Noviembre 2019
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Colombia duerme al lado de un Caribe inquieto Jamaica podría quitarnos más aguas y Nicaragua más plataforma continental, pero por fatiga del tema y crisis local en las islas hay menos preocupación por el drama legal fraguándose en La Haya que por el desarrollo económico, social y sostenible del archipiélago. Las esperanzas de cambio depositadas en las elecciones, lo que pasa en el Caribe mismo y la aparente falta de acciones –a pesar de promesas– de Colombia en facilitar un mayor acercamiento con la zona para aliviar las dificultades que trajo el fallo del 2012; completan el cuadro. Pareciera que se hubiera quitado la atención adecuada a nuestras fronteras azules con Nicaragua y Jamaica o se considera que no merecen la atención necesaria. No es mucho lo que Cancillería puede decir antes de las audiencias orales que se esperan, pero sí puede hacer mucho en el Caribe para proteger los intereses del archipiélago y de los isleños y para manejar mejor futuras crisis o desacuerdos. Ello favorecería al país ante La Haya porque uno de sus retos es defender la obvia contradicción entre sus políticas de soberanía en las islas y entre los isleños raizales y el ejercicio humano y legal obligatorio intrínseco a esa soberanía, algo al cual los jueces prestarán mucha atención debido a los argumentos de carácter étnico presentados por Colombia. La vía para superar dicha contradicción es el respeto a los derechos étnicos humanos del pueblo raizal que Colombia ha violado de manera sistemática a través de los años – pero que ahora esgrime la defensa– constituye la base de sus argumentos para justificar el desacato y prevenir que Nicaragua se apodere de más.
Uno de esos derechos es la conexión con nuestros pueblos étnicos hermanos, que de impulsarse podría fortalecer argumentos en La Haya de protección étnica. Un desacato inspirado en afectación a derechos étnicos se alivia atendiendo esos derechos étnicos. Lo anterior demuestra un punto tanto sólido como débil y contraproducente de Colombia en su estrategia, por cuanto en el derecho internacional no es visto con buenos ojos y denota debilidad usar argumentos y precisiones antes ignorados o decir una cosa y hacer otra distinta. Los fallos que se esperan no nos devolverán las aguas perdidas (la decisión de 2012 es definitiva), pero una solución práctica podría ser un manejo conjunto de áreas o mecanismos de cooperación que se podrían facilitar porque los pueblos étnicos en las tres fronteras azules compartimos una lengua, una cultura, una historia, unas preocupaciones y unos intereses comunes. Pero las cosas han cambiado y muchos factores ahora entran en juego que parecen ignorados por nuestro país. Jamaica juega un papel mucho más relevante y podría unirse a Nicaragua para quitarnos más aguas o para generar más dolores de cabeza, en especial en el Área de Régimen Común (ARC) que ahora compartimos con esas dos naciones alrededor de nuestros cayos de Serranilla y Bajo Nuevo. El peligro del petróleo Los factores geoestratégicos con fines económicos son otro aspecto preocupante: el Caribe se ha convertido en una zona de mucho interés en la exploración de petróleo y gas y los hallazgos han sido muy prometedores, incluso en Colombia al este del archipiélago y fuera de la Reserva Seaflower. Un acercamiento al Caribe, por lo tanto, favorecía no solo la estrategia de Colombia en La Haya sino que sería beneficioso para las islas por la protección y manejo ambiental; un acercamiento étnico y por una mejor calidad de vida porque a través de esa cercanía también se po-
dría abaratar el costo de vida en las islas. Jamaica, Nicaragua y Colombia tienen intención de explotar el petróleo y gas en la zona que yace bajo su plataforma submarina. Nicaragua y Jamaica lo ven como esencial para ganar autosuficiencia energética. Colombia está limitada por la prohibición de hacerlo dentro de la RB Seaflower, aunque no en el ARC. En 2011, la entonces Canciller de Colombia, María Ángela Holguín, manifestó junto a su homólogo jamaiquino Kenneth Baugh, la intención binacional de intensificar exploración de petróleo y gas en el ARC que permite explotación económica conjunta o individual colombo-jamaiquina. Lo preocupante de esto, y de las recientes movidas tanto de Nicaragua como de Jamaica de aumentar exploraciones alrededor del archipiélago, indican que un manejo conjunto para asegurar protección ambiental podría ser contrario a las intenciones económicas ligadas a la extracción de hidrocarburos. Jamaica está explorando alrededor de Pedro Bank, muy cerca a nuestros cayos del norte y Nicaragua en la zona marítima justo al oeste del archipiélago. En peligro la Reserva de Biosfera Seaflower La explotación puede poner en peligro todo intento de proteger el medio ambiente de la zona y nuestra muy preciada RB Seaflower se vería amenazada ante una eventual actividad industrial petrolera en su entorno. Es una lástima que el mismo gobierno colombiano haya rechazado la seria intención de la Unesco y de Coralina de declarar a la RB Seaflower, Patrimonio Natural de la Humanidad y así otorgarle la mayor protección posible. Habría podido servir para ejercer presión contra intentos de una industria petrolera a su alrededor. Pero estamos a tiempo, se debería revivir dicho plan, proponer zonas transnacionales de manejo conjunto, siguiendo la experiencia del ARC, o
establecer mecanismos de canje de deudas como desincentivo. Todo depende de Jamaica y Nicaragua que podrían aliarse para maximizar sus intereses en contra de Colombia, que quedó debilitada en el juego geopolítico al norte del archipiélago bordeando el ARC que ahora tiene más fronteras con Nicaragua. Aparte del factor Nicaragua, la otra preocupación del ARC es su naturaleza jurídica transitoria y la ausencia de límites jurisdiccionales definidos. De allí el temor de que Jamaica podría declarar nulo el tratado Sanín-Robertson. Aunque ya no podría llevar a Colombia a La Haya sin su consentimiento esto podría ser el foco de una nueva disputa regional que requerirá la inversión de mucho capital diplomático por parte de Colombia. El Caribe merece más atención La nueva realidad en el Caribe creada por el fallo del 2012 es acechada por desenlaces inciertos por el nuevo estatus con dos sistemas coexistentes: uno de tratados firmados pero susceptibles de redefinición y otro permeado de una realidad política donde los países buscarán maximizar sus intereses geopolíticos y ganar todo lo que puedan. Pero Colombia parece darle la espada al Caribe y luce obsesionada más con los argumentos legales en La Haya que en la realidad política de un área inquieta que le podría causar muchos problemas futuros. Por eso hay necesidad de una verdadera política diversificada para neutralizar estrategias agresivas y construir puentes diplomáticos que favorezcan el tema fronterizo y los intereses de las islas, a la vez que atienda mejor otros temas comunes como narcotráfico, seguridad regional, medio ambiente, pesca y, ante todo, respeto a los derechos étnicos.
Aquí tienen, su San Andrés ‘colombianizada’ A propósito de la reciente disputa de un lote sobre la avenida Newball, en lo que alguna vez conocimos como el sector de Carpenter Yard, salen de mi memoria aquellos impactos negativos de cuando el Estado colombiano, creó mecanismos para incorporar el Archipiélago al territorio nacional, como espacio social, político, económico y cultural. La llamada ‘colombianización’ de San Andrés, comprende una sucesión de eventos que prevalecen amargamente en la memoria del Pueblo Raizal, que quedaron como parte de la historia de este territorio de ultramar y cuyos efectos aún son evidentes. Para empezar, una de las estrategias más graves fue la imposición del castellano, por cuanto la Constitución Política de 1886 sostenía que Colombia era una nación católica que hablaba ese idioma. Fue así como hacia 1943, se prohibió el uso del inglés en los colegios y en los documentos públicos. Con ello, la educación se basó en el español y en el catolicismo en los principales colegios de las islas; posteriormente, calles, avenidas, cayos, islotes y sitios de interés, empezaron a tener nueva toponimia con eventos históricos de la ‘madre patria’. El principal hecho que tal vez marcó un antes y un después en la historia del archipiélago, fue la declaratoria de Puerto Libre en el año de 1953, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Obrando de buena fe o no, esto se tradujo en una ‘avalancha’ migratoria hacia la isla, bajo la nueva figura comercial.
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DIRECTOR Eduardo Lunazzi EDICIÓN Billy Lunazzi Celis
Fuimos la ‘Perla del Caribe’ “San Andrés se convirtió así, en isla de tránsito, comercio y encarnación de sueños”, para algunos; la ‘Perla del Caribe’, para otros. Nada de lo anterior para la población nativa que quedó entre dos mundos: sin conocer de legislación, con documentos escritos en un idioma extraño para ellos y una fuente de ingreso diferente, porque el turismo empezó a ser la actividad económica principal del recién llegado y el sector agrícola entró en decadencia, con el consecuente fin de las exportaciones de coco. Adicionalmente, al implantar la doble jornada laboral para atender a los visitantes, el Raizal se vio desplazado porque por tradición, él iniciaba labores de cultivo desde muy temprano en la mañana y así se proveía de gran parte de productos agrícolas para él y su familia, mediante el intercambio con sus vecinos. La afectación fue tan grave dentro de la sociedad Raizal, que lesionó sus principios culturales, sociales, económicos y religiosos de manera notoria. Medio ambiente: otro lesionado Desafortunadamente, la ‘colombianización’ de San Andrés también afectó negativamente en lo ambiental. Los pozos naturales como el de Rock Hole, no sólo fueron disminuyendo su producción sino que también fueron contaminados por filtraciones provenientes de pozos sépticos mal ubicados. La prelación del agua fue dada, desde entonces, hacia la fuente principal de recursos económicos: el floreciente negocio de la hotelería motivado por el turismo. Hoy en día, el agua dulce sigue siendo un recurso escaso y las proyecciones indican que pronto se recurra a desalinizar el líquido proveniente del mar. El paisaje de la isla empezó a tener una apariencia diferente; frente a la formación del manglar Old Point, declarado posteriormente parque natural, se instaló la central eléctrica. El
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Janeth Raga Ethel Bent Castro Billy Lunazzi Celis Guillermo Dickens
vertimiento de hidrocarburos y la contaminación térmica producida por la descarga de las aguas de refrigeración de la planta, destruyeron casi el 50 por ciento de esta fuente hídrica que lentamente ha ido reparándose. De ‘ñapa’, en la zona de Haynes Cay se dinamitó parte del arrecife de coral para abrir un canal para el ingreso de barcos de gran calado, devastando más de dos kilómetros de esta barrera natural. La construcción en concreto de viviendas, alojamientos y comerciales, así como de carreteras y otras obras de infraestructura, motivadas en parte por el auge de los grandes hoteles en la zona de North End, produjo gran demanda de arena que fue dragada del fondo marino; sacada de áreas adyacentes a los manglares, playas, laguneras y pantanos. Desde 1963 hasta 1982, funcionó una draga en el sector de Bahía Hooker que extrajo del fondo marino arena y roca del sustrato, utilizado como material de relleno del Muelle Departamental. Se modificó tanto el paisaje de la isla, que desaparecieron totalmente los cayos Grant y Grosse; y para la explotación de canteras por el sector de Harmony Hall Hill, se emplearon cargas de dinamita que ocasionaron la pérdida de más de un kilómetro de territorio insular. Montañas… pero de basura Otro efecto gravísimo en el medio natural, causado por la explosión demográfica y urbanística del archipiélago, es la producción de grandes cantidades de desechos líquidos y sólidos. Las aguas negras eran recolectadas en pozos sépticos o vertidos directamente al mar en el lado noroccidental de la isla; posteriormente se ubicaría el emisor submarino. En 1985 se construyó en Evans Point una planta de selección y reciclaje de basuras, con una capacidad para procesar 15 toneladas al día; además de un horno incinerador con capacidad de ocho toneladas y un relleno sanitario,
FOTOGRAFÍA Edward Lunazzi Celis Edgar Barragán Edward Yoli
como solución al problema de las basuras que eran vertidas directamente en el mar. En 1990 estos sistemas dejaron de funcionar y el relleno se volvió un botadero a cielo abierto, sin discriminación alguna; sitio donde funciona ahora el tristemente célebre Magic Garden, que recibe más de 70 toneladas de residuos diariamente. ¿Alguna salida? ¿Qué diría hoy la antropóloga Loraine Vollmer? La misma que en el año de 1997 afirmó: “El deterioro ecológico de San Andrés va desde lo superficial a lo profundo e irreversible; y se debe fundamentalmente a los efectos de un modelo de desarrollo depredador, consumista, altamente generador de basuras e irrespetuoso con el ecosistema isleño que se implantó en 1953”. La curva ascendente de crecimiento de visitantes, llama al lugareño a ofrecer un incontable número de camas cuando ya la infraestructura de servicios públicos no da abasto, deteriorando irreversiblemente el medio ambiente. En respuesta, la calidad del turismo desmejora, los ingresos esperados presentan una reducción al punto que se desmejora la calidad de vida de los residentes, mientras los planes turísticos masivos que incluyen absolutamente todo (comida, transporte, locaciones y recreación) siguen rigiendo la economía del Departamento. “Si continuamos rechazando la planificación, dentro del marco de los valores insulares científicos, estéticos, culturales; entonces estaremos condenando a nuestras islas a su eventual desaparición”, aseguró en 1988, la bióloga y exdirectora de la Corporación Ambiental Coralina, June Marie Mow. (Con información de ‘Contexto histórico de la Isla de San Andrés’ (CPS 145), de la historiadora Laura Sánchez G.; 2010)
DIAGRAMACIÓN Orlenis Otero DISEÑO EDITORIAL Jesse Lunazzi Celis