Industria| 35
EL GLOBAL, 28 de mayo al 3 de junio de 2012
La industria se beneficiará de la salida de España de la ‘301’ ■Esta lista denuncia a los países que no protegen la propiedad intelectual e industrial ■La Cámara de Comercio de EEUU en España celebrará una conferencia sobre el asunto
Con la venia
Las correcciones y la no tramitación por proyecto ley El PP habría sacado la reforma con sus votos y hubiera dotado al proceso de mayor legitimidad
L
La protección de la propiedad intelectual e industrial por parte de los distintos gobiernos es clave, junto a otra serie de factores, a la hora de que la industria farmacéutica decida llevar a cabo inversiones en un país u otro.
J. NIETO
Madrid
Tras estar cinco años en la Special 301 Report, una lista en la que el Gobierno de Estados Unidos incluye a países que no protegen adecuadamente los derechos de propiedad industrial e intelectual, España ha salido este año de ella. Una buena noticia para crear un clima de confianza que repercutirá en el interés de las compañías farmacéuticas extranjeras por invertir en España. Así lo manifestó la pasada semana el presidente de Lilly y del Comité de Innovación y Propiedad Intelectual e Industrial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), Eric Patrouillard, quien afirmó que la salida de España del Special 301 Report puede “animar a la industria farmacéutica a invertir en España”. Sobre este particular, consideró que, además de la importancia que tiene que se reconozca que en España se reconocen
los derechos de propiedad intelectual, sería importante que “se cree un marco estable y no se cambien las reglas del juego”, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con las continuas bajadas de precios recogidas en diferentes reales decretos-ley publicados en los últimos años. Y es que,para él,el problema no se encuentra en el gasto farmacéutico, que es el 15 por ciento del gasto sanitario, menos del 1 por ciento del PIB. “Si se diesen los medicamentos gratuitos no se solucionaría el problema”, señaló. De este modo, animó a “cambiar el círculo vicioso en el que estamos por un círculo virtuoso y convencer a los políticos que la industria farmacéutica atrae inversión, además de innovación”. En este sentido, el presidente de Lilly incidió en los costes que conlleva crear una patente farmacéutica, “unos 1.800 millones de dólares”,así como en que,por ejemplo, la inversión en I+D+i en España de esta industria constituye el 20 por ciento del total y atrae inver-
siones de 50.000 millones de euros al año.Así,Patrouillard señaló que “fomentar la innovación es responsabilidad del Gobierno”, al tiempo que recordó que si no se apuesta por la innovación “perderemos 22.000 empleos y un valor muy importante en el IBEX”. El poder de la innovación Patrouillard realizó estas declaraciones durante la presentación de la II Conferencia Anual que celebrará el 29 de mayo en Madrid AmChamSpain bajo el título “El poder de la innovación: La propiedad intelectual e industrial”. Una jornada, que inaugurará el presidente de esta organización, Jaime Malet, y en la que participarán representantes de la industria farmacéutica, así como expertos en contenidos digitales. Se trata de una jornada en la que se abordarán los retos a los que se enfrentan la industria farmacéutica y de contenidos desde el punto de vista de la propiedad industrial e intelectual.
La PhRMA aplaude al G-8 por defender las patentes El presidente y CEO de la patronal de la industria farmacéutica americana (PhRMA), John Castellani, agradeció la semana pasada a los líderes del G-8 que hayan introducido el problema de las falsificaciones de medicamentos en su agenda y lo hayan definido como una “amenaza para la salud pública mundial”. Castellani defendió que las falsificaciones suponen “un crimen contra los pacientes y generan un alto riesgo para la salud pública, ya que este tipo de fármacos pueden dar lugar a resistencias, enfermedades, discapacidad e incluso la muerte”. Asimismo, añadió que es un problema “difícil de cuantificar”, aunque existen algunas estimaciones que indican que las falsificaciones de medicamentos están creciendo en el último tiempo.
Por este motivo, desde la patronal estadounidense entienden que es de vital importancia que este problema global sea tomado en cuenta por los organismos internacionales, en los que ocupan un lugar destacado los miembros del G-8. Para dar este primer paso, parece que fue clave la intermediación del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Eso es al menos lo que se extrae del comunicado remitido la semana pasada por la PhRMA, en el que Castellani aplaudió “el liderazgo del presidente Obama para llevar esta iniciativa al G-8”, la cual se tradujo en una serie de recomendaciones dirigidas a la protección de la propiedad intelectual y el acceso de los pacientes a medicinas seguras.
a semana pasada estuve en Bruselas, en el European Pharmaceutical Law Forum 2012. Me invitaron a participar en una sesión juntamente con un colega inglés y otro alemán para explicar las novedades que se han producido en nuestros países en el ámbito de la financiación pública de medicamentos. El día antes, un barrister inglés, de estos que sabe mucho, expuso su punto de vista sobre el desarrollo del derecho comunitario en materia de competencia y propiedad industrial. Se lamentaba de que la evolución de las normas en esta materia no ha sido smooth. Suerte que no se quedó a escucharme al día siguiente, cuando me tocó hacer un repaso de los últimos reales decretos-leyes y de otras medidas que se han adoptado recientemente en España. A los ingleses les gusta especialmente que las cosas se hagan con un cierto orden y con un tiempo adecuado. Después de mi exposición, mi colega británico nos explicó que en el Reino Unido están revisando el sistema de financiación pública para modificar algunos principios básicos del mismo (cómo podría ser, en nuestro caso, el modelo de Jordi prescripción que se quiere adoptar). Estamos a Faus mediados del 2021, y tienen previsto que las medidas que se adoptarán tras el debate que están llevando a cabo actualmente entrarán en vigor en el 2014. Cualquier parecido con lo que ocurre en España es pura coincidencia. No les quepa la menor duda que las normas inglesas, después del correspondiente debate, se ajustarán mejor a las necesidades de los ciudadanos y del resto de stakeholders, y que tendrán un nivel de calidad jurídica superior al que estamos viendo en España. Aquí, hablando del Real Decreto-ley 16/2012, nos hemos quedado con un texto que, a pesar de la extensa corrección de errores, sigue conteniendo numerosas imprecisiones y planteando enormes dificultades prácticas para su aplicación. La ministra de Sanidad, Ana Mato, dijo en el Congreso de los DiputaA pesar de la extensa dos, y tiene razón, que la corrección de errores, publicación de una correcel RDL 16/2012 sigue ción de errores es una prácticonteniendo muchas ca habitual, pero en este caso la corrección ocupa nada imprecisiones menos que cinco páginas, incide sobre aspectos de gran relevancia, y sigue dejando muchas cuestiones sin resolver. Además, cuando toque interpretar la norma y tengamos que echar mano de los antecedentes históricos y legislativos, que es lo que dice el Código Civil, nos vamos a encontrar con un problema Quien piense que para interpretar el Real Decreto-ley 16/2012 podrá encontrar apoyos en el debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el jueves 17 de mayo estará muy equivocado. El Diario de Sesiones recoge un debate que aportará muy poco o nada a la interpretación de la norma. Como dijeron algunos diputados, la importancia de los temas tratados aconsejaba una dinámica de trabajo distinta, la cual probablemente podía compatibilizarse con la urgencia del caso y que habría permitido una mayor finura en el tratamiento de algunas cuestiones. Una lástima, en definitiva, que sus señorías no se animasen a tramitar el texto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Al final, el Grupo Popular habría sacado adelante la reforma con sus votos, se hubiera dotado al proceso de mayor legitimidad democrática, se habrían podido debatir algunas propuestas de enmiendas; y con seguridad se habría logrado un texto de mayor calidad. También es posible que se hubiesen evitado algunos de los pleitos que se producirán y que generarán todavía más inseguridad jurídica. Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner
@FausJordi en