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La emisión de bonos anunciada por el gobierno para pagar a los contratistas tiene un cupo autorizado de hasta USD 300 millones. Los bonos a dos años de plazo pagan una tasa de 4,25% fija y anual y los de cinco años tienen una tasa de 5,07%. Al cierre de esta edición se habían realizado cuatro emisiones amparadas por la llamada Acta 16: una por USD 64,2 millones, otra por USD 98,8 millones, una tercera por USD 22,5 millones y una más por USD 57,1 millones. Mientras que una quinta emisión se realizó, bajo el Acta 15, por USD 27,6 millones, todas ellas para pagar a los contratistas. De acuerdo con Héctor Almeida, director Jurídico de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), “el Estado tiene la potestad de pagar con bonos, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”. Los constructores pueden salir al mercado a vender los bonos para conseguir la liquidez que les permita ejecutar las obras, “solo las empresas que tengan mayor capacidad financiera los podrán guardar hasta su vencimiento, los demás tienen que volver líquidos los bonos pero estos papeles tienen muchas restricciones para su venta y uso”, agrega Almeida. Entre las restricciones más importantes están que los bonos no pueden ser comprados por ninguna institución o inversionista del sector público y no pueden ser usados como colaterales para la obtención de créditos ni como garantía para emisiones de otros

papeles en el mercado de valores y no sirven para cubrir encajes de la banca. “Hubiera sido interesantísimo para el mercado que las constructoras pudieran colocar esos bonos como garantía en procesos de titularización”, dice Alexandra Echeverría, gerente general de Ventura Casa de Valores, “pero tienen demasiadas restricciones y esto los convierte en un papel ilíquido, por lo que los constructores que desean transarlos afrontan descuentos”.

Un paquete de bonos con los que el Estado pagó a un contratista se vendió recientemente con un castigo de 15%. Echeverría ha constatado que “solo un reducido grupo de inversionistas quiere adquirir estos bonos” que, por ley, deben ser negociados a través de las bolsas de valores al ser instrumentos de plazos superiores a un año. Al cierre de esta edición en la Bolsa de Valores de Guayaquil se habían transado USD 4 millones de estos bonos y en la BVQ, USD 10 millones. Peor aún, el reducido volumen que logra venderse recibe un fuerte castigo. De acuerdo con

Sandra Cevallos, directora de rueda de la BVQ, un paquete de USD 2,4 millones de bonos del Acta 16 a dos años de plazo fue vendido recientemente en el mercado secundario al 84,6% de su valor nominal, lo que significa un descuento de 15,4 puntos. En cambio, “un bono del Estado correspondiente a otra emisión, con plazo de 3.147 días y sin las restricciones que se pusieron para los bonos con los que se pagó a los constructores, se negoció al 99.9% de su valor nominal”, dice Cevallos. No es la reputación de Ecuador como mal pagador de su deuda externa lo que pesa en los descuentos, pues los bonos del Estado son deuda interna y “Ecuador ha sido un pagador cumplido de la deuda doméstica”, agrega Mónica Villagómez, presidente ejecutiva de la BVQ. Esto muestra, según Cevallos, que las restricciones son lo que hizo subir el descuento de los bonos del Acta 16 y “ese descuento está indicando que hay menos demanda por estos papeles en comparación con otros bonos del Estado de plazos incluso mayores”. Normalmente, entre mayor es el plazo de vencimiento de un bono, mayor descuento se le aplica en el mercado por tanto “no es lógico que un bono de dos años de plazo se venda con un descuento mayor al de un bono de cinco años”, agrega Villagómez. Bajo estas condiciones, advierte Héctor Almeida, “si el construc-

[pag 121- EKOS-DICIEMBRE-2011]

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