CABILDO - PROVINCIA DE PETORCA N°3 - AGOSTO 2013

Sábado 14 de septiembre : Plaza de armas de Cabildo. Desde las 3 pm. "Feria del trueque".

Por más seguridad para Cabildo.

17 - 22 septiembre: Parque Municipal de Cabildo. " Fiesta Costumbrista 2013". Sábado 5 de octubre: Salón de la cultura, Cabildo. Desde las 10 am. "Pensar la Provincia de Petorca".

¿Privatización de los APR? Las denuncias de la comunidad

EDITORIAL

Con cada noticia de robo nos sentimos golpeados, más aún cuando conocemos directamente a los afectados, sus historias, sus vidas y todo el trabajo que les costó aquello que de la noche a la mañana fue tan injustamente arrebatado. Muchas veces también conocemos a quién o quiénes son los que han caído tan bajo de llegar a robar a su propia gente. Aquí es donde la problemática se vuelve más difícil, porque también sabemos qué es lo que viene dañando cada vez con mayor dureza a nuestra comunidad; hablamos del tráfico de drogas y todo lo que conlleva a nivel social, especialmente entre nuestros jóvenes. Es que el tema de la seguridad social va más allá. A las víctimas de los robos se les arrebata bienes materiales que significan esfuerzo, tiempo, dedicación. Pero a la comuna se le quita una forma de convivencia, una manera de ser, al fin y al cabo. Y lamentablemente este es un síntoma que sobrepasa fronteras. Ya casi nada va quedando de los tiempos en que se dejaba la puerta entre abierta, para un vecino o vecina, amigo o familiar. La conversación es ya únicamente para contarnos sobre la última tragedia. Todos se vuelven sospechosos.

JUNTA DE VIGILANCIA: ¿POR QUÉ, PARA QUÉ, PARA QUIÉN? Por Consejo de Defensa Territorial de Guayacán

Cabildo, Ayer y Hoy

Tenencia de Carabineros de Chile - Cabildo.

Pensar nuestra Provincia de Petorca: Un encuentro necesario

En la Imagen: Fundición Compañía Cervero Principios del Siglo XX.

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Fotografía actual: Victor Tapia Silva http://www.flickr.com/photos/vic70r Recopilación: Octavio Fernández Coliarte Exposición “Cabildo Viejo - Recopilación Histórica”

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Nos preguntamos qué estamos alimentando como comunidad, aquello que vamos tolerando día a día y que pocas veces nos cuestionamos como parte del problema. ¿Qué opinamos del consumo desenfrenado de alcohol en nuestra comuna? ¿O de los maltratos físicos y psicológicos contra las mujeres? ¿Y del tráfico de drogas a vista y paciencia de todos y todas? ¿Y qué hay de la brutal indolencia con la prostitución que ya de manera habitual atrapa a jóvenes y adultos, mujeres y hombres, en un círculo vicioso de dependencia y violencia, en el cual se transa por dinero hasta lo más íntimo de los seres humanos? ¿Y qué hay de los robos de cuello y corbata? ¿Qué hay de los que nos roban no solo bienes materiales, sino hasta lo más vital que poseemos como comunidad, como es el derecho al agua y a una salud y una educación dignas? ¿nos indignamos también por aquellos que utilizan el poder político para fines personales? Lo que está en juego es la degradación de la sociedad en su conjunto, de los principios sociales, de aquello que aceptamos como normalidad y lo que nos indigna. Si tan solo reaccionamos con rabia frente a lo que nos afecta en nuestro metro cuadrado de propiedad, no solo estamos mostrando un individualismo sin ningún tipo de sentido de comunidad, sino que además nos estamos equivocando, pues las respuestas debemos buscarlas de manera colectiva, participativa, con organización y debate público, en el cual todas las voces cuentan. Cuando el robo y el oportunismo nos acechan, es la comunidad la que debe reflexionar y actuar en conciencia, para buscar en conjunto medidas que ayuden a mejorar la seguridad para Cabildo.

NUNCA MÁS SOLOS/AS, AMÉRICA LATINA UNA SOLA. La soberanía alimentaria en Nuestra América

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El Chasqui.

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Cartaelchasquicabildo@gmail.com al chasqui Pronunciamiento del Consejo Ambiental Comunal de La Ligua por la contaminación de Sopraval (Agrosuper) El Consejo Ambiental Comunal (CAC) que participa de la mesa técnica y que ya ha realizado tres reuniones buscando soluciones a la problemática ambiental generada por Sopraval, considera que las medidas de mitigación propuestas por la empresa son insuficientes para dar solución real a las demandas de nuestra población, afectada por las consecuencias de producción masiva de pavos, con un manejo irresponsable de sus subproductos en las instalaciones de: - Mariano Alfonso/ Longotoma - Talanquén/ Quebradilla - Trapiche/ Longotoma - Huaquén Por otro lado, debido a la inexistencia de un marco jurídico y normativa en torno a la contaminación por olores, no hay ningún control de las autoridades sobre las malas prácticas y tratamiento del guano producido por los pavos. Las consecuencias del mal tratamiento del guano de pavos sobre la población de la Ligua, se manifiesta en: - Malos olores durante todo el año. - Deterioro de la salud síquica (estrés) y las consecuencias a partir de ello sobre la salud física de las personas (depresión y todas sus repercusiones ) - Disminución de plusvalía de los terrenos y propiedades - Cambios culturales y deterioro de las tradiciones locales - Aumento de plagas de insectos - Inminente contaminación de napas subterráneas - Contaminación por plumas - Deterioro de caminos y peligro de accidentes en las rutas por exceso de velocidad de camiones que transportan el guano, y que no pertenecen a la empresa directamente, ya que son subcontratados. - Maltrato animal Por lo anteriormente expuesto y acogiéndonos a nuestro derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, exigimos LA SOLUCION INMEDIATA A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES QUE PROVOCA AGROSUPER ATRAVES DE SU FILIAL SOPRAVAL. COMO LIGUANOS Y LIGUANAS NO PERMITIREMOS QUE NUESTRO TERRITORIO SOLO SEA PARA EL LUCRO DE UNA AGROINDUSTRIA Y SOLO NOS DEJE LA CONTAMINACION Y LA MALA CALIDAD DE VIDA AL RESPIRAR DIA A DIA LA MIERDA QUE ELLOS PRODUCEN. Hacemos un llamado a la población a UNIRSE COMO LIGUANOS/AS Y A DEFENDER NUESTRAS TRADICIONES Y PROTEGER NUESTRO HABITAT. POR LO QUE NO ACEPTAMOS, NI ACEPTAREMOS NINGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO NI DONACIONES POR PARTE DE ESTA EMPRESA.

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LOS INVITAMOS A REALIZAR UN BOICOT AL NO COMPRAR SUS PRODUCTOS VENDIDOS EN TODOS LOCALES COMERCIALES DE NUESTRA COMUNA. DENUNCIEMOS ESTA SITUACION A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES A TODO EL MUNDO PARA QUE SEPAN QUE EN NUESTRO PAIS, Y EN NUESTRA LIGUA, HAY EMPRESAS QUE GANAN DINERO A COSTA DE LA MALA CALIDAD DE VIDA SUS HABITANTES. Buscanos en facebook: consejoambientalcomunal mail: consejoambientallaligua@gmail.com

La profunda huella de contaminación de Agrosuper Las denuncias de Freirina no son novedad para los que conocen el prontuario medioambiental de la empresa. Según ambientalistas, la necesidad de convertir a Chile en potencia agroalimentaria y la falta de una institucionalidad de peso, han llevado a que siga protagonizando acusaciones de contaminación. Denuncias de contaminación al río Tinguiririca y el estero Las Cadenas en 2003, contaminación por aguas servidas en el Lago Rapel el 2008, malos olores y sobreexplotación de agua en San Pedro de Melipilla y la destrucción del patrimonio del humedal El Yali en San Antonio, son parte del prontuario medio ambiental de la empresa Agrosuper, que se suma al conflicto recientemente surgido en Freirina. El holding de Gonzalo Vial, que reúne las marcas Súper Pollo, Súper Cerdo, Sopraval, Súper Salmón y La Crianza, además ha recibido millonarias sanciones por acumulación, derrame y acopio de lodos, derrame de riles y problemas con las lagunas de tratamientos, entre otras infracciones. Así también lo confirma el director del Observatorio de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, quien afirma que la expansión de la empresa ha generado varios desastres ambientales en las zonas donde se ha instalado.

Columna Internacional NUNCA MÁS SOLOS/AS, AMÉRICA LATINA UNA SOLA Por Mónica Flores Vivanco. Cuando es posible salir de Chile, que por momentos parece una isla atrapada entre la cordillera y el mar, en donde han sucedido los hechos más horribles que recuerde nuestra historia de los últimos cincuenta años, nos aparecen al reverso nuestros sueños, esos que nos movilizan, que nos hacen descubrir que somos parte de una patria mayor llamada América Latina. Me encaminé a un encuentro con objetivos que podrían parecer desconocidos, en donde se discutirían temas que parecían algo lejanos, pero que fueron tan cercanos como las estrellas ya que igual que ellas estoy constituida de calcio, por lo que podría hasta decir que somos estrellas. Este encuentro fue organizado por el Programa Mercosur Social y Solidario (PMSS), ACINA (Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino) y CCFD-Terre Solidair. El objetivo de este encuentro desarrollado en la ciudad de Resistencia, Argentina fue: “Aportar a una lectura crítica de las políticas públicas para la agricultura familiar, desde el análisis y la perspectiva de los movimientos indígenas, campesinos y agricultores de la región.” En este sentido, el PMSS ha definido el tema de la “Soberanía Alimentaria”como uno de los principales ejes de trabajo y acumulación, donde se define este eje como: “La soberanía alimentaria en el MERCOSUR debe traducirse en el derecho a la alimentación y a la producción, para que agricultores/as, trabajadores/as rurales puedan producir alimentos para sus propios mercador locales y nacionales (y también regionales), con acceso y control sobre sus propios territorios, incluida la tierra y los recursos naturales y el respeto por sus identidades y culturas” . Durante el desarrollo del encuentro se vuelve cada vez más nítido la existencia de constantes presentes en los relatos de los integrantes de las distintas delegaciones, solo bastaría con levantar la mirada y agudizar el ojo para darnos cuenta que ello esta cotidianamente presente en nuestros valles, me refiero al incremento del monocultivo, el desplazamiento de los habitantes del campo hacia la ciudad, acumulación de la tierra o retroceso del proceso de reforma agraria, usos y abuso de agrotóxicos, precarización de los habitantes rurales, criminalización de los/as dirigentes sociales, crecimiento del agronegocio en desmedro de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.

“El proyecto de Agrosuper en Freirina es la máxima expresión de lo que ha sido la expansión de esta empresa, que hace más de diez años ha venido en un período de crecimiento y de instalación de estos planteles de crianza de animales, que están causando serios estragos ambientales en los territorios donde se instala. Está generando muchos perjuicios, sobre todo, en las comunidades concentradas entre la Sexta, la Región Metropolitana y ahora en el Valle del Huasco”, indicó Cuenca. A las denuncias por contaminación también debe sumarse la acusación por colusión que hizo la Fiscalía Nacional Economía en contra de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, quienes desde 1994 habrían acordado cuotas de producción y comercialización para repartirse el mercado, cuestión que sigue siendo investigada y por la que podrían pedirse millonarias sanciones.

Por Daniela Ruiz Diario U. Chile http://radio.uchile.cl/2012/05/24/la-profunda-huella-decontaminacion-de-agrosuper

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Sí decir que existen matices respecto de la realidad de los países asistentes que va desde Brasil en que el estado compra un 30% de la producción familiar, Uruguay en donde se intenta poner un freno a la acumulación de la tierra y mejorar las condiciones de los habitantes rurales, Argentina en donde existe una fuerte organización rural y campesina en que pese a las diferencias con el

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actual gobierno en algunos casos el dialogo permanece, Paraguay en donde la oligarquía y desprecio a las etnias, les pasa cotidianamente la cuenta los habitantes de ese país hermano y Chile en donde aun nos retorcemos con esta clase política timorata, piñufla, anquilosada en los desechos y hechos de una dictadura, de las que muchos reniegan pero que a muchos les ha servido para enriquecerse al no modificar la herencia de Pinochet, me refiero a la Constitución, al Código de Aguas, al Sistema Electoral, al Código Laboral, larga lista y tediosa la realidad para quienes solo tenemos como telón de fondo la música críptica “en la medida de lo posible” del menos honorable Alwyn, de estos ya cuarenta años de memoria de los que tenemos conciencia de nuestra existencia. Nos quedó pendiente un canal que nos permita confluir, retroalimentar nuestras luchas cotidianas, dar continuidad a estos pasos, que nos han permitido descubrirnos en la diversidad y la constante de este sistema ensordecedor. Resistencia, el Chaco, Argentina 25,26 y 27 de junio 2013

Columna: Luis Soto, candidato a diputado por el distrito 10. He aprendido durante mis largos años de lucha, en diferentes frentes, que si nosotros no somos capaces de levantar la voz, nadie lo hará por nosotros, que siempre miramos hacia arriba para que los señores de cuello y corbata fueran los que nos solucionaran los problemas, y no nos dábamos cuenta que somos nosotros mismos, trabajadores del campo y de la ciudad, pobladores, dueñas de casa, estudiantes y todos los que han soñado algún día en que las cosas sean diferentes los que estamos llamados a cambiar este mundo de injusticia. Días atrás me preguntaban si tenía aspiraciones políticas y mi respuesta fue que la única aspiración política que podemos tener nosotros es que esta situación actual cambie, que podamos ser capaces de ir al hospital y tener una buena atención, que la salud pública sea como se merecen todos nuestros vecinos, que cuando lleguemos a viejos y jubilemos podamos hacerlo con dignidad y no tener que salir a pedirle a nuestros hijos que nos acojan por que el Estado no nos entrega los recursos necesarios para seguir viviendo, porque nuestra jubilación es miserable, que los que trabajan puedan hacerlo tranquilo, no como los profesores que corren de un liceo a otro para ganar el sustento, que el trabajo sea digno, que no existan los contratos a honorarios, que es la entrada a la perdida de la dignidad de los trabajadores, que se pueda negociar libremente con los empresarios, que la educación sea de calidad, gratuita para todos y todas, estas y tantas otras son mis aspiraciones. Soy de los que quiere cambiar este país, este hermoso país, y eso lo podemos hacer entre todos, no con los que hasta la fecha han gobernado, no con los que han hecho del lucro y la usura en todas las áreas su fuente de ingresos, no con los que se llevan la torta, pues esta no esta repartida entre todos, con esos no, con los mas humildes y sencillos de la Provincia de Petorca, de la Provincia de Quillota y de las comunas de Quintero y Puchuncavi, con todos ellos desde esta Provincias diremos basta, se les acabo la posibilidad de seguir engañando a la gente. Nacemos como candidatura a diputado desde el seno del Movimiento Social en la Provincia de Petorca, luchando por la recuperación del agua para todos y todas, no tenemos conflicto de intereses, no obedecemos a Padrino alguno, solo obedecemos a la gente de estas Provincias, a los que dia a dia se incorporan a la candidatura, a los sin voz.

Lucho por el Agua, Lucho por la Vida, Lucho Soto Diputado.

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La presidenta de Fenapru, Juana Beltrán, concuerda con Villarroel y agrega que el hecho que las empresas sanitarias concesionarias de las zonas urbanas de cada región sean las principales asesoras (Unidades Técnicas) en cuanto a la distribución del suministro de las organizaciones de APR, resulta un hecho contradictorio y riesgoso en posibles futuras concesiones. Según Beltrán, ante la eventualidad de generarse mediante la futura Ley de SSR las condiciones legales que permitan la participación de actores privados en sus áreas de concesión, serían estas mismas empresas las interesadas en solicitar la concesión de los servicios rurales más grandes (con mayor cantidad de arranques y clientes) de cada región, pues cuentan con información estratégica y de gran valor económico, social y legal sobre los comités y cooperativas a lo largo de Chile. Esta situación otorga al sector sanitario privado una ventaja comparativa en relación al acceso de información estratégica y clave sobre cada sistema (APR), por sobre la sociedad civil y el sector público”.

Ante esta situación, Beltrán indica que algunos servicios comunitarios y Cooperativas de Agua Potable Rural, han resuelto no entregar información administrativa y contable a las Unidades Técnicas, ya que consideran que estos antecedentes son claves para que las empresas sanitarias privadas evalúen expandirse a las áreas de concesión rural. Otro de los temas polémicos de esta ley, y que a juicio de los dirigentes resulta inaceptable, dice relación con el traspaso de los bienes que actualmente se encuentran en uso por comités o cooperativas, como las redes y los estanques que, según la indicación sustitutiva elaborada por el MOP, se traspasarían a las empresas por el solo ministerio de la ley. El proyecto actual tampoco considera la realidad de los pequeños y medianos comités o cooperativas, eliminado criterios diferenciadores que se hacían cargo de las distintas realidades de los comités grandes en relación a los más pequeños. Por el momento, tanto la Fenapru como los comités y cooperativas APR han desistido seguir con los alegatos al borrador que se ha hecho de la Ley SSR, hasta que conozca el documento definitivo. La estrategia, al menos de la federación, sería esperar la posición qué tendrá el próximo gobierno ante esta materia con el objetivo que las asociaciones APR vuelvan a ser las protagonistas, esta vez por ley, de un sistema que en cinco décadas ha cumplido en forma exitosa el objetivo principal para el que fue creado.

Pensar nuestra Provincia de Petorca: Un encuentro necesario Somos un grupo de hombres y mujeres, profundamente convencidos de que las transformaciones que necesitamos en la provincia, solo podrán surgir desde un espacio de convergencia ciudadano, comunitario, colectivo y con autonomías. Estamos convencidos de que hay que recuperar la política desde donde ha sido despojada: los espacios cotidianos de desarrollo de la vida. Por ello, la invitación es al debate de ideas, pero también a la configuración de propuestas de desarrollo desde una mirada Local, a reunirnos como habitantes de la Provincia de Petorca en un espacio social y político amplio, que agrupe a organizaciones y personas preocupadas por las profundas problemáticas que nos aquejan a todos y todas, es una tarea largamente pendiente. Un ejemplo de esto, es la inexistencia de participación ciudadana y dialogo social incorporado a las decisiones y medidas del gobierno para enfrentar la sequía; escenario que refleja lo poco que hemos avanzado en la democracia económica, o el derecho de las personas y las comunidades a decidir cómo resolver los problemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El problema del agua es fundamentalmente de planificación económica, en donde podemos ver de manera nítida cómo la falta de participación ha resultado en que solo unos pocos sean los que tomen las decisiones más importantes; qué, cómo, cuándo y para quiénes producir, a la vez que se otorga a este vital elemento, puramente el valor económico, postergando otro tipo de valores, como el valor espiritual, cultural y recreativo. ¿Qué significa para nuestras comunas haber perdido tan importante riqueza como es el poder bañarse en el río o contemplar la belleza de sus caudales? Los cerros, los valles y sus ríos; las comunidades y sus formas de vida, los animales, la tierra, el agua y los cultivos forman un todo indivisible, una unidad que ha sido brutalmente arrasada a merced de un modelo económico que solo busca generar ganancias monetarias y que hoy amenaza la sustentabilidad de la vida en general. Creemos que los avances, mejoras y transformaciones sociales solo pueden ser realizados con la participación y el compromiso de la comunidad en su conjunto, pues las profundizaciones democráticas son tarea de las propias comunidades, y dependen de su empoderamiento en lo territorial, para lo cual nuestra primera necesidad es establecer lazos de confianza entre las personas y agrupaciones pertenecientes a las comunas de la Provincia de Petorca. Desde nuestra mirada, retomar lo que significa ser de esta tierra, y desde ahí pensar cómo queremos vivir, y como nos proyectamos es una tarea que requiere de todas nuestras convicciones, nuestros saberes y voluntades para que pueda dejarnos como síntesis el levantamiento de propuestas de trabajo y la construcción de una estructura capaz de disputar su hegemonía. Pretendemos articularnos en este espacio que hemos llamado “Pensar Petorca”, para debatir sobre los temas estratégicos de la provincia, desde los intereses colectivos. Por ello, la invitación es a pensar nuestra provincia, desde nuestras comunas y localidades; con nuestras riquezas, nuestra economía, nuestra cultura„ todo lo que nos lleva a amar y defender esta tierra. Decidámonos y propongamos cómo queremos construir un modelo de desarrollo alternativo que garantice la vida hoy y de las futuras generaciones, desde y para nosotros.

Sábado 5 de octubre: Salón de la cultura, Cabildo. "Pensar nuestra Provincia de Petorca"

JUNTA DE VIGILANCIA: ¿POR QUÉ, PARA QUÉ, PARA QUIÉN? Por Consejo de Defensa Territorial de Guayacán Desde hace un rato ronda por nuestros territorios el fantasma de la constitución de la junta de vigilancia del Río Ligua. Hasta principios de este año la consultora Cuenca se encontraba con la tarea de constitución de dicha junta, cuestión que se encuentra detenida por diversas razones, siendo la principal la situación de impasse económico con el municipio, el cual es el mandante de este proyecto. Tenemos entendido que desde el municipio se intentará retomar dicho proyecto, cuestión que nos parece necesaria y de razón, pues el manejo hídrico de la cuenca es territorio solo de algunos, quienes con sus recursos, tecnología y falta de ética se apropian ya sea por vía legal o ilegal del recurso hídrico que nos pertenece a todos. Como Consejo de Defensa Territorial de Guayacán fuimos y somos parte crítica de los estatutos presentados para la conformación de dicha junta, como así también de la escasa participación ciudadana lograda en el proceso. Este consideramos debe ser más inclusivo, ampliando la convocatoria y participación a usuarios como organizaciones de usuarios del agua, de carácter subterráneo y superficial y que aprovechen este vital elemento en lo sanitario, ecológico y recreacional, entre otros , propósitos necesarios en el desarrollo del territorio más allá del segmento de regantes del Río Ligua. En otras palabras, que la administración y gestión del agua persiga una visión más social y comunitaria del aprovechamiento de las aguas. Asentimos que el manejo, distribución, como la conservación de las aguas en nuestro río es una tarea urgente, por lo tanto sostenemos que esta no puede ser tarea exclusiva de quienes ostentan derechos de aprovechamiento de agua legalmente constituidos. El objeto de la Junta de Vigilancia se encuentra definido en el Artículo 266 del Código de Aguas.-“Las juntas de vigilancia tienen por objeto administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en las fuentes naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que les encomiende la ley. Podrán construir, también, nuevas obras relacionadas con su objeto o mejorar las existentes, con autorización de la Dirección General de Aguas”. Este articulo deja bien claro que el agua no es de todos, muy al contrario es de los que lograron obtener derechos, y si vamos al borrador de estatutos presentados para la constitución de la junta de vigilancia del Rio Ligua veremos que la cuestión sí nos debe llamar a reflexión de lo que se podría constituir en la cuenca sin que la ciudadanía ni siquiera se entere: “ARTÍCULO PRIMERO: Jurisdicción de la junta. La Junta de Vigilancia del Rio La Ligua, en lo sucesivo, “la Junta”, tendrá competencia sobre la cuenca u hoya hidrográfica del Río La Ligua, comunas de Cabildo, La Ligua y Papudo, Provincia de Petorca, V Región de Valparaíso, y se regirá por las disposiciones de estos estatutos y, en lo no provisto por ellos, por la normativa legal vigente. Incluye, por consiguiente, todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros y lagunas que afluyen en la cuenca, así como todas las aguas que escurren en ella, en forma continua o discontinua, superficial o subterránea”.

Fuente: http://www.ecoamerica.cl/destacadosecoam%C3%A9rica/1295-

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¿DE QUIÉNES ES LA JUNTA DE VIGILANCIA? Según el Código de Aguas, el agua es bien nacional de uso úblico, la realidad es que las aguas estén a disposición de los particulares, más allá de su denominación de “públicas”, “del Estado” o “de la Nación”. Para un aprovechamiento ordenado de las aguas por los particulares, en nuestra institucionalidad se diseñan dos roles: 1.- Por una parte, la autoridad (en nuestro caso, la Dirección General de Aguas o DGA) constituye o colabora para que los tribunales reconozcan derechos de aguas; (Cuenca Consultores tenía como tarea legalizar a todas las comunidades de aguas de la cuenca, para ello se pagaron muchos millones de pesos). 2.- En cuanto al ejercicio, son los particulares, titulares de derechos y usuarios de las aguas, quienes se las auto-distribuyen, bajo un esquema de auto gobierno a través del mercado del agua, que otorga la exclusividad y derecho sobre el uso a quien pueda pagar por ello, traspasando de esta forma un volumen significativo de derechos a grandes empresarios agrícolas de la zona. Además del sobre otorgamiento de derechos realizado por la DGA desde el año 2004 a políticos empresarios de la zona. Como vemos el agua no es de todos y menos es pública, por lo tanto la junta de vigilancia es de los dueños del agua. Las juntas de vigilancia se promueven como la herramienta para reglamentar el uso de las aguas de una cuenca, y más aun hoy cuando las cuencas están declaradas agotadas, es decir cuando ya no es posible obtener más derechos de agua, como es lo que debiese suceder en la cuenca del Rio Ligua. A la DGA poco es lo que le queda por hacer en estas circunstancias, pues los derechos estarían totalmente entregados y la cuenca estaría cerrada, entonces solo queda la constitución de la junta de vigilancia. Sin embargo (y ante esto hay que estar muy atentos), es posible que a solicitud de cualquiera de los interesados o de la Dirección General de Aguas se proceda a la constitución de juntas por vía jurisdiccional, para lo cual se presentará ante el juez civil competente, de conformidad a lo establecido en el artículo 269 del Código de Aguas. Es aquí en donde surge dos inquietudes, que debiesen ser puestas en debate de toda la ciudadanía que habita la cuenca y territorios del Rio Ligua. 1.- Dejaremos que se haga realidad el artículo primero de la junta de vigilancia, en especial en lo antes citado: Incluye, por consiguiente, todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros y lagunas que afluyen en la cuenca, así como todas las aguas que escurren en ella, en forma continua o discontinua, superficial o subterránea”. Esto bajo la lógica de que el agua es solo de los que tienen derechos concedidos y regularizados. 2.- Permitiremos que se constituya una junta de vigilancia con los actuales dueños del agua en la cuenca. ¿De qué forma la ciudadanía resguardara su derecho al agua si todo es de “ellos”?

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¿LA JUNTA DE VIGILANCIA PARA QUIÉN? Como Consejo de Defensa Territorial de Guayacán creemos que se abre una posibilidad histórica de debatir y constituir una junta de vigilancia que represente a toda la gente, el agua es un recurso natural como otros recursos que contiene el territorio y como tales son parte del patrimonio de toda la ciudadanía.El agua como un bien común para la vida, creemos debe ser gestionada de forma comunitaria y con una visión social sustentable, considerando los usos prioritarios y aprovechamiento racional. La estructura normativa actual entrega al mercado y los privados las decisiones de los usos del agua. Esta situación nos afecta a todos. Los Municipios poco o nada pueden hacer bajo esta lógica; es más, se quedan atrapados en fomentar el desarrollo para la participación de los privados, privados que dejan sin agua hasta para beber a sus ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de dar un rol a los gobiernos comunales en el uso de los recursos hídricos de las comunas, si se constituye una junta de vigilancia, que los municipios tengan el principal poder sobre la administración, resguardando así el derecho de toda la ciudadanía en su acceso al agua, que las comunidades de agua estén representadas a plenitud en el directorio, ente varias otras cosas. Constituir una junta de vigilancia, solo como respuesta al irracional uso hídrico de la capacidad de la cuenca, será un tremendo error social, político, económico y medio ambiental, pues los poseedores de derechos de agua (las grandes agrícolas y mineras) ya han dado ejemplos claros de un actuar indiferente e inescrupuloso de las consecuencias sociales y ambientales de su uso. Usuarios del agua somos todos, animales, naturaleza, seres humanos, todos. El Agua es una sola, superficial, subterránea, es agua que debe ser patrimonio de la sociedad toda, bajo esta mirada la autoridad política tiene el deber de abrir una real participación, mas allá de los “dueños“ del agua, incluso la realización de un plebiscito comunal si es necesario, para resolver si el agua es de todos o es de unos pocos. No podemos permitir la invisibilización de comunidades y usuarios de agua que cuentan con derechos, que no han sido inscritos o regularizados según manda el actual código, que actualmente promueve el perfeccionamiento de derechos y del mercado de aguas. Creemos fundamental forjar desde los gobiernos locales un proceso participativo, de base que permita incluir derechos históricos en la gestión y regulación de la cuenca y sus aguas. Consejo de Defensa Territorial de Guayacán Agosto del 2013 vecinosdelguayacan@gmail.com Nibaldo Iturrieta Oyanader/ fono: 67474748 Rufino Hevia Páez/ fono: 81218299

¿Privatización de los APR? La denuncia de las comunidades Tras el acuerdo que se alcanzó en 1961 por los Ministros de Salud de Latinoamérica en la denominada “Carta de Punta del Este”, que estableció como meta el abastecimiento de agua potable al 50% de la población rural a la década del 1970, el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias (Sendos) instauró el programa de agua potable rural (APR) en el país, el que sería operado mediante asociaciones comunitarias.

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Las zonas declaradas por los respectivos Planos Reguladores Comunales como rurales, en la Ley General de Servicios Sanitarios de 1998 (DFL MOP 382), quedaron fuera de las áreas de operación de las empresas sanitarias y por lo tanto, quedaron exentos de la modalidad de concesiones debido a que los servicios rurales no tendrían capacidad de autofinanciamiento, lo que los hacía poco atractivos para un privado. Esta situación ha cambiado en los últimos años, a juicio de Villarroel, por la expansión del programa.

A casi cinco décadas, actualmente el programa APR, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas y fiscalizado por el Ministerio de Salud, ha alcanzado su mayor impacto, ya que con 1.590 sistemas instalados y 390 mil conexiones domiciliarias −que benefician a una población aproximada de 1.500.000 de personas− el 99% de la población rural concentrada ha sido cubierta. A ello se agrega que la operación actual de los sistemas APR, con captaciones superficiales en esteros, vertientes o ríos, y a nivel subterráneo mediante pozos y sondajes, permite que el consumo promedio anual por habitante sea de 45,5 m3/hab/año, siendo uno de los índices más altos en la historia de este modelo, aún cuando la sequía ha acechado en los últimos años. La estructuración del programa, desde sus inicios, se ha basado en dos modalidades para su ejecución: comités y cooperativas APR, los que en su mayoría poseen bienes raíces y derechos de aguas en actual uso. Son estas instancias las encargadas de administrar los recursos públicos con los que realizan la mantención de los equipos. De igual forma, estas organizaciones han asumido responsabilidades en torno al diseño y la ejecución de obras menores de mejoramiento con ingresos propios. Sin embargo, la falta de un marco normativo que proteja el territorio operacional de estas asociaciones rurales, además de la carencia de una estandarización en el sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas (tareas que no son obligadas a ejecutar por los APR), provocó que desde el años 2000 las autoridades competentes junto a la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru) trabajaran en una ley para el sector. Así, el proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rural (SSR) ingresó al Senado el 6 de noviembre del 2008. No obstante, tras pasar por los primeros trámites constitucionales, a principios de 2010, el actual gobierno retiró la urgencia de discusión inmediata manteniéndose hasta la fecha en la comisión de Obras Publicas sin premura legislativa. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra formulando una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley, la que ha desencadenado una polémica entre el Ministerio y las asociaciones APR, ya que éstas últimas estiman que los cambios no respetan el espíritu del programa. Deficiencias del APR En 2009, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), por medio de una consultora privada, hizo un diagnostico para evaluar cuáles son los problemas de los sistemas APR y su futuro como administradoras de las fuentes hídricas para las zonas no urbanas.

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El informe indica como debilidad la alta dependencia que tienen los sistemas del Estado para su funcionamiento, puesto que si bien está previsto que éste invierta en infraestructura, tiene que disponer adicionalmente de recursos en asesorías a comités de forma permanente y mejoramientos generados por problemas de mantenimiento de las obras ante un inadecuado cuidado por parte de las asociaciones. Además, según el informe, en ocasiones el Estado ha debido cubrir monetariamente las faltas de pago del servicio, ya sea por nivel de pobreza de la población rural o por el hecho que la asamblea de la cooperativa, por ejemplo, no acepta subir las tarifas –resguardando el interés de los usuarios- y las mantiene por debajo del valor de un mínimo aceptable para el buen funcionamiento del sistema. Además, el documento determinó que cuando las localidades crecen por encima de cierto tamaño, la relación de los usuarios con las asociaciones APR tiende a asemejarse más a la que se tiene en el área urbana con una empresa sanitaria. Ante todo esto, el informe infiere que para asegurar la continuidad del funcionamiento de distribución del suministro y el futuro desarrollo de los servicios sanitarios del sector rural, éstos deberían seguir el modelo de las empresas sanitarias concesionarias de agua potable y de la recolección y disposición de aguas servidas en el sector urbano, las que son fiscalizadas y controladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Cristián Villarroel prevé que la intromisión de empresas en el abastecimiento de agua en las aéreas rurales apuntará gradualmente a un aumento de tarifas y a un deterioro del servicio como ya ha sucedido en el sector urbano. “Actualmente, las comunidades APR pagan el agua más barata de Chile, siendo estas tarifas 70% menores a lo que cancela un consumidor promedio de Santiago por ejemplo. Esto obviamente cambiaría”. Independiente de los costos, según lo que señala el borrador de la ley SSR, será obligatorio para los sistemas APR incorporar a su gestión la recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas del sector rural, situación que en la actualidad no acontece. ¿Por qué esto resultaría perjudicial para las comunidades, que se beneficiarían directamente por el tratamiento de las aguas servidas? Las comunidades no están en desacuerdo en el fondo de esa indicación sustitutiva al proyecto de Ley, sino en la forma. Si bien esto (recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas) no es obligatorio en la actualidad, la mayoría de las cooperativas y comités APR se hacen cargo de la gestión de estos procedimientos con apoyo de los respectivos municipios. De igual forma, existe conciencia que es imperante que se regule sobre esta situación. A ello, el llamado que hacen las comunidades es que se respete un principio de gradualidad, ya que el Gobierno no puede pretender que las asociaciones rurales entren a competir de igual a igual con las empresas privadas, siendo que no ha existido la capacitación técnica para la utilización de estas obras (de saneamiento), muchas de ellas con costos altísimos en su manejo y administración.

La respuesta de las comunidades El diagnóstico de la Subdere, para comités y cooperativas APR, fue el alma mater de las indicaciones sustitutivas− de las que ya se conoce un borrador desde el año pasado− que efectuaría definitivamente el MOP a la Ley SSR. Cristián Villarroel, ingeniero ambiental de la ONG Chile Sustentable, señala que ese texto está más orientado a propiciar una institucionalidad empresarial por sobre el fortalecimiento de un sistema de gestión compartido entre los organismos públicos y las APR, como ha sido hasta el momento. Los argumentos que permiten sostener esta afirmación, según Villarroel, se expresan en la remoción de una decena de artículos que apuntaban originalmente a fortalecer el carácter ciudadano de estos servicios. Por otra parte, agrega que las indicaciones le otorgan excesivas atribuciones a la SISS, lo que ampliaría las posibilidades para que otros actores privados (no APR) realicen la prestación de este servicio.

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El texto plantea permitir que el operador suministre el servicio con fines distintos al uso doméstico cuyo precio puede ser pactado libremente, lo que constituye una amenaza y deja la puerta abierta a que inversionistas privados ingresen a los servicios de saneamiento con fines de lucro. Esta situación es muy grave, ya que desvirtúa el propósito inicial que han tenido las organizaciones de APR al demandar una institucionalidad pública de sanidad para su sector.

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El Chasqui - 3era Ed. Agosto 2013.