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Tribunal Supremo Sala V de lo Militar Recurso 102/0000012/2005 Recurrente: Dª Inmaculada Puig Antich y otras.

A LA SALA

Dª CONCEPCIÓN PUYOL MONTERO, Procuradora de los Tribunales y de Dª INMACULADA PUIG ANTICH, Dª MONTSERRAT PUIG ANTICH, Dª CARMEN PUIG ANTICH y Dª MERCEDES PUIG ANTICH, según poder para pleitos cuya copia obra en las actuaciones al margen referenciadas, ante la Sala comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que habiéndome sido notificado en fecha 28 de julio, proveído de 27 del mismo mes por el que se confiere el plazo de 5 días a esta parte a fin de que alegue lo que a su derecho convenga en orden al recurso promovido, mediante el presente escrito y en la referida representación paso a despachar el traslado conferido interesando SE CONCEDA LA AUTORIZACIÓN A ESTA PARTE PARA FORMALIZAR EL RECURSO DE REVISIÓN ANUNCIADO, en base a los siguientes,

MOTIVOS

Primero.- En fecha 3 de febrero de 2005, solicitó esta representación autorización para formular recurso de revisión ante esta Excma. Sala contra la Sentencia que condenó a muerte al hermano de nuestras representadas, D. Salvador Puig Antich.

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La solicitud de esta parte, tiene como fundamento la propia finalidad del recurso de revisión que se establece en nuestro ordenamiento jurídico-penal como última garantía ofrecida a la justificada inocencia o inculpabilidad de quien ha sido reputado responsable de infracción criminal y en tal concepto condenado con palmario y ostensible error, por lo que su esencial finalidad se dirige a hacer prevalecer frente a los efectos de una sentencia o resolución firme, sustentada en una verdad formal y legal, la auténtica y plena verdad material y extraprocesal (TS Sala 2ª, S 19-121986. Pte: Huerta y Alvarez de Lara, Antonio), sin que sea exigible que el proceso de revisión arroje una certeza absoluta sobre la inocencia del resultado, siendo suficiente que tiendan a evidenciarla (TS Sala 2ª, S 25-2-1985. Pte: Vivas Marzal, Luis). En base a este sustrato legal (y base teleológica que debe servir de criterio orientador para la interpretación del recurso como búsqueda de la auténtica y plena verdad material) se fundamenta nuestro recurso en los siguientes puntos: a) Denuncia de las diversas irregularidades procesales del proceso inicial con incidencia en los derechos de defensa del condenado: en relación a la testifical del Dr. Barjau y las irregularidades de la autopsia practicada, en cuanto a la denegación de la práctica de una pericial balística y respecto a la prueba pericial psiquiátrica propuesta sobre la imputabilidad de Salvador Puig Antich, en el momento de los hechos. b) Procedencia del recurso de revisión como única vía para subsanar las reiteradas violaciones del derecho de defensa señalados: evidenciando el examen de la causa tales vulneraciones y no existiendo en el momento de la sentencia la posibilidad de instar la nulidad de actuaciones, de conformidad con la propia ratio essendi del proceso de revisión como búsqueda de la verdad material y corrección de error en el fallo, se solicita la revisión del proceso y la reparación de las violaciones del derecho de defensa constatadas en la causa. c) Aportación de pruebas nuevas: A fortiori, se fundamentaba la solicitud de revisión de la causa en la práctica de tres nuevas pruebas: la declaración del Sr. Garriga Paituvi, la declaración del Dr. Barjau y la reconstrucción infográfica de los hechos “...debiéndose entender como nuevos todos los hechos o medios probatorios que sobrevengan o se revelen con posterioridad a la sentencia condenatoria, sin que sea preciso que el condenado los desconociera durante el transcurso de la causa, bastando con que no hayan sido alegados o producidos ante el Tribunal sentenciador ni descubiertos por la investigación judicial practicada de oficio, sin que, por consiguiente, se repute nuevo el 2


hecho o medio de prueba que, habiéndose puesto de manifiesto durante el proceso, el Tribunal, en uso de la facultad de soberana apreciación, no le concedió valor alguno, figurando, entre dichos hechos o medios probatorios nuevos, citándolos a guisa de ejemplo, la retractación de los testigos, la invalidación de sus testimonios por otros más fiables, la confesión de culpabilidad de otra persona distinta a la del condenado o condenados, y otras pruebas periciales diferentes a las practicadas en la causa o la invalidación de los resultados o conclusiones obtenidas por aquéllas como consecuencia de nuevas técnicas o de descubrimientos científicos (TS Sala 2ª, S 25-21985. Pte: Vivas Marzal, Luis) …”.

Así, como se exponía en nuestro escrito inicial solicitando la concesión de la autorización (cuyos argumentos damos por íntegramente reproducidos), el proceso seguido en su día contra Salvador Puig Antich fue totalmente condicionado por diversas y gravísimas vulneraciones del derecho de defensa que determinaron la condena de nuestro representando en base a unos hechos probados que hoy se revelan erroneos. El proceso revisorio que se pretende se alza como la única vía para reparar las irregularidades que –con palmaria vulneración de los derechos de defensa del condenado- se produjeron en el proceso seguido contra Salvador Puig Antich y corregir una sentencia cuyos hechos probados quedan totalmente desvirtuados no sólo desde el análisis analítico de la causa (declaraciones manipuladas –la del Sr. Garriga Paituvi, obtenida mediante tortura o la del testigo Sr. D. Antonio Fortes, a f. 272 vuelto, rectificada con un añadido y firma de dudosa autoría-, informes de autopsia corregidos manualmente, pruebas denegadas de forma reiterada e infundada….) sino, especialmente desde las nuevas pruebas propuestas y practicadas ante esta Excma. Sala. Así, entendemos que las pruebas (hoy ya practicadas) evidencian un error en el fallo de la sentencia que afectan de forma determinante y esencial el fallo condenatorio de la resolución, de forma que un segundo proceso finalizaría necesariamente con la absolución de Salvador Puig Antich por el delito de homicidio terrorista por el que fue condenado.

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Segunda.- A solicitud de esta parte, se procedió a la práctica de TRES pruebas que han evidenciado con hechos nuevos (pues se trata de pruebas de imposible práctica en su día o que fueron repetidamente denegadas por el Tribunal sentenciador) que permiten afirmar –tal y como se argumentará en su día en el recurso que esta parte pretende formalizar- que la sentencia que condenó a Salvador Puig Antich incurrió en un error de hecho que debe ser subsanado.

En relación a la testifical del Dr. Barjau

Constituye el Dr. Barjau un testimonio objetivo e imparcial que, pese a los esfuerzos en su día de la defensa de Salvador Puig Antich, no ha podido comparecer y prestar testimonio hasta ahora. Dicho testimonio (como se puede observar contrastándolo con las manifestaciones del Dr. Ezquerra en el Consejo de Guerra, afirmando que escuchó decir a los compañeros que el cadáver presentaba cinco orificios) se ha mantenido de forma constante desde entonces hasta la fecha. Pese a tales garantias de objetividad y constancia, sobre este extremo esencial (número de impactos de bala recibidos por el Subinspector Anguas y ubicación de los mismos) no existió en su día prueba, al ser inadmitida sistemáticamente la hoy practicada. Por tanto, entendemos que esta prueba no sólo aporta datos objetivos de vital relevancia sino que evidencia las irregularidades del proceso y la gravísima vulneración del derecho de defensa del Sr. Puig Antich que supuso su sistemática e injustificada denegación por el Tribunal. No podemos olvidar que sí se permitió declarar a otros facultativos del servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona (así, el Dr. Ezquerra) pero no al Dr. Barjau, afirmando el Tribunal que la diferencia radicaba en qué los demás facultativos fueron firmantes de “certificados médicos obrantes en el sumario”, cuando Barjau también firmó un certificado, el de defunción del subinspector Anguas (f. 167) . Así, ¿por qué la reiterada denegación de esta prueba? ¿Qué motivos hay para denegar el testimonio de quien afirma que la víctima sufrió un número mayor de disparos? … La única explicación posible resulta de una lógica aplastante: este testimonio desvirtúa una autopsia manipulada y acredita que como mínimo varios de los disparos del Subinspector armas debieron proceder de las armas de sus compañeros.

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Efectivamente, el testimonio del Dr. Barjau, tal y como desarrollaremos en nuestro recurso, rebate y vacía de valor probatorio una autopsia (f. 188) plagada de irregularidades (lugar de realización, correcciones a mano -en la conclusión 6ª, se corrige la dirección y trayectoria de uno de los disparos-, añadidos con tipografías distintas de la original…). Pero, además, su declaración prueba más allá de toda duda, que no todos los disparos que alcanzaron el cuerpo del Subinspector Anguas procedieron del arma de Salvador Puig Antich, por cuanto: -

a F. 172 vto. Recoge la policía que a la pistola ASTRA intervenida a Salvador Puig Antich le quedaban TRES CARTUCHOS EN EL CARGADOR Y UN CUARTO EN LA RECÁMARA.

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El cuerpo del Subinspector según el testimonio del Dr. Barjau presentaba cuanto menos 5 impactos de bala frontales, aunque pudieran ser más por cuanto no examinó la parte posterior (pudieron haber disparos con entrada por la espalda y sin orificio de salida) y no recordaba respecto a los del torax más que estaba “cosido a balazos”..

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La Sentencia estima probado que Salvador Puig Antich hizo cuatro disparos contra el subinspector D. Francisco Anguas Barragán, alcanzando tres de ellas su destino.

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Efectivamente, a lo sumo pudo realizar Salvador Puig Antich CUATRO DISPAROS, por cuanto la Pistola Astra 9 mm. Que portaba nuestro mandante dispone de un cargador en que caben 7 proyectiles y uno en la recámara. Así, si en el momento de la detención quedaban 3 en el cargador y uno en la recámara, es indudable que, como máximo, realizó cuatro disparos.

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Si los propios agentes actuantes afirmaron que uno de los disparos erró y no alcanzó a nadie y sólo 3 alcanzaron al subinspector: de ello se deriva que –como mínimo- dos de los disparos que alcanzaron al Subinspector Anguas necesariamente procedían del arma de otro de los agentes actuantes.

Por tanto, la prueba practicada demuestra que ERRÓ EL JUZGADOR EN LA DETERMINACIÓN DE UN HECHO PROBADO FUNDAMENTAL QUE ATAÑE A LA PROPIA CAUSA DE LA MUERTE Y A LA IMPUTACIÓN DE LA MISMA A SALVADOR PUIG ANTICH.

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El testimonio de D. Francesc Xavier Garriga Paituvi.

El testimonio del Sr. Garriga, que revela las condiciones en que se desarrolló la investigación y el proceso y evidencia una vez más las irregularidades del mismo, establece que en ningún momento vio a Salvador Puig Antich disparar contra el Subinspector Anguas. Así, aunque no pudo observar (sometido a una violenta acción policial) como se produjeron los disparos si oyó como sucedieron: un disparo inicial, aislado que causó un segundo de sorpresa –que le permitió a él intentar huir- y, a continuación, un nutrido tiroteo, en una situación totalmente confusa, entre cuatro personas armadas y en un espacio muy reducido.

La prueba pericial infográfica La infografía supone una reconstrucción de hechos aplicando las más modernas técnicas a los datos (profusamente analizados en el informe técnico realizado por el Ingeniero Sr. Pedragosa) que obran a la causa, evidenciando las contradicciones y aplicando las leyes de la física y la dinámica a una reproducción 3-D de lo sucedido según los propios autos. Tales técnicas (unidas a un análisis del lugar de los hechos y un minucioso estudio cruzado de las diferentes testificales en autos y del informe de autopsia) han permitido a los peritos: -

EVIDENCIAR, incorporando el testimonio del Dr. Barjau, la imposibilidad de que todos los disparos que alcanzaron al Subinspector Anguas procedieran del arma de Salvador Puig Antich;

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EVIDENCIAR que los disparos recibidos por el Subinspector podían proceder tanto del arma del Sr. Puig Antich, como del Sr. Bocigas e, incluso, del Sr. Santorum;

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EVIDENCIAR que la conclusión no puede ser más precisa por la desaparición de las pruebas de balística (pistolas, balas y casquillos) que consta acreditada en autos; y,

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EVIDENCIAR que la situación que se produjo en el portal de Girona 70 fue de un autentico tiroteo, con disparos realizados desde distintos

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orígenes y aleatorias trayectorias en el transcurso de un violento forcejeo entre cuatro personas armadas. -

EVIDENCIAR que en este contexto (y máxime si el Sr. Puig Antich se encontraba conmocionado lo que reduciría su tiempo de reacción) estando Salvador Puig Antich sujeto y cayendo, resulta insostenible que apuntara y disparara directamente contra el Subinspector fallecido.

Tercero.- Estima esta representación que, la prueba practicada acredita la existencia de un error fáctico en la resolución, ERROR que, en un segundo juicio, NECESARIAMENTE CONDUCIRÍA A LA ABSOLUCIÓN DE SALVADOR PUIG ANTICH POR EL DELITO DE HOMICIDIO TERRORISTA POR EL QUE FUE EJECUTADO, por cuanto:

1. LAS PRUEBAS AQUÍ PRACTICADAS ACREDITAN QUE LOS DISPAROS RECIBIDOS POR EL SUBISPECTOR ANGUAS PROCEDIERON, COMO MÍNIMO DE DOS ARMAS DISTINTAS, NO SIENDO POSIBLE LA IMPUTACIÓN DE LOS DISPAROS MORTALES A UNO U OTRO TIRADOR DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR UNA PRUEBA PERICIAL BALÍSTICA POR LA DESAPARICIÓN DE LOS CASQUILLOS DE BALA DEL TIROTEO.

Siendo la imputación objetiva elemento indispensable para la atribución del resultado a la conducta del enjuiciado, la carga de su prueba corresponde a la acusación. Habiendo acreditado esta parte que necesariamente, los disparos recibidos (5 o más) procedían de dos o más armas y disponiéndose en su día de los medios para acreditar dicho elemento (la pericial balística no propuesta por la acusación pública y reiteradamente denegada a la defensa), la imposibilidad de acreditar tal extremo debe estimarse IMPUTABLE ÚNICAMENTE A LOS AGENTES QUE INTERVINIERON EN LA INSTRUCCIÓN O, EN SU CASO, A LOS RESPONSABLES DEL DEPÓSITO, PUES DE LOS CASQUILLOS DE DISPAROS PRODUCIDOS EN EL TIROTEO SÓLO LOS DOS RECIBIDOS POR SALVADOR PUIG

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ANTICH (y recogidos por el Dr. Piulachs) SE REMITEN AL PARQUE Y MAESTRANZA DE ARTILLERÍA EN LA EJECUTORIA, HABIENDO DESAPARECIDO EL RESTO, ASÍ COMO LAS PISTOLAS DE LOS AGENTES.

Quiere destacar esta parte que, en el presente proceso deviene de vital importancia no sólo analizar las nuevas pruebas practicadas ante esta Excma. Sala, sino valorar el porqué de las pruebas denegadas y de aquellas de imposible practica ante el Tribunal Sentenciador. Sin duda, la información suministrada por el Dr. Barjau y la prueba infográfica debe ponerse en relación con la pertinaz negativa a la declaración del primero y a la realización de una prueba pericial balística, cuya práctica devino en última instancia imposible por la “desaparición” de las balas y casquillos. Sin duda, la sistemática denegación de las pruebas que podrían contradecir los testimonios de los agentes implicados en el incidente y la autopsia –convenientemente practicada en Comisariaresulta per se elocuente: se intentó eliminar toda prueba que acreditase lo que este procedimiento está evidenciando, que –en un desgraciado accidente- algunas de las balas que alcanzaron al Subinspector Anguas procedían de las armas de uno o varios de sus compañeros. Por ello, tal y como se desarrollará y argumentará en nuestro recurso, un hipotético segundo juicio revisorio debiera comportar necesariamente la absolución del delito de homicidio terrorista de Salvador Puig Antich por no acreditación de la autoría de los disparos que ocasionaron la muerte del Subinspector Anguas. 2. La PRUEBA INFOGRÁFICA, concluye que los disparos ascendentes pudieron hacerlo Bocigas o Puig (defendiéndose) y el descendente, también cualquiera de los dos, incluso Santorum, corroborando con ello la imposibilidad de imputar objetivamente a nuestro mandante los disparos mortales en detrimento de los restantes tiradores, imposibilidad derivada de la negativa durante el proceso de la práctica de pericial balística y de la “desaparición” de los casquillos de las balas disparadas y no entrega de las pistolas de los agentes de policía.

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3. Subsidiariamente y, en todo caso, la prueba INFOGRÁFICA y el testimonio de D. FRANCESC XAVIER GARRIGA PAITUVI, acreditan que existió en todo caso un tiroteo intenso en un contexto de confusión y extrema violencia con los detenidos (quienes fueron duramente golpeados) y que en ningún caso se produjo un disparo dolosamente dirigido a acabar con la vida del Subinspector Anguas y, ni mucho menos, se actuaba en esas circunstancias, con el fin de atentar contra la unidad de la Patria, la integridad de sus territorios o el orden institucional, tal y como exigía el art. 294 bis b). Ello es evidente por cuanto:

Ø Como testificó el Sr. Garriga Paituvi, el MIL era una formación de carácter libertario o anarquista, que apoyaba las reivindicaciones obreras y cuya principal base era la publicación de libros y documentos prohibidos por el régimen, sin que tuviera un ideario violento contrario a la unidad de la patria o el orden institucional.

Ø El encuentro entre Salvador Puig Antich y los agentes fue sorpresivo e inesperado para ambas partes y, por ello, un dispositivo insuficiente para detener a tres personas, finalizó en un tiroteo confuso e intenso, durante el cual no pretendió otra cosa Salvador Puig Antich que escapar y evitar los golpes que reiteradamente recibía en la cabeza (reconocidos en el Consejo de Guerra por los agentes, que le ocasionó una conmoción diagnosticada médicamente y que ocasionaron que incluso un testigo, que se encontraba presente en el momento de la detención, recriminara a los agentes de policía). Por tanto, un ánimo de huir, de evitar la agresión física fue lo que provocó los disparos de Salvador Puig Antich: no puede negarse que dichos disparos (como los de los agentes) se produjeron en un lugar reducido y generaban un riesgo de heridas o muerte, pero no iban directamente dirigidos ni a matar ni a socavar con ello el orden institucional. No es equiparable este supuesto lamentablemente conocido por todos del terrorista que estudia, acecha y ejecuta a una víctima siguiendo un ideario político … 9


Cierto es que estas alegaciones (relativas a la concurrencia de un homicidio culposo o preterintencional) ya fueron realizadas en su día por la defensa de Salvador Puig Antich, sin embargo, NO CONTARON ENTONCES CON EL NUEVO SOPORTE FÁCTICO QUE PROPORCIONAN LAS NUEVAS PRUEBAS PRACTICADAS ANTE ESTA EXCMA. SALA. En este sentido, debemos citar nuevamente al TS Sala 2ª, que en S 28-11-2003, nº 1594/2003, rec. 17/2002. Pte: Saavedra Ruiz, Juan, establece que: “Es cierto que los Jueces han respondido a la posible existencia de la circunstancia de legítima defensa, como afirma también el Ministerio Fiscal, pero también lo es que han rechazado el sustrato fáctico de la misma porque no se había aportado la prueba correspondiente fuera de las declaraciones de los directamente implicados, y esta es precisamente la razón por la que la aparición de nuevos elementos de prueba desconocidos en su momento justifica la estimación de la revisión pretendida, con la particularidad en el presente caso que la causa debe ser reenviada al Juzgado competente para el desarrollo de un nuevo juicio con la presencia de los testigos desconocidos en el primero, lo que indudablemente está sujeto a una nueva valoración por parte del Tribunal de instancia, pero ello es algo en si mismo ajeno a los fundamentos que han conducido a aceptar la revisión planteada a través del presente recurso.”

Por tanto, nada impide a esta parte la reiteración de argumentos en su día parcialmente esgrimidos por la defensa si la alegación se fundamenta ahora en PRUEBAS NUEVAS que no fueron practicadas ni consideradas en su día por el Tribunal sentenciador.

Cuarto.- Tales conclusiones, deben interpretarse de conformidad con la más reciente doctrina de esta Excma. Sala V, entre la cual citamos la STS de 21 de abril de 2005, que destaca la existencia de una evolución jurisprudencial en la aplicación del art. 328.6ª LPM, confiriendo relevancia a la aparición de un dato emergente con suficiente grado de legitimidad o calidad demostrativa para acreditar un posible error de enjuiciamiento, de forma que no se exige una conciencia de la inocencia del acusado, sino simplemente que la prueba permita declarar la existencia de un error factii en la resolución revisada, y en este sentido, la Sala a que tenemos el honor de dirigirnos, declara que:

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“…No obstante, en la doctrina jurisprudencial mas reciente (Ss. de 28.10.02 y 4.04.03) el TS ha aplicado al precepto (el art. 954.4º LECrim. EDL 1882/1) los supuestos en los que el nuevo dato emergente aparece connotado por un grado de legitimidad o calidad demostrativa, en principio, del posible error de enjuiciamiento, del género de los que pueden aportar la constancia de una equivocación en la determinación de la equidad o la existencia de una condena anterior por el mismo hecho...”. En línea con dicha evolución, la STS de 27.02.04 de dicha Sala analiza un supuesto en el que se apreció un error en la hoja histórico penal del condenado, hoja ésta en la que se había basado la determinación de la concurrencia de la agravante de reincidencia, por lo que, siguiendo el criterio ya sostenido por la STS (Sala Segunda de 7.03.02) la Sala asume la viabilidad de la revisión “para aminorar la penalidad en virtud de la declaración de no concurrencia y una circunstancia de agravación”, incluso considerando que nos encontramos ante un “hecho nuevo” con referencia a un “apartado de la condena manteniéndose el resto del pronunciamiento condenatorio de la Sentencia revisada con excepción ... de la declaración de concurrencia de la agravación y con modificación de la consecuencia jurídica”. Nos detenemos en la precedente doctrina para indicar que, en alguna medida, entendemos que se aprecia una cierta evolución interpretativa incluso en relación al alcance de las expresiones “nuevos hechos” que “evidencien la inocencia” del art. 954.4º LECrim. EDL 1882/1, abriendo la posibilidad de recurso a aspectos concretos que van a tener consecuencias no en la determinación de la inocencia o culpabilidad en la totalidad o absolutamente, sino en la existencia o no de circunstancias u otros aspectos que puedan incidir en la penalidad. SEXTO.- En el seno de la jurisdicción castrense, no es necesario avanzar mas allá de la literalidad en la interpretación de las expresiones que configuran el recurso de revisión en el apartado 6º del art. 328 LPM, que antes ha quedado contemplada, lo que implica que no es exigible que exista una conciencia de la inocencia del condenado y sí únicamente el reconocimiento de que una prueba desconocida en el momento de pronunciarse el Fallo afecta a éste hasta el punto de que podamos en Sentencia de revisión declarar error en el mismo, que tendría la consideración de “error facti”… (..) … para que la expresada situación sea analizada nuevamente por los Órganos Jurisdiccionales competentes de instancia, en orden a que se cumplan las exigencias de justicia como valor superior configurado en el art. 1.1 CE EDL 1978/3879, estrechamente vinculado a la presunción de inocencia, todo lo cual conlleva la oportunidad de que esta Sala anule la Sentencia de instancia permitiendo la nueva 11


instrucción de las actuaciones, de conformidad con el párrafo 3º del art. 335 LPM, para la consecución del nuevo Fallo que tenga presente la prueba contemplada.

No podemos olvidar que, como expusimos en nuestro escrito solicitando la autorización para formular recurso de Revisión, es innegable la existencia de una INTERPRETACIÓN EXTENSIVA del art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los motivos enunciados en sus apartados 1º y 4º) por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en supuestos de bis in idem o de apreciación de circunstancias agravantes no concurrentes o atenuantes o eximentes (como la minoría de edad) no apreciadas.

En este sentido, citar la STS de 15 de abril de 2000, en que se estima la revisión para evitar la situación injusta que concurre cuando una persona es condenada por unos mismos hechos en dos ocasiones, lo que significa que ha sido infringido el principio non bis in idem, infracción que debe ser remediada por ineludibles exigencias del principio de legalidad, dictaminando su Fundamento de Derecho Unico, que: UNICO.- Deduciéndose de lo actuado en este recurso que Jesús Manuel ha sido condenado por el mismo hecho en Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, procedimiento abreviado 57/90, el 5 de Junio de 1.992, y en Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Jerez de la Frontera, procedimiento abreviado 508/93, el 16 de Febrero de 1.994, lo que significa que ha sido infringido el principio "non bis in idem", infracción que debe ser remediada por ineludibles exigencias del principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 CE EDL 1978/3879 , y pudiendo considerarse comprendido, por analogía, el presente caso en el art. 954.4º LECr. EDL 1882/1 , toda vez que, condenado el acusado en la primera de las mencionadas Sentencias, debía ya ser reputado inocente del hecho perseguido cuando fue dictada la segunda Sentencia, puesto que ya había sido declarada su responsabilidad criminal y ésta no podía ser declarada por segunda vez, procede estimar el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Fiscal y anular la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Jerez de la Frontera. Del mismo modo, se ha acudido a la revisión para evitar el mantenimiento de una pena indebidamente agravada, interpretando extensivamente el motivo del apartado 4º, por ejemplo en Sentencia de la Sala Segunda de fecha 10.3.04, en la que se estima el recurso de revisión interpuesto por el acusado contra sentencia que le condenó por un delito contra la salud pública. Señala el TS que la indebida aplicación de la

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reincidencia ha significado para el recurrente una agravación de la consecuencia jurídica correspondiente a su conducta, por lo que el exceso de penalidad, con relación a la que correspondería al mismo delito sin la concurrencia de la circunstancia de agravación, supone el “hecho” en que válidamente fundamenta la revisión, argumentando que:

“La primera cuestión, como ya se ha dicho, jurisprudencialmente no resulta, en la actualidad y al existir precedentes en ese mismo sentido, problemática, pues la indebida aplicación de la reincidencia ha significado para el recurrente una agravación de la consecuencia jurídica correspondiente a su conducta, por lo que el exceso de penalidad, con relación a la que correspondería al mismo delito sin la concurrencia de la circunstancia de agravación, supone el “hecho” en que válidamente fundamenta la Revisión. Mas problemas plantea la consideración de “hecho nuevo” en relación a la alegación del recurrente. Ciertamente, desde una interpretación del precepto apegada al texto de la norma y congruente con la naturaleza de Recurso extraordinario de la Revisión planteada, pudiera sostenerse que tal alegación, referida a que la pena de la primera condena era muy inferior a la necesaria para constituir la base de la aplicación posterior de la reincidencia, pudo y debió ser objeto del juicio en el que resultó condenado y respecto de cuya Sentencia se pretende la Revisión. También puede entenderse que desde la perspectiva del recurrente la verdad declarada en la Sentencia aparece desvirtuada por un hecho nuevo, que no es otro que el de la acreditación de la sanción realmente impuesta en la Resolución constitutiva del antecedente, a través de la documental de que ahora se dispone y que corrige la inicial certificación histórico-penal. Esta segunda posibilidad es la que acogemos para integrar el presupuesto de hecho nuevo o de nuevos elementos de prueba que evidencian la inocencia del acusado en el particular referido a la indebida aplicación de la circunstancia de agravación de reincidencia, a causa de un error de datos en el que él no ha tenido, por otro lado, participación alguna, por lo que procede declarar ese error y acordar la Revisión.”

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E igual intepretación extensiva, a la inversa, se ha producido en la revisión de procesos en atención a la acreditación de circunstancias que disminuían la culpabilidad y que, estrictamente, no “acreditaban la inocencia”. Este sentido, debemos citar al TS Sala 2ª, que en S 28-11-2003, nº 1594/2003, rec. 17/2002. Pte: Saavedra Ruiz, Juan, que –analizando una revisión relativa a una circunstancia atenuante, que no eximente de la responsabilidad- establece que:

“TERCERO.- La Jurisprudencia de esta Sala ha extendido, como argumenta el Ministerio Fiscal en su informe de 31/07/02, el radio de acción del núm. 4º del artículo 954 LECrim EDL 1882/1. también a aquellos supuestos en que lo evidenciado sea la concurrencia de un presupuesto fáctico que determine la aplicación de una circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad del condenado, pues existe una identidad de fundamento con la evidencia de su inocencia, pues tan injusto sería mantener una condena frente a quien no ha sido autor del hecho como en el caso de que haya obrado en legítima defensa, luego la exención o disminución de la responsabilidad es equivalente a la inocencia a que se refiere la norma. Así, las S.S.T.S., citadas por el Ministerio Fiscal, de 11/03 y 07/04/94, contemplan casos en los que procedía la aplicación de exención o disminución de la responsabilidad por concurrir la circunstancia de minoría de edad del condenado.

Idéntica amplitud respecto a la interpretación del concepto de “hecho nuevo” se encuentra en la doctrina del Tribunal Constitucional (así, STC de fecha 29 de septiembre de 1997, que sostiene la necesidad de una interpretación “pro actione” de las causas de admisión del recurso de revisión del 954.4º de la LECrim.). Como corolario de esta interpretación pro actione y de búsqueda de la verdad material como realización de la Justicia de la Sala Penal del Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, no cabe sino añadir la Jurisprudencia de esta Excma Sala interpretando el art. 328.6 de la Ley Procesal Militar, cuyo contenido per se, ya es más amplio que el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como analizó la Sentencia de esta Excma. Sala V de fecha 6.11.2000, señalando que:

SEGUNDO.- La semejanza de este último precepto con el párrafo cuarto del art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es palpable. En primer lugar, en la regulación castrense

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expresamente se señala que las nuevas pruebas que han de conocerse para que prospere la revisión después de dictada la sentencia han de ser pruebas indubitadas, es decir, pruebas que no ofrezcan la más ligera duda sobre los hechos que acreditan, de tal manera que de ellas resulte la indiscutible certidumbre de su realidad; pero aunque el art. 95.4º no se refiere a pruebas indubitadas es indudable que si las que este precepto menciona han de evidenciar la inocencia del condenado quiere decir también que no dejen lugar a dudas o incertidumbres sobre su inocencia. Y, aunque en el art. 328,2º no se contiene la expresión "hechos nuevos" a que alude la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta asimismo incuestionable que lo que las pruebas indubitadas acreditan han de ser hechos a los que sin vacilación, puede otorgársele el calificativo de nuevos porque esas pruebas que los evidencian fueron ignoradas en el momento de la sentencia y conocidas después. Sin embargo, existe una importante diferencia entre ambas regulaciones: lo que en la norma castrense han de acreditar esas pruebas es el error del fallo, sin que sea preciso que evidencien la inocencia del condenado. Quiere esto decir que el caso previsto en el apartado 6º del art. 328 de la Ley Procesal Militar tiene mayor amplitud que el referido caso 4º del art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues no contiene la exigencia de este último de que los nuevos hechos o los nuevos elementos de prueba cuyo conocimiento sobrevenga después de la sentencia sean de tal naturaleza que evidencien aquella inocencia, y, ciertamente, no es lo mismo la evidencia de la inocencia que el restablecimiento de la presunción de dicha inocencia que será consecuencia, en todo caso, de la anulación de la sentencia condenatoriaª.

Por tanto, entendemos que las pruebas practicadas y que constituyen hechos nuevos respecto a los en su día acreditados en el proceso cuya revisión se interesan, acreditan que la Sentencia que condenó a Salvador Puig Antich a la pena de muerte incurrió en un error factii cuya corrección determinaría en un hipotético segundo proceso la absolución por no acreditación de la imputación objetiva de la muerte a la conducta de Salvador Puig Antich ni de la concurrencia de dolo directo y del animus específico requerido por el asesinato terrorista, tal y como expondrá esta parte en el recurso para cuya formalización solicita la autorización de esta Excma. Sala.

Y, en su virtud,

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SOLICITO A LA SALA: Que teniendo por presentado el presente escrito, lo admita a trámite y, en sus méritos, tenga por contestado el traslado formulado y por solicitada AUTORIZACIÓN DE ESTA EXCMA. SALA PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN contra la Sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar de 11 de febrero de 1974, dictada en el recurso de apelación contra la Sentencia de 8 de enero de 1974, del Consejo de Guerra ordinario celebrado en Barcelona el 4 de enero de 1974, contra D. Salvador Puig Antich, Resolución que –entre otros extremoscondenó al Sr. Puig Antich a la pena de muerte por un delito del art. 294 bis c) del Código de Justicia Militar (muerte con finalidad terrorista), en la redacción dada por la Ley 42/71 de 15 de noviembre y, a tal efecto, se nos emplace para la formalización del recurso ante esta Sala de lo Militar de este Alto Tribunal. En Madrid, a 5 de septiembre de 2006.

Ltdo. Sebastián Martínez Ramos

Ltda.. Olga de la Cruz Herrero

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Proc. Concepción Puyol Montero.

Doc 8  
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